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Medidas que pretenden modificar la refinanciación de las empresas en dificultades

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Medidas que pretenden modificar la refinanciación de las empresas en dificultades

1. Ley Hipotecaria
a. Se modifica el artículo 153 bis de la Ley Hipotecaria:
“También podrá constituirse hipoteca de máximo en garantía de una o diversas obligaciones, de cualquier clase, presentes y/o futuras, sin necesidad de pacto novatorio de las mismas, a favor de las entidades financieras a las que se refiere el artículo 2 de la Ley 2/1981, de 25 de marzo, de regulación del mercado hipotecario y también de las administraciones públicas titulares de créditos tributarios o de la Seguridad Social.

Será suficiente que se especifiquen en la escritura de constitución de la hipoteca y se hagan constar en la inscripción de la misma: su denominación y, si fuera preciso, la descripción general de los actos jurídicos básicos de los que deriven o puedan derivar en el futuro las obligaciones garantizadas; la cantidad máxima de que responde la finca; el plazo de duración de la hipoteca, y la forma de cálculo del saldo final líquido garantizado, sin necesidad de distribución de la hipoteca entre las diversas obligaciones, las cuales podrán ser cedidas total o parcialmente.

Podrá pactarse en el título que la cantidad exigible en caso de ejecución sea la resultante de la liquidación efectuada por la entidad financiera acreedora en la forma convenida por las partes en la escritura.

Al vencimiento pactado por los otorgantes, o al de cualquiera de sus prórrogas, la acción hipotecaria podrá ser ejercitada de conformidad con lo previsto en los artículos 129 y 153 de esta Ley y concordantes de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

En caso de ejecutarse parcialmente la hipoteca para el pago de alguna de las obligaciones garantizadas, si hubiera habido distribución de responsabilidad hipotecaria entre los créditos garantizados, los no ejecutados se considerarán preferentes, y no se cancelarán, subrogándose en ellos, hasta el importe que les fue asignado en la distribución, el adquirente de la finca en subasta. Si no hubiera habido distribución de responsabilidad hipotecaria y para el pago de alguna de las obligaciones fuera necesario enajenar el bien hipotecado, se verificará la venta y se transferirá la finca al rematante con subsistencia de la hipoteca, previa reducción de los máximos por principal, intereses de demora y costas en las cantidades correspondientes al crédito impagado. Las indicadas reducciones se harán constar por nota marginal”.
b. Se añade un párrafo segundo al artículo 61 de la Ley Hipotecaria:
“Podrá prescindirse del consentimiento prevenido en el apartado anterior si presenta el propietario un informe elaborado por un experto independiente designado por el registrador de la propiedad donde radique la finca ””entre los previamente habilitados por el Ministerio de Urbanismo y Vivienda o, en su caso, la autoridad autonómica competente”” en que se valore el inmueble antes de empezar las obras y el objeto de la refacción. Los titulares de cargas o derechos inscritos sobre la finca, si no estuviesen conformes con el valor que le atribuye la tasación presentada, podrán recurrirla ante el Ministerio de Urbanismo y Vivienda (o autoridad autonómica competente) cuya resolución pondrá término a la vía administrativa”.
c. Se modifica el artículo 92 de la Ley Hipotecaria:
“La anotación a favor del acreedor refaccionario caducará a los cuatro años de concluida la obra objeto de refacción”.
2. Ley de Enjuiciamiento Civil
a. Se agrega un nuevo párrafo a la regla segunda del artículo 695.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil: “Tratándose de la ejecución de hipotecas constituidas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 153 bis de la Ley Hipotecaria, en garantía de una pluralidad de obligaciones, cabe que el ejecutado funde su oposición en error en la selección o en la determinación, entre las obligaciones genéricamente aseguradas, de las finalmente incorporadas a la hipoteca”.
b. Se modifica el artículo 592.3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil:
“Deberá decretarse el embargo de empresas cuando atendidas las circunstancias del caso y especialmente su posible viabilidad, resulte preferible al embargo de sus distintos elementos patrimoniales”.

3. Ley Concursal
a. Se modifica el párrafo 3 del artículo 71 que versa sobre las acciones de reintegración de la Ley Concursal:
“Salvo prueba en contrario, el perjuicio patrimonial se presume cuando se trate de los siguientes actos:

1. Los dispositivos a título oneroso realizados a favor de alguna de las personas especialmente relacionadas con el concursado.
2. La constitución de garantías reales a favor de obligaciones preexistentes o de las nuevas contraídas en sustitución de aquéllas. No estará comprendida en la presunción la constitución de garantías reales que aseguren obligaciones preexistentes, u otras nuevas contraídas en sustitución de aquellas, cuando las antiguas estén vencidas, se prorrogue el plazo para exigirlas en más de 3 años y se amplíe el crédito al deudor en más de un veinte por ciento. Tampoco lo estará la ampliación de las garantías cuando se haya incrementado el crédito asegurado en la misma proporción”.
b. Se modifica el apartado primero 5 d) del artículo 105 sobre prohibiciones:
1. No podrá presentar propuesta anticipada de convenio el concursado que se hallare en alguno de los siguientes casos: 5. Haber realizado dentro de los tres años anteriores a la fecha de solicitud del concurso alguno de los siguientes actos: d) Constitución o ampliación de garantías reales para el aseguramiento de obligaciones preexistentes. Se exceptúan los supuestos prevenidos en los párrafos segundo y tercero del artículo 71. 3 de esta ley”.
c. Se añade un apartado sexto al artículo 100 de la Ley Consursal:
“Los créditos que se concedan al concursado para financiar un plan de reflotación y los constituidos con posterioridad, si finalmente la reflotación fracasa o la empresa entra en liquidación, gozaran de prelación, frente a los reconocidos en la lista de acreedores, sobre el valor del activo empresarial, deducido el importe de los bienes y derechos que integraban la masa activa en el momento en que el avalúo se produjo. La formalización del convenio y el importe de la masa activa, así como la lista de acreedores reconocidos y el alcance de su preferencia se harán constar en el registro mercantil mediante resolución del Juez competente.

Excepcionalmente cuando se trate de empresas cuya actividad pueda tener especial importancia para la economía nacional, previo informe de la Administración económica competente confeccionado en la forma y siguiendo los criterios que reglamentariamente se fijen, podrá el Juez del concurso, incluso contra el parecer mayoritario de los acreedores, oídos los representantes de los trabajadores, aceptar el avalúo y sancionar el plan de viabilidad presentado por el deudor con el contenido y efectos prevenidos en el párrafo anterior”.
d. Se añade una disposición adicional cuarta a la Ley Concursal:
“Los créditos que se concedan a una empresa para su reflotación, y los constituidos con posterioridad, si finalmente el rescate fracasa o se produce la liquidación, gozarán de prelación frente a los créditos anteriores sobre el valor del activo empresarial, deducido el importe del existente en el momento que la reflotación se produjo. Para ello será necesario que así lo solicite la empresa y, si no hay acuerdo con los acreedores, que el avalúo de los activos y la necesidad de reflotación sean confirmadas por resolución de las autoridades económicas correspondientes. Las líneas generales del plan de viabilidad, el convenio en su caso, el avalúo previo, la resolución administrativa, de existir, así como la identidad de los acreedores antiguos y el alcance de su preferencia se harán constar mediante el oportuno asiento en el Registro mercantil.

Excepcionalmente cuando se trate de empresas cuya actividad pueda tener especial importancia para la economía nacional, siempre que así lo solicite la representación mayoritaria de los trabajadores, podrá el Ministerio de Industria y Energía (o en su caso la autoridad autonómica competente) en la forma y siguiendo los criterios que reglamentariamente se determinen, practicar el avalúo, autorizar la reflotación y proceder por sí mismo o mediante tercero a financiarla, siempre en los términos y con el alcance y efectos prevenidos en el párrafo anterior.
4. Ley de Hipoteca Mobiliaria y Prenda sin Desplazamiento de Posesión
a. Se modifica el párrafo tercero del artículo 54 de la Ley de Hipoteca Mobiliaria y Prenda sin Desplazamiento de Posesión:
“Los derechos de crédito, incluso los créditos futuros, siempre que no estén representados por valores y no tengan la consideración de instrumentos financieros a los efectos de lo previsto en el Real Decreto-ley 5/2005, de 11 de marzo, de reformas urgentes para el impulso a la productividad y para la mejora de la contratación pública, podrán igualmente sujetarse a prenda sin desplazamiento. Para su eficaz constitución deberán inscribirse en el Registro de Bienes Muebles, en cuyo caso prevalecerán sobre cualquier otra prenda, con o sin desplazamiento de posesión, impuestas sobre los mismos créditos salvo que hayan sido inscritas en el citado Registro con anterioridad”.
5. Ley de subrogación y modificación de préstamos hipotecarios
a. Se añade un párrafo al artículo 2 de la Ley de subrogación y modificación de préstamos hipotecarios:
“El Instituto de Crédito Oficial y las Administraciones Públicas podrán ser subrogados en los créditos y préstamos hipotecarios a petición del deudor o de la entidad acreedora.
Para determinar el importe bastará la presentación del último recibo expedido por la entidad acreedora o en su defecto certificación a que se refieren los párrafos anteriores
Será título bastante para hacer constar la subrogación la certificación de la resolución recaída en el expediente en la que se acuerde el pago y la subrogación a la que se acompañará el resguardo de la operación bancaria realizada con finalidad solutoria”.


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