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Puesta de sol en mayo

9 de mayo, 2021
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El Gobierno inicia la reforma de la Ley del Mercado de Valores para impulsar su función en la financiación de la economía y aumentar la protección del inversor

9 de mayo, 2021

El Gobierno inicia la reforma de la Ley del Mercado de Valores para impulsar su función en la financiación de la economía y aumentar la protección del inversor

Miércoles 5 de mayo de 2021

Inversores

El Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital ha publicado en audiencia pública un paquete legislativo que incluye la reforma de la Ley del Mercado de Valores y de los Servicios de Inversión, que permitirá potenciar la competitividad de las infraestructuras de mercado y fortalecer el régimen de supervisión aplicable a las empresas de servicios de inversión.

Este paquete legislativo incluye además tres reales decretos de desarrollo relativos a las empresas de servicios de inversión; los instrumentos financieros, el régimen de registro de valores negociables y las infraestructuras de mercado y las potestades de supervisión de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. La publicación de los textos tiene como objetivo que ciudadanos y operadores presenten sus aportaciones y comentarios.

Con este conjunto de normas se incorporan al ordenamiento jurídico español diversas directivas comunitarias. En primer lugar, la Directiva 2019/2034, sobre régimen prudencial de empresas de servicios de inversión, que mejora el funcionamiento de estas empresas e incorpora obligaciones de solvencia específicas para estas entidades.

La norma establece un régimen prudencial propio de supervisión para estas empresas, adaptándolo a las particularidades de su modelo de negocio y teniendo en cuenta el principio de proporcionalidad.

Adicionalmente, se incluye una clasificación de las empresas de servicios de inversión, que determinará la normativa de aplicación según el nivel de activos totales, y se otorgan a la CNMV potestades para establecer el régimen aplicable, dentro de determinados márgenes, en función del tamaño, la naturaleza, la escala y la complejidad de las actividades de las empresas de servicios de inversión. Se contempla también un régimen más flexible para empresas muy pequeñas y que no entrañan riesgo sistémico, manteniendo la protección de los inversores.

En segundo lugar, se incorporan a la normativa española los recientes cambios aprobados en la Directiva MIFID II, con el objetivo de que los servicios de inversión favorezcan la recapitalización de las empresas europeas y faciliten las inversiones a la economía real.

Con este fin, la reforma ajusta los requisitos y obligaciones administrativas que, en el contexto actual, pueden resultar redundantes, para facilitar la canalización del ahorro hacia la financiación, salvaguardando también la protección e intereses de los inversores.

También ajusta la limitación de las posiciones en determinados derivados y el correspondiente régimen de exención de cobertura con el fin de dar un impulso a los nuevos mercados denominados en euros.

Finalmente, se incluyen modificaciones puntuales del Reglamento de la Unión Europea sobre el folleto a publicar en emisiones de valores o el Reglamento de la UE de titulizaciones, entre otros.

Mejora de la competitividad de los mercados de capitales en España

Además de la transposición de las directivas europeas, este paquete normativo introduce otra serie de novedades relevantes para mejorar la competitividad de los mercados de capitales en España para la financiación de la inversión y el crecimiento empresarial.

Se propone una reforma en la Ley de Sociedades Capital para garantizar la protección de los inversores en sociedades cotizadas con propósito para la adquisición (SPAC, por sus siglas en inglés). Estos vehículos tienen como objetivo favorecer la salida a bolsa de empresas, contribuyendo a la diversificación de las fuentes de financiación, especialmente para empresas que estén en crecimiento o en sus primeras fases de desarrollo, y reduciendo así la dependencia del crédito bancario.

Para que puedan conseguirse estos objetivos es clave asegurar la adecuada protección de los inversores y para ello la propuesta se centra en dar certeza al reembolso de las inversiones en las SPAC.

Finalmente, se simplifica el proceso de emisión de valores de renta fija con el objetivo de favorecer la competitividad de los mercados españoles en este segmento tan importante para la financiación empresarial y se propone la eliminación de determinadas obligaciones de información aplicables a los participantes del mercado en el proceso de compensación y liquidación de valores, para alinear la regulación nacional a la normativa comunitaria y a la de los países de nuestro entorno.

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El Tribunal Supremo avala la aplicación de la tasa municipal a las compañías de telefonía fija e Internet por su aprovechamiento del dominio público

9 de mayo, 2021

Viernes, 7 de mayo de 2021

El Tribunal Supremo avala la aplicación de la tasa municipal a las compañías de telefonía fija e Internet por su aprovechamiento del dominio público

La Sala III aplica una reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea

Autor: Comunicación Poder Judicial

La Sala III del Tribunal Supremo ha avalado, en aplicación de una reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, la tasa municipal por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público local a las compañías que actúan en el sector de la telefonía fija y de acceso a Internet.

El alto tribunal ha fijado como doctrina al respecto la siguiente: “Las limitaciones que para la potestad tributaria de los Estados miembros se derivan de los artículos 12 y 13 de la Directiva 2002/20/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de marzo de 2002, relativa a la autorización de redes y servicios de telecomunicaciones (Directiva autorización), tal como han sido interpretados por la STJUE (Sala Cuarta) de 27 de enero de 2021, Orange, C-764/18, no rigen para las tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público local exigidas a las compañías que actúan en el sector de la telefonía fija y de los servicios de internet, tanto si éstas son las titulares de las redes o infraestructuras utilizadas como si son titulares de un derecho de uso, acceso o interconexión a las mismas”.

En la mencionada sentencia del TJUE se estableció que los artículos 12 y 13 de la Directiva autorización en su versión modificada por la Directiva 2009/140, “deben interpretarse en el sentido de que no se oponen a una normativa nacional que impone, a las empresas propietarias de infraestructuras o de redes necesarias para las comunicaciones electrónicas y que utilicen estas para prestar servicios de telefonía fija y de acceso a Internet, una tasa cuyo importe se determina exclusivamente en función de los ingresos brutos obtenidos anualmente por estas empresas en el territorio del Estado miembro de que se trate”.

En aplicación de esta doctrina, el Supremo ha notificado varias sentencias en las que estima los recursos de los ayuntamientos de Pamplona, Salamanca, Alicante, Mataró (Barcelona) y Alcobendas (Madrid) en relación a la liquidación de estas tasas, que fueron recurridas por la empresa Orange.

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Lola Santillana, secretaria de Empleo de CCOO: «El empleo registra en abril una evolución positiva en medio de la pandemia

9 de mayo, 2021

Lola Santillana, secretaria de Empleo de CCOO: «El empleo registra en abril una evolución positiva en medio de la pandemia»

De “positivos” ha calificado los datos del empleo publicados hoy por el Ministerio de Trabajo, la secretaria de Empleo de CCOO, Lola Santillana, que no obstante ha matizado que sigue habiendo casi 4 millones de personas en paro. De ahí que haya demandado un acuerdo en la mesa de diálogo social que posibilite la remodelación de las políticas activas de empleo con el objetivo de que los desempleados puedan incorporarse mediante un itinerario formación-orientación al mercado de trabajo.

05/05/2021.

En un contexto complicado, el empleo ha aumentado en abril –como suele ser habitual- y ha bajado el paro y los trabajadores en ERTE, a pesar de que este año el efecto favorable de la semana santa sobre la actividad y el empleo ha sido mucho menor debido a las restricciones que impone la pandemia.

Los datos laborales de abril son buenos: la afiliación aumenta en 135 mil personas, el paro baja en 39 mil y los trabajadores en ERTE bajan en 36 mil. Los datos desestacionalizados no son tan favorables (sube el paro y baja la afiliación). La comparación interanual está distorsionada por la situación atípica de abril de 2020, en plena explosión de la pandemia y fuerte restricción de la actividad. Si la comparación la realizamos con meses de abril anteriores, los datos son razonablemente positivos dadas las difíciles circunstancias que atravesamos.

La población asalariada afectada por un ERTE se sitúa en 638 mil personas, tras haber bajado en el último mes en 37 mil personas, que en su inmensa mayoría se han reincorporado a su puesto de trabajo como evidencia el descenso del paro registrado. El 82% personas incluidas en ERTE se han reincorporado ya a la actividad laboral y este mecanismo de ayuda pública ha permitido salvar por el momento 2,9 millones de empleos y a miles de empresas desde el inicio de la pandemia

Sin las medidas extraordinarias adoptadas por el Gobierno y acordadas con los agentes sociales desde el inicio de la pandemia el daño en el tejido productivo y la destrucción de empleo habrían sido muy superiores, en un mercado de trabajo que ya arrastraba profundos desequilibrios agravados durante la anterior recesión (paro, precariedad, brechas de género, desequilibrio relaciones laborales).

Las medidas económicas y sociales aprobadas durante la pandemia han ido en la línea correcta, aunque han sido menos ambiciosas y redistributivas de lo que la grave situación requería, buscando minimizar el impacto económico a corto plazo aun a costa de la salud, cuando esta pandemia ha evidenciado que sin proteger en primer lugar la salud de la población no hay recuperación posible de la economía.

Los Presupuestos Generales del Estado para 2021 en clave expansiva y el aporte de los fondos europeos de reconstrucción deben ser la base para proteger a la población y recuperar la actividad productiva asentada en unos principios más sostenibles, justos y orientados a las necesidades de la sociedad a partir del establecimiento de unos objetivos claros de país que orienten la inversión.

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La ciudad de Bilbao galardonada con el Premio de Seguridad Vial Urbana de la UE

9 de mayo, 2021

EUROPEANMOBILITYWEEK

La ciudad de Bilbao galardonada con el Premio de Seguridad Vial Urbana de la UE

Comisión Europea

Año tras año, la Comisión Europea promueve el cambio hacia un comportamiento sostenible a través de la campaña EUROPEANMOBILITYWEEK. El objetivo:concienciar a la ciudadanía sobre de la movilidad activa, el transporte público y soluciones de transporte limpias e inteligentes. Este año, Bilbao recibe el Premio a la Seguridad Vial Urbana de la Unión Europea.

07/05/2021
El pasado 19 de abril, la Comisión Europea anunció los finalistas de los Premios de la Semana Europea de la Movilidad 2020, entre los que encontramos a la ciudad de Bilbao. En la ceremonia presidida por la comisaria europea de Transportes – Adina Vălean – y por el director general adjunto de la Dirección General de Transportes y Movilidad de la Comisión Europea – Matthew Baldwin -, se reveló a la ciudad española como la galardonada con el Premio de Seguridad Vial Urbana de la UE.

Bilbao y la movilidad sostenible
En 2018, la ciudad redujo el límite de velocidad por primera vez casi en el 90% de sus carreteras. En el año 2020, amplió el límite de velocidad de 30km/h con el fin de abarcar toda la ciudad. Entre las acciones que desarrolla la ciudad, el tribunal quedó asombrado con las campañas de comunicación y sensibilización que se llevan a cabo para promover la seguridad vial y las medidas de inclusión de los habitantes en los debates y toma de decisiones.

Con el fin de aprender un poco más acerca de la gestión de la sostenibilidad y la seguridad vial que lleva a cabo la capital vasca, entrevistamos a Alfonso Gil – Teniente de Alcalde y Concejal de Movilidad y Sostenibilidad del Ayuntamiento de Bilbao, quien afirmó sentir un gran orgullo al ser el representante de España en unos galardones tan significativos.

«Esos galardones lo que ratifican es el esfuerzo colectivo de la ciudad de Bilbao por cambiar su movilidad y por hacer de sus tránsitos internos y externos algo importante para la salud.”

El Concejal de Movilidad y Sostenibilidad del Ayuntamiento de Bilbao confirmó que, a pesar de considerar que la sostenibilidad es una prioridad a nivel nacional, hay que incluir el concepto ‘saludable’. Gil declaró que una movilidad sostenible implica hacer de las ciudades espacios más competitivos, convirtiéndolas en localidades con un potencial superior para superar la crisis actual. Para conseguir este objetivo, hizo una llamada a la acción a la ciudadanía y a las instituciones de otras poblaciones: “Necesitamos ciudadanos activos, ciudadanos que se comprometen con un cambio que hace que vayan menos a los centros de salud. Un ciudadano que anda o que pedalea es un ciudadano que vive más. Por lo tanto, tenemos que intentar en el conjunto de las ciudades hacer que nuestro ciudadanos sean esos agentes activos que nos hará tener una movilidad mejor resuelta.”

Objetivos actuales y futuros
Actualmente, las medidas que se han tomado respecto a la movilidad sostenible y a la seguridad vial en Bilbao están fundamentalmente dirigidas al calmado del tráfico. A pesar de haber tomado otras decisiones relacionadas, “lo más importante es calmar el tráfico para que ese pacto de convivencia de los diferentes modos que utilizamos los ciudadanos para movernos, como el zapato, la bicicleta, el transporte público e, incluso, la carga y descarga, la distribución urbana de mercancías, coexistan”, enunciaba Alfonso Gil.

En lo que respecta a objetivos futuros, el Concejal de Movilidad y Sostenibilidad alegó que seguirán trabajando en la reducción de las tasas de emisión de gases del efecto invernadero y del impacto acústico. De este modo, confirma que la continua inversión de esfuerzos en el calmado de tráfico les ayudará a lograr estos objetivos fijados.

“No puede ser que en las calles de las ciudades siga aumentando el número de accidentes, y de accidentes graves, y en cambio en las vías interurbanas disminuya. Algo estamos haciendo mal y, por lo tanto, si nos ponemos todos el objetivo de calmar el tráfico, habremos alcanzado uno de los paradigmas que, a priori, nadie pensaba que íbamos a alcanzar.”

Alfonso testificó la importancia de la pedagogía en la sensibilización ciudadana sobre la seguridad vial a través de canales diversos. Así, agradeció explícitamente la colaboración de los medios de comunicación por hacer que el conjunto de actores que co-actúan en el espacio público compartido sepan que existen unas reglas de juego que deben ser cumplidas.

“Sin ningún lugar a duda, las campañas de concienciación son fundamentales.”

El Concejal Gil afirmaba que si lo que se pretende es cambiar el paradigma de la sociedad, las campañas de comunicación son esenciales. A pesar de la relevancia de las medidas coercitivas, el Teniente de Alcalde expresaba la importancia de hacer conocer a los ciudadanos que estas decisiones se tratan de una apuesta colectiva por su salud.

La colaboración ciudadana: un factor esencial
En la ciudad de Bilbao, los ciudadanos son partícipes en los debates y en las tomas de decisiones “fundamentalmente porque si no escuchas, no vale.”, alegó Alfonso Gil. El Concejal complementaba su declaración con la importancia de la escucha ciudadana por parte de las instituciones a la hora de tomar decisiones. No obstante, afirmaba que hacer partícipe a los habitantes no exime de la responsabilidad que conlleva la toma de decisiones por parte de los políticos.

“Me parece importante el liderazgo de la Comisión Europea porque si todos somos conscientes de que tenemos que cambiar, las instituciones también se tienen que implicar. Y es cierto que la Comisión Europea, a través de la Semana Europea de la Movilidad, lo que hace es concienciar.”

Gil resaltaba la importancia de que instituciones como la Comisión Europea celebren eventos y establezcan elementos como los Premios a la Movilidad Sostenible y a la Seguridad Vial para hacer ver a las ciudades que su esfuerzo se valora y se recompensa. “Esta vieja Europa necesita de cambios estructurales como estos para que sea competitiva y, por eso, pensamos en global y actuamos en local. Por eso, nosotros creemos que es muy importante lo que hace la Comisión Europea”, ratificaba el Teniente de Alcalde y Concejal de Movilidad y Sostenibilidad del Ayuntamiento de Bilbao.

“Sin los ciudadanos no hubiéramos obtenido el Premio de Seguridad Vial Urbana de la Unión Europea.

En la entrevista, Alfonso Gil quiso destacar la importancia de los ciudadanos para avanzar con los planes que se establecen acerca de la movilidad sostenible. Explicó que se trata de un esfuerzo colectivo en el que todos debemos colaborar para hacer de las medidas adoptadas una realidad y que por eso se necesitan habitantes comprometidos. Con el fin de medir el índice de concienciación ciudadana, el Concejal Gil afirmó llevar a cabo encuestas en las que los residentes exponen su opinión sobre las medidas presentadas en relación al calmado de tráfico y a la reducción de ruidos y de humos de la ciudad.

Bilbao es una ciudad con iniciativa y una gran capacidad en la toma de decisiones en lo que respecta a sostenibilidad y seguridad vial. Por este motivo, no es de extrañar que en la ceremonia de los Premios de la Semana Europea de la Movilidad 2020 la Comisaria de Transportes – Adina Vălean – dedicara estas palabras a las tres localidades galardonadas:

“Vuestros logros son inspiradores y muestran realmente cómo las ciudades y pueblos de toda Europa pueden mejorar el bienestar de sus habitantes con políticas de transporte más limpias, ecológicas y sostenibles para todos. Espero que otros imiten este ejemplo para que, entre todos, construyamos un sistema de movilidad inteligente y resiliente para las generaciones futuras, que contribuya a que alcancemos nuestros ambiciosos objetivos de reducción de emisiones.”

Este año, del 16 al 22 de septiembre, coincidiendo la finalización con el Día sin Coches, se celebrará el evento principal de la European Mobility Week. Con más pueblos y ciudades partícipantes y un gran atractivo mediático, la campaña es reconocida como una fuerza impulsora hacia la movilidad urbana sostenible en Europa.

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CAFMadrid pide que se aclare la regulación de la Ley del Suelo en lo que afecta a las Comunidades de Propietarios

9 de mayo, 2021

Tras la publicación de la Ley 9/2001 del Suelo de la Comunidad de Madrid

CAFMadrid pide que se aclare la regulación de la Ley del Suelo en lo que afecta a las Comunidades de Propietarios

✓ La Ley del Suelo incluye una nueva regulación de la tramitación de las obras más habituales que se suelen efectuar en las Comunidades de Propietarios, como la supresión de barreras arquitectónicas o la instalación de aparatos de aire acondicionado, en las que se sustituye la licencia de obras por una Declaración Responsable.

✓ “La normativa actual generará incertidumbre ya que deja al arbitrio de los técnicos municipales la ejecución correcta de la obra”, señala Isabel Bajo, presidenta de CAFMadrid.

