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El Ministerio de Cultura y Deporte anuncia un acuerdo con Correos y libreros para abaratar los envíos de libros

20 de noviembre, 2020

El Ministerio de Cultura y Deporte anuncia un acuerdo con Correos y libreros para abaratar los envíos de libros

Viernes 13 de noviembre de 2020

El ministro de Cultura y Deporte, José Manuel Rodríguez Uribes, ha anunciado que su departamento, a través de la Dirección General del Libro y Fomento de la Lectura, ultima un acuerdo a tres bandas con Correos, con los libreros y con sus representantes -la Confederación Española de Gremios y Asociaciones de Libreros (CEGAL)- para impulsar el comercio electrónico de libros y abaratar gastos de envío.

Rodríguez Uribes ha afirmado que este acuerdo tiene tres objetivos: «Uno, intentar abaratar costes a los libreros en los envíos y también a los ciudadanos. Dos, favorecer el acceso universal a la cultura y a la lectura, y estoy pensando en personas mayores que están en casa, enfermos y también en la España rural. Y, por último, fomentar la lectura, que es lo que nos hace libres».

Para ello, según ha explicado el ministro, es necesario «dar un apoyo específico a la digitalización de las librerías y a la formación de los libreros en el ámbito digital para, en definitiva, mantener las estructuras y el tejido de unos negocios muchas veces muy pequeños, pero que vertebran el barrio, la ciudad y hacen cohesión social y territorial».

Digitalización

El ministro hojea un libroRodríguez Uribes considera que se trata de «favorecer mecanismos de logística de envíos con el fin de garantizar la seguridad y la eficacia, y permitir que los libreros tengan una opción segura y más barata para hacer llegar sus libros pero no solo en este contexto de pandemia, también para el futuro». Según el ministro, la digitalización «ha venido para quedarse y tenemos que sentar las bases» en el marco del Plan de Recuperación. «Creo que el ámbito de los libros es ideal para potenciar la digitalización», ha matizado.

El ministro ha hecho este anuncio en la Librería Marcial Pons, donde ha comenzado un recorrido por establecimientos independientes de Madrid para celebrar el Día de las Librerías 2020, junto a la directora general del Libro y Fomento de la Lectura, María José Gálvez, y representantes de CEGAL. A esta conmemoración se ha sumado el Ministerio de Cultura y Deporte con el reparto de 8.000 mascarillas en bibliotecas públicas y librerías.

Aumento presupuestario

En declaraciones a los medios, el ministro de Cultura y Deporte ha subrayado que «el compromiso del Gobierno de España con el libro es claro, es fuerte, y queríamos estar personalmente para que lo sintieran y lo comprobaran». En ese sentido, ha hecho referencia al proyecto de Presupuestos Generales del Estados 2021, que «incluyen una subida de unos 8 millones de euros para toda la cadena del libro y hemos subido el presupuesto a la Dirección General del Libro en 7 millones, hasta casi alcanzar los 23 millones de euros». A dichas partidas suma las ya aprobadas en el Decreto de 5 de mayo pensando en las librerías independientes, generalistas y especializadas, refiriéndose, en concreto, a las ayudas extraordinarias de 4 millones de euros». Además, destacó el Programa Afinidades Electivas, entre otras para promover la lectura.

Industria cultural

«La cultura y los libros son un pilar fundamental de las sociedades humanas, no podríamos vivir sin ellos. Hemos comprobado en el confinamiento, con las restricciones de movilidad, que acudir a un buen libro es una forma de disfrutar y compensar las penas de estos momentos difíciles por los que estamos pasando», ha reflexionado el ministro. Ha remarcado que «son valores cualitativos, pero también cuantitativos, pues hablamos de industrias culturales». Y ha recordado que «con un idioma como el nuestro, el español hacia afuera tiene un potencial enorme, y tenemos un horizonte próximo, que es la Feria de Frankfurt, donde somos país invitado y queremos potenciar al máximo el sector del libro».

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El juez rechaza la petición de sobreseimiento y continúa el procedimiento contra los dos investigados por el uso de tarjetas bancarias de la Faffe en locales de alterne

20 de noviembre, 2020

Viernes, 13 de noviembre de 2020

El juez rechaza la petición de sobreseimiento y continúa el procedimiento contra los dos investigados por el uso de tarjetas bancarias de la Faffe en locales de alterne

Acuerda la práctica de parte de las diligencias planteadas por Fiscalía y defensas y deniega la petición del PP-A para que testificara un ex consejero de Empleo de la Junta

Autor: Comunicación Poder Judicial

El juez de refuerzo del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla ha dictado un auto en el que acuerda continuar el procedimiento y desestimar la solicitud de sobreseimiento provisional de las actuaciones planteada por las defensas de las dos personas investigadas por la presunta utilización de varias tarjetas bancarias de la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe) para el pago de los servicios en distintos locales de alterne de la región andaluza, como son el que fuera director técnico de la Faffe Fernando José V.R. y la directora económica financiera de la citada fundación en el periodo comprendido entre los años 2004 y 2011, Ana V.R..

El magistrado ha dictado este auto tras la comparecencia prevista en la Ley Orgánica del Tribunal del Jurado (LOTJ) que se celebró el pasado día 30 de septiembre, en la que tanto la Fiscalía Anticorrupción como las acusaciones personadas solicitaron la continuación del procedimiento y la práctica de determinadas diligencias, mientras que las defensas de los investigados interesaron el sobreseimiento de las actuaciones y, de manera subsidiaria, la práctica de diligencias de instrucción jurisdiccional.

En el referido auto, fechado el día 12 de noviembre y notificado hoy viernes a las partes, el juez pone de manifiesto que, de las diligencias hasta ahora practicadas, “se infiere la posible perpetración de delitos continuados de malversación y de falsedad documental, con independencia de la calificación jurídica definitiva que se determine y de la posible concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal”, por parte de ambos investigados, delitos cuyo enjuiciamiento viene atribuido al Tribunal del Jurado.

En este sentido, el instructor subraya que, según se infiere de las diligencias practicadas hasta el momento, el investigado Fernando José V.R., “prevaliéndose de su cargo como director técnico” de la Faffe, “habría venido llevando a cabo, de manera continuada, una disposición ilícita de los fondos de dicha entidad pública, desviándolos de su propia finalidad -que no es otra que el fomento y financiación de actividades relacionadas con la formación de desempleados-, utilizándolos para abonar los servicios recibidos en distintos locales de alterne de Sevilla y otras provincias andaluzas que frecuentaba, utilizando para ello las tarjetas bancarias de las que disponía (en total, tres tarjetas de las seis de que disponía como director) contra las cuentas de la referida fundación”.

El juez señala que, en total, este investigado “habría gastado mediante el uso de las tarjetas bancarias de la Faffe un total de 32.566 euros en locales de prostitución, gastos abonados con cargo a los fondos de la Faffe”, añadiendo que, “con el fin de ocultar la ilícita disposición de fondos públicos realizada”, el investigado, “en connivencia” con la directora económica financiera de la Faffe entre 2004 y 2011, “idearon un sistema por el que se simulaban los reintegros de los referidos cargos realizados por el investigado”, de forma que, “en los Libros Diarios de la Faffe, constan asientos devolución de las citadas cantidades que no se corresponden con la realidad”.

Según expone, “de las diligencias hasta la fecha practicadas, y sin perjuicio del resultado de las acordadas en el marco del presente procedimiento ante el Tribunal del Jurado, es posible deducir” que la investigada “habría podido realizar u omitir actos tendentes, bien a cooperar, bien a encubrir la disposición ilícita de fondos públicos que habría efectuado” Fernando José V.R., “pudiendo así haber participado en la elaboración, utilización o manipulación de documentación mercantil o contable, con la finalidad de simular la devolución de los fondos ilícitamente empleados, así como permitir la utilización del propio dinero de la Faffe para que” el investigado “llevase a cabo el -en tal caso, supuesto- reintegro de aquéllos fondos”.

La testifical del ex consejero “no resulta idónea ni necesaria”

“La recurrente, en calidad de directora económica financiera de la Faffe, habría ostentado la máxima responsabilidad en la gestión, reposición, funcionamiento y control de los fondos y las cajas de la Fundación, en particular, de la Caja Central de la propia Dirección General, a través de la cual se habría articulado fundamentalmente la mecánica delictiva denunciada”, asevera el juez, que, por todo ello, rechaza el sobreseimiento de las actuaciones solicitado por ambos investigados y acuerda la continuación de las mismas -al estimar “suficientemente fundada la imputación formulada por el Ministerio Fiscal y las acusaciones personadas”- con la práctica de las diligencias correspondientes.

Así, y respecto de las diligencias interesadas por la Fiscalía y las defensas personadas, el juez acuerda la práctica de parte de las diligencias solicitadas al considerar que son “pertinentes” a los fines de la presente instrucción jurisdiccional, es decir, a los fines de decidir sobre la posible apertura de juicio oral.

En concreto, acuerda librar oficio a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil -Grupo de Delincuencia Económica- para que practique una serie de diligencias tendentes al total esclarecimiento de los hechos investigados, mientras que también libra oficio a la Junta de Andalucía a fin de que proceda a la transcripción de las declaraciones practicadas hasta la fecha en la causa y acuerda la declaración testifical de un auditor de cuentas para el próximo día 16 de diciembre.

Por el contrario, deniega la diligencia solicitada por la acusación popular ejercida por el PP-A consistente en la declaración como testigo del ex consejero de Empleo de la Junta de Andalucía Antonio Fernández, al considerar que “resulta improcedente en esta fase del proceso teniendo en cuenta que, en todo caso, dicha diligencia no resulta idónea ni necesaria a los fines de decidir sobre la apertura de juicio oral”.

Al hilo de ello, el instructor manifiesta que el hecho de que el ex consejero cesara en su cargo el día 22 de marzo de 2010, fecha (entre los días 22 y 23 de marzo de 2010) en la que el investigado habría realizado disposiciones (14.737 euros) en un local de alterne con cargo a su tarjeta de la Faffe, “no permite deducir -por contra de lo que sostiene la acusación popular- que el ex consejero de Empleo acompañase” al que fuera director técnico de la Fundación en el momento de realizar aquellas disposiciones. “Por más que se afirme ‘previsible y verosímil’, esa circunstancia no deja de constituir una mera conjetura carente de evidencias en que sustentarse”, apostilla el instructor.

“Es más, aún cuando hubiese constancia -que no la hay en modo alguno-“ de que el ex consejero “u otra persona acompañasen” al investigado aquel día, “su declaración resultaría innecesaria, teniendo en cuenta que el investigado ha reconocido la realidad de los cargos y disposiciones realizadas con las tarjetas bancarias asociadas a las cuentas de la Faffe y lo irregular de dicho proceder”, afirma el juez, que concluye diciendo que, “en consecuencia, ningún dato de relevancia podría aportar dicho hipotético testigo para los fines de la presente instrucción jurisdiccional, dirigida exclusivamente a determinar la existencia de indicios de criminalidad en relación a la presunta perpetración” por parte de los dos investigados de delitos continuados de malversación y falsedad documental.

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Santander. Puerto deportivo

19 de noviembre, 2020
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Estadística Registral Inmobiliaria 3T 2020

19 de noviembre, 2020

Estadística Registral Inmobiliaria 3T 2020

16/11/2020 | Notas de Prensa

Los Registradores de la Propiedad confirman el primer impacto en las nuevas tendencias en la adquisición de viviendas por la influencia del COVID-19

El primer estudio de estas características analiza la proporción de pisos y viviendas unifamiliares, la superficie media de las nuevas compraventas, y la proporción de compraventas de vivienda en capitales frente al total de su respectiva provincia

Las compraventas de vivienda inscritas descendieron durante el tercer trimestre el 16,6% sobre el mismo trimestre del año anterior

16.11’20.- El Colegio de Registradores ha elaborado, dentro de su Estadística Registral Inmobiliaria, los primeros estudios sobre el cambio producido en la sociedad española en la compra de vivienda, tras el confinamiento y la pandemia COVID-19. En su informe del tercer trimestre del año, dan a conocer el nuevo comportamiento en la demanda que refleja y confirma las nuevas tendencias de los españoles en la compra de viviendas. Para ello se analiza la proporción de pisos y viviendas unifamiliares, la superficie media de las nuevas compraventas, y la proporción de compraventas de vivienda en capitales frente al total de su respectiva provincia.

Las compraventas de vivienda durante el tercer trimestre se han desagregado en un 79,6% de vivienda colectiva (pisos) y un 20,4% de vivienda unifamiliar. Con respecto al trimestre precedente se ha registrado un incremento en el peso de compraventas de vivienda unifamiliar de 1,94 pp, con el correspondiente descenso en el peso de pisos. Estos resultados suponen que el peso de la vivienda unifamiliar haya registrado el máximo de la serie histórica y el peso de vivienda colectiva su mínimo histórico. En consecuencia, la evolución de resultados muestra una intensificación de la preferencia por la modalidad de vivienda unifamiliar, normalmente con mayor superficie media y espacios abiertos (terrazas y jardines).

En la tabla siguiente se muestra cómo los unifamiliares, con el 20,4% de las compraventas de vivienda antes indicado, muestran un incremento significativo sobre los datos acumulados de los últimos doce meses, que eran del 19,0% para dichas operaciones.

En el análisis de la superficie media de vivienda, ésta se ha incrementado nuevamente (0,8%), registrando su máximo de la serie histórica con 101,7 m2 para el conjunto de vivienda. En vivienda nueva libre la superficie media transferida se ha elevado a los 110,2 m2, próximo al máximo histórico del segundo trimestre (110,4 m2). Por su parte, la vivienda usada alcanzó una superficie media de 100,25 m2, que también supone su mayor registro de la serie histórica. En consecuencia, se está produciendo una generalización del crecimiento de la superficie media transferida, ratificando el cambio de preferencias en el actual contexto de crisis sanitaria, demandando preferentemente viviendas con mayor superficie.

Si observamos el crecimiento trimestral general de la superficie media de la vivienda, el 0,8% en tres meses, se aprecia que duplica en proporción al crecimiento del acumulado de los últimos doce meses, que ha sido del 1,5%.

Atendiendo a la consideración exclusivamente de las compraventas de pisos desagregados según su superficie, se constata nuevamente cómo la demanda se focaliza en mayor medida en los pisos con mayor superficie. De este modo, en el tercer trimestre el 53,3% de las compras de pisos han sido de superficie superior a 80 m2, modalidad que ha registrado un incremento de peso relativo de 0,33 pp con respecto al trimestre precedente y un incremento de 2,9 pp con relación al mismo trimestre de 2019. Los pisos entre 60-80 m2 han supuesto el 27,6% de las compraventas, los de superficie entre 40-60 m2 el 15,8% y los de menos de 40 m2 el 3,4%.

En los últimos doce meses, como se puede ver en la siguiente tabla, las compraventas de pisos de más de 80 m2 han supuesto el 51,7%, claramente por debajo del 53,3% del último trimestre, mostrando significativamente la tendencia hacia los pisos de mayor superficie.

Por último, se incluye un nuevo informe en la Estadística Registral Inmobiliaria para medir el peso de las compraventas de vivienda en las capitales de provincia con respecto al total de la provincia correspondiente. La evolución histórica de las ocho mayores capitales de provincia por número de habitantes constata un predominio de la reducción de peso relativo en compraventas de vivienda en dichas capitales con respecto al total de la provincia. Tomando, por ejemplo, las cuatro grandes capitales de provincia, Madrid ha registrado en el último trimestre un peso del 47,3%, siendo que a mediados de 2015 suponía el 57,7% de las compraventas de la provincia. En Barcelona el peso es del 23,8% y a mediados de 2014 representaba el 36,1% de las compraventas de la provincia. Valencia mostró un peso del 28,05% y a finales de 2016 estaba en el 37,3%. Por último, Sevilla registra el 36,8% de las compraventas de vivienda de la provincia, mientras que a finales de 2016 superaba el 50%.

