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Las inmobiliarias auguran confusión y conflictos por el nuevo certificado energético

     «Cuando decimos a quien quiere alquilar su piso que tiene que hacerlo, piensa que queremos ‘colársela’», aseguran los agentes
     11.06.13 – Jesús González | Avilés. En lavozdeaviles.es elcomercio.es
     Los expertos estiman que contar con una u otra letra apenas afectará en la venta
     En principio, el documento podría eludirse «en acuerdos entre particulares»
     La reciente entrada en vigor de la obligatoriedad de contar con un certificado de calificación energética para vender o alquilar un inmueble ha sembrado ya de dudas a las inmobiliarias de la ciudad, en donde auguran no pocos conflictos a medida que vaya avanzando la aplicación de una normativa que es de obligado cumplimiento desde el pasado día 1 de junio.
     «Hay mucha confusión. La gente todavía no está enterada de cómo funciona o para qué lo necesitan, y cuando les informamos de que tienen que hacerlo, se piensan que estamos intentando ‘colarles’ un gasto más», explica el agente Víctor Antuña, de la inmobiliaria del mismo nombre.
     Básicamente, el certificado de calificación energética es un documento que otorga una letra a la vivienda que se pretende vender o alquilar -de la A a la G-, de acuerdo con su consumo energético. El sistema es similar al empleado para calificar a los electrodomésticos de línea blanca -como lavadoras, frigoríficos o lavavajillas-, y como en el caso de estos productos, es obligatorio que el anuncio que del inmueble se haga en el escaparate de una agencia, a través de internet o de cualquier publicación, incluya la letra asignada a la vivienda.
     El problema, según explican los profesionales del sector consultados por este diario, radica en el hecho de que la obligación de tener el certificado cuenta desde el mismo momento en que se anuncia la venta o alquiler del piso. «La gran mayoría de la gente pasa de todo, y espera en todo caso a tener vendido o alquilada la vivienda» para solicitar que se les realice el certificado, apunta José Luis Arango, de la inmobiliaria Arango. Además, añade, cabría la posibilidad de que en el momento de escriturar el piso ante notario, el comprador exima al vendedor de la obligación de contar con el certificado, lo que lo haría definitivamente innecesario.  «Pero eso es algo que no está del todo claro», apunta Víctor Antuña al respecto.
     Lo que sí está claro es que el Gobierno central ya ha publicado la serie de sanciones vinculadas a la obligación de contar con el certificado. Lo que pasa es que «se supone que todavía hay cierta manga ancha, hasta que empiecen a poner multas», indica otro profesional del sector.
     Sanciones
     Ese régimen de sanciones prevé que, independientemente de que se cuente con el certificado, el propietario de una vivienda puede ser multado con entre 300 y 600 euros solo por anunciar la venta o alquiler de su piso sin mencionar la letra que se le ha asignado en el certificado. «La cuestión es: ¿qué es en concreto anunciar el piso?», se pregunta Arango acerca de la posibilidad de eludir ese tipo de sanción si la venta o el contrato de alquiler se producen, por ejemplo, tras un proceso de ‘boca a oreja’.
     Pero las posibles multas no se quedan ahí. Si el propietario no entrega el certificado al comprador o al inquilino en el momento de formalizar el contrato, la multa podrá ser de entre 600 y 1.000 euros. Esas mismas cantidades podrían ser aplicadas si el certificado no está convenientemente registrado ante las autoridades autonómicas. A partir de ahí, el importe de las multas se puede disparar hasta los 6.000 euros si se carece del certificado en el momento de firmar el contrato, o incluso cifras superiores si «el beneficio que el infractor haya obtenido supere el importe de las sanciones».
     Así pues, ante la posibilidad de que el dinero ganado por la venta del inmueble se vaya en pagar multas, los profesionales del sector inmobiliarios consideran que lo procedente es evitarse problemas «por unos 200 a 250 euros, que además te sirven para los diez próximos años».
     En cualquier caso, hay circunstancias que hacen pensar en posibles vías para eludir esas sanciones. «Parece que no hay problema si se arregla todo entre particulares», apunta Antuña acerca de la posibilidad de que, ante notario, el comprador exima al vendedor de la obligación de contar con el certificado energético, «o de no deber cuotas de la comunidad», por ejemplo. En esos casos, el problema podría surgir en el momento en que se suscriba una hipoteca para la compra del piso «porque el banco sí que podría exigir que se presente el certificado», añade Antuña.
     Plazas de garaje
     Todo apunta, por tanto, a que será preferible contar con el certificado si se quiere vender o alquilar el piso -en principio los garajes están exentos-, y ello pese a que aún no se espera que empiecen a llegar las multas. «En primer lugar, porque las administraciones públicas no cuentan con certificaciones para todos sus edificios», explican en las inmobiliarias avilesinas al respecto.
     Pero, realmente, ¿sirve para algo el certificado? Los profesionales consultados por este diario consideran que para bien poco. «La venta no va a influir mucho de que un piso tenga la letra C o la G. Si estas buscando una vivienda en una zona céntrica, la calificación energética no te va a condicionar la decisión final», indica Antuña. Por su parte, Arango apunta a que «la letra no te va a decir gran cosa: si un piso tiene ventanas viejas, tenga o no una letra G, al comprarlo ya sabes que vas a tener que cambiarlas».
     Además, en las inmobiliarias consultadas estiman que no hay una idea muy clara aún de qué es lo que hace que un edificio tenga mejor o peor calificación energética. «Un edificio nuevo, con buenos materiales, con buen aislamiento y buenos cierres, puede perfectamente tener una certificación D o una E -como un edificio más antiguo-, porque tenga calefacción central de gasóleo, por ejemplo», explican en una de las agencias avilesinas.
     Los más eficientes
     En realidad, prácticamente ningún inmueble avilesino alcanzará la calificación más alta. «Para llegar a ello tiene que tratarse de construcciones muy concretas y hechas con ese objetivo, no vale con tener paneles solares en el tejado», explica Arango. Eso propiciará que la certificación a la hora de vender el piso apenas tendrá efecto más allá de supone «un gasto más para el propietario».
     Un gasto que, en todo caso, no se tendrá que repetir hasta una década después de haberse expedido -esa es la validez del certificado-, a no ser que el propietario «haya introducido mejoras en el inmueble» y quiera contar con una puntuación más alta en la calificación de eficiencia energética. Si ha cambiado los viejos ventanales por otros con aislamiento térmico o acústico, tal vez pueda interesarle que eso se rentabilice en forma de una letra mejor en el certificado. No obstante, los profesionales coinciden en que lo que revalorizará su piso será contar con nuevos ventanales y cierres, diga lo que diga la letra en cuestión de un documento que, por otro lado, ya se usa en buena parte de Europa.

 


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