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Pilar Llop: «El empleo de la inteligencia artificial en el ejercicio del poder público debe estar sujeto a una intervención humana significativa y a un proceso debido»

19 de julio, 2021

Consejo de Ministros de Justicia e Interior (JAI)

Pilar Llop: «El empleo de la inteligencia artificial en el ejercicio del poder público debe estar sujeto a una intervención humana significativa y a un proceso debido»

Viernes 16 de julio de 2021

La ministra de Justicia, Pilar Llop, ha participado en la reunión del Consejo de Ministros de Justicia e Interior (JAI) celebrado por primera vez bajo la presidencia de Eslovenia.

En el encuentro, se han abordado temas relacionados con la inteligencia artificial, la herencia digital y la Justicia adaptada a los niños.

Llop ha destacado que «el empleo de la inteligencia artificial en el ejercicio de potestades del poder público debe estar sujeto a una intervención humana significativa y a un proceso debido».

En este sentido, la ministra ha afirmado que la propuesta de Reglamento de Inteligencia Artificial puede ser «fundamental para garantizar el respeto a los derechos fundamentales y valores de la Unión Europea en el uso de estos sistemas de inteligencia artificial y, en particular, en los procedimientos judiciales y en el ámbito de la Justicia». Y ha añadido que la inteligencia artificial «debe desarrollarse en un marco referencial de principios éticos y derechos fundamentales».

En cuanto a la herencia digital, otro de los temas tratados en la reunión, Pilar Llop ha señalado que tanto la cooperación como la prudencia entre los diferentes países son fundamentales para abordar los problemas prácticos. «La acción en solitario de la Unión Europea se revela insuficiente; por ello, para abordar la encrucijada, se requiere de una acción en un foro internacional, como podría ser Naciones Unidas», ha añadido Llop.

Finalmente, la ministra ha indicado, en relación a la Justicia amigable para los niños, que «debemos continuar aunando esfuerzos para proteger mejor a nuestros menores, especialmente en su relación con la Justicia». La ministra ha resaltado la importancia de contar con datos fiables y comparables sobre menores implicados en procedimientos judiciales de manera que sea más fácil identificar los posibles problemas.

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José Luis Bonet destaca la importancia de la digitalización de las pymes españolas

19 de julio, 2021

José Luis Bonet destaca la importancia de la digitalización de las pymes españolas

XX Aniversario de Camerfirma

15 de Julio 2021

Cámara de España

La jornada El futuro de la identidad digital en España contó con la participación del director general de Red.es, Alberto Martínez Lacambra, quien señaló que la transformación digital es una de las claves de las inversiones prioritarias
José Luis Bonet destaca la importancia de la digitalización de las pymes españolas

Madrid, 15/07/2021.- El presidente de la Cámara de España, José Luis Bonet, ha señalado la importancia de la transformación digital de las pequeñas y medianas empresas, acentuada como consecuencia del COVID-19. Así se ha manifestado en la apertura de la jornada El futuro de la identidad digital en España organizada por Camerfirma, entidad de certificación cualificada eIDAS creada por las Cámaras de Comercio de España en 2018, con motivo de su vigésimo aniversario.

En su intervención, Bonet recordó que las pymes contarán con apoyo de la red de Cámaras de Comercio en su proceso de digitalización y ayuda financiera de los fondos Next Generation EU, al tratarse de uno de los ejes en los que se apoya el proceso de recuperación económica tras la pandemia. En ese sentido, Bonet señaló que “las empresas son generadoras de riqueza y creadoras de empleo, y ninguna de ellas puede quedar atrás por falta de recursos o de información sobre cómo sumarse al gran proyecto modernizador que este país tiene por delante y que todos deseamos que alumbre un nuevo sistema económico más tecnológico, más sostenible y más inclusivo. En ese camino, estoy convencido de que Camerfirma, que ya fue pionera en el campo de la digitalización, seguirá trabajando al servicio de las empresas españolas”.

La jornada contó también con la participación del director general de Red.es, Alberto Martínez Lacambra, quien destacó que para las empresas “la digitalización es una cuestión de supervivencia. El reto de la digitalización que, si antes era evidente, ahora se ha hecho absolutamente urgente, es una de las claves de las inversiones y de las prioridades que nos tienen que guiar en los próximos meses y de cara al futuro”.

Junto a Bonet y Martínez Lacambra, intervinieron Danilo Cattaneo, consejero delegado de InfoCert, propietaria del 51 % del capital de Camerfirma y la mayor autoridad de certificación de Europa, y Alfonso Carcasona, director general de Camerfirma. Estos últimos repasaron la trayectoria de la empresa en los últimos años y explicaron las perspectivas de futuro.

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Un Juzgado de Pontevedra anula una multa de 15.000 euros impuesta por la Xunta por alquilar un piso de protección oficial

19 de julio, 2021

Jueves, 8 de julio de 2021

Un Juzgado de Pontevedra anula una multa de 15.000 euros impuesta por la Xunta por alquilar un piso de protección oficial

La Administración, no obstante, podrá exigir a los dueños el pago de lo que hayan ganado si continúan incumpliendo el decreto de 2007 que les impide arrendar la vivienda hasta amortizar el préstamo

Autor: Comunicación Poder Judicial

El Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 1 de Pontevedra ha anulado la multa de 15.000 euros que la Xunta impuso a los dueños de un piso de protección oficial situado en Monteporreiro por no residir de forma habitual en él y alquilarlo sin haber amortizado el préstamo concedido por la Administración autonómica. El magistrado considera que, si bien les afecta el decreto de 2007 que les impide arrendar la vivienda hasta haberla pagado, en este caso anula la multa porque en la escritura de compraventa, firmada en 2004, “no se estableció la obligación de los adquirentes de residir permanentemente en ella sin límite temporal, ni tampoco por el período de amortización de la deuda -20 años-”.

El juez destaca que “la única indicación expresa al respecto circunscribió la afección al régimen de protección oficial al plazo de treinta años a partir de la fecha de calificación definitiva del inmueble, que se había producido en 1987”. El magistrado, por tanto, considera “razonable” que el comprador y su esposa entendiesen “que la afectación del piso al régimen de protección oficial finalizaría a los 30 años, esto es, en enero 2017”, por lo que, en 2018, suscribieron el contrato de arrendamiento, “con buena fe, de manera transparente, depositando la fianza en el propio Instituto Galego da Vivenda e Solo (IGVS)”.

No obstante, recuerda en la sentencia que en 2007 la Xunta aprobó un decreto que dispone, “muy claramente” que, en estos supuestos de compraventa de viviendas promovida por el IGVS, “el régimen de protección se extenderá hasta la amortización total del préstamo concedido para su adquisición”. En el año 2018 los dueños del inmueble de Monteporreiro todavía tenían pendiente de pagar más de la mitad del préstamo concedido por el IGVS para la compra del piso.

El juez concluye que el decreto sí les resultaba de aplicación, pues se trata de “una vivienda transmitida directamente por el IGVS por un precio muy inferior al de mercado y con un régimen de financiación también muy privilegiado”, por lo que entiende que “contradice la finalidad y el espíritu de dicho régimen de protección el que, cuando el adquirente todavía no ha pagado el precio completo (quedándole más de la mitad), deje de residir en la vivienda y la alquile por una renta tres veces superior a las mensualidades de pago aplazado que todavía tiene pendientes, obteniendo con ello un enriquecimiento injusto manifiesto”.

Al determinar el magistrado que el inmueble sigue sometido al régimen de protección hasta que se amortice totalmente el préstamo del IGVS, la estimación del recurso contra la multa interpuesta por los propietarios es solo parcial. Así, el juez recalca que “no pueden ya desconocer su obligación de residir en ella o de transmitirla cumpliendo las condiciones establecidas para las viviendas protegidas”, por lo que insta a la Xunta a concederles “un plazo razonable para que den cumplimiento efectivo al régimen protegido de la vivienda”. De no cumplirlo, la Administración “podrá requerirles el pago de todo lo que hayan ganado con el alquiler”.

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¿En qué consiste la resolución de un banco?

19 de julio, 2021

¿En qué consiste la resolución de un banco?

22/06/2021 Banco de España

Los bancos prestan servicios esenciales a los ciudadanos y a las empresas; por eso se considera un sector sistémico y está fuertemente regulado y supervisado. La crisis financiera global de 2008 tuvo un alto coste en términos de PIB, empleo y dinero de los contribuyentes aportado para que las entidades pudieran seguir prestando esos servicios, y reveló, por ello, la necesidad de introducir cambios de calado en la normativa vigente. En primer lugar, para actuar de forma preventiva evitando que las entidades acumulen excesivos riesgos. Y, en segundo, creando un marco que mitigue el impacto en la economía y en las cuentas públicas si ese riesgo llegara a materializarse.

La pasada crisis financiera puso de manifiesto la necesidad de contar con normas de resolución bancaria para que las autoridades puedan gestionar la crisis de un banco de una manera enérgica, rápida y segura, no solo para garantizar la estabilidad financiera, sino también para que sean sus dueños y acreedores (y no los ciudadanos con sus impuestos) quienes asuman las pérdidas.

Así, en 2014 se aprobó en la Unión Bancaria un marco integrado de toma de decisiones en materia de resolución: el llamado Mecanismo Único de Resolución (MUR). El MUR está integrado por las Autoridades Nacionales de Resolución (ANR) de la zona del euro y la Junta Única de Resolución (JUR). La JUR es la autoridad europea que garantiza que la gestión de las crisis bancarias de la zona euro se aborde de forma que tengan el menor impacto posible en la economía real y en las haciendas públicas de los países de la Unión Bancaria.

Para ello, las autoridades nacionales y la JUR, de forma coordinada, se reparten sus responsabilidades en función del tamaño de los bancos. Los bancos significativos y otros grupos transfronterizos de la zona euro están bajo la responsabilidad de la JUR, mientras que los bancos menos significativos quedan bajo el ámbito nacional.

En España, hay dos autoridades que trabajan con la JUR: el Banco de España, que prepara la resolución de los bancos españoles ante una posible situación de crisis (“fase preventiva”) y el FROB, que toma el control si el banco ha sido declarado inviable (“fase ejecutiva”).

Junta Única de Resolución (JUR)

Unión Europea

Función: garantizar la resolución ordenada de bancos en crisis con el menor impacto sobre la economía real y las finanzas públicas de los países de la UE participantes y terceros

Presidenta: Elke König

Colaboradores: Parlamento Europeo, Comisión Europea, Banco Central Europeo (BCE), Autoridades Nacionales de Resolución (las ANR) y Autoridad Bancaria Europea (ABE)

Año de creación: enero de 2015

Plantilla: (aún en fase de creación) objetivo: máximo 300 a principios de 2017

Sede: Bruselas (Bélgica)

Página web: Junta Única de Resolución

La Junta Única de Resolución (JUR) es la nueva autoridad de resolución de la Unión Bancaria Europea. Es un elemento clave de la Unión Bancaria y de su Mecanismo Único de Resolución. Su misión consiste en garantizar la resolución ordenada de bancos en crisis con el menor impacto posible sobre la economía real y las finanzas públicas de los países de la UE participantes y terceros.

Qué hace?
Sus principales tareas son:

Establecer normas y procedimientos habituales para la resolución de las entidades.
Tomar decisiones sobre las resoluciones en el seno de la Unión Bancaria mediante un procedimiento uniforme para ayudar a mantener la confianza del mercado.
Establecer unos mecanismos de resolución que comporten credibilidad y viabilidad.
Eliminar los obstáculos a la resolución para conseguir un sistema bancario más seguro en Europa.
Minimizar el coste de la resolución y evitar toda destrucción de riqueza que no sea necesaria para alcanzar los objetivos de la resolución.
Facilitar beneficios importantes a los contribuyentes, bancos y titulares de depósitos.
Fomentar la estabilidad económica y financiera a escala de la UE.

Cómo funciona?
En dos sesiones: ejecutiva y plenaria. Durante cada sesión, las normas de votación tratan de conciliar la necesidad de tener en consideración los intereses de todos los países y la de garantizar que las decisiones tomadas a escala de la UE revistan eficacia.

Sesiones ejecutivas: se destinan a la toma de decisiones de carácter preparatorio y operativo relativas a las resoluciones que afectan a los bancos concretos. Este proceso incluye la utilización del Fondo y las decisiones dirigidas a las autoridades nacionales para que apliquen las medidas. En estas sesiones participan:

la presidenta
el vicepresidente
los cuatro miembros permanentes
las autoridades del país donde está ubicado el banco en dificultades.
Se adoptan decisiones de resolución concretas que implican la utilización del Fondo por un valor inferior a 5.000 millones de euros.

Sesiones plenarias: tienen competencia para decidir en casos de resolución concretos si se requiere la ayuda del Fondo por un valor superior al umbral de 5.000 millones de euros.

La Junta Única de Resolución desempeña su actividad en estrecha colaboración con la Autoridad Bancaria Europea cuyo principal objetivo consiste en ayudar a establecer un código normativo único europeo sobre la banca para fijar normas exigentes aplicables a las instituciones financieras en la UE. La Autoridad también promueve la convergencia de las prácticas de supervisión y evalúa los riesgos y vulnerabilidades del sector bancario de la UE.

A quién beneficia?
La Junta Única de Resolución podrá actuar de forma proporcional, adecuada y ágil para sentar las bases de recuperación y resolución de los bancos de la zona del euro. Se trata de evitar otros rescates y transferir a los bancos la responsabilidad de la resolución con el coste mínimo para los contribuyentes y la economía real.

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COVID-19: el Consejo añade a Ucrania a la lista de países para los que deben levantarse las restricciones de viaje y retira a dos países

19 de julio, 2021

COVID-19: el Consejo añade a Ucrania a la lista de países para los que deben levantarse las restricciones de viaje y retira a dos países


Tras una revisión realizada en virtud de la Recomendación sobre la restricción temporal de los viajes no esenciales a la UE y el posible levantamiento de dicha restricción, el Consejo ha actualizado la lista de países, regiones administrativas especiales y demás entidades y autoridades territoriales para los que deben levantarse las restricciones de viaje. Concretamente, se ha retirado de la lista a Ruanda y Tailandia y se ha añadido a Ucrania.

Consejo Europeo

Con arreglo a lo dispuesto en la Recomendación del Consejo, esta lista se seguirá revisando regularmente y, si procede, se actualizará.

Conforme a los criterios y condiciones fijados en la Recomendación, a partir del 15 de julio de 2021 los Estados miembros deben levantar gradualmente las restricciones de viaje en las fronteras exteriores para los residentes de los terceros países siguientes:

Albania,
Armenia,
Australia,
Azerbaiyán,
Bosnia y Herzegovina,
Brunéi,
Canadá,
Israel,
Japón,
Jordania,
Líbano,
Montenegro,
Nueva Zelanda,
Qatar,
Moldavia,
Macedonia del Norte,
Arabia Saudí,
Serbia,
Singapur,
Corea del Sur,
Ucrania (nuevo),
Estados Unidos de América,
China, con sujeción a confirmación de reciprocidad.
Asimismo, deben levantarse gradualmente las restricciones de viaje para Hong Kong y Macao, regiones administrativas especiales de China.

Dentro de la categoría de entidades y autoridades territoriales no reconocidas como Estados por al menos un Estado miembro, también deben levantarse gradualmente las restricciones de viaje para Kosovo[1] y Taiwán.

A efectos de esta Recomendación, los residentes de Andorra, Mónaco, San Marino y el Vaticano deben considerarse asimilados a residentes de la UE.

Los criterios para determinar los terceros países para los que deben levantarse las restricciones de viaje en vigor se actualizaron el 20 de mayo de 2021. Se refieren a la situación epidemiológica y la respuesta general a la COVID-19, así como a la fiabilidad de la información y de las fuentes de datos disponibles. Debe tenerse en cuenta asimismo el criterio de reciprocidad, caso por caso.

También participan en esta Recomendación los países asociados a Schengen (Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza).

Contexto
El 30 de junio de 2020, el Consejo adoptó una Recomendación sobre la restricción temporal de los viajes no esenciales a la UE y el posible levantamiento de dicha restricción. Dicha Recomendación incluía una lista inicial de países para los que los Estados miembros debían comenzar a levantar las restricciones de viaje en las fronteras exteriores. La lista se revisa regularmente y se actualiza si procede.

El 20 de mayo, el Consejo adoptó una Recomendación de modificación para responder a las campañas de vacunación en curso mediante la introducción de determinadas dispensas para personas vacunadas y mediante la simplificación de los criterios para levantar las restricciones aplicables a terceros países. Al mismo tiempo, las modificaciones tienen en cuenta los posibles riesgos que plantean las nuevas variantes mediante el establecimiento de un mecanismo de «freno de emergencia» para reaccionar con rapidez ante la aparición de una variante de interés o una variante preocupante en un tercer país.

La Recomendación del Consejo no es un instrumento jurídicamente vinculante. Las autoridades de los Estados miembros siguen siendo responsables de la aplicación del contenido de la Recomendación. Pueden, con total transparencia, decidir levantar solo progresivamente las restricciones de viaje aplicables a los países de la lista.

