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Asociación Independiente de Registradores
                                 


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El fin de una etapa

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En la imagen, Marqueño, Blanco-Morales y López.

El año 2000, el gobierno formado tras la victoria electoral del PP trajo consigo el nombramiento de una nueva Directora General de los Registros y del Notariado: Ana López-Monís.

Con ella se inició un periodo en la Dirección General caracterizado por el deterioro del nivel jurídico y prestigio de sus Resoluciones y por la progresiva entrega a las tesis del notariado más radical. Sector del notariado que buscaba resolver sus problemas por la vía de sustraer a los registradores funciones que les son propias.

Paradigma de todo ello fue lo acontecido en materia de calificación registral de los poderes. Así, la Resolución de 12 de abril de 2002, resolución vinculante para los notarios pues había sido solicitada expresamente por el propio Consejo General del Notariado, fue contradicha y desvirtuada por la misma Dirección General al resolver otros recursos posteriores interpuestos por notarios – que no se atenían a la doctrina de la Resolución – siendo ponentes de las citadas resoluciones otros notarios que también la desatendían. Es decir, la Dirección iba contra su propia doctrina y generaba una situación de conflicto donde tendría que haber quedado resuelto el problema.

Tal forma de proceder no se solucionó, antes al contrario, con la llegada a la Dirección General de Pilar Blanco Morales-Limones tras la victoria electoral del PSOE el año 2004. Con episodios tan significativos como nombrar Subdirectora General a una hermana del Presidente del Consejo General del Notariado o tan graves como amenazar, expedientar y sancionar a quienes mantenían criterios jurídicos dispares. El proceso iniciado el año 2000 se aceleró y endureció con la nueva Directora.

Abrir expedientes sin motivo – como lo prueba el que se ha sobreseído la práctica totalidad – a casi la mitad de los Registradores, ejecutar aceleradamente una demarcación provocando que haya unos 200 Registros vacantes en la actualidad, imponer por la vía de la disciplina cuartelera el que se acataran sus disparates antes que la ley, intervenir en procesos legislativos con propuestas que socavaban las bases de la institución registral o directamente terminaban con ella, etcétera, son la razón de que al final incluso su antecesora haya parecido – a su lado – una buena Directora.

Con su marcha esperemos que se ponga fin a una etapa, de agresión, de conflicto, de descrédito jurídico de la Dirección, en suma de perjuicio para la sociedad española y la seguridad jurídica preventiva, que ha durado 9 años y que no ha sido ni tan siquiera fructífera para quienes la promovieron.

Ojalá que ahora se inicie una época presidida por la ecuanimidad, el diálogo y el servicio a los intereses generales de la sociedad española. Valores que hemos echado de menos en este tiempo.


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