Miércoles, 23 de septiembre de 2026

El Pleno de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, que resuelve un recurso del Ayuntamiento de Salamanca, unifica su criterio al considerar que el alojamiento temporal propio de las VUT no constituye un uso residencial

Autor Comunicación Poder Judicial

El Pleno de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL), con sede en Valladolid, ha establecido que las viviendas de uso turístico (VUT) tienen, a efectos urbanísticos, uso terciario y no residencial, ya que están destinadas al alojamiento temporal y no al alojamiento permanente de las personas. Dicho criterio determina que, conforme al Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Salamanca, este tipo de alojamientos no pueda situarse por encima de la primera planta en los supuestos afectados por la limitación que el planeamiento establece para los usos no residenciales. 

La Sala ha estimado el recurso de apelación presentado por el Ayuntamiento de Salamanca y ha revocado una resolución de la Sección de lo Contencioso-Administrativo (Plaza 1) del Tribunal de Instancia de Salamanca que había reconocido el derecho del titular a continuar con la actividad de unas viviendas de uso turístico. Por tanto, el TSJCyL ha considerado conforme a Derecho la decisión municipal que no declaró la conformidad de la comunicación ambiental presentada para el establecimiento turístico. 

El Pleno se ha convocado para unificar el criterio de la Sala ante las diferentes posiciones mantenidas hasta ahora por dos de sus Secciones sobre la naturaleza urbanística de las viviendas de uso turístico. Por mayoría, el Pleno ha asumido el criterio que considera que el uso residencial es el destinado al alojamiento permanente, mientras que las VUT, al ofrecer alojamiento temporal a cambio de una contraprestación económica, deben encuadrarse dentro del uso terciario. 

La Sala ha subrayado además que esta conclusión deriva de la interpretación del PGOU de Salamanca y no de la Ordenanza Municipal reguladora de los apartamentos y viviendas de uso turístico, que había sido anulada por otra sentencia. El Tribunal ha señalado que el planeamiento salmantino, vigente en este aspecto desde 2011, establece que, salvo determinadas excepciones, los usos no residenciales únicamente pueden situarse en planta baja y primera, pero no en plantas superiores en los términos previstos por el propio PGOU.

Viernes, 18 de septiembre de 2026

La Sala considera que el Ayuntamiento no justificó suficientemente la creación de este sistema general, de 81.823 metros cuadrados y con un coste previsto de 5,2 millones de euros

Autor Comunicación Poder Judicial

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL), con sede en Burgos, ha estimado parcialmente un recurso contra la aprobación de la adaptación y revisión del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Aranda de Duero y ha anulado la previsión para crear el nuevo sistema general de equipamiento denominado “Deportivo Cantaburros”. El tribunal ha desestimado el resto de las pretensiones planteadas contra el planeamiento. 

La sentencia ha considerado que la Memoria Vinculante del PGOU no explica ni justifica suficientemente la creación de este equipamiento, previsto sobre una superficie de 81.823,67 metros cuadrados y con un coste total de 5.245.471 euros, cuya obtención de los terrenos y ejecución corresponderían al Ayuntamiento de Aranda de Duero. 

La Sala ha señalado que, dada la importancia del proyecto tanto por sus dimensiones como por su coste económico, el planeamiento debía explicar y justificar su creación. Sin embargo, ha advertido de que la Memoria no ofrece una explicación suficiente sobre las características y dimensiones del equipamiento, las razones de su emplazamiento ni la forma en que el Ayuntamiento afrontaría su coste. Por ello, ha concluido que esta concreta determinación urbanística no cumple las exigencias legales y jurisprudenciales de motivación. 

Por otro lado, el tribunal ha desestimado el resto de las pretensiones formuladas por el recurrente, entre ellas las relacionadas con los sectores Virgen de las Viñas, San Ignacio, Arroyo de la Nava, Eras de Santa Catalina y La Azucarera, así como las relativas a la ordenación del barrio de Sinovas y a los terrenos del centro comercial Sabeco/Alcampo. 

La sentencia, que ya ha sido notificada a las partes, no es firme ya que contra ella cabe recurso de casación ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo y/o ante la Sección de Casación de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJCyL.

La creación de sociedades mercantiles aumenta un 6 % en agosto y acumula tres meses consecutivos al alza

16/09/2026 

Registradores

El Colegio de Registradores presenta el avance mensual de su Estadística Mercantil, que recoge los principales actos inscritos en los Registros Mercantiles y ofrece una referencia actualizada sobre la evolución del tejido empresarial. El análisis se centra en la constitución de sociedades y en las ampliaciones de capital, dos variables habituales para valorar la dinámica mercantil.

La constitución de sociedades mercantiles acumula tres meses consecutivos de crecimiento tras los descensos registrados en abril y mayo. En agosto se constituyeron 7.582 nuevas empresas, frente a las 7.156 del mismo mes de 2025, lo que supone un incremento del 6 %. Después de los avances excepcionalmente elevados de febrero y marzo, superiores al 35 %, y de la corrección posterior, los datos apuntan a una vuelta a ritmos de crecimiento más moderados.

Por comunidades autónomas, la creación de empresas muestra una evolución favorable en la mayoría de las comunidades autónomas, con catorce regiones por encima de las cifras registradas un año antes. Madrid y Cataluña concentran cerca del 40 % de las sociedades constituidas en agosto, mientras que Andalucía y la Comunitat Valenciana superan también el millar de nuevas sociedades.

Los mayores incrementos corresponden a Cantabria, Asturias, Murcia y La Rioja. En sentido contrario, Navarra, Illes Balears, Cataluña y Castilla y León presentan descensos moderados. La lectura de estos datos debe tener en cuenta el distinto peso de cada territorio y, especialmente, el menor volumen absoluto de actividad en algunas comunidades.

En cuanto a las ampliaciones de capital, la serie de los últimos meses mantiene un comportamiento positivo, aunque con menor intensidad en el tramo más reciente. Tras registrar incrementos superiores al 15 % en algunos meses, julio y agosto muestran variaciones del -0,6 % y del -5,1 %, respectivamente. Las cifras siguen reflejando un volumen apreciable de operaciones dirigidas a reforzar la financiación y la capacidad patrimonial de las empresas, si bien la tendencia apunta a una cierta moderación.

Madrid registra el mayor número de ampliaciones de capital, con 528 operaciones en agosto, un 7,4 % menos que en el mismo mes de 2025. Cataluña se sitúa a continuación, con 449 operaciones y un descenso interanual del 10,2 %. Entre los territorios con mayores aumentos figuran Navarra, Cantabria y Canarias, mientras que las caídas más pronunciadas corresponden a las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla, Aragón, Extremadura e Illes Balears.

Inclusión, Seguridad Social y Migraciones – 14.9.2026

Los trabajadores de otros países representan ya el 15,9% del total de cotizantes a la Seguridad Social.

Si se descuenta la estacionalidad y el efecto del calendario, la Seguridad Social cuenta ya con 3.526.093 afiliados extranjeros, tras incorporar 479.004 en los últimos doce meses.

• La Seguridad Social ha registrado más de 3.550.000 afiliados extranjeros en términos de afiliación media en agosto y alcanza también un nuevo máximo en la serie desestacionalizada, que supera por primera vez los 3,5 millones. En concreto, el Sistema contabiliza 3.551.759 afiliados extranjeros de media en agosto, 39.535 más que el mes anterior y 482.490 más que hace un año. La afiliación extranjera crece así un 15,72% interanual, frente al 3,1% del conjunto del Sistema.

La evolución de la afiliación extranjera mantiene una trayectoria sostenida de crecimiento. Desde junio de 2022, el número de trabajadores de otros países ha aumentado en más de 1,2 millones. De hecho, el 50,9% del empleo creado desde la puesta en marcha de la reforma laboral corresponde a trabajadores extranjeros.

Total Sistema. Datos sin ajustar

Este crecimiento se produce además en un mercado laboral en el que la afiliación extranjera presenta una presencia cada vez más diversificada, tanto por sectores de actividad como por modalidades de empleo y formas de participación. Además, su incorporación se refleja tanto en actividades con una elevada demanda de mano de obra como en sectores de mayor cualificación y en el emprendimiento por cuenta propia.

Impacto de la regularización

La afiliación de trabajadores extranjeros ha mostrado un especial dinamismo durante los ocho primeros meses del año, con una aceleración del crecimiento desde finales de abril que ha coincidido con la puesta en marcha del proceso extraordinario de regularización administrativa de personas extranjeras.

Si se realiza una fotografía del mercado laboral a 31 de agosto, el número de personas extranjeras que figuraban de alta en la Seguridad Social como consecuencia de este proceso ascendía a 337.917, en el contexto de una afiliación a la Seguridad Social de 22,4 millones de ocupados.

De ellas, 269.627, el 79,8%, estaban encuadradas en el Régimen General de la Seguridad Social, mientras que 16.912, un 5%, eran trabajadores autónomos.

Por sexo, 203.418 eran hombres, el 60,2%, y 134.499 mujeres, el 39,8%.

Afiliación media

De los 3.551.759 afiliados extranjeros de media registrados en agosto, 2.030.849 son hombres y 1.520.910 mujeres. Las mujeres representan ya cerca del 43% del total de trabajadores extranjeros afiliados.

Alrededor del 27% de las personas afiliadas extranjeras procede de países de la Unión Europea.

Por nacionalidades, Marruecos sigue siendo el país con más afiliados a la Seguridad Social española, con 407.350 cotizantes. Le sigue Colombia (368.901), Rumanía (336.681), Venezuela (248.550), Italia (222.158), Perú (140.467), China (137.872), y Ucrania (84.564).

Sectores de los trabajadores por cuenta ajena

Si en el conjunto de la afiliación representan el 15,9% de los trabajadores, la aportación de los trabajadores extranjeros resulta especialmente relevante en algunos sectores del Régimen General de la Seguridad Social.

En Hostelería representan el 33,6% de los afiliados; en Agricultura, el 28,1%; en Construcción suponen el 27%; en Actividades Administrativas, el 20,2% y en Transporte, el 18,5%.

También tienen un peso destacado en los sistemas especiales: representan el 47,6% de los afiliados al Sistema Especial del Hogar y el 39,2% del Sistema Especial Agrario.

Mayoritariamente con contrato indefinido

Es preciso destacar el elevado porcentaje de trabajadores extranjeros con contrato indefinido, un 86,8% del total, porcentaje casi 30 puntos más alto que en promedio del periodo 2017-2021, previo a la reforma laboral (58,9%).

En paralelo, la tasa de temporalidad de este colectivo de trabajadores cae hasta el 14,1% mientras que el porcentaje de afiliados nacionales con contrato temporal es del 13,2%.

% s/ total contratos. Régimen General. Datos sin ajustar.

537.660 trabajadores autónomos extranjeros

Por otro lado, el número de trabajadores autónomos sigue creciendo y se sitúa en 537.660 lo que supone un 10,3% más que hace un año.

Hay que señalar la presencia creciente de trabajadores extranjeros que emprenden en sectores altamente cualificados como Telecomunicaciones y Programación Informática, donde ya representan el 33,5% de los ocupados dados de alta en esta sección de actividad, es decir, ya son uno de cada tres trabajadores por cuenta propia. Destaca también su presencia en otras actividades, como Actividades de los hogares (26,4%), Hostelería (25,7%), Actividades Administrativas (19,8%), Construcción (19%) y Actividades Inmobiliarias (18,5%).

15 Sep 2026

La inflación general se incrementa en siete décimas hasta el 4,3% en agosto y la subyacente disminuye una décima hasta el 2,9%, con lo que el promedio acumulado en lo que va de año se sitúa en el 3,2%. La previsión actual del IPC de CEOE es del 3,4% de media anual para 2026, considerando una gradual normalización del tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz, con aumentos transitorios de precios por encima de esa tasa mientras se mantenga la situación de conflicto.

