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Los presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia quieren que sea más difícil recurrir

Xavier Gil Pecharromán 11/11/2009 El Economista

El informe de los presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia (TSJ) de las diecisiete autonomías propone en el ámbito Penal una reflexión sobre el mantenimiento de las faltas (multas y trabajos en favor de la comunidad, ya que las primeras son poco eficaces -salvo en tráfico de vehículos- y las segundas son difíciles de comprobar). Por ello, plantean derivar algunas faltas al ámbito administrativo y el resto a otra clase de órganos judiciales.
También reclama que se limiten o suprima el recurso sobre las sentencias absolutorias menos graves y, cuando éstas se dicten in voce, que sólo se haga un resumen.
Como en el sistema francés, los magistrados son partidarios de que se reduzcan las exigencias de motivación hasta la finalización del plazo para interponer recurso. Así, el pronunciamiento del juez de Instrucción (en juicios de faltas) o del juez de lo Penal sería inmediato tras la conclusión del juicio. Además, al diferirse la redacción de la resolución, se reducirían las exigencias de motivación si no se recurre, quedando sólo para los casos controvertidos.
Instrucción Penal
Descarta que la panacea de la instrucción sea que la realicen los fiscales, sino que consideran fundamental para ahorrar tiempo practicar sólo las diligencias imprescindibles y no todas como ocurre ahora.
Apuesta por incluir plazos de investigación o crear juzgados especializados en determinados delitos, así como un nuevo plazo para que el apelado pueda adherirse al recurso y pedir en apelación la agravación de la posición del primer apelante.
Se trata de evitar actitudes obstruccionistas para lo que solicitan mecanismos que reduzcan el acceso al recurso. Desde las resoluciones que acuerdan la incoación del procedimiento, hasta las que se pronuncien sobre la práctica o denegación de diligencias de instrucción, abogan porque deberían quedar excluidas de recurso (al menos de apelación) autónomo.
Sólo una vez concluida la instrucción, la resolución de continuación de las actuaciones o de sobreseimiento debería ser susceptible de ser revisada por el tribunal de apelación.
Se solicita que exista la posibilidad de formular un recurso de apelación al final de la instrucción concentrando todas las objeciones procesales suscitadas durante la tramitación o, bien, que cuando exista posibilidad de apelar en esta fase, no se admita el recurso de reforma.
Para la fase intermedia, estiman los presidentes de los TSJ que para evitar imputaciones sorpresivas o la apertura injusta del juicio oral cuando no hay base suficiente, sería más útil que la impugnación del auto de transformación del procedimiento, establecer un traslado a la defensa de los escritos de acusación, antes de dictar el auto de apertura del juicio oral, y posibilitar la apelación.
Jurisdicción Civil
Se apuesta por la desaparición o la revisión del límite cuantitativo del juicio monitorio y que su tramitación la realicen los notarios. Reclaman, que debería ponerse al alcance de este colectivo los registros públicos de averiguación de domicilio. También, apuntan por proceder a ejecutar el embargo, si el demandado no paga o se opone en un plazo determinado sin necesidad de juicio.
Las modificaciones planteadas para la segunda instancia se centran en impedir el recurso de apelación en procedimientos que no produzcan efectos de cosa juzgada material; ni en las sentencias dictadas en juicio verbal por cantidades inferiores a 1.500 euros; y que los recursos contra las calificaciones registrales se tramiten en una única instancia por órganos superiores.
Sobre la desjudicialización de la jurisdicción voluntaria se solicita para los notarios los deslindes, amojonamientos y abintestatos, mientras que para los registradores solicitan los expedientes de dominio y liberación de cargas, sin intervención judicial.
El recurso de casación se pide limitarlo a su interés casacional o, para asuntos no familiares, un mínimo de 300.000 euros y el juicio verbal que se eleve a 6.000 euros. Finalmente, se pierde que se responsabilice al ciudadano de informar al juzgado de los cambios de domicilio.
También, en los casos de divorcio, separación, sucesiones, consumidores, tráfico y relaciones de vecindad deberían pasar antes por la mediación. También en los procedimientos por contratos de obra, vicios de construcción se debería recurrir al arbitraje.
Jurisdicción Social
En este campo del Derecho se solicita la potenciación del arbitraje administrativo de convenios e individual. Así mismo, se solicita la reforma de la regla de justicia gratuita.
Se arguye la necesidad de poner en marcha un tipo de juicio monitorio laboral, con posibilidad de intervención del Fondo de Garantía Salarial, lo que descargaría las agendas de señalamientos de los jueces.
Y como en las anteriores jurisdicciones se propone la limitación al recurso de suplicación elevando la cuantía a 3.000 euros y en los honorarios de los letrados de las partes recurridas, las sanciones pecuniaria y la cuantía de los depósitos para recurrir se eleven en un 100 por ciento.
Con respecto a las limitaciones sobre las resoluciones susceptibles de recurso, se pide que se impida a los procesos de impugnación de altas médicas y en las sentencias en las que se discuta el grado de incapacidad permanente del trabajador.
Se apunta, el acceso al recurso de suplicación quede ligado al concepto de interés casacional o existencia de resoluciones contradictorias en el ámbito de los TSJ.
Contencioso-Administrativo
El informe reclama que no se pueda recurrir si no hay posibilidades manifiestas de prosperar; que se incluya una previsión en los Actos Masa similar a la de la Ley de Procedimiento Laboral; y que se amplíe el ámbito del procedimiento abreviado.
En el capítulo de las sanciones se aboga por un régimen de costas agravado para quien con escasa responsabilidad propicie el proceso y lo pierda. También se propone la imposición de costas en función del acto impugnado.
«Así, los actos expresos de la Administración podrían seguir el criterio actual, mientras que los presuntos conllevarían la imposición automática de Costas a la Administración si se obtiene sentencia estimatoria, señala el informe.
Se propone elevar la cuantía para recurrir hasta los 30.000 euros y limitar los autos dictados en ejecución de sentencias. Concluye el informe reclamando la creación de Tribunales Económico Administrativos de ámbito municipal.


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