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La CNMC analiza las condiciones para la prestación del servicio universal de telecomunicaciones

2 de noviembre, 2019

La CNMC analiza las condiciones para la prestación del servicio universal de telecomunicaciones

28 Octubre 2019
Telecomunicaciones nota de prensa

Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia

cnmc.es

◦La CNMC pone de manifiesto la necesidad de actualizar la velocidad garantizada en el servicio universal (que actualmente es de 1 Mbps).
◦Respecto a las cabinas, la CNMC vuelve a poner de manifiesto la oportunidad de suprimir este servicio como elemento perteneciente al ámbito del servicio universal, al haberse constatado el progresivo abandono de su uso.

El próximo 31 de diciembre de 2019 finaliza el período de designación para la prestación de los elementos del servicio universal de telecomunicaciones: conexión a la red telefónica pública desde una ubicación fija, prestación del servicio telefónico disponible al público desde una ubicación fija y suministro de una oferta suficiente de teléfonos públicos de pago (cabinas). El procedimiento para designar a los operadores encargados de prestar el servicio universal se realiza mediante una licitación pública (ahora mismo, el operador designado para la prestación de ambos servicios es Telefónica).

Por este motivo, y a petición de la Secretaría de Estado para el Avance Digital (SEAD), la CNMC acaba de publicar dos informes analizando los pliegos de la licitación que debe realizar la SEAD de cara a la prestación del servicio universal a partir del 1 de enero de 2020. (IPN/CNMC/026/19 – IPN/CNMC/027/19)

Servicio universal
El servicio universal está recogido en la Ley General de Telecomunicaciones y garantiza que todos los ciudadanos tengan acceso a una serie de servicios “con independencia de su localización geográfica, con una calidad determinada y a un precio asequible”. Esto incluye llevar la red de telecomunicaciones a cualquier punto del país, incluidas las zonas no rentables.

Conexión y servicio telefónico
Por lo que respecta a la conexión a la red pública desde una ubicación fija (que permita comunicaciones de datos en banda ancha a una velocidad no inferior a 1 Mbps), se recomienda el establecimiento de determinadas condiciones y parámetros de calidad mínimos con el fin de evitar ciertas limitaciones de velocidad y/o volúmenes de datos a los usuarios finales por parte del adjudicatario (Telefónica actualmente limita a 5 GB al mes la navegación por internet a una velocidad de 1 Mbps, y superada esta capacidad, la velocidad de navegación pasa a ser de 128/64 Kbps).

Se pone de manifiesto, además, la necesidad de actualizar la velocidad garantizada en el servicio universal (a través de la modificación de la Ley General de Telecomunicaciones), puesto que el ofrecimiento de 1 Mbps no se ajusta a la evolución social y tecnológica actual y, de hecho, prácticamente no existen en el mercado ofertas comerciales inferiores a 10 Mbps (en el 2018 el 96% de las líneas contaban con velocidades superiores a 10 Mbps y el 74.2% eran superiores a los 30 Mbps). En el mismo sentido, las Agendas Digitales, tanto la europea como la española, establecen como objetivo para el 2020 que toda la población pueda tener un acceso de 30 Mbps.

Cabinas telefónicas
Respecto a las cabinas telefónicas, la CNMC pone de manifiesto, de nuevo, la necesidad de suprimir este servicio como elemento perteneciente al ámbito del servicio universal, al haberse constatado el progresivo abandono de su uso, en términos de tráfico de llamadas, de ingresos y de distribución territorial de su uso.
La actual regulación del Código Europeo de las Comunicaciones Electrónicas ya no incluye las cabinas dentro del SU, si bien autoriza a los Estados a seguir prestando este servicio en determinadas condiciones, que habrán de analizarse.

Abono social
Para conseguir que los usuarios finales conozcan mejor las prestaciones incluidas dentro de los elementos del servicio universal, la CNMC recomienda, por ejemplo, en el caso del abono social (descuento destinado a jubilados y pensionistas con rentas bajas), la obligación del operador adjudicatario de publicitar de forma más visible, en su página web, la descripción de los elementos y características de los servicios para los que ha sido designado.

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Catedral de la Almudena. Madrid. —

1 de noviembre, 2019
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El costo económico de devaluar las “tareas de mujeres”

1 de noviembre, 2019

El costo económico de devaluar las “tareas de mujeres”

blog-dialogoafondo.imf.org

Por Kristalina Georgieva, Cristian Alonso, Era Dabla-Norris y Kalpana Kochhar

La mitad del trabajo hecho en el mundo no está remunerado. Y, en su mayoría, las que lo hacen son las mujeres.

El desequilibrio no solo priva a las mujeres de oportunidades económicas. También representa un costo para la sociedad, que se manifiesta en una menor productividad y en una pérdida de crecimiento económico. Es así que una asignación más equitativa del trabajo no remunerado no solo beneficiaría a las mujeres, sino que también se traduciría en fuerzas laborales más eficientes y en economías más sólidas.

Por estas razones, reducir los desequilibrios de género en la labor no remunerada forma parte de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas.

Cocinar, limpiar, ir a buscar comida o agua y cuidar de los niños y de los ancianos son todos ejemplos de trabajos no remunerados. Estas tareas no se contabilizan como parte de la actividad económica porque son difíciles de medir en términos de valores de mercado. No obstante, su valor económico es sustancial y está estimado entre 10 y 60% del PIB.

Según nuestro nuevo estudio , el trabajo no remunerado disminuye a medida que aumenta el desarrollo económico, particularmente porque se dedica menos tiempo a los quehaceres domésticos. Las instituciones y los valores sociales pueden restringir la redistribución del trabajo no remunerado, al impedir que el hombre asuma una parte de dicho trabajo.

Trabajo excesivo y mal pagado

Todos sabemos que las mujeres asumen desproporcionadamente las labores no remuneradas. Lo que no está tan claro es cuántas horas de ese trabajo impago recaen más en las mujeres que en los hombres en un día cualquiera. A nivel mundial, las mujeres dedican en promedio 4,4 horas de tareas no remuneradas, frente a apenas 1,7 horas en el caso de los hombres.

Existen grandes diferencias entre los países.

En Noruega, la diferencia es pequeña: las mujeres dedican 3,7 horas, y los hombres, 3. En el otro extremo, en Egipto, las mujeres dedican 5,4 horas por día, y los hombres, apenas 35 minutos. En Estados Unidos, la mujer trabaja 3,8 horas en labores no remuneradas, y los hombres, 2,4.

Al desaprovechar a las mujeres, la economía asigna mal los recursos: las mujeres se ocupan de quehaceres domésticos poco productivos en lugar de desplegar todo su potencial en el mercado. Así se desaprovecha también la complementariedad entre hombres y mujeres en el lugar de trabajo. El resultado es una menor productividad y un menor crecimiento económico. Esta brecha de género en el trabajo impago no solo es injusta. También es, a las claras, ineficiente.

Indudablemente, parte del trabajo no remunerado es enteramente voluntario, y el valor que representa para la sociedad la crianza de los hijos es innegable. Pero más de 80% de las horas de trabajo no remunerado se dedican a quehaceres domésticos que no tienen que ver con el cuidado de hijos y ancianos.

Demasiadas veces, las mujeres terminan cargando con las tareas domésticas a causa de limitaciones impuestas por normas culturales y por la falta de infraestructura y servicios públicos o de políticas favorables a la vida familiar.

También pueden optar por quedarse en casa o trabajar a tiempo parcial si los sueldos que ofrece el mercado son demasiado bajos o no compensan equitativamente el trabajo de hombres y mujeres.

Motores de liberación

Las políticas pueden ayudar a reducir y redistribuir el trabajo no remunerado. En las economías en desarrollo, las medidas que mejoran el abastecimiento de agua, las instalaciones sanitarias, la electricidad y el transporte son críticas para liberar a las mujeres de las tareas poco productivas.

UNICEF estima que, a nivel mundial, las mujeres dedican 200 millones de horas por día simplemente en ir a buscar agua. En India , las mujeres pasan más de una hora por día recogiendo leña. En México y Brasil , la participación femenina en la fuerza laboral mejoró cuando se amplió el acceso a la electricidad y el agua y cuando bajaron los precios de los electrodomésticos. Expandir el acceso de toda la población a Internet puede ayudar a las mujeres a aprovechar la economía de trabajos esporádicos y el flexiempleo.

Los gobiernos deben garantizar el acceso de las mujeres a la educación y a la atención de la salud. Sin capital humano adecuado, las oportunidades de las mujeres en el mercado laboral son muy limitadas. Según la UNESCO , 130 millones de niñas en edad escolar no van a la escuela. No se trata solo de brindar el servicio, sino también de garantizar su uso.

En Pakistán, muchas familias optan por no enviar a las niñas a la escuela porque temen por su seguridad. Plasmar en las leyes los derechos de las mujeres podría contribuir a transformar los valores y las instituciones sociales que impiden su acceso a la educación y la atención de la salud.

Cuando los mercados laborales son eficientes y flexibles, el trabajo no remunerado queda distribuido mejor. Las políticas laborales activas, como las que ha instituido Suiza, pueden facilitar la adecuación entre la oferta y la demanda de aptitudes. Nuestro estudio determina que el flexiempleo está asociado a un volumen menor de quehaceres no remunerados a cargo de las mujeres y a un mejor equilibrio entre la vida laboral y la familiar.

Todo queda en familia

Las políticas orientadas a la familia también ayudan. Muchos países nórdicos realizan una fuerte inversión en la educación y la atención de la salud durante la primera infancia, lo cual permite una elevada matriculación y facilita la reincorporación de las mujeres a la fuerza laboral después de dar a luz.

Una mayor paridad en las políticas de licencia por maternidad y paternidad puede estimular la participación femenina en la fuerza laboral al facilitar la reincorporación de las mujeres y alentar a los hombres a participar desde temprano en el cuidado de los hijos. Las políticas de Islandia en este ámbito constituyen un buen ejemplo: la licencia es de nueve meses, tres de los cuales están reservados para el padre.

