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Cuatro de cada diez empresas creadas en España en 2019 se dedicaron a construcción, hostelería y turismo

10 de julio, 2020

Cuatro de cada diez empresas creadas en España en 2019 se dedicaron a construcción, hostelería y turismo

08/07/2020 | Notas de Prensa. registradores.org

Andalucía y Madrid crearon respectivamente una de cada cinco empresas del sector turístico en España durante 2019

Como muestra de dinamismo empresarial, la constitución de sociedades en los RR.MM. de las diversas CC.AA. en relación al número de habitantes de cada comunidad, mostró en primer lugar a Madrid, que creó una empresa por cada 300 habitantes, seguido de Baleares, una por cada 378, Cataluña (una por cada 420 habitantes) y Valencia, que creó una empresa por cada 454. Estas comunidades mostraron mayor dinamismo que la media nacional, que se situó en una empresa creada por cada 495 habitantes. En el lado opuesto se situaron Extremadura (1 por cada 935 habitantes), seguida de Cantabria (1 por cada 901 habitantes), Castilla la Mancha (1 por cada 872) y Asturias (1 por cada 866 habitantes).

Estos datos forman parte de la Estadística del año 2019 realizada por el Registro Mercantil Central, responsable entre otras funciones, de dar publicidad a los actos sociales que se inscriben en los registros mercantiles provinciales. Se incluyen los principales actos registrales con mayor incidencia económica, con amplios desgloses geográficos y sectoriales de actividad, enfocados en el ámbito de las nuevas sociedades creadas. Consultar en: http://www.rmc.es/estadisticas/EstadisticaSocietaria.aspx.

La constitución de sociedades en los RR.MM. del tipo societario mercantil más habitual, las sociedades limitadas, durante 2019, en relación al número de habitantes por provincia, como muestra de dinamismo empresarial, mostró en primer lugar a Madrid (3,2 empresas creadas por cada mil habitantes), seguida de Málaga (3,1), Barcelona (2,54), Baleares (2,5) y Alicante (2,47). En sentido contrario, las que crearon menos de una SL por cada mil habitantes fueron Palencia (0,76), seguida de Jaén (0,77), Teruel (0,8), Cáceres (0,82) y Burgos (0,98).

Con relación a la distribución sectorial de la actividad, en los diferentes niveles de nuestra geografía, medida a través de los objetos sociales declarados en las nuevas constituciones inscritas en los RR.MM., el estudio realizado muestra claramente el patrón económico estructural de España, más allá de las situaciones de crisis puntuales.

Como puede apreciarse en el gráfico posterior, de las cerca de 95.000 empresas creadas en 2019, más de 27.000 pertenecían al sector de la construcción y más de 9.000 a hostelería, a las que habría que añadir un millar dedicadas al turismo. Es decir, construcción y hostelería junto con turismo representaron casi cuatro de cada 10 empresas creadas.

Resulta destacable también cómo, durante los tres últimos años, ganan peso relativo y crecen significativamente las empresas creadas dentro de los sectores de energía y energías alternativas, siendo estos sectores de gran valor añadido y por tanto muy importantes para la competitividad actual y, sobre todo, futura de nuestra economía.

En el estudio, se informa sobre la distribución territorial de los diferentes sectores y la participación de cada comunidad autónoma sobre el total nacional. Centrándonos en los sectores mencionados antes, por su importancia actual en unos casos y futura en otros, las CC.AA. que destacan en construcción son Madrid y Cataluña: en cada una de ellas se creó una de cada cinco empresas españolas del sector, seguidas muy de cerca por Andalucía, con el 18,4% de las constituidas a nivel nacional.

Sobre el sector de la hostelería, las CC.AA. que más empresas crearon fueron nuevamente Madrid y Barcelona, prácticamente con la misma proporción de empresas creadas sobre el total nacional que las del sector anterior, una de cada cinco, seguidas de Andalucía, en esta ocasión a más distancia, con el 17,3% de las nacionales.

En el sector del turismo, la mayor participación sectorial de nuevas empresas en España le corresponde a Andalucía, con el 20,3% del total nacional, seguida de Madrid, con el 19,7% y a cierta distancia por Cataluña, con el 17,5%.

Si nos centramos en los sectores de la energía y energías alternativas, que fueron los que mayor crecimiento relativo mostraron en 2019, destaca Madrid, que aglutina por sí sola una de cada tres empresas creadas en España en este sector.

Domiciliación societaria por sectores de actividad. Año 2019

Ámbito provincial. (10 primeras)

Ampliando el análisis a las energías renovables, una clara opción de futuro inmediato y a largo plazo para nuestro país, se aprecia que la Comunidad de Madrid, lidera la creación de empresas en el sector con el 30,4%, doblando a la siguiente, Cataluña, con el 14,9%, seguida de Andalucía con el 12,9% y la Comunidad Valenciana, con el 11,4%.

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El Gobierno aprueba el plan de choque para hacer frente a la litigiosidad postcovid-19 y una reforma radical de transformación social en materia de discapacidad

10 de julio, 2020

Consejo de Ministros

mjustica.gob.es

El Gobierno aprueba el plan de choque para hacer frente a la litigiosidad postcovid-19 y una reforma radical de transformación social en materia de discapacidad

• El Ministerio de Justicia ha elevado hoy a Consejo de Ministros el paquete de actuaciones por objetivos valorado en más de 50 millones para reactivar la Justicia.

• Impulsa un cambio social definitivo sobre la capacidad de obrar de las personas con discapacidad, procurando un apoyo a la medida de cada circunstancia personal y atendiendo a la voluntad de las mismas en la toma de decisiones.

7 de julio de 2020.- El Gobierno, a propuesta del ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha aprobado hoy el plan de choque para aliviar la acumulación de litigios derivada de la crisis sanitaria. Con una dotación económica de más de 50 millones de euros, su objetivo es recuperar la normalidad en los órganos judiciales y aportar mecanismos, recursos y soluciones a las necesidades inmediatas de la Justicia.

Durante su intervención en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Campo ha detallado las medidas contenidas en el plan que se desplegará a lo largo de dos fases en los órdenes de lo social, mercantil y contencioso-administrativo y que afectará a un total de 315 juzgados.
En la primera fase, entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de 2020, la intervención tendrá lugar en los juzgados con mayor carga de trabajo.
En la segunda fase, que se iniciará el 1 de enero de 2021, se dispondrá de información más completa respecto al volumen de demandas presentadas y su tiempo de resolución, lo que permitirá definir la extensión de las medidas a aplicar para su desarrollo posterior.

Se aplicarán medidas de autorrefuerzo en los partidos judiciales con un volumen de trabajo superior al 130% del módulo de entrada determinado por el Consejo General del Poder Judicial. La participación del personal de los juzgados en estos programas de actuación por objetivos se reconocerá con una retribución extraordinaria.

Además, se desplegarán refuerzos externos en los órganos judiciales que asumirán un volumen de trabajo superior al doble del módulo de entrada fijado por el CGPJ, así como para aquellos otros que, sin superarlo, presenten cifras de causas pendientes elevadas.
Por último, se contemplan medidas estructurales como es la creación de 21 nuevos órganos judiciales para absorber y minimizar el impacto del incremento de procedimientos.

En su intervención Campo ha advertido de que se trata de un plan de actuaciones por objetivos sobre las que habrá un seguimiento constante y que permitirá la posibilidad de cambiar y acelerar respuestas a los distintos escenarios que puedan darse en los juzgados en esta etapa postcovid.

Reforma procesal y civil en materia de discapacidad

Sobre la reforma procesal y civil en materia de discapacidad a la que hoy ha dado luz verde el Gobierno, el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha señalado que se está actuando de manera contundente para conseguir que la toma de decisiones de las personas con discapacidad sea fruto de su voluntad y preferencias, y no sean sustituidas en la toma de decisiones de lo que les afecta. “Es una norma que implanta un cambio de paradigma”, ha apostillado.

La reforma evitará que, como ocurría hasta ahora, un altísimo porcentaje de las denuncias o avisos recibidos por la fiscalía terminasen en la incapacitación de miles de personas, “lo que implica la muerte civil de las mismas”, ha señalado Campo. Esta Ley provee de un apoyo adaptado a cada una de las circunstancias, según el titular de Justicia.

Inspirada en el artículo 10 de la Constitución, responde con rotundidad al respeto a la dignidad de la persona, en la tutela de sus derechos fundamentales y en el respeto a la libre voluntad de la persona con discapacidad.

Supone un cambio importante de terminología, relegando los términos de “incapacidad” e “incapacitación” por otros más precisos y respetuosos, en línea con la reiterada posición ministerial de la importancia que tiene el lenguaje en el ámbito jurídico.

El núcleo principal del proyecto es la regulación de las medidas de apoyo que precisen las personas mayores de edad o emancipadas, para que puedan desarrollar plenamente su personalidad y desenvolverse jurídicamente en condiciones de igualdad. Deben ajustarse a los principios de necesidad y proporcionalidad y atender a la voluntad, deseos y preferencias de la persona que requiera la medida.

En definitiva, la nueva ley persigue que las personas con capacidad puedan ejercer su capacidad jurídica en el futuro de una forma mucho más autónoma y con menos tutelaje.

Campo ha agradecido la aportación a la Ley por parte de colectivos como CERMI, y espera que la tramitación parlamentaria de la Ley se haga de la manera más rápida posible, bajo el paraguas del mayor consenso político.
El ministro, que ha mencionado los distintos impulsos normativos por parte del Gobierno progresista, asegura que es una Ley que “nos afecta como sociedad y de la que tenemos que sentirnos orgullosos porque nos permite ser más iguales”.

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El Real Decreto de metodología para calcular los cargos de la factura de electricidad arranca su período de información pública

10 de julio, 2020

En cumplimiento de la normativa europea

El Real Decreto de metodología para calcular los cargos de la factura de electricidad arranca su período de información pública

Martes 7 de julio de 2020

lamoncloa.gob.es

La metodología propuesta en el proyecto de Real Decreto establece que el cálculo de los cargos tendrá una parte fija y una variable, que se determinará en función de la energía consumida. De esta manera, las medidas de ahorro y eficiencia energética tendrán un mayor efecto sobre la factura. También favorece el autoconsumo.

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) ha iniciado hoy el periodo de información pública del Real Decreto por el que se establece la metodología de cargos del sistema eléctrico que, junto a los peajes del sistema -fijados por la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia (CNMC)-, componen la parte regulada de la factura de electricidad de todos los consumidores, que se suma al coste de energía consumida. La norma que se somete audiencia pública no establece los cargos concretos, sino el método para su cálculo, paso previo y preceptivo de acuerdo con la normativa comunitaria.

Se estima que el efecto combinado de los cargos de este proyecto de Real Decreto y de los peajes fijados según la metodología de la CNMC resultará en una factura eléctrica total con un mayor componente variable -es decir, dependiente de la energía consumida- para todos los consumidores, lo que permitirá que cualquier medida de ahorro y eficiencia energética tenga un impacto positivo para el usuario. De igual modo, incentiva la instalación de sistemas de autoconsumo.

Marco más seguro, predecible y estable

En enero de 2019, y en cumplimiento con el marco regulatorio de la Unión Europea, el Consejo de Ministros estableció un nuevo reparto competencial entre el Gobierno y el regulador del mercado interno de la electricidad, la CNMC, garantizando así su total independencia.

En virtud de este nuevo marco regulatorio, que otorga seguridad jurídica, predictibilidad y estabilidad a los ciudadanos y a los agentes del sector eléctrico, las denominadas tarifas del sector eléctrico -la parte regulada del recibo de la luz- pasaron a ser sustituidas por dos conceptos: los peajes de acceso a las redes de transporte y distribución, cuya determinación corresponde a la CNMC, y para los que ya ha publicado una circular con su estructura y metodología de cálculo; y los cargos del sistema, que ha de fijar el Gobierno. Con este proyecto de Real Decreto se configura la estructura y metodología para hacerlo.

Con los peajes, el consumidor eléctrico cubre los costes del uso de las redes de transporte y distribución de la energía eléctrica. Los cargos, por otro lado, agrupan otros costes del sistema como pueden ser la financiación de las energías renovables y la cogeneración, la financiación del déficit de ejercicios pasados y el 50% de los sobrecostes que supone la generación eléctrica en territorios no peninsulares, dada su condición de insularidad.

La metodología que se articula en el proyecto de Real Decreto toma en consideración los principios de política energética -entre ellos, los de objetividad, transparencia y no discriminación- y, en términos generales, mantiene el porcentaje equivalente de coste que, hasta el momento, asumían los consumidores por estos conceptos. Con ello, se evita generar efectos redistributivos entre consumidores como consecuencia de la nueva metodología.

Mayor peso al componente variable de los cargos

Los cargos, por regla general, son fijos y su cantidad es independiente del consumo dado que derivan, fundamentalmente, de decisiones de política energética adoptadas en el pasado. Sin embargo, y como principal novedad, el proyecto de Real Decreto establece que el cálculo de los cargos tendrá una parte fija y una variable, que se determinará en función de la energía consumida por el usuario en su vivienda, empresa o industria.

En concreto, en el caso de los consumidores con menos del 15kW de potencia contratada -la mayoría de los usuarios domésticos y pymes-, el 75% de los cargos se calculará en base a su consumo energético, y el 25% restante serán de término fijo, en función de su potencia contratada. Para el resto de los consumidores, el 40% de los cargos se recuperará a través del término fijo y el 60% a través del término variable.

De esta manera, las medidas que promuevan el ahorro y eficiencia energética tendrán un mayor efecto sobre la cantidad que se abona en concepto de cargos, reduciéndolos en mayor proporción. Con ello también se promueve el autoconsumo, que reduce la energía consumida al incluir los excedentes de producción, o el despliegue de infraestructuras de recarga rápida de vehículos eléctricos, al favorecer la gestión de la demanda. Con el objeto de mantener equilibrio con otras prioridades de política energética, se mantiene una parte fija de los cargos. Con ello, se mantiene el incentivo para la electrificación de usos finales de energía, como es el caso, por ejemplo, de las bombas de calor, cuyo uso podría resultar más ventajoso frente a otras opciones basadas en combustibles fósiles.

Coherencia para el sistema

Con el objetivo de dotar de coherencia y simplicidad al sistema, el proyecto de Real Decreto asume la misma estructura tarifaria, por niveles de tensión, que la fijada por la CNMC en su metodología para el cálculo de los peajes de transporte y distribución de electricidad. Asimismo, se utilizan los mismos componentes de facturación y se ha optado por una estructura de cargos con discriminación horaria, empleando para ello el mismo diseño de periodos que el propuesto por la Comisión para los peajes.

La metodología de cargos establecida en este proyecto de Real Decreto determina los criterios para el reparto de los cargos pero no fija su importe total. De hecho, la metodología de cargos no determina por sí misma el precio final de los cargos en la factura, sino que será la evolución de la demanda del resto de costes e ingresos regulados del sistema, como por ejemplo las subastas CO2, la que marque el coste de los cargos en cada ejercicio. Se establecerán mediante orden ministerial con la suficiente antelación, del mismo modo que la CNMC habrá de emitir una resolución determinando los peajes correspondientes.

