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La crisis del ladrillo lleva el despido colectivo a los ayuntamientos

Expansión.com 25/09/2008, por Juan Manuel Lamet
El declive de la construcción residencial está desinflado las arcas municipales a la misma velocidad con que las inflaron los años de bonanza. Muchos ayuntamientos basaron su modelo de crecimiento en el ladrillo y en los pingͼes beneficios que reporta, fundamentalmente por dos vías de recaudación.
La primera, la de las tasas de construcción y los impuestos relativos al cambio de la titularidad de las propiedades; y la segunda, la de la equivalencia en capital de los terrenos que deben ceder los promotores a la autoridad urbanizadora (el Consistorio) para dotaciones públicas.

Así, muchos ayuntamientos están ya en números rojos. Algunos, como los de Valencina de la Concepción, Almensilla y Alcalá del Río (los tres, de Sevilla), han tenido que recurrir a medidas de urgencia como la regulación de empleo público para evitar males mayores. El primero de ellos fue Almensilla, según aseguran desde el propio Consistorio, que este verano presentó un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) para eliminar grasa burocrática con 24 despidos, casi un tercio de su plantilla.

Fue aprobado por la Junta de Andalucía. “Más tarde se llegó a un acuerdo con el Comité de Empresa, y el ERE se redujo a nueve despidos y quince reducciones de jornadas”. Además, el alcalde, Carlos Ufano (PSOE), ha renunciado a su sueldo, y todos los ediles menos dos han pedido lo mismo. Con ello, Almensilla espera “ahorrar” 600.000 euros anuales.

Desde el Ayuntamiento de esta localidad sevillana de la comarca del Aljarafe -una zona de gran expansión urbanística en los últimos años- aseguran que el principal problema es que “no entra dinero en las arcas por el urbanismo”. El PP (en la oposición) ha pedido una auditoría externa, y el Partido Andalucista (PA) se ha apresurado a pedir una nueva ley de Haciendas Locales y a criticar el “doble rasero” del Gobierno andaluz “por mirar a otro lado cuando muchos alcaldes de su partido llevan años sin rendir cuentas a la Junta”.

En el caso de Valencina, el ERE afecta a 32 trabajadores del Ayuntamiento. El Ejecutivo de Chaves lo rechazó. En el último de los casos, el de alcalá del Río (25 despedidos por el ERE), la Inspección de Trabajo de la Junta andaluza ha propuesto una “sanción grave” para el Ayuntamiento, ya que algunos de los despidos de produjeron en fraude de ley, según publicó el diario ABC de Sevilla.

Los archivos de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) no contemplan ningún caso similar en los últimos quince años. “Son casos muy extraordinarios”, señalan desde la FEMP, sorprendidos.

Al calor de estos acontecimientos, muchos ayuntamientos andaluces preparaban ya regulaciones de empleo, y otros -como Castilleja de la Cuesta o Bollullos de la Mitación- han comenzado el goteo de despidos por vencimiento de contrato. Por ejemplo, 61 municipios de Sevilla (más de la mitad) pidieron ayuda a la Diputación Provincial para salvar sus cuentas.

El Gobierno que preside Manuel Chaves ha enviado a la Fiscalía los despidos de Almensilla y Valencina para que confirme que la gestión de sus ediles no ha agravado la crisis. Esto ha frenado en seco la posible oleada de despidos en otros municipios.

Otro de los agravantes con los que cuentan las localidades son las “competencias impropias”. Es decir, aquellas funciones que no les corresponde financiar a los ayuntamientos -educación, salud o inmigración, entre otras- pero que se ven obligados a sufragar. Según el presidente de la FEMP, Pedro Castro, estas competencias suponen un “gasto extra” de más de 7.000 millones de euros anuales.

La obra pública no acude al rescate de la crisis
Ninguno de los dos pilares de la recuperación económica funciona. El Gobierno apostó por potenciar la vivienda protegida y por acelerar la obra pública para resucitar el ritmo de crecimiento, pero ambas hacen agua. A la caída del 60% de la VPO en el primer trimestre -los expertos vaticinan un desplome del 51% a finales de 2008- se le suma la de la construcción de obras públicas.

El Gobierno licitó en los ocho primeros meses del año obras por un importe de 11.081 millones de euros, lo que supone una caída del 36,6% con respecto al mismo período de 2007, de acuerdo con los datos ofrecidos ayer por la patronal de las grandes constructoras Seopan.

Esta caída se explica en parte por el descenso del 37,1% en las licitaciones llevadas a cabo por el Ministerio de Fomento, que sacó a concurso obras por 9.190 millones de euros, frente a los 14.601 millones registrados entre enero y agosto de 2007. Dentro de Fomento, destaca la bajada en las adjudicaciones de la Dirección General de Carreteras (-73,4%, hasta los 2.028 millones), y del ente Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA), que redujo su actividad licitadora un 25,1%.


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