Ningún Estado miembro debe decidir el levantamiento de las restricciones de viaje a terceros países no incluidos en la lista antes de que se haya decidido de manera coordinada.

[1] La denominación «Kosovo» se entiende sin perjuicio de las posiciones sobre su estatuto y está en consonancia con la Resolución 1244/1999 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y con la opinión de la Corte Internacional de Justicia sobre la declaración de independencia de Kosovo.

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Adelfas

18 de julio, 2021
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La AIReF cree que es un buen momento para clarificar el escenario fiscal de las administraciones territoriales

18 de julio, 2021

La AIReF cree que es un buen momento para clarificar el escenario fiscal de las administraciones territoriales


15 julio 2021

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) insiste en la necesidad de una estrategia fiscal a medio plazo creíble y realista, que integre las implicaciones macroeconómicas y fiscales de la implementación de las inversiones y reformas previstas en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR)


Mantiene inalterado el escenario macroeconómico respecto al Informe de la Actualización del Programa de Estabilidad (APE), en un contexto con grandes interrogantes sobre el turismo internacional o el impacto macroeconómico que tendrá el PRTR


La información disponible, de carácter muy parcial, sugiere la existencia de riesgos a la baja en el impulso asociado al PRTR en 2021, que la AIReF estimaba en 1,5 puntos porcentuales


Estima para su escenario central un déficit de las AA.PP. de 7,9% del PIB en 2021, una décima superior al recogido en el informe anterior y por debajo del 8,4% del PIB previsto por el gobierno a finales de abril en la APE
Prevé una mejora del déficit de los Fondos de Seguridad Social en algo menos de 2 décimas, situándose en el 1,6% del PIB; mientras que para las CC.AA., la previsión alcanza el 0,5% del PIB, más de una décima superior al informe anterior


Tanto la Administración Central (AC) como las CC.LL. incrementan ligeramente el déficit, sin llegar en ninguno de los dos casos la revisión a una décima del PIB


El elevado nivel de deuda pública pone en situación de gran vulnerabilidad la sostenibilidad de las finanzas públicas, afectando también a las CC.AA.


La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) publicó hoy en su página web el Informe sobre la Ejecución Presupuestaria, Deuda Pública y Regla de Gasto 2021 de las AA.PP., en el que destaca la oportunidad del Gobierno para fijar un escenario fiscal claro a medio plazo que permita a las Administraciones Territoriales planificar adecuadamente sus decisiones presupuestarias. La Institución mantiene viva su recomendación de elaborar una estrategia fiscal a medio plazo ya que, a pesar de la suspensión de las reglas fiscales, la supervisión se mantiene. Así, la AIReF insiste en que esta estrategia sea creíble y realista y que integre las implicaciones macroeconómicas y fiscales de la implementación de las inversiones y reformas previstas en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR). En su Informe, mantiene inalterado el escenario macroeconómico respecto al Informe sobre la Actualización del Programa de Estabilidad (APE) 2021-2024 publicado en mayo y apunta un incremento de una décima en el déficit de las AA.PP. hasta el 7,9% del PIB. La AIReF destaca que al final del periodo el endeudamiento público estará en torno al 112,4% del PIB, lo que supone una gran vulnerabilidad para las finanzas públicas. El elevado nivel de deuda y el previsible deterioro del saldo fiscal de los próximos años sitúan también la sostenibilidad de las CC.AA. en una posición de mayor vulnerabilidad.

En este informe, la AIReF actualiza sus previsiones fiscales y mantiene inalterado el escenario macroeconómico en un contexto en el que permanecen abiertos grandes interrogantes sobre la reactivación del turismo internacional o el impacto macroeconómico que tendrá el PRTR en la segunda mitad del año. En cuanto al escenario fiscal, el déficit del conjunto de las AA.PP. alcanzará el 7,9% del PIB en 2021. Esta revisión es consecuencia de la incorporación en sus previsiones la nueva información disponible, tanto de ejecución hasta la fecha como la facilitada directamente por las distintas AA.PP.

Escenario macroeconómico

La información recibida desde que se cerró el informe anterior ofrece señales mixtas. Por un lado, los avances en la vacunación de la población adulta en España y otros países de nuestro entorno y la eliminación de las restricciones a la movilidad ha traído consigo una reactivación intensa de la economía. Esta circunstancia se refleja tanto en los indicadores de confianza empresarial y de los consumidores, que han alcanzado valores elevados en comparativa histórica, como en los relativos a la producción industrial, el comercio mundial de bienes y las exportaciones. Incluso los indicadores relacionados con las actividades de servicios muestran un comportamiento favorable, aunque el turismo internacional mantiene todavía niveles muy inferiores a los observados antes de la crisis sanitaria. La rápida reacción de la actividad económica ha llevado a numerosos organismos e instituciones a revisar al alza el crecimiento esperado para 2021.

Como contrapunto, la información disponible, de carácter muy parcial, sugiere la existencia de riesgos a la baja en el impulso asociado al PRTR en 2021, que AIReF estimaba en 1,5 puntos porcentuales. Del mismo modo, el aumento de los contagios que se observa en los últimos días tanto en España como en los principales países de afluencia de turistas extranjeros pueden poner en riesgo la recuperación del turismo internacional en los meses de verano, un factor clave para sostener la intensidad de la recuperación que se incorpora en el escenario de la AIReF en la segunda mitad del año.

En estas circunstancias la Institución ha decidido mantener inalteradas las previsiones de crecimiento del PIB en 2021, introduciendo solo cambios en la composición de crecimiento para reflejar la información más reciente disponible. En septiembre, con información más completa se revisará el conjunto del cuadro macroeconómico con vistas a determinar el grado de realismo de las previsiones macroeconómicas del Gobierno contenidas en el borrador de presupuestos para 2022.

Escenario fiscal

La AIReF estima para su escenario central un déficit de las AA.PP. de 7,9% del PIB en 2021, una décima superior al recogido en el informe anterior y por debajo del 8,4% del PIB previsto por el gobierno a finales de abril en la APE. Este incremento es el resultado de la interacción de diferentes factores que han elevado el déficit, como la adopción de nuevas medidas o la ejecución observada, compensados en gran parte por otros que han actuado en la dirección contraria, como la positiva evolución de la recaudación en los primeros meses del año.

Asimismo, la información facilitada por las AA.PP. ha permitido realizar una previsión más ajustada a la realidad de la implementación de los fondos REACT EU, abandonando el supuesto de neutralidad en el déficit en 2021. La AIReF asume para este año una ejecución de los gastos inferior al 80% previsto de los fondos asignados a las CC.AA. y, en mayor medida, una menor imputación de ingresos, que se compensará en años posteriores. Por otro lado, la AIReF continúa considerando un efecto neutral sobre el déficit de la implementación del PRTR en 2021, aunque traslada a años posteriores parte de la ejecución prevista para 2021 en el informe anterior.

Los ingresos alcanzarán, sin incluir el PRTR, el 41,4% del PIB, lo que supone un crecimiento del 8,5% respecto a 2020, y algo menos de una décima inferior al previsto en el anterior informe. Aunque el escenario macroeconómico no ha registrado modificaciones significativas, la positiva evolución de la recaudación en la primera parte del año ha llevado a incrementar, principalmente, las previsiones de recaudación en el Impuesto de Sociedades, cotizaciones sociales, IVA e Impuestos Especiales. En el sentido contrario, se ha incorporado el impacto de las modificaciones de la fiscalidad sobre la electricidad, que, en el caso del Impuesto sobre el Valor de la Producción de la Energía Eléctrica (IVPEE) se compensaría con una menor transferencia al sistema eléctrico. Asimismo, de acuerdo con las previsiones de certificación de las CC.AA., la AIReF considera una menor estimación de ingresos provenientes de los fondos REACT EU, que se trasladaría a los ejercicios siguientes. Por último, incluyendo el PRTR, los recursos se situarían en el 43% del PIB.

Los gastos, sin incluir el PRTR, se situarán en el 49,4% del PIB, algo menos de una décima superior al previsto en el informe anterior. En primer lugar, los datos de ejecución conocidos hasta la fecha han llevado a elevar el gasto en determinadas rúbricas, como en remuneración de asalariados, el Ingreso Mínimo Vital o en formación bruta de capital fijo para incorporar el impacto de la actividad ordinaria de la SAREB. De igual forma, las previsiones pasan a incluir algunos elementos no recurrentes no previstos inicialmente como consecuencia de sentencias. En segundo lugar, se ha incorporado el impacto de las nuevas medidas adoptadas por los diferentes gobiernos como, entre otras, las adoptadas por las CC.AA. en el ámbito de apoyo a las empresas o del gasto sanitario.

También se ha trasladado a 2022 la compensación por la revalorización de las pensiones en 2021 por debajo de la inflación. En tercer lugar, la AIReF actualiza la ejecución prevista de los gastos vinculados a los fondos REACT EU, que se situaría por debajo del 80% de los fondos asignados a las CC.AA. previsto en el informe anterior. Estos fondos contemplan la financiación, entre otras actuaciones, de medidas para paliar los efectos de la pandemia en el ámbito sanitario, educativo, servicios sociales y de apoyo a las empresas. Por último, la previsión de ejecución de los gastos vinculados a las inversiones del PRTR se ha reducido, por lo que el total de los gastos se situaría en el 50,9% del PIB incluyendo el PRTR.

Sostenibilidad

El importante aumento del stock de deuda pública legado de esta crisis sumado a un elevado nivel de partida sitúa la sostenibilidad de las finanzas públicas tanto para el conjunto de las AA.PP. como para el subsector de las CC.AA. en una posición de gran vulnerabilidad. En ambos casos, se requiere una reducción gradual y sostenida del déficit público hacia el equilibrio estructural para reconducir la deuda hacia los niveles previos a la pandemia a lo largo de la próxima década. Para el conjunto de las AA.PP., el mantenimiento en el largo plazo de un déficit estructural similar al de 2024, esto es, entre el 3,5 y 4,5% del PIB, estabilizaría la ratio de deuda en niveles sensiblemente superiores al 100% del PIB.

En cuanto a las CC.AA., las simulaciones realizadas señalan que serán necesarias al menos dos décadas para alcanzar el límite de referencia del 13%. En particular, en contraste con los escenarios proyectados por la AIReF previos a la crisis donde el nivel del 13% se alcanzaba en torno al año 2035, en la actualidad no se proyecta alcanzar dicho límite antes del año 2044, aun manteniendo el equilibrio presupuestario del conjunto del subsector.

La AIReF estima una ligera reducción de la ratio de deuda a final de 2021 hasta un 25,5% debido al fuerte crecimiento esperado, ya que se mantiene la estimación de un deterioro fiscal en el conjunto del subsector. El aumento de la ratio de deuda será desigual en las distintas CC.AA.: La Comunitat Valenciana, Illes Balears y la Región de Murcia serían los territorios que más verían crecer su deuda en 2021 en relación con 2019. En 2021 ninguna comunidad cumplirá con el límite de referencia del 13%, siendo Canarias, la Comunidad de Madrid y País Vasco las autonomías que se encontrarían más cerca de la referencia legal

La expectativa actual de un entorno duradero de tipos de interés bajos ofrece mayor margen de maniobra para abordar la vuelta al equilibrio presupuestario estructural de una manera gradual y no lesiva para el crecimiento, pero los elevados niveles de deuda aconsejan que se diseñe cuanto antes una estrategia de consolidación a medio plazo.

Recomendaciones

En este contexto, la AIReF insiste una vez más en la necesidad de una estrategia fiscal a medio plazo creíble y realista. Tal y como se señaló en el informe sobre la APE, es conveniente que el Gobierno complete la estrategia fiscal a medio plazo, para alcanzar un nivel de déficit suficiente para reconducir la deuda hacia sendas más sostenibles que reduzcan la vulnerabilidad de la economía española.

Esto implica ampliar el horizonte temporal de la estrategia esbozada en el Programa de Estabilidad e integrar en ella las implicaciones macroeconómicas y fiscales de la implementación de las inversiones y reformas previstas en el PRTR.

En este sentido, la AIReF considera que la planificación es fundamental para que las distintas administraciones adopten sus respectivas decisiones presupuestarias con una visión estratégica y de medio plazo. Por lo tanto, es necesario dar previsibilidad a las CC.AA. y CC.LL. de cara a la elaboración de sus presupuestos para 2022 y sus estrategias fiscales, lo que resulta complicado al quedar abiertas todavía muchas incógnitas. Las próximas reuniones con el CPFF y de la CNAL son una oportunidad para definir estos elementos y permitir su participación en las decisiones

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La Guardia Civil desarticula una importante red dedicada a cometer estafas a través de Internet

18 de julio, 2021

10/07/21

La Guardia Civil desarticula una importante red dedicada a cometer estafas a través de Internet

Se ha detenido a 16 personas en Ribeira (A Coruña), Madrid, Parla y Móstoles (Madrid), Seseña (Toledo), Villafranca de los barros (Badajoz) y Aranda de Duero (Burgos) por los presuntos delitos de estafa y pertenencia a organización criminal

A través de un software malicioso, instalado en el ordenador de la víctima por la técnica conocida como “email spoofing”, habrían conseguido desviar a sus cuentas grandes cantidades de dinero

Los agentes han conseguido bloquear tentativas de transferencias por un importe de 3.500.000 euros, después de analizar más de 1.800 correos electrónicos

La Guardia Civil desarticula una importante red dedicada a cometer estafas a través de Internet

La Guardia Civil, en el marco de la operación AGUAS VIVAS, ha desarticulado una organización delictiva dedicada a cometer estafas a través de Internet. A través de un software malicioso, instalado en el ordenador de la víctima por la técnica conocida como “email spoofing”, habrían conseguido desviar a sus cuentas grandes cantidades de dinero.

Se ha detenido a 16 personas en Ribeira (A Coruña), Madrid, Parla y Móstoles (Madrid), Seseña (Toledo), Villafranca de los barros (Badajoz) y Aranda de Duero (Burgos) por los presuntos delitos de estafa y pertenencia a organización criminal.

Se han esclarecido 20 delitos de estafa, por un importe total defraudado de 276.470 euros, de los cuales han podido ser recuperados 87.000 euros.

Asimismo, se han realizado 2 registros en Madrid, en los que han intervenido gran cantidad de documentación, dispositivos móviles y equipos informáticos.

La investigación se inició hace más de un año, tras varias denuncias presentadas por diferentes organismo oficiales, situados a lo largo de toda la geografía nacional, por la supuesta infección de sus equipos informáticos con algún tipo de software malicioso, con el que habrían conseguido desviar de sus cuentas, a través de la banca online, grandes cantidades de dinero.

Tras analizar los equipos informáticos afectados, los agentes observaron que la infección se llevaba a cabo a través de una técnica conocida como “email spoofing”, consistente en el envío fraudulento de correos electrónicos en los que los atacantes ocultaban la verdadera dirección del remitente, sustituyéndola por otra, aparentemente, legítima, logrando así suplantar la identidad de organismos estatales como la Agencia Tributaria, Hacienda, Correos o la DGT.

Modus operandi

Los denunciantes recibían en sus cuentas de correo electrónico unos mensajes, supuestamente provenientes de organismos oficiales como la Agencia Tributaria, Hacienda, Correos, DGT, etc., en los que se les requería pagar deudas fiscales, abonar multas de tráfico, o la recogida de paquetes, para lo cual debían abrir un enlace inserto en el correo recibido para ver los detalles. Cuando accedían a ese enlace, en realidad estaban accediendo a una dirección o página web desde la que, en segundo plano, era descargado e instalado el programa malicioso.

Una vez instalado en el ordenador, sin que el usuario se diera cuenta, permanecía latente a la espera de ser activado en el momento en que el usuario accediera a cualquier página web de un banco, ejecutando una transacción bancaria. En ese momento el software malicioso realizaba una interceptación y modificación de los datos emitidos, consiguiendo que las cuentas beneficiarias del dinero fueran un total de 30 cuentas bancarias pertenecientes a la red. Tras ello, el dinero era diversificado mediante su envío a otras cuentas, o mediante extracción de efectivo en cajeros, transferencias por BIZUM, tarjetas REVOLUT, etc., con el fin de dificultar la posible investigación policial.

Una característica en la que coincidían todas la víctimas es que, una vez que realizaban cualquier operación bancaria a través de la web, sus ordenadores se reiniciaban varias veces hasta bloquearse el acceso, comprobando más tarde que se habían realizado transferencias de grandes cantidades de dinero a cuentas de desconocidos.

68 cuentas de correo electrónico infectadas por troyanos

Los investigadores, en colaboración con el Departamento de Informática de la Diputación Provincial de Cáceres, detectaron una actividad sospechosa en al menos 68 cuentas de correo electrónico pertenecientes a organismos oficiales, los cuales estaban infectados con los troyanos “Mekotio” y “Grandoreiro”, y que permanecían a la espera de consumar las transferencia fraudulentas. Los agentes han conseguido bloquear tentativas de transferencias por un importe de 3.500.000 euros, después de analizar más de 1.800 correos electrónicos.