La metodología establecida de cargos se actualizará cada seis años aunque, con carácter excepcional, podrá revisarse si se producen circunstancias especiales debidamente justificadas como cambios en los componentes que forman parte de los cargos del sistema eléctrico o modificaciones en la normativa europea, entre otros.

Por último, el proyecto de Real Decreto modifica la normativa que regula actualmente el Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor, para adaptarla a la nueva estructura de peajes y cargos y, por otro lado, aprueba una metodología para calcular el coste derivado de la emisión de las refacturaciones por parte de los comercializadores, en ejecución de diversas sentencias recaídas en la materia.

Una vez sustanciado el periodo de consulta pública y estudiadas las alegaciones recibidas, el proyecto de Real Decreto continuará su tramitación hasta ser elevado al Consejo de Ministros para su debate y, en su caso, aprobación. Una vez ello ocurra, se iniciará el proceso de elaboración de la orden ministerial que fije los cargos del ejercicio correspondiente.

En coherencia con la propuesta de la CNMC, la aplicación de los nuevos cargos no se producirá antes del 1 abril de 2021.

El período de información pública concluye el próximo 28 de julio.

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Un juzgado ratifica la decisión de Sanidad de confinar un edificio de Albacete por riesgo de transmisión del COVID-19

10 de julio, 2020

Lunes, 6 de julio de 2020

Un juzgado ratifica la decisión de Sanidad de confinar un edificio de Albacete por riesgo de transmisión del COVID-19

La ratificación judicial de la resolución administrativa es necesaria al limitarse derechos fundamentales. El Auto establece un plazo máximo de 14 días de las medidas de confinamiento y aislamiento establecidas en el inmueble. La autoridad sanitaria deberá informar semanalmente al juzgado competente de la evolución de la salud de las personas confinadas

Autor:Comunicación Poder Judicial

El Juzgado de Instrucción nº 1 de Albacete (en funciones de guardia) ha dictado Auto, con fecha 5 de julio de 2020, por el que se ratifica la medida de confinamiento de un edificio de viviendas adoptada por la Delegada Provincial de Sanidad en Albacete tras detectarse dos brotes de COVID-19.

La intervención judicial en este caso es necesaria puesto que la resolución administrativa limita derechos fundamentales, en este caso la restricción de la libertad de 20 vecinos que habitan en el edificio.

El Auto de ratificación de medidas sanitarias urgentes se ha dictado tras recabar informe del Ministerio Fiscal, que no se ha opuesto a la medida, y del médico forense, que estima procedentes las medidas sanitarias urgentes adoptadas por la Delegación de Sanidad en Albacete y considera razonable un plazo de 14 días de vigencias de las mismas.

La resolución judicial recoge en su fundamentación jurídica abundante normativa estatal y autonómica, así como Jurisprudencia del Tribunal Constitucional y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Entre las leyes que justifican la decisión de confinamiento del edificio se encuentra la Ley General de Sanidad 14/1986, de 25 de abril; la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, sobre Medidas Especiales en Materia de Salud Pública; o la Ley 5/2010, de 24 de junio, sobre derechos y deberes en materia de Salud de Castilla-La Mancha.

A la vista del informe del médico forense, el Auto recoge que la medida acordada por la autoridad sanitaria, que ahora se ha ratificado, persigue un fin constitucionalmente legítimo, esto es, tratar de impedir un pico agudo de infecciones por COVID-19, reducir el riesgo de colapso de los sistemas de salud, y proporcionar más tiempo para el desarrollo de un tratamiento o una vacuna. Por todo ello procede el confinamiento y aislamiento de los vecinos del edificio, con el fin de controlar la transmisión de la enfermedad, así como la adopción de las medidas oportunas para el control de los enfermos y de las personas que hayan estado en contacto con los mismos.

La parte dispositiva del Auto, además de ratificar la resolución de la Delegada Provincial de Sanidad en Albacete, establece a qué vecinos en concreto afecta la medida de confinamiento, 20 personas en total, así como la vigencia de la misma que se establece para un plazo máximo de 14 días.

El Auto ordena también que la autoridad sanitaria remita al juzgado competente comunicación semanal de la evolución de salud de las personas confinadas, mientras dure el aislamiento, y de las razones por la que se mantenga, no siendo necesaria ratificación judicial cuando se alcen las medidas limitativas de libertad.

Será la Jurisdicción Contencioso-Administrativa la que siga tramitando el procedimiento al ser la competente, habiendo actuado el Juzgado de Instrucción nº 1 de Albacete por estar de guardia y haberse adoptado la resolución de la Delegación de Sanidad en día inhábil.

El Auto es susceptible de recurso de apelación ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJCLM.

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Cantabria a pie

9 de julio, 2020
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El Gobierno prorroga las ayudas a las hipotecas, al alquiler y a los suministros básicos hasta finales de septiembre

9 de julio, 2020

El Gobierno prorroga las ayudas a las hipotecas, al alquiler y a los suministros básicos hasta finales de septiembre

Martes 7 de julio de 2020

La Moncloa, Madrid – 07/07/20

lamoncloa.gob.es

El Ejecutivo ha ampliado las medidas aprobadas en el estado de alarma para aliviar la carga financiera de las hipotecas, los créditos no hipotecarios y el alquiler, así como para garantizar los suministros básicos a los colectivos más vulnerables. Además, ha acordado iniciativas para reactivar la economía en los ámbitos del transporte y la vivienda y ha reformado la justicia en materia de discapacidad.

El vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Iglesias, ha afirmado que el Gobierno ha construido un escudo social, «seguramente mejorable y limitado, pero sin precedentes en la historia» para paliar la situación de los ciudadanos más afectados por las consecuencias del COVID-19.

En este sentido, ha recordado que el Ejecutivo prorrogó los beneficios de los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTES) hasta el 30 de septiembre, y acordó ayudas de apoyo para el sector turístico. Además, ha argumentado que, para «no dejar a nadie atrás», las medidas adoptadas hoy responden a criterios de justicia social y a una necesidad de eficacia económica.

Alivio de la carga financiera de hipotecas y créditos no hipotecarios

El vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo IglesiasPool Moncloa /JM CuadradoPablo Iglesias ha explicado que, con el fin de aliviar la carga financiera de las personas en situación de vulnerabilidad, la moratoria hipotecaria sobre la vivienda habitual, inmuebles afectos a actividades económicas y viviendas destinadas al alquiler se podrá solicitar hasta el 29 de septiembre y tendrá una duración de tres meses. A 30 de junio, se ha concedido esta ayuda a más de 200.000 personas, el 83% de las solicitudes registradas.

Igualmente, la moratoria sobre créditos sin garantía hipotecaria y créditos al consumo, de la que se han concedido más de 384.000 solicitudes -el 85% de las presentadas-, se extiende en el mismo plazo.

Protección a los arrendatarios vulnerables

El vicepresidente ha indicado que la prórroga de los seis meses de los contratos de arrendamiento sobre vivienda habitual se podrá solicitar hasta el 30 de septiembre. Se amplía también a esa fecha el plazo para solicitar la moratoria, el aplazamiento del pago de la renta, o la condonación total o parcial de la misma, de los contratos de arrendamiento de vivienda, en caso de que el arrendador sea un gran tenedor, para aquellos hogares en situación de vulnerabilidad económica.

Garantizados los suministros básicos

Con el objetivo de garantizar el acceso a los suministros básicos de los consumidores vulnerables, Pablo Iglesias ha anunciado que se amplía el bono social hasta el 30 de septiembre. Además, se amplía la garantía de suministros de agua y energía a consumidores domésticos, en vivienda habitual, hasta la misma fecha. Esto se suma, ha indicado el vicepresidente, a la paralización de los desahucios, que estará vigente hasta el 2 de octubre de 2020.

Reactivación en los ámbitos del transporte y la vivienda

El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto-ley que recoge medidas para reactivar la economía en los ámbitos de los transportes y de la vivienda y afrontar el impacto del coronavirus.

El ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, ha explicado que la norma tiene tres objetivos: proteger la salud de los trabajadores y viajeros, garantizando la disponibilidad de los bienes y los servicios esenciales; proporcionar liquidez a las empresas del sector del transporte para preservar su variabilidad, potenciar su actividad e impulsar su recuperación; y reducir las cargas administrativas.

El ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis ÁbalosPool Moncloa /JM CuadradoEl importe económico de las medidas para empresas privadas del sector del transporte y para la reducción de tasas portuarias asciende a 663 millones de euros, a los que hay que sumar 1.000 millones para aumentar la capacidad de endeudamiento de RENFE, con el fin de compensar la caída de la demanda e impulsar la recuperación de servicios. Otros 110 millones van destinados a la Sociedad Estatal de Infraestructuras de Transporte Terrestre (SEITTSA) para que atienda sus compromisos de obras públicas en curso.

José Luis Ábalos ha precisado que estos fondos se suman a los 800 millones de euros destinados al transporte público en las comunidades autónomas y a las ayudas fiscales al sector para dar respuesta al impacto del coronavirus.

El ministro ha precisado que, en el sector aéreo, el Real Decreto-ley establece que las recomendaciones de la Agencia Europea de Seguridad Aérea (EASA) para la seguridad de pasajeros y tripulaciones de vuelo serán obligatorias.

Respecto al sector marítimo, Ábalos ha destacado que se amplía temporalmente la reducción de las cuotas de las tasas portuarias y de ocupación, y se facilitan las inspecciones que deben pasar los navieros españoles.

En el sector del transporte por carretera, se posibilita una moratoria en el pago del principal de las cuotas de todos los préstamos para la adquisición de autobuses y camiones para autónomos o para empresas del transporte discrecional de viajeros. Las medidas adoptadas, ha concretado el ministro, permitirán un aplazamiento de hasta 330 millones de euros en el caso del transporte de mercancías y de hasta 250 millones para el transporte discrecional de viajeros.

Medidas en el ámbito de la vivienda

El Real Decreto-ley incorpora medidas económicas y sociales en el ámbito de la vivienda para proteger a las familias y reactivar el sector.

Ábalos ha anunciado que el Gobierno aporta a través de la Entidad Pública Empresarial de Suelo (SEPES) la concesión de suelo público, que puede durar hasta 75 años, para que empresas privadas construyan viviendas en alquiler social. El ministro ha señalado que es una medida «muy incentivadora» para dinamizar la economía, generar una expectativa al sector inversor comprometido con la vivienda y generar un parque de vivienda pública superior al actual.

Por otra parte, las comunidades autónomas que no hayan ejecutado el dinero recibido del Plan Estatal de Vivienda no tendrán que devolverlo si lo aplican a otros planes relacionados con el acceso a la vivienda.

Reactivación de la justicia tras el coronavirus

El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha presentado las medidas contenidas en el plan de actuación para aliviar la acumulación de litigios derivada de la crisis sanitaria. El plan se desplegará a lo largo de dos fases en los órdenes de lo social, mercantil y contencioso-administrativo y afectará a 315 juzgados.

El ministro de Justicia, Juan Carlos CampoPool Moncloa /JM CuadradoEn una primera fase, entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre, la intervención se hará en los juzgados con mayor carga de trabajo: social y mercantil. Se aplicarán medidas de refuerzo en los partidos judiciales con un volumen de trabajo superior al 130% determinado y se desplegarán refuerzos externos en los órganos judiciales. Además, se crearán 21 órganos judiciales nuevos para absorber y minimizar el impacto del incremento de procedimientos.

En la segunda fase, que se iniciará el 1 de enero de 2021, habrá información más concreta respecto al volumen de demandas presentadas y su tiempo de resolución lo que facilitará extender las medidas.

El ministro ha indicado que se trata de un plan de actuaciones por objetivos, que se podrán acelerar si es necesario y permitirá dar respuesta en los juzgados a la etapa postcovid.

Reforma procesal y civil en materia de discapacidad

El Consejo de Ministros ha aprobado la remisión a las Cortes del Proyecto de Ley que reforma la legislación civil y procesal en materia de discapacidad, con el objetivo de que las personas con discapacidad puedan tomar decisiones de forma más autónoma y con menos tutelaje que en la actualidad.

Juan Carlos Campo ha explicado que se regula la situación de la tutela, que queda solo para los menores, porque las personas con algún tipo de discapacidad lo único que necesitarán será un apoyo. En este sentido, ha dicho, se tendrá en cuenta lo que exteriorizan y lo podrán hacer con carácter previo a entrar en la situación de discapacidad, con lo cual se da validez a sus mandatos: «Es una especie de testamento que permita decir qué ocurre si yo llego a esta situación, cómo se va a marcar el apoyo. La figura básica ya no es la tutela, que desaparece con esta finalidad, sino la curatela».

El ministro ha destacado que la futura ley está «absolutamente consensuada», por lo que confía que su tramitación parlamentaria sea rápida.

Protección social y reactivación de la economía

Durante su intervención en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha destacado que todas las medidas adoptadas tienen como finalidad impulsar nuestro tejido productivo, recuperar los empleos que quedaron suspendidos por la emergencia sanitaria y generar nuevas oportunidades laborales, principalmente para las personas más jóvenes.

De igual modo, esas iniciativas buscan proteger rentas de las clases medias y trabajadoras y a los colectivos más vulnerables.

Otros acuerdos

El Consejo de Ministros ha aprobado el Plan de Actuaciones de Prevención y Lucha contra los Incendios Forestales 2020, en el que participan doce ministerios.

El Gobierno también ha acordado reformar el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual para permitir la presencia de las editoras musicales en los órganos de gobierno de la entidad de gestión de los derechos de propiedad intelectual.

Además, ha declarado el Gran Premio de España de Fórmula 1 como acontecimiento excepcional de interés público y ha autorizado al Instituto de Cinematografía y de Artes Audiovisuales a convocar ayudas a las salas de cine por más de 13 millones de euros.

Asuntos de actualidad

Rueda de prensa posterior al Consejo de MinistrosPool Moncloa /JM CuadradoMaría Jesús Montero ha recordado que la semana pasada se firmó el Pacto por la Reactivación Económica y el Empleo, un mensaje claro de confianza, de unidad de todos aquellos que «tienen que ser imprescindibles para reactivar nuestra economía, y para buscar soluciones consensuadas para reforzar nuestro tejido productivo y los derechos de los trabajadores».

También es un mensaje inequívoco dirigido a los socios europeos, ha proseguido, para que comprueben que el conjunto del país está inmerso en esta tarea de reconstrucción. «Empresarios, sindicatos y Gobierno seguimos trabajando de la mano para llegar a acuerdos que permitan este crecimiento sólido, sostenible e inclusivo», ha añadido.

La portavoz también ha recordado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, inició ayer, con el primer ministro de Portugal, una ronda de contactos con sus homólogos europeos para preparar la próxima cumbre de jefes de Estado y de Gobierno. España, ha avanzado Montero, reclamará que se fortalezca el mercado interior para que sirva de palanca de reconstrucción con una inversión robusta y rápida.

Montero también ha indicado que las Pruebas de Evaluación de Bachillerato para el Acceso a la Universidad (EBAU) se están celebrando con normalidad en las distintas comunidades autónomas, a las que ha agradecido su coordinación para fomentar la seguridad de los alumnos.

