La subida de las cotizaciones sociales. Análisis y consecuencias en la economía española

– La reforma de pensiones aprobada está desalineada con las de los países de nuestro entorno comparado. La reforma se centra en el aumento de los ingresos, con el incremento presente y futuro de las cotizaciones, y eliminando mecanismos de control sobre la evolución del gasto.

– Los análisis realizados por diferentes autores ponen de manifiesto que la reforma es insuficiente para cubrir los desequilibrios del sistema de pensiones y, que estos desequilibrios aumentarán, dado que el incremento de los gastos será muy superior al de los ingresos.

– Los mecanismos para paliar futuros desajustes, es previsible que conlleven subidas adicionales de las cotizaciones vía el Mecanismo de Equidad Intergeneracional, que afectarán a todos los ocupados y a las empresas.

– Las cotizaciones sociales de las empresas españolas en referencia al PIB, que ya estaban entre las más elevadas de la UE y de la OCDE, una vez que se incorporen todos los cambios aprobados, superarán los máximos actuales existentes, tanto dentro de la OCDE como de la Unión Europea.

– Hay dudas sobre el encaje de la reforma de pensiones, con el incremento de gasto que conlleva, en el nuevo marco fiscal europeo y la vuelta de las reglas fiscales.

– La reforma aprobada deteriora la contributividad del sistema y la equidad intergeneracional.

– La reforma tiene efectos negativos sobre la economía, principalmente sobre el empleo, el crecimiento y la competitividad.

– Es necesario fortalecer la actividad y el empleo para garantizar la sostenibilidad del sistema de pensiones. Generar un entorno que atraiga el talento, en lugar de penalizarlo, máxime en un momento donde serán necesarios perfiles para afrontar con garantías de éxito procesos como la digitalización y la transición energética.

Madrid, 16 de mayo de 2023. El Presidente del Instituto de Estudios Económicos, Íñigo Fernández de Mesa, ha presentado, junto a Antonio Garamendi, presidente de CEOE, y varios de los autores del estudio, el Informe de Opinión del IEE “La subida de las cotizaciones sociales. Análisis y consecuencias en la economía española”. En él se recogen las claves de la reforma de las pensiones y un análisis sobre la ineficacia e ineficiencia del aumento de las cotizaciones sociales para equilibrar el sistema público de pensiones y posibles alternativas. Este señala que la reforma de las pensiones aprobada está claramente desalineada con las de los países de nuestro entorno comparado, donde han tratado de adaptarse al incremento de gasto que supondrá el aumento de población en edad de jubilación con la utilización de diferentes fórmulas como fondos de capitalización, sistemas de cuentas nocionales, o incentivando el desarrollo del Pilar II, al tiempo que se establecen mecanismos de ajuste en el Pilar I, entre otras medidas.

Por el contrario, la reforma aprobada en nuestro país rompe el comportamiento mostrado desde la firma del Pacto de Toledo, que había buscado avanzar en la equidad actuarial a través de reformas paramétricas, pasando a centrarse ahora en el aumento de los ingresos, con el incremento presente y futuro de las cotizaciones, y eliminando mecanismos de control sobre la evolución del gasto. Todo ello a pesar de que se espera que el número de pensiones pase de 10 a 15 millones entre los años 2025 y 2048, y que la tasa de dependencia aumentará significativamente, pasando de aproximadamente tres personas con capacidad de cotizar por cada pensionista en el momento actual, a algo menos de dos en 2050.

En el informe ha participado Ángel de la Fuente Moreno, Director Ejecutivo en FEDEA, con un estudio sobre los efectos presupuestarios de la reforma de pensiones; José Emilio Bosca Mares (Catedrático de Análisis Económico de la Universidad de Valencia), Rafael Doménech Vilariño (Responsable de Análisis Económico en BBVA Research) y Javier Ferri Carreres (Departamento de Análisis Económico de la Universidad de Valencia), con un estudio sobre los efectos sobre el empleo y el PIB del aumento de las cotizaciones sociales; José Enrique Devesa Carpio (Profesor de Economía Financiera y Actuarial en la Universidad de Valencia) y Robert Meneu Gaya (Profesor de Matemáticas para la Economía y la Empresa de la Universidad de Valencia), con un estudio sobre la valoración financiero-actuarial de la reforma de las pensiones 2021-2023; y José Antonio Herce San Miguel (Socio director de LoRIS), con un estudio sobre las pensiones en el mundo (avanzado). Adicionalmente, se incluye un anexo donde se recoge la “Opinión sobre la sostenibilidad de las Administraciones Públicas a largo plazo: la incidencia de la demografía”, publicado por la AIReF el 24 de marzo de 2023.

De este modo, tras el análisis de los diferentes autores, se pone de manifiesto que la reforma es insuficiente para cubrir los desequilibrios del sistema de pensiones, y que estos desequilibrios aumentarán. A finales del año 2022, la deuda de la Seguridad Social superaba los 106.000 millones de euros, y el sistema de pensiones presenta déficit, que en 2023 se puede situar en el entorno del 1,8% del PIB, a pesar de las transferencias que recibe del Estado para atender los gastos impropios.