✓ CAFMadrid solicita que se aclaren las dudas lo antes posible ya que, aunque el Ayuntamiento tiene un plazo de un año para que se adecúen sus Ordenanzas Municipales, la nueva Ley del Suelo es de obligado cumplimiento desde el pasado 4 de noviembre

Madrid, 24 de noviembre de 2020

Con fecha 15 de octubre, se ha publicado en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid la reforma de la Ley del Suelo que incluye una nueva regulación sobre la tramitación de las obras más habituales que se suelen efectuar en las Comunidades de Propietarios, como las obras de conservación y mantenimiento, la supresión de barreras arquitectónicas o la instalación de aparatos de aire acondicionado.

A partir de ahora, aclara el Colegio de Administradores de Fincas de Madrid (CAFMadrid) solo será necesario una Declaración Responsable, que deberá contener manifestación expresa de los interesados, bajo su responsabilidad, del cumplimiento de los requisitos exigidos por la normativa para realizar una determinada obra, y no una licencia municipal que autoriza el inicio de esta.

Por otra parte, están excluidos de la necesidad de contar con licencia previa, y de presentar Declaración Responsable todas aquellas obras y actuaciones urbanísticas de menor entidad, como el cambio de instalación eléctrica o de gas, la sustitución de alicatados de baños y cocina y el cambio de puertas y ventanas en una sola vivienda o local, entre otros.

CAFMadrid considera que, aunque la tramitación por Declaración Responsable presenta como principal ventaja la reducción de los plazos para llevar a cabo la obra, existe un gran inconveniente: las
Declaraciones después pueden ser inspeccionadas por la autoridad competente y decidir que no se han hecho adecuadamente, algo que no ocurriría con la licencia de obra y que manifiesta inseguridad de la normativa.

“La normativa actual es interpretable en muchos aspectos, lo que nos genera incertidumbre”, señala Isabel Bajo, presidenta de CAFMadrid. “La Ley nos facilita la ejecución de las obras de forma inmediata, sin necesidad de esperar a la concesión de una licencia, pero deja en el aire su correcta ejecución ante una inspección futura”, comenta
Bajo. “Consideramos que la Ley del Suelo es positiva para desatascar las licencias de primera ocupación en obra nueva, pero no tanto para la reforma o rehabilitación de edificios existentes”, justifica.

Por otro lado, desde CAFMadrid surgen dudas sobre quién firma una Declaración Responsable, si es el presidente de la comunidad de propietarios, como representante legal, o el administrador de fincas, ya que en caso de problemas futuros no queda claro quién asume la responsabilidad. Asimismo, sugiere que todas las peticiones de actuaciones que se presenten deberían estar aprobadas previamente en la junta de propietarios de la comunidad debido a los desacuerdos que conllevan algunas de estas decisiones.

Además, CAFMadrid advierte que en la Declaración Responsable deberá manifestarse que la actuación pretendida no se realiza sobre bienes que dispongan de algún tipo de protección urbanística, cuando en Madrid el 70% de los edificios que se encuentran en el interior del anillo de la M-30 tienen esta catalogación.

En lo que se refiere a la adaptación de las distintas Ordenanzas de tramitación de licencias existentes, los ayuntamientos tienen un plazo de un año para hacerlo, aunque la Ley entró en vigor a los 20 días de su publicación, concretamente el pasado 4 de noviembre, y el consistorio madrileño ya ha dictado una instrucción interna para tramitar la solicitud de obras. Desde CAFMadrid solicitan que todas estas cuestiones se vayan aclarando en próximas fechas, una vez el Ayuntamiento defina los procesos de actuación.

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Alameda de Osuna. El Capricho. Madrid

8 de mayo, 2021
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Defensor del Pueblo. Informe anual

8 de mayo, 2021

El Defensor del Pueblo: “la pandemia ha puesto de manifiesto la necesidad de valorar el protagonismo del estado y de los servicios y prestaciones públicas”

06/05/2021

El Defensor del Pueblo (e.f.), Francisco Fernández Marugán, ha entregado este jueves a las Cortes Generales el Informe Anual que recoge la gestión de la Institución en 2020, un ejercicio que ha estado marcado por la pandemia mundial de la COVID-19.

En dicho periodo, se tramitaron 29.335 expedientes, entre quejas (28.020), investigaciones de oficio (406) y solicitudes de interposición de recurso de inconstitucionalidad y amparo (909). A esta cifra hay que sumar los ciudadanos que fueron atendidos personalmente: 17.026, de los cuales 1.135 fueron presenciales y 15.891 a través de llamadas de teléfono.

La Institución, por su parte, formuló a las diferentes Administraciones un total de 1.447 resoluciones, de las cuales 536 fueron recomendaciones, 482 sugerencias, 425 recordatorios de deberes legales y 4 advertencias.

Los asuntos relativos a la Administración de Justicia lideraron las preocupaciones ciudadanas (4.439). Le siguieron las quejas relacionadas con el empleo y la Seguridad Social (3.493), las migraciones (2.716), la educación (2.579) y la sanidad (2.183).

Según su procedencia geográfica, el mayor número de quejas vino desde la Comunidad de Madrid (7.362 expedientes), Cataluña (3.138), Andalucía (3.117) y Comunitat Valenciana (2.917), por este orden.

A lo largo del año 2020, una parte significativa estuvo, directa o indirectamente, relacionada con los efectos de la pandemia y las actividades para combatirla desarrolladas por las distintas administraciones.

Para el Defensor del Pueblo, esta crisis ha puesto de manifiesto la necesidad de valorar el protagonismo del Estado y de los servicios y prestaciones públicas. Las actuaciones de carácter socioeconómico dirigidas a la protección de trabajadores y autónomos y a paliar el crecimiento de la pobreza, el paro, la precariedad y la desigualdad han buscado suavizar el impacto económico del coronavirus, a la vez que las políticas de bienestar se han enfrentado a la pandemia.

Con este esfuerzo de protección de rentas se ha mostrado una notable capacidad de llevar a cabo la recuperación de múltiples sectores y se ha comprobado que las medidas de austeridad como las aplicadas anteriormente en la Unión Europea, fueron poco adecuadas.

Estas fueron las actuaciones más destacadas de la Institución en 2020:

SANIDAD

El Defensor del Pueblo recibió el año pasado el triple de expedientes en materia sanitaria, la gran mayoría relacionadas con la crisis generada por la COVID-19.

La pandemia ha agudizado muchas de las carencias que venía arrastrando el Sistema Nacional de Salud (SNS), que ha vivido su peor crisis desde su creación y cuya capacidad asistencial, conformada por los servicios de salud de las comunidades autónomas, se vio en los peores momentos superada. La Institución lleva años advirtiendo sobre sus debilidades y deficiencias, entre las que destaca la fragilidad de la atención primaria y de los servicios de urgencias hospitalarios, el problema crónico de las listas de espera, y la insuficiente atención pública a la salud mental.

Son también problemas serios una presión asistencial muy alta, la restricción de algunos servicios, la escasez de profesionales en algunas especialidades y territorios, especialmente en la atención primaria, la desmotivación de los profesionales, el envejecimiento del equipamiento tecnológico y los problemas de mantenimiento de los hospitales, sobre todo los más antiguos.

En opinión del Defensor, esta crisis debe servir para “materializar grandes acuerdos y medidas legislativas y administrativas concretas” que solucionen las debilidades constatadas y a la vez consoliden las fortalezas del sistema y hagan posible su modernización, mediante un incremento inteligente de la inversión en medios materiales y humanos.

Al inicio de la crisis se recibieron quejas que expresaban el temor de muchas personas por su propia salud y la de los suyos y que lamentaban la saturación de los centros hospitalarios y la suspensión de la actividad ordinaria en los centros sanitarios de atención primaria.

Otras quejas denunciaban la escasez de camas, de personal entrenado y de respiradores, así como la falta de material de protección para el personal sanitario. Con el paso de las semanas, y el levantamiento del estado de alarma, las quejas se centraron en el cierre de consultorios locales, las dificultades en la atención primaria, el retraso de citas para consulta, pruebas y operaciones, el acompañamiento de pacientes hospitalizados y los protocolos de realización de pruebas de detección del virus y el retraso en obtener resultados.

Muchos ciudadanos también han manifestado a lo largo de estos meses su opinión sobre las medidas de salud pública.

La Institución decidió abrir de oficio actuaciones generales con todas las consejerías de sanidad de las comunidades autónomas para conocer el esfuerzo de reorganización de sus recursos y de dotación de medios para detener la expansión de la epidemia y poder determinar aspectos de mejora. Al Ministerio de Sanidad se le fueron trasladando todas las cuestiones relevantes que reflejaban las quejas y requerían una respuesta regulatoria o coordinada.

El Defensor también inició actuaciones a raíz de quejas concretas y ha seguido actuando en aquellas reclamaciones que planteaban problemas acuciantes al margen de la pandemia como listas de espera, acceso a tratamientos especiales o medicamentos, problemas en el reconocimiento del derecho a la asistencia sanitaria con cargo a fondos públicos, peticiones de acceso a documentos o historiales clínicos.

Asimismo, abrió un expediente con el Ministerio de Sanidad y con todas las comunidades autónomas para conocer los protocolos básicos de referencia para los centros hospitalarios de cada región en cuanto a las visitas y el acompañamiento de pacientes en la situación de emergencia. Además, pidió información sobre los problemas prácticos a la hora de viajar a España desde otros países o sobre el precio de las pruebas PCR en laboratorios privados.

Con toda la información recabada, la Institución elaboró unas conclusiones acerca del impacto que ha tenido y sigue teniendo esta emergencia sanitaria en el SNS, y sobre las necesidades o carencias que han quedado más al descubierto. Estas conclusiones fueron presentadas en las Cortes Generales a finales del mes de noviembre y se enviaron al Ministerio de Sanidad y a todas las consejerías de sanidad autonómicas.

Así, la Institución resalta que es necesario invertir más, sobre todo en atención primaria y en salud pública, y reclama más personal y más medios materiales, así como acabar con la precariedad y la temporalidad de los sanitarios. Para ello, el Defensor cree que hay que asegurar el mantenimiento y refuerzo del SNS y garantizar la cohesión territorial, mediante un acuerdo de Estado estable, similar al existente para la sostenibilidad del sistema de Seguridad Social.

Urge además, dar un impulso a los servicios de salud pública, de promoción de la salud y de prevención de enfermedades, así como a la investigación sanitaria. También debe abordarse la creación de una agencia estatal de salud pública con altas capacidades de gestión y decisión, especialmente ante situaciones de emergencia.

Asimismo, las comunidades autónomas deben seguir incrementando sus recursos propios de salud pública y de vigilancia epidemiológica.

A juicio del Defensor, el refuerzo de los centros de atención primaria, de sus profesionales y de sus medios técnicos y organizativos no puede demorarse, especialmente en los territorios con más problemas de escasez y falta de personal. Esta crisis debe ser una oportunidad para dar solución a los problemas de infrafinanciación de este nivel asistencial.

Es imprescindible al mismo tiempo afianzar la estructura hospitalaria. Así, las administraciones han de contar ya con planes de refuerzo, frente a las listas de espera, en las especialidades más afectadas, para la recuperación de la atención sin demoras a todos los pacientes, en términos de calidad y seguridad. Se ha de prestar una especial atención al incremento de demanda de asistencia en salud mental.

La precariedad y la temporalidad son probablemente el mayor problema estructural para muchos trabajadores del Sistema Nacional de Salud, y cada vez en un mayor porcentaje. Por ello, es necesario que las administraciones acometan una ampliación del personal fijo acorde con las necesidades estructurales constatadas y una revisión de aquellos aspectos del marco estatutario que más lo precisan, con diálogo social y con los objetivos de racionalización y modernización que resulten imprescindibles.

Por último, esta crisis ha demostrado que es preciso hacer más efectivo el mecanismo de coordinación interterritorial. Es preciso revisar y ampliar el procedimiento de toma de decisiones conjuntas del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, aprovechando la experiencia reciente durante la emergencia sanitaria. Aspectos como la adopción de acuerdos y su fuerza vinculante o la mayor capacidad operativa de los servicios centrales deben ser abordados y mejorados.

Los acuerdos del Consejo cuando ejerce las funciones de coordinación, en determinadas materias no únicamente relacionadas con las emergencias de salud pública, deben poder ser adoptados por mayoría y obligar a todos los territorios. Por otra parte, debe ser preceptivo que esos acuerdos del consejo sean oficialmente publicados para el conocimiento de todos los agentes implicados y la ciudadanía.

ATENCIÓN A LAS PERSONAS MAYORES

El modelo de atención residencial a las personas mayores presenta problemas estructurales que se han dejado ver con toda su crudeza en la actual crisis sanitaria y respecto a los cuales lleva tiempo alertando el Defensor del Pueblo.

La dramática situación que se vivió en los primeros meses de la pandemia en muchos geriátricos refleja la escasez de medios y de personal y las dificultades para adoptar medidas suficientes de prevención y reacción, al tratarse de un modelo asistencial, que para la atención sanitaria depende de los servicios autonómicos de salud, los cuales se vieron desbordados.

El Defensor envió a finales de abril de 2020 recomendaciones a todas las comunidades autónomas para mejorar en esos momentos la atención sanitaria en los centros de mayores, la información a familiares y la protección de sus derechos.

A la vez, la Institución inició actuaciones de oficio con todas las consejerías de Política Social de las Comunidades Autónomas para conocer la respuesta dada en cada territorio a la situación provocada en las residencias por la pandemia y determinar los aspectos de mejora.

Fruto de estas actuaciones, y tras el estudio y análisis conjunto de quejas, la información oficial recibida, las distintas normas y la evolución de la pandemia, el Defensor elaboró unas conclusiones que fueron remitidas a finales de noviembre a las comunidades autónomas y al Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030.

A juicio del Defensor del Pueblo, el examen de las respuestas, junto con los trabajos y estudios que cada entidad está realizando a partir de las duras experiencias vividas, permitirá abordar las reformas pendientes y necesarias para la plena garantía de los derechos de los mayores en el ámbito residencial.

SEGURIDAD CIUDADANA

La declaración del estado de alarma supuso un fuerte impacto sobre las libertades de los ciudadanos y a ello hay que sumar que la aplicación de la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana para sancionar a quienes infringiesen las prohibiciones podía suponer el pago de multas exorbitantes.

El Defensor ha sostenido una posición crítica sobre la idoneidad de la Ley de Seguridad Ciudadana para situaciones como un estado de alarma. En este sentido, Fernández Marugán reitera que es necesario reformar algunos aspectos de esta norma para conseguir el adecuado equilibrio entre libertad y seguridad.

La Institución ha tramitado quejas referidas a las restricciones sobre la libertad de circulación, a la disconformidad con las denuncias recibidas y otras que mostraban una discrepancia general con los efectos y limitaciones impuestas a los derechos ciudadanos durante el estado de alarma.

Para proteger a la ciudadanía ante las restricciones de derechos que conlleva el estado de alarma, incrementar la seguridad jurídica y garantizar la igualdad de trato en todo el territorio, el Defensor formuló tres recomendaciones.

Por otra parte, la Institución inició una actuación de oficio para conocer las medidas con las que contaban las dependencias de privación de libertad de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para evitar posibles contagios. En el marco de esta actuación se formularon resoluciones a los responsables de estos centros.

Los efectos de la covid-19 también han tenido repercusión en la Administración de Tráfico y Seguridad Vial. El Defensor inició una actuación de oficio solicitando información sobre la reorganización de las pruebas de aptitud para la obtención del permiso de conducción y la forma en que se iban a realizar dichas pruebas, adaptándolas a las directrices de las autoridades sanitarias sobre distancia de seguridad y desinfección.

En 2020 se han celebrado elecciones a dos parlamentos autonómicos que han puesto de manifiesto las dificultades para desarrollar estos procesos electorales en una situación de pandemia como la actual. El Defensor insiste en la necesidad de modernizar la Ley Electoral, “inadecuada para resolver satisfactoriamente el voto desde el extranjero, la utilización de las nuevas tecnologías en los procesos electorales y, ahora, una pandemia mundial con intensa repercusión en España”.

EDUCACIÓN

Fernández Marugán considera que “la educación es el principal instrumento de movilidad social y la mejor ayuda para superar desigualdades económicas y sociales”. A juicio del Defensor la pandemia ha tenido efectos negativos en esta materia, así, “ha mostrado un estancamiento de la función de ascensor social, que la educación venía realizando, poniendo al descubierto el carácter limitador con el que actúa”.

En las primeras semanas, tras la declaración del primer estado de alarma se suspendieron las clases y muchas familias trasladaron al Defensor sus dificultades para acceder a los sistemas de educación a distancia al no tener acceso a la red o no disponer de dispositivos de conexión para poder continuar con la actividad lectiva por medios telemáticos.

Estas inquietudes fueron trasladadas al Ministerio de Educación y Formación Profesional para que, una vez reanudada la actividad educativa presencial, se promoviese la adopción de las medidas compensatorias y los apoyos específicos que pudiera precisar el alumnado en función de sus circunstancias personales, así como la fijación de criterios de evaluación y promoción teniendo en cuenta los problemas específicos que la crisis sanitaria ha provocado en todas las enseñanzas.

En el mes de junio, la Institución inició una actuación de oficio con todas las administraciones educativas para conocer sus planes y previsiones de cara a la vuelta presencial a las aulas que tuvo lugar en septiembre. Esta actuación se retomó en 2021 para evaluar la idoneidad de los planes y protocolos aplicados en el nuevo curso y conocer la cobertura real de las plazas docentes.

El Defensor del Pueblo es consciente de las inversiones que todas las comunidades autónomas vienen realizando en la formación del profesorado y en la dotación de infraestructuras y equipamientos tecnológicos para el proceso de enseñanza‑aprendizaje del alumnado (dispositivos, redes inalámbricas, conectividad, acceso a plataformas digitales) desde el inicio de la crisis sanitaria. Sin embargo, apunta que “la pandemia ha mostrado que es necesaria una mayor inversión para conseguir la innovación metodológica y la transformación de la organización escolar, que en estos momentos resulta, más que nunca, imprescindible”.

Por otra parte, la Institución también inició una actuación de oficio tras recibir numerosas quejas sobre la atención educativa a alumnos y alumnas vulnerables o convivientes con personas consideradas de riesgo ante el coronavirus para conocer la respuesta educativa para estas familias.

Aunque la pandemia ha marcado la mayor parte de las quejas recibidas en materia de educación no universitaria, en 2020 también se han tramitado asuntos relacionados con deficiencias en instalaciones escolares, dificultades para acceder a un determinado centro, complicaciones para obtener becas y ayudas y problemas relativos a la prestación de servicios complementarios, como el transporte o el comedor.