La organización estaba perfectamente estructurada y jerarquizada, en 4 niveles. Por un lado se hallaban los que se dedicaban a recibir las cantidades de las transferencias fraudulentas (Nivel 1), que posteriormente transferían a otros miembros de la organización (Nivel 2). Por otro lado, se encontraban los que transferían el dinero a otras cuentas ubicadas en el extranjero (Nivel 3) y, finalmente, los que se dedicaban a enmascarar la operativa online de las cuentas (Nivel 4).

Phishing, Vishing y Smishing

Se tratan de tres ataques basados en ingeniería social muy similares en su ejecución. De forma general, el ciberdelincuente enviará un mensaje suplantando a una entidad legítima, como puede ser un banco, una red social, un servicio técnico o una entidad pública, con la que nos sintamos confiados, para lograr su objetivo. Estos mensajes suelen ser de carácter urgente o atractivo, para evitar que aplique el sentido común y se lo piensen dos veces.

•Phishing: Suele emplearse el correo electrónico, redes sociales o aplicaciones de mensajería instantánea.
•Vishing: Se lleva a cabo mediante llamadas de teléfono.
•Smishing: El canal utilizado son los SMS.

En ocasiones, traen consigo un enlace a una web fraudulenta, que ha podido ser suplantada, fingiendo ser un enlace legítimo, o bien se trata de un archivo adjunto malicioso para infectarnos con malware.

Su objetivo es obtener datos personales y/o bancarios de los usuarios, haciéndonos creer que los estamos compartiendo con alguien de confianza. También pueden utilizar esta técnica para que descarguemos malware con el que infectar y/o tomar el control del dispositivo.

Recomendaciones

El principal consejo es ser precavido y leer el mensaje detenidamente, especialmente si se trata de entidades con peticiones urgentes, promociones o chollos demasiado atractivos.

Además, otras pautas que podemos seguir para evitar ser víctima de este tipo de engaños, pueden ser:

•Detectar errores gramaticales en el mensaje. Y, si se trata de un asunto urgente o acerca de una promoción muy atractiva, es muy probable que se trate de un fraude.
•Revisar que el enlace coincide con la dirección a la que apunta. Y, en cualquier caso, debemos ingresar la url nosotros directamente en el navegador, sin copiar y pegar.
•Comprobar el remitente del mensaje, o asegurarnos de que se trata de un teléfono legítimo.
•No descargar ningún archivo adjunto y analizarlo previamente con el antivirus.
•En caso de vishing, no debemos descargar ningún archivo que nos haya solicitado el atacante, ni ceder el control de nuestro equipo por medio de algún software de control remoto.
•No contestar nunca al mensaje y eliminarlo.

La operación, dirigida por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº. 1 de Cáceres, ha sido llevada a cabo por agentes pertenecientes al Equipo de Delitos Tecnológicos (EDITE) de la Unidad Orgánica de Policía Judicial (UOPJ) de la Comandancia de Cáceres.

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Las líneas de fibra óptica superan los 12 millones en España

18 de julio, 2021

Las líneas de fibra óptica superan los 12 millones en España

09 julio 2021 CNMC

Telecomunicaciones Promoción de Competencia nota de prensa

◦El 80,9% del total de líneas de banda ancha fija se concentra en los tres principales operadores, Movistar, Orange y Vodafone.

◦En el caso de las líneas de telefonía móvil, la concentración alcanza casi el 75%.

Las conexiones de fibra óptica hasta el hogar (FTTH) superaron los 12 millones de líneas a finales de mayo de 2021, con un crecimiento mensual de 85.786 líneas, según los datos referentes al mercado de las telecomunicaciones que publicamos en CNMCData.

Casi el 40% del total de líneas FTTH corresponde a Movistar, con un parque de 4,7 millones de líneas.

A nivel anual, respecto a mayo de 2020, destaca el aumento de 1,4 millones de líneas FTTH frente a la disminución de 0,7 millones de líneas con tecnología DSL.

EVOLUCIÓN LÍNEAS DE BANDA ANCHA FIJA POR TECNOLOGÍA (1) miles. CNMC

El 80,9% del total de líneas se concentra en los tres principales operadores, Movistar, Orange (incluido Jazztel) y Vodafone (incluido Ono).

CUOTA DE MERCADO LÍNEAS DE BANDA ANCHA FIJA MAYO 2021[2]. CNMC

Fuente: CNMC

Telefonía
En telefonía móvil, se sumaron 97.979 líneas en el mes de mayo. El mes cerró con una cifra de casi 55 millones de líneas móviles, lo que supone un 1,5% más que hace un año.

Las líneas M2M superaron los 8 millones de líneas, un 14,1% más que hace un año.

Los tres principales operadores representaron el 74,9% del total de líneas móviles del mercado.

GANANCIA NETA MENSUAL LÍNEAS MÓVILES MAYO 2021 (3) miles. CNMC

Fuente: CNMC

En mayo se portaron 546.796 números móviles. Grupo MASMOVIL y los OMV registraron saldos netos de portabilidad positivos, mientras que Vodafone, Orange y Movistar presentaron saldos negativos.

EVOLUCIÓN MENSUAL DEL SALDO NETO DE PORTABILIDAD MÓVIL POR OPERADOR (4) miles. CNMC

El total de líneas telefónicas fijas cayó en 65.344; el mes cerró con un total de 18,77 millones de líneas. Se portaron 171.985 líneas.

El servicio de acceso indirecto NEBA (FTTH y cobre) perdió 8.781 líneas durante el mes de mayo. Del total de 938.625 líneas, 885.152 son de fibra. El mes de mayo finalizó con 1.881.642 líneas de NEBA local.

CNMCData

[1] En el total de banda ancha del gráfico se incluyen las líneas de otras tecnologías distintas a DSL, HFC o FTTH, aunque no aparecen desglosadas.

[2] Vodafone incluye los datos de Ono y Orange incluye los de Jazztel. Grupo MASMOVIL incluye los datos de Mas Móvil, Yoigo, Pepephone y Xtra Telecom. Se incluyen las líneas de otras tecnologías distintas a DSH, HFC o FTTH.

[3] Vodafone incluye los datos de Ono y Orange incluye los de Jazztel. Grupo MASMOVIL incluye los datos de Mas Móvil, Yoigo y Pepephone. Además, a partir de febrero de 2017, Grupo MASMOVIL incluye los datos del OMV LlamaYA tras la adquisición de su cartera de clientes a finales de enero de 2017, a partir de diciembre de 2018 incluye los datos del OMV Lebara tras la adquisición de su cartera de clientes en noviembre de 2018, a partir de julio de 2019 incluye los datos del OMV Hits Mobile y a partir de junio de 2020 incluye los datos del OMV Lycamobile. Los datos de los operadores móviles de red incluyen los correspondientes a los OMV y a las marcas comerciales que son de su propiedad (Orange incluye los datos de República Móvil a partir de diciembre de 2019).

[4] Vodafone incluye los datos de Ono desde julio de 2014 y Orange incluye los de Jazztel desde agosto de 2015. Grupo MASMOVIL incluye los datos de Mas Móvil, Yoigo y Pepephone desde octubre de 2016. Además, a partir de febrero de 2017, Grupo MASMOVIL incluye los datos del OMV LlamaYA tras la adquisición de su cartera de clientes a finales de enero de 2017, a partir de diciembre de 2018 incluye los datos del OMV Lebara tras la adquisición de su cartera de clientes en noviembre de 2018, a partir de julio de 2019 incluye los datos del OMV Hits Mobile y a partir de junio de 2020 incluye los datos del OMV Lycamobile. Los datos de los operadores móviles de red incluyen los correspondientes a los OMV que son de su propiedad.

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Cómo avanzará España hacia la descarbonización de la economía: claves de la nueva ley sobre clima y energía

18 de julio, 2021

Cómo avanzará España hacia la descarbonización de la economía: claves de la nueva ley sobre clima y energía

CEOE

La nueva Ley, aprobada por el Congreso de los Diputados, crea un marco para cumplir los objetivos de España en la lucha contra el cambio climático en el horizonte 2030-2050. La norma marca la senda de descarbonización de nuestra economía.

La Ley de cambio climático y transición energética tiene por objeto asegurar el cumplimiento del Acuerdo de París, facilitar la descarbonización, la transición a un modelo circular, promover adaptación a impactos del cambio climático y afianzar un modelo de desarrollo sostenible que genere empleo.

El objetivo final es alcanzar la “neutralidad climática” en 2050, es decir, que el balance entre las emisiones y las absorciones de gases de efecto invernadero sea cero y además que el sistema eléctrico sea 100% renovable. Para ello se establecen como metas intermedias en 2030, la reducción de emisiones GEI un 23% respecto a los niveles de 1990, la procedencia renovable del 74% de la electricidad generada y del 42% del consumo final de la energía y la mejora de la eficiencia al menos en una 39,5% (Art.3).

Ley de Cambio Climático y Transición Energética - Gráfico 1

Para el logro de los objetivos de descarbonización la ley contiene los elementos reguladores de las dos grandes herramientas de gobernanza de clima y energía:
El Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, que permite asegurar el logro de los objetivos y orientar las políticas e inversiones sobre clima y energía.
La Estrategia de descarbonización a largo plazo, que proyecta la senda para el logro de los objetivos de descarbonización, revisable cada cinco años.

Para la evaluación de las políticas y medidas adoptadas, la Ley crea el Comité de Expertos de Cambio Climático y Transición Energética que anualmente remitirá al Congreso de los Diputados, no solo su informe de evaluación sino también sus recomendaciones sobre las políticas y medidas implementadas.

La Ley establece varias medidas para impulsar la transición energética y prevé mejorar la intensidad energética primaria de la economía un 3,5% anual y alcanzar una dependencia energética del 61% en 2030 (respecto al 74% de 2017), principalmente mediante una reducción del uso del carbón y el petróleo.

Incluye importantes medidas en los ámbitos de la energía, movilidad sostenible, adaptación al cambio climático, transición justa y movilización de recursos nacionales, incluyendo la elaboración de una estrategia de financiación climática internacional para asegurar que la cooperación y las inversiones españolas para el desarrollo se alinean con los objetivos climáticos de los ODS.

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¿Qué es el phishing y cómo evitarlo? ¡No piques!

18 de julio, 2021

¿Qué es el phishing y cómo evitarlo? ¡No piques!

05/03/2020 Banco de España

El aumento del comercio electrónico, una banca cada vez más digitalizada y el creciente uso de la tarjeta como medio de pago son aprovechados por los ciberdelincuentes para conseguir tus datos bancarios. El Portal publica una nueva serie para explicar qué técnicas emplean y cómo protegerte. Comenzamos con este post, donde nos detendremos en, quizá, la más habitual de ellas, el phishing.

La ingeniería social es la práctica de obtener información a través de la manipulación de los usuarios. El principio básico detrás de esto es que «el usuario es el eslabón más débil» en las transacciones digitales. Es más fácil engañar a alguien para que facilite su contraseña que penetrar los complejos sistemas de seguridad de las empresas.

Para ello recurren a diversos medios como correos electrónicos (phishing tradicional), SMS (smishing), llamadas telefónicas (vishing), páginas web falsas (web spoofing), etc. Pero realmente todos presentan patrones comunes que nos permiten detectarlos y actuar en consecuencia.

El phishing es la estafa en la que se suplanta la identidad de un tercero, es este caso, mediante envío masivo de correos electrónicos fraudulentos empleando la identidad de organismos o empresas legítimas, como tu banco. Es la primera fase de muchas con el objetivo final de obtener grandes sumas de dinero.

Este tipo de fraude persigue obtener datos personales (nombre, DNI) y datos bancarios (números de tu tarjeta, usuario y contraseña de tu banca electrónica, claves OTP). Esta técnica se conoce desde los años 80 y, por desgracia, no ha pasado de moda. Este neologismo viene de la palabra homófona en inglés fishing o pescar.

¿Qué «cebo» ponen en el anzuelo para que piques?

Estos mensajes fraudulentos utilizan todo tipo de artimañas para dar una falsa sensación de urgencia y forzar al usuario a que tome una decisión rápida para evitar supuestas consecuencias negativas.

Te damos unos ejemplos:

Tu cuenta ha sido bloqueada o va serlo de forma inminente.

Ha entrado en vigor una nueva normativa.

Mejoras en las medidas de seguridad.

Te piden que confirmes tu identidad.

Ofrecen descuentos, promociones y sorteos.

¿Cómo identificar un correo electrónico fraudulento?

El sentido común es clave para prevenir este tipo de actuaciones delictivas:

Tu banco nunca te pedirá por correo electrónico ni por SMS que facilites tus claves de acceso a la banca electrónica o los datos de tus tarjetas de crédito.

Si tiene archivos adjuntos, desconfía. Con gran probabilidad este archivo oculta un virus informático (malware o programa malicioso).


Verifica la dirección del remitente. Pero ten en cuenta que los ciberdelincuentes consiguen ocultar la dirección real detrás de una falsa.

Desconfía de los mensajes que contengan enlaces. Revísalos antes de clicar. Para ello, pasa el cursor sobre el hipertexto para ver el enlace verdadero. Su objetivo es dirigir a la víctima a una página falsa (web spoofing) que simula ser la web legítima para robar sus credenciales de acceso.

¿Qué hago una vez lo haya detectado?

No facilites nunca la información que se te pide ni ninguna otra.

No pinches en los enlaces ni descargues los archivos adjuntos.

Márcalo como «no deseado» y, si puedes, denuncia la suplantación de identidad a tu proveedor de correo electrónico. Bloquea al remitente para evitar recibir correos de este tipo en el futuro.

Es aconsejable remitirlo a tu banco para que esté al tanto e informe al resto de clientes.

Si crees haber sido víctima, comunícalo a la entidad para que bloquee la operación y revierta, en la medida de lo posible, el problema. Modifica la contraseña de acceso a tu banca electrónica.


No olvides interponer denuncia ante la Policía, Guardia Civil o en el Juzgado.

Quizás todo esto te resulte conocido, pero comparte esta información con las personas de tu entorno y ponles ejemplos reales para que se den cuenta de esta amenaza. Además, en la web de la Oficina de Seguridad InformáticaAbre en ventana nueva (OSI) te explicarán con más detalle que herramientas técnicas puedes usar para protegerte. Que no te pillen desprevenido, tu mayor protección eres tú mismo.

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España y Cuba

17 de julio, 2021
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Residentes fiscales en España: según el Abogado General Saugmandsgaard , son contrarias al Derecho de la Unión las multas fijas impuestas en caso de que no se cumpla o de que se cumpla extemporáneamente la obligación de información sobre los bienes y derechos en el extranjero

17 de julio, 2021

Tribunal de Justicia de la Unión Europea

Luxemburgo, 15 de julio de 2021

Conclusiones del Abogado General en el asunto C-788/19 P

Comisión/España (Obligación de información en materia fiscal)

Residentes fiscales en España: según el Abogado General Saugmandsgaard , son contrarias al Derecho de la Unión las multas fijas impuestas en caso de que no se cumpla o de que se cumpla extemporáneamente la obligación de información sobre los bienes y derechos en el extranjero

Por lo que respecta a las cuentas bancarias abiertas a partir del 1 de enero de 2016, la posibilidad de regularización de la que dispone la administración fiscal, independientemente de la fecha en que se hayan adquirido los activos de que se trate, así como la de imponer una multa proporcional del 150 % si no se cumple con esta obligación también constituyen un incumplimiento del Derecho de la Unión

España estableció en 2012 una normativa (1) con el fin de luchar contra el fraude y la elusión fiscales en relación con activos situados fuera de su territorio. Esta normativa obliga a los residentes fiscales en España a declarar algunos de sus bienes y derechos situados en el extranjero mediante un formulario (el denominado «modelo 720»). Se trata de las cuentas abiertas en entidades financieras, de los títulos representativos del capital social y de otros elementos patrimoniales asimilados con arreglo a la normativa, así como de los bienes inmuebles. El incumplimiento de dicha obligación lleva aparejadas las siguientes consecuencias: i) la calificación de los activos como ganancias patrimoniales no justificadas y su inclusión en la base imponible general, con independencia de la fecha de adquisición de los activos de que se trate, ii) la imposición de una multa proporcional del 150 % y iii) la imposición de multas fijas.
La Comisión Europea interpuso un recurso por incumplimiento contra España, pues estima que esas tres consecuencias y sus condiciones de aplicación constituyen restricciones desproporcionadas que menoscaban, en particular, la libre circulación de capitales, (2) al hacer menos atractiva la transferencia de activos al extranjero. Según la Comisión, esas consecuencias sancionan muy severamente el incumplimiento de la obligación de información, sin tomar en consideración el hecho de que la Administración tributaria española ya disponga, o tenga la posibilidad de disponer, de la información correspondiente gracias al régimen de intercambio de información en el ámbito de la fiscalidad establecido por el Derecho de la Unión. (3)

En sus conclusiones presentadas hoy, el Abogado General Henrik Saugmandsgaard considera, para empezar, que la normativa española constituye efectivamente una restricción a los movimientos de capitales, puesto que puede disuadir a los residentes fiscales en España de invertir en otros Estados, o impedir o limitar sus posibilidades de hacerlo. No obstante, esta restricción puede estar justificada por los objetivos perseguidos de lucha contra el fraude y la evasión fiscales. Por tanto, la cuestión central es la proporcionalidad de la normativa española.

