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La UE seguirá la investigación sobre la deuda de la Generalitat Valenciana

     La Comisión determinará si hubo manipulación deliberada de las cuentas autonómicas
     Agencias Valencia 22 agosto 2014 – elpais.com  
     La Comisión Europea continuará la investigación para determinar si la Generalitat valenciana incurrió «en una notificación errónea deliberada o si ha habido una negligencia grave» sobre la comunicación de sus datos de deuda a la Intervención General de la Administración del Estado y a Eurostat. Esta es la respuesta de la Comisión a la pregunta planteada por el eurodiputado de Compromís, Jordi Sebastià, sobre la investigación de la deuda de la Generalitat «al haberse detectado un déficit superior al declarado en Sanidad y que corresponde a gastos irregulares no presupuestados»
     El gasto oculto le estalla al ConsellHacienda revisa el déficit de 2011 hasta el 8,9%, cuatro décimas másEurostat examina las cuentas de la Comunidad Valenciana y de MadridLa oficina de estadística europea retira el informe crítico con EspañaSegún ha explicado este viernes Sebastià, «esto confirma la existencia de una deuda cuya responsabilidad es exclusiva de sus gobernantes y no de su ciudadanía, puesto que se contrajo de forma irregular: es una deuda ilegítima». Sebastià preguntó a la Comisión si pensaba continuar la investigación sobre «esa deuda ilegítima hasta hacer una valoración completa» y si «exigirá a los responsables su pago y eximirá por tanto de este a la ciudadanía».
     En su respuesta, la CE confirma que llevará a cabo la investigación y recuerda que el reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la ejecución efectiva de la supervisión presupuestaria en la zona del euro describe el tipo de sanciones que pueden aplicarse «en caso de manipulación de estadísticas». Dicho reglamento establece que el Consejo «podrá decidir la imposición de una multa a un Estado miembro que intencionadamente o por negligencia grave tergiverse datos relativos al déficit y a la deuda».
     Las multas en estos casos «serán efectivas, disuasorias y proporcionadas a la naturaleza, la gravedad y la duración de la tergiversación», y la cuantía no será superior al 0,2 % del PIB del Estado (2.000 millones de euros), según la respuesta de la Comisión.


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