Además, en este ejercicio han continuado llegando quejas de ciudadanos manifestando que la atención a los alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo no era la adecuada por la falta de medios personales o materiales necesarios para garantizar la educación inclusiva, tanto en las enseñanzas básicas, como en los niveles de enseñanza no obligatoria.

El Defensor ha continuado insistiendo en la necesidad de establecer medidas normativas y organizativas que permitan profundizar aún más en el desarrollo de la educación inclusiva.

En el ámbito de la educación universitaria, la actuación del Defensor se dirigió esencialmente a servir de enlace con las universidades cerradas por la pandemia a las que los alumnos no lograban acceder para realizar trámites académicos, y también para proporcionarles información actualizada sobre las medidas adoptadas por cada uno de los centros para finalizar el curso.

En este ejercicio también se han recibido numerosas quejas por demoras en la tramitación de expedientes de homologación de títulos universitarios extranjeros. A pesar de los esfuerzos y medidas adoptadas por el Ministerio de Universidades, el Defensor lamenta que durante 2020 haya continuado la situación de colapso, llegándose a acumular más de treinta mil expedientes, situación inaceptable que los órganos implicados continúan atribuyendo a estar desprovistos de los suficientes recursos humanos y materiales para hacer frente a una adecuada gestión de sus funciones.

Para paliar la falta de personal sanitario, el Defensor formuló una recomendación a la Dirección General de Ordenación Profesional y a la Secretaria General de Universidades para que facilitara la incorporación de los profesionales sanitarios que en ese momento permanecían a la espera de finalizar la homologación o reconocimiento de su formación sanitaria. Esta recomendación fue aceptada.

MENORES

El Defensor del Pueblo ha dejado constancia en los últimos años de su preocupación por el elevado número de niños y niñas tutelados por las administraciones públicas y que permanecen en centros residenciales durante periodos prolongados. Con carácter general, se puede afirmar que el deseable cambio hacia un modelo en el que prevalezca el acogimiento familiar frente al residencial no se ha producido. El año pasado, la Institución formuló varias recomendaciones a las comunidades autónomas para la efectiva implantación del acogimiento familiar como medida preferente y mayoritaria de protección de menores.

En lo relativo a los menores extranjeros no acompañados, un año más, se han recibido numerosas quejas relacionadas con los procedimientos de determinación de la edad a extranjeros indocumentados, cuya minoría de edad no puede establecerse con seguridad. Se mantiene la discrepancia con la Fiscalía General del Estado sobre la idoneidad y la suficiencia de las pruebas médicas realizadas.

También se siguen detectando significativas diferencias entre los datos que facilitan las entidades de protección de menores autonómicas y las que facilita el Registro de Menores Extranjeros No Acompañados.

En 2020, a través de una Instrucción, la Dirección General de Migraciones estableció los requisitos de acceso a una autorización de residencia y trabajo de dos años, renovables por otros dos. El Defensor celebra esta medida que, junto a la aceptación de la recomendación para la modificación del régimen jurídico de las autorizaciones de residencia de los menores extranjeros no acompañados contribuirá a la necesaria mejora de la integración socio laboral de este colectivo.

Por otra parte, se han recibido quejas de organizaciones de defensa de la infancia que solicitan la intervención del Defensor para que se impulsen medidas que erradiquen la proliferación de discursos de odio contra los menores extranjeros no acompañados. En diversas ocasiones, Fernández Marugán ha realizado llamamientos para combatir los mensajes “intolerantes y xenófobos” contra estos niños y niñas.

Un año más, Fernández Marugán ha de mostrar su preocupación con la actuación y la falta de colaboración de la Dirección Provincial de Educación en Melilla que, a pesar de los reiterados requerimientos del Defensor y, de los dictámenes del Comité de Derechos del Niño, continúa sin escolarizar a un grupo de menores que han nacido en Melilla o residen en la ciudad autónoma desde hace años. Durante todo el año 2020 la Institución ha iniciado varias actuaciones y formulado sugerencias a la Dirección General de Planificación y Gestión Educativa del Ministerio de Educación y Formación Profesional para intentar solucionar esta situación.

VIOLENCIA MACHISTA

La crisis de la COVID-19 ha dado lugar a un mayor riesgo de violencia machista. En España ha descendido el número de víctimas mortales en relación al año anterior pero no la violencia. Fernández Marugán lamenta el asesinato de 45 mujeres y tres menores.

El Defensor ha realizado actuaciones de supervisión en todas las fases del sistema de protección.

A finales de 2019 se formularon recomendaciones al Ministerio de Justicia para que ampliara la protección frente a todas las formas de violencia contra la mujer, introduciendo así la aplicación del concepto de violencia de género que establece el Convenio de Estambul. El Ministerio ha aceptado esta recomendación que está pendiente de desarrollo normativo.

También han continuado las actuaciones relativas al desarrollo de planes personales de intervención para las víctimas. El Ministerio de Igualdad se ha comprometido a redactar un protocolo de referencia que permita la elaboración de estos planes en el marco de la Conferencia Sectorial de Igualdad.

Un año más, se han recibido quejas que ilustran los problemas de las víctimas de violencia de género durante los procesos judiciales. El Defensor ha formulado recomendaciones al Ministerio de Justicia para evitar la doble victimización durante la tramitación de los procesos judiciales.

Por otra parte, la Secretaría de Estado de Política Territorial ha aceptado la recomendación formulada por la Institución sobre la situación de empadronamiento de las mujeres víctimas de violencia de género que se encuentran en residencias y pisos tutelados o casas de acogida.

El Defensor también ha llamado la atención sobre la realidad de las niñas y niños que directa o indirectamente son víctimas de violencia de género. Fernández Marugán valora positivamente la aprobación de la Ley Orgánica de Protección Integral de la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia que incorpora recomendaciones de la Institución y confía en que esta nueva norma sirva para conseguir una mayor protección de los menores víctimas de violencia machista.

La especial vulnerabilidad en la que se encuentran las mujeres extranjeras expuestas a violencia de género preocupa especialmente al Defensor que ha vuelto a insistir en la necesidad de reforzar la protección frente a la expulsión de las mujeres en situación irregular que acuden a una comisaría de policía.

El Defensor ha denunciado de nuevo las dificultades para la identificación de las víctimas de trata de seres humanos y ha pedido mejorar los protocolos existentes para la detección de perfiles especialmente vulnerables. Además, ha alertado sobre la necesidad de asegurar que aquellas, pocas, víctimas que entran en contacto con las autoridades, reciban una respuesta ágil y rápida, tomando todas las medidas necesarias para su identificación y protección.

También ha señalado problemas en la identificación de menores víctimas de trata. El informe recoge las carencias detectadas por el Defensor en el caso de dos menores somalíes. Fernández Marugán insiste en la necesidad de una formación especial para las entrevistas de asilo con menores y reclama la identificación de centros adecuados para la atención de este perfil de niñas con unas necesidades específicas.

VIVIENDA

La situación de emergencia sanitaria ha tenido una especial incidencia en la ciudadanía en materia de vivienda. A pesar de las medidas de carácter extraordinario como la paralización de los desahucios, el aplazamiento temporal y extraordinario en el pago de la renta o las ayudas convocadas en los arrendamientos de vivienda habitual, la pandemia ha generado un fuerte impacto económico y social que está afectando a los ingresos de muchos ciudadanos que ahora no pueden hacer frente al pago del alquiler o de la hipoteca de sus viviendas.

El impacto de esta crisis ha afectado a determinados colectivos especialmente vulnerables para los que se hace necesaria la readaptación y ajuste de la política social de vivienda. En opinión del Defensor es necesario adoptar alternativas y medidas inmediatas que resulten eficaces para poder atender el incremento de los problemas habitacionales de estas familias. Por ello, en 2020 recomendó ampliar el plazo de solicitud de las ayudas para alquileres de vivienda habitual y también pidió incluir las situaciones de vulnerabilidad residencial derivadas de la COVID-19 en las adjudicaciones de vivienda por emergencia social.

Además, preocupa especialmente al Defensor el elevado número de quejas recibidas sobre unidades familiares compuestas por personas con hijos menores de edad, familias monoparentales o personas especialmente vulnerables, que han sido desahuciadas de viviendas públicas protegidas, sin que la administración u organismo público autonómico o local haya proporcionado una alternativa habitacional.

Los problemas para gestionar las distintas ayudas a la vivienda protagonizaron las quejas en 2020. De entre las ordinarias, destacan las relativas a las ayudas destinadas al alquiler de vivienda habitual y las relacionadas con problemas de solicitudes de reducción de cuota de alquiler, claro síntoma, a juicio de la Institución, de que la situación económica de las familias se encuentra en declive, en particular tras la crisis sanitaria.

Por otra parte, y al igual que en ejercicios anteriores, la Institución continuó recibiendo quejas de personas que, llevadas por la necesidad, han ocupado ilegalmente una vivienda. En muchas ocasiones, se trata de familias con hijos menores de edad y son las mujeres, fundamentalmente con hijos a cargo, el colectivo más vulnerable y castigado y las que con más frecuencia acuden a esta Institución solicitando auxilio.

SERVICIOS Y SUMINISTROS BÁSICOS

Desde la declaración del primero de los estados de alarma, la Institución prestó una atención preferente a las quejas vinculadas al suministro de agua, electricidad y cortes en líneas telefónicas (sobre todo en casos de teleasistencia a personas vulnerables). También se interesó por la extensión del bono social a trabajadores afectados por medidas de regulación de empleo y autónomos que hubieran cesado su actividad o cuyos ingresos se hubiesen visto reducidos en un 75% y por la creación de la nueva categoría de consumidor vulnerable.

La disponibilidad de un suministro eléctrico en unas condiciones económicas que las personas puedan asumir es una cuestión capital, a juicio del Defensor del Pueblo, que recuerda que España es uno de los países donde las personas destinan una mayor proporción de sus ingresos al pago de las facturas de electricidad, a pesar de contar con un mix energético más favorable a mantener precios más bajos que otros países.

En opinión de la Institución, no ayudan en este asunto el gravamen tributario que afecta al conjunto de la factura (IVA al 21 % e impuesto sobre la electricidad), incluso para los suministros acogidos al bono social eléctrico, o la imposibilidad de que las personas ajusten su potencia eléctrica a sus necesidades, que pueden ser cambiantes a lo largo del año debido a las condiciones climatológicas o las condiciones de su vivienda, y que solo se ha flexibilizado durante el estado de alarma de forma transitoria y excepcional para autónomos y empresas.

Por otra parte, la Institución detectó problemas en la tramitación del bono social eléctrico para aquellas personas que por contar con menos recursos no están obligadas a presentar declaración del IRPF. Por ello, inició una actuación de oficio ante la Secretaría de Estado de Energía y solicitó información a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) que emitió un informe en octubre de 2020 coincidente con los postulados de la Institución.

Otras actuaciones destacadas del Defensor en 2020 fueron las recomendaciones realizadas para restablecer la luz en los sectores 5 y 6 de la Cañada Real (Madrid) y en la zona norte de Granada.

PRESTACIONES SOCIALES Y PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES

Las prestaciones de la Seguridad Social constituyeron en 2020 una herramienta clave para la protección de los trabajadores asalariados y autónomos y de colectivos vulnerables afectados por los efectos económicos de la pandemia.

Pese a la amplitud de las medidas adoptadas para proteger a los trabajadores asalariados y autónomos afectados por la crisis de la COVID-19, la Institución detectó a través de las quejas situaciones que quedaban fuera de la protección social.

Así, el Defensor efectuó numerosas propuestas al Ministerio de Trabajo y Economía Social y al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones para mejorar la protección de los trabajadores asalariados y autónomos, muchas de las cuales fueron aceptadas.

Por ejemplo, se han incluido nuevos colectivos en la protección de desempleo, algunos de ellos a instancias de la Institución, como los trabajadores cesados en período de prueba que venían de una baja voluntaria en los tres meses anteriores, los trabajadores que habían causado baja en su empleo con oferta de incorporación en otro puesto no efectiva por la situación actual, el colectivo de trabajadores fijos discontinuos, o el colectivo de artistas.

Se han establecido además nuevos subsidios específicos, como el subsidio especial para los desempleados que hubieran agotado la prestación contributiva o el subsidio asistencial (y también la renta activa de inserción) entre el 14 de marzo de 2020 y el 30 de junio de 2020, y el subsidio extraordinario por desempleo para los profesionales taurinos, tras una recomendación efectuada por el Defensor del Pueblo, así como mejoras de gestión en el subsidio extraordinario para empleadas de hogar o el subsidio excepcional por fin de contrato temporal.

Además, la Institución recomendó que se reconozca la prestación por desempleo a los trabajadores en situación de pluriactividad en el momento de la declaración del primer estado de alarma. Se trata de trabajadores incluidos en los ERTE de sus empresas y, al mismo tiempo, afectados por la paralización total de sus negocios o actividades como autónomos, o bien con una drástica reducción de los ingresos derivados de su trabajo por cuenta propia.

El año pasado también fueron numerosas las quejas por los problemas para contactar con el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) vía telefónica o a través de la sede electrónica y por la tardanza excesiva en asignar fecha en los casos de solicitud de cita previa virtual. También se recibieron quejas por la gestión de la prestación extraordinaria por desempleo por Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE), sobre todo por las dificultades para acceder telemáticamente a la tramitación de la solicitud, por el retraso en el reconocimiento y abono y por errores en la cuantía o en la indebida extinción de la prestación.

El Defensor abrió diversas actuaciones ante la Secretaría de Estado de Empleo y Economía Social, y formuló recomendaciones para mejorar la gestión de la prestación extraordinaria por desempleo por ERTE y lograr una más accesible comunicación por distintos medios entre los ciudadanos y el SEPE. La respuesta fue positiva, sin perjuicio de la enorme dificultad para materializar en la práctica todas esas mejoras mientras perdure la enorme carga de trabajo y la inevitable insuficiencia a corto plazo de los medios humanos y técnicos disponibles por el SEPE.

En este contexto, el Defensor cree necesario que desde la Secretaría de Estado de Empleo y Economía Social y el SEPE se simplifique todo lo posible la gestión (mayoritariamente automatizada, aunque con necesarias intervenciones individuales de los empleados públicos), aprovechando la experiencia acumulada estos meses.

Por otra parte, destaca la aprobación, con el apoyo unánime del Congreso, del ingreso mínimo vital como prestación no contributiva de la Seguridad Social para prevenir el riesgo de pobreza y exclusión social, algo por lo que había abogado el Defensor del Pueblo en su informe de 2019. En opinión de la Institución, esta nueva figura es un esperanzador e importante avance que ha supuesto la creación de una prestación de garantía de ingresos mínimos del Sistema de Seguridad Social, uniforme para el conjunto de España y con mejor adecuación y suficiencia que las rentas mínimas autonómicas hasta ahora existentes.

Sin embargo, en opinión del Defensor, es urgente resolver el elevado número de expedientes pendientes para evitar que las personas en peor situación económica sigan sin cobertura. Para ello resulta clave el aumento de la capacidad del INSS, con medios humanos y técnicos y también es necesario simplificar el procedimiento y la regulación, que son muy complejos y exigentes.

Adicionalmente, la aprobación del ingreso mínimo vital ha repercutido también en la tramitación de las rentas mínimas y el Defensor está examinando este hecho en comunidades como Andalucía, Comunitat Valenciana, Castilla-La Mancha y Cataluña.

POBREZA Y EXCLUSIÓN SOCIAL

El año pasado crecieron las quejas relativas a ayudas de alimentos, así como las ayudas al alquiler presentadas por los usuarios de los servicios sociales, como consecuencia de la crisis económica derivada de la pandemia.

Preocupa al Defensor del Pueblo el aumento de personas que se quedan sin recursos económicos de ningún tipo, sin derecho a prestación o a la espera de la resolución de ingreso mínimo vital o con una prestación o subsidio de desempleo reconocido que no resulta suficiente para afrontar el coste de sus necesidades familiares.

En este contexto, la Institución abrió una actuación de oficio para conocer el cumplimiento de los objetivos de reducción de la pobreza de la Estrategia Europa 2020. Además, preguntó al Ayuntamiento de Madrid por la gestión y motivos de la demora de la puesta en funcionamiento efectiva de la Tarjeta Familia.

Otras actuaciones destacadas en este ámbito tuvieron que ver con la atención a las personas sin hogar en la emergencia sanitaria. Tras recibir quejas al inicio de la pandemia, el Defensor solicitó información a todas las comunidades autónomas, diputaciones forales del País Vasco, las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, y algunos ayuntamientos como el de Madrid o Torrelavega, donde estaba implicada la red municipal de recursos para personas sin hogar.

Por último, Fernández Marugán también se interesó por la precaria situación de los trabajadores temporeros en asentamientos de Huelva y Lleida.

MIGRACIONES

En 2020 cerca de 40.000 personas llegaron a España de manera irregular, de ellas más de 20.000 lo hicieron a las islas Canarias. La Institución ha recogido todas sus actuaciones y las visitas realizadas a instalaciones y centros para personas migrantes ubicados en este archipiélago en un monográfico sobre la situación migratoria en Canarias.

Ante el incremento de llegadas a costa, el Defensor inició actuaciones de oficio con Canarias, Andalucía, Illes Balears, Murcia y Comunitat Valenciana y con el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones para conocer las medidas sanitarias que estaban adoptando ante posibles casos de covid. El citado ministerio estableció un protocolo que ha sido objeto de seguimiento por parte de la Institución.

Con la crisis sanitaria se incrementaron los problemas de sobreocupación en los Centros de Estancia Temporal de inmigrantes (CETI), especialmente en el de Melilla. La Institución solicitó en reiteradas ocasiones el traslado de las personas más vulnerables a la península. Se llevaron a cabo algunos traslados, pero a juicio del Defensor no resolvieron la situación de este centro.

Tras decretarse el estado de alarma, la Institución comenzó a recibir quejas por la situación en la que se encontraban las personas en los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE). Fernández Marugán pidió la puesta en libertad de estas personas ya que en la situación actual no podía llevarse a cabo su devolución o expulsión. Todos los internos que se hallaban en los CIE fueron puestos en libertad.

La cuestión que más ha afectado a los ciudadanos extranjeros residentes ha sido las demoras en los trámites para la obtención de las tarjetas de identidad, así como de los documentos que acreditan la condición de solicitantes de protección internacional. Con casi seis millones de residentes legales que hay en la actualidad en España, en opinión del Defensor, el Ministerio del Interior debería revisar con urgencia los medios personales y materiales asignados a la tramitación de la documentación de extranjeros. Fernández Marugán formuló una recomendación al Ministerio del Interior para que, con carácter urgente, facilitara a los ciudadanos extranjeros el acceso al sistema de cita previa para solicitar protección internacional y realizar diversos trámites de extranjería en dependencias policiales.

