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El crédito para rehabilitar se cae de la Ley Sostenible

Tal y como había sugerido el Consejo de Estado, el Gobierno ha decidido retirar de la norma la regulación del crédito refaccionario, fórmula inicialmente escogida para financiar la rehabilitación de viviendas.
Victoria Martínez-Vares. Madrid – Expansión
El Gobierno ha eliminado del proyecto de Ley de Economía Sostenible cualquier referencia al crédito refaccionario, fórmula que recogía el anteproyecto para financiar la rehabilitación de viviendas. El Consejo de Estado en su informe al Anteproyecto -ver Expansión de 27 de marzo de 2010- recomendó la “supresión en bloque” de la regulación que incluía las ayudas que las Administraciones Públicas pudieran conceder para obras de rehabilitación y reforma de edificios.
Ahora, las medidas de impulso a la rehabilitación de vivienda que contiene el proyecto de ley presentado al Congreso de los Diputados se han limitado, por tanto, a cuestiones de carácter fiscal deI VA e IRPF, desapareciendo cualquier alusión al crédito refaccionario.
Sobre esta fórmula, no sólo el Consejo de Estado había expresado sus reparos por la inseguridad jurídica que podía introducir en el mercado hipotecario. También el Consejo General del Notariado había advertido de que resucitar esta figura, alterando su naturaleza, suponía “dar acceso al Registro de la Propiedad a un documento privado con los mismos efectos que una hipoteca pero sin sus garantías”.
Por este motivo, han aplaudido su no inclusión, ya que “habría podido generar inseguridad jurídica a los consumidores”.
Fuentes registrales consultadas por este periódico señalan que “ha faltado pedagogía” o ha habido “excesivo temor a la novedad”, ya que “no se trata de sustituir la hipoteca tradicional por un sucedáneo, como se ha dicho, sino reactivar los créditos de rehabilitación removiendo los obstáculos que existían”.
Tutelar la posición débil
Pese a todo, las mismas fuentes insisten en que “antes o después tendrá que darse cobertura normativa a la tutela de ciertas posiciones jurídicas muy débiles en el mercado y que no se documentan en escritura pública”. Éstas se refieren a las de compradores de pisos sobre plano o las de los mismos acreedores en operaciones de rehabilitación de viviendas. Por este motivo, consideran que, a lo largo del trámite parlamentario de la Ley de Economía Sostenible, “habrá que estudiar la conveniencia de reintroducir medidas análogas [a la ampliación del ámbito de la anotación preventiva de crédito refaccionario] si el interés público lo reclama”.
Lo que sí se ha mantenido en la futura ley son las reducciones arancelarias en la constitución telemática de sociedades anónimas y limitadas, pese a las advertencias hechas por el Consejo del Notariado respecto a que esta rebaja podía poner en peligro la futura viabilidad de algunas oficinas notariales. Los mecanismos de coordinación entre el Catastro, Registros de la Propiedad y las Notarías tampoco han sido retirados del proyecto de ley. En este punto, los fedatarios opinaban en su informe al anteproyecto que tales medidas eran positivas“ pero poco ambiciosas”.


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