Esta subida del IPC en agosto debe valorarse como transitoria ya que se debe a un shock de oferta energético, tal y como refleja el IPC subyacente, que se encuentra estable en niveles inferiores al 3%. Hay que tener en cuenta que, a medio plazo, la inflación general tiende a converger con la subyacente.

La mayor parte de las medidas aprobadas por el Gobierno para paliar los efectos de la guerra en Oriente Medio, que contuvieron el incremento de los precios de los productos energéticos en los últimos meses, ya han sido retiradas en su gran mayoría, tan solo se mantiene una reducción paulatina del Impuesto de Hidrocarburos. Si se hubieran retirado la totalidad de medidas este mes, la inflación general habría sido del 4,7%, pero si se hubiesen mantenido, el avance del IPC hubiera sido significativamente inferior.

En la Unión Monetaria, el IPC armonizado de agosto situó su tasa interanual en el 3,3%, cuatro décimas más que el mes anterior. En España, este indicador aumentó siete décimas hasta el 4,6%, por lo que el diferencial se amplía hasta 1,3 puntos porcentuales.

Análisis desagregado

Los precios energéticos repuntaron notablemente en agosto (16,9%, frente al 10,1% de julio), registrando la tasa más alta en lo que va de año. No obstante, esa tasa se habría elevado hasta el 21,1% sin las reducciones aplicadas en el Impuesto sobre Hidrocarburos. 

Por otro lado, los daños en las infraestructuras de refino por el conflicto entre Rusia y Ucrania están elevando de forma notable el precio de los productos derivados, en especial, del gas y del gasóleo, ya que está disminuyendo la capacidad de producción de refinados. Todo ello, provoca un shock de oferta sobre los productos energéticos que dificulta una disminución de sus precios.

Los precios de los alimentos sin elaboración interrumpen su moderación y su tasa interanual registra un fuerte repunte de 2,2 puntos respecto a julio, escalando hasta el 4,5%, por lo que rompe así la tendencia de cinco meses consecutivos a la baja.

Dentro de la inflación subyacente, la mayor presión proviene de los servicios, aunque descienden una décima hasta el 3,9%. Por otro lado, los bienes industriales sin productos energéticos mantienen una subida contenida del 1,4%, tras aumentar tres décimas. Por su parte, los alimentos elaborados, bebidas y tabaco continúan su senda de moderación, recortando su avance en una décima para situar su tasa en el 1,6%.

15 septiembre, 2026

• La cesta de la compra y la vivienda siguen encareciéndose muy por encima de los salarios
• Joaquín Pérez: “con convenios que firman subidas del 3,02%, la población trabajadora se está empobreciendo”

La Unión Sindical Obrera (USO) denuncia que los datos del Índice de Precios de Consumo (IPC) publicados por el INE correspondientes a agosto de 2026 confirman una tendencia preocupante: la vida sube mucho más que los salarios, y las familias trabajadoras continúan perdiendo poder adquisitivo mes tras mes.

Según el INE, la tasa anual del IPC se situó en el 4,3%, siete décimas más que en julio y el nivel más alto desde febrero de 2023. El IPCA, indicador comparable a nivel europeo, alcanzó el 4,6%. Todas las comunidades autónomas registraron aumentos, destacando Cantabria (5,1%), Galicia (4,8%), Castilla y León (4,7%) y Madrid (4,7%). Ninguna región se libra de la escalada de precios.

“La inflación vuelve a golpear a las familias mientras los salarios se quedan atrás. Con convenios que firman subidas del 3,02%, muy por debajo del IPC, la población trabajadora se está empobreciendo”, denuncia el secretario general de USO Joaquín Pérez.

Transporte, vivienda y alimentación: los motores del encarecimiento

Los datos del INE muestran que los precios que más presionan a los hogares son precisamente los más esenciales: Transporte, que sube un 9,5% anual por el encarecimiento de combustibles y lubricantes; Vivienda, que aumenta un 0,6% mensual, impulsada por combustibles líquidos, electricidad y gas y Alimentos y bebidas no alcohólica, que crecen un 2,3%, siete décimas más que en julio.

Estos incrementos afectan directamente a la cesta de la compra y a los gastos básicos, que ya absorben una parte creciente del presupuesto familiar. Con la vivienda disparada y la alimentación encareciéndose de forma sostenida, la inflación real que sufren las familias es muy superior a la media general.

Salarios que no acompañan: la brecha entre ingresos y precios se agranda

USO advierte que esta desconexión entre precios y salarios está consolidando un fenómeno cada vez más extendido: trabajadores pobres, personas con empleo que no pueden cubrir adecuadamente sus gastos esenciales.

A esta situación se suma que el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) también es insuficiente, especialmente en un contexto en el que la alimentación y la vivienda suben muy por encima del IPC. Pérez insiste: “el SMI no garantiza una vida digna y afecta de forma desproporcionada a quienes tienen salarios más precarios y jornadas parciales, que ven cómo sus ingresos quedan aún más lejos del coste real de la vida. En general, la vida sube más que los salarios, y eso es insostenible. Las subidas salariales deben estar vinculadas al IPC y, como mínimo, igualarlo. De lo contrario, cada año somos más pobres”.

USO exige medidas urgentes para proteger a las familias trabajadoras

Ante esta situación, USO reclama cláusulas de revisión salarial vinculadas al IPC en todos los convenios colectivos y políticas públicas que alivien los gastos esenciales, especialmente vivienda y energía.

USO recuerda que la inflación acumulada desde 2018 supera el 26%, mientras los salarios no han acompañado ese ritmo. Sin medidas estructurales, la brecha seguirá creciendo.

Martes, 15 de septiembre de 2026

La Sala desestima el recurso de una organización ecologista al no apreciar pruebas contra la Declaración de Impacto Ambiental

Autor Comunicación Poder Judicial

El Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha desestimado el recurso presentado por la Asociación Colectivo Turcón Ecologistas en Acción contra la autorización administrativa y la declaración de utilidad pública de la Central Hidroeléctrica de Bombeo Chira Soria.

La Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJC, con sede en Las Palmas de Gran Canaria, ha confirmado la resolución de la Viceconsejería de Lucha contra el Cambio Climático de 11 de abril de 2022, que desestimó a su vez el recurso de alzada formulado contra la resolución de la Dirección General de Energía de 14 de diciembre de 2021. Esta última otorgó a Red Eléctrica de España la autorización administrativa y la declaración de utilidad pública del proyecto denominado Central Hidroeléctrica de Bombeo Chira Soria. Reformado del proyecto de construcción. Modificado II.

La sentencia, dictada el 2 de julio de 2026 por los magistrados Óscar Bosch Benítez, José Suay Rincón, María de las Mercedes Martín Olivera y Lucía Deborah Padilla Ramos, rechaza las pretensiones de la asociación ecologista e impone las costas procesales a la parte demandante.

La Sala recuerda que el núcleo de la controversia planteada por Turcón era de carácter ambiental y se dirigía, esencialmente, contra la Declaración de Impacto Ambiental favorable y condicionada emitida el 30 de julio de 2021. El tribunal precisa que la DIA no puede recurrirse autónomamente, pues se trata de “un acto esencial pero de trámite”, que “no es susceptible de recurso autónomo”, de modo que debe cuestionarse junto con la autorización administrativa que incorpora sus determinaciones.

El TSJC admite que Turcón podía discutir en este procedimiento la declaración ambiental, pero destaca que la asociación no cuestionó realmente el proyecto técnico ni el contenido general de la autorización. La sentencia señala que “en la demanda no se pone en cuestión el proyecto técnico ni la autorización administrativa que se recurre, sino que se centra exclusivamente en la DIA”.

La resolución descarta, en primer lugar, la causa de inadmisión alegada por Red Eléctrica de España, que sostenía que la asociación carecía de legitimación activa. El tribunal considera que Turcón no había aportado correctamente la documentación que acreditase el cumplimiento de los requisitos legales para ejercer la acción ambiental, aunque aprecia que concurrían materialmente circunstancias como sus fines estatutarios de defensa ambiental, su antigüedad y su ámbito de actuación en Gran Canaria.

La Sala señala que la asociación debió haber aportado la documentación correspondiente para acreditar esos requisitos, porque “les incumbe a los promotores de un recurso en sede jurisdiccional el levantamiento de las cargas procesales que les son exigibles”. Sin embargo, aplica una interpretación favorable al acceso a la jurisdicción y opta por no declarar la inadmisibilidad del recurso.

También aprecia que algunos de los motivos planteados en la demanda no coincidían plenamente con los expuestos por Turcón en vía administrativa. La sentencia reconoce que la asociación introdujo cuestiones relativas a los Lugares de Interés Geológico, los riesgos de incendios, la IBA Pinar de Tauro, las afecciones sobre especies y hábitats, la fragmentación del proyecto y los efectos acumulativos y sinérgicos.

No obstante, la Sala decide examinar todas esas cuestiones. El tribunal argumenta que, dada la complejidad del expediente, no podía descartarse que algunas hubieran sido apuntadas previamente de manera incidental, indiciaria o velada. Por esa razón, resuelve no prescindir del análisis de esos motivos.

El elemento decisivo para la desestimación del recurso es, según la sentencia, la falta de una prueba técnica suficiente que permitiera desacreditar las conclusiones de la Declaración de Impacto Ambiental. La Sala destaca que la demanda estaba acompañada de 51 documentos, entre escritos, mapas, fichas, informes, actas, estadísticas y noticias, pero considera que faltaba un informe pericial técnico que contradijera con precisión el contenido de la DIA.

La sentencia afirma que “corresponde a la parte demandante demostrar mediante prueba en contrario suficiente que la DIA es equívoca o inexacta”. A juicio del tribunal, Turcón formuló valoraciones e interpretaciones de parte, pero no aportó “un informe pericial contradictorio, emitido con el rigor y la precisión necesarias” para demostrar que la evaluación ambiental fuera defectuosa.

Hacienda – 11.9.2026

El déficit del Estado se sitúa en julio en el 2,50% del Producto Interior Bruto (PIB), en un mes marcado por la liquidación definitiva del sistema de financiación. Las Comunidades Autónomas registran hasta junio un déficit del 0,97%. Los Fondos de la Seguridad Social elevan su superávit un 66,5%.

El Ministerio de Hacienda ha publicado hoy en su web una serie de datos correspondientes a la ejecución presupuestaria de las Administraciones Públicas en 2026.

Se han difundido los principales indicadores de la actividad económica y financiera del Estado correspondientes a julio y el déficit consolidado de la Administración Central, las Comunidades Autónomas y los Fondos de la Seguridad Social correspondiente a junio, todos ellos en términos de contabilidad nacional.

Las cifras conocidas hoy muestran un crecimiento de dos dígitos de los recursos no financieros del Estado, una ratio de déficit del conjunto de Administraciones Públicas sin incluir la Administración Local estable respecto a 2025 y un fuerte incremento del superávit de los Fondos de la Seguridad Social.

En concreto, el déficit del Estado a finales de julio de 2026 se sitúa en el 2,5% del PIB, con una necesidad de financiación de 44.539 millones. Los recursos no financieros crecen un 11%, hasta 187.959 millones.

Asimismo, el déficit consolidado de la Administración Central, las Comunidades Autónomas y los Fondos de la Seguridad Social se sitúa en junio en 33.668 millones, equivalente al 1,89% del PIB, frente al 1,88% del mismo periodo de 2025.

Déficit del Estado (julio)

A finales de julio de 2026, el Estado ha registrado un déficit equivalente al 2,50% del PIB. De esta forma, la necesidad de financiación se sitúa en 44.539 millones. Si se descuentan los intereses, el saldo primario registra un déficit de 21.586 millones, equivalente al 1,21% del PIB.