Reducir y redistribuir los quehaceres no remunerados es un imperativo económico. Los gobiernos deben actuar con firmeza y el sector privado debe sumárseles para aprovechar los grandes beneficios potenciales.

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Catedral de la Almudena. Madrid. —

31 de octubre, 2019
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Preparados para el Brexit

31 de octubre, 2019

Preparados para el Brexit

minecotur.gob.es

Situación actual: nueva prórroga hasta el 31.10.2019

Como consecuencia del Consejo Europeo extraordinario celebrado el pasado 10 de abril de 2019, se ha concedido al Reino Unido una nueva prórroga, hasta el próximo 31 de octubre, para que pueda ratificar el Acuerdo de retirada u ofrecer alguna otra alternativa a la UE.

El Reino Unido, en todo caso, podrá ratificar el acuerdo de retirada en cualquier momento, antes de que concluya ese plazo.

Sin perjuicio de lo anterior, si el 30 de junio Reino Unido no ha convocado elecciones al Parlamento Europeo, se le expulsaría automáticamente de la Unión.

Plan de contingencia

Para el caso de una retirada del Reino Unido de la Unión Europea sin acuerdo, el Consejo de Ministros celebrado el 1 de marzo, aprobó el Real Decreto Ley 5/2019 que contiene medidas normativas nacionales que se dirigen a contrarrestar, en la medida de lo posible, los efectos indeseados derivados de esta retirada sin acuerdo, en aquellos ámbitos de competencia estatal que se juzgan indispensables para favorecer una transición adecuada a la nueva situación, con objeto de preservar, tanto los intereses de los ciudadanos, españoles y británicos, que ejercieron su derecho a la libre circulación antes de la fecha de retirada, como el normal desenvolvimiento de los flujos comerciales y los intereses económicos de España.

Se trata de medidas de carácter temporal, dirigidas a facilitar el tránsito hacia la nueva situación derivada de la consideración del Reino Unido como un tercer estado. De este modo, no pretenden establecer la relación futura con Reino Unido y su vigencia cesará cuando transcurra el plazo que en cada caso se indica, o antes, si se adoptan, a nivel bilateral y europeo, según corresponda, los instrumentos llamados a regular las relaciones con el Reino Unido de forma duradera.

El mantenimiento de las medidas se condiciona a tratamiento equivalente por parte del Reino Unido, que se verificará a través de los mecanismos singularmente habilitados al efecto.

Quinta comunicación preparación y contingencia

El pasado 14 de junio, el Colegio de Comisarios aprobó la quinta Comunicación sobre preparación y contingencia Brexit. La Comisión también ha elaborado un documento de preguntas y respuestas sobre Derechos de los Ciudadanos (se incluye la parte relativa a España).

Esta Comunicación cuenta con dos anexos (el primero relativo a los Reglamentos UE de contingencia y el segundo con la lista de Notas informativas producidas por la Comisión).

Esta quinta Comunicación hace un balance de las medidas de preparación y contingencia de la Unión Europea frente al Brexit, en particular a la luz de la decisión adoptada el 11 de abril por el Consejo Europeo (artículo 50), a petición y con el acuerdo del Reino Unido, de prorrogar el período del artículo 50 hasta el 31 de octubre de 2019.

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Catedral de la Almudena. Madrid. –

30 de octubre, 2019
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El Ministerio de Economía y Empresa prepara una Orden para incrementar la transparencia y protección de los clientes de créditos “revolving”

30 de octubre, 2019

25 de octubre de 2019

El Ministerio de Economía y Empresa prepara una Orden para incrementar la transparencia y protección de los clientes de créditos “revolving”

mineco.gob.es

La nueva normativa mejorará la protección de los clientes de esta modalidad de crédito, que se caracteriza por la renovación automática y el pago de una cuota fija mensual

La modificación de la norma refuerza la información que el prestatario recibe de la entidad y reduce el riesgo de prolongación y aumento excesivos del crédito

El Ministerio de Economía y Empresa ha publicado en audiencia pública la propuesta de modificación de la Orden 2899/2011 de transparencia y protección del cliente de servicios bancarios. El objetivo es reforzar la protección de los usuarios de los créditos que se caracterizan por tener una duración indefinida o renovación automática, por la posibilidad del cliente de determinar la cuota fija a pagar periódicamente dentro de una parámetros, y que van asociados a instrumentos de pago, como las denominadas “tarjetas revolving”, aumentando la transparencia e información que deben proporcionar las entidades a estos usuarios y reduciendo las posibilidades de sobreendeudamiento.

En concreto, el proyecto de Orden refuerza la información que el prestatario recibe de la entidad, lo que le permitirá tener un conocimiento específico y claro del contenido y efectos del servicio que va a contratar, así como saber con precisión la deuda que mantiene periódicamente con la entidad.

En este sentido se recogen nuevas obligaciones de transparencia que incluyen una información precontractual más detallada, en la que se refleja, entre otras cosas, un ejemplo representativo de crédito revolving con dos opciones de cuota. Asimismo, la entidad deberá remitir al cliente información trimestral en la que se especifique la evolución y situación de aspectos concretos del crédito, como el importe del préstamo, fecha estimada de finalización del pago del crédito si no se produjeran modificaciones en el contrato y diversos escenarios en función de la variación de la cuota mensual.

En todo caso, el prestatario tendrá la posibilidad de solicitar en cualquier momento información sobre su préstamo, así como el cuadro de amortización o las cantidades satisfechas y pendientes. Finalmente, se establece la obligación de la entidad de informar previamente al prestatario de cada ampliación del límite de crédito no solicitado por el cliente, incluyendo la nueva cuota y la deuda acumulada.

La modificación de la norma tiene por objeto asimismo reducir una posible prolongación excesiva del crédito y aumento de la carga final de deuda más allá de las expectativas razonables de la persona que contrate este producto. Con esta finalidad, la orden incorpora orientaciones específicas dirigidas a las entidades financieras en relación con la evaluación de solvencia para este tipo de productos, de manera que se realice una estimación más prudente que asegure la suficiente capacidad de pago del cliente y evite el sobreendeudamiento.

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Rectorado de la Universidad Complutense. Madrid

29 de octubre, 2019
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El Tribunal Supremo destaca la importancia de la persecución del blanqueo de capitales para evitar que el delito sea rentable

29 de octubre, 2019

Viernes, 25 de octubre de 2019

El Tribunal Supremo destaca la importancia de la persecución del blanqueo de capitales para evitar que el delito sea rentable

Confirma la pena de cuatro años y medio de prisión al líder de los “Casuals” por blanquear más de 670.000 euros con falsos premios de lotería y cuentas en Andorra

Autor:Comunicación Poder Judicial – poderjudicial.es

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha dictado una sentencia en la que destaca la importancia de perseguir el delito de blanqueo de capitales para evitar que se convierta en una actividad rentable. Y advierte de que este delito, ejecutado a gran escala, puede menoscabar el sistema económico y afectar al buen funcionamiento del mercado, así como de los mecanismos financieros y bursátiles.

El tribunal ha confirmado las penas que la Audiencia Provincial de Barcelona impuso en enero de 2018 a un matrimonio que, durante una década, blanqueó con sucesivos y numerosos actos de ocultamiento cantidades de dinero obtenidas de su diversificada actividad criminal. El líder de los “Casuals”, R.M.L., fue condenado a 4 años y medio de prisión y al pago de una multa de 1.300.000 euros, y su esposa, E.C.P., a 3 años y 3 meses de prisión y multa de 1.000.000 de euros. La sentencia recurrida ordenó el decomiso de los bienes y del dinero blanqueados.

Los hechos probados en la sentencia ahora confirmada narran la amplia actividad delictiva del hombre, condenado por multitud de delitos, entre ellos tráfico de sustancias estupefacientes, robos violentos, extorsiones, etc. Unas actividades delictivas por las que la pareja obtuvo cantidades de dinero, que fue introducido en el mercado económico con sucesivos y numerosos actos de ocultamiento. Así, la sentencia detalla la constitución de sociedades, negocios deficitarios, compras de inmuebles, de joyas, de vehículos de alta gama, falsos premios de lotería, así como el ingreso de 247.000 euros en cuentas bancarias de Andorra. La sentencia recurrida consideró probado que los acusados blanquearon 673.299 euros.

La Sala rechaza los recursos al considerar que los bienes investigados procedían de la amplia actividad delictiva del condenado y concluye que la prueba en la que se ha basado la Audiencia provincial “no es que sea abundante, es abrumadora, y ha sido perfectamente analizada por la sentencia recurrida, en un ejercicio de motivación, que es irreprochable”.

Perseguir el blanqueo para que el delito no sea una actividad rentable

La sentencia, cuyo ponente es Julián Sánchez Melgar, destaca la importancia de perseguir el delito de blanqueo de capitales para cerrar todos los circuitos del dinero, con objeto de evitar el aprovechamiento del delito. Es el medio, según la Sala, por el cual puede atajarse la actividad criminal a través del seguimiento de los fondos que se recaudan ilícitamente a través de la acción criminal. La Ley Pretende, con la criminalización de estas conductas, “que nunca el delito sea una actividad rentable”.

El tribunal considera que el delito de blanqueo es importante “porque el dinero es el flujo vital de los delincuentes y el medio por el que pueden ser aprehendidos, y en segundo lugar, porque mancilla nuestras instituciones financieras y corroe la confianza pública”.

El punto débil del delincuente

Los magistrados argumentan que criminalizar el blanqueo es muy útil porque permite la captura del delincuente, precisamente en función de sus flujos económicos, aspecto éste de gran trascendencia, y en donde está “el punto débil” de las redes delictivas. Y es también muy importante, añade la Sala, porque es muy útil para luchar contra las organizaciones criminales.

La Sala afirma que el bien jurídico que da autonomía al delito es el orden socioeconómico, y dentro de este, los intereses concretos susceptibles de ser tutelados materialmente por el sistema punitivo. Entre otros, el tribunal destaca “el interés del Estado en controlar el flujo de capitales procedentes de actividades delictivas ejecutadas a gran escala y que pueden menoscabar el sistema económico, afectando también al buen funcionamiento del mercado y de los mecanismos financieros y bursátiles”.

