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Asociación Independiente de Registradores
                                 


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Conclusiones comisión registro electrónico. Aprobadas por acuerdo de la Asamblea General de Zaragoza.

1-El sistema registral inmobiliario y mercantil es un sistema eficiente, de una calidad contrastada y reconocida nacional e internacionalmente. Ello se debe, entre otros factores, a la calidad de su ingeniería institucional, la cual induce un comportamiento eficiente de los registradores, incluido el uso de tecnologías electrónicas y físicas en general.
2.-Que una institución funcione satisfactoriamente depende de la calidad de ingeniería institucional y las tecnologías electrónicas deben contribuir a que el modelo funcione satisfactoriamente. Por ello, de las diferentes opciones que permitan las tecnologías físicas, deben acogerse aquellas que impliquen una mejora de la calidad institucional y rechazarse aquellas que la deterioren.
El uso de tecnologías electrónicas ha contribuido decisivamente a que nuestro sistema registral inmobiliario y mercantil sea un modelo de éxito. No obstante, es necesario ser consciente de que la raíz última reside en la calidad de su ingeniería institucional, como sucede con cualquier modelo.
3.-La reforma que prevé el Borrador de reforma integral de los registros no recurre a la tecnología electrónica para potenciar la eficiencia del modelo, sino que, por el contrario, dibuja un modelo distinto y recurre a las soluciones tecnológicas que le permiten implementarlo, presentando, sin embargo, el nuevo modelo institucional como un resultado ineludible de la incorporación de las mejores soluciones de tecnología electrónica.
4.- El modelo vigente es un modelo en red, flexible, adaptable, de gran homogeneidad cualitativa, propio de una moderna sociedad de servicios que, a su vez, se adapta a las características preferidas por la arquitectura informática más moderna.
Sin embargo, el que propone el Borrador es un sistema centralizado, integrado verticalmente, burocratizado, rígido, poco adaptable, que tanto en sus características organizativas como en sus soluciones tecnológicas responde a concepciones que han ido cayendo paulatinamente en desuso.
5.-El Borrador, en su lugar, debería optar por robustecer el modelo institucional vigente, de calidad contrastada, y por optimizar la realidad tecnológica de los registros españoles, aprovechando las inversiones realizadas, sin obligarles a incurrir en gastos innecesarios, suprimiendo las restricciones legales injustificadas para la prestación de servicios registrales electrónicos. Es en este punto donde deben encontrarse las trabas existentes para una mayor amplitud en la prestación de servicios registrales electrónicos y no en ninguna incapacidad o insuficiencia tecnológica u organizativa del sistema registral.
6- Por las razones expuestas debe modificarse el art. 238 de la Ley Hipotecaria para especificar que el valor legal de los asientos registrales deriva del soporte papel, siendo el soporte electrónico una copia de seguridad a la vez que un instrumento de trabajo y que, por lo tanto, en caso de discrepancia, debe prevalecer el contenido del asiento en soporte papel, al igual que sucede con las matrices de las escrituras públicas en relación con las copias notariales electrónicas, incluidas las auténticas.
En el momento en el que la técnica electrónica solucione satisfactoriamente los problemas existentes de conservación a largo plazo de los documentos electrónicos y, además, con un coste competitivo, será el momento en el que el legislador deberá decidir si opta por el soporte electrónico como exclusivo para la extensión de asientos registrales, no antes. Tal decisión debe ser simultánea e idéntica a la que se adopte en relación con las matrices de las escrituras públicas, a fin de preservar el necesario equilibrio entre los soportes en los que pueden constar los títulos formales y documentos complementarios, en el ámbito de la contratación privada, por un lado, y los soportes en los que deben extenderse los asientos registrales, por otro. En relación al Registro Mercantil, esta regla debe adaptarse a lo establecido por la Directiva 2003/58/CE, de 15 de julio de 2003, del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica la Directiva 68/151/CEE del Consejo.