Los datos de ejecución de julio incluyen la liquidación definitiva de 2024 del sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común y de las Entidades Locales, con un saldo neto conjunto a favor de ambas administraciones de 14.335 millones, frente a 13.627 millones en la liquidación de 2023. También se ha efectuado la actualización de las entregas a cuenta de las Comunidades Autónomas correspondientes a enero-junio, con un impacto en el déficit del Estado de 11.139 millones, frente a 9.952 millones en 2025.

Recursos no financieros del Estado

Los recursos no financieros del Estado se sitúan en 187.959 millones, lo que implica un crecimiento del 11% respecto a finales de julio de 2025. Los impuestos alcanzan los 151.354 millones, el 80,5% del total de los recursos, y crecen un 10%, es decir, 13.736 millones más que en el mismo periodo del año anterior.

Dentro de los ingresos tributarios, los impuestos sobre la producción y las importaciones aumentan un 4,3%, hasta 83.731 millones. De ellos, 64.918 millones corresponden al IVA, con un crecimiento del 5,9% respecto al mismo periodo de 2025. En términos brutos, los ingresos por este impuesto se sitúan en 80.686 millones, con un aumento del 6%.

La evolución de los impuestos energéticos recoge el efecto de las medidas tributarias extraordinarias aprobadas en 2026. Desde el 1 de julio se han restablecido los tipos ordinarios del IVA sobre los productos energéticos. En el Impuesto Especial sobre Hidrocarburos, la reducción temporal vigente hasta junio se ha sustituido por una reducción gradual del tipo de gravamen durante julio, agosto y septiembre.

Los demás impuestos sobre la producción y las importaciones se sitúan en 18.813 millones, con un descenso del 0,9%. Entre las principales figuras, el Impuesto Especial sobre Hidrocarburos disminuye un 5,9%, hasta 6.836 millones; el Impuesto Especial sobre la Electricidad, se reduce un 25,4%, hasta 683 millones; y el Impuesto sobre el valor de la producción de la energía eléctrica, un 15,3%, hasta 825 millones. En sentido contrario, el Impuesto sobre Primas de Seguro aumenta un 7,3%, hasta 1.763 millones, y el Impuesto sobre Transacciones Financieras avanza un 38,1%, hasta 272 millones.

Por su parte, los impuestos corrientes sobre la renta y el patrimonio alcanzan los 67.482 millones, cifra superior en un 17,9% a la de los siete primeros meses de 2025. De este importe, 46.652 millones corresponden al IRPF, con un aumento del 20,4%; 16.561 millones al Impuesto sobre Sociedades, con un incremento del 13,8%; y 3.620 millones al Impuesto sobre la Renta de No Residentes, con un avance del 17,9%.

El Impuesto sobre el margen de intereses y comisiones de determinadas entidades financieras registra 534 millones en términos de contabilidad nacional.

Los impuestos sobre el capital se sitúan en 141 millones, frente a 105 millones en 2025, por autoliquidaciones del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones efectuadas por no residentes. Por su parte, las cotizaciones sociales alcanzan 3.803 millones.

Las transferencias recibidas de otras Administraciones Públicas se sitúan en 12.713 millones, con un descenso del 9,7%. Las rentas de la propiedad crecen un 8,5%, hasta 5.353 millones. Dentro de estas, los dividendos y otras rentas pasan de 498 millones en 2025 a 854 millones en 2026, de los cuales 234 millones corresponden al dividendo del Banco de España. Los ingresos por intereses aumentan un 1,4%, hasta 4.499 millones.

Los ingresos procedentes de la venta de bienes y servicios alcanzan 1.232 millones, un 5,8% más. Finalmente, el resto de recursos se sitúa en 13.504 millones, con un aumento del 78,4%, debido principalmente al avance de las ayudas a la inversión, que pasan de 4.837 millones en 2025 a 10.441 millones en 2026.

Empleos no financieros del Estado

Los empleos no financieros del Estado se sitúan en 232.498 millones, con un aumento del 11,5% respecto a julio de 2025. La partida de mayor volumen son las transferencias entre Administraciones Públicas, que representan el 62,3% del gasto total, con 144.893 millones y un incremento del 9,0%.

Por un lado, los Organismos de la Administración Central han recibido 11.625 millones, un 25,8% más que en 2025. Este aumento se explica, entre otros factores, por las transferencias al Fondo Español de Garantía Agraria, que alcanzan 2.165 millones y se destinan a compensar la pérdida de renta de las explotaciones agrarias por los fenómenos meteorológicos adversos y por las medidas adoptadas para paliar la subida de precios derivada de la crisis en Oriente Medio.

Por otro, la Administración Regional ha recibido 76.642 millones, un 9% más que en 2025. Del total de estas transferencias, 66.056 millones corresponden al sistema de financiación, de los que 55.909 millones son entregas a cuenta y 10.147 millones corresponden al efecto en el gasto de la liquidación definitiva de 2024.

Las transferencias a las Comunidades Autónomas realizadas al margen del sistema de financiación se sitúan en 10.586 millones, un 53,2% más que en 2025. Este aumento se debe, entre otros factores, a la transferencia de la recaudación de 2025 del Impuesto sobre el margen de intereses y comisiones de determinadas entidades financieras por importe de 1.413 millones.

A su vez, la Administración Local ha recibido 16.685 millones, un 2,7% menos que en 2025. Del total de transferencias, 14.327 millones corresponden a su participación en los ingresos del Estado. Las transferencias realizadas al margen del sistema de financiación se sitúan en 2.358 millones, de las que 1.422 millones se han destinado a reparar los daños causados por los fenómenos meteorológicos adversos en Andalucía y Extremadura.

Por su parte, los Fondos de la Seguridad Social han recibido 39.941 millones, 3.727 millones más que en 2025.

La remuneración de asalariados asciende a 13.804 millones, con un crecimiento del 4,4%. Este incremento se debe, entre otros factores, al aumento del número de efectivos y a la subida salarial del 1,5% aplicada en 2026 sobre la base consolidada de 2025. Los consumos intermedios aumentan un 5%, hasta 4.676 millones.

Los intereses ascienden a 22.953 millones, con un incremento del 13,9%; y las prestaciones sociales distintas de las transferencias sociales en especie alcanzan 16.817 millones, un 5% más. Dentro de estas últimas, las pensiones de clases pasivas suman 14.065 millones, con un crecimiento del 6,1%, debido, entre otras razones, a la revalorización en 2026 del 2,7%, aplicada sobre el gasto consolidado de 2025.

Las subvenciones aumentan un 5,2%, hasta 4.644 millones. Las subvenciones a los productos descienden hasta 3.561 millones, mientras que las otras subvenciones a la producción aumentan en 626 millones, hasta 1.083 millones, como consecuencia, principalmente, de las medidas adoptadas para paliar la subida de precios derivada de la crisis en Oriente Medio. También destaca la aportación española a la Unión Europea por recursos propios basados en el IVA y la RNB, que asciende a 9.764 millones, con un aumento del 30,3%.

La cooperación internacional corriente aumenta un 50,1%, hasta 1.072 millones. Por último, las ayudas a la inversión y las otras transferencias de capital alcanzan en conjunto 6.798 millones, 4.948 millones más que en 2025, mientras que la formación bruta de capital fijo se sitúa en 4.838 millones.

Déficit conjunto de la Administración Central, Comunidades Autónomas y Seguridad Social (junio)

En el primer semestre de 2026, el déficit conjunto de la Administración Central, los Fondos de la Seguridad Social y las Comunidades Autónomas se sitúa en 33.668 millones, equivalente al 1,89% del PIB, frente al 1,88% del PIB en el mismo periodo de 2025.

Administración Central

La Administración Central ha obtenido hasta junio de 2026 un déficit de 22.531 millones, equivalente al 1,27% del PIB.

• El déficit del Estado en junio equivale al 1,24% del PIB y alcanza 22.090 millones.
• Los Organismos de la Administración Central registran en el mismo periodo un déficit de 441 millones.

Comunidades Autónomas

La Administración Regional registra a finales de junio de 2026 un déficit de 17.287 millones, lo que equivale al 0,97% del PIB, frente a 15.588 millones y el 0,92% del PIB en el mismo periodo de 2025. En términos absolutos, el déficit aumenta un 10,9%.

La evolución del saldo autonómico responde a un aumento de los gastos no financieros del 8,1%, hasta 139.307 millones, ligeramente superior al crecimiento del 7,8% de los ingresos, que se sitúan en 122.020 millones.

Los impuestos han crecido un 7,4%, hasta 46.113 millones, y representan en torno al 38% del total de los ingresos. Dentro de ellos, los impuestos sobre la producción y las importaciones se sitúan en 11.996 millones, con un avance del 6,8%, debido principalmente al aumento de la recaudación del ITP y AJD en un 8,7%, hasta 7.281 millones.

Por su parte, los ingresos por impuestos sobre la renta y el patrimonio aumentan un 7,2%, hasta 32.378 millones, de los cuales 31.132 millones corresponden a entregas a cuenta realizadas por el Estado, con un incremento del 6,7%. Los impuestos sobre el capital alcanzan 1.739 millones, con un avance del 15,6%.

Las transferencias recibidas, corrientes y de capital, de otras Administraciones Públicas ascienden a 65.233 millones, un 9,2% más que en 2025. En los seis primeros meses de 2026 se han recibido 55.461 millones del Estado, un 10,6% más, de los cuales 43.102 millones corresponden a entregas a cuenta y 4.414 millones a anticipos de los recursos del sistema de financiación.

Las transferencias recibidas al margen del sistema de financiación se sitúan en 7.945 millones, un 49,1% más que en 2025. Este aumento se debe, principalmente, a la transferencia de la recaudación de 2025 del Impuesto sobre el margen de intereses y comisiones de determinadas entidades financieras por importe de 1.413 millones. El resto de recursos se sitúa en 10.450 millones, con un aumento del 1%.

Entre los gastos, la remuneración de asalariados crece un 7,9%, hasta 57.979 millones, debido, entre otras razones, a la subida salarial de la parte fija del 1,5% establecida para 2026. Los consumos intermedios aumentan un 5,7%, hasta 23.702 millones; los intereses avanzan un 7,8%, hasta 3.882 millones; y las subvenciones se sitúan en 3.086 millones, un 38,4% más que en 2025.

Las transferencias sociales en especie se elevan un 6,6%, hasta 20.177 millones. En esta rúbrica se recoge el gasto en farmacia, con un incremento del 2,5%, hasta 7.341 millones; los conciertos de asistencia sanitaria, con un aumento del 10,6%, hasta 3.697 millones; y los conciertos educativos, con un avance del 8,5%, hasta 4.753 millones.

Por su parte, las prestaciones sociales distintas de las transferencias sociales en especie aumentan un 4,6%, hasta 2.930 millones, y la inversión alcanza 10.951 millones, con un crecimiento del 7,2%.

Fondos de la Seguridad Social

Los Fondos de la Seguridad Social registran a finales de junio de 2026 un superávit de 6.150 millones, un 66,5% superior al de 2025, que fue de 3.693 millones. En términos del PIB, el superávit se sitúa en el 0,35%, frente al 0,22% de junio de 2025.

Esta evolución se debe al avance de los ingresos no financieros en un 8,1%, hasta 146.070 millones, superior al incremento de los empleos, que crecen un 6,4%, hasta 139.920 millones. Las cotizaciones sociales ascienden a 112.151 millones, representan el 76,8% de los recursos y crecen un 7,2% respecto a 2025.