El número de solicitudes de asilo en España durante 2020 ha caído notablemente con respecto al año anterior, debido a una disminución del número de llegadas de extranjeros por el cierre de fronteras y las restricciones impuestas a los viajes internacionales por la COVID-19. Según datos del Ministerio del Interior, a 31 de diciembre, 88.762 personas habían formulado su solicitud.

La mayoría de las quejas continúan centradas en el acceso al procedimiento y en las demoras en la obtención de cita previa para realizar distintos trámites. Además, a pesar de las medidas adoptadas para reforzar los recursos de acogida, siguen recibiéndose quejas por problemas de acceso al sistema de acogida a solicitantes y beneficiarios de protección internacional, en distintos puntos de España.

En 2020 la Administración ha aceptado la recomendación formulada por el Defensor del Pueblo, admitiendo la compatibilidad entre los procedimientos de protección internacional y las solicitudes de residencia por arraigo. La Institución valora muy positivamente su aceptación, pues permite configurar un marco mucho más garantista y conforme con la normativa internacional.

A pesar de las medidas que se han ido adoptando para racionalizar y adaptar el sistema de acogida a una demanda creciente de solicitantes de asilo, la Secretaría de Estado de Migraciones ha reconocido que la capacidad para reforzarlo es limitada, pues el sistema se encuentra desbordado. El Defensor insiste en que han de seguir buscándose fórmulas para abordar las carencias estructurales del sistema y dar respuesta a la emergencia existente y en este sentido, reclama la participación de todas las administraciones implicadas, que deben estar coordinadas para ofrecer una acogida digna e integral a los solicitantes de protección internacional.

Durante las primeras semanas, tras la declaración de la pandemia, numerosos ciudadanos españoles y extranjeros residentes legales en España, que se encontraban fuera del país, solicitaron la intervención de la Institución para volver a territorio español. Desde el Defensor se mantuvo una comunicación constante con estas personas y se les trasladó toda la información que facilitaba el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación. En algunos casos la Institución formuló resoluciones que en la mayoría de las ocasiones fueron aceptadas.

IMPUESTOS

En materia de Hacienda, los asuntos relacionados con la COVID-19 superaron la mitad de las quejas recibidas.

La llegada de la pandemia y la declaración del estado de alarma plantearon dificultades para el cumplimiento en plazo de las obligaciones fiscales, por lo que el Defensor pidió acomodar el calendario del contribuyente a las especiales circunstancias que se estaban viviendo. Así, instó al Ministerio de Hacienda a que ampliara el plazo de presentación de las declaraciones trimestrales de IVA e IRPF para empresas (PYMES) y autónomos correspondientes al primer trimestre de 2020 y solicitó la ampliación de plazo en las declaraciones de IRPF y Patrimonio 2019 para aquellas personas desplazadas, cuidadoras de enfermos, con regímenes de trabajo particularmente exigentes y también para los deudos de personas fallecidas que tuvieran que hacerse cargo de presentar las declaraciones de los finados.

Otros asuntos tratados por la Institución fueron la saturación del servicio de atención telefónica y otros medios arbitrados para ayudar a los contribuyentes en el cumplimiento de sus obligaciones; los aplazamientos de IVA para pymes y autónomos y su compensación con las devoluciones resultantes de la declaración del IRPF 2019; y el cómputo de días del primer estado de alarma para la determinación de la residencia fiscal. Además, el Defensor pidió al Gobierno en julio una modificación normativa para aplicar a las mascarillas y a los geles hidroalcohólicos el tipo más bajo posible del IVA, incluso del 0%, por haberse convertido en bienes de primera necesidad.

Por otra parte, el distinto tratamiento fiscal de la reducción de jornada de los progenitores, adoptantes o acogedores para el cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad, motivó una recomendación a la Secretaría de Estado de Hacienda para que corrija esta disparidad de tratamientos y para que se contemple la situación de los profesionales por cuenta propia o autónomos. También se realizó una actuación para asegurar la confidencialidad de los datos de afiliación política o sindical en la declaración del IRPF.

Por último, destaca el hecho de que dos de cada tres de las resoluciones formuladas por la Institución en este ámbito fueron recordatorios de deberes legales por las elevadas y crónicas demoras en los procedimientos de revisión encomendados a los tribunales económico-administrativos (TEA). La Institución abrió una actuación de oficio ante la Secretaría de Estado de Hacienda para conocer el contenido del Plan de Mejora de los TEA y el impacto de tales medidas en la corrección de las demoras.

ACTIVIDAD ECONÓMICA

Por lo que respecta a los asuntos relacionados con el impacto de la COVID-19 en la actividad económica, se recibieron quejas por el excesivo rigor e incluso la falta de efectividad de las líneas ICO, concebidas como un soporte financiero para el período más arduo de la pandemia. Ya en el período de “nueva normalidad”, el Defensor abrió una actuación de oficio.

También se inició una actuación general con el Banco de España al recibirse quejas de ciudadanos extranjeros, algunos de ellos personas en situación vulnerable, a quienes se les está denegando la apertura de cuentas bancarias, “por no tener la Tarjeta de Identificación de Extranjero (TIE), cuando con el Número de Identidad de Extranjero (NIE) o el pasaporte sería suficiente”. Por las quejas que han continuado recibiéndose el Defensor del Pueblo llega a la conclusión de que la apertura de una cuenta para ciertas categorías de personas, incluso para el acceso a la denominada cuenta de pago básica, puede resultar compleja. Parece que las entidades bancarias que actúan en España tienen una cierta tendencia a optar por la denegación a la mínima dificultad añadida, en lugar de gestionar ese riesgo de forma más particularizada. Por ello se mantiene el asunto en estudio.

Por otra parte, en 2020 se produjo la aprobación de la norma reguladora de las de comunicaciones comerciales de las actividades de juego (R. D. 958/2020). La valoración de la Institución es positiva porque, pese a que no aborda la prohibición absoluta de su publicidad, cuyo estudio la Administración llegó a aceptar en su día, presenta evidentes mejoras en la garantía de los derechos de los colectivos más sensibles a la problemática del juego.

JUSTICIA

En 2020 la justicia, entendida como servicio público, ha padecido los problemas derivados del cierre de las oficinas judiciales y de la suspensión de los plazos procesales hasta principios de junio. El Defensor ha tramitado numerosas quejas que han puesto en evidencia que los conocidos retrasos de la Administración de Justicia se han visto agravados por la pandemia.

Desde 2017 dos jóvenes han muerto (Melilla y Almería) tras ser sometidos a una contención mecánica en un centro de internamiento para menores infractores. Para evitar más muertes en estas circunstancias, el Defensor formuló recomendaciones al Ministerio de Justicia, a la Ciudad Autónoma de Melilla y a la Junta de Andalucía con el objetivo de abolir las sujeciones mecánicas en estos centros de todo el territorio nacional.

Fernández Marugán ha pedido al Ministerio de Justicia que derogue el apartado del reglamento de responsabilidad penal de los menores en el que se regulan las sujeciones mecánicas para acabar con ellas como medio de contención y a las comunidades que suspendan su práctica mientras se produce este cambio normativo. El citado Ministerio ha informado de la constitución de un grupo de trabajo para elaborar una reforma del reglamento y atender a la recomendación del Defensor.

En el contexto actual de súbito empobrecimiento de la población, debido a los efectos económicos de la pandemia, el Defensor considera que un funcionamiento correcto del sistema de justicia gratuita es fundamental. En 2020 la Institución ha tramitado quejas en las que se planteaba su reforma para atender a todos los ciudadanos y ciudadanas que pudieran necesitar acceder a él. El Ministerio de Justicia ha anunciado que se está trabajando en varios proyectos normativos con incidencia en el sistema de asistencia jurídica gratuita. Ya en 2021, se ha aprobado el Real Decreto 141/2021, de 9 de marzo, por el que se aprueba el nuevo Reglamento de asistencia jurídica gratuita.

REGISTRO CIVIL

Un año más, la Institución continúa recibiendo quejas tanto por las demoras en la resolución de las solicitudes de nacionalidad por residencia como por los retrasos en la notificación de las resoluciones, en aquellos casos en los que no se ha consentido la notificación electrónica.

Fernández Marugán insiste, una vez más, en la necesidad de adoptar las medidas necesarias para resolver las demoras en la resolución de los expedientes de nacionalidad española por residencia, evitando así los enormes perjuicios que estos retrasos suponen a las personas afectadas. A juicio del Defensor, “esta situación debe finalizar y para ello es imprescindible una financiación económica suficiente”.

La situación del Registro Civil Central también ha sido objeto, un año más, de numerosas quejas por las demoras en la emisión de certificados y en la práctica de inscripciones de matrimonio. Tras constatar que su funcionamiento deficiente afecta a la esfera privada de las personas el Defensor ha formulado resoluciones para intentar paliar esta situación. Así, ha recomendado a la Secretaría de Estado de Justicia dotar al registro de los medios necesarios para prestar un servicio público de calidad, ágil y eficiente. También ha pedido abordar, con carácter urgente, la digitalización del registro civil. Por último, recomendó a la Consejería de Justicia, Interior y Víctimas de la Comunidad de Madrid que reforzase, de manera urgente, el personal que atiende el servicio de certificaciones y asuntos generales del Registro Civil Central.

En su informe anual, Fernández Marugán señala que el retraso en la entrada en vigor de la Ley 20/2011, del Registro Civil ha provocado una ralentización en su modernización. El 30 de abril de 2021 por fin ha entrado en vigor tras una espera de casi diez años.

FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS PÚBLICOS

El empleo público ha sido uno de los pilares esenciales en los que el Estado se ha apoyado para hacer frente a la pandemia de la COVID-19. El Defensor quiere mostrar su agradecimiento a todos los empleados públicos por el esfuerzo realizado para la garantía y mantenimiento de los servicios y en especial al personal sanitario y no sanitario de los servicios de salud que “han respondido y responden ejemplarmente”.

Fernández Marugán reafirma el valor del empleo público como uno de los pilares básicos del Estado para la garantía de los derechos y valores fundamentales reconocidos en la Constitución y reclama mantenerlo y reforzarlo, especialmente en aquellos sectores que prestan y garantizan servicios esenciales a la comunidad.

Tras la declaración del estado de alarma, la Institución inició actuaciones para interesarse por las condiciones laborales en las que estaban realizando su labor los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, los bomberos y los funcionarios de los centros penitenciarios. Fernández Marugán pidió que se les facilitaran dispositivos de detección del COVID-19 y equipos de protección individual para poder desarrollar su trabajo con seguridad.

Por otra parte, en 2020 se han seguido recibiendo quejas relativas al retraso en la ejecución y resolución de las convocatorias de empleo público. En este ejercicio, motivadas en su mayoría por las medidas excepcionales decretadas para hacer frente a la pandemia.

MEDIO AMBIENTE

La crisis provocada por la COVID-19 tuvo también su impacto en el ámbito medioambiental. Por un lado, el confinamiento decretado por el Gobierno en marzo de 2020 se tradujo en una cierta mejora de varios parámetros ambientales como la calidad del aire o la conservación de la biodiversidad, provocados por la paralización de las actividades económicas. Además, las limitaciones provocaron que las molestias por ruidos generados por actividades económicas, que habitualmente son el mayor número de quejas que se reciben, se redujeran sensiblemente o incluso concluyeran de forma abrupta al cesar definitivamente la actividad de los locales de hostelería.

Por otro lado, el retraso en la tramitación y la restricción de la atención a la ciudadanía provocada por la suspensión generalizada de procedimientos administrativos decretada durante el confinamiento fue motivo de queja por parte de los ciudadanos. Y también crecieron las quejas por las sanciones impuestas por las autoridades municipales por prácticas inadecuadas y depósitos irregulares de cartones y restos de paquetería y mensajería en general, al haberse incrementado enormemente la práctica de las compras a través de internet.

De entre las actuaciones del Defensor en materia medioambiental destacan las recomendaciones para que no se celebren monterías en el Parque Nacional de Monfragüe y la resolución por la que la Institución ha instado a la Junta de Extremadura a elaborar y aprobar a la mayor brevedad el plan de recuperación del lobo en la región, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Patrimonio y Biodiversidad.

Por lo que respecta a la contaminación atmosférica, el año pasado se formularon nuevas resoluciones para mejorar el control ambiental de actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera en la Comunidad de Madrid y se continuaron los trabajos en el marco de la actuación de oficio iniciada en 2019 sobre la zona de bajas emisiones “Madrid Central”.

EL RETO DEMOGRÁFICO Y LA ESPAÑA VACÍA

El Defensor continuó en 2020 trabajando sobre el problema de la despoblación en España. A juicio de la Institución, el objetivo prioritario de todas las administraciones públicas a la hora de afrontar el reto demográfico debe ser garantizar a los ciudadanos la existencia de unos servicios públicos de calidad de forma universal.

En este contexto y como consecuencia de la pandemia, el año pasado la obligada permanencia de muchas personas en su domicilio, lo que incluye a estudiantes de todos los niveles que debían recibir clase y realizar tareas escolares y un incremento sin precedentes del teletrabajo, ocasionaron un aumento de las quejas relacionadas con los déficits de la red en muchos puntos, fundamentalmente en la conocida como «España vacía». Aunque los casos de ausencia absoluta de señal son cada vez menos frecuentes, se aprecia en estas quejas la persistencia de zonas en que la calidad de la señal disponible resulta incompatible con los requerimientos derivados de los ritmos de trabajo y estudio que se han ido implantando.

Por otra parte, los problemas de accesibilidad y continuidad de suministro eléctrico en las zonas rurales tienen una causa común con los que se producen en zonas urbanas: la falta de inversiones en la red y un marco normativo caracterizado por la ausencia de incentivos eficaces para prestar un servicio de calidad. La Institución ha podido constatar una especificidad en la España despoblada que apunta a un déficit estructural, que compromete el principio constitucional de que todos los españoles tienen los mismos derechos y obligaciones en cualquier parte del territorio del Estado.

En esta línea, el Defensor recomendó a la Consejería de Industria, Empleo y Promoción Económica del Principado de Asturias sufragar la instalación eléctrica en el pueblo de la Prohida, que no cuenta con acceso a la red eléctrica. Además, la Institución también intervino ante las autoridades autonómicas correspondientes en casos como los cortes de suministro en municipios de la provincia de León provocados por un temporal de nieve o por las interrupciones del suministro en la zona de Villalba de la Sierra a Cañamares (Cuenca).

TRANSPORTE

El año pasado el Defensor recibió quejas por la resistencia de algunas compañías aéreas a devolver el dinero de billetes para trayectos anulados por las limitaciones establecidas durante el estado de alarma. Tras abrir una actuación de oficio sobre este asunto, la Institución instó a la Agencia de Seguridad Aérea (AESA) a inspeccionar lo que estaban haciendo las compañías. En su respuesta, este organismo ha comunicado que ha abierto procedimientos de investigación a nueve compañías, y que una vez concluyan las actuaciones se analizará si procede la apertura de procedimientos sancionadores. En paralelo, la Institución inició actuaciones con la Subsecretaría del Ministerio de Consumo.

Por otra parte, destacan también las actuaciones promovidas por la Institución a través del Defensor del Pueblo Europeo ante la Comisión Europea en relación con los servicios de acompañamiento de menores. El hecho de que tales servicios sean voluntarios para las empresas suscitó algunas quejas de familias separadas con dificultades de mantener un régimen de visitas con ambos progenitores. En el caso de España, el hecho insular supone un problema añadido, debido a la falta de alternativas de transporte. El Defensor del Pueblo concluyó que, para garantizar adecuadamente el derecho de los menores cuyos padres viven separados a mantener el contacto con ambos, es necesario, en determinados casos, contar con facilidades para que el menor pueda viajar solo, regulación esta que aún no está adecuadamente garantizada.

En materia de transporte por ferrocarril, el Defensor continuó en 2020 la investigación de oficio iniciada un año antes para conocer el criterio global de Renfe y del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana sobre la estrategia a seguir para evitar que las poblaciones rurales alejadas de los ejes principales de comunicación queden en una situación de progresivo aislamiento, bien por insuficiencia de servicios ferroviarios o su paulatina reducción, bien por la falta de conexiones o por el deficiente funcionamiento de las existentes.

Además de esta investigación general, se tramitaron quejas relativas a reducciones de servicios ferroviarios que perjudican a zonas concretas del territorio nacional, con especial incidencia en localidades del ámbito rural, como las que denuncian la supresión de conducciones y paradas en la línea que conecta los municipios de la comarca de La Alcarria con Guadalajara y Madrid; la progresiva eliminación de servicios en las líneas que unen las provincias de Granada y Almería con las de Alicante y Valencia; o las reducciones de horarios, la antigüedad de las infraestructuras y las frecuentes averías de las unidades que prestan servicio en la línea Bobadilla-Algeciras.

CULTURA

El mundo de la cultura se ha visto muy severamente afectado por la pandemia. Espectáculos de todo tipo han tenido que cancelarse o ver muy limitado su aforo, de manera que los profesionales del sector, así como el empleo derivado o dependiente de estas actividades, ha quedado en una situación de vulnerabilidad. En su informe, Fernández Marugán reclama ayudas, subvenciones y planes de apoyo para este sector.

CENTROS PENITENCIARIOS

En 2020 se iniciaron 939 expedientes, una cifra muy elevada, el año anterior fueron 722. Este incremento se puede explicar por la crisis sanitaria y el mejor conocimiento de la institución a través de las visitas que realiza como Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura.

Las quejas más frecuentes fueron las relativas a aspectos higiénicos, sanitarios y alimenticios (334), traslados (127), comunicaciones (112), permisos (76), separación interior/clasificación (59) y malos tratos (43).

Para preservar la salud de los internos e internas, una vez decretado el estado de alarma se propició la salida de prisión de unas 3.000 personas. El Defensor, que desde las primeras semanas de pandemia mantiene abierta una actuación de oficio para hacer un seguimiento de la incidencia del coronavirus en prisión, valora positivamente las medidas tomadas por las administraciones penitenciarias que sirvieron para contener el virus en los centros.

También reconoce el esfuerzo de los funcionarios de prisión y destaca el compromiso de los propios presos, que han debido soportar la inevitable limitación de algunos de sus derechos en aras de la preservación de la vida y la salud.