La sentencia explica que el blanqueo se vertebra en tres fases sucesivas y enlazadas: la colocación de los capitales en el mercado, la distracción para disimular su origen delictivo y por último la reintegración del dinero, ya blanqueado, que vuelve a su titular.

El tribunal incluye en su sentencia toda la doctrina que ha venido perfilando el Supremo en los últimos años sobre este delito, que no requiere la descripción detallada de la previa actividad delictiva, aunque esa actividad criminal debe concretarse mínimamente. Recuerda también la dificultad de la instrucción judicial para desentrañar los mecanismos de ocultación ideados por quien comete el blanqueo, para dar apariencia de normalidad negocial y actuar así como cobertura para camuflar las ganancias derivadas de actuaciones delictivas.
iernes, 25 de octubre de 2019

El Tribunal Supremo destaca la importancia de la persecución del blanqueo de capitales para evitar que el delito sea rentable

Confirma la pena de cuatro años y medio de prisión al líder de los “Casuals” por blanquear más de 670.000 euros con falsos premios de lotería y cuentas en Andorra

Autor:Comunicación Poder Judicial

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha dictado una sentencia en la que destaca la importancia de perseguir el delito de blanqueo de capitales para evitar que se convierta en una actividad rentable. Y advierte de que este delito, ejecutado a gran escala, puede menoscabar el sistema económico y afectar al buen funcionamiento del mercado, así como de los mecanismos financieros y bursátiles.

El tribunal ha confirmado las penas que la Audiencia Provincial de Barcelona impuso en enero de 2018 a un matrimonio que, durante una década, blanqueó con sucesivos y numerosos actos de ocultamiento cantidades de dinero obtenidas de su diversificada actividad criminal. El líder de los “Casuals”, R.M.L., fue condenado a 4 años y medio de prisión y al pago de una multa de 1.300.000 euros, y su esposa, E.C.P., a 3 años y 3 meses de prisión y multa de 1.000.000 de euros. La sentencia recurrida ordenó el decomiso de los bienes y del dinero blanqueados.

Los hechos probados en la sentencia ahora confirmada narran la amplia actividad delictiva del hombre, condenado por multitud de delitos, entre ellos tráfico de sustancias estupefacientes, robos violentos, extorsiones, etc. Unas actividades delictivas por las que la pareja obtuvo cantidades de dinero, que fue introducido en el mercado económico con sucesivos y numerosos actos de ocultamiento. Así, la sentencia detalla la constitución de sociedades, negocios deficitarios, compras de inmuebles, de joyas, de vehículos de alta gama, falsos premios de lotería, así como el ingreso de 247.000 euros en cuentas bancarias de Andorra. La sentencia recurrida consideró probado que los acusados blanquearon 673.299 euros.

La Sala rechaza los recursos al considerar que los bienes investigados procedían de la amplia actividad delictiva del condenado y concluye que la prueba en la que se ha basado la Audiencia provincial “no es que sea abundante, es abrumadora, y ha sido perfectamente analizada por la sentencia recurrida, en un ejercicio de motivación, que es irreprochable”.

Perseguir el blanqueo para que el delito no sea una actividad rentable

La sentencia, cuyo ponente es Julián Sánchez Melgar, destaca la importancia de perseguir el delito de blanqueo de capitales para cerrar todos los circuitos del dinero, con objeto de evitar el aprovechamiento del delito. Es el medio, según la Sala, por el cual puede atajarse la actividad criminal a través del seguimiento de los fondos que se recaudan ilícitamente a través de la acción criminal. La Ley Pretende, con la criminalización de estas conductas, “que nunca el delito sea una actividad rentable”.

El tribunal considera que el delito de blanqueo es importante “porque el dinero es el flujo vital de los delincuentes y el medio por el que pueden ser aprehendidos, y en segundo lugar, porque mancilla nuestras instituciones financieras y corroe la confianza pública”.

El punto débil del delincuente

Los magistrados argumentan que criminalizar el blanqueo es muy útil porque permite la captura del delincuente, precisamente en función de sus flujos económicos, aspecto éste de gran trascendencia, y en donde está “el punto débil” de las redes delictivas. Y es también muy importante, añade la Sala, porque es muy útil para luchar contra las organizaciones criminales.

La Sala afirma que el bien jurídico que da autonomía al delito es el orden socioeconómico, y dentro de este, los intereses concretos susceptibles de ser tutelados materialmente por el sistema punitivo. Entre otros, el tribunal destaca “el interés del Estado en controlar el flujo de capitales procedentes de actividades delictivas ejecutadas a gran escala y que pueden menoscabar el sistema económico, afectando también al buen funcionamiento del mercado y de los mecanismos financieros y bursátiles”.

La sentencia explica que el blanqueo se vertebra en tres fases sucesivas y enlazadas: la colocación de los capitales en el mercado, la distracción para disimular su origen delictivo y por último la reintegración del dinero, ya blanqueado, que vuelve a su titular.

El tribunal incluye en su sentencia toda la doctrina que ha venido perfilando el Supremo en los últimos años sobre este delito, que no requiere la descripción detallada de la previa actividad delictiva, aunque esa actividad criminal debe concretarse mínimamente. Recuerda también la dificultad de la instrucción judicial para desentrañar los mecanismos de ocultación ideados por quien comete el blanqueo, para dar apariencia de normalidad negocial y actuar así como cobertura para camuflar las ganancias derivadas de actuaciones delictivas.

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Castillo de Oropesa

28 de octubre, 2019
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La EPA confirma unos datos desastrosos de empleo, tanto en ocupación como en paro

28 de octubre, 2019

La EPA confirma unos datos desastrosos de empleo, tanto en ocupación como en paro

24 octubre, 2019

uso.es

Los datos de paro registrado que se han ido conociendo mes a mes se confirman en la fotografía que la Encuesta de Población Activa ofrece sobre el tercer trimestre, el trimestre veraniego. “El tirón del turismo se agota y España no ofrece otras posibilidades. Durante los últimos años, la inercia ha ido tirando del empleo y la economía, pero ha llegado un momento en el que tenía que notarse que en nuestro país no se están haciendo políticas de empleo ni se han tomado las medidas urgentes para revertir el paro estructural debido a la falta de Gobierno”, denuncia Joaquín Pérez, secretario general de USO.

Aunque el desempleo ha bajado con respecto al trimestre anterior en un 0,5%, “si observamos el dato desestacionalizado, en el cual se elimina ese ‘efecto verano’, el paro ha subido en un 1,72%. Nuestro país sigue por encima de los 3.200.000 parados y ligeramente por debajo del 14%, algo inasumible para afrontar la nueva recesión que está anunciando a gritos su llegada”, continúa Pérez.

Además, el secretario general de USO llama la atención sobre que “de los nuevos ocupados, la mitad corresponden al sector público, fruto de las contrataciones temporales de septiembre en todos los ámbitos de la administración: una muestra más de que falta dinamismo económico, pues no se crean puestos de trabajo en el sector privado”.

Por último, y de entre los muchos datos preocupantes que arroja la EPA, Joaquín Pérez destaca que “el poco empleo que se ha creado ha sido entre los hombres, en las mujeres ha bajado la ocupación este trimestre. Y, además, debido al tradicional empleo basura del verano, crecieron las contrataciones de menores de 25 años, pero es un trabajo volátil que no significa una incorporación real de nuestros jóvenes al mercado laboral”.

También, durante este tercer trimestre de 2019, el número de hogares con todos sus miembros activos en paro han aumentado un 1,7%, hasta alcanzar la cifra de 1.010.000. “Otro gran drama sin resolver que ahonda en agrandar la desigualdad social y la pobreza entre la población”, apunta Pérez.

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Francia ha rebasado sistemática y persistentemente el valor límite anual del dióxido de nitrógeno desde el 1 de enero de 2010