Entre los principales cambios normativos y actualizaciones en materia de Seguridad Social y empleo para 2026 destacan el incremento del Salario Mínimo Interprofesional hasta 1.221 euros al mes; la revalorización de las pensiones en un 2,7% con carácter general y en un 11,4% para las pensiones no contributivas y el Ingreso Mínimo Vital; la actualización del tope máximo de las bases de cotización; el aumento del Mecanismo de Equidad Intergeneracional hasta el 0,9%; y el incremento de los tipos aplicables a la cuota adicional de solidaridad para los salarios que superan la base máxima de cotización.

El Sistema de Seguridad Social registra en el sexto mes de 2026 un superávit de 3.137 millones, frente a 1.273 millones en 2025. Los recursos han ascendido a 127.519 millones, un 8,4% más que en 2025, con un aumento de las cotizaciones sociales del 7,5%, hasta 93.667 millones. El número de afiliaciones en el Sistema en media mensual de todos los regímenes ha aumentado un 2,8% respecto a junio de 2025.

Dentro del gasto del Sistema, las prestaciones sociales distintas de las transferencias sociales en especie representan en torno al 96% del total, con 119.834 millones, cifra superior en un 7% a la de 2025. La mayor parte corresponde al gasto en pensiones contributivas y no contributivas, que aumenta un 6,5%, hasta 103.481 millones. La pensión media de junio se sitúa en 1.371,35 euros, un 4,6% más que en 2025.

El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) ha obtenido un superávit de 3.100 millones, superior en un 37,4% al de 2025, con 2.257 millones. Los recursos ascienden a 18.403 millones, un 7,3% más, mientras que los empleos se sitúan en 15.303 millones, con un aumento del 2,8%. La mayor parte corresponde a prestaciones por desempleo, que alcanzan 12.578 millones, un 3,6% más.

El FOGASA presenta un déficit de 87 millones, frente al superávit de 163 millones registrado en el mismo periodo de 2025.

Cultura – 10.9.2026

El encuentro ha sido una reunión de seguimiento tras las comunicaciones mantenidas entre el Ministerio de Cultura, el conjunto de comunidades autónomas y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado desde finales de julio.

Tras una reunión anterior, celebrada el 28 de agosto, entre las diversas instituciones implicadas en gestión de museo y patrimonio, la reunión de hoy ha permitido generar un punto de encuentro para compartir información y buenas prácticas entre todas, aportando más conocimiento y potenciando las redes de colaboración ante los robos de piezas de oro, plata y metales y piedras preciosas, sucedidos en instituciones museísticas de toda Europa.

Así, durante el encuentro de esta mañana entre el Ministerio de Cultura, las comunidades autónomas y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, se ha compartido información y se han planteado consultas sobre la seguridad en los museos relativas a este tipo específico de delitos, surgidas a raíz de los recientes robos acaecidos en diversos museos en España y en otros países europeos. Asimismo, Policía Nacional y Guardia Civil han aprovechado la oportunidad para trasladar datos que pueden resultar de utilidad para la protección de los museos ante el cambio en la forma de operar de los ladrones.

Colaboración constante

La Dirección General de Patrimonio Cultural y Bellas Artes del Ministerio de Cultura ha estado en contacto continuo con las comunidades afectadas por los robos en museos desde el primer momento.

Justamente ante el aumento de los robos en instituciones museísticas este año, y particularmente después del segundo, efectuado en el Museo de Albacete a finales de julio, el Ministerio de Cultura trasladó a la Brigada de Patrimonio Histórico de la Policía Nacional, que ya estaba realizando sus investigaciones, su preocupación, solicitando su colaboración y ayuda para tratar de prevenir casos similares a los ocurridos en la primavera e inicio del verano. La Brigada solicitó a la Dirección General información de todos los museos, dependientes tanto del Ministerio de Cultura como de las autonomías, que contasen en su exposición permanente o en sus depósitos con un número significativo de objetos realizados en oro, plata u otros metales o piedras preciosas, con el objetivo de aumentar la alerta y que los responsables incrementaran la seguridad ante la posibilidad de sufrir nuevos robos.

El Ministerio de Cultura facilitó de forma inmediata a la Policía Nacional la información de los museos que gestiona de manera directa, y ha reforzado la seguridad en los mismos. Asimismo, solicitó esta misma información a las comunidades autónomas.

Además, el pasado 28 de agosto la Dirección General de Patrimonio Cultural y Bellas Artes convocó una primera reunión con las direcciones con competencias en museos de las comunidades autónomas en la que se trató la petición de la Policía Nacional y la cuestión de la seguridad en los museos, de la que cada administración tiene la competencia respecto de los bienes que gestiona.

En esa reunión se compartió información y se expresó la necesidad de coordinación entre las distintas administraciones, así como atender a todas las indicaciones que se dieran desde las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Por ello, entre todos los presentes se acordó la conveniencia de una segunda reunión, celebrada hoy, que contara con su presencia para compartir información y recibir indicaciones generales para preparar a los museos de la mejor forma posible las nuevas formas de operar de los delincuentes que está generalizándose en Europa.

Comunicación – Banco de España

13 de septiembre de 2026

Publicado en el Heraldo de Aragón 

Alberto Ríos, director general de Relaciones Institucionales, Transparencia y Conducta del Banco de España

Recibir un mensaje de WhatsApp de tu hijo es un hecho cotidiano. Que en ese mensaje te pida dinero para un pago urgente es raro, pero podría entrañar cierta normalidad. Que la transferencia se solicite con mucha premura ya debería resultar sospechoso. Que tu hijo evite dar detalles o coger el teléfono ya tendría que disparar todas las alarmas de fraude.

¿O no?

La calma y distancia que da la lectura sosegada permite detectar claramente un intento de estafa, pero lo cierto es que caer en estas artimañas es más fácil de lo que parece y le puede pasar a cualquiera. De hecho, le pasa.

Tal y como recoge la Memoria de Reclamaciones 2025, que presentamos esta semana en Zaragoza ante actores clave del ecosistema financiero, el fraude es la principal causa de reclamación ante el Banco de España. En Aragón, los escritos presentados por este motivo han crecido un 27,5% en 2025 y es una de las comunidades autónomas donde más peso tienen (36,4% del total).  Los datos de 2026 reflejan que la tendencia al alza se mantiene en todo el país.  

Aunque los datos absolutos muestran que el fraude no es un problema de estabilidad financiera, debido a su ínfima incidencia respecto al elevado volumen de operaciones, el creciente uso de canales digitales hace que sea un fenómeno cada vez más relevante para los ciudadanos y los bancos. Una cosa es que el pago llegue al destino rápidamente, y otra que el destinatario sea de fiar y no un estafador.

Sobre todo, en un momento en el que la tecnología para cometer estos delitos es cada vez más barata, accesible y versátil gracias a la IA generativa, capaz incluso de hacernos creer, copiando la voz o el estilo de escritura, que el estafador es un ser querido.

Este hecho, unido al aumento de medidas de seguridad implantadas por las entidades, está llevando a los delincuentes a intentar «hackear» a las personas antes que a las máquinas.

Así, se está registrando un auge de las técnicas de ingeniería social destinadas a manipular psicológicamente a las víctimas para que compartan contraseñas, instalen programas maliciosos, autoricen operaciones no deseadas o envíen dinero a los defraudadores. 

No en vano, la principal causa de fraude en transferencias es la manipulación de la persona que envía el dinero, lo que permite sortear los sistemas autentificación reforzada.  

Por ejemplo, a través del servicio de consultas del Banco de España se ha detectado una mayor incidencia de mensajes que simulan comunicaciones de entidades bancarias. En ellos, los estafadores informan de un supuesto bloqueo de la cuenta o pago fraudulento que el usuario debe revertir de forma urgente dando sus datos o pinchando en un enlace inmediatamente. 

Las interacciones están siempre rodeadas de un halo de urgencia por una situación que nos presentan como irreversible. Pero, recuerde, ningún trámite bancario requiere prisa.

Tómese su tiempo, desconfíe de las presiones y tenga en cuenta que una transferencia, una vez realizada, no tiene marcha atrás. 

Las consultas y reclamaciones ante el Banco de España cumplen una función que va más allá de la resolución de casos concretos. Constituyen una fuente privilegiada de información sobre los problemas, preocupaciones y dudas que afronta la ciudadanía en su relación con las entidades. 

El análisis conjunto de estos escritos permite identificar tendencias, detectar riesgos emergentes y conocer cómo evolucionan los conflictos en un entorno financiero cada vez más digital. 

En este sentido, aportan información valiosa para mejorar los mecanismos de prevención y protección y para orientar la estrategia de educación financiera, reforzando, por ejemplo, los contenidos para facilitar la detección de posibles fraudes o la toma de decisiones financieras fundamentadas.

Esta información también resulta fundamental para la supervisión y la adaptación de los criterios de buenas prácticas bancarias a la realidad del sector, una herramienta clave para promover comportamientos adecuados por parte de las entidades y reducir la conflictividad entre estas y sus clientes.

Y es que escuchar a la ciudadanía permite identificar desafíos, adaptar la actuación del Banco de España y avanzar hacia un sistema financiero más transparente, seguro y cercano a las necesidades de la sociedad.

El servicio de reclamaciones vela por los derechos de los usuarios bancarios y una relación equilibrada entre las entidades y sus clientes. Sin embargo, antes de acudir a él, es importante conocer qué funciones desempeña el Banco de España, qué requisitos deben cumplirse y en qué casos puede intervenir y en cuáles no. 

Por ello, trabajamos para mejorar la información y facilitar el acceso a los mecanismos de consulta y reclamación. Pero la mejor protección sigue siendo la prevención. En cuestiones bancarias, mantener la calma ayuda a evitar el fraude. 

30 de julio de 2026 

• Las emisiones de renta fija privada aumentan un 21% y la actividad en el mercado primario de renta variable crece un 33%

• La exposición de los fondos de inversión españoles a la renta fija es alta (64%), pero su sensibilidad a futuras alzas de tipos está contenida por la baja duración de las carteras

• La exposición total de los fondos de inversión españoles a empresas tecnológicas es limitada (11%), aunque es sustancial en los fondos de renta variable (31%)

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) publica hoy la Nota de Estabilidad Financiera correspondiente al primer semestre de 2026, en la que concluye que la estabilidad financiera en los ámbitos de su supervisión se mantiene sólida, aunque identifica los riesgos de sobrevaloración y concentración de las acciones tecnológicas y las consecuencias de la IA como las principales vulnerabilidades para la estabilidad financiera internacional. La Nota también resalta el entorno internacional caracterizado por una elevada incertidumbre geopolítica como un foco de incertidumbre.

La Nota destaca que los mercados financieros españoles han mostrado una notable capacidad de resistencia ante las tensiones derivadas del conflicto en Oriente Medio. A pesar del aumento de la inflación y de la revisión al alza de las expectativas de tipos de interés, el nivel de estrés del sistema financiero español permanece en niveles reducidos. Las emisiones de renta fija de emisores privados españoles aumentaron un 21 %, mientras que la actividad en los mercados primarios de renta variable creció un 33 %. 

La industria de inversión colectiva continuó expandiéndose y el patrimonio conjunto de los fondos comercializados en España aumentó un 3% hasta 827.000 millones de euros. Los fondos de inversión nacionales registraron entradas netas de recursos por 8.000 millones de euros, cuyo destino principal fueron productos de renta fija, seguidos de exposiciones a mercados internacionales de renta variable.

En un contexto de expectativas de subidas de tipos de interés, la exposición de los fondos de inversión españoles a la renta fija es alta (64%), pero su sensibilidad a futuras alzas está contenida por la baja duración de las carteras. En renta variable, el riesgo de sobrevaloración y concentración de la negociación bursátil internacional en acciones tecnológicas estadounidenses sigue siendo alto. La exposición total de los fondos de inversión españoles a empresas tecnológicas es limitada (11%), aunque es sustancial en los fondos de renta variable (31%). No obstante, las posiciones de liquidez y apalancamiento de las instituciones de inversión colectiva son sólidas y operarían como mitigadores en caso de estrés.