La Comisión alegaba, en primer lugar, que constituye una restricción desproporcionada el hecho de que no presentar o presentar extemporáneamente el modelo 720 conlleve que los activos objeto del modelo sean calificados de ganancias patrimoniales no justificadas que no prescriben.

En efecto, en virtud de la regla general española en materia tributaria, a las ganancias patrimoniales no justificadas se les aplica un plazo de prescripción, de modo que no pueden ser integradas en la base liquidable general del período impositivo durante el cual la Administración tributaria las haya descubierto si ha transcurrido un plazo de cuatro años desde el momento en el que deberían haberse declarado. Este plazo de prescripción no se aplica en el caso de los activos objeto del modelo 720, por lo que la Administración tributaria puede regularizar la deuda fiscal con independencia de la fecha de adquisición de los activos de que se trate y, por tanto, sin limitación temporal. Es lo que cabe denominar «efecto de imprescriptibilidad».

La Comisión sostenía que esa ausencia total de prescripción no es necesaria para alcanzar los objetivos perseguidos por la normativa controvertida, habida cuenta de los instrumentos existentes en materia de intercambio de información tributaria en el ámbito de la Unión, que según afirmó han evolucionado considerablemente y permiten actualmente a los Estados miembros obtener la información necesaria sobre los bienes y derechos en el extranjero para ejercer el oportuno control fiscal.

El Abogado General destaca que la Comisión, en gran medida, no ha aportado al Tribunal de Justicia los datos necesarios para que este compruebe la existencia del incumplimiento alegado. Por una parte, estima que la regla del «efecto de imprescriptibilidad» puede ser adecuada para garantizar la consecución del objetivo que persigue.

Por otra parte, el Abogado General señala que esta regla no es necesaria cuando el intercambio automático y obligatorio de información tributaria es suficiente para permitir a la Administración tributaria española efectuar los controles necesarios para liquidar correctamente el impuesto. En ese caso la Administración tributaria española no puede aplicar dicha regla escudándose en posibles dificultades.

Tras examinar los diferentes activos objeto del modelo 720 a la luz del régimen de intercambio de información tributaria, el Sr. Saugmandsgaard expresa sus dudas respecto a que los Estados miembros no dispongan de información relativa a las cuentas preexistentes y a los activos a los que se refiere el modelo 720 que son objeto de un intercambio automático y obligatorio, al menos en el caso de los bienes inmuebles. No obstante, hace constar que la Comisión no ha aportado datos que permitan comprobar la existencia de un incumplimiento a este respecto. La Comisión ha demostrado de modo jurídicamente suficiente que la Administración tributaria española dispone de la información necesaria únicamente en relación con las cuentas bancarias abiertas a partir del 1 de enero de 2016 («cuentas bancarias nuevas»). En consecuencia, la aplicación de la regla del «efecto de imprescriptibilidad» resulta desproporcionada, puesto que va más allá de lo necesario respecto de esta categoría de activos.

En cambio, el Abogado General considera que esta regla no resulta desproporcionada en el caso de los activos respecto de los que la Administración tributaria española no dispone de esa información, habida cuenta en particular del muy limitado grado de armonización alcanzado hasta ahora en el ámbito de la fiscalidad, y de la necesidad de los Estados miembros de luchar contra el fraude fiscal. En su opinión, los Estados miembros disponen en este ámbito de un amplio margen de apreciación, que comprende la posibilidad de aplicar la regla en cuestión.

El Abogado General añade que la Comisión no ha aportado la prueba de que en este caso se trate de una presunción irrefutable de fraude fiscal.

La Comisión alegaba, en segundo lugar, que constituye una restricción desproporcionada el hecho de imponer automáticamente una multa pecuniaria fija del 150 % en caso de que no se presente o de que se presente extemporáneamente el modelo 720, y ello debido tanto a la severidad de la multa como a su carácter automático y no graduable, máxime cuando según ella se trata de una obligación formal.

El Abogado General pone de relieve que la multa del 150 % no sanciona el incumplimiento de una mera obligación formal, sino el incumplimiento de la obligación material de pago del impuesto, con la cual guarda relación directa. En efecto, esa multa solo se impone cuando el contribuyente es titular de activos en el extranjero por los que no ha pagado el impuesto que debería haber satisfecho, y se calcula a partir de la cuota del impuesto adeudado. Además, el incumplimiento de la obligación formal relativa al modelo 720 se sanciona por medio de las multas fijas antes citadas.

El Abogado General considera que la Comisión no ha aportado la prueba de que la multa del 150 % se imponga de manera automática y no graduable por el incumplimiento de las obligaciones relativas al modelo 720. Añade que la multa que se impone al contribuyente en caso de ocultación de activos no le parece desproporcionada. En opinión del Abogado General, esa sanción debe compararse con las previstas por el Derecho español en caso de ocultación reiterada y sistemática de bienes en situaciones internas, que según el gobierno español permiten imponer multas de hasta el 150 %. La Comisión no ha formulado ningún argumento que permita rechazar esta comparación, de modo que tampoco ha aportado la prueba de que la sanción impuesta en caso de activos ocultos en el extranjero sea más severa que las aplicadas en casos internos.

En contrapartida, el Sr. Saugmandsgaard considera que la aplicación de la multa es desproporcionada en caso de incumplimiento de la obligación de información relativa a las nuevas cuentas bancarias.

La Comisión alegaba, en tercer lugar, que constituye una restricción desproporcionada el hecho de imponer, en caso de que no se presente o de que se presente extemporáneamente el modelo 720, multas fijas cuyo nivel es superior al de las sanciones previstas por el régimen sancionador general para infracciones similares.

La normativa española sanciona como infracciones tributarias «muy graves» el hecho de no presentar o de presentar fuera de plazo el modelo 720, así como la inclusión en el mismo de datos incompletos, inexactos o falsos. Las sanciones más severas comportan la imposición de una multa fija de 5 000 euros por cada dato o conjunto de datos referidos a una misma cuenta, bien, inmueble, etc., siendo la cuantía mínima de la multa de 10 000 euros. En caso de declaración presentada fuera de plazo sin requerimiento previo de la Administración tributaria, se aplica una multa de 100 euros por cada dato o conjunto de datos, siendo la cuantía mínima de la multa de 1 500 euros.

El Abogado General considera que esas multas fijas son desproporcionadas. En efecto, la obligación de presentar el modelo 720 constituye una obligación formal, cuyo incumplimiento no causa ningún perjuicio económico directo a la Hacienda Pública y que adopta la forma de una obligación de carácter general dirigida directamente al contribuyente. El Sr. Saugmandsgaard observa que esas multas fijas son 15, 50 y 66 veces superiores a las aplicadas en situaciones internas. Incluso si se tiene en cuenta el margen de apreciación del que disponen los Estados miembros para establecer las sanciones apropiadas, esas multas son tan elevadas que parecen desproporcionadas, sin que sea necesario distinguir aquí entre las diferentes categorías de bienes.

El Abogado General propone por tanto al Tribunal de Justicia que declare que España ha incumplido las obligaciones que le incumben de garantizar la libertad consagrada en el artículo 63 TFUE (capitales) así como la libertad correspondiente contenida en el Acuerdo sobre el EEE, en la medida en que, en caso de incumplimiento o de cumplimiento extemporáneo de la obligación de información relativa a las nuevas cuantas bancarias, la Administración tributaria puede regularizar la deuda tributaria correspondiente, con independencia de la fecha de adquisición de los activos de que se trate, e imponer una multa proporcional del 150 % si se incumple esta misma obligación. El hecho de imponer, en caso de incumplimiento de la obligación de información relativa a los bienes y derechos en el extranjero o de presentación extemporánea del modelo 720, multas fijas más severas que las sanciones establecidas en el régimen sancionador general para infracciones similares también constituye un incumplimiento de esos artículos.

1 Ley 7/2012, de 29 de octubre de 2012, de modificación de la normativa tributaria y presupuestaria y de adecuación de la normativa financiera para la intensificación de las actuaciones en la prevención y lucha contra el fraude (BOE no 261, de 30 de octubre de 2012).

2 Artículo 63 TFUE y artículo 40 del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo (EEE).

3 Directiva 2011/16/UE del Consejo, de 15 de febrero de 2011, relativa a la cooperación administrativa en el ámbito de la fiscalidad y por la que se deroga la Directiva 77/799/CEE (DO 2011, L 64, p. 1), en su versión modificada por la Directiva 2014/107/UE del Consejo, de 9 de diciembre de 2014, que modifica la Directiva 2011/16/UE por lo que se refiere a la obligatoriedad del intercambio automático de información en el ámbito de la fiscalidad (DO 2014, L 359, p. 1).
NOTA: Las conclusiones del Abogado General no vinculan al Tribunal de Justicia. La función del Abogado General consiste en proponer al Tribunal de Justicia, con absoluta independencia, una solución jurídica al asunto del que se ocupa. Los jueces del Tribunal de Justicia comienzan ahora sus deliberaciones sobre este asunto. La sentencia se dictará en un momento posterior.
NOTA: El recurso por incumplimiento, dirigido contra un Estado miembro que ha incumplido sus obligaciones derivadas del Derecho de la Unión, puede ser interpuesto por la Comisión o por otro Estado miembro. Si el Tribunal de Justicia declara que existe incumplimiento, el Estado miembro de que se trate debe ajustarse a lo dispuesto en la sentencia con la mayor brevedad posible. Si la Comisión considera que el Estado miembro ha incumplido la sentencia, puede interponer un nuevo recurso solicitando que se le impongan sanciones pecuniarias. No obstante, en caso de que no se hayan comunicado a la Comisión las medidas tomadas para la adaptación del Derecho interno a una directiva, el Tribunal de Justicia, a propuesta de la Comisión, podrá imponer sanciones en la primera sentencia.

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Nueva estructura unificada del portal y la sede electrónica

17 de julio, 2021

Nueva estructura unificada del portal y la sede electrónica

La Agencia Tributaria pone en marcha su nueva web para ofrecer más agilidad y comodidad al contribuyente en sus gestiones por internet

Jueves 15 de julio de 2021

Nueva web de la AEAT

La Agencia Tributaria ha lanzado una nueva página web que unifica el portal de información y la sede electrónica, de manera que todos los servicios pasarán a ser accesibles bajo una estructura temática de contenidos -con independencia de que se trate de información o de trámites- que hace más cómoda y ágil la navegación para el contribuyente, mejorando así la experiencia del usuario.

Para facilitar la transición en la utilización de una web que anualmente cuenta con más de 140 millones de usuarios únicos y más de 600 millones de visitas, durante los primeros meses la nueva página sólo se ofrecerá al usuario mediante un acceso destacado desde la página tradicional, que en otoño pasará a segundo plano y desaparecerá a final de año. En todo caso, la web de la Agencia seguirá siendo accesible en todo momento introduciendo la dirección habitual.

La Agencia Tributaria ha querido esperar a la finalización de la Campaña de Renta para iniciar este periodo amplio de transición, reduciendo así el impacto sobre una generalidad de usuarios que principalmente se relacionan por cauces telemáticos con la Agencia para trámites vinculados con su declaración de IRPF.

Mejoras de diseño, búsqueda y navegación

La nueva web cuenta con un diseño moderno para facilitar la navegación y una visión y lenguaje orientados al usuario, con explicaciones y descripciones previas al acceso a las distintas gestiones. Se pretende así reforzar la web de la Agencia como herramienta básica para minimizar los costes indirectos del cumplimiento tributario para el contribuyente.

En esa misma línea de ofrecer sencillez y comodidad, se irá mejorando el buscador de la web para facilitar la localización de los contenidos informativos y las gestiones a realizar. Además, los usuarios tendrán acceso en la propia página de inicio a su área personal, donde podrán visualizar sus expedientes, datos censales, notificaciones y documentos pendientes de firma.

Gestiones destacadas

La página de inicio muestra al usuario tres grandes apartados: un bloque de contenidos que irá cambiando a lo largo del tiempo (‘carrusel’, o ‘slider’), otro con los trámites más relevantes por su importancia y utilización por los contribuyentes (trámites destacados), y un tercero (información y gestiones) estructurado por temas que da acceso a los distintos trámites y contenidos informativos.

En el ´carrusel’, el usuario se encontrará, por ejemplo, las campañas de presentación de declaraciones más relevantes en cada momento, o avisos que se consideren especialmente significativos en una fecha determinada.

Los trámites destacados, por su parte, se agrupan en cinco categorías identificadas con distintos iconos gráficos (presentación de declaraciones, registro electrónico, cita previa, pagos y aplazamientos, y notificaciones enviadas por la Agencia).

Estructura por temas

El tercer gran bloque de la página de inicio está compuesto por 16 temas que segmentan el acceso a la información y los trámites de la web, bien por impuestos (IRPF, IVA, Sociedades y otros), bien por perfiles de contribuyentes (empresarios, empresas, ciudadanos, viajeros y no residentes) y materias (Aduanas, vehículos y vivienda); o bien por el tipo de trámite (declaraciones informativas, colaboración, censos y deudas).

El objetivo de esta segmentación por temas es facilitar al usuario un acceso más cómodo e intuitivo a aquellos contenidos que, en su caso concreto y para cada ocasión, le sean de interés. Para ello, además, se ha simplificado la estructura de navegación, con los contenidos jerarquizados por temas, subtemas e información.

Por último, en el área superior de la página de inicio se sitúa la información de actualidad (novedades, notas de prensa y estadísticas), y en la parte inferior de la página se ofrecen accesos directos a diversas materias de interés, así como un apartado de manuales, vídeos y folletos. Igualmente, se mantiene, en este caso durante toda la navegación en la nueva web, un bloque final de página con los avisos legales y de seguridad, los apartados ‘Contacta con nosotros’ y ‘Ayuda’, enlaces de interés y la fecha de actualización de la página.

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¿Qué retos implica la ‘España 5.0’ hacia la que ya nos encaminamos?

17 de julio, 2021

¿Qué retos implica la ‘España 5.0’ hacia la que ya nos encaminamos?

21 junio 2021

El secretario general de CEOE, José Alberto González-Ruiz, ha participado en la apertura de la jornada ‘Claves para una España 5.0. Hacia una economía más competitiva y sostenible en 2030’, en la que se ha presentado un informe elaborado por la consultora PwC con el patrocinio de Siemens.

El estudio analiza la situación presente de la industria e infraestructuras en España y sus principales debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades. En la presentación de este trabajo, participaron también el CEO y presidente de Siemens España, Miguel Ángel López, y el socio líder de Economics en PwC, Jordi Esteve. El moderador del encuentro online fue Eugenio Mallol, periodista especializado en tecnología.

En su intervención, el secretario general de CEOE señaló que, con este informe, “tenemos una hoja de ruta clara que permite avanzar en cómo debemos transformar y evolucionar nuestra economía hacia lo que se conoce como ‘España 5.0’, es decir, hacia un país más sostenible, centrado en las personas, basado en una industria más digital y competitiva y apoyado en el desarrollo de infraestructuras más inteligentes y eficientes”.

Como explicó González-Ruiz, el informe “recoge acertadamente que debemos ir más allá de la digitalización e incorporar otros elementos como la transición verde o la cohesión social y territorial que tanta relevancia están adquiriendo en los últimos tiempos”. Para ello, remarcó la relevancia de la “gran ventana de oportunidad de los fondos europeos Next Generation EU”, que, como ha puesto de relieve el Banco de España, pueden suponer en los próximos años hasta cinco puntos de crecimiento del PIB.

En este sentido, el secretario general de CEOE trazó un paralelismo entre estas pautas del informe y los grandes ejes de las 21 estrategias de país planteadas por CEOE en diciembre para acelerar la reconstrucción y fortalecer la economía: transición digital, ecológica, apuesta por la industria y la igualdad de género y la cohesión territorial.

De este modo, insistió en elevar el peso de la industria en el PIB, situado en el 16% en la actualidad, lejos del objetivo fijado para 2020 por la UE (20%). Destacó también la importancia de la formación para hacer posible la digitalización, y el impulso al proceso de descarbonización de la economía para la transición verde.

Un nuevo escenario

Por su parte, el presidente de Siemens España, Miguel Ángel López, defendió que “la pandemia y los fondos europeos alumbran un nuevo escenario y debemos ser ágiles e inteligentes si queremos salir fortalecidos de esta situación”. A su juicio, la industria ha hecho un gran esfuerzo para avanzar en ámbitos como la digitalización y la transición verde, aunque falta mucho camino por recorrer.

Detalló cómo el informe insta a reforzar la apuesta por las energías renovables, con una economía más conectada y circular y un refuerzo de la estrategia de almacenamiento. Se trata, con las políticas públicas adecuadas, de conseguir “una transformación justa y sin dejar a nadie atrás. Así, conseguiremos no solo más crecimiento, sino menos emisiones de CO2 y una sociedad más equitativa y resistente ante futuras crisis”.