28 de octubre, 2019

curia.europa.eu
Prensa e Información
Tribunal de Justicia de la Unión Europea
Comunicado de prensa n.º 132/19
Luxemburgo, 24 de octubre de 2019
Sentencia en el asunto C-636/18
Comisión/Francia
Francia ha rebasado sistemática y persistentemente el valor límite anual del dióxido de nitrógeno desde el 1 de enero de 2010
El período durante el que tuvo lugar ese rebasamiento, que afecta a doce aglomeraciones y zonas de calidad del aire francesas, debería haber sido lo más breve posible
El 7 de marzo de 2012, Francia solicitó a la Comisión un aplazamiento para ajustarse a los valores límite de dióxido de nitrógeno fijados por la Directiva relativa a la calidad del aire. (1) Esta solicitud se refería a los valores límite anuales de veinticuatro zonas del territorio francés y a los valores límite horarios de tres de estas zonas. La Comisión formuló objeciones a esta solicitud de aplazamiento, las cuales no fueron rebatidas por Francia, sobre la que pesaba, por consiguiente, la obligación de respetar los valores límite de dióxido de nitrógeno, calculados por hora o año civil, desde el 1 de enero de 2010.
Debido a que los valores límite anuales de dióxido de nitrógeno venían siendo rebasados en numerosas zonas del territorio francés desde el 1 de enero de 2010, la Comisión incoó un procedimiento por incumplimiento contra Francia en 2014.
Posteriormente, el 19 de junio de 2015, la Comisión estimó que Francia no había respetado los valores límite aplicables al dióxido de nitrógeno (recogidos en el artículo 13 de la Directiva) y que, a pesar de haber adoptado planes de calidad del aire u otras medidas dirigidas a reducir las emisiones de dióxido de nitrógeno, había incumplido la obligación, establecida en el artículo 23 de la Directiva, de que el período durante el que se produce el rebasamiento sea lo más breve posible.
En consecuencia, la Comisión invitó a Francia a adoptar las medidas necesarias para cumplir sus obligaciones. Al no haber adoptado Francia dichas medidas, la Comisión interpuso un recurso por incumplimiento ante el Tribunal de Justicia contra dicho Este miembro.
Francia no cuestiona que se rebasaran de manera persistente los valores límites horarios y anuales de dióxido de nitrógeno en las zonas y aglomeraciones (2) objeto del recurso interpuesto por la Comisión, pero niega que ello ocurriera de forma sistemática.
En su sentencia dictada hoy, el Tribunal de Justicia subraya que el hecho de que se rebasen los valores límite de dióxido de nitrógeno en el aire ambiente basta por sí solo para que pueda declararse el incumplimiento de la obligación establecida en el artículo 13 de la Directiva.
El Tribunal de Justicia recuerda, en respuesta al argumento de Francia de que la demora en la aplicación de la Directiva debe apreciarse teniendo en cuenta las dificultades estructurales experimentadas durante su transposición, que se había fijado el 1 de enero de 2010 como la fecha a partir de la cual debían respetarse los valores límite de dióxido de nitrógeno. Pues bien, el Tribunal de Justicia señala que, una vez que se ha comprobado de manera objetiva que un Estado miembro ha incumplido las obligaciones que le imponen los Tratados, es irrelevante que el incumplimiento sea resultado de la voluntad del Estado miembro al que es imputable, de su negligencia o de las dificultades técnicas o estructurales a las que tenga que hacer frente.
Además, el Tribunal de Justicia señala que la Directiva prevé que, cuando el exceso de los valores límite de dióxido de nitrógeno tenga lugar con posterioridad al plazo establecido para su aplicación, el Estado miembro de que se trate estará obligado a elaborar un plan de calidad del aire que satisfaga determinadas exigencias. El plan deberá prever las medidas adecuadas para que el período durante el que se rebasen los valores límite sea lo más breve posible y podrá incluir medidas adicionales específicas para proteger los sectores vulnerables de la población, en particular a los niños. Dicho plan deberá transmitirse a la Comisión sin demora, y en cualquier caso antes de que transcurran dos años desde el final del año en que se haya observado el primer rebasamiento.
El Tribunal de Justicia subraya que el hecho de que un Estado miembro rebase los valores límite de dióxido de nitrógeno en el aire ambiente no basta por sí solo para considerar que ha incumplido la obligación que impone el artículo 23 de la Directiva. No obstante, según la Directiva, si bien los Estados miembros disponen de un cierto margen de maniobra en cuanto a la determinación de las medidas que deben adoptarse, esas medidas deben permitir en cualquier caso que el período durante el que se exceden los valores límite sea lo más breve posible.
Pues bien, el Tribunal de Justicia señala que Francia no adoptó manifiestamente en tiempo oportuno medidas adecuadas que permitieran garantizar que el período durante el que se rebasaron los valores límite fuera lo más breve posible. Así, el rebasamiento de los valores límite en cuestión durante siete años consecutivos fue sistemático y persistente en este Estado miembro pese a su obligación de adoptar todas las medidas adecuadas y eficaces para cumplir la exigencia de que el período durante el cual se produce el rebasamiento fuera lo más breve posible.
El Tribunal de Justicia concluye que esa situación demuestra por sí sola que Francia no puso en práctica medidas adecuadas y eficaces para que el período durante el que se rebasaron los valores límite fuera «lo más breve posible», en el sentido de la Directiva.
En consecuencia, el Tribunal de Justicia estima el recurso de la Comisión y condena a Francia por haber incumplido las obligaciones resultantes de la Directiva relativa a la calidad del aire.
NOTA: El recurso por incumplimiento, dirigido contra un Estado miembro que ha incumplido sus obligaciones derivadas del Derecho de la Unión, puede ser interpuesto por la Comisión o por otro Estado miembro. Si el Tribunal de Justicia declara que existe incumplimiento, el Estado miembro de que se trate debe ajustarse a lo dispuesto en la sentencia con la mayor brevedad posible. Si la Comisión considera que el Estado miembro ha incumplido la sentencia, puede interponer un nuevo recurso solicitando que se le impongan sanciones pecuniarias. No obstante, en caso de que no se hayan comunicado a la Comisión las medidas tomadas para la adaptación del Derecho interno a una directiva, el Tribunal de Justicia, a propuesta de la Comisión, podrá imponer sanciones en la primera sentencia.

1 Directiva 2008/50/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2008, relativa a la calidad del aire ambiente y a una atmósfera más limpia en Europa (DO 2008, L 152, p. 1).
2 Marsella, Tolón, París, Auvernia-Clermont-Ferrand, Montpelier, Toulouse Mediodía-Pirineos, ZUR Reims Champaña-Ardenas, Grenoble Ródano-Alpes, Estrasburgo, Lyon Ródano-Alpes, ZUR Valle del Arve Ródano-Alpes y Niza, por el exceso del valor límite anual, y París y Lyon Ródano-Alpes, por el exceso del valor límite horario.

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Arco del Triunfo. Madrid. ,

26 de octubre, 2019
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La tasa de paro desciende por debajo del 14% por primera vez en diez años, según la Encuesta de Población Activa del tercer trimestre de 2019

26 de octubre, 2019

24 de octubre de 2019

mineco.gob.es


La tasa de paro desciende por debajo del 14% por primera vez en diez años, según la Encuesta de Población Activa del tercer trimestre de 2019

El número de ocupados supera los 19,8 millones de personas, la cifra más alta de los últimos 11 años
La reducción del desempleo se sigue produciendo en un contexto de elevado crecimiento de la población activa, que se sitúa en 23,1 millones de personas
Continúa subiendo el empleo indefinido que alcanza los 12,3 millones, la cifra más alta de toda la serie

El desempleo se redujo en 111.600 personas en los últimos doce meses, situándose en 3.214.400 (-3,36%), según los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) publicados hoy por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Con esta reducción la tasa de paro cae por debajo del 14% (13,92%), la más baja en más de una década.

Este descenso del paro se produce en un contexto de incremento continuado de la población activa, que en el último año ha aumentado en 234.700 personas. De este modo, la población activa se sitúa en casi 23,1 millones, su nivel más alto desde finales de 2013.

El número de hogares con todos los activos en paro se ha reducido en el último año en 73.700, mientras que los que tienen a todos sus miembros activos ocupados han aumentado en 156.400.

El número de ocupados supera los 19,8 millones

El número de personas ocupadas en el tercer trimestre del año asciende a 19.874.300, la cifra más alta en casi once años. El empleo aumentó en 346.300 personas en los últimos doce meses, lo que supone un incremento interanual del 1,8%, inferior en seis décimas al del trimestre anterior.

Se confirma por tanto que se sigue creando empleo y esta creación se concentra principalmente en el sector privado, con 285.200 ocupados más, y en la contratación indefinida, con 387.900 empleos más. Por sectores, aumenta la ocupación en todos, salvo Agricultura. Servicios registra 248.600 ocupados más, seguido de Industria, con 90.100 y Construcción, con 29.700.

Por Comunidades Autónomas, en el último año se incrementa la ocupación en Madrid, con 104.500 ocupados más, seguida de Cataluña, con 68.500 y Andalucía, con 68.100. Por el contrario, los mayores descensos de ocupación se producen en Canarias, 18.100 ocupados menos y Principado de Asturias, con 8.300.

En términos interanuales la ocupación femenina registra tasas de crecimiento superiores a las masculinas, con un incremento del 2,1%. Esto ha permitido que se mantenga el umbral de los 9 millones de mujeres ocupadas.

Sube el número de asalariados con contrato indefinido

En el tercer trimestre de 2019 aumenta el número de asalariados con contrato indefinido, situándose en 12.313.600, la cifra más alta de toda la serie histórica. Hay que destacar que en tasa interanual el crecimiento del empleo indefinido se sitúa por encima del 3%, superior al crecimiento de la ocupación total.

En los últimos doce meses el empleo a tiempo completo se ha incrementado en 270.900 personas, lo que supone el 78,2% del aumento del empleo total, y el empleo a tiempo parcial en 75.400, el 21,8%.

Evolución trimestral

El número de desempleados bajó en 16.200 personas en el tercer trimestre de 2019. El porcentaje de variación respecto al trimestre anterior es del -0,50% y con series desestacionalizadas del 1,72%. En este periodo, destaca el descenso del paro entre las personas de más de 55 años (-19.500), entre los de 25 a 54 años (-15.200) y entre los que perdieron su empleo hace más de un año (-48.900).

El número de ocupados aumentó en 69.400 personas en el tercer trimestre del año, un 0,35%. En términos desestacionalizados la variación trimestral es del 0,09%. El incremento de la ocupación se concentra en los jóvenes entre 20 y 24 años y entre los de más de 50. Disminuye la tasa de parcialidad hasta el 14%, gracias al incremento en 231.700 de las personas ocupadas a tiempo completo y un descenso de 162.300 del empleo a tiempo parcial.

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Museo de América. Madrid

26 de octubre, 2019
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CEPYME y Negotia ofrecerán asesoramiento jurídico a las pymes

26 de octubre, 2019

CEPYME y Negotia ofrecerán asesoramiento jurídico a las pymes
Madrid, 15 de octubre de 2019 cepyme.es
La Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (CEPYME) y el despacho de abogados Negotia han alcanzado un acuerdo de colaboración para ofrecer a las pymes y autónomos asesoramiento jurídico en los ámbitos fiscal, laboral y contable.
El acuerdo ha sido suscrito por Gerardo Cuerva, presidente de CEPYME, y Ángela de Miguel, socia directora de Negoria.
En virtud de dicho acuerdo, CEPYME y Negotia pondrán al alcance de las pymes información y asesoramiento jurídico en los ámbitos contable, fiscal y laboral, con el fin de facilitar la toma de decisiones y mejorar la gestión de estas empresas en estas áreas, claves para su productividad.
El presidente de CEPYME, Gerardo Cuerva, ha señalado que con este acuerdo la Confederación da un paso más en la estrategia de implementar servicios de apoyo a las pymes en áreas estratégicas para su competitividad. “Las pymes -ha señalado Gerardo Cuerva- son el 99’8% por ciento del tejido empresarial y el apoyo jurídico en áreas estratégicas ayudará a impulsar la competitividad de estas compañías que, en definitiva, es impulsar la competitividad de nuestra economía”.
Por su parte, Ángela de Miguel, socia directora de Negotia, ha señalado que “la larga trayectoria de Negotia en la defensa de los intereses de las pymes y nuestra apuesta por la innovación en nuestros servicios jurídicos son una garantía para todas aquellas empresas que necesiten un acompañamiento legal”.