Las diferentes estimaciones apuntan a que la reforma generará un aumento en los ingresos de entre 1,2 y 1,3 puntos de PIB, mientras que el incremento de los gastos será sensiblemente mayor y oscilará entre 2,1 y 4,7 puntos de PIB, por lo que el déficit y la deuda existentes, lejos de corregirse, aumentarán sensiblemente. Pero esta reforma ya contempla un incremento de las cotizaciones sociales, equivalentes a 2,7 puntos, según estimaciones de la AIReF (incluyendo el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), que llegará a 1,2 puntos, y 1,5 puntos adicionales derivados del aumento de la base máxima y de la cuota de solidaridad).

Asimismo, los desajustes que se generarán, está previsto que se vayan paliando con medidas que pueden incidir sobre los ingresos o sobre el gasto a decidir en el diálogo social, si bien en caso de desacuerdo está contemplado que aumentarán las cotizaciones en el MEI. Estos incrementos repercutirán sobre todos los trabajadores y, principalmente, sobre las empresas, con los efectos negativos que se derivan para la actividad y el empleo.

En el informe se destaca que las cotizaciones sociales de las empresas españolas en referencia al PIB ya estaban antes de la reforma entre las más elevadas de la Unión Europea y de la OCDE. Y que una vez que se incorporen todos los cambios aprobados, las cotizaciones sociales de las empresas españolas frente al PIB superarán los máximos actuales existentes tanto dentro de la OCDE como de la Unión Europea. Ante esta situación, donde los niveles de cotizaciones sociales sobre la empresa se situarán en ratios muy elevados, no se puede descartar la necesidad de que haya que adoptar medidas por el lado del gasto.

Además, el aumento del gasto que se derivará de la reforma de pensiones tendrá lugar en un contexto donde la Comisión Europea ya ha indicado que volverán a aplicarse las reglas fiscales, con el foco centrado en el ajuste del gasto público, para reducir el peso de la deuda frente al PIB, y donde el nivel de deuda pública de nuestro país (113% del PIB) casi dobla el nivel de referencia establecido en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento (60% del PIB).

Ante esta situación, la propia AIReF ha expresado sus dudas sobre el encaje de la reforma de pensiones en el nuevo marco fiscal europeo, recomendando la necesidad de asegurar la coherencia entre las reglas fiscales nacionales y europeas, siendo especialmente relevante la consistencia de las reglas de pensiones con la regla de gasto general.

En el informe también se destaca que la reforma aprobada deteriora la contributividad del sistema y la equidad intergeneracional. La reforma provocará un notable desacople entre el aumento de las bases máximas de cotización y las pensiones máximas, dado que las primeras crecerán a un ritmo muy superior a las segundas (cada año aumentarán las cotizaciones máximas en 1,2 puntos sobre el IPC frente a 0,115 puntos sobre el IPC de las pensiones). Esto supondrá incrementos acumulados unas doce veces superiores en las cotizaciones que en las pensiones. Esta situación, junto con la cotización adicional de solidaridad, se traducen en una clara ruptura de la naturaleza contributiva de las cotizaciones.

Además, la elevación de los tipos de cotización no se traslada a la pensión, dado que para su cálculo se utilizan las bases de cotización de un periodo de tiempo y no se tiene en cuenta el tipo de cotización utilizado. Esta circunstancia supone un claro quebranto de la equidad intergeneracional, que perjudicará a las generaciones ocupadas en las próximas décadas, que van a pagar un mayor tipo de cotización que las generaciones anteriores para, a su vez, recibir una menor pensión en términos relativos.

También se hace hincapié en los efectos negativos que la reforma tiene sobre la economía, principalmente sobre el empleo, el crecimiento y la competitividad del país. El aumento de las cotizaciones deteriorará la competitividad fiscal de nuestras empresas, al tiempo que los expertos señalan que las subidas aprobadas tendrán un efecto negativo sobre el empleo de entre 100.000 y 190.000 puestos de trabajo. Además, estiman que el PIB se resentirá en un 0,6%, con un descenso tanto del consumo como de la inversión privada (0,5% y 0,2% respectivamente). Adicionalmente, los expertos coinciden en que estos efectos serán mayores si se producen nuevos aumentos de las cotizaciones sociales. Según los cálculos del IEE, en el caso de los escenarios más adversos, los efectos serían entre dos y tres veces superiores a los mencionados anteriormente.

Destaca también la necesidad de fortalecer la actividad y el empleo para garantizar la sostenibilidad del sistema de pensiones. De tal forma que en lugar de una reforma que resta competitividad a nuestra economía, aumentando las cotizaciones, perjudicando el crecimiento y la creación de empleo, así como dificultando la retención del talento en nuestro país, se debería impulsar un entorno propicio para el desarrollo de la actividad y con capacidad para atraer inversiones. Además, la apuesta por la captación de talento es especialmente relevante en el contexto actual, donde aumentará la demanda de perfiles necesarios para afrontar con garantías de éxito tanto la digitalización como la transición energética.

Impulsar la creación de empleo es una vía que permite aumentar la recaudación por cotizaciones mediante la ampliación de las bases de cotizantes, sin perjudicar el crecimiento ni la competitividad, situaciones especialmente relevantes en un entorno mundial globalizado, y siendo España el país que mayor tasa de paro presenta dentro de la Unión Europea, duplicando el promedio comunitario. Así, por ejemplo, si la tasa de paro de nuestro país bajase hasta la media de la OCDE (5%), esto supondría la creación de más de 1,8 millones de empleos, aumentando la recaudación por cotizaciones en algo más de un 9%, que equivaldría al 1% del PIB de 2022, cifra similar a la que se estima que se obtendrá con las medidas recogidas en la actual reforma.