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La Comisión para la Reconstrucción Social y Económica aprueba las conclusiones de sus cuatro grupos de trabajo, que serán votadas por el Pleno

9 de julio, 2020

La Comisión para la Reconstrucción Social y Económica aprueba las conclusiones de sus cuatro grupos de trabajo, que serán votadas por el Pleno

03/07/2020 congreso.es

  • Aprobadas las conclusiones, los grupos tienen hasta el miércoles para presentar votos particulares, que se votarán en el Pleno junto a las enmiendas que mantengan vivas

La Comisión para la Reconstrucción Social y Económica ha aprobado hoy, viernes 3 de julio, las conclusiones de los cuatro grupos de trabajo, a las que se han incorporado en esta última sesión unas ochenta enmiendas, que se añaden a las ya aprobadas previamente. El dictamen que recoge estos textos será elevado al Pleno de la Cámara, que votará las enmiendas que los grupos parlamentarios decidan mantener vivas y los votos particulares que se presenten antes del miércoles a mediodía.

La Comisión se ha reunido a las 9 horas con el debate consecutivo de las conclusiones de cada uno de estos grupos, que se ha desarrollado siguiendo el orden previsto en el Plan de Trabajo: Sanidad y Salud Pública; Reactivación Económica; Políticas Sociales y Sistema de Cuidados y Unión Europea.

En primer lugar, se ha presentado cada uno de los borradores de conclusiones, por parte de los coordinadores de los Grupos de Trabajo. Los grupos parlamentarios han tomado la palabra a continuación para defender las enmiendas que mantenían vivas tras las votadas en las sesiones de los distintos grupos de trabajo, más de 800 en total, y para fijar posición.

Tras este debate, el presidente de la Comisión, Patxi López, ha suspendido la sesión hasta las 15h para que los grupos pudieran presentar las enmiendas transaccionales que estaban elaborando y ordenar la votación. Una vez reanudada la sesión, se han votado las enmiendas y las conclusiones de los grupos de trabajo, por el mismo orden en el que se han debatido. Las votaciones se han realizado, como se acordó en el acuerdo de constitución, por voto ponderado.

Grupo de Trabajo de Sanidad y Salud Pública

La Comisión ha comenzado las votaciones por las conclusiones del Grupo de Trabajo de Sanidad y Salud Pública, que han salido adelante por 166 votos a favor, 33 en contra y 94 abstenciones, con la incorporación de enmiendas, tres propuestas por el Grupo Popular, una por Más País y otra por el BNG, todas ellas en los términos de transaccionales acordadas con el Grupo Socialista.

Así, se ha acordado por los grupos Popular y Socialista actualizar la legislación sanitaria del ámbito nacional y autonómico para adaptarlo a las propuestas de esta comisión, para facilitar el cumplimiento de los objetivos de mejora y fortalecimiento del Sistema Nacional de Salud, elaborar un calendario de reformas legislativas derivadas de las propuestas de la Comisión.

Asimismo, se ha acordado asegurar una financiación sanitaria, suficiente y equitativa para el Sistema Nacional de Salud, actualizar el sistema de financiación autonómica ofreciendo un marco estable de suficiencia dinámica al SNS, mejorar el cálculo de las necesidades relativas que se emplea en la distribución del Fondo de Garantía Servicios Públicos Fundamentales, convocar un consejo interterritorial monográfico para abordar el sistema de financiación autónoma, realizar revisiones periódicas para ajustar los indicadores y ponderación y garantizar la financiación de los servicios públicos fundamentales.

Por los mismos grupos se ha acodado además garantizar la sostenibilidad de las Redes de Farmacias, para su labor sanitaria, social y de cohesión territorial.

A propuesta del BNG y en los términos de una enmienda acordada con los grupos Socialista, de Unidas Podemos y con Más País, se ha aprobado una enmienda para dotar a las redes y/o centros sanitarios públicos de capacidades para la gestión operativa de sus presupuestos, su personal, sus compras y contratos de manera que se cree un marco de gestión adaptado a la naturaleza de la prestación de los servicios sanitarios.

Por otro lado, se ha aprobado la enmienda de Más País, acordada con los grupos Socialista y de Unidas Podemos, para aumentar la capacidad estructural de la investigación clínica, donde España es líder, implementando medidas como el refuerzo a las estructuras de apoyo, el liderazgo de la I+D con financiación y gestión pública, o de la cooperación público privada que permitirían incrementar notablemente le volumen de recursos destinados al I+D en el corto plazo, atrayendo capital extranjero.

Grupo de Trabajo de Reactivación económica

Las conclusiones del Grupo de Trabajo de Reactivación Económica ha salido adelante con el apoyo de 167 diputados, el voto en contra de 115 y 10 abstenciones, una vez incorporadas enmiendas de los grupos Ciudadanos, PNV, Junts per Catalunya, Compromís, Más País y Republicano.

La Comisión ha aprobado una enmienda acordada por los grupos Ciudadanos y Socialista para continuar las medidas de apoyo en el corto plazo y adaptar a la desescalada el plan de choque ante los efectos económicos y sociales de la crisis sanitaria, con medidas para proteger el tejido productivo y el empleo, así como las rentas de las familias, tejer una red de seguridad para las personas más vulnerables y apoyar la recuperación de los sectores más afectados. De manera específica, se deberá trabajar con los sectores, agentes sociales e instituciones europeas en la preparación de planes para sectores más relevantes afectados por la crisis.

Del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), se han aprobado varias enmiendas, una de ellas acordada con los grupo Socialista y Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, la 298, por la que se acuerda luchar contra la precariedad y temporalidad excesiva en el mercado laboral, mediante las reformas pertinentes, en el marco del diálogo social, e impulsar la simplificación de las fórmulas contractuales; y el resto en sus términos. También han salido adelante de este grupo las enmiendas 272 a 277; las número 281, 287, 288, 292, 296, 297, 305, 306, 292, 297, 301, 302, 308, 309, 210, 316, 318, 319, 320, 321, 323, 324, 326, 327 y 329.

Del grupo Plural han sido aprobadas varias enmiendas, entre ellas la 243 de Junts per Catalunya. A propuesta de Más País, en los términos del acuerdo con el Grupo Socialista, se ha acordado impulsar una Ley de Movilidad que incluya los aspectos relativos a la financiación del transporte público. De Más País, asimismo, ha sido aprobada la enmienda 380.

También se ha aceptado una enmienda de Compromís pactada con el Grupo Socialista para impulsar la reforma del sistema de financiación autonómica para que todas las Comunidades Autónomas dispongan de una financiación adecuada y puedan prestar los servicios públicos de manera equitativa.

Con respecto al Grupo Parlamentario Republicano, han quedado aprobadas la enmienda número 90, pactada entre los grupos parlamentarios Socialista, Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común y Republicano, y las 82 y 85, también en los términos de transaccionales pactadas entre los mismos grupos parlamentarios.

Grupo de Trabajo de Políticas sociales y sistema de cuidados

Las conclusiones aportadas por el Grupo de Trabajo de Políticas Sociales y Sistema de Cuidados han quedado aprobadas, con 155 votos favorables, 132 votos en contra y 5 abstenciones, tras incorporar las enmiendas de los grupos parlamentarios Vasco (EAJ-PNV), Ciudadanos, Compromís, Mas País, Junts per Catalunya y Republicano.

Así, los grupos parlamentarios Vasco (EAJ-PNV), Socialista, Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común y Vasco (EAJ-PNV) han pactado una enmienda transaccional, proveniente de las 160, 185, 193 y 200, que ha sido aceptada. Del grupo Vasco también se han aprobado, en sus propios términos, las enmiendas 162 y 163.

Por su parte, el grupo Ciudadanos ha acordado dos enmiendas transaccionales, la 99 y la 125, con los grupos parlamentarios Socialista y Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común. Asimismo, sus enmiendas 101, 128, 132 y 134 han salido adelante en sus propios términos.

Varias de las enmiendas presentadas por las formaciones integradas en el Grupo Plural también han quedado ratificadas. Se ha aprobado la enmienda presentada por Compromís, en los términos acordados por los grupos Socialista, Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, Popular y Ciudadanos. La Comisión también ha aceptado la enmienda 229 de Más País.

Por su parte, la enmienda número 143 de Junts per Catalunya ha sido aprobada en los términos de una transaccional firmada con los grupos Socialista y Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común.

Por último, se han votado las enmiendas del grupo Republicano, de las cuales se han aprobado, como transaccional la 40, acordada con el grupo Socialista y, en sus propios términos, la número 45.

Grupo de Trabajo Unión Europea

Por último, la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica, ha aprobado las conclusiones del Grupo de Trabajo de la Unión Europea, con 183 votos a favor, 6 votos en contra y 102 abstenciones, tras aceptar las enmiendas de los grupos parlamentarios PNV, de Compromís, Más País y Junts per Catalunya, del grupo Republicano y del grupo Popular.

Las Comisión ha ratificado las enmiendas, 98 y 110, defendidas por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV). Además, este grupo también ha acordado enmiendas transaccionales con el grupo Socialista, la 99 y la 114, y con el grupo Socialista y con el grupo Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, para la enmienda 97, que han sido aceptadas.

Por el Grupo Parlamentario Plural, la enmienda número 13 de Compromís ha sido aprobada bajo un acuerdo transaccional con el grupo Socialista y con el grupo Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común. Por otra parte, cuatro de las modificaciones presentadas por Más País han quedado aprobadas mediante una enmienda transaccional, la 130, acordada con los grupos Socialista y con el grupo Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, mientras que las 132, 133 y 135 han sido pactadas con el grupo Socialista.

De igual forma, varias de las enmiendas propuestas por Junts per Catalunya han salido adelante. La enmienda número 76 se ha aprobado en los términos acordados con los grupos Socialista, el grupo Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común y Ciudadanos; las 79, 80, 87, 94, 88, y 90 han sido aceptadas en los términos de las enmiendas transaccionales pactadas con el grupo Socialista; y la enmienda 86 ha sido aprobada en sus propios términos.

Por su parte, el Grupo Parlamentario Republicano ha pactado con los grupos Socialista y Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común tres enmiendas transaccionales, la 19, la 20 y la 21, que también han sido aceptadas por la Comisión.

Para finalizar, dos de las enmiendas registradas por el Grupo Parlamentario Popular, la 33 y la 42, han quedado aprobadas en los términos acordados con el grupo Socialista y Ciudadanos.

Composición, objeto y funcionamiento de la Comisión

La Comisión para la Reconstrucción Social y Económica fue aprobada por la Mesa del Congreso, oída la Junta de Portavoces, el pasado 28 de abril a propuesta de los Grupos Parlamentarios Socialista y Confederal de Unidas Podemos-En Comù Podem-Galicia en Común, celebrando su sesión constitutiva el 7 de mayo. Ha estado presidida por Patxi López e integrada por 46 diputados, de los cuales 13 son del G.P. Socialista; 9 del G.P. Popular, 5 del G.P. Vox; 4 del G.P. Confederal de Unidas Podemos-EC-GC; uno del G.P. Republicano; 4 del G.P. Plural; uno del G.P. Ciudadanos; uno del G.P. Vasco (EAJ-PNV); uno del G.P. Euskal Herria Bildu y 7 del G.P. Mixto.

En los dos meses en los que ha desarrollado sus trabajos, de acuerdo con el plazo fijado en el acuerdo de constitución, la Comisión ha celebrado 12 sesiones, en las que ha acogido más de 25 comparecencias entre miembros del Gobierno, dirigentes de instituciones públicas y representantes del sector empresarial y sindicatos, entre otros. De forma simultánea, los cuatro grupos de trabajo de Unión Europea, Sanidad y Salud Pública, Políticas Sociales y Sistema de Cuidados, y Reactivación Económica, creados para agilizar los trabajos, han mantenido más de 30 reuniones, en las que han escuchado el testimonio de más de 100 personas entre eurodiputados, académicos, representantes de ONGs, sindicatos y organizaciones profesionales.

El trabajo ha versado sobre cuatro grandes cuestiones, tal y como se establece en la propuesta de creación: el reforzamiento de la sanidad pública; la reactivación de la economía y la modernización del modelo productivo; el fortalecimiento de los sistemas de protección social, de los cuidados y la mejora del sistema fiscal; y la posición de España ante la Unión Europea tras la pandemia del coronavirus.

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La Agencia Tributaria ha devuelto ya más de 7.500 millones de euros a 11.492.000 contribuyentes tras el cierre de la campaña

9 de julio, 2020

La Agencia Tributaria ha devuelto ya más de 7.500 millones de euros a 11.492.000 contribuyentes tras el cierre de la campaña

Viernes 3 de julio de 2020

lamoncloa.gob.es

En línea con lo previsto, la Agencia Tributaria (AEAT) ha recibido un número de declaraciones mayor que el año anterior, 20.991.000, un 1,9% más. Las declaraciones con solicitud de devolución han llegado a 14.410.000, el 68,6% del total, mientras aquellas con resultado a ingresar han sumado casi 5.593.000.

La Agencia Tributaria ha devuelto 7.547 millones de euros a 11.492.000 contribuyentes a la conclusión de la campaña del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas correspondiente a 2019 (IRPF 2019). De esta forma, a día de hoy el 79,7% de las devoluciones solicitadas en número y el 67,6% en importe han sido ya abonadas. En número, los pagos crecen un 4,8% con respecto a las mismas fechas del año pasado, mientras en importe aumentan un 6,7%, en ambos casos por encima del ritmo de crecimiento de las solicitudes de devolución con que se ha cerrado la campaña (-0,2% en número y 3% en importe).

La primera parte de la campaña se ha caracterizado por una muy importante aceleración en las presentaciones. Desde su inicio y hasta el 7 de mayo, cuando se puso en marcha el plan ‘Le Llamamos’ de confección telefónica de declaraciones, habían presentado su declaración un 27% más de contribuyentes que en la misma fecha del año pasado, y para entonces ya estaban presentadas más de un tercio de todas las declaraciones de la campaña.

El principal vector de esta aceleración ha sido, un año más, la presentación de declaraciones a través de la página web de la Agencia. En el contexto de emergencia sanitaria, y teniendo en cuenta que la gran mayoría de contribuyentes presentan sus declaraciones por internet (el 93% en esta campaña, frente al 88% del año anterior), se consideró especialmente importante mantener la fecha de inicio de campaña prevista (1 de abril), de manera que los contribuyentes pudiesen ir recibiendo cuanto antes sus devoluciones.

En cuanto a las vías de presentación no personalizadas, además de la web como canal telemático principal (19,1 millones de declaraciones, un 6,7% más), los contribuyentes también han incrementado el uso de la aplicación móvil de la Agencia. Por esta vía se han presentado más de 363.000 declaraciones hasta hoy, un 25,5% más que el año pasado. De esa cifra total, más de 293.600 se corresponden con presentaciones ‘en un solo clic’ y el resto son contribuyentes a los que la aplicación ha derivado a la web de la Agencia para realizar alguna modificación y han vuelto a la ‘app’ para concluir la presentación.

El impulso del plan ‘Le Llamamos’

La Agencia Tributaria diseñó este año un plan de asistencia telefónica en la presentación en el que volcó la estructura de atención personalizada para cubrir las necesidades de los contribuyentes sin necesidad de esperar a que fuera posible reabrir las oficinas, y con vocación de ser en todo el resto de la campaña la vía de atención personalizada principal, en previsión de que la reapertura de los centros no se iba a poder efectuar en los términos de una campaña habitual.