Los datos anteriores apuntan a una cierta inercia hacia la búsqueda de vivienda en núcleos poblacionales con menor densidad, pero deberán ser confirmados en posteriores trimestres dado que son modificaciones en la forma de vida que normalmente requieren un periodo de tiempo más o menos amplio, por ser decisiones familiares y personales relevantes, y por tanto no suelen provocar reacciones inmediatas.

Las compraventas de viviendas inscritas descendieron durante el tercer trimestre el 16,6% sobre el mismo trimestre del año anterior

Debido a la situación económica y sanitaria vivida durante este año, el Colegio de Registradores incluye en esta nota del tercer trimestre un resumen del mismo recopilando los datos de compraventas e hipotecas, totales y de viviendas, ya publicados en los meses anteriores, con objeto de evaluar la evolución global del trimestre, afectado todavía por el estado de alarma. El Registro de la Propiedad refleja fielmente la evolución de la actividad inmobiliaria española, sector de enorme importancia para nuestra economía, mostrando las compraventas inscritas y también su financiación, a través de las hipotecas constituidas mediante su inscripción registral, siendo, por tanto, un indicador muy significativo para determinar la evolución económica del país.

En la comparación del tercer trimestre, realizada con el resumen de los avances de datos publicados mes a mes, sobre los datos del mismo período de 2019, se sigue apreciando el impacto económico de la pandemia, con una evolución algo más positiva en este tercer trimestre, mostrando una disminución del 10,5% en las compraventas totales, y ligeramente superior, del 16,6%, en las compraventas de vivienda, mejores datos que en el segundo trimestre, cuando disminuyó de forma generalizada, el 46,1% y el 42,2% respectivamente.

Si observamos la financiación, el número de hipotecas constituidas mediante su inscripción registral descendió en mucha menor medida que las compraventas, el 2,5% las hipotecas totales y, un descenso algo superior, el 5,1%, en las hipotecas sobre vivienda.

A continuación se presenta, como es habitual, la Estadística Registral Inmobiliaria del Colegio de Registradores correspondiente al tercer trimestre, donde destacamos lo siguiente:

Compraventas inscritas

Entre julio y septiembre se inscribieron en los registros de la propiedad 102.197 compraventas de vivienda, con un incremento del 33,5% sobre el trimestre anterior.

En vivienda nueva se han registrado 22.269 compraventas (un intenso crecimiento del 58,5% sobre el trimestre anterior). La vivienda usada registró 79.548 operaciones, con un incremento trimestral del 27,8%.

Con respecto al mismo trimestre de 2019 el descenso interanual del tercer trimestre ha sido del -16,6%. En los últimos doce meses se han inscrito 423.486 compraventas de vivienda, retrocediendo a niveles anuales de la primera mitad de 2017.

Compras de extranjeros

La compra de vivienda por extranjeros se ha visto favorecida por las mejoras en las condiciones de movilidad del tercer trimestre con respecto al segundo. De este modo, el 11,4% de las compras de vivienda del último trimestre han correspondido a extranjeros, por encima del 10,7% del segundo trimestre. En términos absolutos el crecimiento ha sido mayor, registrándose cerca de 14.000 compras, frente a las menos de 8.000 inscritas durante el segundo trimestre. Las nacionalidades que encabezan las compras han sido británicos (13,0%), franceses (9,0%), belgas (8,3%), alemanes (8,3%) y marroquíes (6,6%).

Los resultados de compras por extranjeros por comunidades autónomas han estado encabezados por Illes Balears (27,1%), Canarias (26,3%), Comunidad Valenciana (24,1%), Región de Murcia (17,5%), Andalucía (12,3%) y Cataluña (12,1).

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Los fondos del plan de recuperación deben movilizarse cuanto antes

19 de noviembre, 2020

Los fondos del plan de recuperación deben movilizarse cuanto antes

Parlamento europeo

Tras lograr un acuerdo sobre el MFP, el presidente de la comisión de Presupuestos, Johan Van Overtveldt, defiende que ya no se admiten más excusas que retrasen el paquete de recuperación.

Entrevista con el presidente de la comisión de Presupuestos, Johan Van Overtveldt.

El presidente de la comisión de Presupuestos, Johan Van Overtveldt, describió el acuerdo alcanzado con el Consejo el 11 de noviembre sobre el presupuesto de la UE a largo plazo, o marco financiero plurianual para 2021-2027 (MFP), como «bastante exitoso y positivo». Sin embargo, el eurodiputado belga del grupo de los Conservadores y Reformistas Europeos (ECR) reconoció en una entrevista en la cuenta de Facebook del Parlamento Europeo, que todavía se tienen que superar algunos obstáculos antes de que los fondos del plan de recuperación empiecen a llegar a los ciudadanos y a las empresas en Europa, y exigió al Consejo y a los países de la UE que finalicen el proceso cuanto antes.

«El Parlamento nunca retrasó la recuperación»
El Parlamento pretende dar su visto bueno final al acuerdo preliminar sobre el próximo MFP en el pleno de finales de noviembre, según indicó Van Overtveldt. El eurodiputado aclaró que el Paralmento nunca pretendió ralentizar el proceso: «En las últimas semanas se ha hablado de que el Parlamento ha sido el responsable de los retrasos. ¡Que paren! Nunca ha sido así y mucho menos ahora».

La Comisión podría comenzar a obtener préstamos en primavera
El presidente de la Comisión de Presupuestos explicó que ahora el Consejo y los Estados miembros deben aprobar el plan de recuperación europeo, para lo que se necesita la unanimidad entre los Veintisiete y la ratificación de la decisión para el préstamo de fondos en los mercados financieros en todos los países de la UE. Van Overtveldt reconoció que, en el mejor de los casos, la Comisión podría comenzar a obtener préstamos a principios de la próxima primavera.

Hungría
El eurodiputado también se refirió a la carta que el primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, ha enviado al presidente del Consejo, Charles Michel. En la misiva amenaza con bloquear el acuerdo sobre el presupuesto de la UE y el fondo de recuperación si se mantiene el condicionamiento de los fondos al respeto del Estado de derecho.

«Sabemos que hay un problema con el señor Orbán y el [texto sobre] el Estado de derecho, pero no se puede dejar al resto de Europa esperando los 750.000 millones tan necesitados para luchar contra la pandemia. En la actualidad hay millones de empleos que dependen de estos fondos y cada día que pasa es terrible para todas las personas que viven con incertidumbre y todas las empresas que están al borde de la quiebra», afirmó.

Un total de 15.000 millones para programas clave
El presidente de la comisión de Presupuestos detalló el aumento del volumen logrado por el Parlamento para programas clave, como los referidos a la salud, la investigación y los jóvenes. La Cámara logró 16.000 millones de euros por encima del paquete acordado por los jefes de Estado y de Gobierno en la cumbre de julio. De esa cantidad, un total de 15.000 millones se dedicarán a reforzar los programas esenciales y los otros 1.000 millones se reservarán para permitir afrontar futuros imprevistos y crisis.

Un papel más importante del PE en el escrutinio del gasto
El acuerdo logrado con el Consejo permite un papel más importante para el Parlamento como parte de la autoridad presupuestaria de la UE que supervisa cómo se gastan los fondos de recuperación. “No es una cuestión de derechos, el Parlamento tiene el deber de supervisar el gasto”, dijo Van Overtveldt .

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Jornada sobre arbitraje y competitividad empresarial

19 de noviembre, 2020

Jornada sobre arbitraje y competitividad empresarial

La digitalización y flexibilización del arbitraje permiten mantener su actividad durante la pandemia

05 de Noviembre 2020

El presidente de la Cámara de Comercio de España, la Secretaria de Estado de Comercio, la presidenta de la Corte Española de Arbitraje y el presidente de CESCE han participado en un evento organizado por la Corte Española de Arbitraje.

Elena Otero-Novas, presidenta de la Corte ha subrayado la importancia de la digitalización del arbitraje para mantener su actividad frente a la paralización de los procesos judiciales.

El presidente de la Cámara de Comercio destacó la importancia del arbitraje como una herramienta para la competitividad empresarial, especialmente durante la pandemia.

La secretaria de Estado de Comercio ha indicado que España tiene la capacidad de convertirse en un centro internacional de arbitraje, especialmente para los países hispanohablantes.

Madrid, 5 de noviembre de 2020. La Corte Española de Arbitraje, institución arbitral independiente encuadrada en la Cámara de Comercio de España y decana en este ámbito en España, ha organizado hoy un evento sobre arbitraje y competitividad empresarial que ha contado con la participación del presidente de la Cámara de Comercio de España, la Secretaria de Estado de Comercio, la presidenta de la Corte Española de Arbitraje y el presidente de CESCE.

Durante el discurso de apertura, el presidente de la Cámara de Comercio Española, José Luis Bonet, ha reseñado que el arbitraje es un “poderoso instrumento para la competitividad empresarial y, por tanto, pieza clave para estimular la generación de riqueza y el bienestar general de la sociedad”. José Luis Bonet también tuvo palabras para la situación actual fruto del Covid-19: “La relevancia del arbitraje es aún mayor, si cabe, en escenarios de crisis económica y empresarial como el provocado por la pandemia COVID-19. En estas circunstancias adversas, el arbitraje, junto con otros medios alternativos de resolución de disputas como la mediación, están llamados a desempeñar un papel protagonista por las significativas ventajas que presentan en términos de tiempo y coste respecto a la litigación ante los tribunales de justicia”.

Por su parte, Fernando Salazar, presidente de CESCE, ha profundizado durante el coloquio en cómo el arbitraje se ha adaptado a la situación generada por el Covid-19, destacando que este método de resolución de conflictos siempre es muy importante, pero más ahora, como una alternativa rápida ante el número creciente de conflictos y cuando la justicia ordinaria está “al borde del colapso”. “Además, cuanto más los usamos, más nos gustan”, añadió desde el punto de vista de usuario de los mismos.

Precisamente en este contexto, el presidente de la Cámara de Comercio quiso alabar la buena labor de la Corte Española de Arbitraje para adaptarse al contexto actual: “Sus órganos de gobierno, liderados por Elena Otero-Novas, como Presidenta, y Adolfo Díaz-Ambrona, como Secretario General, han desplegado en los últimos meses un esfuerzo formidable con el fin de poder ofrecer un servicio en las condiciones de independencia, profesionalidad, transparencia y eficiencia que las empresas demandan y la presente coyuntura exige”.

En este sentido, Elena Otero Novas, presidenta de la Corte Española de Arbitraje, ha destacado la labor de digitalización que han llevado a cabo, especialmente relevante en el contexto actual y de cara al futuro. “Gracias a este esfuerzo, no solo hemos agilizado los arbitrajes que ya estaban en marcha, sino que también hemos podido continuar con la tramitación de todos ellos durante la etapa del confinamiento, frente a la paralización de los procesos judiciales”, ha asegurado. “Aunque el gobierno está abordando que la digitalización de la Administración de Justicia, lo cual es un objetivo imprescindible para el conjunto del país, esta es una labor que difícilmente podrá está culminada de la noche a la mañana, y por eso es fundamental contar, también a corto plazo, con métodos alternativos de resolución de conflictos rápidos y eficientes”, ha añadido.

Más allá de las implicaciones que han tenido para la pandemia, durante su intervención, Elena Otero-Novas también ha detallado las principales novedades introducidas recientemente por la Corte: “Estas novedades responden a un único objetivo: nuestra vocación de servicio a las empresas españolas, a cuya disposición ponemos nuestra experiencia de ya casi cuarenta años; el talento, liderazgo y visión de las personas que integran sus órganos de gobierno; la capacidad de los árbitros encargados de los procedimientos sometidos a la Corte; la profesionalidad de nuestra Secretaría General y nuestra infraestructura, dotada de los medios materiales y tecnológicos más avanzados para la administración de procedimientos arbitrales”.

Tras ella, Fernando Salazar, ha felicitado a la Corte por sus 40 años de experiencia y ha señalado que “nos genera una enorme confianza que el máximo órgano de gobierno de la Corte esté integrado por profesionales de tanto nivel y con perfiles tan diversos. “El sistema de selección de árbitros, en el que las partes pueden elegir de una lista con profesionales altamente cualificados, especializados y con amplia experiencia, es una garantía de calidad y nos transmite una gran confianza a los usuarios del arbitraje”, ha asegurado.

Arbitraje como impulso del crecimiento económico

Durante el discurso de bienvenida, el presidente de la Cámara de Comercio también ha destacado la vinculación existente entre el progreso económico vivido por España en los últimos 40 años con la evolución vivida por los procesos arbitrales. “No es una coincidencia que la espectacular expansión experimentada por el arbitraje en España en los últimos 40 años tenga lugar durante el periodo de progreso económico, social y empresarial más brillante de nuestra historia”, ha subrayado. En esta dirección, también ha querido destacar, como factor de desarrollo del arbitraje en nuestro país en las últimas décadas, la Ley de Arbitraje de 2003, que acabó de situar a la legislación española entre las más avanzadas del mundo en este ámbito.

Elena Otero-Novas, presidenta de la Corte Española de Arbitraje, por su parte, quiso ahondar en esta idea durante el coloquio: “Nuestro país cuenta con una moderna infraestructura judicial de apoyo y control del arbitraje. España es, por tanto, una jurisdicción decididamente pro-arbitraje tanto por sus normas como por sus tribunales de justicia. Buena prueba la ofrece la reciente sentencia del Tribunal Constitucional de 15 de junio de 2020, que ha supuesto un importante espaldarazo al arbitraje en España, reforzando la autonomía privada”. De la misma forma, la presidenta quiso recordar las ventajas que ofrece el arbitraje para las disputas empresariales respecto a los procesos judiciales, haciendo especial hincapié en la especialización y disponibilidad de los árbitros, la celeridad de los procesos, la flexibilidad y confidencialidad del proceso y la reducción en costes que todo ello conlleva.

A estas características, el presidente de CESCE, quiso subrayar de nuevo tres de ellos: “La especialización de los árbitros en el tema que ocupa al conflicto, la celeridad, algo vital para nosotros, y la certidumbre en la sentencia del laudo. Un 99% de los laudos firmados se han confirmado y han sido ejecutivos”.

España puede convertirse en un centro internacional de arbitraje

Durante el discurso de clausura, la secretaria de Estado de Comercio, Xiana Méndez, ha vuelto a poner de manifiesto la importancia del papel del arbitraje y otros métodos de resolución de conflictos, como una alternativa necesaria a la justicia ordinaria. En este sentido, ha destacado la certeza del laudo dictado, así como la flexibilidad y la capacidad de adaptación del arbitraje como método para aprovechar al máximo los recursos disponibles. Para ilustrar este argumento, la secretaria de Estado de Comercio ha asegurado que “los casos de arbitraje han crecido exponencialmente en las últimas décadas, han pasado de un centenar de casos en el año 2000, a más de 600 en 2010 y en 2019 ya superaban el millar”.

De la misma forma, en su intervención también ha querido destacar el esfuerzo legislativo llevado a cabo en España para potenciar este tipo de prácticas, generando un mayor marco de certidumbre y flexibilidad para la práctica del arbitraje, lo que también es un atractivo para la atracción de las inversiones. “Hemos incluido estos métodos de resolución de disputas como medida de protección a la inversión en los últimos acuerdos de libre comercio que hemos firmado, con Canadá, Vietnam o Singapur”, ha indicado.

