| – En el año 2023, la renta per cápita relativa española frente a la de la UE se situó en el 89,2%, cuando, en el año 2018, llegó a alcanzar el 92,5%, lo que supone un retroceso de más de 3 puntos relativos. – La pérdida de convergencia real en España en el último quinquenio se explica por su caída de la productividad por ocupado (-1,9%) frente al aumento de la productividad por ocupado registrado en la UE (incremento de 1,3%). Esto se debe a que la productividad por hora española ha crecido por debajo de la registrada en la UE, al tiempo que la duración de su jornada ha caído más en España que en la UE. – En un contexto de atonía de la renta per cápita en relación con la UE, es importante reconocer la aportación positiva de aquellas regiones cuya renta per cápita ha crecido por encima de la UE entre 2013 y 2022, que son, exactamente, por orden de mejora, Galicia, la Comunidad de Madrid, la Comunidad Valenciana y la Región de Murcia. – En este contexto, es obligado elaborar e implementar un plan de choque de mejora de la productividad que reduzca la elevada presión fiscal que soporta la inversión empresarial, al tiempo que se configure un marco regulatorio o institucional más favorable para la inversión y el crecimiento del tamaño de la empresa. |
Madrid, 22 de julio de 2024. El presidente del Instituto de Estudios Económicos, Íñigo Fernández de Mesa; y su director general, Gregorio Izquierdo; han presentado el informe “La productividad como el gran reto pendiente de la economía española”, en el que se recoge que la última década (2013-2023) ha representado, para España, una pérdida de la convergencia real con Europa, ya que nuestro PIB per cápita ha aumentado, prácticamente, lo mismo que el de la Unión Europea (16,1% frente al 15,7%). Es más, si se limita al lapso más reciente (2018-2023) nuestro PIB per cápita ha retrocedido en términos relativos debido a que solo ha crecido un 4,5% acumulado, cuando la UE ha conseguido incrementarlo en un 5,8%. De hecho, nuestra renta per cápita relativa frente a la UE, en el 2023, se sitúa en el 89,2%, cuando, en el año 2018, llegamos a alcanzar el 92,5%, lo que supone un retroceso de más de 3 puntos relativos. De esta forma se truncó la mejora de nuestra convergencia real conseguida entre 2013 y 2018, cuando nuestro PIB acumuló un crecimiento de 14,3% frente al 11,2% registrado por la UE, lo que significa que nuestra renta per cápita relativa frente a la UE se situara en el 92,5% en 2018 desde el 88,9% de 2013, lo que supuso un aumento de cerca de 4 puntos relativos.
La incidencia de la productividad sobre el crecimiento de una economía y sobre el PIB per cápita pone de manifiesto que los países que presentan los niveles de productividad más elevados, tanto por hora como por ocupado, se corresponden con los países donde los niveles de PIB per cápita son mayores. En términos de convergencia en renta per cápita en la UE en el periodo 2013 a 2023, se evidencia, claramente, que, en general, los países con mayor dinamismo de su renta per cápita, a su vez, eran países con una menor renta per cápita relativa de partida, lo que supone que han avanzado en su proceso de convergencia real, como es el caso de Irlanda, Rumanía, Polonia, Croacia, Bulgaria, Malta, Hungría, Lituania, Chipre y Letonia. Pero no es el caso de España, que, a pesar de partir de un menor nivel de renta, no ha conseguido lograr un diferencial significativo de crecimiento de su renta per cápita con relación a la UE. Cuando se analiza el proceso de convergencia real se observa que los países que tienen éxito en el mismo son los países que logran aumentar tanto su productividad como su tasa de ocupación, evidenciado, así, que ambas variables son positivas si se consigue un clima favorable a la inversión y a la actividad empresarial. Como consecuencia de esta mejora de renta per cápita los países ven, a su vez, incrementadas sus tasas de empleo, niveles salariales y también posibilitan mejoras en la reducción de su jornada media laboral. El análisis evidencia, también, que, en ocasiones, los países con menor productividad por hora son, a su vez, los que tienen mayor duración de la jornada y que, por lo tanto, los avances en la productividad les permiten converger en duración de sus jornadas sin perder competitividad relativa por ello. El problema es que, en un contexto de insuficiente progreso de la productividad por hora, la reducción de la jornada conlleva, a su vez, un deterioro de la productividad por trabajador y, en consecuencia, de la competitividad económica y de la capacidad de creación de empleo y crecimiento de una economía a medio y largo plazo.
