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La juez del ‘caso Azud’ decreta prisión para el exvicealcalde de Valencia, el exsubdelegado del Gobierno y tres empresarios

Domingo, 16 de mayo de 2021

La juez del ‘caso Azud’ decreta prisión para el exvicealcalde de Valencia, el exsubdelegado del Gobierno y tres empresarios

Otros ocho detenidos han quedado en libertad provisional con medidas cautelares. La causa, en la que se investiga el presunto cobro de comisiones ilegales en operaciones urbanísticas y adjudicaciones de contratos públicos, suma ya cerca de medio centenar de investigados

Autor: Comunicación Poder Judicial

La titular del Juzgado de Instrucción número 13 de Valencia ha acordado el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza del exvicealcalde de esta ciudad Alfonso Grau, el exsubdelegado del Gobierno en la provincia Rafael Rubio y los empresarios Joaquín P.R., Jaime F.R. y Mónica M.G., en el marco de la denominada ‘Operación Azud’. La magistrada ha adoptado esta decisión al apreciar riesgo de destrucción de pruebas.

En esta causa, abierta en 2017 y que se encuentra bajo secreto de sumario, se investiga el posible cobro de comisiones ilegales relacionadas con operaciones urbanísticas y adjudicaciones de contratos en el Ayuntamiento de Valencia, otros consistorios de la Comunidad Valenciana y diversas entidades públicas locales y estatales. El grueso de las pesquisas se centra en el periodo comprendido entre los años 2004 y 2011.

Otros ocho detenidos en la segunda fase de esta operación -que se ha desarrollado entre el jueves 13 y el viernes 14 de mayo y que ha incluido 46 registros en empresas, despachos profesionales y domiciliarios particulares de las provincias de Valencia, Alicante, Ciudad Real y Madrid- han pasado también en las últimas horas a disposición judicial.

La instructora ha acordado para todos ellos libertad provisional con las siguientes medidas cautelares: retirada de pasaporte, prohibición de salida del territorio nacional y comparecencia semanal en sede judicial.

Las diligencias judiciales suman ya cerca de medio centenar de investigados por delitos de prevaricación, cohecho, falsedad documental, blanqueo de capitales, tráfico de influencias y asociación ilícita, sin perjuicio de ulterior de calificación.


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