“Ser un negocio sostenible es asegurar un equilibrio entre los beneficios, las personas y el planeta”, añadió Miguel Ángel López, quien mostró su compromiso con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). “En este momento histórico debemos concentrarnos en minimizar nuestros puntos débiles y sacar el máximo partido de las fortalezas que tenemos como país”, señaló.

Por último, centró su atención en la digitalización, para lo que destacó la necesidad de reforzar la permanente formación de los ciudadanos. Un reto que, de atenderse, podría generar 220.000 empleos y dar respuesta a los 20.000 especialistas en ciberseguridad que se demandan en este momento en el mercado laboral, según Miguel Ángel López.

Posteriormente, el socio líder de Economics en PwC desgranó los detalles del informe y explicó que el concepto de ‘economía 5.0’ no sustituye al de 4.0, sino que lo complementa, poniendo el foco en las personas; la sostenibilidad; la capacidad de resiliencia y adaptabilidad, y las infraestructuras inteligentes. Igualmente, explicó que la ‘España 5.0’ no se basa en las nuevas tecnologías, ya que se centra en las ya existentes, “pero lo hace a través de la hiperconectividad a través de toda la cadena de valor, compartiendo información y riesgos y mejorando productos y procesos”.

Este experto centró su intervención en la importancia de reducir las emisiones de CO2 en todos los ámbitos, al tiempo que defendió que España debe trabajar para posicionarse en el liderazgo de algunos de los procesos que implica la economía 5.0, pese a las dificultades actuales.

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Fraude del técnico informático: ¿fuera virus?… ¿o fuera tu dinero?

17 de julio, 2021

Fraude del técnico informático: ¿fuera virus?… ¿o fuera tu dinero?

17/07/2019 Banco de España

La llegada del mundo digital a nuestras finanzas trae ventajas y facilidades pero también la amenaza de la ciberdelincuencia.

Te explicamos la última estrategia desarrollada por los ciberdelincuentes para que estés alerta:

Recibirás una llamada telefónica de una persona haciéndose pasar por técnico informático de alguna conocida empresa, alertándote de que tienes un problema en tu ordenador, móvil u otro dispositivo (por ejemplo, un virus informático).


Para solucionar el problema, te pedirán que realices un pago, por lo general, de pequeño importe y solicitarán todos los datos de tu tarjeta bancaria (número, fecha de caducidad, y el CVV –código de seguridad de tres dígitos contenido en el reverso de la tarjeta-) para poder tramitar el pago a través de sus aplicaciones.


A continuación, te pedirán que te descargues una serie de programas o apps para conectarse a tu equipo en control remoto. Mientras los ciberdelincuentes “trabajan” en el supuesto problema, te recomendarán silenciar tu dispositivo y despreocuparte del asunto.


Pero, ¿qué hacen realmente?: acceden a tus cuentas bancarias y realizan transferencias a su favor o hacen compras por internet con tu número de tarjeta. ¡Con la pantalla en stand-by y tu móvil en silencio, no te darás cuenta de que están sustrayendo el dinero de tu cuenta!


Ante la amenaza de la ciberdelincuencia, te recomendamos que tengas cuidado con las llamadas telefónicas sospechosas, y que no facilites información personal o confidencial a terceros sobre tus productos bancarios.

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El Gobierno acuerda con los sindicatos CC.OO, UGT y CSIF el Plan de choque para reducir la temporalidad en las administraciones públicas

17 de julio, 2021

Acto de la firma en el Ministerio de Política Territorial y Función Pública

El Gobierno acuerda con los sindicatos CC.OO, UGT y CSIF el Plan de choque para reducir la temporalidad en las administraciones públicas

Lunes 5 de julio de 2021

El acuerdo establece, entre otras medidas, una duración máxima de tres años a la relación de interinidad y sanciones por incumplimiento. Se realizará un último proceso de estabilización para los interinos que ocupen actualmente plazas de carácter estructural.

El ministro de Política Territorial y Función Pública, Miquel Iceta, ha suscrito con los sindicatos CC.OO, UGT y CSIF el acuerdo sobre el Plan de choque para reducir la temporalidad en las administraciones públicas, que aprobará el Consejo de Ministros mañana a través de un Real Decreto-ley.

El secretario de Estado de Política Territorial y Función Pública, Víctor Francos, ha presidido previamente la Mesa General de Negociación de las Administraciones Públicas, donde están representadas las CCAA, la FEMP y los sindicatos.

A la firma del acuerdo, junto al ministro, han asistido el secretario de Estado de Política Territorial y Función Pública, Víctor Francos, el secretario general de Función Pública, Javier Rueda, y la directora general de Función Pública, Isabel Borrell. Por los sindicatos, han suscrito el acuerdo Francisco García Suárez, por CC.OO, Julio Lacuerda, por UGT, y Miguel Borra, por CSIF.

Reforma del TREBEP para evitar en el futuro elevadas tasas de temporalidad

El acuerdo recoge la reforma del artículo 10 del Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público (TREBEP) que especificará la causa y término del nombramiento del personal interino, solo por cuatro modalidades:
•Por vacante cuando no sea posible hacerlo por personal funcionario de carrera y con una duración máxima de tres años desde el nombramiento.
•Por sustitución transitoria de titulares el tiempo estrictamente necesario.
•Para la ejecución de programas de carácter temporal, que no superarán los tres años de duración, ampliables por doce meses más en función de lo previsto en las Leyes de Función Pública que desarrollan el TREBEP.
•Por exceso o acumulación de tareas con un plazo máximo de nueve meses dentro de un periodo de dieciocho meses.

Se mejora asimismo la definición de la figura del personal funcionario interino: se refuerza el carácter de temporalidad al descartarse cualquier expectativa de permanencia tras una selección con publicidad y celeridad; se definen las causas de finalización y la duración máxima; y se establece la no discriminación entre el régimen jurídico del personal interino y el personal funcionario de carrera.

Se necesita un análisis pormenorizado de las causas estructurales de la temporalidad en las administraciones públicas y en cada sector para mejorar los sistemas de planificación, de forma que no quepa el recurso al nombramiento interino o contratación de personal temporal para funciones estructurales.

Para la selección de personal funcionario interino se acudirá a procedimientos que respeten los principios de igualdad, mérito, capacidad, publicidad y celeridad.

Responsabilidades de las administraciones

La reforma prevé la exigencia de responsabilidades por incumplimiento:
•Imposibilidad de cubrir por personal funcionario interino una plaza vacante que haya sido ocupada ya durante el tiempo máximo por un interino, salvo que el correspondiente proceso selectivo quede desierto.
•Establecimiento de un régimen de compensaciones. La reforma prevé una compensación económica para el personal funcionario interino afectado.

Compensación económica

El personal interino que no apruebe los procesos selectivos de temporalidad, tendrá derecho a una compensación económica equivalente a 20 días de sus retribuciones fijas por año de servicio, hasta un máximo de 12 mensualidades.

Cuando entre en vigor la reforma del TREBEP, el incumplimiento máximo de permanencia también dará lugar a la misma compensación económica. El derecho a dicha compensación nacerá a partir de la fecha del cese efectivo y estará referida exclusivamente al nombramiento del que derive la causa del incumplimiento, y no tendrán derecho a indemnización quienes renuncien por causa voluntaria o sean separados del servicio por medidas disciplinarias.

Reforma ante una excesiva tasa de temporalidad

La excesiva tasa de temporalidad constituye un rasgo estructural del mercado laboral en España que lastra la competitividad de nuestro modelo productivo. En el ámbito del sector público, la temporalidad es aún más elevada que en el privado.

Las causas de este fenómeno se encuentran en las limitaciones a la reposición de efectivos derivadas de las leyes presupuestarias, principalmente entre los años 2012 y 2015, y en los procesos selectivos, que en muchos casos no se desarrollan con la celeridad necesaria para garantizar la prestación de los servicios públicos.

La urgencia de articular una reforma normativa con carácter inmediato viene motivada por varios factores:
•La UE ha dirigido indicaciones a España sobre la necesidad de acometer reformas estructurales dirigidas a atajar la excesiva temporalidad.
•Con la referencia de estas recomendaciones, el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia incorpora entre sus medidas un nuevo instrumento normativo con el objetivo de situar la tasa de temporalidad por debajo del 8% en el conjunto de las administraciones públicas españolas.

Gradualidad en la aplicación

La reforma del TREBEP se aplicará únicamente al sector de administración general de las administraciones públicas, otorgándose el plazo de un año para la adaptación de la legislación específica para el personal docente y estatutario de los servicios de salud. Si transcurrido el plazo de un año no se adaptara la legislación específica en dichos ámbitos, lo dispuesto en el TREBEP se aplicaría a dicho personal.

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In memoriam. Francisco Javier Sáenz Villar

16 de julio, 2021
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El pleno del Tribunal Constitucional por mayoría estima parcialmente el recurso de inconstitucionalidad de Vox contra varios preceptos del real decreto 463/2020, que declaró el estado de alarma para la gestión del COVID-19

16 de julio, 2021

Tribunal Constitucional

Gabinete del Presidente

Oficina de Prensa

Adelanto de parte dispositiva

El pleno del TC por mayoría estima parcialmente el recurso de inconstitucionalidad de Vox contra varios preceptos del real decreto 463/2020, que declaró el estado de alarma para la gestión del COVID-19

El Pleno del Tribunal Constitucional por mayoría ha resuelto:

Parte dispositiva

“En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, por la autoridad que le confiere la Constitución de la Nación española, ha decidido:

1º Inadmitir la pretensión de inconstitucionalidad dirigida contra la Orden SND/298/2020, de 29 de marzo, por la que se establecen medidas excepcionales en relación con los velatorios y ceremonias fúnebres para limitar la propagación y el contagio por el COVID-19.

2º Estimar parcialmente el recurso de inconstitucionalidad interpuesto contra el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19; y, en consecuencia, declarar inconstitucionales y nulos, con el alcance indicado en el fundamento jurídico 2, letra d); y con los efectos señalados en los apartados a), b) y c) del fundamento jurídico 11:

a) Los apartados 1, 3 y 5 del artículo 7.

b) Los términos “modificar, ampliar o” del apartado 6 del artículo 10, en la redacción resultante del artículo único, 2, del Real Decreto 465/2020, de 17 de marzo.

3º Desestimar, en todo lo demás, el recurso de inconstitucionalidad”

Han formulado votos particulares el Presidente Juan José González Rivas y los magistrados Andrés Ollero, Juan Antonio Xiol, Cándido Conde-Pumpido y María Luisa Balaguer.

En los próximos días se notificará el contenido íntegro de la sentencia y de los votos particulares junto con una nota de prensa más amplia.

Madrid, 14 de julio de 202

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Estado de los embalses

16 de julio, 2021

Estado de los embalses

La reserva hídrica española se encuentra al 53,8 por ciento de su capacidad

Martes 13 de julio de 2021

Mapa de la reserva hídrica

Mapa de la reserva hídrica

La reserva hídrica española está al 53,8 por ciento de su capacidad total. Los embalses almacenan actualmente 30.081 hectómetros cúbicos (hm³) de agua, disminuyendo en la última semana en 893 hectómetros cúbicos (el 1,6 por ciento de la capacidad total actual de los embalses).

La reserva por ámbitos es la siguiente:
•Cantábrico Oriental se encuentra al 76,7%
•Cantábrico Occidental al 83,4%
•Miño-Sil al 60,1%
•Galicia Costa al 76,2%
•Cuencas internas del País Vasco al 85,7%
•Duero al 73,5%
•Tajo al 49,3%
•Guadiana al 35,2%
•Tinto, Odiel y Piedras al 75,1%
•Guadalete-Barbate al 38,9%
•Guadalquivir al 35,2%
•Cuenca Mediterránea Andaluza al 47,7%
•Segura al 48,2%
•Júcar al 58,5%
•Ebro al 75,5%
•Cuencas internas de Cataluña al 86,9%

Las precipitaciones han sido abundantes en la vertiente Atlántica y han afectado considerablemente a la vertiente Mediterránea. La máxima se ha producido en Santander con 46,4 mm (46,4 l/m²).

La situación de las cuencas, en hectómetros cúbicos, se detalla en el cuadro adjunto:

Tabla de la reserva total embalsada
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El comercio electrónico marcó un nuevo récord y superó en España los 51.600 millones de euros en 2020, un 5,8% más que el año anterior

16 de julio, 2021

El comercio electrónico marcó un nuevo récord y superó en España los 51.600 millones de euros en 2020, un 5,8% más que el año anterior

02 Julio 2021

◦La pandemia del COVID-19 impactó de manera muy desigual en las distintas ramas de actividad del comercio electrónico.
◦Las ramas asociadas al turismo sufrieron un descenso superior al 57% en su facturación respecto al año 2019. En cambio, sectores como los supermercados o la compra de electrodomésticos, doblaron su facturación respecto al año 2019.

La facturación del comercio electrónico en España aumentó en el cuarto trimestre de 2020 un 9,3% interanual hasta alcanzar los 14.613 millones de euros, según los últimos datos de comercio electrónico disponibles en CNMCData. En el conjunto del año, superó los 51.600 millones de euros, un 5,8% más que el año anterior.

EVOLUCIÓN TRIMESTRAL DEL VOLUMEN DE NEGOCIO DEL COMERCIO ELECTRÓNICO Y VARIACIÓN INTERANUAL (millones de euros y porcentaje)

VOLUMEN DE NEGOCIO DEL COMERCIO ELECTRÓNICO Y VARIACIÓN INTERANUAL

Los sectores de actividad con mayores ingresos han sido las prendas de vestir, con el 9,8% de la facturación total; la suscripción de canales, con el 5,1% y los juegos de azar y apuestas, en tercer lugar, con el 4,9%.

LAS DIEZ RAMAS DE ACTIVIDAD CON MAYOR PORCENTAJE DE VOLUMEN DE NEGOCIO DEL COMERCIO ELECTRÓNICO (IV-20, porcentaje)

DIEZ RAMAS DE ACTIVIDAD CON MAYOR PORCENTAJE DE VOLUMEN DE NEGOCIO

Si nos fijamos en el número de transacciones, en el cuarto trimestre de 2020 se han registrado más de 307 millones de transacciones, un 26,9% más. Los juegos de azar y apuestas lideran el ranking por compraventas (7,3%).

EVOLUCIÓN TRIMESTRAL DEL NÚMERO DE TRANSACCIONES DEL COMERCIO ELECTRÓNICO Y VARIACIÓN INTERANUAL (millones de transacciones y porcentaje)

EVOLUCIÓN TRIMESTRAL DEL NÚMERO DE TRANSACCIONES

LAS DIEZ RAMAS DE ACTIVIDAD CON MAYOR PORCENTAJE DE TRANSACCIONES DEL COMERCIO ELECTRÓNICO (IV-20, porcentaje)

DIEZ RAMAS DE ACTIVIDAD CON MAYOR PORCENTAJE DE TRANSACCIONES

En cuanto a la segmentación geográfica, las webs de comercio electrónico en España se han llevado el 39% de los ingresos en el cuarto trimestre de 2020. El 61% restante se corresponde con compras con origen en España hechas a webs de comercio electrónico en el exterior.

VOLUMEN DE NEGOCIO DEL COMERCIO ELECTRÓNICO SEGMENTADO GEOGRÁFICAMENTE (IV-20, porcentaje)

VOLUMEN DE NEGOCIO DEL COMERCIO ELECTRÓNICO SEGMENTADO GEOGRÁFICAMENTE

El saldo neto exterior (la diferencia entre lo que se compra desde el extranjero a sitios webs españoles y lo que se compra desde España al extranjero) arroja un déficit de 7.691 millones de euros.

Por número de transacciones, el 33,2% de las compraventas se registran en webs españolas y el 66,8% en webs del extranjero.

El volumen de negocio de las transacciones con origen en España y dirigidas hacia el exterior ha sido de 8.909 millones de euros, un 30,1% más que en el cuarto trimestre del año anterior. El 64,8% de las compras desde España hacia el exterior se dirigen a la Unión Europea.

Las ramas de actividad con mayor volumen de negocio desde España hacia el exterior son las prendas de vestir (un 11,1%), la suscripción de canales (7,5%) y los juegos de azar y apuestas (un 5,2%).

Por su parte, las ventas desde webs españolas hacia el exterior se han situado en una facturación de 1.218 millones de euros, un 49,4% menor que en el cuarto trimestre del año anterior. El 59,2% de las compras desde el exterior proviene de la Unión Europea.

Asimismo, las áreas de actividad relacionadas con el sector turístico (que agrupa las agencias de viajes, transporte aéreo, transporte terrestre, alquiler de automóviles y los hoteles) acaparan el 28,6% de las compras que desde el extranjero se hacen en webs de comercio electrónico españolas.

Los ingresos de comercio electrónico dentro de España (compras hechas en España a webs españolas) han aumentado un 9,1% interanual hasta los 4.486 millones de euros. Lideran la facturación dentro de España, la administración pública, impuestos y seguridad social (10,8%), seguido de los hipermercados, supermercados y tiendas de alimentación (9,0%).