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Carlos III. Puerta del Sol. Madrid

25 de octubre, 2019
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La CNMV publica sus informes sobre los informes de gobierno corporativo y de remuneraciones de los consejeros de las sociedades cotizadas correspondientes a 2018

25 de octubre, 2019

La CNMV publica sus informes sobre los informes de gobierno corporativo y de remuneraciones de los consejeros de las sociedades cotizadas correspondientes a 2018
15 de octubre de 2019
cnmv.es
El seguimiento de las recomendaciones del Código de Buen Gobierno fue del 85,7% en 2018, algo más de un punto porcentual más que en 2017
El 42,9% de las compañías siguieron el 90% del Código y cinco declararon cumplir el 100%
La presencia de mujeres en los consejos experimentó un aumento ligeramente respecto del año anterior, situándose en el 23,1% de media en las compañías del Ibex 35. Siguió siendo muy bajo el porcentaje de consejeras ejecutivas (4,9% del total)
En términos comparables, la retribución media de los consejeros ejecutivos del Ibex 35 se redujo un 6,8%, mientras que en el resto de sociedades cotizadas bajó un 1%. En el caso de los consejeros no ejecutivos, mantuvo su nivel en el Ibex 35 y aumentó un 4,7% en el resto de cotizadas
La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha publicado los informes sobre los Informes Anuales de Gobierno Corporativo (IAGC) de las entidades emisoras y de los Informes Anuales de Remuneraciones de los Consejeros (IARC) correspondientes a 2018. Ambos documentos reflejan, de forma agregada y resumida, las principales conclusiones de los informes sobre ambas materias que las sociedades han enviado a la CNMV durante este año.
Informe anual de Gobierno Corporativo (IAGC)
El ejercicio 2018 ha sido el cuarto en que se ha aplicado el Código de Buen Gobierno de las sociedades cotizadas de 2015.
En este cuarto año, el grado de seguimiento fue del 85,7% de las recomendaciones, frente al 84,6% en 2017. Adicionalmente, se siguieron de forma parcial 0tro 7% (mismo porcentaje que en 2017), por lo que el seguimiento total o parcial ascendió al 92,7% de las recomendaciones (91,6% en 2017).

Porcentaje de consejeros independientes en los órganos de gobierno


Cabe destacar que el 42,9% de las compañías -7 puntos porcentuales más que en 2017- siguieron el 90% de las recomendaciones del nuevo Código y cinco declararon cumplir el 100% (una más que en 2016). Por el contrario, tres empresas registraron un grado de seguimiento inferior al 60%.
Todas las sociedades cotizadas declararon haber seguido las recomendaciones número 2 —que cuando coticen la matriz y una filial ambas definan públicamente con precisión sus áreas de actividad y relaciones de negocio y los mecanismos previstos para resolver eventuales conflictos de intereses—; 8 —que la comisión de auditoría vele porque el consejo presente las cuentas sin limitaciones ni salvedades—; 12 —que el consejo se guíe por el interés social—; 23 —que todos los consejeros expresen su oposición cuando consideren que alguna propuesta es contraria al interés social—; 28 —que cuando los consejeros manifiesten preocupación sobre alguna propuesta y no queden resueltas, se deje constancia de ellas en el acta— y 43 —que la comisión de auditoría pueda convocar a cualquier empleado o directivo—
Por el contrario, las recomendaciones que menos se siguieron continuaron siendo las relativas a las nuevas prácticas que recomienda el Código sobre que las sociedades de elevada capitalización cuenten con una comisión de nombramientos y con una comisión de retribuciones separadas (recomendación 48), y sobre transparencia informativa en la junta general a través de su web (recomendación 7), que tienen un grado de seguimiento del 39,5% y del 41,2% respectivamente.
En relación con el Consejo de Administración destaca que el tamaño medio se mantuvo sin variaciones significativas respecto a 2017.
Los presidentes de los consejos de administración continuaron siendo en su mayoría ejecutivos (48,9%), sobre todo en las compañías del Ibex, donde este promedio llegó al 57,6%. El porcentaje de consejeros independientes que ocupó el cargo de presidente del consejo aumentó hasta el 12,8% (11,5% en 2017).
Porcentaje de consejeros independientes en los órganos de gobierno
Fuente: IAGC de las empresas y elaboración propia
En 2018, el 63,6% de las sociedades del Ibex 35 tuvo en sus consejos, al menos, el 50% de consejeros independientes (60% en 2017). Del resto de sociedades, el 70% tuvo, como mínimo, un tercio de consejeros independientes en sus órganos de administración (68,3% en 2017).
La presencia de mujeres en los consejos experimentó un ligero aumento hasta el 19,7% (18,9% en 2017), porcentaje que llegó al 23,1% en el Ibex 35. Este incremento se concentró principalmente en las consejeras independientes, aunque las consejeras ejecutivas también aumentaron ligeramente hasta el 4,9% del total de consejeros ejecutivos (cuatro décimas más que en 2017).
En 2018, la edad media de los consejeros fue de 59,9 años. En las compañías del Ibex 35 esta media es ligeramente superior situándose en 61,8 años.
Sobre la estructura de la propiedad, el capital flotante aumentó ligeramente hasta el 44,3% (44,2 en 2017). En 79 sociedades (nueve menos que en 2017) la suma de participaciones significativas y paquetes accionariales en poder del consejo superó el 50% del capital. En 30 sociedades el capital flotante fue inferior al 25%, mientras que en cuatro fue inferior al 5%.
Finalmente, hay que destacar que la participación media en la junta general aumentó hasta el 72% en 2018 (69,3% en 2017). También se incrementó en 3,9 puntos el número de sociedades que habilitó el uso del voto a distancia (electrónico, postal, mensajería…), hasta el 40,6%.
Informe Anual de Remuneraciones de los Consejos (IARC)
El informe contiene información detallada y diversas consideraciones sobre el sistema de remuneración de los consejeros, ejecutivos o no, de las sociedades cotizadas en 2018 y el modo en que es aplicado.
En 2018 la retribución media de los consejeros ejecutivos, principalmente presidentes ejecutivos y consejeros delegados, del Ibex 35 se redujo un 1,1% (situándose en 3,07 millones de euros) mientras que la de los consejeros ejecutivos del resto de sociedades cotizadas aumentó un 2,2% (hasta 887.000 euros). El ejercicio 2018 ha sido el primero en el que las sociedades han elaborado sus IARC siguiendo los nuevos modelos que establece la Circular 2/2018, en los que por primera vez se incluye como retribución del ejercicio los sistemas de ahorro que se consolidan. Sin tener en cuenta este efecto, la retribución media de los consejeros ejecutivos hubiera descendido un 6,8% en las sociedades del Ibex y un 1% en el resto. La reducción de la retribución de los consejeros ejecutivos del Ibex 35 se explica principalmente por un menor vencimiento de planes variables plurianuales para los presidentes ejecutivos durante 2018. En cuanto a los consejeros no ejecutivos, su retribución se mantuvo sin variaciones en aproximadamente 210.000 euros (184.000 euros sin considerar presidentes no ejecutivos) en las sociedades del Ibex 35 y aumentó un 4,7% (hasta 89.000 euros, 81.000 euros sin considerar presidentes no ejecutivos) en el resto de compañías cotizadas.
Entre los aspectos susceptibles de mejora se mencionan, como en años anteriores, la información que las sociedades facilitan sobre planes de pensiones y otros sistemas de ahorro a largo plazo y sobre los criterios y métricas utilizados para la determinación de la retribución variable y su aplicación en concreto.

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Antiguas vías de acceso a la Universidad Complutense

24 de octubre, 2019
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Salario Mínimo, Registro de Jornada y Planes de igualdad: tres derechos a cumplir por ley

24 de octubre, 2019

Salario Mínimo, Registro de Jornada y Planes de igualdad: tres derechos a cumplir por ley

21 Oct 2019 ugt.es

Cristina Antoñanzas y Gonzalo Pino presentan la campaña de UGT: “Tus derechos no se negocian, se cumplen”

La Vicesecretaria General de UGT, Cristina Antoñanzas, ha afirmado que el sindicato “va a ser implacable y va a exigir que en las empresas se cumplan tres derechos que los empresarios se niegan a poner en marcha: Salario Mínimo, Planes de Igualdad y Registro de Jornada”.

Cristina Antoñanzas ha realizado estas declaraciones durante la rueda de prensa de presentación de la campaña: “Tus derechos no se negocian, se cumplen”, elaborada por UGT, en la que ha intervenido también el Secretario de Política Sindical, Gonzalo Pino, y en la que se ha puesto de manifiesto que “hay una reticencia de los empresarios a poner en marcha de manera plena estos tres derechos que hay que cumplir porque lo dice la ley. No son negociables. La ley se tiene que aplicar y no se puede vivir siempre en la impunidad”.

En este sentido, Antoñanzas ha señalado que estos tres derechos “para UGT son tres aspectos imprescindibles de las relaciones laborales que van a permitir avanzar hacia un mercado laboral más justo e igualitario. Representan avances sociales importantes que benefician a muchos trabajadores y trabajadoras en un mercado laboral muy precarizado”. Pero, para ello, ha reclamado como imprescindible “derogar la reforma laboral y recuperar el equilibrio de las relaciones laborales. El actual modelo beneficia claramente a los empresarios, en detrimento de los derechos de las trabajadoras y trabajadores”.