Por este motivo, el denominado plan ‘Le Llamamos’ multiplicó por casi seis veces su capacidad y, fruto de ese redimensionamiento del servicio telefónico y de su positiva acogida entre los contribuyentes, desde su puesta en marcha el 7 de mayo y hasta el final de la campaña a través de este sistema se han confeccionado 1.155.000 declaraciones, frente a las 239.000 del pasado año, cuando el servicio funcionó los tres meses de campaña.

Asistencia en oficinas

La aceleración de presentaciones en el primer tramo de la campaña y el fuerte impulso dado a la atención personalizada por vía telefónica mediante el plan ‘Le Llamamos’ facilitó llegar con un importante margen positivo de presentaciones al momento en que las circunstancias sanitarias permitieron ya iniciar la atención en oficinas.

Con la mitad de tiempo y la mitad de espacio que en una campaña presencial convencional para garantizar las distancias de seguridad y unos flujos de entrada y salida con las necesarias medidas sanitarias preventivas, se presentaron en oficinas casi 319.000 declaraciones, frente a las cerca de 2.100.000 del año pasado. De esta forma, la atención presencial ha pasado a ser un complemento de la atención personalizada por vía telefónica, por la que un gran número de contribuyentes han optado para evitarse desplazamientos en el especial contexto en que se ha desarrollado la campaña este año.

Impuesto sobre el Patrimonio

En paralelo a la Campaña de Renta, se ha desarrollado también la correspondiente al Impuesto sobre el Patrimonio, que debían declarar aquellos contribuyentes con cuota a ingresar (tras aplicar las correspondientes deducciones y bonificaciones), y también aquellos con cuota a ingresar que el pasado año contaban con bienes y derechos con valor superior a dos millones de euros. Al cierre de la campaña se han registrado más de 212.400 declaraciones de Patrimonio y el importe a ingresar alcanza los 1.209 millones de euros.

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El déficit del Estado se sitúa en mayo en el 2,88% del PIB por el impacto del COVID-19

9 de julio, 2020

El déficit del Estado se sitúa en mayo en el 2,88% del PIB por el impacto del COVID-19

hacienda.gob.es

​30-06-2020.- El dato hasta mayo refleja en los ingresos la caída de la actividad por el confinamiento y el aumento del gasto por las medidas adoptadas para mitigar los efectos sociales, económicos y laborales de la pandemia

Hasta abril, el déficit consolidado de las Administraciones Públicas, excluyendo las Corporaciones Locales, se sitúa en el 2,14% del PIB

Las medidas de liquidez aprobadas por el Gobierno permiten que las CCAA hasta abril registren un superávit del 0,02% del PIB, frente al déficit del año pasado. Hay 13 comunidades con saldo positivo frente a las cinco del ejercicio anterior

En el primer cuatrimestre, los Fondos de la Seguridad Social han registrado un déficit del 0,39% del PIB

El déficit del conjunto de las Administraciones Públicas, incluidas las Corporaciones Locales, en el primer trimestre se sitúa en el 0,82% del PIB. El gasto consolidado derivado del COVID-19 asciende a 1.832 millones

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Valverde de Curueño. Fuente de la Figar

8 de julio, 2020
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El CSIC logra un test de anticuerpos que detecta la inmunidad frente a COVID-19 con más del 98% de fiabilidad

8 de julio, 2020

El CSIC logra un test de anticuerpos que detecta la inmunidad frente a COVID-19 con más del 98% de fiabilidad

Martes 7 de julio de 2020

lamoncloa.gob.es

Un equipo de investigadores del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) ha desarrollado nuevos test de anticuerpos que permiten conocer la inmunidad frente a COVID-19 con un 98% de fiabilidad, según estudios realizados en colaboración con los Servicios de Inmunología del Hospital Universitario de La Princesa y del Hospital Universitario de La Paz.

Los test serológicos son fundamentales para determinar quién ha contraído el virus y, por tanto, está inmunizado. Los test serán producidos por la empresa española Immunostep, en formato kit ELISA y se prevé que en el plazo de un mes y medio los hospitales españoles dispongan de ellos.

Estos test serológicos se producirán en formato kit ELISA, una de las modalidades en las que se puede producir esta tecnología. Los kits ELISA están basados en técnicas de laboratorio que se realizan en hospitales y laboratorios especializados, y que permiten determinar la concentración y el tipo de anticuerpos generados. La duración de esta prueba es de alrededor de 2 horas y se puede automatizar.

Durante los meses de confinamiento, cuatro grupos de investigación del Centro Nacional de Biotecnología (CNB-CSIC) han trabajado con intensidad para poner a punto test serológicos que permitan conocer con fiabilidad quién contrajo el coronavirus y por tanto está inmunizado. Este análisis es crucial, puesto que una gran parte de contagiados por COVID-19 cursan la enfermedad sin síntomas o con síntomas muy leves.

Los grupos de los investigadores del CSIC Hugh Reyburn, Mar Valés, José María Casasnovas y José Miguel Rodriguez Frade han conseguido identificar una nueva proteína que funciona como antígeno y combinarla con otros antígenos virales en un test serológico con una fiabilidad superior al 98%. «El desarrollo de ese test en tiempo record, debido al esfuerzo de mucha gente, demuestra los beneficios de una buena colaboración medica-científica», explica Hugh Reyburn.

Dos tipos de diagnóstico: PCR y test serológicos

Los test de diagnóstico se han convertido en una tecnología fundamental para poder controlar la pandemia de COVID-19, siendo una constante demanda de los diversos sistemas sanitarios. Existen dos tipos fundamentales de pruebas de diagnóstico: las PCR, que permiten saber si un paciente está contagiado por el coronavirus en el momento de su realización, y los test serológicos, que detectan los anticuerpos y permiten saber si el individuo ha estado en algún momento en contacto con el SARS-CoV-2 y su sistema inmunitario ha reaccionado frente al mismo.

Los test serológicos se realizan en muestras de sangre y detectan distintos tipos de anticuerpos (inmunoglobulinas): la IgM (inmunoglobulina M), la primera que se genera y que indica que el individuo está en el inicio de la respuesta a la enfermedad; la IgG (inmunoglobulina G), se produce en un momento más avanzado y puede perdurar en el tiempo, informando, hasta meses después, de que el individuo ha padecido la enfermedad; y la inmunoglobulina A (IgA), que se produce de manera temprana, pero puede ser detectada también en fases tardías.

Las IgM aparecen aproximadamente 7 días después del inicio de la infección, junto a los síntomas de la Covid-19, y en otras enfermedades permanecen en el organismo alrededor de uno a dos meses. Los anticuerpos IgG aparecen aproximadamente a los 15 días del comienzo de los síntomas, y su permanencia en sangre suele ser mayor. Las IgA son las inmunoglobulinas que se encuentra más localizadas en las superficies mucosas como la vía respiratoria, aunque se detectan también en el suero del paciente.

El problema fundamental de los test serológicos hasta la fecha es su baja fiabilidad, que se determina en función de dos parámetros: la sensibilidad y la especificidad del test. Una alta sensibilidad evita falsos negativos, mientras que una alta especificidad evita falsos positivos, que pueden surgir al detectar, por ejemplo, anticuerpos al virus de la gripe o a otro tipo de coronavirus diferente al SARS-CoV-2.

Transferencia al tejido industrial

El trabajo posterior de la Dirección del CNB-CSIC y de la Vicepresidencia Adjunta de Transferencia del Conocimiento del CSIC ha permitido proteger esta tecnología mediante patente y Material Biológico, poniéndola a disposición del tejido industrial para que llegue a la sociedad cuanto antes.

«Desde el inicio de la pandemia el CSIC, en coordinación con el Ministerio de Ciencia e Innovación, está desarrollando una estrategia que asegure que el conocimiento y las tecnologías relacionadas con el COVID-19 lleguen lo antes posible a la sociedad en condiciones razonables para su adquisición por parte de los sistemas de salud pública. El objetivo desde el principio ha sido salvar vidas», señala Ángela Ribeiro, vicepresidenta adjunta de Transferencia del Conocimiento del CSIC. «Además, para nosotros también es fundamental que dichas tecnologías se transfieran a las empresas españolas, para evitar la dependencia de terceros países en un sector tan estratégico como el de la salud «, añade la doctora Ribeiro.

Además de los kits ELISA, esta tecnología puede producirse en el formato de tiras inmunocromatográficas, una técnica similar a la que se emplea en las pruebas de embarazo, que también se conocen como test rápidos de anticuerpos porque el resultado se genera en solo 15 minutos. El CSIC ya está tratando con varias empresas españolas la licencia de estos test en este formato.

Aunque la gran mayoría de las licencias que firma el CSIC para transferir los derechos de explotación de sus tecnologías a empresas se hacen en términos de exclusividad, «en este caso en particular la licencia es no-exclusiva, para permitir que otras empresas puedan también comercializar estos test, de forma que se asegure cubrir la demanda y que el precio sea siempre asequible», indica Javier Maira Vidal, jefe del Área de Estrategia Comercial e Internacionalización del CSIC.

Además, «se pretende que la tecnología llegue a todos los países que la necesiten, y ya estamos hablando con varios países de Latinoamérica, aunque al ser una tecnología desarrollada con fondos públicos, el compromiso de Immunostep es cubrir primero la demanda nacional», añade Maira.

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Las empresas del IBEX 35 reducen autocartera tras amortizar un 45% más de acciones propias

8 de julio, 2020

Las empresas del IBEX 35 reducen autocartera tras amortizar un 45% más de acciones propias

bolsamadrid.es

•16 de las compañías del selectivo español rebajaron su autocartera en 2019, según el último informe del Servicio de Estudios de BME

La autocartera de las empresas del Ibex 35 disminuyó el año pasado del 0,67% al 0,38%, según un informe del Servicio de Estudios de BME. Esta reducción responde, sobre todo, al incremento de la amortización de acciones propias por parte de las compañías del selectivo bursátil español.

La valoración de la autocartera de las empresas del Ibex 35 ascendió a cierre de 2019 a los 2.229 millones de euros, frente a los 3.473 millones de euros del ejercicio anterior. Supone un descenso del 36%.

De las 31 empresas del índice que contaban con autocartera en diciembre de 2019, 16 la redujeron respecto a 2018, 13 la aumentaron y dos apenas sufrieron variación. Mediaset, Repsol, ACS, Ence y Meliá son las compañías que más aumentaron su autocartera el año pasado, mientras que las que más las redujeron, tras amortizar acciones propias, fueron Acciona, Acerinox, Amadeus, Bankia, Ferrovial, Iberdrola y Naturgy.

Las amortizaciones de acciones propias de las empresas del Ibex 35 crecieron un 45% el año pasado, al pasar de los 3.604 millones de euros de 2018 a los 5.224 millones de euros de diciembre de 2019. Iberdrola, con 2.500 millones de euros, y Repsol, con 1.020 millones, fueron las compañías con un mayor importe amortizado.

El valor de mercado de las acciones propias mantenidas en autocartera por las empresas del Ibex 35 más las amortizaciones realizadas durante el año pasado superó en un 5,31% al del año pasado, al ascender a los 7.453 millones de euros.

Acceso al informe íntegro: https://bit.ly/2YUjw6V

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El principal índice de referencia de los préstamos hipotecarios (euríbor) baja hasta el -0,147 % en junio

8 de julio, 2020

Madrid, 1 de julio de 2020

El principal índice de referencia de los préstamos hipotecarios (euríbor) baja hasta el -0,147 % en junio

bde.es

El índice euríbor, que es utilizado como principal referencia para fijar el tipo de interés de los préstamos hipotecarios concedidos por las entidades de crédito españolas, bajó en junio hasta el -0,147 % desde el -0,081 % del mes anterior. Tomando como referencia los últimos 12 meses, el índice registra un ascenso de 0,043 puntos.

El euríbor se calcula con los datos de las principales entidades de la zona del euro y consiste en el tipo de interés medio de contado que ofrecen las entidades para las operaciones de depósito de euros a plazo de un año.

Evolución del euríbor en el último año

Los datos correspondientes al mes de junio muestran también un descenso, hasta el -0,147 %, del míbor, el tipo interbancario a un año que servía de referencia oficial del mercado hipotecario para las operaciones realizadas con anterioridad al 1 de enero de 2000.

Estos índices de referencia para el mercado hipotecario son válidos a partir de su publicación en el BOE, lo que normalmente se produce unos días después de su difusión por el Banco de España.

Índices de referencia oficiales para los préstamos hipotecarios a tipo variable destinados a la adquisición de vivienda ( 1 )

Rendimiento interno en el mercado secundario de la deuda pública de plazo entre dos y seis años -0,054 %

Referencia interbancaria a un año (euríbor) -0,147 %

Permuta de intereses/Interest Rate Swap (IRS) al plazo de cinco años -0,300 %

Tipo interbancario a un año (míbor) -0,147 %

El resto de los tipos de referencia oficiales para el mercado hipotecario (tipo medio de los préstamos hipotecarios a más de tres años, para adquisición de vivienda libre, concedidos por las entidades de crédito en España y tipo medio de los préstamos hipotecarios entre 1 y 5 años, para adquisición de vivienda libre, concedidos por las entidades de crédito en la zona del euro) ( 2 ) se actualizarán, en torno al día 20 de este mes, en el cuadro 19.1 del capítulo 19 del Boletín Estadístico.

Desde el 1 de noviembre de 2013, el Banco de España ha dejado de publicar el Tipo activo de referencia de cajas de ahorros -Indicador CECA- y los tipos medios de préstamos hipotecarios a más de tres años para adquisición de vivienda libre de bancos y cajas de ahorros de conformidad con la legislación vigente ( 3 )

Las referencias a estos tipos serán sustituidas ( 4 ), con efectos desde la siguiente revisión de los tipos aplicables, por el tipo o índice de referencia sustitutivo previsto en el contrato.

En el caso de que no exista un tipo sustitutivo en el contrato, o en caso de que este fuera alguno de los índices o tipos que desaparecen, la sustitución se realizará por el tipo de interés oficial denominado «tipo medio de los préstamos hipotecarios a más de tres años, para adquisición de vivienda libre, concedidos por las entidades de crédito en España», aplicándole un diferencial equivalente a la media aritmética de las diferencias entre el tipo que desaparece y el citado anteriormente, calculadas con los datos disponibles entre la fecha de otorgamiento del contrato y la fecha en la que efectivamente se produce la sustitución del tipo. El diferencial aplicable en cada caso puede calcularse utilizando el simulador publicado a tal efecto en el Portal del Cliente Bancario.

1 y 2 Calculados según la definición de la Circular 5/2012, de 27 de junio, del Banco de España, a entidades de crédito y proveedores de servicios de pago, sobre transparencia de los servicios bancarios y responsabilidad en la concesión de préstamos, en desarrollo de lo dispuesto en la Orden EHA/2899/2011, de 28 de octubre, de transparencia y protección del cliente de servicios bancarios

3 De acuerdo con lo dispuesto en la Orden EHA/2899/2011, de 28 de octubre, de transparencia y protección del cliente de servicios bancarios.