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Darias: Que el 70% de la población esté inmunizada en mes y medio supondrá un salto para avanzar en el control de la pandemia

16 de julio, 2021

Darias: Que el 70% de la población esté inmunizada en mes y medio supondrá un salto para avanzar en el control de la pandemia

Martes 13 de julio de 2021

La ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha llamado a perseverar, tanto a nivel individual como institucional, en la promoción de las medidas de protección frente a la COVID-19, al tiempo que avanza la campaña de vacunación y se va completando la cobertura de los distintos grupos etarios.

Contando con la implicación de todo el Sistema Nacional de Salud (SNS), ha subrayado Darias, dentro de un mes y medio estará inmunizado el 70% de la población, lo que supondrá un gran salto para avanzar en el control de la pandemia en nuestro país.

Durante su comparecencia en la Comisión de Sanidad y Consumo del Congreso de los Diputados, Darias, que ha comenzado recordando a los fallecidos por la pandemia, ha insistido en la necesidad de controlar la propagación del virus gracias a la conjunción de las medidas adoptadas por las comunidades autónomas, la actuación responsable de la ciudadanía y, fundamentalmente, la campaña de vacunación masiva contra la COVID-19.

Como ha recordado la ministra, el virus sigue atacando, sobre todo, a personas vulnerables y a quienes no están aún protegidos; razón por la que, ha defendido, nuestro país debe mantener muy activa la cultura del cuidado mientras prosigue la administración de los sueros.

En este punto, también ha puntualizado que la campaña de vacunación está marcando la diferencia en el momento actual de la pandemia, lo que plantea la necesidad de una nueva mirada integradora a los indicadores que forman el cuadro de mandos para evaluar el riesgo (Incidencia Acumulada a 14 y 7 días, hospitalizaciones, hospitalizaciones UCI, entre otros).

Así, ha defendido, no se trata de prescindir de ninguno de los indicadores, sino de ponderar su peso en la situación epidemiológica y la evolución de la vacunación en nuestro país.

Real Decreto sobre productos sanitarios para diagnóstico in vitro

La ministra de Sanidad ha destacado la necesidad de aumentar la capacidad diagnóstica del Sistema Nacional de Salud, con objeto de identificar de forma rápida sospechas de casos positivos de SARS-CoV-2, para tomar las medidas adecuadas y así controlar eficazmente la progresión de la pandemia.

Así, ha citado las últimas medidas adoptadas por el Ejecutivo para afianzar el diagnóstico precoz y las medidas de rastreo frente a la COVID-19, con el ofrecimiento a las Comunidades Autónomas de los test de antígenos que forman parte de la Reserva Estratégica del Ministerio de Sanidad, así como el ofrecimiento del Ministerio de Defensa de ampliar los equipos de rastreadores de los que ya disponen las Comunidades Autónomas.

En este contexto, Darias ha anunciado que elevará al Consejo de Ministros del próximo martes 20 de julio, el proyecto de Real Decreto sobre productos sanitarios para diagnóstico in vitro, con objeto de regular la venta al público y la publicidad de los productos de autodiagnóstico de la COVID-19, una vez ha sido dictaminado por el Consejo de Estado el pasado 8 de julio.

Por ello, ha explicado, resulta preciso establecer medidas extraordinarias con el fin de facilitar el acceso a la realización de pruebas de autodiagnóstico de la COVID-19 y, teniendo en cuenta que la exigencia de prescripción para la venta al público de estos productos constituiría una importante barrera para su uso, es conveniente incluirlos entre los productos de autodiagnóstico exceptuados de la necesidad de prescripción para su adquisición en farmacias.

La ministra de Sanidad también ha analizado la actual situación respecto a las variantes de interés para nuestro país. Así, la Alfa o B.1.1.7 es mayoritaria en nuestro país con un 70% a 80% de los casos diagnosticados, mientras que se registran casos muy esporádicos de las variantes Beta y Gamma. En cuanto a la variante Delta (B.1.617.2), Darias ha detallado que tiene una presencia muy variable España, de forma que en algunas no se ha identificado ningún caso y en otras representa más del 30%.

En este punto ha valorado tanto las medidas de control para la limitación de los vuelos procedentes de países de riesgo, las diferentes cuarentenas aprobadas y sus prórrogas, así como el trabajo desplegado por el personal de Sanidad Exterior en los 74 puestos de control primario y 40 puestos de control secundario de nuestros aeropuertos.

Estrategia Estatal de Vacunación y Campaña de Vacunación

La ministra de Sanidad ha detallado la situación en la que se encuentran actualmente tanto la Estrategia Estatal de Vacunación como la campaña de vacunación frente a la COVID-19 en nuestro país.

Así ha señalado que el 22 de junio la Comisión de Salud Pública aprobó la actualización 8 de la Estrategia, incluyendo, entre otros, la vacunación en mujeres embarazas y en periodo de lactancia y la ampliación de la vacunación con Comirnaty a personas a partir de 12 de años con condiciones de muy alto riesgo, grandes dependientes y aquellas personas que acuden a centros de atención a personas con discapacidad intelectual, centros tutelados y de educación especial.

Asimismo, dicha actualización 8, concreta los grupos 11 a 13 a vacunar, de personas entre 30 y 39 años; entre 20 y 29 años; y entre 12 y 19 años. También se aprobó la reducción del intervalo de vacunación entre dosis en la pauta de Vaxzevria a 8-12 semanas.

Por otro lado, ha destacado el ritmo espectacular al que marcha la campaña de vacunación en nuestro paí,s con 3,8 millones de dosis durante la pasada semana, lo que convierte a España en uno de los países de la UE que más ha vacunado en los últimos 7 días.

Así, hasta este lunes se han administrado en España 47,8 millones de dosis desde el inicio de la campaña, tras sumar este fin de semana más de 1,1 millones más.

Gracias a la buena marcha de la campaña, ha destacado Darias, se han alcanzado importantes ratios de pauta completa de vacunación por grupos etarios y la próxima semana se podrá superar el 90% de inmunización entre las personas de 60 a 69 años. Del mismo modo, ha confirmado que el Ejecutivo se mantiene firme hacia el siguiente objetivo que marcado: 25 millones de personas completamente inmunizadas con la vacuna a lo largo de la próxima semana.

De hecho, con los datos consolidados hasta este lunes, prácticamente 28 millones de personas cuentan con, al menos, una dosis de vacuna contra la COVID-19 en nuestro país y casi 22 millones, ha completado su inmunización frente al SARS-Cov-2.

Por lo que se refiere a la Unión Europea, España ocupa el sexto lugar entre los Estados miembros en porcentaje de personas vacunadas con una sola dosis, el cuarto lugar en porcentaje de personas vacunadas con pauta completa y el tercer lugar en porcentaje de población vacunada diariamente. Asimismo, nuestro país ha sido de los primeros en conseguir la inmunización completa de la práctica totalidad de los mayores de 80 años y roza también el 100% de cobertura entre los mayores de 70 años.

Por otro lado, el Gobierno lleva invertidos más de 4.000 millones de euros en vacunas, no sólo para el año 2021, sino también para el 22 y el 23. «Sin duda es la mejor inversión que hemos hecho», ha significado Darias.

Herramientas frente a la COVID-19

La ministra de Sanidad ha destacado la estrategia común elaborada en el seno del Consejo Interterritorial de Sistema Nacional de Salud y la cogobernanza que ha caracterizado la toma de decisiones durante el más de año y medio de pandemia.

Una cogobernanza que ha facilitado la puesta en marcha de herramientas como la Estrategia de Detección Precoz, Vigilancia y Control de COVID-19, el Plan de respuesta temprana en un escenario de control de la pandemia por COVID-19, el Protocolo para la integración de la secuenciación genómica en la vigilancia del SARS-COV-2, la Estrategia de actuaciones de respuesta coordinada para el control de la transmisión de COVID-19, las Declaraciones de Actuaciones Coordinadas o la Estrategia Estatal de Vacunación, «nuestra mejor herramienta», ha señalado Darias.

«La respuesta conjunta de todos los poderes públicos en el marco del CISNS ha salvado miles de vidas y va a permitirnos avanzar hacia la normalidad en las mejores condiciones y en el menor tiempo posibles», ha hecho hincapié.

En esta misma línea, ha valorado la aprobación, entre otros, de la Declaración de Actuaciones Coordinadas para el próximo curso escolar, o la actualización de la ‘Guía para la prevención y control de la COVID-19 en las explotaciones agrícolas que vayan a contratar a temporeros’.

Casi 10.000 nuevos profesionales

Por otro lado, la ministra de Sanidad ha dado cuenta en la Comisión de Sanidad y Consumo del Congreso de los Diputados, de los resultados del proceso de selección y adjudicación de plazas de Formación Sanitaria Especializada de este año; un proceso que finalizó el pasado sábado 10 de julio, que se ha realizado, por primera vez, de forma íntegramente telemática y que Darias ha calificado de éxito.

Así, se ha adjudicado un total de 9.845 plazas de Formación Sanitaria Especializada entre las diferentes titulaciones, de modo que, «a la mayor oferta pública, hemos respondido con la mayor incorporación de personal especializado a nuestros Sistema Nacional de Salud», ha subrayado la ministra de Sanidad, quien también ha valorado la seguridad y transparencia de todo el proceso.

Darias ha confirmado que la próxima semana la totalidad de estas personas podrán incorporarse a sus respectivos destinos, (dos meses antes que en la convocatoria anterior), y ha avanzado que la próxima convocatoria se realizará a comienzos de 2022 e incorporará nuevas mejoras técnicas que faciliten aún más la elección. Unas mejoras que serán consensuadas con todas las partes implicadas, para lo que ha adelantado un proceso de diálogo que comenzará el próximo mes de septiembre.

Plan INVEAT

Por otro lado, se ha referido a los avances que se están produciendo en las líneas estratégicas del Ministerio para la presente legislatura y que ponen de manifiesto la intención del Ejecutivo de dar respuesta no sólo a lo urgente, sino también a lo importante. En este sentido, se ha referido al Plan de Inversiones de Equipos de Alta Tecnología (Plan INVEAT), que permitirá reforzar y ampliar las capacidades del Sistema Nacional de Salud.

Tal y como ha detallado Darias, el Plan INVEAT va a contribuir ampliar la capacidad preventiva, asistencial, de equidad y cohesión, así como la capacidad de adaptación y resiliencia del SNS, con la instalación de 847 equipos de alta tecnología para el diagnóstico de enfermedades en estadios tempranos y la intervención terapéutica rápida

La distribución de los 796 millones de euros de presupuesto de este Plan, ha recordado la ministra de Sanidad, fue aprobado en el Consejo Interterritorial del SNS que se celebró el pasado 30 de junio en el Senado, primero de carácter presencial desde el 4 de febrero de 2020.

Certificado Digital COVID de la UE

Por último, la ministra de Sanidad ha dado cuenta, entre otros, del grado de implantación en nuestro país del Certificado COVID Digital de la Unión Europea (CCD-UE), una vez trascurridos 12 días desde la entrada en vigor del Reglamento Europeo.

Tal y como ha Detallado Darias, ya se han emitido más de 7,5 millones de certificados y ya se encuentran integrados más de 500 laboratorios que pueden, por lo tanto, emitir certificados de prueba diagnóstica.

En cuanto a la validación en aeropuertos, más de 170.000 viajeros han podido beneficiarse de la vía de acceso a España Fast Control, utilizando Certificados COVID Digitales de la UE en la aplicación SPTH.

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La Audiencia Nacional condena a ocho años de cárcel al presidente de Ausbanc y a cuatro años al secretario general de Manos Limpias por extorsionar a entidades bancarias y empresas

16 de julio, 2021

Viernes, 9 de julio de 2021

La Audiencia Nacional condena a ocho años de cárcel al presidente de Ausbanc y a cuatro años al secretario general de Manos Limpias por extorsionar a entidades bancarias y empresas

En una sentencia, de 195 páginas, los magistrados de la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal imponen a Luis P. una pena de cinco años de prisión por un delito continuado de extorsión y otros tres por estafa, mientras que a Miguel B. le condenan a tres años por un delito de extorsión en grado de cooperación necesaria y otro año por el mismo delito en grado de tentativa

Autor: Comunicación Poder Judicial

La Audiencia Nacional ha condenado a ocho años de cárcel al presidente de la Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios (AUSBANC), Luis P., y a cuatro años al secretario general de Manos Limpias, Miguel B., por extorsionar a entidades bancarias y empresas para que les pagasen a cambio de evitar acciones judiciales o campañas de descrédito en su contra.

En una sentencia, de 195 páginas, los magistrados de la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal imponen a Luis P. una pena de cinco años de prisión por un delito continuado de extorsión y otros tres por estafa, mientras que a Miguel B. le condenan a tres años por un delito de extorsión en grado de cooperación necesaria y otro año por el mismo delito en grado de tentativa.

En concepto de responsabilidad civil, Luis P. deberá indemnizar a un total de 13 entidades: a BBVA, con 1.524.565 euros; a Unicaja, con 904.328 euros; a Caixabank, con 24.200 euros; a Liberbank, con 1.499.918 euros; a Nissan Ibérica, con 36.300 euros; a Barclays, con 149.750 euros; a Caja Castilla la Mancha, con 332.000 euros; a Europistas, con 406.000 euros; a Cajasur, con 266.200 euros; a Cajavital, con 546.701 euros; a Bankia, con 586.850 euros; a Caja Rural del Sur, con 576.302 euros, y a Banca March, con 38.115 euros.

La Sala también condena a un año de cárcel al adjunto a la Presidencia de Ausbanc Ángel G. y a seis meses a María M., directora del departamento jurídico, ambos por un delito de extorsión en grado de complicidad.

Por contra, la Audiencia absuelve a los otros seis acusados (la abogada de Manos Limpias Virginia L.N. y los directivos de Ausbanc Alfonso S.G., María Teresa C., María Isabel M., Rosa A. y Luis María J.) de todos los delitos de los que estaban acusados, esto es, organización criminal, extorsión, denuncia falsa, amenazas, estafa, blanqueo de capitales y administración desleal.

Luis P. y Miguel B. también resultan absueltos de la mayoría de los delitos por los que fueron juzgados. En concreto, en el caso del presidente de Ausbanc de organización criminal, acusación y denuncia falsa, fraude y estafa procesal y administración desleal, mientras que en el caso del secretario general de Manos Limpias queda exculpado de los dos primeros delitos y, además, de amenazas.

La Fiscalía de la Audiencia Nacional había solicitado una condena para Luis P. de más de 118 años de cárcel y de más de 24 años para Miguel B., mientras que para el resto de acusados había pedido imponer penas de entre 66 y 11 años de cárcel.

Ejercicio de acciones colectivas para la obtención de sumas dinerarias

Los hechos probados de la sentencia detallan la creación de Ausbanc en 1986 y cómo, con ocasión del ejercicio de acciones colectivas y como fórmula para obtener sumas dinerarias en el afán de lucro que movía a Luis P., a la vez que presentaba demandas, Ausbanc propiciaba acuerdos para la solución extrajudicial de los conflictos, unos jurídicos relacionados con el objeto de la demanda y otros económicos, planteándose de forma conjunta.

El ejercicio de la acción colectiva, dicen los jueces, era un mero instrumento para que las entidades accediesen a las pretensiones económicas formalizadas a través de convenios publicitarios u otras fórmulas. En el caso de que aceptasen suscribirlo, aun cuando se iniciase o se siguiera el trámite por los letrados de las delegaciones territoriales, se abandonaba cualquier ulterior reclamación.

De darse la circunstancia de que las entidades no se avinieran a los requerimientos económicos efectuados generalmente por Luis P. -ya fuera porque el acuerdo publicitario supusiera un desembolso desmedido o porque el jurídico era inasumible- podía conllevar una repercusión negativa reputacional de distinta índole, bien a través de publicaciones de noticias que no respondían a la realidad o por la “difusión hiperbólica” de un acontecimiento aislado en la entidad en cuestión, incluso con la escenificación de manifestaciones a la puerta de la sede de la sede bancaria.

Las campañas de ataque a la marca o a sus directivos se modulaban en función de si finalmente se rendían a sus pretensiones económicas, suscribiendo los convenios o retomando los que se habían dado por concluidos.

La sentencia indica que los pagos que hacían efectivos se enmascaraban, bien como publicidad en las revistas de Ausbanc, cuyos ejemplares se distribuían de forma gratuita salvo un 2 por ciento que se vendían, bien como “estudios de mercado” que elaboraba la entidad con las quejas y reclamaciones de consumidores y reseñas de sentencias judiciales, bien mediante patrocinios y otros eventos.

Utilización del sindicato Manos Limpias como medida de presión

El Tribunal explica que la relación entre Luis Luis P. y Miguel B. se inició a finales de 2012 y duró hasta 2016, cuando se cortó con motivo del procedimiento judicial que ahora se enjuicia.

Según la Sala, como Ausbanc Consumo copaba la actuación en el orden civil contra las entidades bancarias, Luis P. advirtió de que otra manera de obtener copiosas sumas de dinero era a través de los procesos penales. Para ello, estableció la fórmula aparente de colaboración con Manos Limpias que, como acusación popular, instaba o se personaba en distintos procedimientos con gran repercusión mediática.