“Esta apuesta temprana por el arbitraje en España, también puede convertir a España en un centro internacional de arbitraje, especialmente para los países hispanohablantes, en un contexto en el que esta práctica va a ser cada vez más relevante”, ha querido señalar también. En este sentido también ha alabado el trabajo realizado por el Centro Internacional de Arbitraje de Madrid, en cuya fundación y gestión también ha colaborado la Corte Española de Arbitraje, a quién también ha agradecido los esfuerzos realizados para renovarse y adaptarse a los más altos estándares internacionales y la digitalización como clave para incrementar la celeridad de los conflictos.

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La Policía Nacional detiene a 17 personas en una operación contra el fraude en el comercio online

19 de noviembre, 2020

El action plan ha contado con la colaboración del Merchant Risk Council, una red de 535 comerciantes electrónicos de todo el mundo

La Policía Nacional detiene a 17 personas en una operación contra el fraude en el comercio online

Los arrestados son los presuntos responsables de 66 transacciones fraudulentas por valor de casi 73.000 euros

La operación se enmarca en el “e-COMM 2020”, actuación contra el fraude coordinada desde el EC3 -Centro Europeo de Cibercrimen- de EUROPOL en la que han participado 15 países

11-noviembre-2020.- Agentes de la Policía Nacional han detenido en Madrid, Barcelona y Valencia a 17 personas durante el “e-COMM 2020” -action plan contra el fraude en comercio electrónico-. Los arrestados formaban parte de diversas estructuras delincuenciales dedicadas a la comisión de estafas a través de Internet, al realizar compras online en diversos comercios y plataformas de venta de segunda mano. En total se les vincula con 66 transacciones ilícitas por valor de cerca de 73.000 euros. Para formalizar las compras realizaban transferencias fraudulentas y utilizaban tarjetas de crédito “comprometidas”, compras que posteriormente eran recepcionadas a través de una red de las denominadas “mulas de paquetería”.

La operación policial, se enmarca dentro de la actuación denominada “e-COMM 2020”, coordinada por EUROPOL a través de su Centro Europeo de Cibercrimen (EC3) y que ha contado con la colaboración del Merchant Risk Council y de las autoridades policiales de Alemania, Austria, Colombia, Croacia, España, Estados Unidos, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Malta, Macedonia del Norte, Polonia, Portugal y Rumania.

e-COMM 2020 bajo la coordinación de EUROPOL

En el marco de la cooperación internacional, y dentro del denominado “e-COMM 2020”, EUROPOL y el denominado Merchant Risk Council han puesto en marcha una campaña de sensibilización, dirigida especialmente a las entidades de comercio online, ayudándoles a identificar mejor el fraude en sus plataformas y dándoles la posibilidad de tomar medidas encaminadas a la protección de su negocio y a sus clientes contra el fraude online.

Se trata de una continuación práctica de la actividad del grupo de trabajo de comercio electrónico, asociación establecida en 2014 con miembros pertenecientes a los sectores público y privado, incluido el Merchant Risk Council, una red de 535 comerciantes electrónicos de todo el mundo.

Esta campaña constituye la quinta acción a nivel internacional contra el fraude en el comercio online. Este tipo de cooperación se presenta como una manera efectiva de abordar el fraude en el comercio online, optimizando los recursos policiales.

El fraude en compras online es considerado una actividad delictiva de bajo riesgo y alta rentabilidad para el crimen organizado. Las medidas de investigación son muy complejas debido a la dimensión virtual e internacional de esta tipología delictiva, por lo que el fraude informático es una de las principales prioridades de EUROPOL y de las autoridades policiales de toda la Unión Europea. Se trata de un delito transfronterizo, donde el comercio online que sufre el fraude puede ser de un país, el medio de pago utilizado fraudulentamente de otro país diferente y el producto o servicio adquirido fraudulentamente, se consume o entrega en un tercer estado.

Modus operandi

En esta última acción operativa conjunta, el modus operandi utilizado con mayor asiduidad para la realización de compras fraudulentas online continúa siendo la utilización fraudulenta de numeraciones de tarjetas de crédito, pertenecientes a las denominadas tarjetas “comprometidas”, un modus operandi basado en líneas generales en los siguientes patrones:
•Obtención de las numeraciones de tarjetas bancarias, a través de diversos medios como portales o foros de Internet donde se ofertan y compran, darknet, mediante malware o ataques de phishing. Principalmente, el origen de las tarjetas es extranjero, con la finalidad de evitar los controles de seguridad establecidos en cada país que suelen ser más estrictos para las tarjetas nacionales.
•Utilización de las numeraciones de las tarjetas a través de Internet, mediante las compras en diversas páginas web, principalmente de artículos de electrónica consumo y ropa.

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Un informe científico español concluye que hay evidencia significativa sobre la transmisión de SARS-CoV-2 por aerosoles

19 de noviembre, 2020

Coronavirus COVID-19

Un informe científico español concluye que hay evidencia significativa sobre la transmisión de SARS-CoV-2 por aerosoles

Lunes 9 de noviembre de 2020

La Moncloa

20/10/2020

El Ministerio de Ciencia e Innovación ha encargado un informe sobre vías de transmisión del SARS-CoV-2 a investigadores españoles de reconocido prestigio que concluye que existe una evidencia significativa sobre la transmisión de la infección por SARS-CoV-2 por vía de aerosoles.

Los autores del informe ─Antonio Alcamí, Margarita del Val, Miguel Hernán, Pello Latassa, José Luis Jiménez, Xavier Querol, Ana Robustillo, Gloria Sánchez y Alfonso Valencia─ proponen actividades en exteriores y ventilar o filtrar para reducir la transmisión por aerosoles, medidas que se añaden a las ya aceptadas del uso de mascarillas, higiene, distanciamiento, trabajo a distancia, y evitar eventos con alta densidad de personas, especialmente en interiores.

El informe analiza la posición de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y de diferentes estudios sobre las vías de transmisión, resume la evidencia a favor y en contra del contagio por aerosoles, y concluye que hay un apoyo sustancial de la comunidad científica a la posibilidad de que sea la forma de transmisión dominante y a que sea la forma más habitual de contagio en eventos de súper-propagación.

El documento resalta la importancia de explicar a la población el papel que juega la transmisión por el aire, a través de aerosoles expulsados por personas infectadas. En este sentido, explica que cuando respiramos, hablamos, gritamos, tosemos y estornudamos emitimos abundantes partículas: gotículas y aerosoles. Las gotículas infectan por impacto en los ojos, fosas nasales o boca, y caen al suelo hasta a 1-2 metros de la persona que las emite. Los aerosoles infectan por inhalación y viajan más de 1-2 metros antes de caer al suelo.

El informe detalla además las medidas que pueden resultar eficaces para reducir el riesgo, como las mascarillas, la higiene, mantener la distancia, realizar actividades en exteriores, la ventilación y filtración en espacios interiores, evitar eventos con alta densidad de personas, o las recomendaciones específicas para el transporte público en ciudades y de largo recorrido.

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New York 05.12.19

18 de noviembre, 2020
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El Gobierno adopta medidas urgentes para apoyar la liquidez y solvencia empresarial

18 de noviembre, 2020

Consejo de Ministros

El Gobierno adopta medidas urgentes para apoyar la liquidez y solvencia empresarial

La Moncloa, Madrid, martes 17 de noviembre de 2020

El objetivo es evitar que empresas viables tengan que cerrar por problemas temporales de liquidez y solvencia derivados de la caída de su actividad como consecuencia de la COVID, permitiéndoles la refinanciación o reestructuración de sus deudas.

La vicepresidenta tercera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, ha afirmado que las medidas aprobadas hoy se suman a la respuesta «decidida y coherente» del Gobierno en los ámbitos económico y social para proteger el tejido productivo, el empleo, las rentas familiares y favorecer la recuperación económica.

En este sentido, Calviño ha recordado que el Ejecutivo activó el 17 de marzo una línea de avales para empresas y autónomos por un importe total de hasta 100.000 millones de euros, que ha permitido aprobar más de 881.000 operaciones, el 98% con pymes y autónomos. Con posterioridad, movilizó otra línea de avales del Instituto de Crédito Oficial (ICO) por valor de 40.000 millones y creó un Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas estratégicas, dotado con hasta 10.000 millones para que pudieran afrontar sus eventuales problemas de solvencia.

Nadia Calviño ha indicado que estas y otras medidas están siendo eficaces, pero hay que adaptarlas para ayudar a los proyectos empresariales que hasta la irrupción del COVID eran sostenibles y que ahora pueden estar atravesando tensiones de liquidez o desequilibrios patrimoniales causados por las circunstancias extraordinarias.

Contenido del Real Decreto-ley aprobado hoy

Nadia Calviño durante la rueda de prensa posterior al Consejo de MinistrosFoto: Pool Moncloa/JM CuadradoLa titular de Asuntos Económicos ha explicado que la norma introduce medidas relacionadas con los avales del ICO y con la normativa concursal.

Así, se amplía, hasta el 30 de junio de 2021, el plazo para la concesión de las dos líneas de avales del ICO. Además se amplía el plazo máximo de los créditos avalados, de forma que los clientes que lo soliciten pueden alargar su crédito hasta 8 años y el periodo de carencia hasta 24 meses.

La vicepresidenta ha resaltado que con estas medidas, «los autónomos y las empresas notarán un importante alivio de su carga financiera y dispondrán de más tiempo para recuperar su actividad y afrontar sus obligaciones». La medida, ha dicho, protegerá «de manera muy notable» a los sectores de turismo, ocio y cultura, los de bienes de consumo, de industria textil y moda y el comercio al por menor, que concentran casi un tercio de las operaciones con aval del ICO.

El Real Decreto estipula que las entidades financieras deberán mantener los límites de las líneas de circulante hasta el 30 de junio de 2021, no podrán incrementar de forma injustificada el tipo de interés ni exigir la contratación de productos vinculados a sus clientes, y deberán responder a las solicitudes de ampliación en un plazo máximo de 30 días. También prevé una rebaja del 50% en los aranceles notariales y registrales al formalizar las operaciones de ampliación.

Con el fin de facilitar el acceso de las empresas a fuentes de financiación alternativas a las bancarias, se eleva a 500 a 1.000 millones de euros el umbral a partir del cual deben pasar del mercado alternativo bursátil para PYMES en expansión al mercado continuo.

Medidas adicionales

Las medidas incluidas en el Real Decreto son adicionales a las acordadas en la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos para reforzar la solvencia y la financiación empresarial.

Primero se creó una línea extraordinaria de cobertura de créditos de circulante dotada con 1.000 millones de euros. Luego se amplió en 100 millones de euros la línea especial de avales y circulante para PYMES y empresas no cotizadas y finalmente se aprobó una nueva línea de cobertura de avales para empresas cotizadas, por un importe de 1.000 millones y con vigencia hasta diciembre de 2021.

Medidas en el ámbito concursal

Nadia Calviño ha subrayado que se extiende hasta el 14 de marzo de 2021 la suspensión del deber de solicitar la declaración de concurso de acreedores, así como la obligación del juez de admitir a trámite las solicitudes. Y se prolongan hasta el 31 de enero las previsiones de que los jueces inadmitan a trámite las solicitudes de incumplimiento de convenios de acreedores y de acuerdos de refinanciación.

Por otra parte, se extiende hasta el 30 de junio de 2021 la autorización previa a inversiones directas realizadas por residentes de otros países de la Unión Europea, o de la Asociación Europea de Libre Comercio, cuando se trate de sociedades cotizadas o de inversiones superiores a los 500 millones de euros en sociedades no cotizadas de sectores estratégicos.

La ministra también ha recordado que se extiende hasta el 30 de junio de 2021 el plazo para que los ciudadanos que todavía tienen pesetas puedan cambiarlas en el Banco de España.

Adicionalmente, se amplía a todo 2021 el plazo de vigencia para que las juntas generales o las asambleas de socios puedan celebrarse por medios electrónicos, cuando no esté previsto en sus estatutos.

Reducción del precio de las mascarillas y del material sanitario contra el COVID-19

El Real Decreto-ley incluye la reducción del precio máximo de las mascarillas quirúrgicas desechables en un 25%, como acordó la Comisión Interministerial de Precios de los Medicamentos del pasado jueves. Su precio pasa de 0,96€ a 0,72 euros, y será aun menor cuando entre en vigor la rebaja del IVA al 4%, ya anunciada la semana pasada y que se ha introducido en esta nueva norma. Este gravamen se mantendrá vigente hasta el 31 de diciembre de 2021.

El objetivo, ha dicho la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, es que no haya impedimentos «para ningún grupo de población, especialmente los más vulnerables» para acceder al material obligatorio de protección contra el virus.

Por otro lado, se prorroga hasta el 30 de abril de 2021 la aplicación del tipo 0 del IVA a la importación y adquisición de material sanitario que tenga como destino centros sanitarios públicos o privados y entidades de carácter social.

Otras medidas

La norma contempla la aprobación de un suplemento de crédito de 6.000 millones de euros para garantizar la financiación de la Seguridad Social y un crédito extraordinario de 2.300 millones para el Servicio Público de Empleo.

Montero ha señalado que de esta manera se garantiza que se pueda mantener la red de seguridad creada tras el impacto de esta pandemia -con medidas como los ERTES o la prestación del cese de actividad para los autónomos-, el sistema de pensiones, y garantizar las prestaciones contributivas y los subsidios por desempleo.

Finalmente, se ajustan a la normativa comunitaria medidas tributarias e incentivos fiscales para incentivar el sector de la Cultura y sobre el sector del automóvil.

Convocatorias para la contratación de personal investigador

El Consejo de Ministros ha aprobado ayudas por valor de 148 millones de euros para contratar investigadores a través de concurrencia competitiva, que financiarán e incentivarán la formación y especialización en I+D+I de investigadores del sector público y privado.

Entre estas convocatorias están los programas Ramón y Cajal y Juan de la Cierva, que este año incrementan su financiación en un 30%, lo que permitirá pasar de 650 a 803 ayudas. Se cumple así, ha señalado María Jesús Montero, con el Plan de Choque para la Ciencia y la Innovación, entre cuyos objetivos figura incrementar los programas de atracción y retención del talento investigador.

Otras ayudas son las de ‘Personal Técnico de apoyo a I+D+i, con 170 contratos laborales, las ‘Torres Quevedo’, que facilitan la incorporación a empresas durante 3 años de 200 doctores, y los ‘Doctorados Industriales’, que permiten la formación de 60 investigadores predoctorales en el ámbito de la empresa.

Asuntos de actualidad

La portavoz del Gobierno ha indicado que, en la cuarta semana desde que el 25 de octubre entró en vigor la declaración del Estado de alarma, las cifras de casos de COVID-19 siguen siendo altas pero que la reducción de la incidencia acumulada en el conjunto del país indica que «se está en la dirección correcta», y ha insistido en seguir aplicando «de forma contundente y estricta las recomendaciones de las autoridades sanitarias».

Montero ha anunciado que el Consejo Europeo del próximo jueves, al que asistirá el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se centrará en la respuesta de la Unión Europea a la pandemia y en el programa de adquisición de vacunas. Una de las empresas con las que está negociando, ha dicho Montero, es Moderna, que ha anunciado esta semana que su vacuna ha obtenido, en sus ensayos, una eficacia próxima al 95%.

La ministra ha valorado positivamente la constitución, ayer, de la Mesa del Diálogo Social para la Recuperación, la Transformación y la Resiliencia, y el papel desempeñado por las organizaciones sindicales y empresariales, «que han entendido este momento tan inédito, tan excepcional que vive nuestro país, y están contribuyendo de forma decidida a la recuperación a través de las distintas líneas de trabajo abiertas».