La nota destaca la reciente advertencia de la Junta Europea de Riesgo Sistémico (ESRB) sobre las implicaciones de los modelos de frontera de inteligencia artificial para la ciberseguridad y los resultados del proceso de autorización de proveedores de servicios de criptoactivos en España. El 30 de junio concluyó el periodo transitorio de aplicación del reglamento MiCA. En España se han autorizado 20 proveedores de servicios de criptoactivos (14 especializados y 6 entidades de crédito) y otras 16 solicitudes se encuentran en trámite.

Viernes, 11 de septiembre de 2026

El tribunal revoca la sentencia anterior y da la razón a la comunidad de propietarios tras demostrarse que las filtraciones provenían de la finca colindante

Autor Comunicación Poder Judicial

La Audiencia Provincial de Balears ha estimado el recurso interpuesto por una comunidad de propietarios. El fallo obliga a reparar las deficiencias del edificio colindante -que se encuentra en estado ruinoso y es el origen de las filtraciones-, así como a asumir la reparación de todos los daños ocasionados en el inmueble afectado.

Los comuneros argumentaban que el inmueble colindante, gestionado por la Sareb, presentaba deficiencias graves de conservación y mantenimiento que rayaban en la ruina. Esta situación perjudicaba directamente a su edificio, el cual padecía filtraciones de agua persistentes y humedad visible en el hueco de la escalera. El Juzgado de Primera Instancia n.º 4 de Palma de Mallorca desestimó la demanda.

El tribunal entiende que la finca abandonada y en mal estado del demandado es la causa de las filtraciones de humedad del edificio colindante, ya que el agua de lluvia se cuela por su cubierta. A pesar de que el perito no pudo entrar al inmueble, su informe es considerado válido y suficiente porque las fotografías, la ubicación de los daños y la ausencia de tuberías en la zona respaldan sus conclusiones de forma lógica.  Por el contrario, el documento presentado por la defensa es desestimado por carecer de rigor técnico y probatorio frente al dictamen pericial.

Registradores

07/09/2026  

El Colegio de Registradores presenta con esta nota informativa un avance provisional de la Estadística Registral Inmobiliaria correspondiente a julio de 2026, con datos proyectados sobre el 94,9 % de los registros analizados, en el que se sintetiza la evolución interanual de compraventas e hipotecas.

Los datos provisionales muestran que durante el mes de julio de 2026 se han registrado 118.000 compraventas de inmuebles, con un descenso del 4,7 % respecto a julio de 2025. De ellas, unas 60.500 han sido compraventas de vivienda, lo que supone un descenso interanual del 7,7 %. Todos los meses del presente año, excepto junio, han registrado descensos interanuales en las compraventas de vivienda.

Por su parte, las hipotecas también han experimentado un leve descenso, al constituirse 57.400 hipotecas totales, un 0,6 % menos que en julio del año pasado. Del total de hipotecas, algo menos de 43.300 se han constituido sobre viviendas, lo que a su vez supone un descenso más significativo del 4,2 % interanual.

Solo cuatro comunidades autónomas han registrado incrementos de compraventas totales durante el mes de julio: Galicia (3,2 %), Murcia (3,0 %), Castilla y León (2,0 %) y Navarra (0,4 %). Por su parte, con los mayores descensos destacan Melilla (-23,4 %), Baleares (-15,4 %), Aragón (-11,0 %) y País Vasco (-10,5 %). Centrándonos en las compraventas de vivienda, Navarra (26,4 %), Castilla y León (6,2 %) y Castilla-La Mancha (2,4 %) han sido las únicas comunidades en que se han incrementado, mientras que los mayores descensos se han registrado en Cantabria (-17,6 %), Baleares (-15,6 %), Melilla (-15,5 %) y Asturias (-15,5 %).

En términos absolutos, Andalucía, Cataluña, Valencia y Madrid han superado las 11.000 compraventas totales, con Andalucía superando las 22.500. En cuanto a las compraventas de vivienda, las mismas comunidades ocupan los primeros puestos, con Andalucía por encima de las 12.250 operaciones.

Por su parte, el número de hipotecas constituidas sobre todo tipo de inmuebles ha aumentado en nueve comunidades autónomas. Los mayores incrementos, alcanzando los dos dígitos, se han observado en Asturias (11,3 %) y Galicia (10,2 %), mientras que en Aragón (-25,2 %), Cantabria (-23,3 %) y La Rioja (-20,6 %) las caídas en el número de hipotecas totales han superado el 20 %, y otras cuatro comunidades autónomas han descendido a doble dígito.

En cuanto a las hipotecas sobre vivienda, los aumentos se han producido en seis comunidades, descendiendo en trece. Entre los mayores aumentos destaca Baleares (24,9 %), seguida a distancia por Castilla y León (9,2 %) y Asturias (7,1 %), mientras que los descensos más acusados se han contabilizado en Cantabria (-32,3 %), Canarias (-23,7 %), Aragón (-22,1 %) y La Rioja (-21,4 %).

En lo que respecta al número absoluto de hipotecas, Cataluña, Andalucía, Madrid y Valencia han superado las 7.000 hipotecas sobre todo tipo de inmuebles. La comunidad con mayor número de hipotecas ha sido Cataluña, con más de 11.100 en total, de las cuales algo menos de 8.700 han sido sobre vivienda.

A continuación, se presenta la evolución durante los últimos doce meses de las tasas de variación del número total de compraventas, compraventas de vivienda, constituciones totales de hipoteca y constituciones de hipoteca sobre vivienda.

Durante la primera mitad del periodo analizado, el mercado ha mostrado una alternancia de periodos de crecimiento y suaves descensos, con comportamientos notablemente similares entre las compraventas totales y las de vivienda. Sin embargo, a partir de enero de 2026, las compraventas totales muestran cierta estabilidad, mientras que las de vivienda presentan una clara divergencia, alternando varios meses de descensos. El mes de julio, objeto del presente estudio, registra la mayor caída del año en este segmento.

La evolución del número de hipotecas constituidas muestra una desaceleración más tardía y menos acusada que la observada en las compraventas, con tasas de variación positivas durante casi todo el periodo analizado y muy superiores a las registradas en las compraventas. Solo en este mes de julio han descendido ligeramente las hipotecas totales (primer descenso en veinticinco meses), mientras que las hipotecas de vivienda solo descendieron en los meses de mayo y de julio, siendo los dos únicos descensos registrados en esos veinticinco meses.

Este mejor comportamiento de las hipotecas respecto a las compraventas ha llevado a que, en el caso de la vivienda, el número de hipotecas supere el 70 % respecto a las compraventas durante los últimos siete meses, con un 71,6 % en julio.

Sentencia del Tribunal de Justicia

en el asunto C-798/24 | [Jautiva] 1

Comunicado de prensa n.º 115/26

Luxemburgo, 3 de septiembre de 2026

El Derecho de la Unión no exige la publicación de información sobre todos los accionistas, incluidos los accionistas minoritarios, de una sociedad anónima

Además, el Derecho de la Unión se opone a la publicación en línea de datos personales relativos a dichos accionistas cuando el acceso a esos datos no esté supeditado a ningún requisito, como la demostración de un interés legítimo, y ello incluso si dicha publicación persigue un objetivo de interés general reconocido por la Unión

El Tribunal Constitucional de Letonia recibió un recurso de inconstitucionalidad interpuesto por diecisiete accionistas minoritarios de una sociedad anónima, en el que se cuestiona la conformidad con el derecho al respeto de la vida privada y a la protección de los datos personales —garantizado por la Constitución letona— de una disposición nacional 2 que obliga a poner a disposición del público determinada información relativa a los accionistas de sociedades anónimas.

Si dicho accionista es una persona física, esta información incluye su nombre, apellidos, número de identificación personal o, en su defecto, su fecha de nacimiento, el número y la fecha de expedición del documento de identidad, el país y la autoridad de expedición de dicho documento, y una dirección de contacto. Además, e independientemente de si el accionista es una persona física, dicha información incluye también la dirección de correo electrónico del accionista, la categoría, el número y el valor nominal de sus acciones, y el número de votos asociados a esas acciones. Se puede acceder a esa información en línea y puede descargarse de forma masiva, incluso por cualquier usuario no identificado.

Los demandantes sostienen que el legislador letón no justificó la necesidad de publicar esta información, y destacan que existe un riesgo elevado de que se utilice con fines deshonestos. Afirman que, tras su publicación, no es posible restringir su uso posterior. Invocan, en particular, la sentencia del Tribunal de Justicia de 22 de noviembre de 2022, Luxembourg Business Registers, 3 relativa al acceso del público en general a la información sobre la titularidad real de las sociedades.

Según el Tribunal Constitucional de Letonia, en este caso concreto, dicha publicación perseguiría tres objetivos, a saber, en primer término, garantizar un entorno empresarial transparente para proteger los intereses de terceros; en segundo término, prevenir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva, y, en tercer término, facilitar la información necesaria para la aplicación de las sanciones nacionales, internacionales y de la Unión Europea.

Al albergar dudas sobre la existencia de una obligación de publicación impuesta por el Derecho de la Unión y, en particular, por la Directiva 2017/1132, 4 el Tribunal Constitucional de Letonia planteó una petición de decisión prejudicial al Tribunal de Justicia. Esta cuestión prejudicial se refiere también a si el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) 5 se opone a una normativa nacional que exige que se pongan a disposición del público los datos personales relativos a todos los accionistas, incluidos los accionistas minoritarios, de las sociedades anónimas, con el fin de alcanzar los tres objetivos mencionados anteriormente, cuando el acceso a dichos datos no esté supeditado a ningún requisito, como la demostración de un interés legítimo.

En su sentencia de hoy, el Tribunal de Justicia considera, de entrada, que, habida cuenta de su redacción, del contexto en el que se inscribe y de los objetivos que persigue, la disposición pertinente de la Directiva 2017/1132 no exige la publicación de información relativa a todos los accionistas de las sociedades anónimas, incluidos los accionistas minoritarios de dichas sociedades.

A continuación, por lo que respecta a la interpretación del RGPD, el Tribunal de Justicia recuerda que los derechos fundamentales al respeto de la vida privada y a la protección de los datos personales, garantizados en los artículos 7 y 8 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, no constituyen prerrogativas absolutas, sino que deben considerarse según su función en la sociedad y ponderarse con otros derechos fundamentales. Así pues, pueden introducirse limitaciones, siempre que sean establecidas por la ley y respeten el contenido esencial de los derechos fundamentales y el principio de proporcionalidad.

En el presente asunto, según el Tribunal de Justicia, la puesta a disposición del público de los datos en cuestión está prevista por la ley y no vulnera el contenido esencial de los derechos fundamentales afectados. No obstante, constituye una injerencia grave en esos derechos. De hecho, tales datos pueden permitir elaborar un perfil sobre, entre otras cosas, la situación patrimonial del accionista en cuestión y sobre los sectores económicos y empresas específicos en los que invierte. Además, dichos datos son accesibles a un número potencialmente ilimitado de personas, de modo que su tratamiento también puede permitir el libre acceso a esos datos por parte de personas que, por razones ajenas al objetivo perseguido por dicha puesta a disposición, pretendan informarse sobre la situación, en particular, material y económica, del accionista. Las consecuencias que para las personas afectadas podrían derivarse de una posible utilización abusiva de sus datos personales se ven agravadas por el hecho de que esos datos, una vez puestos a disposición del público en general, no solo pueden ser libremente consultados, sino también conservados y difundidos.