Decretado el estado de alarma, se suspendieron las visitas en los centros penitenciarios. Para que las personas privadas de libertad pudieran mantener contacto con sus familiares se les facilitaron teléfonos móviles que permitían la realización de videollamadas. El Defensor aplaudió esta iniciativa y abogó por la extensión de este tipo de terminales a todos los centros para que llegaran al mayor número de internos e internas posibles. Además, reclamó que su uso se extendiera más allá de las videollamadas con familiares permitiendo acceder a servicios de orientación jurídica, servicios de asistencia religiosa, servicios comunitarios de asistencia psicológica telefónica actualmente disponibles para personas libres, etcétera.

Muchas de las recomendaciones formuladas por el Defensor en el informe “Las personas con discapacidad intelectual en prisión” fueron aceptadas en este ejercicio. Así, la Secretaría de Estado de Justicia ha valorado positivamente la petición de transformar las penas privativas de libertad en medidas de seguridad para los supuestos de discapacidad intelectual inadvertida y se ha comprometido a tomarla en consideración en la reforma del Código Penal.

Por su parte, la Secretaría de Estado de Derechos Sociales ha aceptado la recomendación de incluir a los presos con discapacidad intelectual en la Agenda Social y en la Estrategia Española y Plan de Acción sobre Discapacidad, como colectivo especialmente vulnerable. También la administración penitenciaria catalana se ha comprometido a seguir las recomendaciones formuladas por el Defensor para mejorar la situación de estas personas.

ACTIVIDAD DEL MNP

La pandemia también marcó la actividad que realiza el Defensor, en su condición de Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP) en el pasado ejercicio. Desde el inicio de la crisis sanitaria, el MNP estuvo en contacto con responsables de centros de privación de libertad para conocer las medidas tomadas para proteger la salud de las personas privadas de libertad y de los funcionarios.

En los primeros meses del estado de alarma, siguiendo las recomendaciones de organismos internacionales, el MNP realizó tareas de supervisión a distancia o sin contacto. En total se realizaron 49 actuaciones no presenciales.

En el momento en el que se pudieron realizar visitas ordinarias con todas las garantías para los técnicos que las realizaban y para los internos y personal de los lugares de privación que recibían la visita se retomaron estas inspecciones en profundidad. En total se han realizado 115 actuaciones de supervisión de las que 66 han sido visitas presenciales a lugares de privación de libertad.

En 2020 se formularon 671 resoluciones (57 recomendaciones, 598 sugerencias y 16 recordatorios de deberes legales) para la mejor prevención de la tortura, el maltrato y el respeto de los derechos fundamentales de las personas mientras están privadas de libertad, en lo que se refiere a instalaciones y sobre todo a los procedimientos que les son aplicados durante esta situación.

Todas las actuaciones realizadas como Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura se detallarán en el informe específico que cada año publica el Defensor.

CONSTITUCIONALIDAD ESTADO DE ALARMA

Algunos ciudadanos solicitaron al Defensor la interposición de recurso de inconstitucionalidad contra el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declaraba el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19 y sus prórrogas.

El Defensor decidió no interponer recurso ya que, a su juicio, las restricciones producidas en el ejercicio de algunos derechos fundamentales estaban justificadas por la existencia de una grave pandemia y se adoptaron en el marco del artículo 116 de la Constitución. Fernández Marugán señaló que “ni el Gobierno declarando el estado de alarma, ni el Congreso de los Diputados prorrogándolo, quisieron suspender derechos fundamentales. Lo que se quería era confinar a la población para salvar la vida y preservar la salud del mayor número de personas posible”.

Tras la declaración del segundo estado de alarma a través del Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, algunas personas solicitaron al Defensor la interposición de recurso de inconstitucionalidad. Ya en 2021, Fernández Marugán anunció la no interposición de recurso al considerar que la declaración del segundo estado de alarma también respetó la Constitución.

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El mes de abril finaliza con 638.283 personas en ERTE

8 de mayo, 2021

El mes de abril finaliza con 638.283 personas en ERTE

Miércoles 5 de mayo de 2021

La Seguridad Social registró 638.238 personas protegidas por ERTE a 29 de abril*, según los datos provisionales recogidos por el organismo. El número de trabajadores en ERTE continuó disminuyendo por segundo mes consecutivo desde el pico de la tercera ola, cuando alcanzó a los 978.438 trabajadores.

La relajación de las restricciones administrativas para luchar contra la pandemia y el avance de la campaña de vacunación han contribuido a este nuevo descenso.

Respecto al último día de marzo, se ha producido un descenso de 36.621 personas si tenemos en cuenta la serie revisada en función de las personas en alta afectadas. Según la fecha de notificación (**ver nota al final de este documento), se ha producido un descenso de 105.345 personas.

De media en abril, ha habido 650.180 personas en ERTE, de los que 454.765 eran de los RDL 30/2020, 35/2020 y su prórroga en el RDL 2/2021, por tanto, con exoneraciones en las cotizaciones a la Seguridad Social.

Respecto al mismo mes de 2020, cuando se registró el momento más agudo de la crisis, se ha producido un descenso de 2,98 millones de personas en ERTE, según fecha de alta, y de 2,75 millones, según fecha de notificación. En ambos casos, suponen un descenso de más del 80%.

El 70% con exoneraciones a la Seguridad Social

De las 638.283 personas en ERTE asociado a la COVID-19 a finales de abril (día 29), 447.263 -el 70% del total- lo están en algunas de las modalidades que se pusieron en marcha a partir del 1 de octubre, prorrogadas a partir del 1 de febrero, y que conllevan exoneraciones a la Seguridad Social.

En concreto, 22.843 personas están acogidas a ERTE de impedimento, otras 170.902 a ERTE de limitación y otras 253.518 a ERTE de sectores ultraprotegidos y su cadena de valor. Los primeros han sido los que han registrado una mayor variación respecto al fin de marzo, casi un 60%, debido al levantamiento de algunas restricciones administrativas.

Fuera de estas modalidades, ya sin exoneraciones, hay otras 191.020 personas en ERTE de Fuerza Mayor o ETOP.

Dentro de las 638.283 personas en ERTE al cierre del mes, 195.224 estaban suspendidas a tiempo parcial.

Concentración sectorial y geográfica

El número de trabajadores en ERTE supone el 4,4% de los afiliados del Régimen General (sin sistemas especiales) con una gran concentración sectorial. De hecho, de las 100 actividades, dos (Alojamiento y Comidas y Bebidas) concentran casi la mitad de las personas en ERTE.

En términos absolutos, el mayor número de trabajadores acogidos a esta fórmula de protección, concretamente, corresponde a Servicios de comidas y bebidas con 196.639 personas, que suponen casi el 23,65% del total de los afiliados en este sector.

Los sectores con mayor porcentaje de trabajadores en ERTE son: Agencias de viajes, con el 58,26% de sus afiliados en esta situación; Servicios de alojamiento, con un 52,12% de sus afiliados bajo este instrumento de protección, Transporte aéreo (41,99%) y Actividades de juegos de azar (33,85%).

Geográficamente, también existe una importante concentración en las zonas con mayor actividad turística. En concreto, Las Palmas es la provincia con más trabajadores en ERTE (15,04% de sus afiliados). Le sigue Santa Cruz de Tenerife, con un 12,02%, y Baleares, con un 8,87% de sus trabajadores en ERTE. Ciudad Real y Guadalajara son, por el contrario, las provincias que menos trabajadores tiene en estos mecanismos, con un 1,99% del total.

NOTAS SOBRE PUBLICACIÓN DE LOS DATOS DE ERTE:

  • Debido a problemas técnicos, el último dato de referencia es del 29 de abril. Tan pronto como sea posible se actualizarán a 30 de abril.

**Dado que las fechas de solicitud del ERTE y la de sus efectos pueden ser distintas, hay una cierta disparidad entre la fecha de notificación -los datos comunicados hasta esa fecha- y la fecha en la que produce efectos -en alta- (por ejemplo, puede ser que una empresa comunique a la Tesorería el ERTE de su plantilla el 10 de diciembre, cuando éste tiene efectos ya desde el 20 de noviembre). En aras de la transparencia, en el Excel adjunto se pueden consultar las series revisadas tanto de las personas en ERTE por su fecha de alta -una serie que requiere actualización diaria- como por la fecha de notificación para que se puedan realizar las comparaciones oportunas.

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Transferencia OMF para la cancelación de un préstamo hipotecario

8 de mayo, 2021

Transferencia OMF para la cancelación de un préstamo hipotecario

04/05/2021 Banco de España

Si has decidido comprar un inmueble que está gravado por un préstamo con garantía hipotecaria, y en lugar de solicitar un cambio de titularidad en dicho préstamo, has decidido solicitar un nuevo préstamo con otra entidad, antes de llevar a cabo la compra y liquidar la deuda, el banco del vendedor deberá emitir un certificado de saldo que incorpore los intereses vencidos no pagados.

Esta deuda podrá ser cancelada bien mediante cheque ante notario o mediante una transferencia OMF (también conocida como transferencia vía el Banco de España o simplemente transferencia urgente).

¿Qué es una transferencia OMF?

Son transferencias realizadas a través de TARGET2 , en las que el importe de dinero llega a la cuenta del proveedor de servicios de pago del beneficiario, en este caso a la cuenta del banco del vendedor del inmueble, el mismo día en el que se ordena la transferencia.

Es habitual que las entidades ordenen este tipo de transferencias para traspasar importes destinados a la cancelación o subrogación de préstamos.

¿Cómo debe ser la actuación de las entidades que llevan a cabo esta operativa?

Tu banco debe asegurarse de que la transferencia cumpla eficientemente su finalidad de cancelación económica del préstamo original a nombre del vendedor, cancelación que, en todo caso, debe contar con el consentimiento de este último.

El banco del vendedor procederá inmediatamente a realizar la amortización pactada del importe transferido. Existe un procedimiento operativo normalizado entre bancos que utiliza un código especial y que sirve al banco del vendedor diferenciar este tipo de operaciones, para, en caso de contar con instrucciones del cliente, proceder a la cancelación del préstamo.

Ten en cuenta que una vez abonada la totalidad de la deuda pendiente de un préstamo hipotecario, el banco, a solicitud del cliente, tiene obligación de emitir un certificado de cancelación económica de la deuda sin cobrar ninguna comisión por ello.

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La reserva hídrica española se encuentra al 60,9 por ciento de su capacidad

8 de mayo, 2021

Estado de los embalses

La reserva hídrica española se encuentra al 60,9 por ciento de su capacidad

Miércoles 5 de mayo de 202

Mapa de la reserva hídrica por cuencas

La reserva hídrica española está al 60,9 por ciento de su capacidad total. Los embalses almacenan actualmente 34.036 hectómetros cúbicos (hm³) de agua, disminuyendo en la última semana en 11 hectómetros cúbicos (el 0,0 por ciento de la capacidad total actual de los embalses).

La reserva por ámbitos es la siguiente:
•Cantábrico Oriental se encuentra al 79,5%
•Cantábrico Occidental al 77,6%
•Miño-Sil al 71,2%
•Galicia Costa al 73,7%
•Cuencas internas del País Vasco al 95,2%
•Duero al 77,9%
•Tajo al 64,1%
•Guadiana al 41,2%
•Tinto, Odiel y Piedras al 82,1%
•Guadalete-Barbate al 45,9%
•Guadalquivir al 42,0%
•Cuenca Mediterránea Andaluza al 52,0%
•Segura al 47,0%
•Júcar al 62,5%
•Ebro al 79,3%
•Cuencas internas de Cataluña al 86,6%

Las precipitaciones han afectado considerablemente a toda la península. La máxima se ha producido en Navacerrada con 52,2 mm (52,2 l/m²).

La situación de las cuencas, en hectómetros cúbicos, se detalla en el cuadro adjunto:

Tabla reserva total embalsada
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Estado de situación del COVID-19

8 de mayo, 2021

Estado de situación del COVID-19

Viernes 7 de mayo de 2021

Cartel información actualizada de los datos COVID-19 a 7 de mayo de 2021

Actualización nº 370. Enfermedad por el coronavirus (COVID-19). 07.05.2021 (datos consolidados a las 14:00 horas del 07.05.2021).

El presente informe se ha realizado con los datos individualizados notificados por las Comunidades Autónomas a la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica (al sistema SiViEs).

Se incluyen los casos notificados confirmados con una prueba diagnóstica positiva de infección activa (PDIA) tal como se establece en la Estrategia de detección precoz, vigilancia y control de COVID-19 y además los casos notificados antes del 11 de mayo que requirieron hospitalización, ingreso en UCI o fallecieron con diagnóstico clínico de COVID-19, de acuerdo a las definiciones de caso vigentes en cada momento. Cualquier futura actualización que realicen las comunidades autónomas quedarán reflejadas en los informes diarios.

En España hasta el momento se han notificado un total de 3.567.408 casos confirmados de COVID-19 y 78.792 fallecidos.

Más información.

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Bajo la luna

7 de mayo, 2021
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Resolución de 22 de enero de 2021, de la Oficina Española de Patentes y Marcas, O.A., por la que se regula la utilización de códigos seguros de verificación como sistema de firma electrónica en el desarrollo de actuaciones administrativas.

7 de mayo, 2021

Resolución de 22 de enero de 2021, de la Oficina Española de Patentes y Marcas, O.A., por la que se regula la utilización de códigos seguros de verificación como sistema de firma electrónica en el desarrollo de actuaciones administrativas.
Publicado en:
«BOE» núm. 32, de 6 de febrero de 2021, páginas 13989 a 13992 (4 págs.)
Sección:
III. Otras disposiciones
Departamento:
Ministerio de Industria, Comercio y Turismo

Texto
TEXTO ORIGINAL
La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, tiene por objeto regular los requisitos de validez y eficacia de los actos administrativos, así como el procedimiento administrativo común a todas las administraciones públicas.

En el artículo 27, apartado 3, de la Ley 39/2015, titulado Validez y eficacia de las copias realizadas por las administraciones públicas, se establece que para garantizar la identidad y contenido de las copias electrónicas o en papel, y por tanto su carácter de copias auténticas, las administraciones públicas deberán ajustarse a lo previsto en el Esquema Nacional de Interoperabilidad, que establece que las copias en soporte papel de documentos electrónicos contendrán un código generado electrónicamente u otro sistema de verificación, que permitirá contrastar la autenticidad de la copia mediante el acceso a los archivos electrónicos del órgano u organismo público emisor.

Se indica también en el citado apartado que las administraciones harán públicos, a través de la sede electrónica correspondiente, los códigos seguros de verificación (CSV) u otro sistema de verificación utilizado.

El Real Decreto 1671/2009, de 6 de noviembre, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 11/2007, de 22 de junio, en su artículo 20, regula el uso de los CSV como sistema de firma electrónica en las actuaciones administrativas automatizadas y, en su artículo 21, establece la posibilidad de usar este tipo de códigos como medio de firma electrónica del personal al servicio de la Administración General del Estado y de sus organismos públicos vinculados o dependientes.

En todos estos casos, la aplicación del sistema de código seguro de verificación requiere una orden del titular del Ministerio competente o resolución del titular del organismo público, previo informe del Consejo Superior de Administración Electrónica, que se publicará en la sede electrónica correspondiente, que deberá incorporar las especificaciones que establece el artículo 20 del citado real decreto.

A su vez, el Real Decreto 806/2014, de 19 de septiembre, sobre organización e instrumentos operativos de las tecnologías de la información y las comunicaciones en la Administración General del Estado y sus organismos públicos, regula, en su disposición adicional segunda, que se entenderán referidas a la Comisión de Estrategia TIC todas las alusiones que en la normativa vigente se hagan al Consejo Superior de Administración Electrónica.

Regulada la creación y funcionamiento de la sede electrónica de la Oficina Española de Patentes y Marcas, O. A., mediante Resolución de 9 de marzo de 2010, se aprueba en la presente resolución, la utilización CSV, tanto en la actuación automatizada como en la firma del personal empleado público de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas.

A través de la presente resolución, se aprueban, asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley 39/2015, de 2 de octubre, las actuaciones administrativas automatizadas que se certifican mediante el código seguro de verificación.

Según lo dicho, en cumplimiento de la citada normativa y con el objeto de establecer el sistema de código seguro de verificación de documentos electrónicos en el desarrollo de actuaciones administrativas automatizadas y como sistema de firma electrónica del personal empleado público de la Oficina Española de Patentes y Marcas, O. A., se aprueba la presente resolución.

En su virtud, previo informe de la Comisión de Estrategia TIC, dispongo:

Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación.
La presente resolución tiene por objeto establecer el código seguro de verificación (en adelante CSV) como sistema de firma electrónica de la Oficina Española de Patentes y Marcas, O. A., y del personal a su servicio de conformidad con lo dispuesto en los artículos 20 y 21 c) del Real Decreto 1671/2009, de 6 de noviembre, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 11/2007, de 22 de junio, y con lo señalado en el siguiente apartado de esta resolución.

Artículo 2. Utilización del sistema de CSV.
1. La Oficina Española de Patentes y Marcas, O. A., podrá utilizar un sistema de CSV vinculado al citado centro directivo en las siguientes actuaciones:

a) Para la identificación y la autenticación del ejercicio de la competencia en la actuación administrativa automatizada.

b) Vinculado al empleado público actuante para la producción de firmas electrónicas de sus empleados públicos en cualesquiera actos resolutorios, de trámite o mera comunicación que requieran su firma por empleado público.

2. La integridad y conservación de los documentos electrónicos y de sus metadatos asociados obligatorios quedará garantizada a través de las medidas técnicas que aseguren su inalterabilidad dentro de lo establecido por las normas técnicas de interoperabilidad de documentos y expedientes electrónicos, la NTI de Política de Gestión de Documentos Electrónicos, y el Esquema Nacional de Seguridad.

Artículo 3. CSV de la Oficina Española de Patentes y Marcas, O. A., en actuaciones administrativas automatizadas.
1. Para la identificación y la autenticación del ejercicio de la competencia en la actuación administrativa automatizada, la Oficina Española de Patentes y Marcas, O.A. podrá utilizar un sistema de CSV como el que se describe en esta resolución.

Se superpone al CSV una firma con sello electrónico, con el fin de mejorar la interoperabilidad electrónica y posibilitar la verificación de la autenticidad e integridad de los documentos electrónicos sin necesidad de acceder a la sede electrónica para su cotejo.