La principal explicación de que España no haya apenas reducido su brecha respecto a la UE entre 2013 y 2023 se debe, ante todo, a que nuestra productividad (PIB por hora) solo ha crecido un 4,2%, que es, aproximadamente, la mitad del aumento del 8,1% de la productividad (PIB por hora) registrada por la UE en este periodo. Además, la reducción de la jornada media del 3,4% en España y, por lo tanto, por encima de la disminución del 2% de esta jornada media en Europa, supone que, en términos de productividad por ocupado, el retroceso relativo de España haya sido superior. En este sentido, la productividad por ocupado, entre 2013 y 2023, ha crecido un 5,9% en la UE, mientras que, en España, tan solo lo ha hecho en un 0,7%, cifra tan limitada que implica un cierto estancamiento de este componente que justifica que el mismo deba ser objeto de atención dentro de nuestra política económica. Es más, de 2018 a 2023 la productividad por ocupado ha descendido, en España, un 1,9% cuando, en este mismo lapso, la productividad por ocupado de la UE se ha incrementado en 1,3%. Esta pérdida se explica, en buena medida, por la fuerte reducción de la jornada media registrada en España desde el año 2018 con un retroceso de esta del 3,8% frente a la disminución del 1,5% acontecida en la UE.
Nuestro diferencial negativo de productividad, en la práctica, ha impedido que la fuerte mejora de la tasa de empleo registrada entre 2013 y 2023, que fue del 16,8% en España frente al 13,6% de la UE, haya podido impulsar nuestra renta per cápita relativa. De cualquier modo, la mejora de nuestra tasa de empleo relativa del periodo se explica más por el incremento registrado entre 2013 y 2018 (13,6% en España frente al 7,6% de la UE) que por la variación de la tasa de ocupación desde 2018 hasta la actualidad, ya que su incremento del 2,8% es inferior al 5,6% registrado, en promedio, en la UE. De hecho, la tasa de empleo, en relación con la UE, se posicionaba, en 2023, en el 87,7% cuando en 2018 era del 90%. Es decir, nuestro aumento de empleo ha sido insuficiente para converger en tasas de ocupación relativas con nuestros socios, entre otras razones porque ha incrementado mucho más la población en España que en el promedio de la UE.
En un contexto de atonía de la renta per cápita en relación con la UE, es primordial reconocer la aportación positiva de aquellas regiones cuya renta per cápita ha crecido por encima de la UE entre 2013 y 2022, que son, exactamente por orden de mejora, Galicia, la Comunidad de Madrid, la Comunidad Valenciana y la Región de Murcia. Con la excepción de Galicia, estas regiones han tenido un dinamismo positivo de la población, lo que, a su vez, evidencia que es posible conciliar aumentos del nivel de vida (renta per cápita) en contextos demográficos de expansión, siempre y cuando se den las condiciones favorables tanto para la creación de empleo como para la mejora de la productividad.
De cualquier modo, si el análisis lo centramos en el nivel de renta per cápita, las conclusiones son algo diferentes debido a que las cuatro regiones españolas que tienen mayor nivel de vida superan la media de la UE en renta per cápita en el último año disponible (2022). Estas son por orden la Comunidad de Madrid, el País Vasco, la Comunidad Foral de Navarra y Cataluña. Además, estas cuatro regiones coinciden, a su vez, en que son las que tienen mayor productividad (PIB por hora) de España, que, por orden, serían el País Vasco, la Comunidad de Madrid, la Comunidad Foral de Navarra y Cataluña.