4 Según lo dispuesto en la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización; Disposición adicional decimoquinta. Régimen de transición para la desaparición de índices o tipos de interés de referencia.

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El formulario de control sanitario de viajeros se digitaliza para agilizar el tránsito en los aeropuertos

8 de julio, 2020

El formulario de control sanitario de viajeros se digitaliza para agilizar el tránsito en los aeropuertos

Viernes 3 de julio de 2020

lamoncloa.gob.es

Desde el 1 de julio, se han sumado 650 profesionales a las tareas de control de llegada de viajeros. Las personas que llegan a España se someten a tres controles primarios.

El formulario de control sanitario de viajeros, conocido como Passenger Location Card (PLC), se ha digitalizado, desde el 1 de julio, para agilizar el tránsito de viajeros, que se prevé aumente en las próximas semanas por el inicio de las vacaciones.

Este documento ya se usaba durante el estado de alarma para las personas que podían entrar en España. Incluye datos de localización de la persona así como información sobre si ha pasado el Covid-19 y en qué circunstancias. Hasta el momento, se cumplimentaba en el avión y se entregaba en mano una vez el viajero llegaba al destino.

Ahora, el formulario destinado al control sanitario de los pasajeros se podrá rellenar a través de la web www.spth.gob.es o descargando la aplicación Spain Travel Health-SpTH. Ya está disponible en la página web y en Android y próximamente lo estará en Apple.

La opción de rellenar el formulario impreso se mantendrá para aquellas personas que no dispongan de medios para cumplimentarlo de forma digital.

Este formulario es uno de los tres controles primarios a los que se someten las personas que llegan a España. Además, como se viene haciendo desde el pasado 15 de mayo, se seguirá realizando el control de temperatura. Éste se realiza ya con cámaras termográficas para facilitar un tránsito fluido por los aeropuertos.

Finalmente, se efectúa un control visual por parte de los profesionales de Sanidad Exterior. Con ello, se busca detectar a aquellos pasajeros que por su estado pueden ser sospechosos de padecer Covid-19 como alguna otra enfermedad trasmisible.

Si uno de esos tres controles no es superado, un médico examina a la persona y se la deriva a los servicios asistenciales de la comunidad autónoma de destino.

Refuerzo de personal Además, desde el día 1, se ha realizado un refuerzo muy importante para reforzar el personal de todos los aeropuertos de España: se han sumado 650 profesionales a los 600 que ya estaban trabajando en Sanidad Exterior. En función de las necesidades en las próximas semanas, se seguirá contratando a más médicos, enfermeras y auxiliares para las tareas de control de llegada de viajeros.

Este refuerzo se sumará al que ya se realizó el pasado 21 de junio, al abrirse las fronteras interiores con la UE y el Espacio Schengen. Los equipos de Sanidad Exterior se reforzaron con un primer contingente de 100 personas, procedentes de empresas auxiliares y otras que prestan servicios en puertos y aeropuertos, gracias a un acuerdo con el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.

Acuerdo UE

España ha trabajado en el marco de la Unión Europea en la ampliación a terceros países que puedan entrar en nuestro país, después de que el pasado 21 de junio se abrieran las fronteras a ciudadanos de la UE y del Espacio Schengen.

En todo momento, se garantiza la seguridad tanto de las personas que llegan a España como de los ciudadanos de nuestro país. La decisión de a qué terceros países se abrirán las fronteras se ha tomado en base a criterios epidemiológicos. La situación de éstos deberá ser igual o mejor que en los países miembros.

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Cala en Menorca

7 de julio, 2020
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Las compraventas inscritas en mayo descendieron el 59%, nuevo récord en un solo mes, según datos del Colegio de Registradores

7 de julio, 2020

Las compraventas inscritas en mayo descendieron el 59%, nuevo récord en un solo mes, según datos del Colegio de Registradores

06/07/2020 | Notas de Prensa

registradores.org

En el mismo periodo, las hipotecas constituidas bajaron el 25,8%, menos de la mitad que las compraventas

El Colegio de Registradores incluye en esta nota informativa, un avance de datos de la Estadística Registral Inmobiliaria correspondiente al mes de mayo, mediante la comparación de datos con el mismo mes del año anterior. Teniendo en cuenta el fiel reflejo que representa el Registro de la Propiedad sobre la evolución de la actividad inmobiliaria española, sector de gran importancia para nuestra economía, se muestran a continuación como indicadores más relevantes, las compraventas inscritas y también su financiación, a través de las hipotecas constituidas mediante su inscripción registral.

Con relación al número de operaciones realizadas, las compraventas totales pasaron de casi 94.000 en mayo de 2019 a poco más de 38.500 en mayo de este año. Las compraventas de vivienda pasaron de superar las 46.000 operaciones un año antes a quedar por debajo de 22.000 durante este mes de mayo. Las hipotecas, al igual que el mes anterior, tuvieron un resultado negativo, aunque bastante más moderado, pasando las hipotecas totales de superar las 47.000 operaciones en mayo de 2019 a poco más de 35.000 en mayo. Las hipotecas sobre vivienda fueron ligeramente superiores a 33.500 operaciones en mayo del año pasado y apenas superaron las 25.000 durante mayo de este año.

Si se mide la evolución anterior mediante la tasa de variación, las compraventas totales inscritas en mayo de este año frente al mismo mes de 2019 han descendido hasta el -59,0%, las compraventas de vivienda descendieron ligeramente menos, el -53,1%, mientras que el impacto del estado de alarma en mayo sobre las hipotecas constituidas fue mucho más moderado: bajaron hasta el -25,8% las hipotecas totales y, de forma similar, el -24,8%, las que se constituyeron sobre viviendas.

Nota: Madrid, Canarias y, muy especialmente, Ceuta, durante el mes de mayo, registraron varias inscripciones de hipotecas que afectaban simultáneamente a un gran número de fincas, varios centenares en alguno de los casos en Madrid y Canarias, por lo que los datos mostrados este mes en estas comunidades no son representativos de la tendencia de fondo durante los meses del estado de alarma.

Las CC.AA. y ciudades autónomas que experimentaron mayores caídas, superiores a dos tercios, en las compraventas totales fueron Canarias (-72,7%), seguida de castilla y León (72,3%) y Murcia (-68,0%), mientras que en el lado opuesto, con descensos inferiores al 50%, las que menos descendieron fueron Melilla (-28,9%) y Madrid (-45,2%).

Relativo al total de hipotecas constituidas, las CC.AA. que experimentaron mayores descensos, por encima del 50%, fueron Extremadura (-52,5%), seguida de Asturias (–50,6%).

Por el contrario, las que menos contracción mostraron, e incluso con ligeros crecimientos, motivados por operaciones puntuales que afectaron a múltiples fincas de forma simultánea, fueron Ceuta (180%, resultado no representativo por el motivo ya indicado), Madrid (4,4%) y Canarias (2,3%), ambas con las salvedades arriba expuestas, siendo la siguiente Melilla
(-7,4%), a continuación Galicia (-15,5%) y después Cantabria (-16,2%).

Por último, el análisis mensual de la evolución anual de compraventas e hipotecas en el Registro de la Propiedad durante los meses de enero a mayo de este año, mediante la comparación con el mismo mes del año anterior, muestra los siguientes resultados:

En el apartado de compraventas, las totales experimentaron un retroceso en enero, del 5% y las compraventas de vivienda del 2,7%, para pasar a tasas positivas en febrero del 1,5% y 2,7%, respectivamente. En marzo, mostraron ya el primer impacto claro, -20,1% y -17,7%, agudizado posteriormente en abril, primer mes completo bajo el decreto del estado de alarma, hasta el -43,4% en las compraventas totales y el -38,3% en las compraventas de vivienda. En mayo aumentó más todavía el fuerte descenso de abril hasta el -59% y en las compraventas de vivienda, un descenso algo inferior, el -53,1%.

Las hipotecas, que han mostrado mayor resistencia a esta crisis, en la comparación con el mismo mes del año pasado, crecían con claridad en enero, las totales el 12,5% y las de vivienda el 6,1%, mejorando incluso su crecimiento en febrero, con incrementos del 18,6% y del 19,2% respectivamente. En marzo, la tendencia se invierte totalmente, pasando a descender el 13,7% las hipotecas totales y el 12,2% las de vivienda, mostrando mayor descenso en abril, mes bajo el período de alarma en su totalidad, en el que las hipotecas totales descendieron el 15,8% y las de vivienda el 16,4%. En mayo continuó el descenso, reflejando este mes el mayor impacto hasta el momento, aunque la caída fue menos de la mitad de la que experimentaron las compraventas, con un descenso del -25,8% en las hipotecas totales y, ligeramente inferior, del -24,8% en las de vivienda.

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El TSJ de Extremadura acuerda la demolición parcial del complejo Marina Isla de Valdecañas

7 de julio, 2020

Miércoles, 1 de julio de 2020

El TSJ de Extremadura acuerda la demolición parcial del complejo Marina Isla de Valdecañas

La Sala Contencioso-Administrativo acuerda la conservación de lo construido y terminado por no afectar al medio ambiente. El auto establece que la Junta de Extremadura apruebe un Plan para Proteger y Vigilar el Medioambiente. Las dos asociaciones ecologistas demandantes recibirán una indemnización de 250.000 euros cada una por la imposibilidad material parcial de ejecutar.

Autor:Comunicación Poder Judicial – poderjudicial.es

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ de Extremadura ha dictado un auto con fecha 30-6-2020, en el que acuerda la imposibilidad material parcial de ejecutar las sentencias que anularon la actuación administrativa relativa a la urbanización Marina Isla de Valdecañas.

Pronunciamientos de la parte dispositiva del auto

I. El auto acuerda la CONSERVACIÓN DE LO CONSTRUIDO Y TERMINADO POR NO AFECTAR AL MEDIO AMBIENTE, la DEMOLICIÓN de todas las obras que se encuentran en fase de estructura y la REVEGETACIÓN de las plataformas existentes que no han sido edificadas.

La demolición deberá realizarse de manera ordenada y programada con el menor perjuicio para el medio ambiente y dará lugar a la reposición del terreno a un estado que permite un proceso de regeneración de bosque mediterráneo y suponga un claro beneficio para la flora y la fauna de la ZEPA, debiendo crearse un enclave y paisaje similares a los protegidos en la ZEPA.

La adjudicación de la demolición, restauración y revegetación deberá realizarse a una empresa pública o privada que disponga de la suficiente capacidad para realizar unas labores como las encomendadas.
Se prohíbe la realización de nuevas edificaciones en la urbanización Marina Isla de Valdecañas.

Se conserva el hotel, viviendas, campo de golf e instalaciones que actualmente están construidas y en funcionamiento.

II. El auto acuerda que la Junta de Extremadura apruebe un PLAN O PROGRAMA PARA PROTEGER Y VIGILAR EL MEDIOAMBIENTE.

  1. La Junta de Extremadura, con audiencia a las Comunidades de Propietarios del Complejo Residencial Sur, Centro y Norte de Isla Valdecañas, los Ayuntamientos de El Gordo y Berrocalejo y las entidades demandantes Ecologistas en Acción-CODA y ADENEX, aprobará en el plazo máximo de seis meses un programa o plan que recoja las medidas propuestas, eficaces y viables para la eliminación y minimización de la posible afectación al medioambiente que se pueda producir por la actividad humana, en coordinación con el Plan de Gestión de la ZEPA y el resto de evaluaciones ambientales.

El programa o plan incluirá, a fin de poder ser contempladas y valoradas en un único documento, las medidas que finalmente sean aprobadas de las ahora propuestas, las anteriores contempladas en el PIR, en las evaluaciones ambientales y en el Plan de Gestión de la ZEPA para la zona de Marina Isla de Valdecañas.

Las medidas deberán analizarse individualmente para comprobar que realmente son eficaces para reducir el impacto de la urbanización y deberá ponerse especial atención en las medidas para paliar la eutrofización del embalse y la regeneración de bosque mediterráneo.

Este programa o plan deberá contener de manera individualizada la medida, el coste, las personas responsables de su ejecución, pago y mantenimiento y el calendario para su realización.

Deberá prestarse especial atención al Plan de Vigilancia Ambiental que se contenía en la declaración de impacto ambiental, con la obligación de contar con, al menos, dos agentes o guardas permanentes en la zona que controlarán el cumplimiento del plan que se apruebe, las determinaciones que ya constaban en la declaración de impacto ambiental y la ejecución exacta de lo acordado.

En último caso, la ejecución, pago y comprobación de las medidas y su funcionamiento corresponderá a la Junta de Extremadura.

  1. Las estaciones depuradoras de la urbanización y de los municipios de El Gordo y Berrocalejo deberán ponerse en funcionamiento a la mayor brevedad.

La Junta de Extremadura, el Ayuntamiento de El Gordo y el Ayuntamiento de Berrocalejo deberán en el plazo máximo de tres meses realizar cuantas actuaciones administrativas y materiales sean precisas para que las estaciones depuradoras estén funcionando.

III. El auto también establece una INDEMNIZACIÓN de 250.000 euros a favor de cada una de las dos asociaciones ecológicas demandantes ADENEX y Ecologistas en Acción-CODA por la declaración de imposibilidad material parcial.

La mitad del importe es de libre disposición para las dos asociaciones demandantes y la otra mitad tendrá que ser destinada a fines medioambientales en la Comunidad Autónoma de Extremadura.

Fundamentación jurídica del auto

Para acordar estos pronunciamientos, la fundamentación jurídica del auto, adoptado por unanimidad, considera los siguientes aspectos:

I. LA PARTE DE URBANIZACIÓN TERMINADA NO PRODUCE DAÑO AL MEDIOAMBIENTE.

  1. La Sala valora esencialmente que no se produce afección al medioambiente por el mantenimiento de las edificaciones que están terminadas.

Asimismo, la Sala constata que, si bien la construcción del complejo afectó negativamente a la ZEPA, no puede afirmarse lo mismo del funcionamiento del complejo.

El impacto por la presencia humana consistente en contaminación acústica, lumínica, de residuos y aguas residuales pueden ser eliminados si se adoptan las medidas contempladas en el PIR y las ahora propuestas por la Junta de Extremadura y las comunidades de propietarios.

La Sala, además, analiza con detalle el informe pericial de la Estación Biológica Doñana-CSIC y concluye la falta de afectación al medio ambiente de la parte de la urbanización que está terminada siempre que se adopten todas las medidas necesarias de protección del medioambiente y minimizando el impacto humano en una parte de la ZEPA.

El auto concluye que la isla no era un espacio aislado que dispusiera de una evolución ambiental ajena a la acción humana diferenciada del entorno inmediato sino un espacio altamente antropizado y que la verdadera razón para calificar la zona como ZEPA no era por las características del terreno sino por la lámina de agua formada por el embalse de Valdecañas.

Además, el auto expone que algunos problemas como la eutrofización del embalse no se produce por los vertidos de aguas residuales de los municipios de El Gordo y Berrocalejo, sino que se viene produciendo desde el año 1970 y a ello contribuyen notablemente las aguas residuales que terminan en el embalse de otros municipios de la comarca y del estado de las aguas del río Tajo.

Asimismo, la regeneración vegetal de bosque mediterráneo puede fomentarse en las áreas no construidas y en las que se van a derribar.