Por ello, ha anunciado que “vamos a poner en marcha todas las estructuras del sindicato para que estos derechos se cumplan en las empresas. Les vamos a dar unas pegatinas para que pongan en sus centros de trabajo para saber si sus empresas cumplen o no con estos tres derechos. La defensa del SMI, del registro de jornada y de los planes de igualdad va a ser uno de los objetivos de la negociación colectiva de 2020”.

Desde el 1 de enero, muchas empresas no cumplen con el aumento del SMI

En relación al Salario Mínimo Interprofesional (SMI), Gonzalo Pino ha recordado que “desde el 1 de enero de este año, nadie puede ganar menos de 900 euros al mes. Es la ley. El incremento del SMI beneficiaría a unos 2,7 millones de trabajadores en total: 1,2 millones a jornada completa y 1,5 millones a jornada parcial”.

Sin embargo, ha manifestado que “nos venimos encontrando con que algunas empresas compensan y absorben el incremento del SMI sobre todo tipo de complementos, llegando a judicializarse en algunos casos. De hecho, la propia inspección de trabajo ha tenido conocimiento de prácticas de empresarios que estaban buscando recovecos legales para esquivar el aumento del SMI y evitar incurrir así el aumento de sus costes salariales. Hemos detectado esto en sectores como en la recolección del campo o en las empresas multiservicios”.

Por ello, ha señalado que UGT “está trabajando a pie de empresa y de sector para hacer cumplir la ley en este ámbito, denunciando allí donde se aprecia un incumplimiento. Pero la lucha sindical en las empresas debe completarse con una negociación para reformar el artículo 27 del Estatuto de los Trabajadores. Se trata de blindar la subida anual del SMI conforme al coste de la vida, con el fin de evitar futuras pérdidas de su poder adquisitivo”.

Con las horas extras en 2018 se podrían haber creado 180.000 empleos a tiempo completo

Otro derecho que no se cumple en su totalidad es el del registro de jornada. Como ha recordado Gonzalo Pino, “el 12 de octubre se cumplieron cinco meses de su entrada en vigor y, aunque no todas las empresas lo han implantado aún, vemos cómo las horas extraordinarias en los dos primeros trimestres de 2019 han descendido un 11,6% respecto a las efectuadas en el mismo período de 2018; y el número de horas extra no pagadas realizadas semanalmente en estos dos primeros trimestres del año ha sido el menor desde 2010”.

En este sentido, ha recordado que, “en 2018 (último año cerrado), se realizaron 6,45 millones de horas extraordinarias a la semana, lo que hace un total aproximado de 330 millones de horas extras al año. Se podían haber creado unos 180.000 empleos a tiempo completo en ese año. Y se han perdido unos 2.300 millones de euros de salarios brutos y unos 650 millones de euros en cotizaciones sociales. Si esas horas extra hubieran sido cotizadas a la Seguridad Social se hubiera reducido el déficit de la misma un 3,5%”.

Por este motivo, “UGT estará vigilante en esta materia y en el cumplimiento de este derecho y señalará a las empresas que no los cumplen y las denunciará, como sucede en el sector de la construcción o en el de la dependencia, porque el registro diario de la jornada constituye un instrumento imprescindible para luchar contra el fraude laboral, que supone graves perjuicios para la salud de los trabajadores, para su economía, para la Seguridad Social y para el conjunto de la sociedad”.

Apenas el 8% de las empresas tienen planes de igualdad

El tercer derecho es el cumplimiento de los planes de igualdad. Según Cristina Antoñanzas, el Real Decreto 6/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes para garantía de la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación “ha establecido nuevas obligaciones en materia de planes de igualdad: las empresas de más de 50 trabajadores tendrán que tener un plan de igualdad, un logro sindical”.

Sin embargo, a 30 de julio de 2019, “los planes de igualdad no llegan al 15% de las empresas de más de 250 trabajadores y apenas el 8% de todas las empresas ha cumplido con esta obligación legal. El grado de cumplimiento de esta obligación hasta ahora ha sido simbólico y lejano, como ocurre en algunos casos en la Administración Pública”.

En este sentido, ha reclamado “recursos económicos y humanos, tanto en la Administración como en la Inspección de Trabajo, para cumplir con esta obligación y formar a negociadoras y negociadores, ya que se corre el riesgo de que dichos recursos acaben en manos privadas que con la finalidad de lucro, como sucede ahora con los bufetes de abogados, que sin ser especialistas en la materia elaboran planes “tipo” de igualdad mediante la copia de planes de una empresa a otras”.

“Ninguna empresa discrimina a las mujeres ni en el mismo grado, ni por el mismo motivo que otra. Mientras que hay que empresas que discriminan a las mujeres en el acceso al empleo, otras lo hacen en la promoción, otras en las retribuciones salariales, en el acceso al disfrute de permisos por parte de los hombres y otras por todos los motivos por los que se puede discriminar”, ha denunciado.

Por ello, ha demandado la necesidad de impulsar “el desarrollo reglamentario del Real Decreto-Ley, porque hay que establecer los criterios para la elaboración del plan, la necesidad de que los diagnósticos respondan a la realidad de la empresa y la sanción por no adecuarse a dicha realidad, así como las auditorías salariales y los sistemas de seguimiento y evaluación”.

Para ello, “UGT vigilará que todos los planes de igualdad, su contenido, ejecución y evaluación. Además, denunciará el incumplimiento y demandará un aumento de las sanciones para que se concreten y sean disuasorias”.

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Remando en la misma embarcación

23 de octubre, 2019
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El Entorno pre Mercado de BME suma tres nuevos partners

23 de octubre, 2019

El Entorno pre Mercado de BME suma tres nuevos partners

bolsamadrid.es

•El EpM es un programa para empresas con alto potencial de crecimiento que acerca la vía bursátil como opción de financiación
•Ya son 10 los partners que acompañan con su experiencia a las empresas del EpM y son parte de su entrenamiento

El Comité de Dirección y Seguimiento del EpM Entorno Pre Mercado de BME ha acordado la incorporación de tres nuevos partners que colaborarán en el desarrollo del mismo: PMS Advisory, Fellow Funders y Foro Capital Pymes.

PMS Advisory es una compañía formada por profesionales con una larga trayectoria en los mercados de capitales que, como Asesor Registrado del MAB, presta servicios de asesoramiento a pymes y SOCIMIs en su proceso de constitución e incorporación al mismo.

Fellow Funders es una plataforma online dedicada a la inversión alternativa para pymes y startups españolas. A través de su modelo fintech de Equity Crowdfunding, Fellow Funders canaliza la aportación de capital por parte de inversores minoristas y cualificados a proyectos empresariales con alto potencial de crecimiento.

Foro Capital Pymes organiza foros de inversión para pymes españolas a los que acuden los inversores nacionales e internacionales más importantes. La iniciativa fue premiada en 2018 por la Comisión Europea como mejor propuesta en Europa de financiación alternativa para empresas pymes. En las 47 ediciones celebradas, donde se han presentado más de 320 empresas y han acudido más de 700 inversores, la entidad ha logrado captar más de 27 millones de euros en préstamos y capital.

Con estas adhesiones, son ya 10 los partners que acompañan a las empresas del Entorno con su experiencia y forman parte de su entrenamiento.

El EpM Entorno Pre Mercado es un programa formativo y de networking para que pymes en expansión conozcan el funcionamiento de los mercados de capitales y accedan a inversores privados e institucionales. Tiene como objetivo principal facilitar a las empresas que se incorporen al mismo el apoyo necesario para alcanzar el nivel de competencias que la normativa exige para financiarse a través de los mercados de valores gestionados por BME.

La convocatoria del EpM Entorno Pre Mercado para recibir nuevas empresas e inversores sigue abierta y es continua.

Entre los requisitos para acceder al Entorno destacan: ser sociedades anónimas o limitadas, con una antigüedad mínima de 2 años, presentar las cuentas anuales auditadas y facilitar su plan de negocio a 3 años vista.

El próximo 20 noviembre tendrá lugar en Valencia la celebración del sexto Investor’s Day de las compañías que integran el EpM Entorno Pre Mercado en el marco del Congreso Nacional de Business Angels.

Puedes consultar más información sobre el Entorno Pre Mercado en el siguiente enlace:

www.entornopremercado.es

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Mahadahonda. Monte del Pilar. Octubre 2019..

22 de octubre, 2019
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Miguel Borra, reelegido presidente de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) para los próximos cuatro años

22 de octubre, 2019

Miguel Borra, reelegido presidente de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) para los próximos cuatro años

  • Miguel Borra: “El voto de los 2,5 millones de empleados y empleadas públicas volverá a ser decisivo en las próximas elecciones generales y nos leeremos con lupa los programas”
  • Las prioridades de CSIF para los próximos 4 años son la recuperación del 19 por ciento del poder adquisitivo perdido, las 35 horas, la jubilación voluntaria a los 60 años y la reforma de la Ley Sindical
    10 de Octubre de 2019

