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El pleno del TC avala la constitucionalidad de la ley 13/2018 de caminos públicos y rutas senderistas de Mallorca y Menorca

Nota informativa nº 119/2019

El pleno del TC avala la constitucionalidad de la ley 13/2018 de caminos públicos y rutas senderistas de Mallorca y Menorca

tribunalconstitucionaL.es

El Pleno del Tribunal Constitucional ha sentenciado que la Ley 13/2018, de 28 de diciembre, de caminos públicos y rutas senderistas de Mallorca y Menorca se ajusta al ordenamiento constitucional en el sentido de que dicha norma “puede declarar la utilidad pública e interés social de ciertos fines a los efectos expropiatorios de determinados bienes y derechos”.

Con este razonamiento, la sentencia, redactada por la Magistrada Encarnación Roca, ha desestimado el recurso de inconstitucionalidad presentado por más de 50 diputados del PP en el Congreso de los Diputados contra el art. 50 de la Ley 13/2018.

Los recurrentes consideraban que el precepto impugnado (art. 50) era contrario al art. 33 de la Constitución al no estar justificada la utilidad pública o interés social necesario para el ejercicio de la potestad expropiatoria. En su opinión, el Gobierno autonómico permitiría llevar a cabo expropiaciones forzosas carentes de la finalidad de utilidad pública o interés social.

La sentencia explica que “el legislador balear define una serie de fines públicos conectados con el interés general, que han de ser concretados por los ayuntamientos y consejos insulares. Se trata de fines relacionados fundamentalmente con la necesidad de garantizar una utilización adecuada de estas rutas, permitiendo un uso público compatible con la preservación de los valores naturales, culturales y etnológicos propios de las mismas, facilitando una mayor sensibilización ambiental, al acercar la población a la naturaleza y al medio rural en general”.

En este sentido, el Tribunal señala que ha de tratarse de un uso que posibilite tanto la preservación del entorno en que dichas rutas discurren, tomando en consideración sus valores naturales, su paisaje o su patrimonio cultural, como su contribución al desarrollo sostenible del medio rural. Esta finalidad ya ha sido destacada por la doctrina de este Tribunal en la STC 118/2017.

Por tanto, “el legislador balear dispone de una serie de finalidades legítimas en el seno de políticas sectoriales de su competencia que justifican que, para su consecución y en los términos previstos en la norma, se haga uso de la potestad expropiatoria”, afirma la sentencia.


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