  1. El auto también valora que las dos primeras sentencias del TSJ de Extremadura de 9-3-2011 y del TS de 29-1-2014 anularon el PIR debido a la falta de alternativas en relación al proyecto presentado, incumpliendo el artículo 2.1.b) del Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de Evaluación de Impacto Ambiental, pero tuvieron en cuenta que el Estudio de Impacto Ambiental fue realizado, obraba en el expediente administrativo y recogía que el proyecto no afectaba a la protección de los espacios protegidos.
    Las sentencias del TSJ de Extremadura valoran la prueba obrante en los procesos y concluye que las pruebas presentadas por las asociaciones ecológicas actoras no desvirtúan las conclusiones del estudio de impacto ambiental, que siguen vigentes al ser anulada la actuación administrativa no por la falta del mismo o por una incorrecta evaluación sino por la falta de alternativas al proyecto presentado.

En ningún momento las dos sentencias del TSJ de Extremadura de 9-3-2011, origen de esta ejecución, establecieron que se habían vulnerado las Directivas Hábitat (Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres) y Aves (Directiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 30 de noviembre de 2009 relativa a la conservación de las aves silvestres), señala la Sala.

  1. También considera que no puede ser desconocido en fase de ejecución de sentencia lo acordado en la Orden de 11 de diciembre de 2012, de la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Energía, por la que se aprueba el Plan de Gestión de la ZEPA “embalse de Valdecañas”.
    El Plan de Gestión se ha sometido a información pública y ha sido informado por el Consejo Asesor de Medio Ambiente, debiendo considerarse un serio análisis de los usos compatibles y permitidos en la isla de Valdecañas que forma parte de la ZEPA.

La Orden contempla en el apartado 8 del Plan de Gestión de la ZEPA la zonificación de la ZEPA. La zonificación del territorio se ha llevado a cabo en función de las medidas de conservación establecidas y de la calidad de los valores naturales y su estado de conservación.

El apartado 8.4 está dedicado a la Zona de Uso General que está compuesta por aquellas zonas en las que no existen valores naturales significativos, de modo que el desarrollo de actividades humanas, con carácter general, no repercutirá en el estado de conservación de los elementos por los que se designó la ZEPA. Estas zonas tienen un mayor nivel de antropización y son:

  • La red de carreteras existente en la ZEPA en el momento de aprobación del Plan de Gestión.
  • La Isla de Valdecañas.

La isla de Valdecañas, aclara la Sala, está incluida en la zona de uso general debido a que se trata de una de las zonas de la ZEPA en la que no existen valores naturales significativos. La existencia de zonas con distinto interés medioambiental dentro de la ZEPA es considerado conforme a Derecho y avala el uso de la urbanización en la fase que se mantiene.

Por todo, concluye que la urbanización se encuentra en la zona en la que no existen valores naturales significativos, de modo que el desarrollo de actividades humanas, con carácter general, NO REPERCUTIRÁ EN EL ESTADO DE CONSERVACIÓN de los elementos por los que se designó la ZEPA.

Se trata de un aspecto esencial que la Sala valora para declarar la imposibilidad material parcial de la sentencia y el mantenimiento parcial de la urbanización. La valoración conjunta de la prueba permite afirmar que no se produce una afección al medioambiente y que las medidas a adoptar minimizan la huella humana que la urbanización conlleva en la ZEPA.

II. El IMPACTO SOCIO-ECONÓMICO POSITIVO que la urbanización terminada produce en los municipios cercanos a Marina Isla de Valdecañas que se enmarcan dentro de los objetivos de desarrollo de las zonas rurales y la reversión de la situación de abandono continuado de la población rural hacia las ciudades.

III. SE VALORA QUE EL HOTEL Y LAS VIVIENDAS CONSTRUIDAS SON UNA PARTE MÍNIMA DEL PROYECTO.

En lo que se refiere a los dos hoteles de 150 habitaciones, uno de los hoteles está terminado y en funcionamiento mientras que el segundo de los hoteles planificado se encuentra con parte de la estructura ejecutada si bien la construcción está paralizada.

En cuanto a las viviendas, se han terminado 185 villas frente al total de 565 residencias que se pensaban construir en Marina Isla de Valdecañas.

Por tanto, en relación a las viviendas solamente se mantiene el 32,74% de las proyectadas.

IV. ELEVADO PERJUICIO ECONÓMICO SI SE EJECUTARAN TOTALMENTE LAS SENTENCIAS.

En cuanto a los perjuicios económicos, la demolición de todo lo edificado supondría un coste de 33.982.889,85 euros. El posible perjuicio económico a los propietarios de las viviendas podría alcanzar la cantidad de 111.000.000 euros.

Por ello, inicialmente la indemnización a la que tendría que hacer frente la Junta de Extremadura alcanzaría, al menos, el importe de 144.982.889,85 euros por los gastos de demolición y de indemnización a terceros de buena fe.

V. INDEMNIZACIÓN DE 250.000 EUROS A FAVOR DE CADA UNA DE LAS PARTES DEMANDANTES ECOLOGISTAS EN ACCIÓN-CODA Y ADENEX.

Las sentencias dictadas por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ de Extremadura estimaron las pretensiones de las dos asociaciones ecologistas demandantes.

La inejecución parcial de las sentencias se transforma en una ejecución sustitutoria por lo que surgen perjuicios morales derivados de la demora en ejecutarse el fallo.

El auto, en aplicación del artículo 105.2 LJCA, fija una indemnización sustitutoria a favor de las partes demandantes que compense los gastos, la situación de incertidumbre y el perjuicio por la inejecución parcial de las sentencias.

El abono de dicha indemnización corresponde a la Junta de Extremadura que fue la Administración que aprobó el PIR y dio lugar a los sucesivos avatares procedimentales, legislativos y jurisdiccionales.

La mitad del importe es de libre disposición para las dos asociaciones demandantes y la otra mitad tendrá que ser destinada a fines medioambientales en la Comunidad Autónoma de Extremadura (realización de actuaciones de protección, promoción, favorecimiento o divulgación del medioambiente, la flora y la fauna, así como el fomento de las energías renovables etc).

La forma de ejecutar las sentencias, concluye la Sala Contencioso-Administrativo del TSJ de Extremadura, ofrece una forma para que el proceso acabe y las sentencias sean ejecutadas casi en su totalidad, intentando equilibrar los intereses en conflicto.

Ningún derecho o interés, determina el auto, puede interpretarse de manera absoluta, sino que en general siempre será necesario coordinar o modular distintos derechos e intereses para valorar la protección que cada uno de ellos merece.

Contra este auto cabe recurso de reposición en el plazo de cinco días.

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CEOE pide impulsar planes sectoriales de reactivación de la actividad y el consumo

7 de julio, 2020

02 julio 2020

Valoración paro junio

CEOE pide impulsar planes sectoriales de reactivación de la actividad y el consumo

ceoe.es

Después del parón de la actividad durante más de tres meses, los datos de desempleo y afiliación a la Seguridad Social demuestran una clara tendencia de las empresas a la activación de la actividad económica y del empleo.

Esta tendencia se traduce, por un lado, en la salida de más de 1.100.000 personas de los ERTEs en el último mes y, por otro lado, en las cifras de desempleo y especialmente de afiliación a la Seguridad Social.

Los datos de afiliación evidencian, respecto a mayo, un crecimiento especialmente relevante en la construcción -40.383 ocupados más-, el comercio -26.709 más-, las actividades administrativas y servicios auxiliares -22.610 más- y la hostelería -20.653 afiliados más-. Sin embargo, se registran las mayores caídas en educación, coincidiendo con la finalización del curso escolar -45.396 menos-, y en el Sistema Especial Agrario, con 41.596 ocupados menos, derivados de la finalización de algunas campañas.

No obstante, las cifras de evolución correspondientes al mes de junio reflejan una fluctuación en la ocupación, con casi 100.000 afiliados menos entre el 1 el 30 del mes, que estaría bastante alineada con los permanentes ajustes de las medidas de restricción y contención, que condicionan de manera notable el desarrollo de la actividad económica, y los problemas de la demanda, en los que confluyen cuestiones de falta de confianza de los ciudadanos e inversores, de incertidumbre y de limitaciones a la movilidad.

En este contexto, debemos apelar al importante papel de los ERTEs que, en la medida que están dotados de una flexibilidad interna, se han revelado como una medida imprescindible de adaptación al nivel de actividad y para preservar la mayor ocupación posible.

Igualmente resulta necesario impulsar planes sectoriales de reactivación de la actividad y el consumo, muy particularmente en el turismo, en este momento concreto del período estival, por su peso en nuestra economía y su efecto tractor en el resto de sectores.

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“Este acuerdo traslada la solidez y la solvencia de España para afrontar los retos”

7 de julio, 2020

“Este acuerdo traslada la solidez y la solvencia de España para afrontar los retos”

El secretario general, Unai Sordo, ha asistido esta mañana a la firma del Acuerdo por la reactivación económica y el empleo entre el Gobierno y los agentes sociales, donde ha manifestado que “este acuerdo traslada la solidez y la solvencia de España para afrontar los retos”. «El diálogo social y los acuerdos alcanzados tienen una traslación a la Unión Europea donde en 15 días nuestro país se juega en Europa buena parte del futuro para los próximos 2 años”.

03/07/2020.

ccoo.es

Unai Sordo ha destacado que debemos poner en valor las medidas conseguidas, que han evitado el incremento del desempleo y facilitado que 6 millones de personas hayan tenido algún tipo de renta, bien a través de los ERTES, del paro de los autónomos o con distintas prestaciones.

“Estamos satisfechos de lo realizado hasta ahora que han servido para que el empleo por primera vez en España caiga menos que lo que está cayendo la economía, sobretodo en una crisis sin ningún precedente”. Por ello, el secretario general cree que es necesario llegar a acuerdos que proporcionen estabilidad apostando por un crecimiento económico más sostenible, igualitario e inclusivo.

Unai Sordo ha pedido que se corrija el actual modelo laboral que muestra “grandes deficiencias como la precarización de la contratación o el despido”. Si no se modifica la reforma laboral, “se va a generar una caída de los salarios en la segunda parte del año”, y ha exigido que se aborden “políticas de desarrollo industrial y sectorial, que son claves para generar empleo de calidad”.

Además, ha advertido que además de los recursos que vengan de Europa a lo largo de los próximos trimestres, “vamos a tener que abordar reformas de carácter fiscal, de calado, para poder tener recursos públicos que sirvan para recuperar la calidad de nuestros servicios públicos y que España no dependa únicamente de recursos externos”.

El secretario general de CCOO sabe que queda mucho trabajo por hacer “pero lo vamos a hacer desde nuestras presencia en las empresas, desde la movilización, cuando sea necesario, y desde los espacios de diálogo social».

El acuerdo firmado esta mañana apuesta por impulsar la reincorporación de las trabajadoras y los trabajadores afectados por los ERTES del COVID-19; desarrollar la formación y recualificación de las trabajadoras y trabajadores, reduciendo o eliminando la brecha digital y tecnológica de género; regular el teletrabajo o poner en marcha un Pacto por la industria, entre otros.

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Puesta de Sol desde Estaciones, Santander

6 de julio, 2020
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La Guardia Civil desmantela una red de «chiringuitos financieros» que habría estafado más de 27 millones de euros

6 de julio, 2020

04/07/20

guardiacivil.es

La Guardia Civil desmantela una red de «chiringuitos financieros» que habría estafado más de 27 millones de euros

Esta práctica defraudatoria ha afectado a 472 inversores en nuestro país. Sólo en el último año se han recibido 69 denuncias con más de 3,2 millones de euros defraudados

La organización operaba desde Alemania y España y habría manipulado acciones de algunas empresas que cotizaban en sistemas multilaterales de negociación de Alemania, Francia y Austria, en las que invertían las víctimas

Han sido detenidas 4 personas en Barcelona como supuestos autores de un delito de pertenencia a organización criminal y estafa, para los que se ha decretado prisión incondicional sin fianza, además de otras 4 en Alemania y 1 en Grecia

La CNMV ha colaborado con la Guardia Civil en el marco de su cooperación habitual en la materia y advirtió sobre las entidades implicadas en el fraude el 28 de octubre de 2019

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, bajo la dirección del Juzgado Central de Instrucción núm. 1 de la Audiencia Nacional, ha desarrollado una investigación sobre una organización criminal dedicada a la perpetración de estafas a través de los denominados «chiringuitos financieros».

En la que se ha denominado Operación ALIBI, se han realizado 4 registros y se ha procedido a la detención de 4 personas en Barcelona como supuestos autores de un delito de pertenencia a organización criminal y estafa.

Con esta operación, en la que ha colaborado la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), se ha conseguido poner fin a una práctica defraudatoria que se iniciaba en España con la utilización de sucesivos «chiringuitos financieros» y que habría provocado un total de 472 víctimas en España con un montante estafado superior a los 27 millones de euros.

El Grupo de Investigación Financiera de la UCO de la Guardia Civil se sumó a esta investigación en el año 2017, a instancias de la Autoridad Judicial, constatando el modus operandi de esta organización delictiva, consistente en la manipulación de acciones cotizadas en sistemas multilaterales de negociación alemanes, franceses y austriacos, conducta prohibida por el Reglamento comunitario de abuso de mercado (Reglamento UE 596/2014).

Los sistemas multilaterales de negociación, son centros de negociación con menores requisitos para cotizar en ellos que los mercados regulados. Aunque su creación es autorizada por las Autoridades Supervisoras Nacionales de mercados de valores, la mayor parte de la supervisión de los mismos recae en los organismos rectores de dichos centros.

Organización criminal internacional radicada en Alemania y España

La investigación puso de manifiesto la existencia de una compleja organización criminal de carácter internacional, radicada principalmente en Alemania y España y con conexiones con otros países. La parte de la organización criminal radicada en Alemania sería la encargada de manipular las acciones de algunas empresas que cotizaban en sistemas multilaterales de negociación de Alemania, Francia y Austria en que invertían las víctimas.

Por otro lado, la parte española de la organización delictiva, a través de distintos “call centers” que se sucedían en el tiempo para no ser detectados, sería la encargada de captar a inversores mediante técnicas de telemarketing para, con información falsa y tras continuos contactos telefónicos con promesas de grandes beneficios, conseguir que las víctimas invirtiesen en los valores ofrecidos.

Las víctimas tenían una falsa sensación de seguridad por el hecho de que los valores cotizasen en sistemas multilaterales de negociación autorizados, se contactase con ellos en nombre de empresas de asesoramiento ubicadas en el extranjero creadas ad hoc para aparentar solvencia y que la inversión se realizase a través de sus propias cuentas de valores.

Ofrecimiento de valores de hasta 17 empresas extranjeras

Sin embargo, la organización criminal mantenía artificialmente el valor de las acciones vendidas y llegado el momento, dejaban “caer” a la empresa y con ello el valor de sus acciones, lo que provocaba la pérdida de la inversión y, por tanto, la consumación de la estafa.

Este era el momento de sustituir esta empresa por otra nueva en la que invertirían las futuras víctimas. En total, a lo largo de toda la investigación se ofrecieron valores de 17 empresas extranjeras, creadas en diferentes países.