2. El CSV, en lo referido a las actuaciones automatizadas, sólo podrá ser utilizado, para autenticar todas aquellas actuaciones automatizadas aprobadas mediante resolución de la OEPM y en todo caso:

a) Comunicaciones electrónicas con ciudadanos y empresas.

b) Generación y emisión de certificados y documentos administrativos electrónicos.

c) Generación y emisión de copias electrónicas auténticas a partir de documentos electrónicos y de documentos en soporte no electrónico.

d) Procesos de sellado de documentos electrónicos, al objeto de facilitar su interoperabilidad, conservación y legibilidad.

e) Inscripciones, anotaciones registrales y archivo de documentos electrónicos registrales.

f) Generación y emisión de acuses de recibo, incluyendo los generados por los diferentes registros electrónicos.

Artículo 4. Órganos responsables.
La responsabilidad de aplicación del sistema de CVS será de la División de Tecnologías de la Información.

Artículo 5. Definición de CSV.
Se entiende por CSV el sistema de firma electrónica vinculado a la Administración Pública, órgano o entidad y, en su caso, a la persona firmante del documento, que permite comprobar la integridad del documento mediante el acceso a la sede electrónica correspondiente.

Artículo 6. Descripción del CSV.
1. El CSV se compone de 22 caracteres alfanuméricos hexadecimales de identificador de documento. Se almacena como metadato del documento al que se vincula, de conformidad con el esquema XML establecido en la Norma Técnica de Interoperabilidad de Documento Electrónico2. El alfabeto utilizado es hexadecimal.

2. Una vez generado el CSV, el sistema lo vinculará al documento y al firmante (sea sistema electrónico o persona física).

3. El CSV será generado del siguiente modo:

a) Se obtiene el HASH SHA-256 del documento para el cual se va a generar el CSV.

b) Se transforma a Base 64.

c) Se concatena: código hash en Base 64 + el número de iteración (que se inicia en cero).

d) Al resultado final se le aplica el algoritmo SHA-256.

e) El resultado se codifica en Base 64.

f) Se realiza una sustitución de caracteres:

a. Se reemplaza el carácter «+» por el carácter «ñ».

b. Se reemplaza el carácter «/» por el carácter «Ñ».

g) Se elimina el carácter «=» pues es de relleno.

h) Si el resultado final de ese proceso coincide con un CSV previamente generado –vinculado a otro documento– se incrementa el número de iteración y se vuelve a generar nuevamente el CSV a partir del apartado c).

4. En todo caso, el CSV será custodiado por la aplicación responsable de la tramitación o, en su caso, el sistema responsable de la firma. Se guardarán las medidas de seguridad oportunas, que aseguren su inalterabilidad.

Artículo 7. Verificación del contenido por los interesados.
1. La integridad de los documentos electrónicos autenticados mediante CSV podrá comprobarse mediante el acceso directo y gratuito a la sede electrónica de la Oficina Española de Patentes y Marcas
, O.A., (https://sede.oepm.gob.es/eSede/es/index.html) en tanto no se acuerde la destrucción de dichos documentos con arreglo a la normativa que resulte de aplicación o por decisión judicial.

2. Cuando se intente cotejar en sede de un documento emitido con CSV que ya no exista, por decisión judicial o por la aplicación de la normativa vigente, aparecerá un mensaje que informe de esta circunstancia.

Artículo 8. Plazo de disponibilidad del sistema de verificación.
El CSV estará disponible a efectos de comprobación en tanto no se acuerde la destrucción de los documentos sobre los que se haya emitido, con arreglo a la normativa que resulte de aplicación o por decisión judicial.

Disposición adicional única. No incremento de gasto público.
Las medidas contenidas en esta resolución se atenderán con los medios personales y materiales existentes en la OEPM, y no podrán suponer incremento de gasto público.

Disposición final única. Entrada en vigor y publicación en sede electrónica.
La presente resolución entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado». Asimismo, será objeto de publicación en la sede electrónica de la Oficina Española de Patentes y Marcas, O. A.

Madrid, 22 de enero de 2021.–El Director de la Oficina Española de Patentes y Marcas, O. A., José Antonio Gil Celedonio.

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›La CNMC analiza el borrador del Real Decreto de los Estatutos Generales de los Colegios de Ingenieros de Minas y de su Consejo Superior

7 de mayo, 2021

›La CNMC analiza el borrador del Real Decreto de los Estatutos Generales de los Colegios de Ingenieros de Minas y de su Consejo Superior

La CNMC analiza el borrador del Real Decreto de los Estatutos Generales de los Colegios de Ingenieros de Minas y de su Consejo Superior

29 Abr 2021

Nota de prensa Promoción de Competencia

◦Se recuerda la situación de transitoriedad que viven los colegios y servicios profesionales, que están pendientes de una reforma global desde hace más de una década.
◦Recomienda replantear que sea obligatoria la colegiación y que las listas de peritos se reserven exclusivamente a los colegiados.

La CNMC ha analizado en numerosas ocasiones el sector de los colegios y servicios profesionales, tanto desde un punto de vista más general como a través del análisis de múltiples estatutos. En todos ellos, ha recordado que es necesario abordar una reforma profunda de la regulación del sector, pendiente desde hace más de una década.

Hasta la llegada de esta reforma, la Comisión señala una serie de principios que han de servir de orientación para los estatutos: se debe partir del principio de libre acceso a la profesión; limitar las posibles restricciones a normas con rango de ley, motivando su necesidad, proporcionalidad y no discriminación; y reconsiderar el catálogo de profesiones existentes, sus titulaciones y reservas de actividad bajo los principios ya señalados.

Estatutos del Colegio Oficial de Ingenieros de Minas

Los Estatutos vigentes son de 2003 y establecen la obligatoriedad de la colegiación. La reforma proyectada, a pesar de que pretende adaptarse a la Directiva de Servicios, es continuista con el texto anterior. En todo caso, la CNMC valora positivamente la generalización de la ventanilla única para la gestión de trámites o la adecuación a las nuevas leyes de procedimiento administrativo. (IPN/CNMC/003/21).

No obstante, la CNMC realiza recomendaciones sobre aspectos relacionados con las limitaciones al acceso o al ejercicio de la profesión:

◦Obligación de colegiación. No procede regular la obligatoriedad de colegiación en los nuevos Estatutos, por no tratarse de norma de rango legal. Se recomienda, con carácter general, someter cualquier exigencia de colegiación a una evaluación desde la óptica de los principios de buena regulación, recogiendo de forma motivada las razones de interés público que podrían justificar su mantenimiento, en especial si se ha producido, como en el caso analizado, una ampliación de su ámbito subjetivo.

◦Listas de peritos. Se propone una redacción amplia que permita entender que la actividad pericial no está reservada exclusivamente a los colegiados.

◦Visado. Se recomienda la introducción de un factor de eficiencia, de forma que la razonabilidad del coste del mismo sea modulada por una maximización de la eficiencia en la gestión.

◦Obligaciones de los colegiados de aceptar los cometidos que se le encomienden por el Colegio. Se recomienda un replanteamiento de dicha obligación o, al menos su delimitación, para que puedan minimizarse posibles distorsiones sobre la competencia efectiva.

◦Cobro de honorarios por los Colegios. Este mecanismo puede restringir la competencia ya que el Colegio podría estar manejando información sensible a efectos de la libre competencia. De mantenerse, sería recomendable recoger cautelas oportunas relativas a la no difusión de honorarios percibidos.

La CNMC es el organismo independiente regulador de los mercados que garantiza y promueve una competencia efectiva. Este informe se emite a solicitud del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, en ejercicio de las competencias consultivas de la CNMC en aplicación del artículo 5.2 de la Ley 3/2013, de 4 de junio, de creación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.

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El Congreso pide al Gobierno que regule la celebración de juntas telemáticas en las comunidades de propietarios

7 de mayo, 2021

El Congreso pide al Gobierno que regule  la celebración de juntas telemáticas en  las comunidades de propietarios

✓ La Proposición no de ley (PNL), que se aprobó sin votos en contra, insta al Gobierno a  aprobar herramientas que permitan adoptar acuerdos para poder continuar con el  desarrollo normal de la actividad en las comunidades de propietarios.

✓ Se han dejado de celebrar más de un millón de juntas de propietarios por la pandemia,  17.000 mensuales solo en la Comunidad de Madrid, lo que ha conllevado la paralización  de las obras en los edificios.

Madrid, 30 marzo de 2021

Durante la pandemia más de un millón de juntas de propietarios, 17.000 mensuales solo  en la Comunidad de Madrid, no han podido celebrarse presencialmente por las  restricciones, según el Colegio de Administradores de Fincas de Madrid (CAFMadrid). Las  reuniones virtuales, además, no están reguladas por la Ley de Propiedad Horizontal, lo que  ha llevado al Consejo General de Colegios de Administradores de Fincas de España  (CGCAFE) a reunirse con los distintos grupos parlamentarios para impulsar una Proposición  no de Ley (PNL) que favorezca las juntas presenciales.

La propuesta, presentada por el Grupo Parlamentario Popular en la Comisión de  Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, ha sido aprobada sin ningún voto en contra y se  ha aceptado la moción del Partido Socialista para que la norma que se apruebe ofrezca la  máxima garantía jurídica para todos los propietarios a la hora de deliberar y votar los  distintos puntos del orden del día, fundamentalmente de aquellas personas que no tienen  acceso a la vía telemática o no saben utilizar las nuevas tecnologías.

Los Administradores de Fincas colegiados, en las diversas reuniones mantenidas con los  distintos Grupos Parlamentarios para solicitar una norma que reconociera la validez de las  juntas telemáticas, manifiestan que la Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda  Urbana ha recogido sus peticiones, y esperan que la normativa que se desarrolle y apruebe  próximamente por el Congreso garantice el derecho de participación de todos los  propietarios -que podrán asistir representados-, y con la posibilidad de intervenir en las deliberaciones y de garantizar la emisión de su voto. No obstante, hay que tener presente  sus particularidades, el número de propietarios y la capacidad de acceso a la tecnología.

Por esto, y dado que no todas las comunidades podrán reunirse virtualmente, también se  ha propuesto la posibilidad de adoptar acuerdos sin junta mientras duren las  restricciones.

Actualmente, y aunque las nuevas tecnologías permitan las reuniones virtuales, la Ley de  Propiedad Horizontal solo reconoce validez a las reuniones presenciales, a excepción de la  ley catalana, que sí establece la posibilidad de reuniones vía telemática y la validez de la  toma de acuerdos de Junta de Propietarios con este sistema, tras la aprobación del Decreto-ley 26/2020, de 23 de junio, de medidas extraordinarias en materia sanitaria y administrativa. Desde entonces están en vigor soluciones similares en Cataluña a las que propone el CGCAFE sin haber generado ningún problema entre los propietarios y resultando útiles para que no se frene ni la vida en comunidad, ni la economía.

En este año de pandemia se han dejado de celebrar más de un millón de juntas de  propietarios, lo que ha conllevado la paralización de las obras en los edificios. Muchas  empresas se están viendo afectadas con esta situación al no poder realizarse obras de  accesibilidad, eficiencia energética y la rehabilitación de edificios en general.

Para Isabel Bajo, vicepresidenta del CGCAFE y presidenta del CAFMadrid, “la aprobación  de la Proposición no de Ley es el primer paso para conseguir que las juntas de propietarios  telemáticas puedan celebrarse con todas las garantías jurídicas; de esta manera, los más  de 6.000 millones de euros destinados a la rehabilitación energética que pronto se recibirán  del Fondo Europeo de Recuperación se podrán gestionar sin problema en beneficio de las  comunidades de propietarios”.

Durante la pandemia, los Administradores de Fincas colegiados han hecho posible el buen  funcionamiento de los edificios, pero se reclama esta norma porque gran parte de los  propietarios/as prefieren no celebrar reuniones para evitar riesgos de contagio. Por este  motivo, y para dar cobertura legal a estas situaciones, Salvador Díez, presidente del  CGCAFE, explica la necesidad de “suspender la obligación de convocar anualmente las reuniones durante 12meses y dar por renovados, de forma tácita, tanto los cargos de la  Junta de Propietarios de la comunidad y los presupuestos con el respaldo legal necesario”.

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Un juzgado de Palma archiva nuevamente la demanda contra Meliá por la explotación de unos terrenos en Cuba por falta de jurisdicción

7 de mayo, 2021

Martes, 4 de mayo de 2021

Un juzgado de Palma archiva nuevamente la demanda contra Meliá por la explotación de unos terrenos en Cuba por falta de jurisdicción

La decisión se produce después que la Audiencia Provincial ordenara reabrir la causa para ampliar la demanda e incluir a Cuba en el procedimiento. No obstante, Cuba no se ha personado en la causa

Autor: Comunicación Poder Judicial

La titular del Juzgado de Primera Instancia número 24 de Palma ha dictado un auto en el que declara de nuevo la falta de jurisdicción de los tribunales españoles para conocer de la demanda presentada contra Meliá Hotels Internacional S.A. por la explotación de unos terrenos en Cuba, que fueron nacionalizados por el gobierno cubano presidido por Fidel Castro. La juez, en su resolución, decreta otra vez el sobreseimiento de las actuaciones.

La decisión se produce después que la Audiencia Provincial ordenara reabrir la causa para ampliar la demanda e incluir a Cuba en el procedimiento. No obstante, Cuba no se ha personado en la causa. Por este motivo, la jueza entiende que los hechos objeto del pleito se encuentran protegidos por la inmunidad de jurisdicción que ostenta Cuba. En consecuencia, de acuerdo con la resolución, Cuba no puede ser demandado ni enjuiciado por los tribunales españoles según la LO 16/2015 en dicho procedimiento.

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Estado de situación del COVID-19

7 de mayo, 2021

Estado de situación del COVID-19

Jueves 6 de mayo de 2021

Cartela COVID-19-Información actualizada 6 de mayo de 2021

Actualización nº 369. Enfermedad por el coronavirus (COVID-19). 06.05.2021 (datos consolidados a las 14:00 horas del 06.05.2021).

El presente informe se ha realizado con los datos individualizados notificados por las Comunidades Autónomas a la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica (al sistema SiViEs).

Se incluyen los casos notificados confirmados con una prueba diagnóstica positiva de infección activa (PDIA) tal como se establece en la Estrategia de detección precoz, vigilancia y control de COVID-19 y además los casos notificados antes del 11 de mayo que requirieron hospitalización, ingreso en UCI o fallecieron con diagnóstico clínico de COVID-19, de acuerdo a las definiciones de caso vigentes en cada momento. Cualquier futura actualización que realicen las comunidades autónomas quedarán reflejadas en los informes diarios.

En España hasta el momento se han notificado un total de 3.559.222 casos confirmados de COVID-19 y 78.726 fallecidos.

Los datos se pueden consultar en el documento PDF adjunto.

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Isla de La Lobeira y Cabo de Fisterra

6 de mayo, 2021
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Orden HAP/550/2014, de 28 de marzo, por la que se regula la utilización de códigos seguros de verificación como sistema de firma electrónica en el desarrollo de actuaciones administrativas de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas.

6 de mayo, 2021

Orden HAP/550/2014, de 28 de marzo, por la que se regula la utilización de códigos seguros de verificación como sistema de firma electrónica en el desarrollo de actuaciones administrativas de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas.

Publicado en:
«BOE» núm. 85, de 8 de abril de 2014, páginas 29568 a 29571 (4 págs.)
Sección:
III. Otras disposiciones
Departamento:
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas
Referencia:
BOE-A-2014-3729

Texto

TEXTO ORIGINAL

La Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso Electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos reconoce a éstos el derecho a relacionarse con las Administraciones Públicas utilizando medios electrónicos para el ejercicio de los derechos previstos en el artículo 35 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, así como para obtener informaciones, realizar consultas y alegaciones, formular solicitudes, manifestar consentimiento, entablar pretensiones, efectuar pagos, realizar transacciones y oponerse a las resoluciones y actos administrativos.

En el artículo 18, apartado 1 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, citada anteriormente, se establece la posibilidad de usar como sistema de firma electrónica para la actuación administrativa automatizada un sistema de código seguro de verificación (en adelante CSV) vinculado a la Administración Pública, órgano o entidad y, en su caso, a la persona firmante del documento, permitiéndose en todo caso la comprobación de la integridad del documento así firmado mediante el acceso a la sede electrónica.

Asimismo, en el artículo 30, apartado 5, de dicha Ley, se establece también que las copias realizadas en soporte papel de documentos públicos administrativos emitidos por medios electrónicos y firmados electrónicamente, tendrán la consideración de copias auténticas siempre que incluyan la impresión de un código generado electrónicamente u otros sistemas de verificación que permitan contrastar su autenticidad mediante el acceso a los archivos electrónicos de la Administración Pública, órgano o entidad emisora.

Posteriormente, el Real Decreto 1671/2009, de 6 de noviembre, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 11/2007, de 22 de junio, en su artículo 20, regula el uso de los CSV como sistema de firma electrónica en las actuaciones administrativas automatizadas y, en su artículo 21, establece la posibilidad de usar este tipo de códigos como medio de firma electrónica del personal al servicio de la Administración General del Estado y de sus organismos públicos vinculados o dependiente.

En todos estos casos, la aplicación del sistema de código seguro de verificación requiere una orden del titular del Ministerio competente o resolución del titular del organismo público, previo informe del Consejo Superior de Administración Electrónica, que se publicará en la sede electrónica correspondiente, que deberá incorporar las especificaciones que establece el artículo 20 del citado Real Decreto.

Regulada la creación y funcionamiento de la sede electrónica de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, mediante la Orden HAP/548/2013, de 2 de abril, se aprueba en la presente Orden, la utilización CSV, tanto en la actuación automatizada como en la firma del personal empleado público de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas.

A través de la presente Orden, se aprueban asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 39 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, las actuaciones administrativas automatizadas que se certifican mediante el código seguro de verificación.

En su virtud, previo informe del Consejo Superior de Administración Electrónica, dispongo:

Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación.

  1. La presente Orden tiene por objeto establecer el Código Seguro de Verificación (en adelante CSV) como sistema de firma electrónica de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas (en adelante SEAP) y del personal a su servicio de conformidad con lo dispuesto en los artículos 20 y 21 c) del Real Decreto 1671/2009, de 6 de noviembre, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 11/2007, de 22 de junio, y con lo señalado en el siguiente apartado de esta Orden.
  2. El ámbito de aplicación de esta Orden se extiende exclusivamente a los órganos y unidades pertenecientes a la SEAP, cuyos sistemas de firma electrónica son proporcionados por la División de Sistemas de Información y Comunicaciones de la Subdirección General de Asuntos Generales y Coordinación o por la Dirección General de Modernización Administrativa, Procedimientos e Impulso de la Administración Electrónica.