Montero ha reivindicado también el diálogo parlamentario para poder aprobar los Presupuestos Generales del Estado para 2021, «absolutamente necesarios» para posibilitar la recuperación económica, garantizar las rentas del conjunto de los trabajadores y aprovechar la inyección prevista de fondos europeos.

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Detenido en Tenerife el principal responsable de un fraude mediante inversiones en criptomonedas

18 de noviembre, 2020

Detenido en Tenerife el principal responsable de un fraude mediante inversiones en criptomonedas

Ministerio del Interior

Adeje, Arona y Candelaria (Tenerife), 16/11/2020

Operación conjunta de la Policía Nacional y de la Guardia Civil

El fraude, cometido mediante una estafa tipo Ponzi, asciende a 378.750, 51 euros y ha afectado, al menos, a 26 personas

Los agentes han practicado cuatro registros en las oficinas de la empresa, ubicadas en las localidades de Adeje, Arona y Candelaria, donde han intervenido tres vehículos de alta gama, abundante documentación y dispositivos electrónicos

Agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil han detenido al responsable ejecutivo de una empresa con sede en Canarias que, supuestamente, defraudaba mediante inversiones en criptomonedas haciendo uso una estafa tipo Ponzi. Asimismo, se han practicado cuatro registros en oficinas y domicilios ubicados en distintos puntos de la isla de Tenerife, concretamente en las localidades de Adeje, Arona y Candelaria. En la operación se han intervenido tres vehículos de alta gama, abundante documentación y dispositivos electrónicos, y se ha procedido al bloqueo de numerosas cuentas bancarias a nombre de las personas investigadas.

La investigación comenzó durante el pasado mes de septiembre, cuando tres afectados interpusieron sus respectivas denuncias por estafa. Al mismo tiempo, los agentes obtuvieron informaciones de actividades financieras sospechosas recibidas en unidades centrales de la Policía Nacional y de la Guardia Civil. Posteriormente, los agentes detectaron otros 23 afectados más. Fruto del análisis de toda la información se averiguó la existencia de esta estafa tipo Ponzi, relacionada con inversiones en criptomonedas.

Ponzi, una estafa que funciona si crece el número de víctimas

Una estafa tipo Ponzi es una operación fraudulenta de inversión que implica el pago de intereses a los inversores de su propio dinero invertido o del dinero de nuevos inversores. Esta estafa consiste en un proceso en el que las ganancias que obtienen los primeros inversionistas son generadas gracias al dinero aportado por ellos mismos o por otros nuevos inversores que caen engañados por las promesas de obtener, en algunos casos, grandes beneficios. El sistema funciona solamente si crece la cantidad de nuevas víctimas.

En este caso, la investigación se ha centrado en una empresa que ofrecía software que permitían programar estrategias de inversión en criptomonedas y hacer trading las 24 horas del día sin interrupción. Al mismo tiempo, desde la empresa se había articulado un sistema de canalización del dinero en criptomonedas, a través de monederos digitales, que permitía distraer el control de las inversiones realizadas por los clientes de la empresa.

La empresa investigada emitió un comunicado en el que se informaba a los clientes de la congelación de varios software de inversión con la imposibilidad de recuperar el capital invertido por los clientes. Ante esta situación, y contando los investigadores con que la empresa podría estar distrayendo gran parte del dinero invertido por sus clientes para provecho propio, se procedió a la detención del responsable ejecutivo de la empresa.

La participación ciudadana, fundamental es este tipo de delitos

Para resolver investigaciones de esta índole es fundamental la participación ciudadana en la prevención y detección de este tipo de fraudes para, así, disponer de primera mano de toda la información sobre estas organizaciones.

Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado recomiendan, a cualquier persona que pueda sentirse perjudicado por una estafa piramidal, ponerse en contacto con la Comisión Nacional del Mercado de Valores para que advierta a otros posibles inversores y, al mismo tiempo, con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado al objeto de interponer denuncia.

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El redactado de la última prórroga de los ERTE provoca un nuevo atasco en el SEPE

18 de noviembre, 2020

El redactado de la última prórroga de los ERTE provoca un nuevo atasco en el SEPE

USO

11 noviembre, 2020

La redacción de la última prórroga de los ERTE provoca confusión y aumenta el colapso del SEPE

Los afectados por un ERTE y los trabajadores del SEPE siguen sufriendo las confusiones legislativas para tramitar los últimos Expedientes de Regulación Temporal de Empleo. Marisa Pérez, delegada de USO en el SEPE y secretaria de Organización y Finanzas de FAC-USOC destaca que “el problema al que nos estamos enfrentando ahora es el redactado de la prórroga hasta enero. Hay un párrafo que llama a la confusión y estamos recibiendo muchas solicitudes erróneas”.

En concreto, la responsable de la Federación de Atención a la Ciudadanía de USO se refiere a este párrafo del Real Decreto-ley 30/2020, de 29 de septiembre:

Las empresas con personas trabajadoras afectadas por expedientes de regulación temporal de empleo tramitados conforme a lo previsto en los artículos 22 o 23 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, que estén vigentes a 30 de septiembre de 2020, deberán formular una nueva solicitud colectiva de prestaciones por desempleo antes del día 20 de octubre de 2020.

“Así, muchas empresas y asesores han entendido que tenían que enviar toda la documentación si querían acogerse a la prórroga. Hemos recibido relaciones completas de plantilla afectada por cualquier ERTE ya aprobado, aunque parte de esas personas ya se hubieran reincoporado a su trabajo. Por eso, se han dado casos de trabajadores que a 1 de octubre ya estaban fuera del ERTE y se les ha reactivado la prestación porque nos ha llegado como regulado de nuevo”, explica Marisa Pérez.

Por ello, continúa la representante sindical, “se han emitido de nuevo recibos que no deberían abonarse y que generarán nuevos cobros indebidos, nuevas reclamaciones, más expedientes para revisar, líneas telefónicas saturadas… y, de nuevo, el personal del SEPE expuesto a los insultos de personas desesperadas que actúan bajo una gran presión personal y que hacen de nosotros, la persona que los atiende, la diana de sus dardos”.

La gota que colma el vaso de la plantilla del SEPE, desbordada por los ERTE

Las personas que trabajan en el SEPE se muestran impotentes ante la vorágine de tramitación y reconocimiento de cada ERTE: “vemos cómo perciben prestaciones los que no deben y otros, que llevan esperando su abono desde hace más de 90 días, no. Cobran los que no deben, que después, además, reciben reclamaciones por parte de la Administración, y los que necesitan la prestación, desesperan. Esta presión psicológica está haciendo mella también en los trabajadores del SEPE. Vemos que muchas familias dependen de nuestra rapidez y, por mucho que queramos, no podemos llegar a todo”.

Los trabajadores del SEPE están hartos de que cada nueva prestación que deben tramitar no venga acompañada de un refuerzo de personal. “La situación lleva siendo insostenible desde marzo. Podemos entender el primer colapso, la desorganización inicial de una crisis sin precedentes, pero no que, ocho meses después, siga alimentándose el atasco”, denuncia la delegada sindical en el SEPE.

La plantilla del SEPE se reforzó hasta mayo con 729 personas de las 1.000 prometidas, mientras que la carga de trabajo se había quintuplicado. Los trabajadores del Servicio de Empleo tiraron de la pesada y obsoleta maquinaria burocrática para conseguir reconocer los millones de prestaciones y, a día de hoy, FAC-USO denuncia, entre otras cosas, que siguen sin remunerarse las tardes, los sábados y los festivos trabajados durante las peores semanas de la pandemia.

El nuevo subsidio, otra carga para el SEPE

El 3 de noviembre se aprobó en Consejo de Ministros, y se detalló en BOE de 4 de noviembre, el nuevo subsidio para personas que agotaron el paro y otras prestaciones. Su solicitud debe hacerse “cómo no, en el SEPE, y en un plazo de menos de un mes, del 5 al 30 de noviembre. Con muchos ERTE sin resolver, y con los nuevos que están llegando de la segunda ola, nos entra una nueva prestación, una acumulación de presolicitudes a tramitar. Y, cómo no, también, con la misma plantilla. En lugar de reforzar el SEPE, que se ha demostrado vital en la gestión del sostén social de la pandemia como lo es el sanitario en su vertiente, no escuchamos más que intentos de externalizar tareas porque el SEPE no da abasto”.

Marisa Pérez recuerda que “no somos un chicle que se estira a placer. Aquí las jubilaciones son el pan de cada mes, y en años nadie se ha preocupado de renovar y ampliar la plantilla. La RPT del SEPE está anticuada, con poco personal y envejecido. Los años sin incorporar funcionarios pasan factura ahora y la única solución es decir que lo que para lo que el SEPE no tenga capacidad se contratan empresas”.

Estafa con las citas del SEPE

Los trabajadores del SEPE alertan a la población de que las citas en el organismo no se venden. “Nos trae de cabeza. Son mafias que operan con un programa específico que está continuamente contactando con la sede del SEPE. Nada más que se libera una cita, la caza y luego la pone a la venta. Así, nos han contado que en diferentes sedes de Cataluña se han vendido citas por un mínimo de 40 euros y hasta 90. Por ejemplo, en Manresa o Sabadell nos han informado de algunas de 40 euros; y en otras, como Terrassa, 90, u 80 euros en Pineda”, alerta Marisa Pérez.

La delegada de USO en el SEPE recuerda que “además de estafar a la población y aprovecharse de una situación desesperada de mucha gente, están bloqueando el sistema de cita previa porque las cogen absolutamente todas y, después, solo anulan algunas, las que no han conseguido vender”.

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La pendencia en los Juzgados de cláusulas suelo disminuye un 4 % en el tercer trimestre de 2020 tras la paralización causada por el COVID-19

18 de noviembre, 2020

Martes, 10 de noviembre de 2020

La pendencia en los Juzgados de cláusulas suelo disminuye un 4 % en el tercer trimestre de 2020 tras la paralización causada por el COVID-19

Estos órganos judiciales, que entraron en funcionamiento el 1 de junio de 2017, han resuelto un total de 320.434 asuntos, el 56 por ciento de todos los ingresados desde esa fecha. La tasa de resolución del trimestre -que indica el número de asuntos resueltos en relación con los ingresados- alcanza un máximo histórico al situarse en el 166 % a nivel nacional

Autor: Comunicación Poder Judicial

El número de asuntos pendientes en los Juzgados de cláusulas abusivas (252.181) ha experimentado en el tercer trimestre de 2020 un descenso del 4 % con respecto al segundo trimestre del año, cuando era de 262.527 asuntos. Este dato vuelve a normalizar los niveles de pendencia al acercarlos a los que había a principios de 2020, antes de la paralización de la actividad judicial causada por la crisis sanitaria. Entre el 1 de junio y el 30 de agosto, el número de asuntos resueltos ascendió a 26.603 y el de sentencias dictadas, a 23.128, lo que ha permitido que la tasa de resolución del trimestre alcanzara su máximo histórico al situarse en el 166 %.

Los Juzgados especializados en acciones individuales sobre condiciones generales incluidas en contratos de financiación con garantías reales inmobiliarias cuyo prestatario sea una persona física conocen de asuntos que se refieren, entre otros, a cláusulas suelo, vencimiento anticipado, intereses moratorios, gastos de formalización de hipoteca, hipotecas multidivisa e IRPH.

Los datos correspondientes a los meses de junio, julio y agosto de 2020 ponen de manifiesto que los Juzgados especializados han logrado revertir la anómala situación provocada por la pandemia y volver a unos porcentajes de resolución y pendencia normalizados. Así, el volumen de asuntos pendientes de resolver es apenas un 4 % más alto que en el segundo trimestre del año, y ello pese a que en ese periodo –el más afectado por la crisis sanitaria y la suspensión de la actividad judicial- ingresaron 45.988 nuevos asuntos, una cantidad muy superior a la que se ha venía registrando desde 2019 y, en concreto, un 103 % más alta que la del primer trimestre del año.

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Inclusión flexibiliza el acceso de los hosteleros a la prestación extraordinaria por suspensión de actividad

18 de noviembre, 2020

Ayudas a los trabajadores autónomos

Inclusión flexibiliza el acceso de los hosteleros a la prestación extraordinaria por suspensión de actividad

Martes 10 de noviembre de 2020

La Moncloa

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha adoptado un criterio, a través de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social, por el que flexibiliza el acceso a la prestación extraordinaria por suspensión temporal de la actividad para trabajadores autónomos (detallada en el artículo 13 del RDL 30/20202).

El artículo 13 del Real Decreto-Ley, en el que se decretaron las ayudas a los autónomos y que fue consensuado con las principales asociaciones de autónomos, indica entre los requisitos para el acceso a esta prestación que los trabajadores autónomos estén «afectados por una suspensión temporal de toda la actividad como consecuencia de resolución de la autoridad competente como medida de contención de la propagación del virus COVID-19». Con el criterio, se especifica que los hosteleros que no realicen servicio a domicilio o de recogida en local podrán presentar una declaración responsable para acceder a esta prestación. Esta ampliación se produce después de que en algunos territorios se haya suspendido la actividad de la restauración, salvo en el servicio a domicilio, con el objetivo de mitigar la propagación de la COVID-19.

La cuantía de esta prestación es el 50% de la base mínima de cotización que corresponda por la actividad desarrollada, una cantidad que se incrementa un 20% si el trabajador autónomo es miembro de una familia numerosa, o del 40% si convive con parientes de primer grado con derecho a esta prestación. Además, queda exonerado de pagar las cuotas pero el periodo le cuenta como cotizado.

Los trabajadores autónomos, tanto si realizan actividad a domicilio como si no, pueden solicitar la prestación compatible con la actividad si registran una caída de facturación del 75% respecto al último trimestre del año pasado o del 50% en relación con el primer trimestre de 2020 según resulte de aplicación la disposición adicional cuarta o el artículo 13.2 del RDL 30/2020.

El pasado 30 de octubre, la Seguridad Social abonó 234,21 millones de euros a más de 256.000 trabajadores autónomos a los que les ha sido reconocida alguna de las prestaciones puestas en marcha para paliar la situación de este colectivo como consecuencia de la pandemia de la COVID-19. De ellos, casi 15.000 fueron beneficiarios de la prestación por suspensión temporal de la actividad.

En octubre, se registraron de media 3,265 millones de afiliados a la Seguridad Social en el Régimen de Autónomos, 1.816 más que en septiembre. Con este aumento se superó la cifra marcada en febrero, antes de la pandemia.

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Jimmy Hendrix

17 de noviembre, 2020

Marinna Mouzo

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El despegue de los pagos transfronterizos

17 de noviembre, 2020

El despegue de los pagos transfronterizos

FMI Blog Diálogo a fondo

Por Tobias Adrian y Kristalina Georgieva

Para pagar por un café pasamos la tarjeta, pulsamos o señalamos con el dedo, y pronto quizá guiñaremos el ojo: un intercambio rápido y sencillo de café por dinero. Pero para pagar por importaciones o enviar remesas por lo general tenemos que rellenar formularios, esperar varios días y pagar… demasiado.

Los avances para agilizar los pagos transfronterizos hasta ahora han sido lentos, pero están por dispararse. La historia siempre es así: pequeños pasos sucesivos, hasta que de repente se produce un gran salto. La confluencia de las nuevas tecnologías con una renovada determinación entre las autoridades está dando paso a importantes mejoras. Al mismo tiempo, los hogares y las empresas ahora esperan (y exigen) mejores servicios.

Es mucho lo que está en juego. El progreso en los pagos transfronterizos incide en la estabilidad del sistema monetario internacional, en la inclusión financiera y en la eficiencia del comercio y los mercados financieros. Y las reformas pueden desencadenar la innovación y el crecimiento que tanta falta hace, sobre todo tras la crisis de la COVID‑19. Pero el gran salto solo será posible si el mundo se pone de acuerdo.

