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Asociación Independiente de Registradores
                                 


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Conclusiones de la comisión sobre organización colegial y demarcación. Aprobadas por acuerdo de la Asamblea General de Zaragoza

1. La circunscripción territorial de cada registro de la propiedad y mercantil, medida de la competencia de cada registrador, constituye la garantía de la independencia e imparcialidad en el ejercicio de su función, y debe ser respetada.
El sistema de registro electrónico de gestión única centralizada, convierte a las oficinas de registro a cargo de los registradores en meras terminales de carga de datos en el sistema informático único residenciado en un centro de proceso de datos, lo cual debilita el principio de competencia territorial de los registradores, sobre el que se asienta la independencia en el ejercicio de la función registral, en cuanto hace depender la posibilidad de acceso a los registros a su cargo, no de su localización geográfica, sino de la disponibilidad de claves de acceso a un sistema central, y de los criterios que legalmente se prevean sobre atribución de tales claves.
2. La implantación del modelo de registro electrónico de existencia y gestión centralizada en el Colegio de Registradores, supone el traslado de la competencia de gestión, administración, conservación y custodia de los datos que integran los registros de la propiedad y mercantiles, desde los registradores al Colegio, de lo cual resultan las siguientes consecuencias:
a. Los registradores pierden una parte esencial de su función, en cuanto son privados del acceso directo a los datos que integran el registro a su cargo y, con ello, de toda posibilidad de decisión o actuación sobre la construcción, mantenimiento y gestión del archivo registral, que sale de su oficina y al que sólo podrán acceder a través del sistema de comunicaciones que el Colegio establezca y mantenga y en los términos que permita la aplicación de gestión por el Colegio adquirida o desarrollada.
b. El Colegio puede ver alterada su naturaleza jurídica, en cuanto su función esencial deja de ser la ordenación de la profesión registral, para pasar a serlo la gestión, administración y renovación, en nombre propio, de los datos que integran los registros jurídicos, lo cual, en el ejercicio de tales competencias, lo equipara a una administración pública, en la que se integran los registradores, y que se configura como dependiente jerárquicamente del Ministerio de Justicia, a través del poder instructor de la Dirección General de los Registros y del Notariado.
No obstante, el BALRR establece un principio de responsabilidad personal objetiva de los registradores por el deficiente funcionamiento de un sistema sobre el que carecen de toda posibilidad de actuación y decisión.
3. El nuevo modelo de oficinas integradas, complejas y pluripersonales impuesto por el BALRR, no se justifica ni con la asunción de nuevas competencias,-llevanza del registro civil-, ni con objetivos de mejora en el funcionamiento del servicio registral.
– En relación con el registro civil, en caso de que hubiera de asumirse, no se justifica acabar con el vigente modelo de organización de los registros de la propiedad y mercantiles, decantado a lo largo de más de 150 años, y de probado éxito.
– En relación con los objetivos de mejora de funcionamiento, tampoco se justifica por las razones siguientes:
a. carece de justificación económica y organizativa en el modelo de registro electrónico que se pretende, en el que las oficinas son meras terminales de carga al sistema central.
b. no genera avances suficientes en la resolución de problemas derivados de una falta de previsibilidad en la calificación, en aquellos supuestos, especialmente sensibles, de documentos sujetos a inscripción en una pluralidad de registros.
c. aleja a los registradores tanto del distrito hipotecario, esencial en la identificación de fincas, como de los usuarios del registro.
d. es previsible que provoque una drástica reducción de las plantillas de personal, con las tragedias personales que en un momento como el actual puede generar.
e. deja inútiles importantes inversiones inmobiliarias y de herramientas informáticas de gestión ya realizadas y
f. la organización de la oficina pluripersonal provocará un desvío esencial de tiempo de trabajo, desde la atención al usuario del sistema registral, hacia la resolución de los previsibles conflictos que puedan plantearse, pudiendo resentirse la calidad del servicio público prestado. Todo ello agravado por la insuficiente regulación recogida en el BALRR.
4. Los registros de la propiedad establecidos como únicos en sus términos municipales deben mantenerse en donde actualmente existen, incluso en los casos en que no generen ingresos suficientes para costear el servicio, por razones de interés general. La DGRN, y el CORPME adoptarán las medidas necesarias para conseguir la viabilidad económica de todos los registros.
Sobre la base de las conclusiones expuestas, se realizan las siguientes propuestas:
1. La Asamblea acuerda proponer la revisión del contenido de la reforma, de manera tal que permita avanzar en un sistema que, de forma real y no sólo formal, atribuya la llevanza de los registros jurídicos a los registradores, sin perjuicio de la profundización por el Colegio en el ejercicio de sus competencias, necesarias para garantizar la efectiva implantación y uso, con cargo a los colegiados, de los sistemas informáticos y de comunicaciones que garanticen la incorporación de la información registral, -en el contenido necesario y con plena identidad respecto del dato conservado en la oficina de registro-, a sistemas electrónicos seguros e interoperables.
2. La Asamblea acuerda proponer el mantenimiento del sistema de registro unipersonal en la actualidad vigente, sobre la base del principio de competencia territorial, adoptando las medidas que resuelvan las disfunciones que de dicha unipersonalidad resultan, a cuyo efecto se propone:
i. Desarrollar la legislación que impone la efectiva y general implantación y uso de las herramientas informáticas que permitan la relación de los usuarios con cada registro a través de medios electrónicos y desde emplazamientos remotos.
ii. La definición legal de un sistema que haga posible la efectiva y real armonización de criterios de calificación, en aquellos casos en que viene impuesta, ya por referirse a productos estandarizados, ya por afectar a negocios jurídicos inscribibles en una pluralidad de registros.
3. La Asamblea propone que las oficinas registrales situadas en una misma localidad, deban compartir un mismo local, objetivo a lograr en un plazo razonable. La instalación en un local común permitiría que determinados servicios registrales puedan ser prestados en régimen centralizado o de ventanilla única (en particular, la entrada de documentos, y la publicidad formal ).
4. La Asamblea acuerda proponer la sustitución del principio de unificación orgánica de los registros, previsto en BA, por otro que respete las peculiaridades organizativas y de funcionamiento de cada registro jurídico, de tal forma que la llevanza, en su caso, del registro civil por los registradores, -para la que sería conveniente el máximo consenso político-, no provoque una alteración en el actual sistema de organización registral.
5. El sistema de llevanza por un solo registrador de dos registros independientes, en régimen de propiedad (agrupación personal) es una respuesta adecuada para resolver el problema de los registros en situación de interinidad prolongada, particularmente los de carácter incongruo.


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