Artículo 2. Utilización del sistema de CSV.

  1. La SEAP podrá utilizar un sistema de CSV vinculado al citado centro directivo en las siguientes actuaciones:

a) Para la identificación y la autenticación del ejercicio de la competencia en la actuación administrativa automatizada.

b) Vinculado al empleado público actuante para la producción de firmas electrónicas de sus empleados públicos en cualesquiera actos resolutorios, de trámite o mera comunicación que requieran su firma por empleado público.

  1. La integridad y conservación de los documentos electrónicos y de sus metadatos asociados obligatorios quedará garantizada a través de las medidas técnicas que aseguren su inalterabilidad dentro de lo establecido por las Normas Técnicas de Interoperabilidad de documentos y expedientes electrónicos, la NTI de Política de Gestión de Documentos Electrónicos, y el Esquema Nacional de Seguridad.

Artículo 3. CSV de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas en actuaciones administrativas automatizadas.

  1. Para la identificación y la autenticación del ejercicio de la competencia en la actuación administrativa automatizada, la SEAP podrá utilizar un sistema de CSV como el que se describe en esta orden.

Se podrá superponer al CSV una firma con sello electrónico, con el fin de mejorar la interoperabilidad electrónica y posibilitar la verificación de la autenticidad e integridad de los documentos electrónicos sin necesidad de acceder a la sede electrónica para su cotejo.

  1. El CSV, en lo referido a las actuaciones automatizadas, sólo podrá ser utilizado, para autenticar todas aquellas actuaciones automatizadas aprobadas mediante resolución de la SEAP y en todo caso:

a) Comunicaciones electrónicas con ciudadanos y empresas.

b) Generación y emisión de certificados y documentos administrativos electrónicos.

c) Generación y emisión de copias electrónicas auténticas a partir de documentos electrónicos y de documentos en soporte no electrónico.

d) Procesos de sellado de documentos electrónicos, al objeto de facilitar su interoperabilidad, conservación y legibilidad.

e) Inscripciones, anotaciones registrales y archivo de documentos electrónicos registrales.

f) Generación y emisión de acuses de recibo, incluyendo los generados por los diferentes registros electrónicos.

Artículo 4. Órganos responsables.
La responsabilidad de aplicación del sistema de CSV, será, según el ámbito del procedimiento, la Dirección General de Modernización Administrativa, Procedimientos e Impulso de la Administración Electrónica o la División de Sistemas de Información y Comunicaciones de la Subdirección General de Asuntos Generales y Coordinación.

Artículo 5. Definición de CSV.
Se entiende por CSV el sistema de firma electrónica vinculado a la Administración Pública, órgano o entidad y, en su caso, a la persona firmante del documento, que permite comprobar la integridad del documento mediante el acceso a la sede electrónica correspondiente.

Artículo 6. Descripción del CSV.

  1. El CSV se compone de 35 caracteres: 32 caracteres alfanuméricos hexadecimales de identificador de documento y una especificación de 3 caracteres que delimita el ámbito del documento (o sistema de información). Se almacena como metadato del documento al que se vincula, de conformidad con el esquema XML establecido en la Norma Técnica de Interoperabilidad de Documento Electrónico.
  2. Los alfabetos pertinentes para cada parte del CSV serán: el hexadecimal para los 32 caracteres del primer bloque y el alfabeto ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ0123456789 para los 3 caracteres del ámbito.
  3. Una vez generado el CSV, el sistema lo vinculará al documento y al firmante (sea sistema electrónico o persona física).
  4. El CSV será generado del siguiente modo:

a) Cálculo previo de los PKCS# 1 del documento, mediante los certificados digitales de los firmantes.

b) Generación de un número aleatorio de 256 bits acorde con RFC 1750.

c) Se realiza el SHA256 sobre el documento, y sobre todos y cada uno de los PKCS#1 generados en el apartado a).

d) Se realiza a continuación la operación XOR sobre el número aleatorio generado y todos los resúmenes SHA256 resultantes del apartado c).

e) Sobre lo anterior, se seleccionan los bits pares, obteniendo una cadena de 128 bits. En formato hexadecimal, los 32 caracteres resultantes serán la primera parte del CSV.

f) El CSV se compondrá de la cadena de tres caracteres delimitadores del ámbito del documento (o sistema de información) más los 32 caracteres hexadecimales del punto anterior.

g) En caso de obtener un CSV ya existente en el sistema, vinculado a otro documento, se repetirá el proceso comenzando con la generación de un nuevo número aleatorio.

  1. En todo caso, el CSV será custodiado por la aplicación responsable de la tramitación o, en su caso, el sistema responsable de la firma. Se guardarán las medidas de seguridad oportunas, que aseguren su inalterabilidad.

Artículo 7. Verificación del contenido por los interesados.

  1. La integridad de los documentos electrónicos autenticados mediante CSV podrá comprobarse mediante el acceso directo y gratuito a la sede electrónica de la SEAP (https://sede.administracionespublicas.gob.es/), en tanto no se acuerde la destrucción de dichos documentos con arreglo a la normativa que resulte de aplicación o por decisión judicial.
  2. Cuando se intente cotejar en sede un documento emitido con CSV que ya no exista, por decisión judicial o por la aplicación de la normativa vigente, aparecerá un mensaje que informe de esta circunstancia.

Artículo 8. Plazo de disponibilidad del sistema de verificación.
El CSV estará disponible a efectos de comprobación en tanto no se acuerde la destrucción de los documentos sobre los que se haya emitido, con arreglo a la normativa que resulte de aplicación o por decisión judicial.

Disposición adicional única. No incremento de gasto público.
Las medidas contenidas en esta Orden se atenderán con los medios personales y materiales existentes en el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, y no podrán suponer incremento de gasto público.

Disposición final única. Entrada en vigor y publicación en sede electrónica.
La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado». Asimismo, será objeto de publicación en la sede electrónica de la SEAP.

Madrid, 28 de marzo de 2014.–El Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro Romero.

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¿Cuáles son las causas de las tensiones en la relación entre Rusia y la UE?

6 de mayo, 2021

¿Cuáles son las causas de las tensiones en la relación entre Rusia y la UE?

Parlamento Europeo

La detención del líder opositor ruso Alexéi Navalni es uno de los últimos choques en las relaciones entre Europa y Rusia. Descubra las razones de las confrontaciones y qué opina el PE.

Durante la última década han surgido nuevas tensión entre Europea y Rusia. A la anexión de Crimea en 2014 se le sumó el apoyo del régimen de Putin a los separatistas del este de Ucrania y la intervención militar rusa en Siria. Otros focos de confrontación surgieron con las campañas de desinformación y los ciberataques, así como con los intentos de interferir en los procesos democráticos occidentales.

Encarcelamiento de Alexéi Navalni
El vicepresidente de la comisión de Asuntos Exteriores del Parlamento, Urmas Paet, exigió el 27 de enero, en una entrevista retransmitida en Facebook, sanciones para «aquellos que tienen la responsabilidad directa de la detención y el acoso de Alexéi Navalni». Tras haberse recuperado de un envenenamiento que le pudo costar la vidael año pasado, el líder de la oposición rusa fue detenido el 17 de enero.

Cuatro días después de su encarcelamiento, el Parlamento aprobó una resolución en la que pedía sanciones de la UE más estrictas contra Rusia, así como la liberación inmediata e incondicional de Alexéi Navalni y del resto de detenidos en relación con su regreso a Moscú. Además de sanciones para el círculo más cercano del presidente Putin y de los medios propagandistas rusos, los eurodiputados subrayaron que también se podrían tomar medidas amparadas en el régimen global europeo de sanciones en materia de derechos humanos. El vicepresidente de la comisión de Asuntos Exteriores del Parlamento consideró este mecanismo como una herramienta «absolutamente apropiada». «Es imposible que las sociedades europeas libres no reaccionen ante las graves violaciones de los derechos humanos», añadió.

Sanciones de la UE contra Rusia
Desde la anexión de Crimea en 2014, las sanciones económicas de la UE se dirigieron a los sectores financieros, energéticos y de defensa de Rusia. Por su parte, el régimen de Putin respondió con prohibiciones de alrededor de la mitad de sus importaciones agroalimentarias al bloque comunitario.

Antes de Navidad, los líderes de la UE decidieron por unanimidad extender las medidas restrictivas hasta el 31 de julio de 2021, las cuales se renuevan dos veces al año. Éstas perjudicaron duramente a Rusia y a finales de 2018, se estimaba que su economía cayó en un 6% debido a las sanciones de la UE y Estados Unidos.

La UE también castigó a los funcionarios rusos responsables del envenenamiento de Nalvani.

Paet enumeró en su entrevista «ejemplos muy tristes» de la política exterior rusa y afirmó que «si un país no cumple con los derechos humanos básicos y el derecho internacional, a los países de la UE no les queda otra opción» que imponer sanciones.

Bielorrusia
El portavoz del Parlamento de las relaciones con Rusia, el eurodiputado Andrius Kubilius, que también participó en la entrevista, defendió que las sanciones eran efectivas y señaló que miles de rusos se habían enfrentado a palizas, arrestos y temperaturas de -50°C para protestar por el arresto de Navalni.

“Podemos sacar una conclusión muy simple: la democracia es muy importante para el pueblo ruso y Alexéi Navalni, que lucha por esos derechos, está haciendo un trabajo de héroe. Por eso, condenamos el comportamiento autocrático del Kremlin», añadió,

El eurodiputado también mencionó las conexiones entre Rusia y Bielorrusia: “Lukashenko intentó robar las elecciones presidenciales de Bielorrusia y está muy claro que el régimen del Kremlin está tratando de robar las elecciones legislativas de Moscú. Tenemos que castigar ese comportamiento».

Gasoducto Nordstream 2
La controversia sobre el nuevo gasoducto Nord Stream 2 por el Báltico, que uniría Alemania con Rusia, puso de relieve la influencia de Rusia como principal proveedor de energía de la Unión. En una resolución del 21 de enero, los eurodiputados pidieron a la UE que detuviera inmediatamente su construcción. Paet expresó su esperanza de que los ministros de la UE se tomen en serio la posición del Parlamento y destacó que este proyecto «viola la política común de seguridad energética de la UE».

Ya no es un «socio estratégico»
En una resolución publicada en marzo de 2019, el Parlamento Europeo afirmó que Rusia ya no se podía considerar un «socio estratégico». Sin embargo, sigue habiendo áreas en las que ambas partes comparten intereses y preocupaciones. Por ejemplo, Rusia jugó un papel constructivo en las negociaciones sobre el acuerdo nuclear de Irán. Además, tanto la UE como Rusia abogan por una solución basada en dos Estados para resolver el conflicto de Israel-Palestina y formanb parte del acuerdo climático de París.

La UE es, con diferencia, el mayor socio comercial e inversor de Moscú: en 2019, representó el 42% de las exportaciones rusas.

Paet reconoció que Rusia es un país europeo y que el Parlamento quiere que los rusos disfruten de las mismas libertades que los europeos. Sin embargo, enfatizó que “los cambios reales solo pueden venir en última instancia desde adentro, no desde afuera”. Por su parte, Kubilius añadió: «Nos solidarizamos con el pueblo ruso común. Si bien Rusia ha dejado el camino del desarrollo democrático, puede volver».

Últimos acontecimientos
En una resolución aprobada el 29 de abril de 2021, el Parlamento mostró su preocupación por la acumulación de efectivos militares en la frontera entre Rusia y Ucrania, así como en Crimea, territorio ocupado ilegalmente. Los eurodiputados advirtieron de que si la presión en torno a Ucrania acaba en una invasión, las consecuencias serán severas. Además, condenaron la participación de los servicios de inteligencia rusos en la explosión de un depósito de armas Vrbětice, Chequia, en 2014, en el que resultaron muertos dos ciudadanos checos. Los miembros del PE reiteraron la liberación inmediata del líder opositor ruso Alexéi Navalni.

Al día siguiente, los presidentes del Parlamento, la Comisión y el Consejo condenaron la decisión de Rusia de prohibir la entrada al país a ocho altos cargos europeos, incluido el presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli. El presidente del PE reacciónó con un tweet: «Ninguna sanción o intimidación impedirá que el Parlamento Europeo o yo defendamos los derechos humanos, la libertad y la democracia».

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La Sala Tercera del Tribunal Supremo adopta acuerdos para aplicar la reforma legal sobre recursos y acortamiento de plazos en materia de medidas administrativas contra el Covid-19

6 de mayo, 2021

Miércoles, 5 de mayo de 2021

La Sala Tercera del Tribunal Supremo adopta acuerdos para aplicar la reforma legal sobre recursos y acortamiento de plazos en materia de medidas administrativas contra el Covid-19

La Sección Cuarta será la competente para resolver dichos recursos de casación

Autor: Comunicación Poder Judicial

El presidente de la Sala III del Tribunal Supremo, César Tolosa, ha celebrado hoy una reunión con los cuatro presidentes de Sección de la misma Sala con el fin de preparar la aplicación de la reforma de la Ley de la Jurisdicción aprobada por el Gobierno en materia de recursos relativos a medidas de las administraciones en la lucha contra el Covid-19, toda vez que la reforma entrará en vigor el próximo 9 de mayo. La reforma establece que pueden recurrirse en casación al Supremo los autos de los tribunales superiores de Justicia de las comunidades autónomas relativos a las medidas adoptadas por las administraciones en dicha materia.

Como primer acuerdo, en la reunión se ha decidido que será la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo la que tendrá la asignación competencial para resolver dichos recursos de casación. La Sección estará presidida por el presidente de la Sala. Dicha sección se ocupa ya de la materia desanidad y ha resuelto en los últimos meses los asuntos relativos a medidas relacionadas con El Covid-19.

En segundo término, se ha acordado solicitar un informe al Gabinete Técnico sobre la aplicación de la Ley, documento de carácter técnico que se repartirá a todos los magistrados de la Sala para que realicen las aportaciones que estimen adecuadas.

Y en tercer lugar, se ha acordado establecer un canal de contacto entre el presidente de la Sala III del Supremo y de los salas de lo Contencioso-Administrativo de los tribunales superiores de justicia, ya existente para otros asuntos, con la finalidad de coordinar que se dé cumplimiento a los nuevos plazos, más cortos, que fija la reforma para resolver estos recursos.

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El déficit del Estado se sitúa en el 0,92% del PIB en el primer trimestre del año por el impacto de la COVID-19

6 de mayo, 2021

Publicación de los datos de ejecución presupuestaria

El déficit del Estado se sitúa en el 0,92% del PIB en el primer trimestre del año por el impacto de la COVID-19

Viernes 30 de abril de 2021

La Moncloa

El Ministerio de Hacienda ha publicado los datos correspondientes a la ejecución presupuestaria que recogen el impacto de la crisis derivada de la COVID-19 en las cuentas públicas, así como el efecto de las medidas aprobadas y, en muchos casos, prorrogadas para afrontar la emergencia sanitaria y mitigar las consecuencias económicas y sociales derivadas de la pandemia.

En concreto, se han difundido los datos de déficit del Estado hasta el mes de marzo, así como el déficit consolidado de la Administración Central, Comunidades Autónomas y Seguridad Social del mes de febrero en términos de contabilidad nacional. A la hora de comparar las cifras, hay que tener en cuenta que los datos registrados en enero y febrero de 2020 no estaban afectados por la COVID-19.

Déficit del Estado marzo

Hasta marzo, el Estado ha registrado un déficit equivalente al 0,92% del PIB, frente al 0,49% registrado en el primer trimestre de 2020. Este resultado se debe a un descenso de los ingresos no financieros del 4,2%, frente al incremento de los gastos, que crecen un 6,8%.

A la hora de comparar entre ambos años la evolución entre los recursos y los empleos, hay que considerar que en febrero de 2020 se produjo la reversión al Estado de dos tramos de las autopistas de peaje AP-7 y

AP-4 al finalizar sus contratos de concesión. Esta operación no tuvo incidencia en el déficit, pero sí un impacto en los empleos del Estado, en la rúbrica de formación bruta de capital fijo, y en los recursos, en la rúbrica de otras transferencias de capital, por un valor estimado de 1.745 millones.

Además, es importante resaltar que la situación de pandemia internacional que empezó en el primer trimestre de 2020 tendrá previsiblemente un significativo impacto en las cuentas públicas de las Administraciones Públicas también durante 2021. Unos efectos producidos, no solo por la emergencia sanitaria, sino por las medidas adoptadas para proteger las rentas y el tejido productivo para paliar las consecuencias de esta crisis.

Recursos no financieros del Estado

Los recursos no financieros, que ascienden a 45.435 millones, han descendido un 4,2% respecto al mismo periodo de 2020.

Los impuestos alcanzan los 38.960 millones, con un aumento de 14 millones respecto al primer trimestre de 2020. Esta evolución se debe al efecto que están teniendo sobre los ingresos por IRPF en el Estado los distintos calendarios de entregas a cuenta en ambos ejercicios.

Los impuestos sobre la producción y las importaciones descienden un 2,2%, caída que se compensa por el aumento de los impuestos corrientes sobre la renta y el patrimonio, que crecen un 5,4%. También por los impuestos sobre el capital, que aumentan un 35%, respecto al mismo periodo del año anterior, aunque se tratan de datos poco significativos al tratarse solo del inicio del año.

Los ingresos de las cotizaciones sociales han ascendido a 1.571 millones, prácticamente los mismos que el año anterior.

Las rentas de la propiedad descienden un 10,9% respecto a 2020, como consecuencia del menor ingreso a cuenta de los dividendos del Banco de España y del descenso de los ingresos por intereses.

Los ingresos procedentes de la venta de bienes y servicios crecen un 17,9% pasando de 358 millones en 2020 a 422 millones en 2021. Esta evolución se debe, entre otras causas, a los ingresos por comisiones de avales en 2021 correspondientes al ICO liquidez e ICO inversión (RDL 8/2020 y RDL 25/2020) por importe de 94 millones, sin correspondencia en el mismo periodo de 2020.

Los otros recursos no financieros, con 3.193 millones, disminuyen un 4,8%, descontada en 2020 la reversión mencionada. Dentro de este apartado, las transferencias recibidas de otras administraciones públicas disminuyen un 3,5%, hasta los 2.582 millones.

Empleos no financieros del Estado

En los tres primeros meses del año los empleos no financieros del Estado se han situado en 56.547 millones, cifra superior en un 6,8% a la registrada en 2020.

