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En Polonia, los notarios, que expiden un certificado de título sucesorio a petición de todas las partes del procedimiento notarial, no son «tribunales» en el sentido del Reglamento en materia de sucesiones y, por consiguiente, dicho certificado no es una «resolución» en esa materia

curia.europa.eu
Prensa e Información
Tribunal de Justicia de la Unión Europea
Comunicado de prensa n.º 67/19
Luxemburgo, 23 de mayo de 2019
Sentencia en el asunto C-658/17 WB
En Polonia, los notarios, que expiden un certificado de título sucesorio a petición de todas las partes del procedimiento notarial, no son «tribunales» en el sentido del Reglamento en materia de sucesiones y, por consiguiente, dicho certificado no es una «resolución» en esa materia
Ese certificado es, en cambio, un «documento público»
El padre de WB, fallecido el 6 de agosto de 2016, tenía nacionalidad polaca y residía habitualmente en Polonia. WB era una de las partes del procedimiento relativo a la sucesión de su padre, iniciado ante la Sra. Przemysława Bac, notaria de Słubice (Polonia). Dicha notaria expidió un certificado de título sucesorio el día 21 de octubre de 2016. El difunto era un empresario que ejercía una actividad económica cerca de la frontera entre Polonia y Alemania. WB deseaba saber si se habían invertido sumas de capital en uno o varios bancos alemanes y, en caso de que así fuera, que se le comunicase qué parte del importe de esos capitales podía verterse al caudal hereditario. Para ello, WB solicitó que se le facilitara una copia del certificado de título sucesorio expedido por dicha notaria y una certificación de que ese documento constituye una resolución en materia de sucesiones, en el sentido del Derecho de la Unión. En caso de que su solicitud fuera rechazada, WB pedía que se le facilitara una copia del certificado de título sucesorio y una certificación que confirmara que ese certificado constituye un documento público en materia de sucesiones.
Mediante acta de 7 de junio de 2017, un oficial de la notaría de la Sra. P. Bac rechazó dichas solicitudes observando, fundamentalmente, que el certificado de título sucesorio era una «resolución», en el sentido del Derecho de la Unión y que, al no haber notificado Polonia a la Comisión la lista de las autoridades y de los profesionales del Derecho, le resultaba imposible extender la certificación en la forma prescrita por el Derecho de la Unión. En relación con la segunda solicitud formulada por WB, el oficial de la notaría señaló que calificar el certificado de título sucesorio de «resolución» impedía calificarlo de «documento público», de forma que no resultaba posible expedir la certificación correspondiente, en la forma prescrita por el Derecho de la Unión.
WB presentó un recurso ante el Sąd Okręgowy w Gorzowie Wielkopolskim (Tribunal Regional de Gorzów Wielkopolski, Polonia). Ese tribunal solicita que se dilucide si un notario polaco, competente para expedir un certificado de título sucesorio, ejerce funciones jurisdiccionales y si el documento que redacta es un documento público, del cual puede expedirse una copia acompañada del formulario al que se refiere el Reglamento n.º 650/2012, (1) a petición de cualquier interesado en utilizar ese documento en otro Estado miembro.
En su sentencia dictada hoy, el Tribunal de Justicia comienza señalando que, con arreglo al citado Reglamento, el concepto de «tribunal» designa a cualquier autoridad judicial y al resto de autoridades y profesionales del Derecho con competencias en materia de sucesiones que ejerzan funciones jurisdiccionales o que actúen por delegación de poderes de un órgano judicial, o actúen bajo su control, siempre que dichas autoridades y profesionales del Derecho ofrezcan garantías en lo que respecta a su imparcialidad y al derecho de las partes a ser oídas, y siempre que sus resoluciones, dictadas con arreglo al Derecho del Estado miembro en el que desempeñan sus funciones, puedan ser objeto de recurso o de revisión ante un órgano judicial, y tengan fuerza y efectos análogos a los de la resolución de un órgano judicial sobre la misma materia.
Tras apreciar que la falta de notificación por parte de Polonia del ejercicio de funciones jurisdiccionales por los notarios reviste un valor meramente indicativo y no excluye la posibilidad de que puedan recibir la calificación de «tribunales» siempre que cumplan los requisitos establecidos por dicho Reglamento, el Tribunal de Justicia analiza si el notario que redacta un certificado de título sucesorio a petición de todas las partes del procedimiento notarial ejerce funciones jurisdiccionales en el sentido del citado Reglamento. El Tribunal de Justicia destaca que el ejercicio de funciones jurisdiccionales implica disponer de la facultad de resolver en virtud de su propia potestad sobre los posibles puntos controvertidos que existan entre las partes. Para que se considere que, habida cuenta de la naturaleza específica de la actividad que lleva a cabo, una autoridad ejerce una función jurisdiccional, esta autoridad debe tener reconocida la facultad de resolver un eventual litigio. No es éste el caso cuando la competencia del profesional en cuestión depende exclusivamente de la voluntad de las partes. Dado que las actividades notariales relativas a la expedición de certificados de título sucesorio se ejercen a petición de todas las partes interesadas, quedando intactas las prerrogativas del juez en caso de falta de acuerdo de las partes, cabe concluir que los notarios no ejercen ninguna competencia resolutoria. Los certificados de título sucesorio no son expedidos por un tribunal, de modo que no constituyen una «resolución» en materia de sucesiones, en el sentido de dicho Reglamento.
Por último y en relación con la cuestión de si un certificado de título sucesorio, como el certificado polaco, expedido por un notario a solicitud de todas las partes de un procedimiento notarial, constituye un «documento público», el Tribunal de Justicia señala que, en virtud del Derecho polaco, los notarios están facultados para expedir documentos relativos a una sucesión y que el certificado de título sucesorio queda registrado formalmente como documento público. Asimismo, el Tribunal de Justicia destaca que ese certificado surte los mismos efectos que un auto firme de declaración de título sucesorio. Por otra parte, el notario realiza las comprobaciones que pueden llevarle a negarse a redactar el certificado de título sucesorio, de forma que la autenticidad de dicho documento se refiere tanto a su firma como a su contenido. Por consiguiente, el certificado de título sucesorio constituye un documento público en el sentido del citado Reglamento.
NOTA: La remisión prejudicial permite que los tribunales de los Estados miembros, en el contexto de un litigio del que estén conociendo, interroguen al Tribunal de Justicia acerca de la interpretación del Derecho de la Unión o sobre la validez de un acto de la Unión. El Tribunal de Justicia no resuelve el litigio nacional, y es el tribunal nacional quien debe resolver el litigio de conformidad con la decisión del Tribunal de Justicia. Dicha decisión vincula igualmente a los demás tribunales nacionales que conozcan de un problema similar.
1 Reglamento (UE) n.º 650/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de julio de 2012, relativo a la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento y la ejecución de las resoluciones, a la aceptación y la ejecución de los documentos públicos en materia de sucesiones mortis causa y a la creación de un certificado sucesorio europeo (DO 2012, L 201, p. 107).
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