csif.es

Miguel Borra Izquierdo ha sido reelegido este jueves presidente de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) –sindicato más representativo en las administraciones públicas y con presencia creciente en el sector privado—por los 470 compromisarios que participaron en el IX Congreso General Nacional de la central, celebrado en Valladolid.
Miguel Borra Izquierdo, nacido en Zaragoza en 1968. Licenciado en Ciencias Económicas, Economía Aplicada por la Universidad de Zaragoza; Master de gestión de la calidad en las Administraciones Públicas por la UNED. Pertenece al Cuerpo Técnico de la Función Administrativa en el Servicio Madrileño de Salud (SERMAS).
Borra fue elegido por primera vez presidente de CSIF el 30 de noviembre de 2011, en el VII Congreso General Nacional.
Junto a Borra, Antonio Díaz García ha sido designado vicepresidente nacional y Begoña Montero Medina secretaria general nacional.
Asimismo, fueron designadas al frente de las secretarías de área: Francisco Lama Peaguda, Milagros Dorronzoro Fábregas, Encarna Abascal Pérez, Pedro Poves Oñate, Eva Fernández Urbón y Andrés Montero Lavado.
Estas son las prioridades de CSIF para los próximos 4 años.
Negociación de un nuevo acuerdo de mejora de empleo y condiciones laborales y retributivas de las personas trabajadoras de las administraciones públicas. 35 horas semanales en todas las administraciones públicas.
Los empleados públicos todavía arrastramos una pérdida de poder adquisitivo de hasta el 19,6 por ciento (más de un 20 por ciento si sumamos los recortes de las comunidades autónomas), desde 2010. Tenemos que poner fecha a esta recuperación y firmar un acuerdo plurianual.
En este contexto, reclamaremos la recuperación de la estructura salarial previa a los recortes de 2010, que permite que los empleados públicos perciban el 100% de la paga extra.
Igual Trabajo, igual salario. Habilitación de crédito para paliar las desigualdades retributivas existentes entre los empleados/as públicos/as dependientes de las diferentes administraciones públicas.
Plan de rejuvenecimiento de la Administración, renovación de 300.000 puestos de trabajo en 4 años y reducción de la temporalidad
CSIF propondrá la recuperación de la jubilación voluntaria a los 60 años para el conjunto de los empleados/as públicos, dentro de un plan de modernización de la Administración. Queremos impulsar un profundo debate en el marco de los Pactos de Toledo y el Diálogo Social para enmarcarlo en un Plan de recursos humanos y modernización de nuestras administraciones públicas.
Calculamos que en los próximos cuatro años se podrían renovar hasta 300.000 puestos de trabajo en toda España, con las consecuentes ofertas de empleo público (no queremos un empleado público de más, pero tampoco ninguno de menos).
CSIF reclamará asimismo la jubilación anticipada para determinados colectivos que desempeñan funciones especialmente penosas por coeficientes reductores de la edad de jubilación en el Régimen General de la Seguridad Social.
Por otra parte, la temporalidad en las administraciones supera ya a la del sector privado (28,2 frente al 25,9 por ciento del sector privado). Por eso, es preciso agilizar los procesos de reducción de temporalidad en el empleo público y la eliminación de la tasa de reposición.
Plan de Modernización de nuestras Administraciones Públicas y reversión servicios públicos externalizados
Revertir la competencia sobre los servicios públicos externalizados y privatizados. Esta medida debe ir unida a un compromiso en el que se determinen los servicios que siempre deben de ser prestados por las administraciones públicas. A lo largo de estos últimos años ha sido práctica habitual que, al amparo de la falta de recursos humanos en los servicios públicos, parte de ellos se hayan externalizado, incrementando sustancialmente el gasto público.
A ello debemos sumar la eliminación de competencias en servicios públicos esenciales (sanidad, nacionalidades, etc.) CSIF defenderá la reversión de dichos servicios a las distintas administraciones públicas y que estos sean prestados por empleados públicos
Reforma de la Ley Sindical.
En este sentido, para responder a la necesidad de trasladar al ámbito sindical el pluralismo democrático de la sociedad española, reclamamos la modificación de la Ley Orgánica de Libertad Sindical para que sea suficiente el 5 por ciento de representatividad para estar presente en los ámbitos de negociación, tal como ocurre en el ámbito político, donde se precisa únicamente entre el 3 y el 5 por ciento.
La legislación sindical actual establece una coraza que impide crecer a otras opciones legítimas y deja sin representación a muchos ciudadanos.

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Brechas de seguridad: protégete ante la pérdida o robo de un dispositivo portátil

22 de octubre, 2019

Brechas de seguridad: protégete ante la pérdida o robo de un dispositivo portátil

En esta entrada destacamos algunas medidas, como el cifrado de dispositivos, que permiten limitar el impacto en caso pérdida o robo de dispositivos portátiles.

aepd.es

¿Qué riesgos supone el uso de estos dispositivos?

En un mundo totalmente globalizado e interconectado, es habitual en el día a día intercambiar información o tenerla disponible para poder utilizarla en múltiples localizaciones y de forma flexible, tanto a nivel personal como a nivel profesional.

El uso de dispositivos portátiles se ha popularizado por su gran versatilidad y precios asequibles, lo que nos facilita tener a mano los informes en los que estamos trabajando, la presentación que tenemos que realizar, fotografías, o en definitiva cualquier información que necesitemos utilizar de manera flexible desde diversos equipos. Teléfono inteligente, tableta y ordenador portátil son hoy en día herramientas imprescindibles en el trabajo.

De la principal ventaja de este tipo de dispositivos, que es precisamente la portabilidad, surge un factor de riego adicional muy importante, como es la posibilidad de pérdida o robo de estos dispositivos. Adicionalmente, no se debe olvidar que estos dispositivos, como cualquier otro dispositivo informático, se enfrentan a muchos otros tipos de riesgos que deberán ser tratados adecuadamente.

En caso de pérdida o robo de un dispositivo de este tipo estaremos ante una brecha de confidencialidad por posibles accesos indebidos a los datos almacenados en el dispositivo y/o brecha de disponibilidad en caso de no tener una copia recuperable de los datos. Precisamente, este tipo de brechas de seguridad representa más del 20% de las notificaciones recibidas en la AEPD relacionadas con estos incidentes, por lo que resulta muy interesante poner de manifiesto qué medidas de seguridad pueden ayudar a mitigar las consecuencias negativas de la pérdida o robo de un dispositivo de este tipo.

Medidas de seguridad

Como norma general, y atendiendo a los principios establecidos en el RGPD, se deben minimizar los datos personales almacenados/procesados en dispositivos portátiles, utilizándolos para acceso remoto a los mismos en la medida de lo posible.

Hay tres medidas de seguridad particularmente efectivas para minimizar los posibles daños causados por una brecha de seguridad debida a la pérdida o robo de un dispositivo portátil.
El cifrado de los datos en el dispositivo es una medida efectiva para evitar el acceso no autorizado a los datos en caso de pérdida o robo. Es importante recordar que los datos personales, aunque estén cifrados, siguen siendo datos de carácter personal.
Mantener una copia de los datos en otro soporte o copia de seguridad es una medida efectiva para combatir la pérdida de disponibilidad de los datos.
Contar con una contraseña de bloqueo de pantalla y/o autenticación de usuario en el dispositivo igualmente robusta y conservada de forma segura. Esta última medida de seguridad no es aplicable a dispositivos de almacenamiento extraíbles.

Las tres medidas son importantes, cada una es efectiva sobre diferentes aspectos de la seguridad de los dispositivos, por lo que deben utilizarse de forma conjunta.

En teléfonos inteligentes y tabletas relativamente actuales, la opción de cifrado suele estar activada por defecto, pero es necesario comprobar que efectivamente está activada y que se ha seleccionado un clave de cifrado suficientemente robusta que debe ser mantenida de forma segura.

Para ampliar información sobre estas medidas de seguridad se puede consultar la Ficha 1 de la Guía de privacidad y seguridad en internet de la AEPD.

En todo caso, antes de utilizar dispositivos portátiles, cualquier organización debería regular en la política de seguridad su uso basándose en un análisis de los riesgos que presentan según las características particulares de los tratamientos de datos que realiza.

En la política de seguridad se debe establecer si se permite o no su utilización, y en caso afirmativo, cuáles son las medidas a aplicar para minimizar el riesgo, como por ejemplo establecer qué tipo de dispositivos se pueden utilizar; qué tipo de información se puede almacenar en estos dispositivos; las categorías de datos; establecer limitaciones de tamaño; autorizar únicamente aquellos que sean estrictamente necesarios; mantener un inventario de estos dispositivos; garantizar la seguridad de los dispositivos y/o equipos a los que se conectan; formar y concienciar a los empleados sobre los riesgos, así como de la necesidad de cifrar y hacer copias de seguridad. Sobre todo, se debe ser consciente del riesgo de pérdida o robo de estos dispositivos y tener previsto un plan de actuación para poder responder lo más rápidamente y de forma efectiva.

Tanto la efectividad de las medidas aplicables, como la conveniencia de utilizar estos dispositivos o sustituirlos por otras soluciones, debe revisarse periódicamente dentro de los planes de gestión del riesgo de la organización.

¿Qué hacer en caso de pérdida o robo?

En cuanto tengamos indicios de la pérdida o robo de un dispositivo debemos empezar a actuar lo antes posible.

En caso de que el dispositivo contenga datos de carácter personal se tendrá que, como mínimo, hacer frente a las obligaciones establecidas en los artículos 33 y 34 del RGPD. En general, el primer paso será poner el incidente en conocimiento del responsable de tratamiento para que se pueda activar el plan de actuación. El responsable tiene que saber exactamente qué información contenía el dispositivo y disponer de un plan de actuación para poder gestionar el incidente de seguridad.

En particular, si se trata de una brecha de seguridad que afecta a datos personales se deberá notificar la misma a la AEPD cuando exista un riesgo para los derechos y libertades para las personas físicas dentro del plazo de 72h desde que se conoce el incidente. Además, se deberá comunicar a los afectados cuando este riesgo sea alto.

La valoración de estas circunstancias y la decisión sobre notificar a la AEPD y a los afectados corresponde al responsable de tratamiento.

En general, para dispositivos de almacenamiento extraíbles, siempre que los dispositivos estén cifrados con un algoritmo criptográficamente fuerte, la clave de cifrado sea robusta y no se haya visto comprometida, y se disponga de una copia de seguridad de los datos, se podría considerar que la confidencialidad e integridad de los datos no están comprometidas y por tanto no es necesario notificar la brecha a la AEPD ni a los afectados, siempre y cuando el riesgo principal derive de la falta de disponibilidad de dicha información.

Para el caso de dispositivos con sistema operativo, como son teléfonos inteligentes, tabletas y ordenadores portátiles, habrá que considerar además si los mecanismos y las credenciales de autentificación de usuarios en el sistema operativo, o patrón/clave de desbloqueo en caso de teléfonos inteligentes y tabletas, son suficientemente robustas y no han sido comprometidas para tomar la decisión de notificar la brecha de seguridad.