A este respecto, en lo que se refiere al objetivo consistente en garantizar un entorno empresarial transparente para proteger los intereses de terceros, el Tribunal de Justicia considera que la publicación de datos relativos a todos los accionistas de una sociedad anónima y, en particular, a sus accionistas minoritarios, no parece presentar utilidad alguna para este objetivo. Por consiguiente, la normativa nacional en cuestión no parece ni idónea ni necesaria para alcanzar dicho objetivo.

En cuanto a los otros dos objetivos, consistentes, respectivamente, en prevenir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva, y en proporcionar la información necesaria para la aplicación de sanciones nacionales, internacionales y de la Unión, el Tribunal de Justicia constata que la normativa nacional en cuestión no parece ni necesaria ni proporcionada en relación con dichos objetivos. Señala, en particular, que, por lo que respecta a los accionistas de las sociedades, incluidos los minoritarios, no parece estrictamente necesario que sus datos sean accesibles a cualquier persona sin que esta tenga que demostrar un interés legítimo, puesto que existen medios menos lesivos, como la limitación del acceso a las personas que justifiquen dicho interés, combinado, por lo que respecta al objetivo relativo a la aplicación de las sanciones, con la restricción de la obligación de publicación únicamente a los datos relativos a las personas que figuran en listas de sanciones.

El Tribunal de Justicia señala además que la normativa nacional en cuestión no va acompañada de garantías suficientes que permitan proteger eficazmente a las personas afectadas contra los riesgos de abuso, dado que sus datos son accesibles en Internet y pueden ser objeto de descargas masivas, en particular por parte de cualquier usuario no identificado.

Jueves, 10 de septiembre de 2026

“Solo juzga conforme a la ley quien no está sometido a nada más”, afirma Isabel Perelló en el acto de apertura del Año Judicial, donde advierte de que la deslegitimación sistemática de los jueces y los tribunales “erosiona” el Estado de Derecho. La presidenta dice que el sistema judicial no tiene capacidad de absorber todos los asuntos que entran y que, pese al “importante impulso” que suponen la creación de 500 unidades judiciales y la convocatoria de 500 plazas para acceder a la Carrera, sigue habiendo un importante déficit de jueces. Señala que defender una Justicia independiente, servida por hombres y mujeres bien formados y dotada de medios, “lejos del corporativismo, es defender los derechos de los ciudadanos”. En referencia a Ceuta, afirma que “los ciudadanos pueden confiar en el compromiso del Poder Judicial con el Estado y en que los jueces van a seguir trabajando, velando por los derechos de los afectados y por el cumplimiento de la ley”

Autor Comunicación Poder Judicial

La presidenta del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Isabel Perelló, ha recordado hoy que “la independencia judicial no constituye una excepción al principio democrático, sino una de sus garantías”, y ha añadido que la democracia constitucional no se agota en la regla de la mayoría, sino que “se asienta también en el reconocimiento de derechos cuya efectividad no puede depender de la posición política, social o económica de quien los invoca: los tribunales han de resolver conforme a lo que el Derecho dispone, sin presiones directas ni indirectas”. 

“Solo juzga conforme a la ley quien no está sometido a nada más; precisamente por ello el Estado de Derecho requiere de un Poder Judicial independiente”, ha dicho Perelló durante su intervención en el acto de apertura del Año Judicial 2026-2027, que el rey ha presidido en el Salón de Plenos del alto tribunal. 

La presidenta del TS y del CGPJ ha añadido que los jueces pueden incurrir en errores en la aplicación del Derecho -posibilidad que asume nuestro ordenamiento, que establece un sistema muy garantista de recursos “para revisar las actuaciones judiciales y, en su caso, corregirlas”- y que las decisiones judiciales no están sustraídas al debate público: “La crítica fundada contribuye a mejorar nuestra Justicia y, por eso, siempre será bienvenida, por severa que pueda ser”. 

“Pero la discusión jurídica sobre las razones de una resolución no puede ser sustituida por la atribución al juez de propósitos políticos o ideológicos a partir de la mera discrepancia con lo resuelto, porque con ello se desconoce la naturaleza de la función que la Constitución encomienda en exclusiva a jueces y magistrados”, ha señalado Perelló, que ha dicho que “cuando la crítica a una resolución se transforma en una descalificación personal de quien la dicta, el daño no se limita al juez ni al asunto concreto: se proyecta sobre la función jurisdiccional y debilita la confianza de los ciudadanos en la Justicia”. 

La presidenta del alto tribunal y del órgano de gobierno de los jueces ha añadido que “si esas descalificaciones proceden de quienes ejercen responsabilidades institucionales, la gravedad es mayor”; ha dicho que la deslegitimación sistemática de los jueces y tribunales “erosiona” el Estado de Derecho; y ha recordado que la lealtad institucional “exige que los poderes del Estado respeten la función que la Constitución asigna al Poder Judicial, un verdadero contrapeso de los demás poderes del Estado, según la teoría constitucional de los balances. Por tanto, un poder que sea reconocible y digno de ese nombre”. 

“Por supuesto, la función judicial exige también de quienes la desempeñan mesura en el ejercicio de sus atribuciones. La independencia no exime al juez de tener presente la trascendencia que sus actuaciones y decisiones pueden tener para los derechos e intereses de los ciudadanos. La prudencia ha de extenderse igualmente a sus intervenciones públicas”, ha manifestado. 

Perelló ha señalado que, pese a las descalificaciones, los ciudadanos confían en la labor de los jueces, “en la aplicación del ordenamiento jurídico, en la tutela que hacemos de sus derechos y libertades y en la lucha contra la corrupción, al margen de ideologías, haciendo que la sociedad sea más justa y más digna”. 

Búsqueda de consensos 

La presidenta del TS y del CGPJ se ha referido a la labor desarrollada por el órgano de gobierno de los jueces y ha destacado la culminación de la tarea de normalizar la situación en la que se encontraba la Justicia realizando un total de 198 nombramientos de cargos gubernativos y de magistrados/as del Tribunal Supremo -con un 40 por ciento de mujeres designadas-; el cumplimiento en plazo de la obligación legal de emitir el informe establecido en la disposición adicional de la Ley Orgánica 3/2024 sobre el nombramiento de los vocales de procedencia judicial; el dictado de una Instrucción sobre Inteligencia Artificial; la actualización de los Reglamentos de la Carrera Judicial o la aprobación de una “Guía práctica para la Protección de los Derechos de las personas con discapacidad en el proceso penal”. 

“Todos estos logros se han conseguido partiendo de la pluralidad del Consejo, que comporta la existencia de posiciones distintas sobre muchas cuestiones pendientes”, ha dicho Perelló, que ha señalado que durante este mandato el Consejo ha intentado “actuar por unanimidad y, cuando no ha sido posible, por amplias mayorías”. 

“Como presidenta del Consejo General, mi compromiso -que hoy reitero- ha sido siempre el de trabajar por alcanzar los más amplios consensos, ejerciendo un papel imparcial y neutral, con criterio propio y con un único objetivo: que nuestras decisiones estén al servicio de la justicia y del interés general. Y nunca al servicio de otros intereses. Y eso pasa necesariamente por defender, desde el máximo respeto y lealtad institucional, pero con firmeza, una Justicia independiente, una Justicia servida por hombres y mujeres que hayan tenido que demostrar su excelencia para acceder a la Carrera Judicial con arreglo al mérito y a la capacidad y una Justicia dotada de los medios suficientes para desarrollar su trabajo”, ha manifestado. 

La presidenta del TS y del CGPJ ha añadido que “defender esa Justicia -lejos del corporativismo- es defender los derechos de los ciudadanos. Porque nuestra independencia es la mejor garantía que podemos ofrecerles para que estén convencidos de que, a la hora de tomar una decisión, lo haremos sin ceder a influencias, presiones ni injerencias de ningún tipo”.  

“También es nuestra responsabilidad defender que la Justicia cuente con los medios personales y materiales suficientes, para que jueces y magistrados puedan desarrollar su trabajo sin sobrecargas y en condiciones de salud, porque solo así conseguiremos ofrecer una respuesta en tiempo a los millones de ciudadanos que cada año acuden a los tribunales”, ha dicho. 

Situación de la Justicia 

En este sentido, la presidenta del TS y del CGPJ ha advertido de que el sistema judicial “no tiene capacidad para absorber todo el trabajo que entra” -lo que en el último año ha supuesto un incremento de los asuntos pendientes- y que, además, “la duración de los procesos judiciales sigue siendo, como regla general, excesiva”. “Una vez más hay que afirmar que una justicia tardía no es una verdadera justicia ni es una justicia eficaz”, ha concluido. 

Perelló se ha detenido en la situación del Tribunal Supremo para señalar que la de la Sala Primera “es especialmente preocupante”, ya que afronta una acumulación de asuntos que compromete sus tiempos de respuesta. También ha dicho que resulta “inadmisible” el incumplimiento, desde hace más de diez años, del mandato legal para que el Gobierno remitiera a las Cortes un proyecto de ley de Estatuto del Gabinete Técnico del Tribunal Supremo, tal y como dispuso la Ley Orgánica 7/2015. 

En referencia a los tribunales de instancia, cuyo calendario legal de constitución se ha completado en el último año, la presidenta ha manifestado que todavía es pronto para hacer un balance de la ley, pero que “la transformación de los Juzgados unipersonales en Tribunales de Instancia está generando algunas dificultades que es necesario atajar entre todos”. Entre ellas, ha citado la falta de adaptación de las instalaciones y los sistemas informáticos de gestión procesal; la reducción de personal que, a nivel global, ha conllevado la transformación; y la pérdida de contacto del juez con la Oficina Judicial. 

También ha hecho alusión a la creación durante este último año judicial de 500 unidades judiciales, que entrarán en funcionamiento en 2027; y a la convocatoria de 500 plazas para el acceso a la Carrera Judicial, “lo que significa un importante impulso que no se había producido en los últimos tiempos y un importante reto organizativo para la selección de jueces con arreglo a los principios de mérito y capacidad”. 

Sin embargo, ha advertido de que “sigue habiendo un importante déficit de jueces” -la tasa de jueces por habitantes en España está por debajo de la media europea- y ha recordado que el CGPJ estima necesario “convocar 367 plazas de acceso a la Carrera Judicial cada año durante los próximos diez años para cubrir las próximas vacantes”. 

Ceuta: compromiso del Poder Judicial con el Estado 

La presidenta del TS y del CGPJ, por otra parte, ha manifestado su preocupación por la persistencia de la violencia contra las mujeres y ha dicho que “la especialización judicial y las medidas de protección son esenciales: su efectividad exige que todas las instituciones competentes actuemos de forma coordinada y con la urgencia que cada caso requiera”. 

Además, ha expresado un reconocimiento especial al trabajo de todos los jueces/zas y magistrados/as, “en especial de aquellos que sirven en destinos con mayores cargas y dificultades y que sufren presiones”, y de los que han intervenido en asuntos como el accidente ferroviario de Adamuz o los incendios forestales de este verano; y ha trasladado sus condolencias a las familias y los allegados de quienes han fallecido con ocasión de esos sucesos y su gratitud a quienes han participado en las labores de rescate, asistencia y extinción. 

“Recordamos de manera especial a las personas que han fallecido en la grave crisis en la que está sumida Ceuta. En una situación tan complicada, los ciudadanos pueden confiar en el compromiso del Poder Judicial con el Estado y en que los jueces van a seguir trabajando, velando por los derechos de los afectados y por el cumplimiento de la ley”, ha añadido. 

La presidenta del TS y del CGPJ ha concluido, en relación con esta cuestión, que “la realidad que sufre el pueblo de Ceuta exige una respuesta que preserve la integridad de nuestras fronteras y el control ordenado de los accesos y que garantice, al mismo tiempo, la aplicación de las garantías previstas en nuestro ordenamiento”.

