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La reforma de la Administración supondrá un ahorro de 37.700 millones hasta 2015

     Consejo de Ministros. El Ejecutivo ha creado una oficina de seguimiento de este proyecto
     Elaborará cada tres meses un informe, y cada año un análisis global
     La mitad de ahorro de la reforma administrativa será en gasto de personal
     La noticia en elmundo.es 21/06/2013
     El Gobierno de Mariano Rajoy calcula un ahorro de 37.700 millones de euros con las medidas de racionalización de las administraciones públicas, la reforma de la administración local y las medidas estructurales sobre el empleo público, entre el año 2012 y hasta 2015, cuando se prevé la completa implantación.
     Así lo ha anunciado la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en la que ha presentado las medidas que contienen el informe de la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas (Cora), algunas de las cuáles ya adelantó hace dos días Mariano Rajoy.
     Según ha explicado Soraya Sáenz de Santamaría, la mitad de los 37.700 millones de euros que el Estado prevé ahorrar hasta 2015 con la reforma de las administraciones provendrá de los menores gastos de personal. La vicepresidenta ha insistido en que se trata se ahorros consolidados que se derivan de las medidas ya adoptadas, como mantener a cero la tasa de reposición del personal público, la eliminación de días libres o la extensión de la jornada laboral.
     Esas medidas permitirán ahorrar este año 728 millones al Estado, 3.238 millones a las comunidades autónomas y 976 millones a las entidades locales. Respecto a la posibilidad de que la reforma provoque la destrucción de puestos de trabajo, la vicepresidenta ha reconocido que podría «salir» algún eventual o asesor, pero también ha aclarado que el personal que «se libere» con la supresión de un organismo autónomo tendrá un hueco en otros puntos de la administración.
     La vicepresidenta ha insistido en que los funcionarios y empleados públicos han hecho «un esfuerzo extraordinario» y que, a partir de ahora, se va a buscar una mayor movilidad de los trabajadores y una mejor planificación de los recursos humanos para darles más carrera profesional, objetivo con el que se creará «un gran centro de formación pública»
Sáenz de Santamaría ha avanzando que el Ejecutivo ha creado además una Oficina de seguimiento de este proyecto, puesto que su aplicación se plantea a largo plazo.
     Angelines Trigo, al frente
     Al frente de la misma estará Angelines Trigo, inspectora de los servicios de la Administración General del Estado y que tendrá rango de subsecretaria, que realizará un informe cada tres meses sobre la implantación de la reforma y anualmente presentará un «análisis exhaustivo y global de lo hecho y de lo que queda por hacer».
     La portavoz del Ejecutivo ha explicado que 37.000 millones es la cifra «global» del ahorro incluyendo desde el 2012 al 2015, y todo el «adelgazamiento» de las administraciones públicas, esto es, las medidas de la Cora, la reforma local -cuyo ahorro se aproxima a los 8.000 millones de euros- y las medidas estructurales sobre empleo público -alrededor de 19.000 millones-.
     Sáenz de Santamaría ha explicado que el Gobierno ha calculado lo que ahorra la administración y lo que ahorra el ciudadano. Según ha dicho, hasta su completa implantación en el 2015 la reforma genera a las administraciones públicas un ahorro de 6.500 millones y al ciudadano de 16.300 millones.
     Sin embargo, muchas de esas medidas dependen de la voluntad de las comunidades autónomas, a las que se les ofrece «una guía» de recomendaciones y sugerencias para ahorrar y mejorar su situación financiera en el cumplimiento de los objetivos de déficit. De hecho, el informe del Gobierno incluye en concreto 120 medidas sobre duplicidades.
     Fuentes gubernamentales han admitido que en los 6.500 millones de euros que calcula el Ejecutivo se han contabilizado las medidas sobre duplicidades como la supresión de defensores del pueblo autonómicos, tribunales de cuentas o agencias de protección de datos.
     Las mismas fuentes han explicado que el Gobierno tiene cálculos sobre lo que cuesta tramitar una queja ante el Defensor del Pueblo Nacional, que ascendería a unos 400 euros, y lo que cuesta ante el mismo órgano a nivel autonómico, que se elevaría a unos 800 euros.
     Sáenz de Santamaría ha subrayado en la rueda de prensa que el objetivo del Gobierno es hacer una administración «más racional, más eficaz y eficiente», así como que «funcione mejor» y de una «manera más barata».
     En parecidos términos se ha expresado el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, que ha señalado que es una reforma dotada de «autenticidad» que pretende hacer más eficaces a las administraciones para que sean «trampolines» para salir de la crisis económica.
     Cristóbal Montoro, se reunirá la próxima semana con las comunidades autónomas y con las entidades locales para presentarles la parte de la reforma de las administraciones pública que les atañe, de manera que estudien cómo incorporar los ahorros prevuistos en sus presupuestos y en el cumplimiento del objetivo de déficit.
     En concreto, los días miércoles y jueves, Hacienda se reunirá con las entidades locales y con las comunidades en la Conferencia Nacional de Administración Local y en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Parte de las medidas de racionalización de la administración que persigue el Gobierno debe ser aplicada por las entidades territoriales y el ministerio les trasladará las propuestas.


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