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Funcionarios de Justicia protestan en Mieres contra la privatización del Registro Civil

     La plataforma sindical alerta de que el servicio pasará a ser de pago y de que está en riesgo la privacidad de los usuarios
     21.02.2014  Mieres del Camino, Andrés Velasco La noticia en lne.es
     Más de una treintena de funcionarios de la administración de Justicia del Principado de Asturias se concentraron ayer en Mieres para protestar contra la privatización que el Gobierno de la nación está preparando para el Registro Civil. Los miembros de la plataforma sindical en la región lamentan que los planes del Ejecutivo vayan a «convertir en un negocio lo que hoy es un servicio público fundamental que todo el mundo utiliza».
     Tini Navas, portavoz de la Plataforma sindical de trabajadores de la Administración de Justicia en Asturias, explicó que «hay una carta del Decano del Colegio de Registradores de la Propiedad a todos sus miembros explicándoles los acuerdos a los que estaban llegando con el Ministerio de Justicia y que consisten ni mas ni menos en que el Ministerio les hace entrega del Registro Civil con los 120 millones incluidos que se gastaron en ponerlo todo al día y en hacer la gestión de los programas informáticos y de todo».
     La protesta, explicó la responsable sindical, tiene por objeto «concienciar a la ciudadanía y a los trabajadores de que el servicio de Justicia es una cosa de todos, y el Registro Civil es una oficina que todo el mundo utilizaba con carácter gratuito y que a partir de ahora probablemente haya que repagar». De hecho, Tini Navas aseguró que el Registro Civil es uno de los servicios con más usuarios, ya que se utiliza para infinidad de trámites, «desde inscribir un nacimiento o una defunción, hasta pedir una pensión o tramitar las matrículas en los colegios». «La gratuidad de este servicio era una conquista social, y ahora nos lo quieren quitar y eso no puede ser», valoró la portavoz de la Plataforma.
     Además, los sindicalistas también expresaron su preocupación por la protección de datos de los usuarios. «Los funcionarios tenemos un deber de guardar silencio, y contar aquello que conoces por cauces profesionales está penado con falta grave en un expediente disciplinario. Sin embargo, un registrador no tiene esa obligación, y ahí se saben muchos datos sobre la intimidad de las personas».
     Las protestas, que ya se han celebrado en Oviedo, Gijón, Avilés y, ayer, en Mieres, seguirán manteniéndose por la geografía asturiana. La próxima semana, la Plataforma estará en Langreo.

 


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