69 denuncias y más de 3,2 millones de euros estafados en el último año

En el último año, la venta fraudulenta de valores de la empresa alemana DEUTSCHE WERTE HOLDING y la griega WORLD EXCELLENT PRODUCTS, hasta que su cotización fue suspendida en la bolsa de Viena por el regulador austriaco, originaron en España un total de 69 denuncias con un montante de más de 3,2 millones de euros estafados.

La investigación ha contado con la colaboración y coordinación permanente entre la Policía de Düsseldorf (Alemania) y la Guardia Civil, culminando con la detención y puesta a disposición judicial, tanto en Alemania como en España, de los responsables de los hechos.

De esta manera, a finales del pasado año, se produjeron 4 detenciones en Alemania y 1 en Grecia, siendo esta última un ciudadano alemán considerado el cabecilla de esta organización, quedando otro de nacionalidad griega en paradero desconocido.

En lo que respecta a nuestro país, además de las 4 detenciones llevadas a cabo esta misma semana en Barcelona, por parte del Grupo de Huidos de la Justicia de la UCO se procedió el pasado mes de enero a la detención de un ciudadano marroquí en la provincia de Alicante, a requerimiento de las autoridades germanas al estar esta persona en busca y captura por su vinculación con esta organización.

Para estas personas detenidas en Barcelona, la Autoridad Judicial ha decretado prisión incondicional sin fianza para todos ellos.

La CNMV colaboró con la Guardia Civil dentro de la habitual cooperación entre ambas instituciones en la lucha contra los fraudes financieros, poniendo a disposición sus datos sobre las entidades españolas utilizadas en el fraude, entidades que ya habían sido anunciadas como chiringuitos financieros a través de la correspondiente advertencia en la web de la CNMV el pasado 28 de octubre de 2019.

Esta institución ha editado un decálogo con consejos a los inversores para evitar chiringuitos financieros que se puede consultar en este enlace

http://www.cnmv.es/Portal/Inversor/Decalogo-chiringuitos.aspx?lang=es.
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El Gobierno crea un fondo de 10.000 millones para apoyar la solvencia de las empresas estratégicas afectadas por la pandemia

6 de julio, 2020

Ministerio de Hacienda

Gabinete de prensa

Consejo de Ministros

hacienda.gob.es

El Gobierno crea un fondo de 10.000 millones para apoyar la solvencia de las empresas estratégicas afectadas por la pandemia

 El Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas aportará apoyo público de carácter temporal
 Las aportaciones públicas se realizarán mediante la concesión de préstamos participativos, deuda subordinada o suscripción de acciones
 Será gestionado por un Consejo Gestor a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI)
 Esta medida se ajusta a la normativa de ayudas de Estado de la UE y se enmarca en la estrategia europea de medidas de apoyo económico público frente al COVID-19

3 de julio de 2020.- El Consejo de Ministros ha aprobado hoy el Real Decreto-ley de Medidas Urgentes para Apoyar la Reactivación Económica y el Empleo, que incluye la creación de un Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas. Se trata de un nuevo instrumento que estará dotado inicialmente con 10.000 millones de euros y cuyo objetivo es aportar apoyo público temporal para reforzar la solvencia empresarial de empresas no financieras afectadas por la pandemia del COVID-19 que sean consideradas estratégicas para el tejido productivo nacional o regional.
El fondo estará adscrito al Ministerio de Hacienda y será gestionado por un Consejo Gestor a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). Este fondo se rige por lo dispuesto en la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público y se ajusta a la normativa de ayudas de Estado de la Comisión Europea.

En concreto, la aprobación de este mecanismo se encuadra en el marco europeo de medidas de apoyo económico ante el COVID-19. De hecho, el pasado 8 de mayo la Comisión Europea aprobó la modificación del Marco Temporal relativo a medidas de ayuda estatal frente a la pandemia, para incluir las iniciativas encaminadas a permitir la recapitalización de empresas no financieras que atraviesen dificultades financieras debido al COVID-19.

Esta medida va destinada a sociedades que atraviesen severas dificultades de carácter temporal como consecuencia del COVID-19 y que sean consideradas estratégicas por diversos motivos, como pueden ser su sensible impacto social y económico, su relevancia para la seguridad, la salud de las personas, las infraestructuras, las comunicaciones o su contribución al buen funcionamiento de los mercados. Serán las propias empresas interesadas las que deberán solicitar acceso a este fondo.
Instrumentos del fondo

El fondo se articulará a través distintos instrumentos en función de cada caso particular, como son, entre otros:
• Concesión de préstamos participativos.
• Adquisición de deuda subordinada.
• Suscripción de acciones u otros instrumentos de capital.

El importe de los dividendos, intereses y plusvalías que resulten de las inversiones que se realicen se ingresará en el Tesoro Público.

Las empresas susceptibles de recibir ayuda deberán cumplir las condiciones previstas en el Marco Temporal comunitario y las que serán fijadas en próximas fechas por el Consejo de Ministros.

El Gobierno ha mostrado desde el inicio de la pandemia su compromiso con las empresas, especialmente las afectadas por la pandemia, y ha adoptado desde el mes de marzo una serie de medidas destinadas a proteger y reforzar a las compañías.

Así, se aprobó la flexibilización de los aplazamientos del pago de impuestos o se impulsaron líneas de financiación específica a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO) para atender las necesidades de liquidez de las empresas y autónomos del sector turístico.

Además, el Estado, a través del ICO, ha puesto a disposición de las empresas y autónomos líneas de avales de hasta 100.000 millones de euros para dotar de liquidez al tejido productivo español, permitiendo así su funcionamiento y protegiendo la actividad y el empleo. Una cantidad que se amplía hoy con hasta 40.000 millones más de avales ICO destinados a apoyar la inversión de empresas y autónomos.

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Protección Civil y Emergencias alerta por altas temperaturas en amplias zonas del centro y sur peninsular

6 de julio, 2020

Protección Civil y Emergencias alerta por altas temperaturas en amplias zonas del centro y sur peninsular

Dirección General de Protección Civil y Emergencias

Madrid, 03/07/2020

interior.gob.es

Especialmente a partir del domingo
◾ Las provincias más afectadas serían Jaén, Córdoba y Sevilla, donde previsiblemente se alcanzarán los 40ºC durante la jornada del domingo.
◾ Límite su exposición al sol y evite la actividad física prolongada en las horas centrales del día. Beba abundante agua o líquidos y tome comidas ligeras y regulares. Utilice ropa de colores claros y protéjase la cabeza.
◾ Interésese por la población en mayor riesgo como niños, ancianos y personas enfermas.
◾ Las altas temperaturas pueden favorecer los incendios forestales, por lo que se reitera la petición de extremar las precauciones para evitar su aparición.
◾ Sanidad mantiene activado el Plan Nacional de Actuaciones Preventivas por Altas Temperaturas para reducir sus efectos asociados.
◾ Más información actualizada en Protección Civil, AEMET y Ministerio de Sanidad

La Dirección General de Protección Civil y Emergencias del Ministerio del Interior, de acuerdo con las predicciones de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), alerta por altas temperaturas en amplias zonas del centro y sur peninsular, especialmente a partir del próximo domingo.

Las provincias más afectadas serían Jaén, Córdoba y Sevilla, donde previsiblemente se alcanzarán los 40ºC durante la jornada del domingo.

Recomendaciones

Ante altas temperaturas:
◾ Limite la exposición al sol.
◾ Manténgase en lugar bien ventilado.
◾ Ingiera comidas ligeras y regulares, ricas en agua y sales minerales, como frutas y hortalizas.
◾ Beba frecuentemente agua o líquidos.
◾ Vístase con ropa de colores claros, cubriendo la mayor superficie de piel posible y la cabeza.
◾ Evite ejercicios físicos prolongados en las horas centrales del día.
◾ Interésese por las personas mayores y enfermas, y aquéllas que vivan solas o aisladas.
◾ Tenga en cuenta que las altas temperaturas favorecen el riesgo de incendios forestales.

Para prevenir incendios forestales:
◾ Preste especial atención a las normas de la Comunidad Autónoma sobre prevención de incendios y periodos autorizados para realizar quemas de rastrojos.
◾ Evite arrojar cigarrillos, basuras y, especialmente, botellas de vidrio que hacen efecto lupa con el sol. Las negligencias provocan gran parte de incendios forestales.
◾ Se prohíbe encender fuegos u hogueras en el monte y terrenos próximos.
◾ Acampe sólo en zonas autorizadas, puesto que éstas cuentan con medidas de protección frente a un posible incendio y es más fácil la evacuación.
◾ Si descubre el fuego en su inicio, avise al 112 inmediatamente.
◾ En caso de verse sorprendido por un incendio, evite penetrar en el monte o bosque. Vaya siempre por zonas de gran visibilidad y libres de combustible.
◾ En caso de emergencia por incendio forestal, atienda siempre las indicaciones de las autoridades competentes.

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CSIF pide refuerzo y estabilidad para las plantillas de las administraciones públicas

6 de julio, 2020

CSIF pide refuerzo y estabilidad para las plantillas de las administraciones públicas

  • Reunión con el Ministerio de Función Pública. El ministerio cita a los sindicatos para negociar un nuevo acuerdo en septiembre
  • El 64% de las ofertas de empleo están sin ejecutar desde 2017 y la temporalidad alcanza la cifra record del 27,8%, 1,5 puntos más que el sector privado
  • Las administraciones públicas deben ser los pilares de la reconstrucción del país: hacen falta al menos 100.000 empleos

02 de Julio de 2020

csif.es

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas, reclamó hoy al Ministerio de Política Territorial y Función Pública el refuerzo urgente de las plantillas y el desarrollo de las ofertas de empleo público pendientes de ejecución. CSIF mantuvo hoy una reunión de seguimiento de los acuerdos de estabilidad y mejora de las condiciones laborales firmados en 2017 y 2018.

Entonces, el Gobierno se comprometió a rebajar la tasa de temporalidad del 23 al 8 por ciento en 2020. Pues bien, por la parálisis e inestabilidad política de los últimos años, así como la falta de eficacia de las diferentes administraciones, nos encontramos con que la temporalidad se sitúa en la cifra récord del 27,8 por ciento (cifras EPA). Además, según datos de CSIF, el 64 por ciento de las ofertas de empleo público aprobadas desde 2017 están sin ejecutar.

CSIF entiende que las administraciones públicas deben de ser los pilares de la reconstrucción del país tras la pandemia del coronavirus, mediante la creación de empleo de calidad y el fortalecimiento de los servicios que recibe la ciudadanía (sanidad y servicios sociales, educación, justicia, fuerzas y cuerpos de seguridad, Servicio Público de Empleo, Seguridad Social, Agencia Tributaria, entre otros.

CSIF ha elevado sus propuestas a la Comisión de Reconstrucción del Congreso de los Diputados e iniciará una ronda con grupos parlamentarios. Los próximos presupuestos generales del estado deben incluir un plan de recursos humanos, con un diagnóstico preciso de las necesidades en los diferentes sectores, partiendo de la premisa de que en los 10 últimos años se han perdido 53.300 empleos a nivel general, 30.000 se jubilarán este año y la sanidad necesita 25.000 profesionales más para superar esta situación y ofrecer una estructura sólida de personal para hacer frente a los niveles de calidad que precisa nuestra ciudadanía.

Un nuevo acuerdo de legislatura

El presidente del sindicato, Miguel Borra, ha trasladado a la ministra Carolina Darias con la firme voluntad de alcanzar un nuevo acuerdo de legislatura de aquí a septiembre. En julio está previsto trabajar en una modificación puntual del Estatuto Básico del Empleado Público para mejorar la lucha contra la temporalidad y desarrollar el teletrabajo. El objetivo es que, ya en septiembre, se pueda empezar a trabajar en un acuerdo de legislatura.

CSIF tiene “la firme voluntad de avanzar en un acuerdo de legislatura que ponga en valor la profesionalidad del conjunto de empleados/as públicos” en la lucha contra el virus y sus efectos sobre la sociedad española. CSIF reivindicará que este acuerdo de legislatura contemple, entre otros: Recuperación de la estructura salarial previa a 2010 y que equipare las retribuciones entre administraciones (pedimos al Ministerio que inste al conjunto de las adm. a que ejecuten la subida pendiente del 2 por ciento, entre otros).

Los empleados públicos arrastran una pérdida del poder adquisitivo de entre el 12,9 y el 17,9 desde 2010. Plan de recursos humanos para reforzar las plantillas donde sea necesario. Establecimiento de las 35 horas en el conjunto de las administraciones públicas. Reconocimiento del Covid como enfermedad profesional. Jubilación parcial y anticipada de determinados colectivos.

Mantenimiento del sistema de clases pasivas y adecuación de los haberes reguladores. Desarrollo de la bolsa de horas para conciliación. Conscientes de los retos y dificultades que afrontan la tramitación de los Presupuestos, desde CSIF le ofrecemos nuestra colaboración desde ya para, dentro de la negociación colectiva, podamos alcanzar un acuerdo sólido de legislatura que desarrolle las medidas de reconstrucción que necesita nuestros servicios públicos y mejore las condiciones laborales y retributivas de las personas que trabajan en las administraciones públicas.

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Santander. Jardines de Piquío. Bola del Mundo

5 de julio, 2020
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El Gobierno aprueba nuevas medidas, por importe de 50.000 millones, en el marco del Acuerdo por la Reactivación Económica y el Empleo

5 de julio, 2020

Consejo de Ministros extraordinario

El Gobierno aprueba nuevas medidas, por importe de 50.000 millones, en el marco del Acuerdo por la Reactivación Económica y el Empleo

La Moncloa, Madrid, viernes 3 de julio de 2020

lamoncloa.gob.es

El Ejecutivo pone en marcha una Línea de Avales del ICO por importe de 40.000 millones de euros para impulsar nuevos proyectos de inversión empresarial y crea un fondo de 10.000 millones para apoyar la solvencia de las empresas estratégicas. Además, aprueba el plan «Renove 2020» para la adquisición de vehículos, aplicable a compras desde el pasado 16 de junio.

El Consejo de Ministros extraordinario ha aprobado un Real Decreto-Ley de Medidas Urgentes para apoyar la reactivación económica y el empleo. Este nuevo paquete tiene como objetivo reforzar y acelerar la recuperación que ya ha iniciado la economía tras la crisis provocada por el COVID-19. Para ello se ponen en marcha medidas que impulsan la inversión y refuerzan la solvencia de las empresas, lo que a su vez dará soporte a miles de puestos de trabajo.

Entre esas medidas se incluye la creación de una nueva Línea de Avales del Instituto de Crédito Oficial (ICO) por importe de 40.000 millones de euros. Esta nueva línea se dirige a impulsar la actividad inversora y fomentarla en las áreas donde se genere mayor valor añadido, en torno a dos ejes principales: la sostenibilidad medioambiental y la digitalización.

Ante el elevado uso de la anterior Línea de Avales (destinada a cubrir las necesidades de liquidez, por importe de 100.000 millones de euros), y el óptimo funcionamiento del modelo de colaboración público-privado, está previsto replicar el modo de aprobación y gestión, con el fin de optimizar los recursos y la capilaridad de la llegada de los fondos al tejido productivo.

Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas

Reunión del Consejo de Ministros extraordinarioPool Moncloa/JM CuadradoEl Gobierno también ha aprobado la creación de un Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas. Se trata de un nuevo instrumento que estará dotado con 10.000 millones de euros y cuyo objetivo es aportar apoyo público temporal para reforzar la solvencia de empresas no financieras afectadas por la pandemia del COVID-19. Este fondo estará adscrito al Ministerio de Hacienda y será gestionado a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), ajustándose a la normativa de ayudas de Estado de la Comisión Europea.

El fondo se articulará a través distintos instrumentos como la concesión de préstamos participativos, la adquisición de deuda subordinada o la suscripción de acciones u otros instrumentos de capital. El importe de los dividendos, intereses y plusvalías que resulten de las inversiones que se realicen se ingresarán en el Tesoro Público.

El Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas está dirigido a sociedades que atraviesen severas dificultades de carácter temporal como consecuencia de la situación generada por el COVID-19 y que sean consideradas estratégicas por diversos motivos, como su impacto social y económico, su relevancia para la seguridad, la salud de las personas, las infraestructuras, las comunicaciones o su contribución al buen funcionamiento de los mercados.

Plan «Renove 2020»

El Ejecutivo ha aprobado el programa «Renove 2020» para la renovación del parque de vehículos. El objetivo de este plan, dotado con 250 millones de euros, es estimular la demanda, activar la producción en España y promover la sustitución de los vehículos más antiguos y contaminantes.

Las ayudas del plan «Renove 2020» se concederán de forma directa y pueden ir desde los 300 hasta los 4.000 euros, según el tipo de vehículo y del beneficiario. Se podrá contar con 500 euros adicionales en el caso de achatarramiento de un vehículo de más de veinte años, de beneficiarios con movilidad reducida o aquellos que pertenezcan a hogares con ingresos mensuales inferiores a 1.500 euros. Pueden optar a las ayudas del plan «Renove 2020» las adquisiciones de vehículos realizadas desde el 16 de junio de 2020. El programa finalizará el 31 de diciembre de 2020 o hasta que se agote el crédito habilitado a tal efecto.

Se estima que este plan va a tener un impacto económico para España de 1.104 millones de euros a lo largo de toda la cadena de valor y de los servicios asociados, y que va a contribuir al mantenimiento de 7.400 empleos en el sector.

Refuerzo del sector turístico

El Gobierno también ha aprobado tres medidas de apoyo al sector turístico español. Por un lado, se pone en marcha un sistema de financiación de proyectos para la digitalización y la innovación del sector turístico. La dotación presupuestaria del programa será de 216 millones de euros para el ejercicio 2020. Se prevé la concesión de un máximo de 1.100 préstamos para cada ejercicio presupuestario, tomando como base un préstamo medio de 200.000 euros.

Por otro lado, se ha aprobado la creación del instrumento denominado «Planes de Sostenibilidad Turística en Destinos». El objetivo es impulsar el desarrollo de los destinos turísticos ubicados en áreas rurales y de interior.

En tercer lugar, se ha aprobado una moratoria hipotecaria para inmuebles afectos a actividad turística, a través del otorgamiento de un periodo de moratoria de hasta doce meses para las operaciones financieras de carácter hipotecario suscritas con entidades de crédito. Podrán ser beneficiarios los trabajadores autónomos y las personas jurídicas con domicilio social en España, siempre que experimenten dificultades financieras a consecuencia de la emergencia sanitaria.

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El Gobierno aprueba una nueva Línea de Avales por importe de 40.000 millones para impulsar las inversiones nuevas de autónomos y empresas

5 de julio, 2020

03 de julio de 2020

El Gobierno aprueba una nueva Línea de Avales por importe de 40.000 millones para impulsar las inversiones nuevas de autónomos y empresas

mineco.gob.es

Ministerio de Economía y Empresa Esta línea se enmarca en el plan de reactivación de la economía y el empleo
La nueva Línea de Avales tiene como objetivo impulsar la inversión nueva en los ámbitos donde se generen mayores efectos arrastre y valor añadido, en torno a dos ejes, principalmente, la sostenibilidad medioambiental y la digitalización
Se mantiene el modelo de colaboración público-privada con las entidades financieras
La Línea de Avales puesta en marcha el pasado mes de marzo para garantizar la liquidez de autónomos y empresas está cumpliendo de manera eficiente su objetivo y registra uno de los mayores porcentajes de utilización en Europa

El Consejo de Ministros ha aprobado hoy la creación de una nueva Línea de Avales, que será también canalizada a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO), por importe de 40.000 millones de euros dirigida a impulsar la realización de nuevos proyectos de inversión empresarial.

Esta medida forma parte del plan de reactivación de la economía y el empleo y tiene como objetivo apoyar nuevos proyectos de inversión del tejido productivo, tras una primera fase en la que primó la cobertura de las necesidades de liquidez.

La nueva línea se dirige a impulsar la actividad inversora y fomentarla en las áreas donde se genere mayor valor añadido, en torno a dos ejes principalmente: la sostenibilidad medioambiental y la digitalización.

Dada la elevada utilización de la anterior Línea de Avales, destinada a cubrir las necesidades de liquidez, y el óptimo funcionamiento del modelo de colaboración público privado, está previsto replicar el modo de aprobación y gestión, con el fin de optimizar los recursos y la capilaridad de la llegada de los fondos al tejido productivo.

Las características específicas de la Línea de Avales, porcentaje de cobertura y distribución por tramos se aprobarán por Acuerdo de Consejo de Ministros en las próximas semanas.

Balance Línea de Avales para liquidez

La Línea de Avales para garantizar la liquidez fue una de las primeras medidas puestas en marcha para proteger el tejido productivo tras declararse el estado de alarma. Se aprobó el 17 de marzo y su diseño y gestión está permitiendo que España esté entre las principales economías de la zona euro con mayor empleo de los avales públicos.

Ya se han liberado por el Estado los 100.000 millones aprobados, que han permitido, hasta la fecha, que empresas y autónomos reciban 85.150 millones de euros en financiación para atender necesidades de liquidez. Con datos a 1 de julio, se han aprobado 663.995 operaciones, con un importe avalado de 64.725 millones de euros.

El mayor volumen de operaciones y financiación se concentra en pymes y autónomos, con 648.065 préstamos aprobados, el 97,6% del total, y un importe avalado de 46.777 millones de euros. Esto ha permitido la canalización de 58.525 millones de euros de financiación para garantizar liquidez y cubrir necesidades de circulante.

El resto de empresas han recibido 26.493 millones de euros en financiación, a través de 12.662 operaciones avaladas con 17.843 millones de euros

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Las Bolsas europeas publican una nota informativa sobre el horario de la sesión bursátil

5 de julio, 2020

Las Bolsas europeas publican una nota informativa sobre el horario de la sesión bursátil

bolsamadrid.es

•Reducir el horario de contratación haría necesario evaluar las necesidades de los inversores finales
•Tendría efectos en la interacción entre los mercados a lo largo de la jornada bursátil
•Constituiría una amenaza potencial a la liquidez y tendría un impacto negativo en los mercados y productos asociados
•Comprometería la competitividad de los mercados

Las Bolsa Europeas, representadas en la Federación Europea de Bolsas (FESE), entre las que se encuentra BME, han publicado una nota informativa sobre la duración de la sesión bursátil. En noviembre de 2019 la Association of Financial Markets in Europe (AFME) y la Investment Association (IA) hicieron un llamamiento a los mercados de valores europeos para llevar a cabo una revisión de la duración de la sesión bursátil en los mercados de toda Europa.

Antes incluso de considerar cualquier cambio en los horarios de negociación de Renta Variable, que podría ser perjudicial para los mercados europeos, es necesario examinar en detalle una serie de complejas cuestiones para comprender completamente los efectos que tendrían los cambios, entre los que se incluyen:
•Las necesidades de los inversores finales
•Las interacciones entre diferentes mercados durante la sesión bursátil
•La potencial amenaza a la liquidez
•El impacto que tendría en mercados y productos asociados en todos los mercados y
•La competitividad de los mercados

Por sí solos estos puntos indican cómo un acortamiento de la jornada de contratación europea podría constituir un paso en la dirección equivocada y ser en general perjudicial para los mercados europeos y los inversores finales.

La crisis del Covid-19 ha demostrado que los mercados regulados desempeñan un papel central en tiempos de incertidumbre (alta volatilidad y altos volúmenes negociados). Los mercados transparentes, equitativos y resistentes ofrecen en todo el mundo gestión de riesgos y liquidez con una elevada integridad y son de suma importancia. Desde el punto de vista de la liquidez, es importante subrayar que actualmente no hay problemas de liquidez en los mercados regulados europeos, especialmente al comienzo y al final de la jornada de contratación, que es lo que motivaría un cambio en el horario bursátil. El volumen de liquidez presente en los mercados europeos en las primeras horas de negociación y durante la última parte de la tarde demuestra que actualmente la duración de la sesión de Bolsa refleja las necesidades de los inversores.

Acortar el horario de contratación de los mercados de valores transparentes y no opacos favorecería aún más un marco de falta de equidad, ya que los Internalizadores Sistemáticos (SI) o los mercados OTC, que ya realizan una gran parte de la operativa fuera del horario bursátil de las Bolsas, no estarían sujetos a tal cambio.

Una cuestión importante que plantean los defensores del cambio es la relativa al bienestar de los empleados. Dado que los SI y los mercados OTC ya operan fuera del horario de actual de contratación de las Bolsas y que sus puestos de contratación cuentan con personal para cubrir estos mercados y otras clases de activos, una reducción de la jornada bursátil europea no tendría ningún impacto en el bienestar de los empleados. Serían necesarias otras medidas a nivel empresarial para facilitar un mejor equilibrio entre la vida laboral y personal (por ejemplo, trabajar por turnos, horarios de trabajo flexibles).

En este debate se ha dejado de lado el impacto negativo en la interacción entre los mercados y la economía europea. Debe tenerse en cuenta el enorme tamaño de los mercados y las economías afectadas, sin olvidar la relación simbiótica entre el horario bursátil y la economía real. Dado el desafío actual de recapitalizar nuestras economías debido a la crisis de Covid-19, contar con mercados europeos eficientes, competitivos y que muestren un buen funcionamiento es de suma importancia para garantizar que nuestras economías se recuperen de la crisis actual. En consecuencia, es crucial que permanezcan a disposición de los participantes del mercado de para dar respuesta a sus necesidades.

Puedes acceder a más información a través de este enlace:

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Teletrabajo y ola de calor. ¿Cómo valorar las condiciones de trabajo?

5 de julio, 2020

Teletrabajo y ola de calor. ¿Cómo valorar las condiciones de trabajo?

30 junio, 2020

uso.es

La ola de calor de esta semana afecta también al alto porcentaje de personas que aún están realizando teletrabajo en una gran diversidad de inmuebles que, salvo algunos casos, no están preparados para utilizarse como lugar de trabajo.

Es imprescindible comprobar que las condiciones de teletrabajo no resulten perjudiciales para la salud de la persona trabajadora en situaciones de altas temperaturas. Por ello, USO os muestra una serie de pautas para evaluar las condiciones frente a las altas temperaturas y, si se necesita, solicitar ayuda del Servicio de Prevención para adoptar las medidas preventivas oportunas.

Observación de las condiciones de teletrabajo

El método EVALTER-OBS se basa en la observación directa de las condiciones habituales de trabajo para determinar:
•Si los riesgos térmicos a los que están expuestos los trabajadores cuando trabajan en condiciones de estrés térmico son aceptables o inaceptables por acumulación o pérdida excesivas de calor corporal que puedan dar lugar a daños para su salud.
•Si se trabaja en condiciones que producen incomodidad o molestias inaceptables por calor o frío o, por el contrario, molestias aceptables.

Tanto los daños a la salud como las molestias térmicas se producen debido a la interacción entre factores “objetivos”, propios de las condiciones de trabajo, que en este método se denominarán “factores térmicos objetivos” y factores personales. Por eso, EVALTER-OBS tiene en cuenta 7 factores: 6 “factores térmicos objetivos” más otro factor relativo a “opinión de los trabajadores” sobre su sensación térmica.

Los 7 factores sobre los que quien realice la evaluación debe recoger información observando detalladamente las condiciones de trabajo son:
•La temperatura del aire.
•La humedad del aire.
•La radiación térmica.
•Las corrientes de aire.
•La actividad física desarrollada.
•La ropa o vestimenta de los trabajadores.
•La opinión de los trabajadores.

La información que debe recogerse es la que tiene que ver con las causas u origen de la temperatura, la humedad y las posibles corrientes de aire en el puesto de trabajo, como, por ejemplo, fuentes internas o procesos que originen calor, frío, humedad y corrientes de aire; elementos o procesos que resequen el ambiente; elementos estructurales con influencia en las fuentes exteriores de frío/calor, ubicación y orientación del lugar de trabajo, ausencia de aislamiento térmico en paredes, ventanas, tejados; condiciones climáticas en las épocas calurosa (verano), fría (invierno) e intermedia (primavera y otoño) de la zona donde está el lugar de trabajo.

Si la aplicación de EVALTER-OBS no suscita dudas y los resultados merecen confianza, habrá casos en los que la normativa legal de prevención de riesgos laborales imponga la obligación de aplicar medidas preventivas para reducir los riesgos o molestias y otros para los que no existe esa obligación legal, pero, sin embargo, sea recomendable hacerlo. Podrían darse estos escenarios:
•Si los riesgos y molestias son aceptables, desde el punto de vista preventivo siempre es aconsejable reducir los riesgos, y las molestias, al mínimo posible, ya que la mejora continua de las condiciones de trabajo es beneficiosa para el trabajador y la productividad. La legislación laboral, aunque recomienda la reducción al mínimo posible de los riesgos y molestias y la mejora continua de las condiciones de trabajo, no obliga en estos casos a aplicar medidas de prevención y control.
•Si los riesgos son aceptables y las molestias inaceptables porque no se cumple la legislación, se deben aplicar medidas preventivas.
•Si los riesgos son inaceptables se exige la adopción de medidas de prevención y control, debiéndose contar con la participación de las personas trabajadoras, éstas son las que mejor conocen su puesto de trabajo y destinatarias de las mejoras. Cuando sea necesario aplicar medidas preventivas, se deberán volver a evaluar los riesgos o molestias después de haberlas aplicado para comprobar su eficacia.

Eliminar los riesgos de origen térmico

En USO recordamos que la eliminación o reducción de los riesgos de origen térmico hasta el mínimo posible y siempre por debajo de los niveles límite aceptables es una obligación para las empresas y un derecho de las personas trabajadoras, también en el teletrabajo.

Asimismo, en la medida de lo posible, en todos los lugares de trabajo se deben evitar la irradiación excesiva y, en particular, la radiación solar a través de ventanas, luces o tabiques acristalados.

En cualquier lugar de trabajo cerrado donde se realicen trabajos sedentarios tipo oficinas o ligeros, se deben cumplir las disposiciones del apartado 3.a del anexo III del RD 486/97 sobre Lugares de Trabajo, que son las que figuran en el cuadro siguiente:

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Valverde de Curueño. Provincia de León

4 de julio, 2020
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