Y ya lo ha hecho, de una manera excepcional. El G-20 acaba de dar su aval a una hoja de ruta, propuesta por el Consejo de Estabilidad Financiera y diversas instituciones, entre ellas el FMI, para dar un impulso decisivo a los pagos transfronterizos. No se trata de un informe más, sino de un conjunto de reformas concretas, pasos prácticos y parámetros específicos cuyo cumplimiento las instituciones habrán de observar. Mientras tanto, el FMI acaba de publicar un informe del personal sobre las implicaciones macrofinancieras de las nuevas formas de dinero digital disponibles a escala transfronteriza. Juntos, estos documentos trazan una clara ruta a seguir, que no pierde de vista los obstáculos en el camino. Si se ejecutan, las reformas pueden facilitar transformaciones al permitir que los pagos transfronterizos sean más baratos, rápidos, transparentes y generalizados.

El siguiente paso

Hemos llegado a este punto gracias a la cooperación internacional, que ahora será aún más importante para cumplir con la hoja de ruta del G-20, e incluso quizás ir más allá. Concretamente, necesitamos cooperación en cuatro grandes aspectos para garantizar que las mejoras en los pagos transfronterizos sean eficaces, sostenibles, seguras y equitativas.

En primer lugar, a la hora de formular y poner en marcha soluciones hay que tener en cuenta a todos los países. Los países difieren considerablemente en cuanto a capacidad de implementación, infraestructura existente y grado de desarrollo del sector financiero. Además, en cada país los usuarios son diferentes. Van desde empresas grandes que operan en mercados menos líquidos hasta pequeñas y medianas empresas que procuran ahorrar costos y los 1.000 millones de personas que envían y reciben remesas (cuyo costo medio de 7% aún es el doble de la meta fijada por los Objetivos de Desarrollo del Milenio).

La hoja de ruta del G-20 es adecuadamente flexible ante esta diversidad de necesidades. Algunas soluciones consisten en mejorar los sistemas actuales, como por ejemplo mediante el diseño de identidades digitales fiables que son esenciales para la inclusión financiera. Otras son de carácter más exploratorio y consideran un mundo en el que es posible intercambiar monedas digitales a través de fronteras, más o menos como intercambiamos correos electrónicos hoy en día. Es crucial que todas estas soluciones sigan siendo implantadas, debatidas, probadas y, en algunos casos, descartadas, con una mente abierta.

En segundo lugar, la cooperación es esencial para superar el «sesgo a la inacción» de los países, y para cerciorarse de que las soluciones sean ampliamente aplicables. Un ejemplo sencillo es el de las horas de funcionamiento de los sistemas de pago de los países: las transacciones transfronterizas en tiempo real son posibles solo cuando los países amplían sus horarios de operación para que coincidan con los de otros países. Ningún país querrá actuar en solitario. Y aun en tal caso, los dos sistemas deben comunicarse entre sí. Pero la interoperabilidad no es algo dado. Requiere normas básicas de tecnología, diseño y control jurídico y regulatorio. La cooperación garantizará que estas normas satisfagan las necesidades de una comunidad amplia, que el FMI puede ayudar a congregar.

En tercer lugar, la cooperación es fundamental para desarrollar soluciones que incorporen la experiencia y la perspectiva de todos los actores pertinentes, como bancos centrales, reguladores, ministerios de Hacienda, organismos antimonopolios, entidades de protección de los datos y organizaciones internacionales. El informe del Consejo de Estabilidad Financiera ha sido ejemplar en este sentido. Por otro lado, los sectores público y privado tienen que cooperar, reconociendo las ventajas que aporta cada uno: las empresas privadas en la innovación y la interacción con los usuarios, y el sector público en la regulación, supervisión y, en definitiva, la confianza en el sistema. Deben estudiarse soluciones público-privadas en la medida de lo posible.

Por último, la cooperación implica reconocer los efectos macrofinancieros que las políticas de un país pueden tener en otros. Por ejemplo, las nuevas formas de dinero digital emitido en las principales monedas de reserva quizá mejoren los pagos tanto internos como transfronterizos. Pero también podrían inducir a los ciudadanos en el extranjero a evitar las monedas de sus países de origen, sobre todo en países con altos niveles de inflación y tipos cambio volátiles. Y el dinero digital podría propiciar salidas masivas de fondos debidas a pánicos bancarios. Mientras tanto, en los países de origen podría aumentar la volatilidad de las entradas de capital y de los balances de los bancos. Además, no está claro si las restricciones sobre las cuentas de capital, adoptadas por muchos países, pueden rediseñarse para que no sean burladas con el dinero digital. Por último, el uso del dinero digital podría acarrear importantes riesgos para la integridad financiera. Estos y otros escenarios se analizan en detalle en nuestro nuevo estudio.

Vínculos a escala mundial

Las transformaciones de los pagos transfronterizos podrían repercutir en la política monetaria, la estabilidad financiera, los flujos de capital y las reservas internacionales, con implicaciones para todo el sistema monetario internacional. Los países fundadores del FMI comprendieron este vínculo, que en cierta medida es lo que está detrás de la visión de «coadyuvar a establecer un sistema multilateral de pagos», enunciada en el Convenio Constitutivo.

Hoy en día, el FMI continúa desempeñando un papel activo en este sentido, y trabaja hombro con hombro con otras organizaciones internacionales. Nuestros países miembros, que son casi todos los países del mundo, pueden ayudar a garantizar que la revolución digital beneficie a los habitantes de todos los países. Y nuestra perspectiva mundial puede ayudar a detectar los efectos de repercusión, y crear un foro común para abordar las disyuntivas subyacentes de las políticas. Recorramos juntos este prometedor camino.

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Sanidad recuerda la importancia de donar sangre

17 de noviembre, 2020

Sanidad recuerda la importancia de donar sangre

Jueves 12 de noviembre de 2020

Cartel de la campaña del Día Mundial del Donante de Sangre 2019

El Ministerio de Sanidad recuerda la importancia de donar sangre dado que la necesidad tanto de esta como de sus componentes es un hecho permanente en la asistencia sanitaria. De hecho, la transfusión es uno de los procedimientos terapéuticos más utilizados en intervenciones quirúrgicas, tratamientos oncológicos, trasplantes, etc.

Además, el Ministerio de Sanidad hace hincapié en que la sangre y los componentes sanguíneos contribuyen, no solamente a salvar vidas, sino también a mejorar la calidad de vida de un gran número de personas.

La sangre es, por tanto, un elemento clave para cualquier sistema sanitario, y a pesar de los importantes avances tecnológicos, es obtenida únicamente a partir del acto de la donación voluntaria y altruista de los ciudadanos. Así, gracias a la generosidad de las personas que donaron su sangre en nuestro país, durante el 2019 se pudo atender a más de 480.000 pacientes y realizar 1.860.000 transfusiones.

Sanidad señala que los puntos de donación son seguros. Todos los centros han tomado medidas de precaución para garantizar la seguridad de los donantes.

El Ministerio de Sanidad quiere trasladar su agradecimiento a todos los donantes que con su gesto ayudan a diario a salvar a miles de personas y recuerda que los hospitales necesitan sangre todos los días. Por ello, invita a los ciudadanos que puedan donar, a que se acerquen a los puntos que cada comunidad autónoma ha establecido para ello.

La información sobre cómo y dónde donar se puede consultar en el siguiente enlace.

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14 Medidas para combatir la COVID-19

17 de noviembre, 2020

14 Medidas para combatir la COVID-19

Consejo europeo

Europa sigue sin descanso luchando contra la pandemia del coronavirus. Desde marzo, han sido continuas las medidas tomadas para frenar su propagación y reconducir la situación europea hacia una recuperación económica sostenible. Estas son las últimas medidas que se han tomado.

26/10/2020

Ya te contamos en nuestro anterior artículo las medidas que se tomaron en la primera ola de la pandemia.

Ahora en esta segunda ola, las medidas se centran en conseguir lo antes posible y de forma segura una posible vacuna, así como en medidas para mitigar los efectos de la crisis que ha producido la pandemia.

Conseguir desarrollar una vacuna efectiva y segura es fundamental. En estos últimos meses, Europa se ha puesto a la cabeza en propuestas para la investigación de la vacuna de la Covid-19 teniendo el apoyo de varias empresas farmacéuticas.

Además, se ha propuesto aumentar la compra de material sanitario, establecer ayudas económicas para los países y conseguir que el turismo y la convivencia europea no se vean perjudicados.

¿Cuáles son las medidas europeas en la lucha contra la Covid-19?
Investigación

El 20 de agosto, se aprobó el contrato con la empresa biofarmacéutica alemana CureVac a la que Europa va aportar 80 millones de euros para su labor en la investigación.

A parte de encargarse del desarrollo de la vacuna, CureVac se compromete a que los países de la UE sean los primeros en poder comprar dicha vacuna y donarla a aquellos países con ingresos más bajos o medios.

Se prevé que la Comisión podrá comprar hasta 225 millones de dosis en nombre de Europa.

La Comisión Europea se ha sumado también al Centro de Acceso Global a la Vacuna COVAX. El 31 de agosto se anunció que la UE dotaría al centro de 400 millones de euros para acelerar el proceso y fabricación de la vacuna y garantizar el acceso a esta de manera equitativa para todos los europeos.

La Comisión Europea, durante el mes de septiembre, dio por concluida la firma de contratos con tres compañías farmaceúticas que colaborarán en el desarrollo de las vacunas contra el coronavirus. Estas compañías son:

Primero fue con Astrazeneca, una empresa británica con una sede en España.
Después llegaría el acuerdo con Sanofi-GSK y el último contrato más reciente es con la empresa Janssen Pharmaceutica NV perteneciente a Johnson & Johnson.

Actualmente, siguen en negociaciones con otras empresas para que se sumen a la causa como la empresa farmacéutica americana Moderna.

Además, el pasado 15 de octubre la CE presentó su propuesta de estrategia de vacunación y despliegue de vacunas. Esto ayudará a los países a planificar y asegurar que el acceso es asequible, seguro y eficaz.

En palabras de Úrsula von der Leyen , Presidenta de la Comisión Europea, dijo: “ La Comisión Europea cumple su promesa de garantizar el acceso rápido de los europeos y del mundo a una vacuna segura que nos proteja contra el coronavirus”.

Compra de material sanitario
La compra de material sanitario para todos los países es otro de los objetivos en los que se centra la UE.

El pasado 18 de septiembre, la Comisión destinó 150 millones de euros a la compra de material sanitario a los países europeos y Reino Unido, en la que se incluye:

Equipos de protección para el personal sanitario.
Medicamentos.
400 toneladas de gafas.
Batas desechables
Mascarillas FFP2 Y FFP3.
Además, varios países de los Estados miembros se han adelantado en la reserva de equipos médicos rescEU, como es el caso de máscaras protectoras y respiradores para todos.

El 8 de octubre se firmó un acuerdo con la empresa farmacéutica Gilead para proporcionar el suministro de 500.000 ciclos de tratamiento de Remdesivir, el único medicamento con autorización para comercializar destinado a pacientes graves de Covid-19 y que necesiten oxígeno.

Medidas económicas para respaldar a los países de la UE
En marzo de 2020, la Unión Europea se comprometió a establecer un marco temporal de ayudas estatales hasta junio de 2020. Sin embargo, tras la llegada de un segundo brote, el plazo de este marco queda ampliado hasta finales de año.

Estas ayudas proporcionarán a las empresas la suficiente liquidez para preservar su actividad económica a través de subvenciones directas, garantías estatales o préstamos públicos.

Además, la UE ha adoptado el programa SURE, ofreciendo financiación de hasta 100 mil millones de euros a los países de la UE en apoyo a sus programas de protección de empleo.

Turismo. Libre Circulación en la UE.
En este aspecto, la Comisión insiste en contar con una mayor claridad y predictibilidad en todas las medidas que restrinjan la libre circulación en el continente europeo.

El objetivo es conseguir una serie de directrices comunes para todos los europeos y que así sea más fácil la comunicación. ¿Cuáles son estas directrices?

Determinar si existirán o no restricciones de viaje entre países.
Establecer medidas específicas para aquellos territorios de alto riesgo en coronavirus.
Adoptar un mapa de colores para identificar las zonas de mayor riesgo y no en Europa.
Dar información clara y concisa al público sobre cualquier restricción.
Según la Comisión, es necesario establecer un enfoque bien determinado, coordinado, predecible y transparente en las restricciones que se vayan a tomar para prevenir la propagación del virus y salvaguardar la salud de los ciudadanos pero sin impedir la circulación entre los Estados miembros.

Los países de la Unión Europea han conseguido llegar a un acuerdo sobre la forma de llevar la propuesta de la Comisión a la práctica para afrontar la complicada situación y ayudar a los ciudadanos.

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CEOE pide una rápida aplicación de las medidas pactadas para garantizar la supervivencia del tejido productivo y el empleo

17 de noviembre, 2020

04 noviembre 2020

Valoración paro octubre

CEOE pide una rápida aplicación de las medidas pactadas para garantizar la supervivencia del tejido productivo y el empleo

Datos del paro

Los datos de desempleo y afiliación del mes de octubre reflejan una evolución aparentemente positiva, que no obstante hay que analizar con suma cautela.

Estos datos, como se verá, están profundamente condicionados por la evolución de la pandemia y la afectación heterogénea de las medidas de contención sanitaria en los distintos sectores de actividad.

Así, crece el desempleo en casi 50.000 personas principalmente focalizadas en los sectores de servicios, con más de 30.000 parados más, y los más de 10.000 de agricultura, por razones muy diversas. En tanto que el primero se está viendo profundamente afectado por los rebrotes y las medidas de restricción y contención sanitaria, el segundo responde a cuestiones de estacionalidad.

Igualmente, el incremento de afiliación en cerca de 114.000 personas se focaliza principalmente en el sector de la educación, con más de135.000 afiliados más, y en el sector público, con más de 27.000 personas, respondiendo a la demanda de profesionales para afrontar las medidas de distanciamiento social y rotatorias implementadas en los sectores educativo y público en su conjunto.

Esta realidad contrasta con la caída vertiginosa de la afiliación en el sector de la hostelería, con más de 85.000 afiliados menos, siendo uno de los más afectados por los rebrotes y por las medidas de contención sanitaria, en cuyo haber cuenta, además, con más de 211.000 afiliados en ERTE, y cuya situación a corto plazo resulta preocupante o, cuanto menos, incierta.

En este sentido, resulta imprescindible recordar la importancia de las medidas de acompañamiento para los sectores de actividad más golpeados por los efectos de la pandemia y las medidas de contención sanitaria, muy particularmente las relativas a los ERTE, acordadas por los interlocutores sociales CEOE, CEPYME, CCOO y UGT y el Gobierno en el III Acuerdo Social en Defensa del Empleo que se tradujo en el Real Decreto Ley 30/2020, y cuyas cifras no se reflejan aún en los datos hechos públicos hoy. Dichas medidas, encaminadas a garantizar la supervivencia del tejido productivo y el empleo, requieren de una rápida aplicación y ajustada a lo pactado.

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Paso de gigante de empresas y trabajadores para reducir la brecha digital

17 de noviembre, 2020

06 noviembre 2020

CEOE

Paso de gigante de empresas y trabajadores para reducir la brecha digital

Fundación CEOE, Ecotic, Ambilamp, Ecoasimelec, Ecofimática, Ecolec, Ecolum, y ERP España se alían para realizar una recogida selectiva de ordenadores y tabletas a nivel estatal entre el tejido empresarial con fines solidarios.


Los dispositivos reacondicionados se entregarán a las entidades sociales colaboradoras de Fundación CEOE que lo soliciten, que serán las encargadas de distribuirlos.