Derecho a la vivienda

• El ministerio aporta financiación directa a siete entidades con proyectos concretos con viabilidad a corto plazo.
• El objetivo es ampliar la oferta residencial para estudiantes, personal docente e investigador, facilitar la movilidad académica y reducir la presión sobre el mercado del alquiler en las ciudades universitarias.
• La ministra Isabel Rodríguez ha destacado el trabajo conjunto hecho con las universidades españolas en una reunión con el presidente de la CRUE, Julián Garde López-Brea.

31-08-2026

El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana va a destinar 45 millones de euros al impulso de alojamientos asequibles para la comunidad universitaria. El objetivo es ampliar la oferta residencial para estudiantes, personal docente e investigador, facilitar la movilidad académica y reducir la presión sobre el mercado del alquiler en las ciudades universitarias.

Sobre esta cuestión han hablado este lunes la ministra Isabel Rodríguez se ha reunido este lunes y el presidente de la Conferencia de Rectores y Rectoras de las Universidades Españolas (CRUE) y rector de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM), Julián Garde López-Brea, en una reunión en la sede del Ministerio.

El encuentro ha tenido lugar el mismo día en que el ministerio ha activado el trámite de audiencia pública del Real Decreto por el que se otorgaran las subvenciones a las entidades seleccionadas tras más de un año de conversaciones y trabajos previos.

Tomando en consideración las actuaciones que cuentan ya con propuesta concreta, se prevé la creación de 1.525 alojamientos universitarios en una primera fase.

La cartera de proyectos presenta una amplia diversidad territorial, con actuaciones distribuidas en Castilla-La Mancha, Andalucía, Comunidad de Madrid, Cataluña, Castilla y León y Comunidad Valenciana.

La distribución de los 45 millones sería la siguiente:

• Universidad Autónoma de Madrid 13.365.000 €
• Universidad de Castilla-La Mancha (Albacete)  8.197.200 €
• Universidad Pablo de Olavide (Sevilla) 6.504.300 €
• Universidad de Burgos 5.940.000 €
• Universitat Jaume I de Castelló 4.455.000 €
• Universidad de Jaén  2.974.500 €
• Ayuntamiento de Lleida 2.974.500 €

Las promociones deberán mantener su finalidad pública y unas condiciones de precio asequible, que serán fijadas por el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, en las correspondientes resoluciones o convenios, en las que también se concretarán las actuaciones y los plazos de ejecución. El precio máximo incluirá servicios como la electricidad, el agua y la conexión wifi, entre otros.

Actuaciones concretas, estrategia integral

Estas ayudas directas se enmarcan en el protocolo interministerial firmado en octubre de 2024 para impulsar el alquiler asequible de vivienda universitaria, suscrito por los ministerios de Vivienda y Agenda Urbana, de Ciencia, Innovación y Universidades, y de Economía, Comercio y Empresa.

Su objetivo era la promoción de alojamientos universitarios en alquiler asequible, una medida que tiene encaje directo con el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, que también persigue fomentar la emancipación juvenil y aumentar la oferta de alojamientos asequibles mediante la movilización de suelo público o institucional en colaboración público-privada.

De este modo, el protocolo se configura como un instrumento sectorial que contribuye simultáneamente a los objetivos de acceso a la vivienda, igualdad de oportunidades en la educación superior, movilidad estudiantil y reducción de la presión sobre los mercados residenciales tensionados.

02 Septiembre 2026 CEOE

Los datos de paro registrado y afiliación reflejan la tendencia habitual del mercado laboral en el mes de agosto, debida a la propia estacionalidad del periodo. No obstante, las cifras recogen una fluctuación coyuntural atribuible al proceso extraordinario de regularización de trabajadores extranjeros.
 

En el mes de agosto se registraron 162.840 afiliados menos en la Seguridad Social y 44.419 personas más en situación de desempleo. Así, en el caso de la afiliación la fluctuación de las cifras es menos intensa dado que la regularización de trabajadores extranjeros está contribuyendo positivamente al crecimiento del número de afiliados -casi 340.000 afiliados en alta en este mes proceden de dicho proceso-. Mientras, en términos de desempleo la intensidad de dicha fluctuación es mayor debido a la incorporación de nuevos demandantes de empleo para acceder a programas de inserción laboral.

En el análisis sectorial y territorial, la caída de la afiliación se extiende a la mayoría de los sectores de actividad y a trece de las diecisiete comunidades autónomas. 

En materia de desempleo el incremento afecta igualmente a la generalidad de los territorios y sectores económicos, con la excepción de la agricultura. 

Aunque el número de desempleados registrados en agosto se sitúa en 2.355.918 personas (el dato más bajo para este mes desde 2007), la cifra de personas sin empleo ascendería a 2.936.459 si se tienen en cuenta los demandantes con disponibilidad limitada o demanda específica. En todo caso, España continúa registrando una de las tasas de desempleo más elevadas de la Unión Europea, lo que pone de manifiesto la persistencia de importantes desequilibrios estructurales en el mercado laboral español.

Las empresas principales generadoras de empleo

A pesar del retroceso mensual, el volumen total de afiliación se mantiene próximo a los 22,4 millones de ocupados, lo que vuelve a poner de relieve el papel esencial que desempeñan las empresas y la iniciativa privada como principales generadores de empleo y de estabilidad laboral, incluso en un contexto económico, geopolítico y regulatorio marcado por la incertidumbre. 

Merece singular reconocimiento la mejora en la calidad del empleo, derivada del acuerdo tripartito de 2021 sobre la Reforma laboral, con casi cuatro de cada diez contratos formalizados en agosto de carácter indefinido y una tasa de temporalidad situada en torno al 13,4% de los afiliados. 

Por su parte, el empleo femenino continúa alcanzando niveles históricamente elevados, con más de 10,4 millones de mujeres afiliadas, representando cerca del 46,94% del total de afiliados a la Seguridad Social. 

Destaca también el comportamiento de determinados colectivos, en particular los jóvenes menores de 30 y los mayores de 55 años, que mantienen una evolución comparativamente más favorable en términos de creación de empleo. 

Pérdida de autónomos

Especial mención merece la evolución del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos, que pierde 2.941 afiliados en agosto, lo que pone de manifiesto las dificultades a las que se enfrentan especialmente las pymes, micropymes y trabajadores autónomos, derivadas del incremento sostenido de los costes laborales y operativos, del aumento de las cargas administrativas y de la creciente incertidumbre regulatoria, a lo que se unen los problemas de relevo generacional.

A modo de conclusión, desde CEOE reiteramos que en el contexto incierto que venimos atravesando desde hace meses, resulta prioritario reforzar la confianza empresarial, la estabilidad regulatoria y la seguridad jurídica para impulsar la inversión, la competitividad y el empleo de calidad, evitando introducir rigideces innecesarias en el mercado de trabajo. Al mismo tiempo, es necesario fortalecer la conexión entre las políticas activas y pasivas de empleo, adecuar las competencias de los trabajadores a las necesidades de las empresas, impulsar la formación permanente y mejorar la cobertura de las vacantes existentes.

22.9.2025 La Moncloa

Actuar a tiempo en una situación de riesgo puede minimizar las consecuencias de un fenómeno meteorológico potencialmente adverso e incluso llegar a salvar vidas. Pero, ¿cómo interpretar correctamente un aviso de la AEMET? ¿Cuál es la diferencia entre un aviso y una alerta meteorológica?

• ¿Qué son los avisos meteorológicos?

En primer lugar, conviene definir qué se entiende por fenómeno meteorológico adverso (FMA). Según la definición de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), el concepto hace referencia a todo evento meteorológico capaz de producir, directa o indirectamente, daños a las personas y los bienes y que, por tanto, puede producir impactos.

Se denomina aviso a la predicción asociada a la probabilidad de que ocurra un fenómeno meteorológico adverso (lluvias, nevadas, vientos, tormentas, temperaturas máximas y mínimas, fenómenos costeros, etc.) en una zona determinada.

La AEMET es la agencia responsable de la observación y la elaboración de predicciones meteorológicas en España. Y, por tanto, de la elaboración de estos avisos, que se dividen en tres niveles en función de su peligrosidad, siguiendo los estándares europeos. Cada uno de ellos lleva asociada una recomendación.

¿Qué tipos de avisos meteorológicos existen?

• Aviso amarillo: indica que el peligro es bajo. Se recomienda atender a la predicción meteorológica y seguir las actualizaciones, especialmente si se realizan actividades al aire libre.
• Aviso naranja: indica que el peligro es importante. Los bienes y la población vulnerables o en zonas expuestas podrían sufrir impactos graves. En estas situaciones, la AEMET recomienda limitar actividades no esenciales y prestar especial atención a las recomendaciones de las autoridades locales.
• Aviso rojo: indica que el peligro es extraordinario. Los daños podrían ser muy graves o catastróficos. En estos casos es imprescindible informarse en tiempo real, seguir las indicaciones de las autoridades, evitar desplazamientos no urgentes y extremar las precauciones.

Estos niveles básicos de aviso pueden verse complementados por avisos especiales. Esto sucede, por ejemplo, cuando coinciden varios fenómenos meteorológicos adversos o si estos destacan por su intensidad o duración, como en olas de calor y frío o en tormentas tropicales. En estos casos, se pide a la población que preste una atención muy especial a la evolución meteorológica.

Alertas de protección civil

La AEMET alerta de la posible llegada de estos fenómenos meteorológicos adversos con hasta 72 horas de antelación y su información está, de forma automática y actualizada, siempre a disposición de la ciudadanía en general, pero, muy especialmente, de las autoridades competentes en materia de emergencia y protección civil, dependientes de las administraciones autonómicas. Estasson las encargadas de evaluar el peligro y las posibles afecciones de los avisos sobre la población y el entorno, así como de enviar las alertas y adoptar las medidas de protección más adecuadas en cada caso.

La evaluación del análisis del riesgo de un aviso se debe adaptar a múltiples factores: territoriales, urbanísticos, orográficos, etc. Por eso, son las administraciones autonómicas las competentes, por su cercanía y conocimiento del territorio. Por ejemplo, una nevada o una tormenta no representa el mismo riesgo en una zona de alta montaña o en el centro de un área metropolitana, aunque el aviso meteorológico sea el mismo. En consecuencia, las medidas adoptadas por protección civil serán diferentes.

¿Qué competencias tiene cada administración?

En líneas generales, corresponde al Estado, a través de la AEMET (adscrita al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico a través de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente), avisar sobre la llegada de posibles fenómenos meteorológicos adversos.

Por su parte, es competencia de las comunidades autónomas, mediante sus autoridades de protección civil, alertar a la población en casos de inundaciones, incendios o catástrofes. Asimismo, son las responsables de elaborar planes territoriales de emergencia y de activar los protocolos cuando ocurre una crisis.

En incendios forestales, también corresponde a las autonomías la prevención, planificación y extinción del fuego, aunque el Estado puede apoyar en situaciones críticas.

En el caso de inundaciones o danas, las comunidades autónomas elaboran planes de acción territorial y de protección civil, mientras que el Estado se encarga de la gestión de los grandes ríos intercomunitarios a través de las confederaciones hidrográficas, adscritas al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, que informan en tiempo real a las autoridades autonómicas para anticipar inundaciones. En el caso de cuencas intracomunitarias, la competencia es de las comunidades autónomas y, en tramos urbanos, de los ayuntamientos.

¿Cómo llega un aviso a la ciudadanía? El sistema ES-Alert

En 2022, la Unión Europea estableció una normativa que exige a todos los países miembros implementar un sistema de alertas basado en redes móviles. En España se estableció en 2023 el sistema ES-Alert, que envía notificaciones a todos los dispositivos móviles en áreas de riesgo para alertar a la ciudadanía en caso de emergencia.