“Con ello, a cambio de nutrir Ausbanc de fondos a Manos Limpias que vivía en gran medida de aportaciones gratuitas, Miguel B. dio entrada al acusado Luis P. para que se personase en procesos penales en la exclusiva idea de solicitar a investigados sumas dinerarias para acrecentar las arcas propias y del Grupo Ausbanc a cambio de instar la desimputación de los mismos o apartarse del procedimiento, siendo dicho proceder compartido por ambos, así como puesto en marcha por uno y otro”, señala.

En esa línea, continúa, Miguel B., en nombre de Manos Limpias, articulaba denuncias y en la sombra, Luis P., le daba las directrices sobre el devenir de aquellas con el fin de mantener los acuerdos publicitarios o para que sus víctimas comprobasen su capacidad de actuación a fin de amilanarlos, tantos a las personas físicas como a miembros de corporaciones.

Una treintena de actuaciones con empresas y bancos para conseguir beneficios económicos

La Sala examina con detalle la treintena de actuaciones de los acusados encaminadas a obtener un beneficio de las distintas entidades con las que se ponían en contacto, algunas de las cuales se consideran como extorsión consumada por haberse llevado a cabo, otras como intento de extorsión cuando no obtenían los resultados esperados y otras que no se han considerado como delito.

Así, el texto refleja la actuación de los acusados con la mayoría de las entidades bancarias del país (BBVA, Cajamadrid, Credit Services, Novagalicia Banco, Catalunya Banc, Unicaja, Banco Sabadell, Banco Santander, Caixabank, Liberbank, Caja León, Caja Jaén, Banco Ceiss, Barclays, Caja Castilla La Mancha, Caja de Ahorros del Mediterráneo, Cajasur, Banco Caixa Geral, Bankia, Mare Nostrum, Banca March o Citibank), empresas como Gas natural Fenosa, Nissan, Volkswagen o Europistas y procedimientos judiciales con gran repercusión mediática como el Caso Noos.

En relación con este último procedimiento, la Sala considera probado que en octubre de 2015 Miguel B.se reunió con el director general de la Fundación La Caixa, Jaume G., con motivo de la retirada de la acusación de Manos Limpias a la Infanta Cristina a cambio de dos millones de euros. Posteriormente, Luis P. se reunió con el directivo del Banco Sabadell Gonzalo B. y le hizo llegar la posibilidad de retirar la acusación contra la Infanta a cambio de tres millones de euros. El directivo denunció los hechos ante la Policía.

No consta que los acontecimientos, dice el Tribunal, “se desenvolvieran en un clima de presión del que se valieran los acusados Luis P. y Miguel B.”. Por este episodio concreto, la Audiencia absuelve a ambos y a la abogada Virginia L.N., que ejercía la acusación en nombre de Manos Limpias.

Delito de extorsión a personas jurídicas ante riesgo reputacional

En su sentencia, ponencia de Teresa Palacios, la Sala descarta la mayor parte de las acusaciones de estafa y rechaza también la existencia de una organización criminal. Se trata, según el tribunal, de un delito de extorsión en donde los sujetos pasivos no tienen el perfil de persona física a los que se puede ocasionar desasosiego, angustia o temor con la puesta en peligro de su libertad o seguridad. En su caso se activaba la vulnerabilidad ante la protección “el valioso activo que representa el riesgo reputacional”.

La Sala explica que las entidades en general y las bancarias en particular, se ven en la necesidad de tener que gestionar la reputación de la entidad, dado que es un activo con gran repercusión económica, pudiendo suponerles publicidad negativa el mero hecho de la publicación de una sentencia adversa.

“Evidentemente, lo han de soportar dado el derecho a la información y en aras de proteger al consumidor frente a sus prácticas. Pero cuando el ejercicio de las acciones judiciales se modula según sean atendidos los requerimientos dinerarios, aparte de que revela quien así actúa que no parece que le importe mucho ni sublima al consumidor que supuestamente ha de defender a través de la interposición de demandas, se puede estar configurando una práctica extorsiva en las que las entidades se vean abocadas a sufragar unos servicios publicitarios que no requerían, a los que se pliegan concertándolos, en evitación del descrédito a que se les podía someter en ese uso desmedido del ejercicio de acciones, y lo que de repercusión pública podía representar con la incidencia negativa antes apuntada a su reputación ,que se recrudecía en los medios de publicidad de Ausbanc, indica.

El tribunal descarta el delito de estafa en la mayor parte de los casos por cuanto se puede comprobar que en algunas situaciones se llegaba a acuerdos extrajudiciales donde por Ausbanc Consumo se imponían condiciones a las entidades bancarias para que cesasen en la práctica que había dado lugar a la formulación de demandas y a sentencias condenatorias, y con ello, se estaban neutralizando tales prácticas delatadas tanto en relación al procedimiento donde se llegaba a dichos acuerdos, como de futuro, y todo ello, beneficiaba al cliente de la entidad condenada.

El Tribunal no aprecia delito de organización criminal

Tampoco aprecia el delito de organización criminal en cuanto que los escritos de acusación del fiscal y de la acusación ejercida por Podemos en relación con el papel criminal de cada uno de los miembros, excepto Luis P., “son ciertamente insuficientes, a no ser aludir al conocimiento y la puesta en práctica de las distintas parcelas en las que estaban los acusados ubicados en la estructura interna de Ausbanc, siendo que cuando se aborda cada uno de los hechos que se verán más adelante, la referencia a los acusados, en varios de los supuestos es nominal, sin más añadido que haber participado o intervenido, no describiéndose los elementos fácticos de una conducta típica que hubiera podido contribuir en pro de la acreditación de la estructura criminal, solo sustentada en las funciones propias de cada uno en el organigrama de AUSBANC, incluso hasta no aparecer citados en el relato acusatorio”.

A lo largo de la sentencia se detalla cómo, en relación con las colaboraciones con AUSBANC, se trasladaba al destinatario la idea de que, de no atenderse a dicha petición, la publicidad para la entidad no sería positiva, lo cual opera como factor inquietante en lo que a la imagen de la entidad supone, al margen de que a su pesar la entidad bancaria se mantuviera en su decisión.

Luis P., según el tribunal, disponía “como arma arrojadiza de los medios publicitarios de Ausbanc modulando la información a su antojo, según se avengan las entidades requeridas a sus lucrativas pretensiones, distanciándose del mero papel ilustrativo e informativo de lo noticiable, para adornarlo positiva o negativamente según interese en función de que se acceda a sus demandas económicas”.

Medios publicitarios de Ausbanc como arma arrojadiza y uso de los consumidores para enriquecerse

El Tribunal fija para Luis P. la pena mayor posible por el delito de extorsión, cinco años de cárcel por su actuación prolongada en el tiempo en la que se valió de la asociación sin ánimo de lucro en lo que su objeto era la defensa y protección de los consumidores para su interés lucrativo.

“Para esa depredación, -subraya- las acciones en pro de aquellos las trasmutó en arma arrojadiza a fin de presionar a las entidades a las que demandaba o en el seno de los procesos judiciales en marcha, modulando su ejercicio, además de valerse de los medios de publicidad de Ausbanc que también atemperaba, orientando la información para desacreditarlas y con ello hacer por doblegar su voluntad, trasladando esa misma forma de operar a causas penales en las que se personó como acusación popular, que venía ejerciendo Manos Limpias, movido por ese afán lucrativo que presidía su conducta”.

El tribunal resalta “la carencia más absoluta de las más elementales normas que debe presidir la sana conducta del que enarbola (sin éxito) actuar exclusivamente en defensa de los consumidores y usuarios, denotando más bien, que su fin primordial no es otro que, a costa de los anteriores, engrosar su propio peculio”.

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Llop: «La transición digital es un vehículo de altísimo valor para fortalecer el Estado de Derecho»

15 de julio, 2021

Presentación de la Carta de Derechos Digitales

Llop: «La transición digital es un vehículo de altísimo valor para fortalecer el Estado de Derecho»

Miércoles 14 de julio de 2021

La ministra de Justicia, Pilar Llop

La ministra de Justicia, Pilar Llop, ha intervenido en la presentación de la Carta de Derechos Digitales, presidida por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y en la que también han participado la vicepresidenta y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, y la ministra de Ciencia e Innovación, Diana Morant.

Llop ha destacado la relevancia de la Carta, que recoge un conjunto de principios y derechos que guiará futuros proyectos normativos y el desarrollo de las políticas públicas, de forma que garantice la protección de los derechos individuales y colectivos de la ciudadanía en los nuevos escenarios digitales.

«La transformación digital no es un fin en sí mismo, sino que es un vehículo de altísimo valor para fortalecer el Estado de Derecho», ha resaltado la ministra de Justicia.

Llop ha señalado que esta Carta no es solo «un marco normativo innovador», sino que, además, «supone una mirada clara sobre el ejercicio de los derechos de las ciudadanas y ciudadanos en el entorno digital, situando a España como país de progreso y motor de principios y valorares democráticos que también se deben garantizar en esta nueva realidad digital».

Prueba de ello es el reconocimiento de derechos como la identidad en el entorno digital, la protección de datos, el pseudonimato, el derecho de la persona a no ser identificada, la ciberseguridad, la herencia digital y el derecho a la neutralidad de Internet, ha expuesto Llop, que también se ha referido a «los imprescindibles» derechos a la libertad de expresión y de información.

La ministra ha añadido que, además, en los procedimientos de transformación digital se aplicará la perspectiva de género y se combatirán las brechas digitales.

Todos estos elementos están plenamente alineados con el proceso de transformación digital que el Ministerio de Justicia está acometiendo en su ámbito de actuación. «Innovación y calidad son claves en este proceso en el que estamos inmersos en el ámbito de la Administración de Justicia», ha dicho Llop, que ha querido agradecer aquí el apoyo del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital en este objetivo.

«Nuestro próximo reto en materia normativa es precisamente el anteproyecto de Ley de eficiencia digital del servicio público de Justicia, cuyo espíritu está plenamente alineado con el de esta Carta, que servirá como soporte normativo esencial para el proceso de transformación digital de la Administración de Justicia», ha señalado.

Finalmente, la ministra ha puesto en valor el trabajo del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, así como de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, en la coordinación y el impulso de la Carta.

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Condenados al pago de multas por cohecho un exalcalde de Alicante y un empresario en la causa relativa al diseño del urbanismo de la ciudad

15 de julio, 2021

Miércoles, 14 de julio de 2021

Condenados al pago de multas por cohecho un exalcalde de Alicante y un empresario en la causa relativa al diseño del urbanismo de la ciudad

La Audiencia Provincial absuelve a otra exalcaldesa y a los cinco acusados restantes por falta de pruebas. El Tribunal valida la mayoría de intervenciones telefónicas realizadas durante la instrucción del procedimiento

Autor: Comunicación Poder Judicial

La Audiencia de Alicante ha condenado al pago de multas de 6.000 y 18.000 euros, respectivamente, al exalcalde de la capital de esta provincia Luis Díaz Alperi y al empresario Enrique Ortiz como autores de un delito de cohecho, en el marco de la causa derivada del llamado ‘caso Brugal’ relativa al diseño del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de la ciudad.

La Sala, en cambio, les ha absuelto, al igual que ha hecho con la también exalcaldesa Sonia Castedo y con los cinco acusados restantes, por falta de pruebas o prescripción de las infracciones penales, de delitos de corrupción de autoridades o funcionarios públicos, tráfico de influencias, prevaricación, revelación de secretos y aprovechamiento de información privilegiada.

La sentencia, que consta de 295 páginas y que ha sido notificada este miércoles a las partes, puede ser recurrida ahora en casación ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo.

Los hechos enjuiciados se remontan a los años 2008, 2009 y 2010, periodo en el que culminó la elaboración del PGOU de Alicante y su exposición pública.

Las magistradas de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial que han dictado la resolución únicamente han considerado como hechos susceptibles de condena el regalo de un bolso de lujo realizado por Enrique Ortiz a Castedo en las navidades de 2008 y el disfrute de un viaje a Creta en avión privado, por importe de 36.000 euros, por parte de Luis Díaz Alperi en agosto de ese año.

Respecto al bolso, sin embargo, el Tribunal considera prescrito el delito de cohecho impropio pasivo en que podría haber incurrido la regidora. En cuanto al viaje regalado a Díaz Alperi, la Sala cree que no ha quedado probado que fuera costeado por Ortiz, sino por otro empresario no acusado en este procedimiento, quien lo hizo “en atención al cargo político” que tenía el entonces alcalde.

La Audiencia ha desestimado la mayoría de cuestiones previas planteadas por las defensas de los acusados relativas a la posible vulneración de derechos fundamentales durante la instrucción.

Así, aunque ha validado la mayoría de las intervenciones telefónicas efectuadas durante la instrucción, sí ha declarado la nulidad de las prórrogas de las escuchas realizadas a la mujer del empresario condenado.

También ha invalidado la validez de las pruebas relativas a las posibles irregularidades del PGOU alicantino recogidas en algunos registros, pues éstos habían sido ordenados para investigar hechos de otra de las ramas del ‘caso Brugal’.

En líneas generales, el Tribunal considera que no existen pruebas de que los exalcaldes Díaz Alperi y Castedo facilitaran información reservada sobre el planeamiento urbanístico ni que influyeran en técnicos y funcionarios para beneficiar a Ortiz a cambio de diferentes dádivas y regalos.

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La CNMC solicita que se aplique de forma urgente en todo el territorio nacional la autorización que permite a las empresas productoras de residuos su gestión de forma colectiva

15 de julio, 2021

La CNMC solicita que se aplique de forma urgente en todo el territorio nacional la autorización que permite a las empresas productoras de residuos su gestión de forma colectiva

30 Jun 2021

Promoción de Competencia

◦La autorización nacional para la creación de los llamados Sistemas Colectivos de Responsabilidad Ampliada del Productor (SCRAPs) está contemplada en la normativa vigente y en el proyecto de ley de residuos.
◦Sin embargo, la falta de desarrollo reglamentario de algunos residuos, como los envases impide que una única autorización sea válida en todo el territorio nacional.
◦De hecho, los interesados en gestionarlos colectivamente deben solicitar una autorización en cada comunidad autónoma donde quieran operar.

La CNMC ha publicado un informe en el que insta a que se aplique de forma urgente en todo el territorio nacional la autorización que permite la creación de los llamados Sistemas Colectivos de Responsabilidad Ampliada del Productor (SCRAPs). (PRO/CNMC/001/21).

Los SCRAPs son organizaciones sin ánimo de lucro que pueden constituir los fabricantes e importadores de productos y que se centran en la recogida, el tratamiento y la recuperación de los mismos. Esta denominación sustituye a los antiguos Sistemas Integrados de Gestión (SIG). Se ha establecido un marco legal por el que este tipo de organizaciones a las que están vinculadas las empresas generadoras de residuos, y en aplicación del principio de “quien contamina paga”, se involucran en la prevención y en la organización de la gestión de los desechos.

En el informe, la CNMC insiste en acelerar al máximo el desarrollo reglamentario de la normativa sectorial de residuos que aún no se ha adaptado al marco normativo. La Comisión, además, sugiere a los órganos de cooperación multilaterales existentes en materia de residuos que adopten las medidas pertinentes para la aplicación real del principio de eficacia nacional de los SCRAPs.

Anteproyecto de Ley de residuos y suelos

En julio de 2020, la CNMC publicó el informe sobre el anteproyecto de ley (APL) de residuos y suelos contaminados (nota de prensa IPN/CNMC/013/20).

Entre otras cuestiones, analizó la responsabilidad ampliada del productor (RAP). Esta transfiere a los fabricantes el coste y la obligación de gestionar los productos que con su uso se convierten en residuos y la creación de los sistemas colectivos de gestión para cumplir con dichas obligaciones.

La Comisión valoró positivamente que se creara una autorización con validez nacional (principio de eficacia nacional) a la hora de constituir dichos sistemas. Ese principio se incluyó expresamente tanto en el anteproyecto de ley como en la Ley 22/2011.

Sin embargo, la CNMC ha tenido conocimiento de que, en la práctica, la validez de la autorización para acceder a los SCRAPs no se está aplicando de forma generalizada. La Ley 22/2011 lo condiciona a un desarrollo reglamentario para cada tipo de residuo, y en algunos de ellos todavía no se ha producido.

Diferencias según el tipo de residuo

Los flujos de residuos que ya cuentan con desarrollo normativo (pilas y acumuladores, vehículos al final de su vida útil y residuos de aparatos eléctricos y electrónicos) han incorporado las previsiones contenidas en la Ley 22/2011 y establecen la validez de la autorización de los SCRAPs en todo el territorio nacional, así como la adaptación de los sistemas colectivos existentes al nuevo marco jurídico. En estos flujos de residuos los Sistemas Integrados de Gestión (SIG) constituidos son numerosos.