El estudio de ecoinnovación inèdit, empresa del parque de investigación de la UAB, y la Fundación SEUR colaboran desinteresadamente para contabilizar la reducción de la huella de carbono y distribuir los aparatos reacondicionados entre las ONG.

La acción impulsa la economía circular y se alinea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas.

Una amplia alianza de entidades se une para impulsar una nueva edición de la campaña Digitalización Sostenible, que en esta ocasión quiere implicar al tejido empresarial de todo el Estado realizando una recogida selectiva de dispositivos electrónicos en los centros de trabajo con una finalidad solidaria: reducir la brecha digital para contribuir al fomento del acceso universal a la tecnología.

La idea original surgió de la empresa de hipermercados y supermercados Alcampo, que planteó a Fundación Ecotic llevar a cabo una recogida selectiva de ordenadores y tabletas en empresas. Partiendo de esta propuesta, Fundación CEOE y los principales Sistemas Colectivos de Responsabilidad Ampliada del Productor (SCRAP) en el ámbito del reciclaje electrónico (Fundación Ecotic, Ambilamp, Ecoasimelec, Ecofimática, Fundación Ecolec, Ecolum, y ERP España), han decidido aliarse para impulsar una campaña solidaria a nivel estatal, contando con la colaboración del estudio de ecoinnovación inèdit y de la Fundación SEUR.

El objetivo principal de la campaña es dar una segunda vida a los residuos de ordenadores y tabletas aportados por las empresas, así como vehicular las donaciones de equipos nuevos que estén en disposición de hacer, a fin de ayudar a personas con dificultades de acceso a la tecnología, y reducir a su vez la generación de residuos para proteger el medio ambiente.

Para ello, los ordenadores y tabletas recogidos se reacondicionarán y se entregarán a centros educativos y de formación, a menores y personas en riesgo de exclusión, a residencias de personas mayores, y a otras personas y colectivos que los necesiten.

La Fundación CEOE enmarca la campaña Digitalización Sostenible dentro de su proyecto «Empresas que ayudan», que tiene como objetivo coordinar iniciativas solidarias para contribuir a hacer frente a la crisis provocada por la Covid-19. Las donaciones de los dispositivos reacondicionados se vehicularán a través de las ONG con las que colabora habitualmente la Fundación de la patronal española, que otorgarán a las empresas participantes que lo soliciten un certificado de donación acreditando los equipos entregados.

El presidente de CEOE, Antonio Garamendi, animó a las empresas y autónomos a sumarse a esta iniciativa, en tanto que “ayudará a avanzar en varios objetivos: reducir la generación de residuos electrónicos y de su impacto ambiental o fomentar la economía circular”. Hasta cinco Objetivos de Desarrollo Sostenible se podrán cumplir con estas acciones, dijo ante de poner énfasis en que el proyecto está “enfocado a la acción social de reducción de la brecha digital”.

Los Sistemas Colectivos implicados pondrán a disposición de todas las empresas que participen en la campaña contenedores para la recogida selectiva de los dispositivos en desuso, que pueden aportar tanto las propias direcciones empresariales como sus trabajadores a nivel particular.

Andreu Vilà, director general de Fundación Ecotic, ha destacado que “alcanzar la sostenibilidad del medio ambiente y del sistema productivo depende en gran medida de un compromiso real por parte del tejido empresarial enfocado más a una economía colaborativa que competitiva, donde los valores éticos trasciendan los estrictos criterios de negocio, y que hoy son más necesarios que nunca”. Por este motivo, considera que “impulsar iniciativas como esta edición de la campaña Digitalización Sostenible, y poder hacerlo contando con el apoyo y el compromiso de una entidad de referencia como Fundación CEOE, es un elemento clave para alcanzar las necesarias alianzas que reclaman los Objetivos de Desarrollo Sostenible”.

La Fundación SEUR se encargará de la distribución de los equipos reacondicionados entre las mencionadas entidades sociales. “El solo nombre de Digitalización Sostenible ya nos invita a participar en la acción, ya que, de las dos actividades fundamentales, técnica y logística, la segunda es nuestro cometido. La atención a colectivos desfavorecidos por cualquier circunstancia, fundamentalmente la infancia, mediante la prestación de servicios logísticos con carácter solidario es nuestro objetivo”, ha afirmado Ramón Mayo, presidente de Fundación SEUR.

Por su parte, el estudio de ecoinnovación inèdit pondrá las cifras medioambientales de los participantes en la campaña. “Nos encargaremos de realizar el cálculo del ahorro de la huella de carbono del proceso de recuperación y acondicionamiento de los ordenadores donados”, ha comentado Gabriela Benveniste, Project Manager de la entidad. La consultora proporcionará un documento de acreditación del estudio realizado, que servirá para que los Sistemas Colectivos puedan facilitar a las empresas que hayan aportado equipos al proyecto un documento en el que se indicará la reducción de su huella de carbono en función de los equipos donados por cada una de ellas.

Con esta acción, las entidades impulsoras y colaboradoras quieren contribuir de manera efectiva a reducir la brecha digital, favorecer el desarrollo de la economía circular a través de la recogida y reacondicionamiento de los dispositivos o de su adecuado reciclaje cuando no resulte viable, fomentar el acceso universal a la tecnología y contribuir a la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) incluidos en la Agenda 2030 de las Naciones Unidas.

Los organizadores hacen un llamamiento para que todas las empresas comprometidas pongan su grano de arena para que la campaña llegue a todos los rincones del Estado porqué, como destacan, “juntos podemos reducir la brecha digital».

Las empresas que deseen sumarse a la Digitalización Sostenible pueden hacerlo a través de la página web www.digitalysostenible.com

Compromiso compartido

La acción de recogida solidaria quiere dar un impulso a la economía circular porqué, como afirman sus organizadores, «el mejor residuo es aquel que no se genera». La reutilización y el reciclaje son dos elementos clave para el desarrollo de un modelo productivo más eficiente y sostenible, que minimice el uso de los recursos naturales finitos y tenga como prioridad la protección del medio ambiente, y para ello es fundamental contar con la implicación de las empresas.

“Ante la difícil situación en que se encuentran hoy en día muchos ciudadanos, el sector del reciclado puede y debe dar ejemplo con acciones como esta, ya que es así como podemos ayudar a reducir la brecha digital en los colectivos más vulnerables. Un ordenador o una tableta reacondicionada y en buen uso puede ser una ventana para que un estudiante pueda seguir sus clases telemáticas o para que una persona mayor se comunique con los suyos”, ha destacado Juan Carlos Enrique, director general de Ambilamp.

Para José Pérez, consejero delegado de Recyclia, entidad administradora de Ecoasimelec, Ecofimática y Ecolum, “la crisis sanitaria y económica que atravesamos ha evidenciado y ahondado todavía más la brecha digital existente en nuestro país. De ahí la importancia de promover un proyecto como éste que, además de contribuir a reducir esta desigualdad de oportunidades, permite hacer frente al problema que supone la proliferación de los residuos electrónicos, priorizando su reutilización y reciclaje”.

Luis Moreno, director general de Fundación Ecolec, ha afirmado que “estamos muy comprometidos con todas las acciones que implican sostenibilidad y solidaridad, y cuando nos ofrecieron participar en esta iniciativa no lo dudamos. Esta acción también forma parte del espíritu de nuestro #GreenSoul, que pusimos en marcha el pasado junio coincidiendo con el Día Mundial del Medio Ambiente, con una clara intención de ayudar en la lucha contra la crisis climática y favorecer la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible”.

Luis Moreno, director general de Fundación Ecolec, ha afirmado que “estamos muy comprometidos con todas las acciones que implican sostenibilidad y solidaridad, y cuando nos ofrecieron participar en esta iniciativa no lo dudamos. Esta acción también forma parte del espíritu de nuestro #GreenSoul, que pusimos en marcha el pasado junio coincidiendo con el Día Mundial del Medio Ambiente, con una clara intención de ayudar en la lucha contra la crisis climática y favorecer la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible”.

Reciclaje electrónic en España

Según datos de OfiRaee, la oficina de coordinación que agrupa a los sistemas colectivos de responsabilidad ampliada del productor (SCRAP), la actividad de estas entidades, junto con la colaboración de los distintos actores que intervienen en el ciclo de vida del producto -consumidores, fabricantes, distribuidores y gestorespermitió gestionar 328.686 toneladas de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) durante 2019, procedentes tanto del ámbito doméstico como profesional.

Esta cifra representa más de 6,94 kilogramos por habitante, una cantidad que se sitúa por encima del objetivo mínimo establecido de 6,41 kilogramos por habitante. Cabe señalar además que un total de 6.042 toneladas se destinaron a procesos de preparación para la reutilización, en sintonía con los esfuerzos que se están desarrollando a nivel europeo para alargar la vida útil de los equipos, un aspecto considerado estratégico en la consolidación del modelo de economía circular.

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Vista de la bahía de Santander .

16 de noviembre, 2020
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La Sala Primera del Tribunal Supremo notifica las sentencias que resuelven cuatro recursos de casación en relación con el índice IRPH de las hipotecas

16 de noviembre, 2020

Viernes, 13 de noviembre de 2020

La Sala Primera del Tribunal Supremo notifica las sentencias que resuelven cuatro recursos de casación en relación con el índice IRPH de las hipotecas

Los asuntos que se deliberaron en el Pleno del pasado 21 de octubre de 2020, fecha en la que se adelantó el fallo

Autor: Comunicación Poder Judicial

En estas sentencias, el Pleno analiza la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) de 3 de marzo de 2020 y constata que la cuestión prejudicial planteada por el Juzgado de Primera Instancia 38 de Barcelona, que dio lugar a dicha sentencia, trasladó erróneamente al TJUE el sentido de la jurisprudencia de la Sala Primera. A diferencia de lo que sostenía el auto de planteamiento, esta sala había mantenido tanto la contractualidad de la cláusula que establece el IRPH como índice de referencia del préstamo, como la necesidad de aplicar a dicha cláusula el control de transparencia. Por tanto, que el TJUE afirme que la cláusula en cuestión no está excluida de la Directiva 93/13 no supone que deba modificarse la jurisprudencia de la sala, que era concorde con dicho pronunciamiento.

En el análisis de la repercusión de la sentencia del TJUE sobre el control de transparencia de las cláusulas en cuestión, el Pleno parte de que el TJUE ha considerado que la publicación del IRPH en el BOE permitía al consumidor medio comprender que el referido índice se calculaba según el tipo medio de los préstamos hipotecarios a más de tres años para la adquisición de vivienda, incluyendo así los diferenciales y gastos aplicados por tales entidades, de modo que esa publicación salva, para todos los casos, las exigencias de transparencia en cuanto a la composición y cálculo del IRPH. Por ello, se pueden considerar excluidos de los parámetros de la transparencia tanto la comprensibilidad del funcionamiento matemático/financiero del índice IRPH (ningún índice, tampoco el Euribor, resistiría dicha prueba) como la información comparativa con otros índices oficiales.

El segundo parámetro de transparencia establecido por el TJUE es la información que la entidad prestamista facilitó al consumidor sobre la evolución pasada del índice. En caso de que la falta de información directa sobre la evolución del IRPH en los dos años anteriores determine la falta de transparencia de la cláusula cuestionada, tal falta de transparencia no determina necesariamente su nulidad. Según reiterada jurisprudencia del TJUE, el efecto de la falta de transparencia de las cláusulas que definen el objeto principal del contrato no es su nulidad, sino la posibilidad de realizar el juicio de abusividad, esto es, permite valorar si se trata de una cláusula que, en contra de las exigencias de la buena fe, causa, en perjuicio del consumidor y usuario, un desequilibrio importante de los derechos y obligaciones de las partes que se deriven del contrato.

La Sala, al realizar ese juicio de abusividad de acuerdo con los parámetros del TJUE, considera que el ofrecimiento por la entidad bancaria de un índice oficial, aprobado por la autoridad bancaria, no puede vulnerar por sí mismo la buena fe. Además, el Gobierno Central y varios Gobiernos autonómicos han venido considerando, a través de normas reglamentarias, que el índice IRPH era el más adecuado para utilizarlo como índice de referencia en el ámbito de la financiación de viviendas de protección oficial, por lo que resulta ilógico considerar como actuación contraria a la buena fe la incorporación de ese mismo índice a préstamos concertados fuera de ese ámbito de financiación oficial.

Desde el punto de vista del desequilibrio de los derechos y obligaciones de las partes, que debe ser valorado en el momento de suscripción del contrato, la evolución más o menos favorable del índice durante la vida del préstamo no puede ser determinante. Que en su desenvolvimiento posterior el préstamo resulte más caro que otros no supone desequilibrio determinante de abusividad, puesto que el control de contenido no puede derivar en un control de precios y el TJUE ha descartado que las entidades bancarias tuvieran obligación de facilitar información comparativa sobre los distintos índices oficiales, sobre su evolución futura o de asesorar a sus clientes sobre el mejor préstamo posible.

Por último, no se ha justificado que el índice IRPH, que está fiscalizado, en todo caso, por la administración pública, sea más fácilmente manipulable que el resto de los índices oficiales y, de hecho, el Euribor, que es el índice cuya aplicación solicitan los prestatarios, se calcula por una entidad privada (EMMI) y en los últimos años la Comisión Europea ha impuesto fuertes sanciones por la manipulación tanto del Euribor como del Libor.

En aplicación de estos criterios, las sentencias hacen los pronunciamientos pertinentes sobre los recursos analizados en cada caso.

Las sentencias cuentan con el voto particular del magistrado D. Francisco Javier Arroyo Fiestas, que considera que las cláusulas enjuiciadas son nulas, por no superar el control de abusividad, y que procedería la sustitución del IRPH por el Euribor.

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Informe “La Tributación del Ahorro y su Incidencia en la Reactivación Económica desde la Perspectiva de la Competitividad Regional”

16 de noviembre, 2020

Informe “La Tributación del Ahorro y su Incidencia en la Reactivación Económica desde la Perspectiva de la Competitividad Regional”

Instituto de Estudios económicos

CEIM refuerza con este informe por qué la Comunidad de Madrid debe ser un referente en las políticas tributarias a aplicar en España

El presidente de CEIM, Miguel Garrido, ha señalado la idoneidad de este informe que, en las circunstancias económicas actuales “destaca a Madrid como un ejemplo a seguir en materia fiscal y no como una anomalía que hay que corregir”.

El director del IEE, Gregorio Izquierdo, ha explicado cómo «la Comunidad de Madrid se sitúa en una mejor posición competitiva y sus políticas tributarias han contribuido a que la economía madrileña muestre una mayor resiliencia y capacidad de recuperación en situaciones adversas».

Madrid, 5 de noviembre de 2020. Los Presupuestos Generales del Estado (PGE) 2021 presentados por la coalición de Gobierno PSOE – Unidas Podemos incluyen, entre otras medidas, una subida fiscal en el Impuesto de Sociedades, Patrimonio e IRPF, que según CEIM, «afectará directamente a la competitividad empresarial, tan dañada por la crisis económica derivada del COVID-19, y en consecuencia, a la generación de empleo y al Estado del Bienestar».

El presidente de la Confederación Empresarial de Madrid ha sido así de contundente esta mañana durante la presentación del Informe “La Tributación del Ahorro y su Incidencia en la Reactivación Económica desde la Perspectiva de la Competitividad Regional” realizado por CEIM, con la colaboración del Instituto de Estudios Económicos (IEE) y en el marco del Convenio de Diálogo Social de la Comunidad de Madrid. Miguel Garrido ha señalado la necesidad de ayudar a empresas y autónomos en la coyuntura actual, porque «al contrario de lo que hacen el resto de países europeos, en España, no sólo no hay ayudas reales y de calado al sector económico, sino que se penaliza a las empresas con subidas de impuestos y exceso de trámites burocráticos».