El hecho de que algunas regiones hayan apostado por modelos de competitividad fiscal pueden ser factores determinantes para explicar tanto su mayor crecimiento económico como su capacidad de tracción económica con el resto de España. Por ello, es imprescindible, en un contexto de posible futura reforma de la financiación autonómica, que se recupere y potencie el principio de corresponsabilidad fiscal, para que las regiones que así lo deseen no tengan una desventaja tributaria con relación a sus competidores con el resto de Europa y se creen círculos virtuosos de eficiencia del gasto público que, a su vez, está muy vinculada a la existencia de corresponsabilidad fiscal.De otro modo, se produciría un deterioro relativo no solo de las regiones perjudicadas en cuanto que se ven limitadas sus posibilidades de corresponsabilidad fiscal, sino del resto de las regiones, que perderían el efecto arrastre de su dinamismo económico. Lo importante no es que tengamos el mismo sistema fiscal en España, si ello lleva consigo un retroceso de nuestra renta relativa. Es mucho mejor converger, desde el punto de vista fiscal, con las mejores prácticas de las regiones más desarrolladas de Europa como vía para aproximarnos a su productividad y a su nivel de vida. En este sentido, las regiones españolas que durante la última década han tenido sistemas fiscales menos competitivos coinciden, a su vez, con una peor progresión de su renta per cápita, lo que confirma la estrecha relación entre ambas variables.
Tomando como referencia las 50 regiones NUTS.2 de la UE con el PIB per cápita más elevado, que, en promedio, es un 54% superior al de la media de la Unión Europea, se pone de manifiesto el notable margen de mejora que presenta nuestro país, incluidas las comunidades autónomas que mejor se comportan. El promedio de estas 50 mejores regiones no solo tiene un PIB per cápita sensiblemente más elevado, sino que, en la última década, también ha presentado un crecimiento mayor de dicha variable. En estas 50 mejores regiones la productividad juega un papel claramente más relevante, que más que compensa, e incluso explica, el mayor descenso en las horas por ocupado. De nuevo, la productividad se constituye en el elemento clave para la mejora sostenida del PIB y del PIB per cápita. Además, en el año 2022 el promedio de la productividad en estas 50 regiones fue un 40,3% mayor que en la media comunitaria, siendo el componente que, en mayor medida, explica su situación diferencial.
Los factores que más relevancia presentan en su contribución al aumento de la productividad se pueden concentrar en cinco grupos o categorías principales. Es fundamental el capital físico, donde sobresale la cantidad y la calidad de las inversiones, tanto públicas como privadas, con las infraestructuras jugando un papel determinante; el capital humano, destacando la cualificación de los trabajadores; el capital tecnológico, particularmente la capacidad para innovar; el marco regulatorio e institucional, es decir, el papel que desempeñan las Administraciones, que inciden en temas como la fiscalidad o la seguridad jurídica; y el entorno empresarial, donde influye el dinamismo y el tamaño de los mercados, así como el tamaño empresarial, entre otros.
Es necesario incidir positivamente sobre estos factores, tanto desde un punto de vista de su dotación como de su calidad, que presentan correlaciones positivas y elevadas con la productividad. De esta forma, se favorecerá la atracción de inversiones y se dinamizará el crecimiento de nuestra economía, lo que permitirá aumentar el PIB per cápita en los territorios españoles, pudiéndose aproximar a los mejores estándares europeos. Otra de las claves para mejorar la productividad es implementar estrategias que estén interconectadas.
La transformación y modernización de nuestra economía y, en general, la mejora de nuestros niveles de innovación, productividad y competitividad es indispensable por crear un clima favorable a la actividad empresarial, que permite a las empresas desarrollarse y crecer. Y, para alcanzarlo, es condición necesaria un marco regulatorio e institucional que proporcione estabilidad y certidumbre, con especial atención a la protección del principio de libertad de empresa y a una fiscalidad que haga atractivo a nuestro país. En este último ámbito, es inapelable reducir la presión fiscal empresarial y sobre el ahorro en España, ya que ambas son considerablemente superiores a la media de la OCDE y de la UE. Por ello se propone adecuar la tributación del Impuesto sobre Sociedades a la capacidad económica real de las empresas considerada interanualmente, reducir las cotizaciones empresariales a la Seguridad Social y los tipos marginales del IRPF. También se plantea eliminar el Impuesto sobre el Patrimonio y reducir el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.
Por último y no menos importante, hay que promover el crecimiento del tamaño de las empresas, ya que fortalece su capitalización, fomenta la inversión y el empleo y produce una mayor propensión a innovar y a exportar. En este espacio, es importante reexaminar la legislación fiscal para evitar desincentivar el aumento del tamaño empresarial, revisando umbrales de facturación para impuestos como el IVA y el Impuesto sobre Sociedades; simplificar las normativas que rigen las fusiones o adquisiciones de empresas, así como la fiscalidad relacionada y ampliar la oferta de planes de financiación alternativos al crédito bancario.
