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El Gobierno prevé ahorrar 37.700 millones con la reforma de las administraciones públicas

     Racionalización de las AAPP
     Además, da por terminados los ajustes en los salarios y días de permiso que han afectado a los empleados públicos, al señalar que esa fase «está hecha»
     La noticia en republica.com / Pilar Gassent | Madrid 21-06-2013
     La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha cuantificado hoy el ahorro global que supondrán todas las medidas de «adelgazamiento» de las administraciones, incluidas las de la reforma de las administraciones públicas en 37.700 millones de euros. En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Sáenz de Santamaría ha dicho que la reforma supondrá un ahorro de 6.500 millones de euros para las administraciones públicas y de 16.300 millones para los ciudadanos hasta 2015, cuando termine de implantarse. La vicepresidenta ha explicado que el ahorro de 37.700 millones entre 2012 y 2015, procede de sumar el de la racionalización de estructuras, las medidas sobre el empleo público y la reforma local, aún por desarrollarse, además de las medidas que recoge el informe de la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas (CORA). Por lo que se refiere al ajuste en el empleo público tanto Santamaría como Cristóbal Montoro, ministro de Hacienda, han asegurado que no habrá mayor impacto que el que se ha producido a día de hoy: 375.000 trabajadores menos y tasa de reposición ‘cero’ salvo en un 10% de los servicios esenciales. La cuestión es que, además de los 57 organismos públicos que el Estado piensa suprimir, necesita que las comunidades autónomas hagan lo propio con 90 observatorios, los defensores del Pueblo autonómicos, todos los tribunales de Cuentas, las agencias de protección de datos, los órganos de defensa de la competencia y hasta los institutos de opinión. El Gobierno no puede obligar a las autonomías a que apliquen su recomendación pero sí pude presionar y para ello dispone de un instrumento de primer orden: la negociación del límite de déficit y la posibilidad de que se establezca un objetivo diferenciado para las que, como Cataluña, atraviesan por una delicada situación financiera.
     Montoro ha anunciado este viernes que la próxima semana (miércoles y jueves) convocará a la Comisión Nacional de la Administración Local (CNAL) y al Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) con las comunidades autónomas para informarles del contenido del informe sobre la reforma de las administraciones públicas que ha aprobado el Consejo de Ministros.
     En el orden del día de la cita con las autonomías se encuentra además el techo de gasto para el 2014 y el reparto del déficit entre Estado y administraciones territoriales, una vez que Europa ha dado más margen a España. Sin embargo, para conocer el tope de déficit individualizado, Catalunya y el resto de gobiernos autonómicos tendrán que esperar a un próximo CPFF, que Montoro no ha desvelado cuándo tendrá lugar. Eso sí, para tranquilizar a propios y ajenos, ha querido dejar claro que el calendario no se retrasará demasiado. Lo previsible es que se celebre a principios de julio porque, entonces, ya habrá habido tiempo de comprobar si las comunidades están dispuestas o no a aceptar la reforma de las administraciones. El ministro fue muy claro este jueves cuando dijo que en la negociación de los objetivos de déficit se “valorará” si han asumido las propuestas sobre duplicidades, simplificación administrativa y reducción de organismos públicos.
     De momento, el ministro tiene dos ‘chinas’ en el zapato: Cataluña, que le ha respondido que si quiere ahorrar suprima ministerios como el de Educación y Cultura o el de Sanidad que tienen competencias transferidas, y Madrid, que no quiere desprenderse de su Tribunal de Cuentas. La reacción del ‘Govern’ era previsible como deducción lógica de su pulso soberanista al Estado español. La de Madrid es más complicada porque procede de un Gobierno del PP, el de Ignacio González, y se suma a otros desafíos como el del euro por receta o las críticas al déficit asimétrico que han conducido a Rajoy a una relación ‘delicada’ con sus propios barones.
     Pero el Gobierno, que lleva tres días presentando su reforma de las administraciones y que no quiere que nada ni nadie le fastidie la secuencia de momentos estelares, no se da por enterado. Soraya Sáenz de Santamaría ha hecho este viernes una interminable presentación del informe de la CORA (la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas) en la que han abundado las reflexiones didácticas sobre ‘lo buena’ que puede llegar a ser la Administración con el ciudadano si se eliminan todas las adiposidades que actualmente la hacen lenta, pesada y exasperante. Santamaría, que es la principal hacedora de la reforma, ha desechado sombras de incertidumbre sobre su futuro, ha asegurado que “las comunidades autónomas han demostrado una capacidad de cooperación y de ajuste muy importante” y ha confiado en que la apliquen sin mayores problemas. Montoro ha sido un poco más críptico que el jueves, pero ha venido a decir lo mismo: hay que ‘traducir’ el contenido de la reforma en los compromisos de evolución del gasto público de las administraciones territoriales y en su programa presupuestario, “insertándolo en los objetivos de déficit público”.
     Respecto a la posibilidad de que la reforma provoque la destrucción de puestos de trabajo, la vicepresidenta ha reconocido que podría “salir” algún eventual o asesor, pero también ha aclarado que el personal que “se libere” con la supresión de un organismo autónomo tendrá un hueco en otros puntos de la administración.
     Santamaría ha dado por terminados los ajustes en los salarios y días de permiso que han afectado a los empleados públicos, al señalar que esa fase “está hecha”. En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, y al presentar el informe sobre la reforma de las administraciones públicas, Sáenz de Santamaría ha reconocido que los funcionarios y los empleados públicos han hecho un “esfuerzo tremendo” en esta situación de crisis. Ha recordado en este sentido que el capítulo primero de los presupuestos de todas las administraciones, el que se refiere al personal, “pesa lo que pesa”, y por eso hay que reconocer dicho esfuerzo en los empleados públicos, que además “han seguido trabajando y lo hacen muy bien”. Y ha añadido: “Esa fase de los ajustes, no sólo en los salarios, sino también en días de permiso, está hecha”.
     Pese a todas estas explicaciones, el sindicato de funcionarios CSI-F ha afirmado que los empleados públicos ya han cubierto “el cupo de despidos (más de 370.000 en el último año y medio)”, por lo que ha advertido al Gobierno de que “no aceptará una nueva vuelta de tuerca”. A CSI-F le pone nervioso la afirmación de que más de la mitad de los 37.700 millones de euros que el Estado prevé ahorrar hasta 2015 provendrá de los menores gastos de personal. El sindicato ha reclamado al Gobierno que convoque de manera “urgente” la Mesa general de las administraciones públicas para conocer “de primera mano” el informe sobre la reforma que prepara el Gobierno y para garantizar los derechos los empleados públicos. Lo de “reubicar” al personal en otros destinos de la administración tampoco tranquiliza al sindicato que advierte sobre las complicaciones que se pueden derivar de una movilidad no deseada.
     El futuro, sin embargo, no pinta tan mal para todos los servidores del Estado. La vicepresidenta ha anunciado la creación de la Oficina para la Ejecución de la Reforma de las Administraciones que, “con coste cero”, se encargará de vigilar el cumplimiento de dicha reforma. Al frente de esa oficina estará Angelines Trigo, inspectora de Servicios de la Administración General del Estado y con rango de subsecretaria -lo que supone su asistencia a la Comisión de Subsecretarios-, que es, según ha explicado Sáenz de Santamaría, “una de las personas que más ha trabajado” en la reforma. La Oficina elaborará cada tres meses un informe, y cada año un análisis exhaustivo y global sobre lo que se ha hecho y lo que queda por hacer.