Así, el presidente de los empresarios madrileños ha destacado la idoneidad de presentar este informe que, en las circunstancias económicas actuales “destaca a la Comunidad de Madrid como un ejemplo a seguir en materia fiscal y no como una anomalía que hay que corregir”. Asimismo, ha insistido en que “todo incremento de la fiscalidad incide directamente sobre la rentabilidad empresarial, penaliza la inversión y limita los recursos para la producción promoviendo su deslocalización y desincentivando la entrada de capital en las empresas”.

Principales conclusiones del Informe de CEIM: Por qué la Comunidad de Madrid debe preservar la autonomía, corresponsabilidad y competitividad fiscal

El director general del IEE, Gregorio Izquierdo, ha sido el encargado de presentar el Informe en el que se destaca por qué la Comunidad de Madrid debe ser un referente en las políticas tributarias a aplicar en España y no al contrario, y se ponen de manifiesto las siguientes evidencias:

Si se aplicara una armonización de la imposición patrimonial para la Comunidad de Madrid, esto supondría una pérdida de competitividad que a medio y largo plazo implicaría una contracción mínima del 2% del PIB para Madrid y del 0,5% del PIB nacional.

A la vista de las experiencias de otros países como Alemania y Francia, una subida del Impuesto sobre Patrimonio podría tener, en el medio y largo plazo, un efecto neto negativo sobre el conjunto de los ingresos públicos.

La corresponsabilidad fiscal forma parte intrínseca de la naturaleza de las autonomías, más aún cuando conviven un régimen común con regímenes forales.

Las Comunidades Autónomas deben tener el derecho y la obligación de ejercer la corresponsabilidad fiscal, que no es otra cosa que tener libertad para poder reflejar las preferencias de sus ciudadanos en el diseño de los gastos e ingresos públicos.

La corresponsabilidad fiscal es una palanca de mejora de eficiencia del sector público que no deja de ser la gran reforma pendiente de nuestra administración.

Es importante no penalizar el ahorro porque cumple un papel fundamental como motor de la inversión, de la productividad y del crecimiento a largo plazo, y por ende, de la prosperidad y bienestar social.

España se sitúa como una de las economías de la OCDE con un tratamiento tributario más lesivo en el ámbito del ahorro y la imposición patrimonial es de las más elevadas, en un entorno internacional en el que la tendencia es a la desaparición o bonificación de estos tributos.

La actual tributación efectiva sobre el ahorro en España genera problemas de doble imposición y supuestos de confiscatoriedad.
El Impuesto sobre el Patrimonio es un impuesto especialmente contraproducente, que no existe en ningún otro país dentro de la UE, por los significativos costes que incorpora al ahorro, la inversión y la actividad. De hecho, a medio y largo plazo algunos estudios contemplan que su impacto neto sobre la recaudación global acaba siendo negativo.

El Impuesto sobre Sucesiones no existe o funciona de forma residual en la mayor parte de los países de la UE. De hecho, el tipo medio del impuesto dentro de la OCDE es del 15%. La fuerte incidencia negativa que tiene este impuesto sobre la supervivencia de las empresas en los procesos de transmisión generacional obliga a exonerar del mismo a las empresas familiares tal y como se hace en la mayor parte de Europa.
Madrid es, junto a País Vasco, la región que tiene uno de los sistemas tributarios más atractivos del país y, por ello, ambas tienen una mejor clasificación en el Índice de Competitividad Regional de la Comisión Europea, situándose junto a Navarra, en la fase 5 de desarrollo, es decir, en el máximo nivel de una clasificación que va de 1 a 5, dentro de la ordenación de la Comisión Europea.

Madrid es la Comunidad Autónoma que más aporta al resto de España en términos fiscales, siendo la más solidaria con el resto de regiones. En concreto, contribuye con más de 19.000 millones de euros, siendo Cataluña la segunda que más aporta, con algo menos de 10.000 millones.
Madrid es la región en donde mejor se cumple con las obligaciones tributarias de toda España, tal y como demuestra sus menores niveles de economía sumergida. Frente a un promedio para España del 23,1% de su peso en el PIB, en Madrid supone un 16,2%.

Los ciudadanos madrileños ya son los que más impuestos por persona aportan en España: un 32% más que la media de España.

En definitiva, Gregorio Izquierdo ha destacado que, tal y como muestra el Informe, «la Comunidad de Madrid se sitúa en una mejor posición competitiva y sus políticas tributarias han contribuido a que la economía madrileña muestre una mayor resiliencia y capacidad de recuperación en situaciones adversas». Y ha insistido en que “las subidas impositivas son especialmente desaconsejables en momentos como el actual, ya que erosionan la capacidad de recuperación y desincentivan la actividad y el necesario ahorro”.

Puedes consultar el estudio completo en este enlace.

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¡Participa ahora en la consulta pública sobre el futuro FSE+ en España!

16 de noviembre, 2020

¡Participa ahora en la consulta pública sobre el futuro FSE+ en España!

Consulta pública sobre el FSE

Comisión europea

El futuro del Fondo Social Europeo+ (FSE+) se está debatiendo ahora mismo a nivel nacional: el principal instrumento europeo que apoya a la creación de empleo, ayuda a las personas a conseguir mejores puestos de trabajo y garantiza oportunidades laborales más justas para todos.

06/11/2020

La autoridad de gestión del FSE+ en España ha lanzado una consulta pública sobre el periodo 2021-2027 con la intención de animar a entidades y ciudadanos a participar.

Tras un proceso de diálogo con representantes del sector público estatal, autonómico y local, el sector privado, el tercer sector y las organizaciones empresariales y sindicales más representativas, se ha elaborado un documento estratégico de análisis de las aportaciones recibidas. El contenido de este documento identifica las prioridades en materia de empleo, educación, inclusión social y lucha contra la pobreza, y constituye el punto de partida para el diseño del futuro FSE+ en España.

El proceso de consulta pública lanzado por la autoridad de gestión del FSE+ permite a cualquier interesado de formular por escrito aportaciones u observaciones que considere oportunas respecto al contenido del Documento Estratégico FSE+ 2021-2027. El plazo establecido para el envío de aportaciones es entre el 27 de octubre y el lunes 30 de noviembre.

Manda tu contribución a: fse2021-2027@mitramiss.es(link sends e-mail)

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El Consejo Económico y Social aprueba un Informe sobre Jóvenes y mercado de trabajo en España

16 de noviembre, 2020

06/10/2020

El Consejo Económico y Social aprueba un Informe sobre Jóvenes y mercado de trabajo en España

• Aboga por transformar la Garantía Juvenil para combatir el paro entre los menores de 25 años
• El CES propone incentivar la contratación indefinida de jóvenes con los fondos europeos para la reconstrucción

El Consejo Económico y Social de España (CES) propone incentivar la contratación indefinida de jóvenes con los fondos europeos concedidos para la reconstrucción del país. En concreto, este órgano consultivo del Gobierno en materia socioeconómica y laboral plantea en su recientemente aprobado Informe sobre Jóvenes y mercado de trabajo en España llevar adelante la recuperación en dos etapas para hacer frente a la crisis provocada por la actual pandemia.

En la primera, sugiere impulsar la conversión de contratos temporales mediante acuerdos colectivos para conseguir una estabilidad de la población asalariada joven mayor que la de 2019. En la segunda, recomienda promover una contratación inicial más estable, incluso modulando los requisitos para el acceso a financiación o recursos procedentes de los fondos europeos.

Por otra parte, entre otras medidas, el CES aboga por transformar la Garantía Juvenil para combatir el paro entre los menores de 25 años, que en España ha vuelto a incrementarse con 16.657 nuevos inscritos en septiembre, según se desprende de los últimos datos del Ministerio de Trabajo y Economía Social.

Específicamente, el Informe defiende, hacer la Garantía Juvenil de carácter permanente, no coyuntural, y reducir el desempleo estructural de los jóvenes. En este sentido, el CES considera urgente que el Consejo Europeo concrete y desarrolle los mecanismos de refuerzo de este instrumento.

Respecto al marco español, el CES piensa que los esfuerzos adicionales que se realicen en la aplicación de la Garantía Juvenil deberían priorizar las actuaciones de formación, teniendo en cuenta la brecha existente entre la cualificación de los jóvenes y las principales demandas de las empresas en la actualidad, tan relacionadas con la revolución digital y los perfiles científicos y tecnológicos.

En este contexto, el organismo apremia a elevar el número de personas graduadas en Formación Profesional (FP) y a dedicar más esfuerzos a optimizar la calidad del sistema educativo y de aprendizaje. De hecho, el informe insta a revisar la eficiencia de las vías de entrada al empleo y la capacidad de los mecanismos de mejora en el ajuste oferta-demanda en el mercado laboral.

Blindar el Plan de Choque por el Empleo Joven

Asimismo, el CES recomienda blindar el Plan de Choque por el Empleo Joven, a la vista de que la dotación presupuestaria prevista para el periodo 2019-2021 puede quedar comprometida como consecuencia de la crisis sanitaria.

Finalmente, el Informe insta a evaluar adecuadamente las políticas de empleo para jóvenes y remarca la prevalencia que debería otorgarse a las políticas activas, objetivos para los que resulta esencial el diálogo con los interlocutores sociales para poner en marcha medidas eficaces y coherentes.

•Informe 02/2020 sobre Jóvenes y mercado de trabajo en España

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Foment constata que los datos de empleo de octubre muestran más sombras que luces

16 de noviembre, 2020

Foment constata que los datos de empleo de octubre muestran más sombras que luces

La patronal insiste en la urgencia de poner en marcha planes de choque económicos para las empresas y sectores afectados

4 de noviembre de 2020

Fomento

◾Deberemos estar expectantes a la evolución de las próximas semanas puesto que es de prever que las medidas impeditivas o limitativas de la actividad comportarán un aumento de ERTE y ERE.
◾En el lado positivo destaca un crecimiento de la afiliación en 113.974 personas en España y 20.910 en Cataluña, básicamente por las contrataciones en el sector educativo.
◾En el lado negativo destaca un crecimiento del paro de casi 50.000 personas en España y 6.358 en Cataluña, si bien octubre es un mes en el que aumenta el paro tradicionalmente.

El número de desempleados en Cataluña ha aumentado este mes de octubre en 6.358 personas (1,33%) respecto al mes anterior. El incremento del 1,33% es el más bajo en un mes de octubre desde el año 2007. En términos interanuales, el paro registrado ha aumentado en 97.292 personas, lo que supone un incremento interanual en términos relativos de un 25,12%, siendo la variación interanual más alta en un mes de octubre desde 2009. De esta forma, el número de desempleados en Cataluña es de 484.559 personas. Respecto a la contratación, se han efectuado más contratos que el mes anterior (3.747 contratos más), y se mantiene la dualidad entre los contratos temporales que representan el 86,42%, y los indefinidos que representan el 13,58% del total de contratos realizados en este mes.

Foment del Treball constata que los datos de empleo correspondientes al mes de octubre muestran más sombras que luces.

En el lado positivo destacamos un crecimiento de la afiliación en 113.974 personas en España y 20.910 en Cataluña, lograda básicamente por las contrataciones en el sector educativo; una disminución del número de trabajadores afectados por ERTE a pesar de las restricciones y una recuperación paulatina desde hace unos meses del 68,4% de los empleos perdidos desde el inicio de la crisis.

En el lado negativo se ha de destacar un crecimiento del paro de casi 50.000 personas en España y 6.358 en Cataluña, si bien octubre es un mes en el que aumenta el paro tradicionalmente; una caída interanual de la contratación respecto el mismo mes del año pasado del 30%, siendo aún mayor la caída de la contratación indefinida con un 36%, lo que denota una pérdida de dinamismo en la contratación; una grave afectación del paro en sectores como la hostelería y que aún estamos lejos de recuperar el empleo perdido desde marzo.

Deberemos estar expectantes a la evolución de las próximas semanas puesto que es de prever que las medidas impeditivas o limitativas de la actividad comportarán un aumento de ERTE y ERE.

Desde Foment del Treball insistimos en la urgencia de poner en marcha planes de choque económicos para las empresas y sectores afectados, así como la remoción de las medidas legislativas que limitan el poder de dirección empresarial y la capacidad de adoptar las decisiones pertinentes para adaptarse a las circunstancias actuales.

El aumento, en términos interanuales, del paro registrado del 25,12%, supone un incremento de 97.292 personas desempleadas más respecto del mismo mes del año anterior.

Respecto a la variación mensual, en Cataluña, en este mes de octubre de 2020 el paro ha registrado un incremento de 6.358 personas desempleadas más respecto al mes anterior (1,33% en términos relativos).

Por sectores, el incremento mensual del paro registrado se concentra principalmente en el sector servicios (4.201), seguido por las personas sin empleo anterior (1.224) y agricultura (1.169). En el sector de la industria el desempleo se reduce en 176 personas y en la construcción en 60 personas.

Por provincias, el paro registrado mensualmente aumenta en todas las provincias. Concretamente, en Barcelona aumenta en 1.079 personas, en Girona en 2.483 personas, en Lleida en 1.853 personas y en Tarragona en 943 personas. En términos interanuales, el paro aumenta en un 23,94% en Barcelona, en un 29,69% en Girona, en un 28,59% en Lleida y en un 27,20% en Tarragona.

El paro registrado en cada provincia se sitúa este mes de octubre en 351.676 en Barcelona, 47.739 en Girona, 26.206 en Lleida y 58.938 en Tarragona.

Contratación. Respecto al número de contratos registrados durante el mes de octubre en Cataluña, el número de contratos se sitúa en 220.439 contratos, de los cuales un 13,58% (29.926 contratos) lo han sido de carácter indefinido, y el 86,42%, es decir, 190.513 contratos, han sido temporales. El número de contratos registrados en Cataluña se ha incrementado en 1,73 % respecto al mes anterior (3.747 contratos más) y se reduce un -30,86% respecto al mes de octubre de 2019 (98.385 contratos menos).

A nivel estatal el paro registrado se ha incrementado en 49.558 personas en relación al mes anterior (1,31%). La cifra de paro a nivel estatal se sitúa en el mes de octubre de 2020 en 3.826.043 personas (22,62% en términos anuales).

Afiliación. En Cataluña, el número de afiliados a la Seguridad Social se ha situado en el mes de octubre de 2020 en 3.375.642 ocupados, lo que supone 22.910 ocupados más respecto el mes de septiembre (0,68%), y 93.953 ocupados menos respecto al mismo mes del año anterior (-2,71%).

En ámbito estatal el número de afiliados a la Seguridad Social se ha situado en el mes de octubre en 18.990.364 ocupados, lo que supone un incremento de 113.974 personas afiliadas respecto al mes anterior (0,60%), y en términos interanuales la afiliación registró un descenso de 439.628 afiliados (-2,26%).

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Catedral de León,

15 de noviembre, 2020
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El Directorio Ejecutivo del Fondo Monetario Internacional concluye la Consulta del Artículo IV con España correspondiente a 2020

15 de noviembre, 2020

El Directorio Ejecutivo del Fondo Monetario Internacional concluye la Consulta del Artículo IV con España correspondiente a 2020

13 de noviembre de 2020

Washington, DC: El 11 de noviembre de 2020,el Directorio Ejecutivo del Fondo Monetario Internacional (FMI)concluyó la Consulta del Artículo IV [1] con España.