Sin embargo, hay otros flujos de residuos pendientes de desarrollo normativo (o cuyo desarrollo no ha introducido las previsiones relativas a la Responsabilidad Ampliada del Productor –RAP-). Entre ellos, se encuentran neumáticos fuera de uso, aceites usados y envases y residuos de envases. Para este tipo de residuos es necesario solicitar una autorización en cada comunidad autónoma si se quieren crear sistemas colectivos de gestión. En este caso, el número de SIG constituidos es muy reducido (dos en neumáticos, dos en aceites industriales usados y uno por cada tipología concreta de residuos de envases).

Envases y residuos

El flujo de los envases y residuos de envases es especialmente relevante por las elevadas cantidades que se generan y, en consecuencia, por el importante volumen de ingresos que gestionan: sus sistemas colectivos de gestión suman alrededor del 80% de todos los ingresos vinculados a la financiación de sistemas colectivos de gestión de residuos en España. En el caso de los envases, cada sistema colectivo está especializado y opera exclusivamente en un tipo de residuos concreto (envases de vidrio, envases de productos agrarios, envases de productos fitosanitarios y fertilizantes, envases ligeros y papel y cartón), por lo que cada SIG es monopolista en ese tipo de residuo.
El caso más relevante es el de los residuos de envases ligeros y papel y cartón, pues los ingresos del sistema que lo gestiona, ECOEMBES, suponen el 70% de todos los ingresos vinculados a sistemas colectivos de gestión de residuos en España.
Impacto para la competencia

Por todo ello, la CNMC señala en su informe que la necesidad de una autorización en cada comunidad autónoma para crear un sistema colectivo de gestión de residuos es una barrera de acceso al mercado con importantes efectos negativos sobre la competencia. Así, implica costes en tiempo y tramitación, dificulta alcanzar economías de escala y puede limitar la eficacia como competidor de un sistema no implantado a nivel nacional versus otro que sí lo esté.

La falta de autorización nacional consolida la posición de mercado de los sistemas ya instalados en detrimento de nuevos entrantes, y facilita que se generen situaciones de monopolio u oligopolio, como es el caso del flujo de los envases y residuos de envases.

Además, la exigencia de autorización en cada comunidad autónoma no es acorde con el principio de eficacia nacional recogido en la Ley de garantía de la unidad de mercado (LGUM) ni en la Directiva de Servicios. Según este principio, un sistema colectivo válidamente establecido en España deberá poder operar en todo el territorio nacional, y no precisará de autorizaciones adicionales salvo por la existencia de una razón imperiosa de interés general, la cual no existe en la normativa de residuos.

La CNMC considera que la competencia entre sistemas colectivos de gestión puede abaratar el coste de gestión de residuos, con la consecuente reducción de precios de los productos para los consumidores finales y, además, puede mejorar el grado de cumplimiento de los objetivos en materia de transición ecológica y economía circular.

La CNMC es el organismo independiente regulador de los mercados y que garantiza y promueve una competencia efectiva. Este informe se emite en ejercicio de las competencias de la CNMC en aplicación del artículo 5.1 de la Ley 2/2013, de 4 de junio, de creación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.

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NextGenerationEU

15 de julio, 2021

NextGenerationEU

Comisión Europea


Haz que sea real

NextGenerationEU es más que un plan de recuperación: es una oportunidad única de salir reforzados de la pandemia, transformar nuestras economías y sociedades, y diseñar una Europa que funcione para todos.

Contamos con todo lo necesario para conseguirlo: tenemos una visión, tenemos un plan y hemos acordado invertir juntos 750 000 millones de euros.

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Juntos, haremos realidad esa Europa.

Haz que sea verde


green future
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No obstante, también tenemos que proteger nuestro entorno natural. Para ello:

mejoraremos la calidad del agua de nuestros ríos y mares, reduciremos los residuos y los desechos plásticos, plantaremos miles de millones de árboles y recuperaremos las abejas;
crearemos espacios verdes en nuestras ciudades y aumentaremos el uso de energías renovables;
haremos que la agricultura sea más respetuosa con el medio ambiente, de modo que nuestros alimentos sean más saludables.
La UE liderará la Acción por el clima, pero todos podemos contribuir: recurriendo al transporte público o la bicicleta, comiendo más verduras y menos carne, comprando productos de segunda mano, o reciclando y reutilizando.

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Haz que sea digital


Make it Digital
El futuro estará impulsado por la tecnología. ¡Hagamos que los próximos diez años sean la década digital de Europa! Gracias a NextGenerationEU:

podrás conectarte donde quieras con la tecnología 5G y la banda ancha ultrarrápida disponible en toda la UE;
recibirás una identidad digital que te facilitará el acceso a los servicios públicos en línea y te dará un mayor control sobre tus datos personales;
nuestras ciudades serán más inteligentes y eficientes;
las compras en línea serán más seguras;
la inteligencia artificial nos ayudará a combatir el cambio climático y a mejorar la asistencia sanitaria, el transporte y la educación.
La UE financia cursos de formación en línea para que todos, jóvenes o mayores, podamos mejorar nuestras capacidades digitales. Estamos ayudando a las pequeñas y medianas empresas a operar en internet y haciendo que la enseñanza en línea sea más accesible.

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Haz que sea saludable

make it healthy

La pandemia de coronavirus nos ha afectado a todos, ya sea física, mental o socialmente. Ahora queremos construir una UE más segura y saludable para estar mejor preparados ante cualquier crisis futura.

Gracias a NextGenerationEU:

trabajaremos con todos los países de la UE para estar protegidos ante las amenazas para la salud;
invertiremos más en investigación e innovación para desarrollar vacunas y tratamientos, no solo para nuevas enfermedades como el coronavirus, sino también para el cáncer;
modernizaremos nuestros sistemas sanitarios para que los hospitales de todos los países de la UE tengan un mejor acceso a las nuevas tecnologías y a suministros médicos;
financiaremos la formación de los profesionales médicos y sanitarios europeos.
Juntos podemos hacer que Europa sea más saludable, pero no hablamos solamente de acciones a gran escala. Una buena alimentación y la práctica habitual de ejercicio pueden contribuir mucho a nuestro bienestar físico y mental.

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Haz que sea fuerte


Make it Strong
La pandemia nos ha afectado a todos. Muchos han sufrido la enfermedad o han perdido a un ser querido, otros han perdido su empleo o su fuente de ingresos. Ahora queremos construir una Europa más fuerte y resiliente.

Gracias a NextGenerationEU:

estamos animando a los jóvenes a realizar estudios científicos y tecnológicos, que abren puertas a los empleos verdes y digitales del futuro;
estamos apoyando la educación continua y la formación de aprendices;
estamos ofreciendo préstamos y subvenciones a jóvenes emprendedores.
Pero la UE también está ayudando a muchos sectores a recuperarse. Estamos impulsando el apoyo al turismo, la cultura y las artes en toda la Unión y haciéndolos más digitales y sostenibles.

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Haz que sea igualitario


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Desde el norte hasta el sur y desde el este hasta el oeste, queremos construir una Europa que funcione para todos. Queremos que todos los europeos tengan las mismas oportunidades, sean quienes sean y vivan donde vivan, y queremos celebrar la diversidad en todas sus formas.

Gracias a NextGenerationEU:

estamos luchando contra el racismo y la xenofobia;
estamos promoviendo la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres;
estamos protegiendo los derechos de la comunidad LGBTQI+ y luchando contra la discriminación;
estamos reforzando el Derecho de la Unión para que abarque todas las formas de incitación al odio y de delitos motivados por el odio.
La igualdad también implica oportunidades económicas y sociales para todos. Gracias a NextGenerationEU, estamos impulsando las oportunidades de empleo para las personas con discapacidad, así como para las que viven en zonas rurales, remotas o desfavorecidas. Estamos ayudando a más personas a conseguir una vivienda digna y adecuada. Y estamos invirtiendo en una educación inclusiva para la infancia, independientemente del origen, la situación o las necesidades especiales.

Todos podemos contribuir promoviendo la igualdad de oportunidades y denunciando la discriminación y la incitación al odio, tanto en la vida real como en línea.

Con NextGenerationEU, estamos preparados para construir una Europa para todos, ¿te apuntas?

Experiencias de recuperación
Pronto encontrarás aquí más información sobre proyectos financiados con cargo a NextGenerationEU en tu zona. Mientras tanto, aquí tienes algunas de las cincuenta y una experiencias de personas y comunidades reales de toda Europa que, gracias a la ayuda de la UE, han superado problemas causados por la pandemia.

Consulta las demás experiencias positivas de recuperación del coronavirus.

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Arranca la construcción del ‘Square Kilometer Array’ (SKA), el mayor radiotelescopio del mundo

15 de julio, 2021

Con participación de Mitma

Arranca la construcción del ‘Square Kilometer Array’ (SKA), el mayor radiotelescopio del mundo

Viernes 9 de julio de 2021

El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma), a través del Observatorio Astronómico Nacional y del Observatorio de Yebes, adscritos al IGN, ha estado presente en los 30 años de trabajos de diseño técnico y de preparación científica.

El Consejo de Dirección del SKA, que cuenta con la participación del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma), a través del director del Observatorio Astronómico Nacional, adscrito al Instituto Geográfico Nacional (IGN), en su reunión del 24 y 25 de junio dio luz verde para la construcción del que está llamado a ser el mayor radiotelescopio del mundo, el Square Kilometer Array (SKA).

Con ello se culminan 30 años de trabajos de diseño técnico y de preparación científica llevados a cabo por un gran consorcio internacional en el que Mitma, a través del Observatorio Astronómico Nacional y del Observatorio de Yebes, ambos adscritos al IGN, ha estado presente desde sus inicios.

Dos sedes y un presupuesto de 1.500 millones de euros

El nuevo observatorio, especializado en ondas largas, desde centimétricas hasta métricas, tendrá dos sedes para la observación astronómica: una en Sudáfrica, y otra en Australia occidental, que estarán especializadas en diferentes rangos de longitud de onda. Se trata de sitios remotos de alta calidad atmosférica y baja contaminación radioeléctrica.

Respecto al presupuesto para la construcción de este observatorio colosal, asciende a los 1.500 millones de euros. La gestión del proyecto la realiza el Observatorio SKA (SKAO), una organización intergubernamental regida por un tratado internacional que ya ha sido ratificado por Australia, China, Italia, Países Bajos, Portugal, Sudáfrica y el Reino Unido, donde se ha instalado la sede central. Tanto España como Francia se encuentran en el proceso de adhesión al tratado. Además, hay más participantes en el proyecto, como Canadá, Alemania, India, Nueva Zelanda, Suecia y Suiza.

En concreto, la participación española en el proyecto SKA está siendo coordinada y gestionada desde el Ministerio de Ciencia e Innovación. Por su parte, en el diseño y en los trabajos de preparación científica, además del IGN, están involucrados el Consejo Superior de Investigaciones Científicas y varias universidades. Asimismo, varias empresas españolas obtendrán importantes contratos de alto valor tecnológico para participar en los trabajos de construcción.

Los retos tecnológicos asociados a la construcción de SKA incluyen la producción masiva de sistemas de radiofrecuencia, la puesta en marcha de redes ópticas de larga distancia y alta capacidad y su sincronismo asociado, supercomputación y almacenamiento masivo de información, eficiencia energética, nuevas tecnologías de procesado y un largo etcétera.

Cuando el Observatorio esté construido en el horizonte de 2030, se espera que se produzca una revolución en numerosos campos de investigación astronómica, desde la formación de estrellas y galaxias, hasta el estudio de la misteriosa energía oscura que domina la composición del universo.

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Pilar Llop recibe la cartera de Justicia de manos de su predecesor, Juan Carlos Campo

14 de julio, 2021

Pilar Llop recibe la cartera de Justicia de manos de su predecesor, Juan Carlos Campo

Lunes 12 de julio de 2021

La nueva ministra de Justicia ha agradecido la confianza que ha sido depositada en ella por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y ha puesto en valor la capacidad de diálogo y de llegar a acuerdos del ministro saliente, Juan Carlos Campo.

Pilar Llop recibe la cartera ministerial de manos de su antecesor en el cargo, Juan Carlos Campo,

Pilar Llop ha recibido la cartera de Justicia de manos de su predecesor, Juan Carlos Campo. Llop ha tomado posesión de la cartera en un acto, celebrado a las 12:45 horas en el Palacio de Parcent, al que han asistido el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska; el ministro de Presidencia, Félix Bolaños; la ministra de Igualdad, Irene Montero; la delegada del Gobierno en Madrid, Mercedes González; la presidenta del Consejo de Estado, Mª Teresa Fernández de la Vega; la presidenta del Tribunal de Cuentas, María José de la Fuente; la fiscal general del Estado, Dolores Delgado; el Secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez; la directora general de la Guardia Civil, María Gámez; el presidente de la Audiencia Nacional, José Ramón Navarro; el secretario de Estado de Justicia, Pablo Zapatero; la abogada general de Estado, Consuelo Castro; y el subsecretario de Justicia, Miguel Bueno, entre otros.

En su intervención, la nueva ministra de Justicia ha agradecido la confianza que ha sido depositada en ella por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y ha puntualizado que «ser ministra de Justicia es gran un honor que asumo con todo el respeto y que asumo con toda la responsabilidad».

La ministra de Justicia ha destacado la importancia del diálogo: «España ha demostrado a lo largo de la pandemia que el diálogo territorial y entre las distintas administraciones es la clave para salir cuanto antes de la crisis con el menor daño posible».

En este sentido, Llop ha puesto en valor la capacidad de diálogo y de llegar a acuerdos del ministro saliente, Juan Carlos Campo. Del mismo modo ha señalado la importancia de dialogar con las Comunidades Autónomas con las competencias transferidas, con los ayuntamientos, así como con las distintas administraciones, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), direcciones generales y los distintos colectivos profesionales.

La nueva ministra ha señalado su vocación por el servicio público y la ilusión con la que afronta esta nueva etapa llena de retos para la Administración de Justicia. Del mismo modo, Llop ha hecho hincapié «en que», tanto «para ella como para el Gobierno de España, la igualdad entre mujeres y hombres, la transición ecológica y la transición energética, son cuestiones nucleares».

Por su parte, Campo ha agradecido el esfuerzo y el cariño que ha recibido por todo el equipo de Justicia durante este periodo al frente del Ministerio, y le ha deseado lo mejor a la nueva ministra: «Pilar, querida ministra enhorabuena, te deseo todo lo mejor».

El hasta ahora titular de la cartera de Justicia también ha querido agradecer el apoyo recibido por las Comunidades Autónomas, la Fiscalía General del Estado, el CGPJ, los colectivos profesionales de la abogacía, los procuradores, notarios, registradores y graduados sociales, letrados y profesionales de la Administración de Justicia, así como otros operadores y asociaciones relacionados con el sector.

Llop, que hasta hoy ostentaba el cargo de presidenta del Senado, es jueza y política, especialista en violencia de género y en cooperación internacional de la Administración de Justicia.

Como magistrada especialista en violencia machista, ha ostentado cargo en el juzgado de violencia de género número 5 de Madrid y, como letrada, en el Gabinete técnico del Consejo General del Poder Judicial, con responsabilidades como la jefatura de la Sección Observatorio Violencia Doméstica y de Género, la Secretaría de la Comisión de Igualdad, la Secretaría del Foro Justicia y Discapacidad, y el Comité de Dirección del CGPJ.

En 2015 deja la carrera judicial para ser diputada por el grupo socialista en la Asamblea de Madrid hasta 2018. Allí ejerció además como portavoz del PSOE en las comisiones de Estatuto de Autonomía, Reglamento y Estatuto del Diputado, y en la de Justicia. En julio de 2018 es nombrada delegada del Gobierno para la Violencia de Género, y en 2019, senadora por designación de la Asamblea de Madrid.

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UGT reclama limitar el precio de los alquileres y vincularlos a los ingresos de los hogares

14 de julio, 2021

UGT reclama limitar el precio de los alquileres y vincularlos a los ingresos de los hogares

08 Julio 2021

Es urgente situar la vivienda en el campo de los bienes esenciales, arrancándola de las garras del negocio y la inversión especulativa. UGT considera que las trabajadoras y trabajadores españoles llevamos décadas soportando las consecuencias de unas políticas de vivienda equivocadas y radicalmente injustas. Lo que debería ser un derecho fundamental real, no solo constitucional, es un problema estructural que impide la emancipación de las personas jóvenes, consume una parte desproporcionada de los recursos de las familias, y hunde en la pobreza y el desarraigo a quienes se ven privados de su vivienda como consecuencia de desahucios o desalojos.

Es un problema complejo, viene de lejos, e intervienen muchos factores, pero necesitamos normas y actuaciones diferentes. Pretender que la libertad de mercado podría dar respuesta a un derecho ciudadano básico se ha demostrado enormemente erróneo y lo hemos pagado muy caro. Por eso hay que dar un giro radical a las políticas de vivienda. UGT lleva años presentando iniciativas y propuestas cuyo eje central es la promoción pública de un parque de viviendas en alquiler, el control de precios del alquiler, y la reordenación de un sector configurado para el negocio y no para la provisión de un servicio esencial. En la revista de información sindical UNIÓN de esta semana se analizan en detalle estas propuestas.

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