Las alertas se transmiten a través de las antenas de red y aparecen como notificaciones destacadas en la pantalla del móvil. En el caso español, ES-Alert llega a más del 90% de la población gracias al uso de las redes 4G y 5G.

Existen tres niveles de alertas de protección civil:

1. Nivel 1: estas alertas son automáticas y están activadas por defecto en todos los dispositivos compatibles, por lo que no requieren configuración del usuario ni pueden ser desactivadas.
2. Nivel 2: estas alertas sí requieren activación manual. Según el Ministerio del Interior, este nivel no se utiliza actualmente en España.
3. Nivel 3: se utilizan en casos excepcionales como el secuestro de menores, alertas de salud pública o incidentes de seguridad pública. En España tampoco se utilizan.

Las alertas que afectan a España son únicamente las de nivel 1. Están activadas por defecto en los dispositivos móviles, pero se recomienda mantenerlos actualizados según la última versión.

Informarse a través de fuentes oficiales

Tan importante es saber interpretar avisos y alertas meteorológicas, como dónde informarse. Siempre ha de hacerse a través de fuentes y canales oficiales.

En los siguientes enlaces se recogen algunos de los principales:

• Web y redes sociales de AEMET

– Agencia Estatal de Meteorología – AEMET. Gobierno de España

– AEMET en X – Agencia Estatal de Meteorología – AEMET. Gobierno de España

– AEMET en Instagram – Agencia Estatal de Meteorología – AEMET. Gobierno de España

– AEMET en Facebook – Agencia Estatal de Meteorología – AEMET. Gobierno de España

• Web y redes sociales de Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico

– Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico

– Ministerio en X

– Ministerio en Instagram

– Ministerio en Facebook

• Web y redes sociales de los servicios de protección civil de las Comunidades Autónomas

– Protección Civil en las CC.AA. – DGPCyE

Trabajo y Economía Social – 2.9.2026

El paro ha descendido en 70.593 personas en términos interanuales. Entre las mujeres, se sitúa en 1.418.757 paradas, el nivel más bajo en un mes de agosto desde 2008. La tasa de cobertura es del 86,8%, la más alta de la serie histórica si se exceptúa el periodo de pandemia.

El número de personas sin empleo registradas en las Oficinas del Servicio Públicos de Empleo Estatal (SEPE), al finalizar el mes de agosto, ha aumentado en 44.419 personas en relación con el mes anterior (1,92%).

El paro registrado total se sitúa en 2.355.918, por debajo de la barrera los 2,4 millones. Es su nivel más bajo en un mes de agosto desde 2007, en el periodo previo a la crisis financiera.

Respecto a agosto de 2025, el paro ha descendido en 70.593 personas (-2,91%).

El paro por sectores económicos

Por sectores económicos con respecto al mes de julio, el paro registrado baja en Agricultura en 912 personas (-1,30%). Aumenta en los sectores de Servicios en 28.563 personas (1,71%), en Construcción en 4.669 personas (2,89%), Industria en 3.731 personas (2,10%) y entre el colectivo Sin Empleo Anterior aumenta en 8.368 personas (3,56%).

El paro por género y edad

El paro registrado femenino aumenta en 22.741 mujeres (1,63%) en relación al mes de julio y se sitúa en un total de en 1.418.757, su nivel más bajo en un mes de agosto desde 2008.

En términos interanuales, el desempleo femenino cae en 52.974 mujeres (-3,60%) en el mes de agosto. El desempleo masculino se sitúa en 937.161 al ascender en 21.678 personas (2,37%) con respecto al mes de julio.

Si lo comparamos con agosto de 2025, el paro masculino baja en 17.619 (-1,85%).

El desempleo de los jóvenes menores de 25 años se incrementa en el mes de agosto en 8.168 personas (5,12%) respecto al mes anterior. Sigue por debajo de la barrera de los 170.000.

El paro por comunidades autónomas

El paro registrado desciende en la Ciudad Autónoma de Ceuta en 148 personas. Aumenta en el resto de comunidades autónomas con Catalunya (14.594), Comunidad de Madrid (6.881) y Comunitat Valenciana (5.847) a la cabeza.

Nuevos contratos

El número total de contratos registrados durante el mes de agosto ha sido de 1.144.827. De ellos, 440.274 contratos de trabajo son de carácter indefinido, representan el 38,46% de todos los nuevos contratos.

Prestaciones por desempleo en julio

El total de personas beneficiarias existentes a final del mes de julio fueron 1.857.263.

La cobertura del sistema de protección por desempleo durante el mes de julio de 2026 ha sido del 86,75%.

La inversión media mensual por persona beneficiaria, sin incluir el subsidio agrario de Andalucía y Extremadura, en el mes de julio de 2026 ha sido de 1.159 euros lo que supone un aumento sobre el mismo mes del año anterior de 36,8 euros (3,3%).

La inversión total en prestaciones en el mes de julio de 2026 ascendió a 2.115,76 millones de euros.

Inclusión, Seguridad Social y Migraciones – 2.9.2026

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha destacado que agosto deja un crecimiento de empleo histórico, como se observa en la serie desestacionalizada, y que el mercado laboral lleva más de cinco años y medio sumando afiliado

• El crecimiento del empleo se mantiene en agosto. En el último año, la Seguridad Social experimenta un aumento de 679.023 afiliados en la serie original, con una tasa interanual del 3,13%. Es el mayor incremento en un mes de agosto desde 2021, un año que estuvo muy influido por el impacto de la pandem

La afiliación media resta 162.840 ocupados respecto a julio, una cifra que está muy por debajo de años anteriores, ya que agosto es un mes que suele estar marcado por el efecto estacional. En total, son 22.345.226 afiliados en la serie original. Respecto a 2018, hay más de 3,5 millones de afiliados más.

Evolución afiliación media. Total Sistema. Serie sin ajustar (original).

Si se descuenta la estacionalidad y el efecto calendario, en agosto se han registrado 83.844 afiliados más, hasta un total de 22.371.964. Así, se acumulan ya 67 meses consecutivos de incrementos y se alcanza el nivel más elevado de la serie.

«El mes de agosto nos deja un crecimiento de empleo histórico, como vemos en la serie desestacionalizada y en la original, en comparación interanual», explica la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz. «Llevamos más de 5 años y medio sumando afiliados mes a mes en la serie desestacionalizada y eso significa, indudablemente, que nuestro mercado laboral goza de muy buena salud».

El comportamiento de la afiliación de extranjeros es especialmente dinámico. Tanto es así que, en términos medios, la Seguridad Social registra 3.551.759 extranjeros en agosto, que son 39.535 que en julio y 482.490 más que hace un año. «Además, hay un dato especialmente relevante. Casi 340.000 afiliados en alta en este mes proceden del proceso extraordinario de regularización de personas extranjeras», explica la ministra Saiz.

Altas por el proceso de regularización

Si se realiza una fotografía del mercado laboral a 31 de agosto, el número de afiliados extranjeros regularizados en alta por el proceso extraordinario ascendía a 337.917.

Afiliados en alta a la Seguridad Social procedentes del proceso de regularización de extranjeros (datos a día 31 de agosto, último disponible).

Por países de origen, el que cuenta con más afiliados en alta provenientes del proceso de regularización es Colombia (97.376), seguido de Venezuela (66.733). Estos dos países concentran casi la mitad del total a 31 de agosto.

De estos 337.917, el 79,8% (269.627) estaban encuadrados en el Régimen General de la Seguridad Social, mientras que 16.912 (un 5%) eran trabajadores autónomos. Además, por sexo, el 60,2% eran hombres (203.418) y el 39,8%, mujeres (134.499).

Afiliados en alta a la Seguridad Social procedentes del proceso de regularización de extranjeros (datos a día 31 de agosto, último disponible).

Afiliación media por sectores de actividad

Por actividades, el sector que más ha crecido en el último año, si se suman el total de afiliados del Régimen General de la Seguridad Social y del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos, es la Construcción (+6,47%). A este le siguen: Actividades Inmobiliarias (+5,84%), Suministro de Agua (+5,5%), Actividades Artísticas, Deportivas y de Entretenimiento (+4,44%) y Actividades de Edición, Radiodifusión y Producción y Distribución de Contenidos (+4,42%).

En el caso del Régimen General de la Seguridad Social, la afiliación media ha presentado un crecimiento interanual del 3,38% (614.890). Este porcentaje se ha superado ampliamente en sectores como Agricultura, Ganadería, Silvicultura y Pesca (+7,91%), Construcción (+7,61%), Suministro de Agua y Saneamiento (+5,55%) y Actividades Artísticas, Deportivas y de Entretenimiento (+4,26%), entre otras.

Más de 63.700 autónomos en el último año

La afiliación al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos experimenta un aumento interanual del 1,9%, donde los mayores crecimientos se registran en: Suministro de Energía Eléctrica, Gas, Vapor y Aire Acondicionado (+15,57%), Telecomunicaciones, Programación Informática, Consultoría e Infraestructura Informática (+13,64%), Actividades Inmobiliarias (+9,26%) y Actividades de Edición, Radiodifusión y Producción y Distribución de Contenidos (+7,85%).

En conjunto, el número de trabajadores autónomos asciende a 3.469.416, que son 63.705 más que hace un año y 220.141 más que en agosto de 2018.

Hay 1,8 millones de mujeres afiliadas más que en 2018

El empleo de las mujeres se ha situado en torno a los 10,5 millones de ocupadas (10.489.342). En concreto, hay 321.186 afiliadas más que hace un año y son 1.842.220 más que en 2018. La mejora del empleo femenino desde 2018 es del 21,3%, mientras que la de los hombres es de un 16,3%.

Las mujeres afiliadas representan el 47% del total, un punto porcentual más que en 2018. Su presencia en el mercado laboral crece a un ritmo interanual del 3,2%. Al mismo tiempo, el empleo en los hombres también experimenta un máximo, con 11.855.884 afiliados, después de sumar 357.837 en el último año y casi 1,7 millones desde 2018.

Máximos de empleo en jóvenes y mayores de 55 años

Al analizar la evolución del empleo en los últimos ocho años, se observa un mayor crecimiento del grupo de mayor edad, en el tramo de 55 años y más, así como en el de los más jóvenes. La ocupación de los mayores ha crecido un 51,5%, hasta registrar un total de casi 5 millones; y la de los trabajadores menores de 30 años, un 33,4% desde 2018; lo que son 32,9pp y 14,8pp, respectivamente, por encima del conjunto, que se sitúa en el 18,6%.

Afiliados por edades. Total Sistema. Datos sin ajustar. Base 100 = agosto-2018.

Estabilidad y calidad en el empleo

Desde agosto de 2021, se ha producido una gran transformación en los tipos de contratos del mercado de trabajo: hay 4.811.840 más trabajadores con contrato indefinido y 2.020.332 afiliados menos con contrato temporal.

Cada vez hay más empleos estables, con más derechos y mejores salarios. El mayor incremento se produce entre los ocupados con contratos indefinidos con jornada a tiempo completo, con 328.670 más que hace un año; mientras que los afiliados con contratos a tiempo parcial aumentan en 78.383.

El peso de los trabajadores temporales se encuentra en el 13,4%, frente al 29,3% que suponía en agosto de 2021. Esta mejoría es aún más destacable entre los trabajadores de menos de 30 años, que tienen una tasa de temporalidad del 23,7%, cuando hace un lustro tenían una tasa del 54,9%.

Respecto a los más jóvenes, los trabajadores de 30 años y menos, han aumentado un 34,4% desde agosto de 2018. Son 970.048 más y alcanzan un total de 3.790.266; lo que supera ampliamente el ritmo de crecimiento medio, del 18,6%.

Afiliados por tipo de contrato. % S/ total contratos. Régimen General. Datos sin ajustar.

Por último, la relación entre cotizante y pensionista se sitúa en el 2,5, que es nivel máximo desde 2011.