En cualquier caso, los detalles de la brecha de seguridad deberán quedar registrados en el registro de incidentes de seguridad de la organización.

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Edificio. Plaza de España

21 de octubre, 2019
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La banca estudia sustituir la garantía real de sus préstamos hipotecarios por pólizas de seguro que cubran el riesgo de impago.

21 de octubre, 2019

Caución Hipotecaria
Santander, BBVA y Caixabank ahorrarán 600 millones ‘asegurando’ sus hipotecas
La banca estudia sustituir la garantía real de sus préstamos hipotecarios por pólizas de seguro que cubran el riesgo de impago.

información.com

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CCOO respalda la convocatoria de Marcha por la Ciencia

21 de octubre, 2019

CCOO respalda la convocatoria de Marcha por la Ciencia

Esta convocatoria, respaldada y apoyada por CCOO, surge de la necesidad de actuar ante la grave situación de retroceso existente en la ciencia española y pretenden lograr que el debate sobre la ciencia y la tecnología adquiera un papel central ante las próximas elecciones generales.

17/10/2019. ccoo.es

Marcha por la Ciencia

Esta convocatoria, respaldada y apoyada por CCOO, surge de la iniciativa de asociaciones de jóvenes investigadores como INNOVA o la FJI, y ha sido respaldada por algunas organizaciones sindicales (CCOO, UGT, CSIF), así como por otros colectivos relacionados con la ciencia y la investigación como son la Asociación de Investigadores Hospitalarios, el Consejo de la Juventud de España, colectivos ciudadanos como la Marea Roja por la Ciencia, entidades científicas como la Asociación Española para el Avance de la Ciencia, la Real Sociedad Española de Física, la Asociación Española de Investigación sobre el Cáncer o la Fundación Española del Alzehimer.

Las entidades firmantes han decidido actuar ante la grave situación de retroceso existente en la ciencia española para lograr que el debate sobre la ciencia y la tecnología adquiera un papel central ante las próximas elecciones generales. Sin haber recuperado aún el nivel de recursos financieros y humanos en materia científica existentes en 2009, vamos a tener que afrontar una nueva crisis económica sin instrumentos con los que poder actuar para enfrentarla de manera satisfactoria, y esto, además, ante un modelo de sociedad en que el cambio tecnológico es imparable y no está sirviendo para eliminar los niveles de desigualdad y precariedad en todos los ámbitos de nuestra sociedad.

Desde CCOO venimos trabajando y apostando por un nuevo modelo económico y de relaciones laborales que acaben con las desigualdades, la precariedad, la explotación, la siniestralidad… que están afectando de manera muy notable a las trabajadoras y trabajadores de nuestro país. Y esto en un contexto de revolución digital y cambio climático en el que nuestro país se está quedando atrás, entre otras cosas, por no invertir en ciencia y tecnología lo que debiera para estar a la altura de los países de nuestro entorno.

Las organizaciones que respaldamos esta convocatoria, entre ellas CCOO, reivindican que el reiterado Pacto por la Ciencia pase de las palabras a los hechos y se traduzca en medidas concretas entre las que destacamos:
•Asegurar a lo largo de la legislatura un mínimo del 2% del PIB en inversión en I+D.
•Lograr una mayor implicación entre la investigación científica y las demandas sociales.
•Elaborar y poner en marcha un plan de choque para recuperar el nivel de recursos humanos dedicados a investigación anterior a la crisis y reducir las edades medias de las plantillas de personal del sector.
•Asegurar la periodicidad de las convocatorias de proyectos y recursos humanos para investigación.
•Mejorar las políticas de igualdad de género en las políticas de recursos humanos de este sector.
•Elaborar el Estatuto del Personal de Investigación (investigadores, tecnólogos y gestores) que incluya la carrera profesional para todos los colectivos implicados.
•Unificar los sistemas de gestión de los organismos públicos de investigación para asegurar su eficacia y autonomía en la gestión.
•Reducir la temporalidad en el empleo de los investigadores y del personal contratado.
•Mejorar la movilidad de los trabajadores investigadores entre las diferentes instituciones del sector público dedicadas a estas tareas, OPIs y Universidad.
•Dotar de los mecanismos necesarios de transparencia en el acceso a los puestos de trabajo, con criterios públicos y un listado centralizado en el que se publiquen todas las ofertas públicas de empleo.

Para respaldar el manifiesto, se ha convocado una manifestación el próximo sábado 19 de octubre, a las 12 horas, que partirá desde la Puerta del Sol para finalizar en la sede del Congreso, (c/ Fernanflor).

Tras la lectura del manifiesto, está prevista la firma del mismo por los partidos políticos con representación parlamentaria.

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Vista desde el Faro de Madrid .

20 de octubre, 2019
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La CNMC desmantela un cártel organizado por 19 empresas de montaje y mantenimiento industrial

20 de octubre, 2019

La CNMC desmantela un cártel organizado por 19 empresas de montaje y mantenimiento industrial

09 Oct 2019
Nota de prensa Competencia

◦Se trata de empresas muy especializadas que se repartían clientes y/o licitaciones, y fijaban precios mínimos para encarecer sus servicios a empresas del sector energético y petroquímico.
◦Las sanciones a las 19 empresas se elevan a 54,26 millones de euros y, en el caso de 8 directivos implicados, a 280.500 euros.
◦La operativa de la trama fue cambiando a lo largo de 17 años, hasta que uno de los participantes denunció el cártel a través del Programa de Clemencia.
◦Tras las inspecciones realizadas por la CNMC, otra de las empresas reconoció su participación en el cártel y solicitó también clemencia, aportando elementos de prueba.
◦La resolución se ha remitido a la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado para que las empresas del cártel, a excepción de las que se acogieron al Programa de Clemencia, queden sujetas a la prohibición de contratar con el sector público.

La CNMC ha desmantelado y sancionado el cártel organizado por 19 empresas de montaje y mantenimiento industrial, que fue creado para encarecer los servicios prestados fundamentalmente a empresas del sector energético y petroquímico. Las sanciones al conjunto de las empresas se elevan a 54,26 millones de euros y, en el caso de los directivos implicados, a un total de 280.500 euros.

Además, la CNMC ha puesto en conocimiento de la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado, dependiente del Ministerio de Hacienda, el expediente sancionador para que las empresas participantes en el cártel queden sujetas a una prohibición de contratar con el sector público, excepto en el caso de las empresas que solicitaron acogerse al Programa de Clemencia de la CNMC. Asimismo, la Comisión vigilará a las compañías para que no vuelvan a repetir esta conducta ilícita. (S/DC/0612/17)

El montaje y mantenimiento industrial requiere estándares complejos y específicos de seguridad, calidad industrial y medioambientales. Por ello, las grandes empresas del sector energético y petroquímico adjudican dichos servicios a empresas especializadas para el mantenimiento de instalaciones como depósitos, tanques en centrales de generación, aeropuertos, etc. La contratación se realiza a través de licitaciones privadas.

Las empresas sancionadas crearon un entramado para repartirse clientes y licitaciones, intercambiar información sensible con sus competidores, realizar ofertas de cobertura, fijar compensaciones y precios. Tales actuaciones se consideran constitutivas de un cártel; se trata de una conducta prohibida, de acuerdo con los artículos 1 de la Ley 15/2007 de Defensa de la Competencia y del artículo 101 del Tratado de Funcionamiento de la UE.

Reparto de licitaciones durante 17 años

Desde el 18 de enero de 2001 hasta la realización de las inspecciones en julio de 2017, el cártel se repartió al menos 746 licitaciones. Estos concursos privados los realizaron cerca de una veintena de clientes, entre los que se encuentran fundamentalmente a empresas del sector energético y petroquímico.

Se han acreditado al menos 18 reuniones a las que acudían las empresas de ámbito nacional o que operaban en varias zonas para coordinar el cártel. Diferenciaban los proyectos en los que les interesaba realizar ofertas de los que, por su dimensión, se dejaban “para empresas locales”, coordinados por una empresa de ámbito nacional. La empresa coordinadora era la encargada de organizar la presentación de las ofertas con las empresas locales, cuya actuación era complementaria, pero necesaria, para hacer efectivos los acuerdos anticompetitivos.

“Modus operandi” de las empresas

El “modus operandi” de la trama fue evolucionando debido a su larga duración. En una primera etapa, la empresa designada para ser la adjudicataria de la obra daba sus precios para que fueran elevados por las demás mediante ofertas de cobertura hasta un cierto porcentaje.

En una etapa posterior, las empresas se intercambiaban versiones de archivos “Excel”, que iban rellenando cada una con los precios y las ofertas de cobertura. Posteriormente, establecieron códigos propios, como números o siglas para las empresas participantes, indicando con un “sí” o con un “no”, si las empresas participaban en una licitación concreta.

Los mecanismos de contacto entre los partícipes de la trama también fueron evolucionando a lo largo de 17 años para dificultar su detección, desde faxes, contactos telefónicos, hasta WhatsApp o correos electrónicos.

La detección del cártel ha sido posible gracias a la denuncia realizada por la empresa Navec, que al poner en conocimiento de la CNMC la existencia del cártel, a través del Programa de Clemencia, se ha beneficiado de la exención en el pago de la multa impuesta. Sin embargo, uno de sus directivos, también sancionado, no se ha beneficiado de las reducciones previstas al no colaborar con la CNMC.

Por otra parte, tras las inspecciones realizadas por la CNMC, otra de las empresas participantes en el cártel, Enwesa, presentó una solicitud de reducción del importe de la multa y aportó elementos de prueba adicionales, por lo que se le ha reducido la multa impuesta en un 50%.

Por último, la CNMC ha remitido esta resolución a la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado, dependiente del Ministerio de Hacienda ya que algunas empresas pueden verse afectadas por una prohibición de contratar con el sector público.

Esta resolución pone fin a la vía administrativa, y se puede interponer recurso contencioso-administrativo en la Audiencia Nacional en el plazo de dos meses desde el día siguiente al de su notificación.

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