La pandemia de COVID-19 ha afectado profundamente a la economía y lasociedad de España, tras cinco años de fuerte crecimiento generador deempleo. En el primer semestre del año, España sufría la mayorcontracción (12,8%) entre las grandes economías avanzadas. La magnitudde la caída refleja la escala de la propagación de los contagios, queexigió medidas estrictas de confinamiento, y las característicasestructurales que hacen que la economía sea más vulnerable antedisrupciones, como el gran predominio de pequeñas y medianas empresas,la importancia del turismo y el uso generalizado de los contratostemporales. El relajamiento gradual de las medidas de confinamientoinsufló algo de vida a la actividad durante el verano, pero la gravedadde la segunda ola de contagios es preocupante.

Un paquete de medidas de mantenimiento de rentas y apoyo a la liquidezha contenido los efectos económicos de la pandemia. El régimen deexpedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) ha sido fundamentalpara limitar el impacto sobre el desempleo. El sector bancario —respaldado por medidas de política como avales con fondos públicos yla política monetaria expansiva del BCE— ha continuado su apoyo a laeconomía real con actividades de intermediación de crédito, adiferencia de la crisis financiera mundial. Mitigar el impacto sobre laeconomía está afectando significativamente las finanzas públicas: seespera que el coeficiente de deuda pública aumente hastaaproximadamente el 120% del PIB en 2020.

En el marco de un escenario de referencia sin nuevas medidas estrictasde confinamiento generalizadas, se prevé que la actividad se contraigaaproximadamente un 12% en 2020, y que se recupere parcialmente en 2021en aproximadamente un 7%. La recuperación depende de un fuerte repuntedel consumo privado y un incremento sustancial de la inversión públicafinanciada principalmente con fondos anticipados por el Mecanismo deRecuperación y Resiliencia de la UE (MRR). La incertidumbre sobre lasperspectivas es muy elevada. Los riesgos se decantan marcadamente a labaja, y dependerán fundamentalmente de la contención de la segunda olade contagios, del tamaño, los plazos y la composición del gastoadicional financiado por la UE, así como del éxito de las medidas depolítica en la mitigación de las cicatrices sobre el tejido productivo.

Evaluación del Directorio Ejecutivo [2]

Los directores ejecutivos observaron que la pandemia de COVID-19 haafectado profundamente a la economía y la sociedad de España,provocando la trágica pérdida de vidas, el aumento del desempleo y unapronunciada recesión económica. La recuperación será dilatada y estarásujeta a importantes riesgos e incertidumbre. Las perspectivas a cortoplazo dependerán fundamentalmente de la efectividad de las nuevasmedidas de contención y la preparación del sistema sanitario.

Los directores elogiaron a las autoridades por su rápida y contundenteimplementación de medidas de mantenimiento de rentas y apoyo a laliquidez para mitigar los efectos económicos y sociales de la pandemia.Subrayaron la importancia de continuar con las medidas de apoyo depolítica económica hasta que la recuperación se encuentre firmementeencauzada, al mismo tiempo que se mantiene la flexibilidad para adaptarese apoyo a la evolución de los acontecimientos. Los directorescoincidieron en que, a medida que la pandemia retroceda, el apoyofiscal deberá focalizarse cada vez más en los grupos vulnerables y lasempresas viables, facilitando la reasignación de recursos haciasectores en expansión.

Los directores subrayaron la urgencia de abordar las vulnerabilidadesdel sector empresarial. Recomendaron priorizar el apoyo de capitalfocalizado en las empresas viables, con una estrategia de salida biendiseñada. Alentaron a que continúen los esfuerzos para fortalecer losmarcos de resolución de deuda privada y ampliar la capacidad de losjuzgados de lo mercantil.

Los directores observaron la fortaleza del sistema financiero, que hacontribuido a mitigar el impacto de la crisis. Hicieron hincapié en lanecesidad de mantener una sólida supervisión, junto con medidas dealivio y políticas prudentes en materia de dividendos. Los directorescelebraron los esfuerzos para fortalecer el marco de lucha contra ellavado de dinero (ALD) y el financiamiento del terrorismo (LFT).También alentaron a que se potencien los marcos de gestión de crisis,tanto a nivel nacional como europeo, abordando las carencias existentesen los regímenes de resolución y liquidación.

Los directores celebraron la intención de las autoridades de utilizarfondos europeos para respaldar la recuperación económica a corto plazoy fomentar un cambio estructural hacia una economía más productiva, másverde y digital, en consonancia con las prioridades de política de losplanes de recuperación nacionales. Subrayaron la necesidad deeficiencia en la coordinación, la ejecución y la supervisión de losplanes.

Los directores coincidieron en que, a medio plazo, será necesaria laconsolidación fiscal para reconstruir los colchones fiscales y situarla deuda en una senda a la baja. Celebraron los esfuerzos en curso paramejorar la progresividad de los impuestos y la capacidad de recaudaciónde impuestos, y alentaron nuevas reformas del sistema de pensiones.

Los directores observaron que la pandemia ha agravado las ya altasdisparidades socioeconómicas en España. Celebraron los esfuerzos parafortalecer la red de seguridad en el ámbito social con la introduccióndel régimen de ingreso mínimo. Alentaron una mayor recapacitación yrentrenamiento para los trabajadores desplazados, la actualización delas prestaciones por desempleo, que se aborde la dualidad del mercadolaboral y la mejora de la igualdad de género.

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El Tribunal Supremo fija doctrina sobre el principio acusatorio en los procedimientos administrativos sancionadores

15 de noviembre, 2020

Jueves, 5 de noviembre de 2020

El Tribunal Supremo fija doctrina sobre el principio acusatorio en los procedimientos administrativos sancionadores

La Sala Tercera aplica esta doctrina al estimar un recurso contra una sentencia de la Audiencia Nacional que anuló una resolución de la CNMC que había impuesto a Radio Popular-COPE tres sanciones de multa de 50.001 euros cada una

Autor: Comunicación Poder Judicial

La Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha dictado una sentencia en la que fija como doctrina que “el principio acusatorio, que constituye una de las garantías estructurales del proceso penal, cuya protección se reconoce por el artículo 24.2 de la Constitución, vinculado al derecho de defensa, al derecho a un proceso con todas las garantías y al derecho a ser informado de la acusación, debe modularse cuando se trate de su aplicación en el procedimiento administrativo sancionador, de modo que, a diferencia de la trascendencia que tiene en el proceso penal, en este ámbito no comporta que el órgano competente para resolver un expediente sancionador no pueda imponer una sanción, modificando, para ello, la calificación jurídica efectuada por el órgano instructor, siempre que no se base en la consideración de hechos distintos de los hechos determinados en la fase de instrucción (salvo en el supuesto en que se hayan practicado actuaciones complementarias para su concreción definitiva en la ulterior fase decisoria), y se respete el derecho de defensa, en los términos establecidos en el artículo 20 del Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento del Procedimiento para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora, (en la actualidad el artículo 80.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas)”.

La Sala aplica esta doctrina al estimar un recurso de casación interpuesto por el Abogado del Estado contra una sentencia de la Audiencia Nacional, que anuló una resolución de la Sala de Supervisión Regulatoria de la CNMC que había impuesto a Radio Popular SA-COPE tres sanciones de multa de 50.001 euros, cada una, como responsable de la comisión de tres infracciones administrativas de carácter grave, por la emisión de tres comunicaciones radiofónicas que fomentan comportamientos nocivos para la salud, prohibidas en el artículo 18.3 de la Ley 7/2010, de 31 de marzo, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual. La sentencia recurrida basó su fallo en que dicho órgano había lesionado el principio acusatorio del artículo 24.2 de la Constitución -derecho a ser informado de la acusación- al considerar a Radio Popular SA-COPE responsable de tres infracciones graves, en contra del criterio del instructor del expediente, que había propuesto el archivo de las actuaciones.

El Tribunal Supremo concluye, en cambio, que la resolución impugnada es conforme a derecho y que no ha vulnerado el principio de tipicidad ni el derecho a la presunción de inocencia, puesto que, partiendo de los hechos que el Tribunal de instancia considera probados (que coinciden con los determinados en la resolución impugnada), la valoración de las conductas infractoras, consistentes en la difusión, en la cadena de radio, de campañas publicitarias referidas a la promoción de un vino y de un ron, dadas las circunstancias de las cuñas publicitarias, “es congruente con la prohibición establecida en el artículo 18.3 de la Ley General de la Comunicación Audiovisual que prescribe que está prohibida la comunicación comercial que fomente comportamientos nocivos para la salud, en consonancia con la regulación contenida en la Directiva 89/552/CEE del Consejo, de 3 de octubre de 1989, puesto que los anuncios no contienen advertencias que sirvan para hacer comprender al público en general, y a los menores en particular, potenciales oyentes de los programas deportivos radiofónicos, los efectos nocivos que para la salud produce el consumo inmoderado de bebidas alcohólicas”.

Asimismo, indica que la sentencia recurrida ha efectuado “una transposición del principio acusatorio tal como se entiende en el proceso penal”, sin introducir las modulaciones requeridas para su aplicación en el ámbito del Derecho administrativo sancionador, según exige la doctrina del Tribunal Constitucional, formulada respecto de la aplicación del artículo 24.2 de la Constitución a los procedimientos sancionadores, “porque, aunque ambos son manifestación del «ius puniendi» del Estado, se aprecian diferencias sustanciales entre ambos procedimientos en torno a la naturaleza de los mismos y respecto de las funciones que asumen el órgano instructor y el órgano resolutor del procedimiento sancionador y las facultades que competen al juez instructor y al Tribunal sentenciador”.

Conforme con la jurisprudencia del Tribunal Supremo, así como con la del Tribunal Constitucional, en relación con la aplicación del principio acusatorio en los procedimientos administrativos sancionadores, la Sala concluye que en el caso enjuiciado en este recurso de casación, no resultaba procedente que el Tribunal de instancia declarase la nulidad de las sanciones impuestas, y rechaza que la CNMC hubiese vulnerado el principio acusatorio, tal como debe entenderse protegido en el artículo 24 de la Constitución, puesto que en la tramitación del procedimiento sancionador “se han respetado las garantías procedimentales que se derivan del referido precepto constitucional, ya que se ha preservado el principio de separación entre el órgano instructor y el órgano resolutor, así como el derecho de defensa y el derecho a ser informado de la acusación”.

Por último, rechaza también que la calificación jurídica de los hechos como no constitutivos de infracción administrativa vincule al órgano competente al dictaminar el expediente sancionador, porque supone desapoderarlo para resolver de la potestad sancionadora reconocida en la legislación de carácter sustantiva, que, al regular el régimen jurídico de las infracciones y sanciones, pretende garantizar la tutela de los bienes jurídicos protegidos.

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La Seguridad Social registra 18.990.364 afiliados medios en octubre, 113.974 más que en septiembre

15 de noviembre, 2020

Balance mensual de la afiliación

La Seguridad Social registra 18.990.364 afiliados medios en octubre, 113.974 más que en septiembre

Miércoles 4 de noviembre de 2020

La Moncloa

El número medio de afiliados a la Seguridad Social se situó en 18.990.364 personas en octubre, lo que representa un aumento de 113.974 cotizantes respecto a septiembre (un 0,60% más). Es el sexto mes consecutivo en que el sistema de Seguridad Social suma ocupados desde el inicio de la pandemia de la COVID-19.

Como ya ocurriera los dos meses anteriores, el sistema sumó más mujeres que hombres en octubre: se han contabilizado 99.970 trabajadoras afiliadas más este mes, mientras que el número de ocupados varones crece en 14.004. Los hombres representan el 53,38% del conjunto de los afiliados.

En términos desestacionalizados, y corregido el efecto calendario, el sistema también tiene un comportamiento positivo y ha registrado 45.365 afiliados más en octubre, un incremento del 0,23% respecto a septiembre, hasta los 18.951.589.

Por otro lado, en datos acumulados entre el 1 y el 31 de octubre el número de personas afiliadas a la Seguridad Social creció en 142.555, cerrándose el mes en 18.986.284, a pesar de la habitual caída registrada el último día del mes (-45.569 afiliados el día 30 de octubre).

Teniendo en cuenta la cifra a último día laborable de octubre, se han recuperado más de la mitad de los afiliados que se perdieron en los momentos más duros de la pandemia. El 30 de octubre había 589.922 afiliados más que el 30 de abril, fecha a último día de mes, en que se registró el menor número de trabajadores en alta como consecuencia de la crisis sanitaria producida por la COVID 19, 18.396.362.

Respecto a octubre de 2019, el sistema perdió 439.628 trabajadores afiliados. No obstante, la tasa interanual se situó en el -2,26%, un índice que mejora los de los momentos más agudos de la pandemia, cuando llegó a ser del -4,58%.

Respecto a septiembre

En octubre, el número medio de afiliados registró un aumento de 113.974 ocupados con respecto a la media de septiembre (0,60%). La afiliación continúa la recuperación que se inició en mayo tras el primer impacto de la pandemia de la COVID-19 y sube por sexto mes consecutivo.

En concreto en el Régimen General, la afiliación mensual creció en octubre hasta los 15.661.201 ocupados (0,73% más), 113.669 afiliados más. Sin los sistemas especiales Agrario, que sumó 2.839 afiliados, y del Hogar, con 3.249 más, se registraron 107.580 ocupados más, situándose en 14.553.803 trabajadores.

La Educación es el sector que más contribuye al incremento mensual de afiliados. Este sector registró en el Régimen General 135.032 trabajadores más que el mes anterior, un 16,27%. También creció la afiliación en Actividades Artísticas, Recreativas y de Entretenimiento, con 8.766 afiliados más (un 3,94%), Administración Pública y Defensa, con 27.084 ocupados (2,44%), Construcción, 10.488 (1,22%), e Industria Manufacturera, con 6.826 trabajadores más (0,37%).

En sentido contrario, la merma más acusada correspondió a Hostelería, que registró 85.077 afiliados menos, un -7,10%. También destaca Actividades sanitarias y de servicios sociales, con 15.341 afiliados menos (-0,92%). Agricultura, Ganadería y Pesca, con 2.453 afiliados menos, registra una variación de -3,11% este mes.

El Régimen de Autónomos, por su parte, contabilizó 3.265.369 afiliados medios, tras un aumento en el mes de 1.816 (0,06%), superando las cifras que registraba en febrero, antes de la pandemia. El Régimen del Mar contabilizó 62.645 ocupados, 1.482 menos que en septiembre (-2,31%) y el del Carbón se situó en 1.149 afiliados medios, 28 afiliados menos.

La mayoría de las comunidades autónomas sumó afiliados el último mes. Han tenido un comportamiento especialmente positivo la Comunidad Valenciana (2,26%), Murcia (1,61%) y País Vasco (1,31%). Solamente tres comunidades pierden afiliados: Islas Baleares (-11,79%), Castilla-La Mancha (-1,04%) y Extremadura (-0,62%).

En comparación con 2019

En el último año, el Sistema de la Seguridad Social ha perdido 439.628 afiliados (un -2,26%). En junio, momento de mayor caída de la afiliación interanual, se llegaron a restar 893.360 afiliados respecto al mismo mes de 2019, con una tasa interanual de -4,58%. Murcia, que sumó un 0,76% de afiliados en doce meses, y Castilla-La Mancha, con un 0,09%, registran un aumento interanual de la afiliación. El resto pierde afiliados, con particular intensidad en Baleares (-17,64%).

El Régimen General registró 429.445 menos afiliados que en octubre de 2019 (-2,67%). En este conjunto, se integraron los 10.422 ocupados que restó el Sistema Especial Agrario y los 19.097 del Sistema Especial de Empleados Hogar.

El Régimen Especial de Trabajadores Autónomos, por su parte, contabilizó 6.607 trabajadores menos que hace un año (-0,20%). El Régimen del Mar disminuyó en 3.395 ocupados (-5,14%) y el del Carbón decreció en 180, lo que supuso una merma del 13,54%.

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