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Las CCAA se echan en brazos de la banca para pagar nóminas y gasto corriente

El gobierno pone un tope de 250 puntos básicos a la financiación bancaria
Carlos Sánchez 25/12/2012 El artículo en El Confidencial
La crisis continúa. Y con ella, los problemas de financiación de las administraciones públicas, que ante el cierre de los mercados mayoristas privados se han visto obligadas a ponerse literalmente en manos de los bancos. Hasta el punto de que ya adeudan 166.468 millones de euros a las entidades financieras. O lo que es lo mismo, uno de cada cinco euros que deben las administraciones públicas se lo han pedido prestado a la banca o las cajas de ahorros. El resto lo han conseguido a través de emisiones a corto y largo plazo.
Lo relevante no es sólo la cifra, sino, sobre todo, su progresión, toda vez que al comenzar la crisis los préstamos bancarios apenas alcanzaban los 65.000 millones, Esto significa que la dependencia de las entidades financieras casi se ha triplicado en menos de cinco años.
La causa tiene que ver, lógicamente, con el cierre de los mercados mayoristas de financiación, a los que han dejado de tener acceso las comunidades autónomas y los ayuntamientos, cuya solvencia financiera ha sido degradada en numerosas ocasiones por las agencias de calificación de riesgos en los últimos años. Y para hacer frente a esta realidad han tenido que acudir a los bancos, en particular las regiones, que al finalizar el tercer trimestre del año ya debían 101.774 millones en préstamos a corto y largo plazo. Otros 42.017 millones los deben los ayuntamientos.
Lo significativo de las cifras es que han continuado creciendo pese a que el Gobierno central puso en marcha en 2012 el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), instrumento con el que la Hacienda central pretendía acabar con los problemas de financiación de las comunidades autónomas.
No ha sido así. Y la consecuencia ha sido que los gobiernos regionales han pedido a los bancos más de 21.000 millones de euros en los nueve primeros meses del año para pagar nóminas y gasto corriente. El propio FLA establece serias limitaciones para tener acceso a él, toda vez que restringe su uso a atender los vencimientos de la deuda emitida previamente y al pago de proveedores. Una pobre casuística que explica que ayuntamientos y comunidades sigan dependiendo del crédito bancario para sobrevivir. O lo que es igual, para pagar los gastos de funcionamiento de sus estructuras burocráticas.
La progresión ha sido tan fuerte que hasta el propio Gobierno central se ha visto en la obligación de poner condiciones, Y aunque no ha aprobado ninguna norma específica para restringir la apelación al banco, lo que ha hecho es recomendar una especie de ”˜buenas prácticas”™. En palabras de un alto responsable del equipo económico del Gobierno, se ha obligado a actuar con criterios de ”˜prudencia financiera”™.
Una financiación más cara
¿Qué quiere decir esto? Pues que si los préstamos que hace la Hacienda central a los gobiernos regionales se retribuyen a los tipos en que se financia el Tesoro más 120 puntos básicos (un 1,2%), en el caso de los préstamos bancarios se ha puesto como límite 250 puntos básicos. Es decir, que si el Tesoro paga ahora un 2,65% por financiarse en letras a un año, el tope marcado es de un 5,15% en el mismo plazo.
En todo caso, muy lejos de los tipos de interés oficiales: el 0,75% en las operaciones de descuento del Banco Central Europeo (BCE). De cada cien euros que las entidades regionales piden a los bancos, prácticamente 90 euros hay que devolverlos a largo plazo.
Como es lógico, este fuerte aumento del crédito bancario ha disparado, en paralelo, la morosidad del sector público con las entidades financieras. Y aunque en algún momento de 2012 llegó a sobrepasar la barrera de los 1.000 millones de euros, en octubre pasado se situaba en 844 millones de euros. La cifra, en todo caso, es irrelevante respecto a los 190.490 millones de morosidad bancaria; pero, en todo caso, es cuatro veces superior al nivel que existía al comenzar la crisis. Las administraciones públicas pagan bien (su morosidad apenas alcanza el 0,5% respecto a los préstamos totales), y de ahí que se trate de un negocio cada vez más recurrente para los bancos.


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