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El Defensor pide a las CCAA mejorar la atención sanitaria en los centros de mayores, la información a familiares y la protección de sus derechos

El Defensor pide a las CCAA mejorar la atención sanitaria en los centros de mayores, la información a familiares y la protección de sus derechos

defensordelpueblo.es

24/04/2020

El Defensor del Pueblo (e.f.), Francisco Fernández Marugán, ha enviado recomendaciones a CCAA residencias de mayores COVID 19 a todas las Comunidades Autónomas para que mejoren la atención sanitaria de los residentes en centros de mayores, la información que se proporciona a sus familias y la protección de sus derechos.

La Institución ha recibido un número considerable de quejas en las que los familiares de los residentes ponen de manifiesto carencias en su asistencia sanitaria y falta de información y transparencia por parte de los centros. Asimismo, expresan su desesperación por no poder despedirse en caso de fallecimiento y la inseguridad con respecto a sus derechos en estos momentos.

El Defensor del Pueblo, tras el análisis de las quejas recibidas y dados los dramáticos datos de afectados y fallecidos en residencias que se van conociendo, estima preciso incidir en el refuerzo de las medidas de atención sanitaria en los centros y en la atención a otros derechos de las personas que se encuentran confinadas en centros residenciales, postergados frente a la urgencia de proteger la vida.

Recomendaciones

Así, en un escrito dirigido a todas las consejerías de políticas sociales autonómicas, la Institución recomienda que se refuerce en los centros residenciales la debida asistencia sanitaria a los enfermos por covid-19 sin indicación de hospitalización.

Para ello, apunta que debe mejorar la coordinación con las consejerías responsables de la atención sanitaria e insta a que las residencias obtengan el adecuado soporte médico y de enfermería, al menos mediante la adscripción presencial y provisional de personal sanitario de refuerzo, la entrega del equipamiento sanitario preciso para la función asistencial, el suministro de equipos de protección individual para el personal y la realización de pruebas diagnósticas a todos los residentes y al personal del centro.

La Institución también considera urgente que se suplan las bajas laborales de los trabajadores de las residencias de mayores desde los proveedores de servicios (o, en su defecto, desde la autoridad correspondiente) para poder garantizar el cuidado adecuado (higiene, alimentación, movilización, etc.) de las personas mayores.

El Defensor considera necesario mejorar la información que reciben las familias. En esta línea, ha pedido que se adopten las medidas precisas para garantizar la información continua y completa, y al menos diaria, a la persona designada por la familia del residente sobre su situación de salud, actividades, comidas y demás aspectos de interés, sin perjuicio de procurar herramientas de comunicación directa o telemática.

Para el Defensor también es necesario que se comunique a las familias los traslados de residentes dentro del centro o las derivaciones a otro centro residencial u hospitalario.

Además, recomienda mantener informado regularmente al representante de la familia de la situación general en que se encuentra la residencia en cuanto a usuarios afectados por covid-19 (fallecidos, confirmados y con síntomas compatibles), recursos disponibles e incidencias de personal.

Respecto a los derechos de los residentes, la Institución ha instado a las CCAA a que permitan que los mayores no contagiados puedan, de forma voluntaria y temporal, volver con sus familias durante esta crisis del coronavirus, sin pérdida de plaza, y siempre que sea posible de conformidad con los requisitos para la protección de la salud pública que se establezcan.

Por último, el Defensor ha reclamado que, en los casos de estado clínico terminal, se adopten protocolos que permitan facilitar la despedida al menos a un miembro de la familia. En opinión de la Institución, el proceso de muerte debe ser lo más humanizado y digno que sea posible, cumpliendo igualmente las necesidades de salud pública para garantizar la seguridad del resto de usuarios, trabajadores y del propio familiar. Igualmente, se debe procurar, si así lo solicita el enfermo, atención espiritual al residente según sus creencias.

Actuación de oficio

Estas recomendaciones se han dirigido a todas las CCAA, dado que conservan las competencias que le otorga la legislación vigente en la gestión ordinaria de sus servicios para adoptar las medidas que estime necesarias en el marco de las órdenes directas de la autoridad competente a los efectos del estado de alarma, conforme establece el artículo 6 del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo.

Las resoluciones de la Institución se unen a las actuaciones generales ya emprendidas con el Ministerio de Sanidad y a la actuación de oficio abierta con todas las consejerías de sanidad y políticas sociales de las comunidades autónomas, para conocer de forma más estructurada la respuesta en cada territorio a esta emergencia sanitaria, y a determinar aspectos de mejora que permitan fortalecer la adopción de medidas coordinadas ante nuevas amenazas epidémicas.

En un contexto en el que la prioridad absoluta es defender el derecho a la vida y detener la propagación de la pandemia del Covid-19 para salvar el mayor número de vidas posible, la Institución es consciente del esfuerzo que realiza, hasta el máximo de sus fuerzas y capacidades y en primera línea, todo el personal de los servicios sanitarios y de emergencias, y los trabajadores que atienden a las personas más vulnerables en centros residenciales.

Revisión profunda del modelo

El Defensor del Pueblo viene examinando desde hace tiempo la atención que se presta en los centros residenciales de mayores de todo el territorio nacional y alertando de las carencias de medios y personal en muchos de ellos.

En el informe correspondiente a 2018 se plasmaron unas conclusiones de carácter general, tras recabar y analizar información de las consejerías competentes sobre la situación de la atención residencial en todas las comunidades autónomas.

Dicho análisis continuó a lo largo de 2019 y así se refleja en el informe correspondiente a dicho año que se entregará próximamente a las Cortes Generales.

Las carencias de medios y personal en muchos de los centros residenciales son problemas estructurales que se han dejado ver con toda su crudeza en la actual crisis

Ante la pandemia, la dramática situación que se vive en muchos centros refleja las dificultades del modelo para adoptar medidas suficientes de prevención y reacción, al tratarse de un modelo puramente asistencial, con medios escasos y que se apoya para toda la asistencia sanitaria en el Sistema Nacional de Salud.

Por ello, a juicio del Defensor del Pueblo, el modelo en su conjunto requiere una revisión profunda.


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