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La Unión de Consumidores de Aragón acusa al Gobierno de proteger al propietario

     Nueva ley del alquiler
     Ve más seguridad jurídica para el arrendador y costes para el inquilino
08/06/2013 La noticia en el periódico.com
     La Unión de Consumidores de Aragón (UCA) criticó ayer la nueva ley del alquiler de viviendas, que entró en vigor el día 4. Según esta asociación y pese a que pretende flexibilizar el mercado, el texto ofrece «más seguridad jurídica al propietario que al inquilino, debido a la reducción del periodo de duración de los contratos», tal y como reflejó en un comunicado.
     La UCA advierte asimismo de que «prima la inscripción del contrato de arrendamiento en el Registro de la Propiedad». Esta asociación informa de que, aunque no es obligatoria esa inscripción, «el inquilino que quiera asegurar sus derechos contractuales se verá obligado a asumir el coste de inscribirlo en el Registro». La unión entiende que «el Gobierno está asegurando unos ingresos al Registrador de la Propiedad y creando un gasto más para los inquilinos».
     Prórroga forzosa .La entidad que preside José Ángel Oliván recuerda, además, algunas de las principales novedades que aporta la ley, que «cambia sustancialmente la normativa del mercado de alquiler de viviendas destinadas a residencia habitual del arrendatario». Entre ellas, la reducción de los plazos del contrato, que, en el caso de la conocida como «prórroga forzosa», se reduce de cinco a tres años. Respecto a las rentas, las partes podrán pactar la actualización de la renta cuando se cumpla cada año del contrato. Si no hay un pacto expreso, se actualizará conforme al IPC.
     Otro de los principales cambios tiene que ver con el desistimiento del contrato, pues el inquilino podrá desistir de él, transcurridos al menos seis meses, sin tener que pagar indemnización alguna y siempre que lo comunique al arrendador con una antelación mínima de 30 días. A su vez, el propietario podrá recuperar la vivienda si, transcurrido el primer año de contrato, la necesita para destinarla a vivienda permanente para sí o para un familiar de primer grado.
     Por otra parte, la Asociación de Consumidores Torre Ramona alerta de que, en la misma ley y «de tapadillo» se aprobó la supresión de las ayudas de subsidiación de préstamos a la vivienda de protección oficial. Algo que, según Torre Ramona, solo en Zaragoza afectará a casi 9.000 propietarios, que verán encarecidas sus hipotecas entre 600 y 1.000 euros al año.


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