7.-En todas las oficinas registrales se halla generalizado, desde hace ya mucho tiempo el uso del ordenador, de modo que las inscripciones se redactan mediante el uso del mismo. Todos los registradores tienen, también, firma electrónica reconocida, ajustada a las características exigidas por la legislación vigente. Una forma de optimizar el uso de tecnologías electrónicas evitando sus inconvenientes consiste en que el registrador firme electrónicamente el asiento registral redactado en el ordenador y, una vez firmado, lo grabe en soporte electrónico y, además, lo imprima en el soporte papel actual. En éste, la huella de la firma digital equivaldría a la firma manuscrita del registrador. Por las razones expuestas, los efectos legales deben derivar del asiento impreso en soporte papel, lo que evitaría problemas de conservación. Este procedimiento sustituiría al actual, en el que los asientos redactados mediante ordenador, se imprimen en papel, en los folios de los libros de hojas móviles, se firman en este soporte y, posteriormente, se digitalizan.
8.-Con independencia del mayor o menor número de distritos hipotecarios, y del soporte o soportes en los que se extiendan los archivos registrales, debe mantenerse el principio de que debe haber un solo archivo registral en cada distrito hipotecario y cada distrito hipotecario debe estar a cargo del registrador titular. Ello establece una relación directa entre conducta profesional y consecuencias de la misma, lo que permite exigir al registrador que preste el servicio bajo su responsabilidad, lo que induce un comportamiento eficiente. Permite, a su vez, estructurar incentivos que induzca un comportamiento eficiente del sistema, como muestra la experiencia.
9- El Colegio de Registradores debe tener a disposición de los registradores las herramientas informáticas pertinentes a fin de que éstos puedan prestar adecuadamente el servicio registral.
10 – Debe corresponder a los registradores, a través de su Colegio Profesional, la decisión sobre todo lo referente a las herramientas informáticas para gestionar adecuadamente un registro que ya es electrónico, con independencia de que se suprima o no el formato papel para la extensión de los asientos regístrales.
11.- En consecuencia, debe corresponder a los registradores, a través de su Colegio Profesional, la competencia para decir si optan por uno o varios sistemas informáticos.
Dicha decisión no podrá ser adoptada antes de celebradas las próximas elecciones a la Junta de Gobierno del Colegio. Una vez haya tomado posesión la nueva Junta, la decisión podrá ser tomada por el órgano competente de conformidad con los estatutos, una vez hayan tomado posesión sus componentes, o por decisión del mismo, mediante la celebración de una consulta a todos los registradores
12,-Si optan por varios, los registradores, a través de su Colegio profesional, deben decidir los requisitos de homologación de los programas no colegiales, y solamente podrán servirse de aquellos programas que cumplan tales requisitos y hayan sido previamente homologados por el Colegio.
13 – Si optan por un solo programa informático, corresponde al Colegio de Registradores la elección de la opción concreta, bien mediante desarrollo a través del Servicio de Sistemas de Información, bien mediante la adquisición de un programa externo, en cuyo caso deberá convocar el correspondiente concurso, con tiempo suficiente, conforme a los estándares vigentes, para que pueda haber una competencia efectiva entre las empresas del sector. 14.-En materia de firma electrónica debe preservarse el régimen establecido por las leyes 24/2001 y 24/2005 El Borrador opta por un modelo distinto al que deriva de las leyes 24/2001 y 24/2005 y atribuye la facultad de elección del prestador del servicio de certificación electrónica al Ministerio de Justicia, el cual debe realizar dicha elección de acuerdo con los requisitos establecidos para el personal al servicio de las administraciones públicas, con lo que deja de haber requisitos específicos para el sistema registral inmobiliario y mercantil, quedando la exigencia de requisitos específicos tan sólo para la firma electrónica del notariado , privando al registrador de otra facultad más, introduciendo rigideces injustificadas en el servicio y debilitando la competencia entre prestadores de servicios de certificación. Por todo ello, la Asamblea considera que debe mantenerse, en lo relativo al régimen de firma electrónica de los registradores, el establecido por las leyes 24/2001 y 24/2005, el único consistente con el hecho de que es el registrador, y no su Colegio ni ningún órgano de la Administración General del Estado, el titular de la función registral.


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