Esta evolución se debe, fundamentalmente, al aumento del 16% de las transferencias al resto de las administraciones públicas, con un total de 34.365 millones, cifra que equivale al 60,8% del gasto del Estado en el primer trimestre del año y al 2,84% del PIB.

En términos cuantitativos, las de mayor relevancia son las transferencias a la Administración Regional, con un total de 20.995 millones y un avance del 5,5% (1.087 millones, de los que 354 millones corresponden al adelanto del 100% de la anualidad de las subvenciones al Plan estatal de vivienda). Por el sistema de financiación se han transferido 19.051 millones, un 2,9% más que el primer trimestre de 2020.

A los Fondos de la Seguridad Social se han destinado 6.946 millones, lo que suponen 3.225 millones más que el año anterior. De esa cifra, 1.587 millones se han transferido al SEPE y 1.667 millones al Sistema de Seguridad Social, incluyendo 754 millones para financiar la prestación del ingreso mínimo vital; 557 millones para la prestación contributiva de nacimiento y cuidado del menor; y 356 millones las reducciones en la cotización a la Seguridad Social. Todas ellas sin correspondencia el año anterior.

En segundo lugar, destaca el aumento de la rúbrica recursos propios de la Unión Europea basados en el IVA y en la RNB en 730 millones, hasta situarse en 4.210 millones.

En cuanto al resto de las rúbricas, los consumos intermedios descienden notablemente, un 41,8% hasta 1.123 millones. Los gastos COVID en esta rúbrica proceden en su mayor parte del programa prestaciones sanitarias y farmacia, y han pasado de 845 millones en 2020 a 90 millones en este ejercicio.

La remuneración de asalariados crece un 2%. Esta rúbrica incorpora la subida salarial para este ejercicio del 0,9% frente a un incremento salarial del 2% en 2020.

Las prestaciones sociales distintas de las transferencias sociales aumentan un 4,4%, de las cuales las pensiones de Clases Pasivas registran un incremento interanual del 4,9%, con un porcentaje de revalorización de las pensiones para el ejercicio 2021 del 0,9% con carácter general, el mismo que en el año anterior. Por su parte, las transferencias sociales en especie caen un 15,9%

Destaca también el aumento de las ayudas a la inversión y otras transferencias de capital, hasta 144 millones de los que 96 millones son transferencias al CDTI para financiar la participación en programas espaciales, sin importe equivalente en 2020.

Por último, la formación bruta de capital fijo ha sido de 848 millones, mientras que en 2020 la inversión ascendió a 2.870 millones, por el impacto de la operación de reversión mencionada de la AP4 y AP7, sin correspondencia en 2021.

Déficit conjunto de la Administración Central, Comunidades Autónomas y Seguridad Social (febrero)

Hasta febrero de 2021, el déficit conjunto de la Administración Central, los Fondos de la Seguridad Social y la Administración Regional, excluida la ayuda financiera, ha sido de 18.231 millones, equivalente al 1,51% del PIB.

Si se incluye en ambos periodos el saldo negativo de la ayuda a las instituciones financieras (29 millones en 2020 y 18 millones en 2021), el déficit se mantiene en el 1,51% del PIB.

Administración Central
La Moncloa

•El déficit de la Administración Central se sitúa en 16.206 millones a finales de febrero de 2021, el 1,34% del PIB, frente al 1,05% del PIB registrado en el mismo periodo de 2020.
•El déficit del Estado en febrero, en términos de PIB, equivale al 1,30%, alcanzando la cifra de 15.734 millones.

Los Organismos de la Administración Central registran a finales del mes de febrero un déficit de 472 millones, frente al déficit de 646 millones de febrero de 2020, lo que supone un descenso del 26,9% interanual.

Comunidades Autónomas

La Administración regional registra un déficit en febrero de 2021 hasta los 1.412 millones, lo que equivale al 0,12% del PIB. Este resultado obedece a un incremento de los gastos del 6,1% frente a los ingresos que crecen un 3,6%.

Entre los ingresos destacan los impuestos sobre la producción y las importaciones, que caen un 4,3% hasta los 2.102 millones.

Por su parte, los ingresos por impuestos sobre la renta y patrimonio crecen un 6,5% hasta los 8.041 millones. Por último, los ingresos por impuestos sobre el capital también crecen hasta alcanzar los 492 millones, lo que implica 170 millones más que en febrero de 2020.

Las transferencias entre AAPP siguen la tendencia al alza de las anteriores rúbricas, subiendo un 5,2% hasta los 15.874 millones, provocado por las mayores transferencias recibidas por el Estado, que representan el 56,11% de los recursos del sector.

Entre los gastos, la remuneración de asalariados crece un 9,7% y los consumos intermedios se elevan un 7,7% hasta situarse en 13.489 millones y 5.305 millones, respectivamente. Las subvenciones ascienden hasta los 368 millones, 46 millones más que en 2020.

Las transferencias sociales en especie descienden hasta los 569 millones. Por último, la inversión disminuye un 1,2% respecto a 2020, alcanzando los 1.924 millones.

Hay seis Comunidades Autónomas con superávit o equilibrio. Se trata de Asturias, Cataluña, Galicia, Navarra, La Rioja y País Vasco.

De acuerdo con la información transmitida por las Comunidades Autónomas, 1.343 millones corresponden hasta febrero a gasto socio-sanitario derivado de la COVID-19

Fondos de la Seguridad Social

Los Fondos de la Seguridad Social hasta febrero de 2021 registran un déficit de 613 millones. En términos de PIB el déficit de la Seguridad Social asciende al 0,05%. Este resultado, es consecuencia del aumento del gasto en un 12,6%, frente al incremento de los ingresos un 7,2%.

Cabe recordar que en 2021 las operaciones del subsector Fondos de la Seguridad Social siguen afectadas por la crisis sanitaria, social y económica derivada de la pandemia del COVID-19 y las numerosas medidas adoptadas para paliar sus efectos.

Las medidas más significativas se aprobaron en marzo de 2020, y se encuentran actualmente vigentes, afectando a los trabajadores por cuenta propia o autónomos, con el establecimiento de una prestación por el cese de su actividad o la reducción de su facturación, y a los trabajadores por cuenta ajena, a los que en caso de suspensión de contratos y reducción de jornada por fuerza mayor temporal (ERTES) se les reconoce la prestación contributiva por desempleo; en ambos casos se establece la exoneración de las cotizaciones sociales, (cuotas mensuales de autónomos, aportación empresarial en el caso de empresas y cuotas por conceptos de recaudación conjunta en el caso de los trabajadores por cuenta ajena).

El Sistema de Seguridad Social registra hasta febrero un déficit de 32 millones.

El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) ha obtenido un déficit de 575 millones, el 0,05% del PIB.

El FOGASA presenta un déficit de 6 millones, mientras que en 2020 obtuvo un superávit de 42 millones.

El gasto consolidado de los Fondos de la Seguridad Social asociado a la COVID-19, de acuerdo con la información disponible hasta la fecha se sitúa en 2.342 millones

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Cartela COVID-19-Información actualizada 4 de mayo de 2021

6 de mayo, 2021

Estado de situación del COVID-19

Martes 4 de mayo de 2021

Cartela COVID-19-Información actualizada 4 de mayo de 2021

Actualización nº 367. Enfermedad por el coronavirus (COVID-19). 04.05.2021 (datos consolidados a las 14:00 horas del 04.05.2021).

El presente informe se ha realizado con los datos individualizados notificados por las Comunidades Autónomas a la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica (al sistema SiViEs).

Se incluyen los casos notificados confirmados con una prueba diagnóstica positiva de infección activa (PDIA) tal como se establece en la Estrategia de detección precoz, vigilancia y control de COVID-19 y, además, los casos notificados antes del 11 de mayo que requirieron hospitalización, ingreso en UCI o fallecieron con diagnóstico clínico de COVID-19, de acuerdo a las definiciones de caso vigentes en cada momento. Cualquier futura actualización que realicen las comunidades autónomas quedarán reflejadas en los informes diarios.

En España hasta el momento se han notificado un total de 3.544.945 casos confirmados de COVID-19 y 78.399 fallecidos.

Los datos se pueden consultar en el documento PDF adjunto.

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Castaño ..

5 de mayo, 2021
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Identidad Digital en las Administraciones Públicas

5 de mayo, 2021

Identidad Digital en las Administraciones Públicas

La Identidad Digital
Identificación de los Ciudadanos
Identificación de la Administración

La Identidad Digital

La Identidad Digital abarca todos los procesos, mecanismos, tecnologías que sirven a un individuo u organización para identificarse y para reconocer o descubrir la identidad de otros en medios y por medios digitales.

En esta sección vamos a tratar los mecanismos de identificación derivados de la Ley 11/2007 de 22 de junio de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos.

Identificación de los Ciudadanos

Según la Ley 11/2007, los ciudadanos pueden utilizar los siguientes sistemas para identificarse ante la Administración:

El DNI Electrónico.
Sistemas de firma electrónica avanzada, incluyendo los que se basan en certificado electrónico reconocido. Cada Administración Pública puede decidir qué certificados electrónicos admite para la identificación de los ciudadanos en los procedimientos y actuaciones que le competen.
Otros sistemas como claves concertadas en un registro previo o la aportación de información conocida por ambas partes u otros sistemas no criptográficos. En este caso, la Administración tiene que justificar las razones por las que usar estos mecanismos..

Identificación de las Administraciones Públicas

La Ley 11/2007 establece los mecanismos que pueden utilizar las Administraciones Públicas para identificarse electrónicamente y autenticar los documentos electrónicos que produce.

Identificación de las sedes electrónicas
La sede electrónica es la dirección electrónica cuyo titular es una Administración Pública y a la que el ciudadano puede acceder a través de redes de telecomunicaciones.

Las sedes electrónicas deben utilizar tanto para identificarse como para garantizar las comunicaciones seguras, sistemas de firma basados en certificados de dispositivo seguro.

De este requisito de la ley se han derivado los Certificados de Sede.

Identificación mediante sello electrónico
La identificación y autenticación de la actuación automatizada de la Administración se puede realizar mediante el sello electrónico que también debe estar basado en certificado electrónico.

Código Seguro de Verificación o CSV
Para la autenticación de la actuación automatizada de la Administración también se puede utilizar el Código Seguro de Verificación (CSV).El CSV es un código estampado en un documento impreso que permite verificar la autenticidad e integridad de ese documento en papel comparándolo con el documento electrónico original en la sede electrónica correspondiente.El CSV permite la generación en papel de “copias auténticas” de documentos electrónicos.

Identificación del Empleado público
El empleado público, en el desempeño de las funciones propias del puesto que ocupa, puede utilizar alguno de los siguientes sistemas de identificación siguientes:

El DNI electrónico
Otros sistemas de firma electrónica proporcionados por la Administración Pública de la que depende el empleado, y que identifica conjuntamente al titular y a la Administración. Un ejemplo es el certificado de empleado público, derivado del RD 1671/2007 que desarrolla parcialmente la ley 11/2007 para la Administración General del Estado.

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España se posiciona como primer país de retorno económico en el Programa de Financiación Europeo I+D+i HORIZONTE2020 para el ámbito de la Seguridad

5 de mayo, 2021

España se posiciona como primer país de retorno económico en el Programa de Financiación Europeo I+D+i HORIZONTE2020 para el ámbito de la Seguridad

Sábado 24 de abril de 2021

La Moncloa

9/03/2021. 090321-cibercriminalidad

España se posiciona como el primer país en términos de retorno económico en el último año del 8º Programa Marco de Investigación e Innovación de la Comisión Europea, Horizonte 2020 (H2020), para el ámbito de la Seguridad, antes de dar paso al siguiente programa marco HORIZONTE EUROPA.

El resultado obtenido en dicho Programa de financiación europeo, para el Reto de Sociedades Seguras, supone la movilización de una ayuda total de 52,3M€, para los 27 países miembros y países asociados, de los cuales gracias a las propuestas en las que participa Ministerio del Interior en consorcio con otros países miembros, la Industria y la Academia nacional, España recibirá más 5,8M€ para financiar los proyectos tecnológicos de seguridad correspondientes.

Para alcanzar estas cifras, se ha realizado un esfuerzo por parte del Ministerio del Interior de España y la Secretaría de Estado de Seguridad-SGSICS, siguiendo la estrategia de fomentar la participación de los usuarios finales en proyectos europeos I+D+i (implantación de nuevas tecnologías), a modo de inversión eficiente.

Han resultado beneficiarios de 7 proyectos, presentados en la convocatoria del año 2020 y aprobados en el año 2021, en los que en representación del Ministerio del Interior trabajan la Subdirección General de Sistemas de Información y Comunicaciones para la Seguridad (SGSICS), las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y el resto de organismos dependientes de la Secretaria de Estado de Seguridad del Minitesterio. A continuación, se exponen los datos más relevantes sobre estos proyectos:

•H2020-SU-AI-2020 STARLIGHT PROJECT (ESMIR SGSICS-CNP-GUCI) – Innovation Action. Proyecto a nivel europeo, para la aplicación de procesos de Inteligencia Artificial, por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad europeas, en el que el Ministerio del Interior de España tendrá un papel relevante, liderando tareas de análisis y especificación de requisitos operativos, casos de uso y validaciones técnicas propuestas. Su duración es de 48 meses revirtiendo en España 1.987.073 €, siendo 293.750 € la ayuda correspondiente al Ministerio del Interior. Coordinado por Ministerio Interior Francia-Commissariat a l’energie atomique et aux energies alternatives.
•H2020-SU-SEC-2020 INHERIT PROJECT (ESMIR-CNP) – Innovation Action. Enfoque multidisciplinario sobre las múltiples etapas de un ataque terrorista. Investigación en técnicas de búsqueda y detección de precursores de explosivos, así como análisis forense de explosivos. Su duración es de 36 meses. Coordinado por el Instituto Sueco de investigaciones para la Defensa.
•H2020-SU-SEC-2020 HEROES PROJECT (ESMIR-CNP) – Research & Innovation Action. Definición de nuevas estrategias para combatir delitos de explotación sexual infantil, trata de personas y protección de víctimas. Su duración es de 36 meses. Coordinado por la Universidad Complutense de Madrid (UPM).
•H2020-SU-SEC-2020 CYCLOPES PROJECT (ESMIR-GUCI) – Coordination and Support Action. Creación y mantenimiento de una red impulsada por la innovación de LEAs que luchan contra la ciberdelincuencia, acelerando la capacidad de la UE para contrarrestar la creciente presión de ciberamenazas. Su duración es de 60 meses. Coordinado por el Ministerio del Interior Polonia.

•H2020-SU-SEC-2020 PREVENT – PCP (ESMIR-CNP) – Pre-Commercial Procurement. Aumento de la seguridad en el transporte público mediante la adquisición de soluciones tecnológicas para: 1) la detección automática de objetos potencialmente peligrosos abandonados en infraestructuras de transporte público y alrededores, 2) identificación y seguimiento de autores de hechos delictivos/sospechosos y 3) sistema avanzado de gestión de crisis. Su duración es de 36 meses. Coordinado por la empresa de ingeniería informática italiana ENGINEERING.
•H2020-SU-SEC-2020 NESTOR (ESMIR-GUCI) – Innovation Action. Sistema de vigilancia de fronteras de última generación que ofrecerá capacidades de vigilancia de largo alcance y grandes áreas para la detección, clasificación y seguimiento de objetivos en movimiento mediante tecnologías de análisis del espectro óptico, imágenes térmicas y de radiofrecuencia (RF). Su duración es de 18 meses. Coordinado por el Ministerio del Interior Grecia- Policía Helénica.
•H2020-SU-SEC-2020 PROMENADE (ESMIR-GUCI) – Innovation Action. Seguimiento de embarcaciones, análisis y detección automática de anomalías mediante tecnologías como IA y Big Data. Intercambio colaborativo de información entre vigilancia marítima y autoridades. Su duración es de 18 meses. Coordinado por el Ministerio de Asuntos Marítimos y Política Insular, Hellenic Coast Guards, Grecia.

Estos logros, junto con los obtenidos de las convocatorias I+D+i H2020 – Tecnologías de Información y Comunicaciones (ICT) CEF-Telecom y, las convocatorias abiertas de Fondos de Seguridad Interior (ISFP), favorecen mediante la implantación de nuevas tecnologías, aspectos como la transformación digital y confirman la fortaleza de la I+D+i española en seguridad, donde el Ministerio del Interior, representado por la SGSICS como autoridad legal representativa, resulta un actor clave.

En este contexto, la Subdirección General de Sistemas de Información y Comunicaciones para la Seguridad (SGSICS), que tiene entre sus funciones, acordar, coordinar y llevar a cabo las acciones relativas a la participación en proyectos europeos de I+D+i, participa activamente como catalizador e impulsor de los mencionados proyectos para dar respuesta a las necesidades operativas de las FCSE, y resto de organismos dependientes.

Para ello, además, la SGSICS impulsa la Comunidad Nacional de Usuarios (CoU España), punto de encuentro de los usuarios finales a nivel nacional: Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, Servicios de Emergencias, Aduanas, Protección Civil, Instituciones Penitenciarias, Defensa… etc, con la Industria y la Academia. La CoU España se constituye como un espacio de colaboración o Innovation Hub, que tiene por objetivo facilitar y coordinar la participación exitosa en Programas de financiación europeos y nacionales de los usuarios finales en seguridad.

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La Bolsa negocia 28.724 millones de euros en abril

5 de mayo, 2021

04-mayo-2021

La Bolsa negocia 28.724 millones de euros en abril

•Las negociaciones en Renta Variable en abril 2021 aumentan un 6,6% respecto al mismo mes del año anterior

•La negociación en los contratos de Futuros sobre IBEX 35 se incrementa un 30% frente a abril de 2020

•El volumen contratado en Renta Fija en el mes alcanza los 20.873 millones

La Bolsa española negoció en Renta Variable 28.724 millones de euros en abril, un 6,2% menos que en el mismo mes de 2020 y un 18,3% por debajo del mes anterior. El número de negociaciones en abril fue de 3,68 millones, un 6,6% más que en el mismo mes del año anterior y un 24,9% menor que en marzo.

BME alcanzó una cuota de mercado en la contratación de valores españoles del 71,96%. La horquilla media durante abril 2021 fue de 5,44 puntos básicos en el primer nivel de precios (un 14,2% mejor que el siguiente centro de negociación) y de 8,00 puntos básicos con 25.000 euros de profundidad del libro de órdenes (un 32,5% mejor), según el informe independiente de LiquidMetrix, disponible en este enlace: www.bmerv.es/esp/Miembros/MIFID_II.aspx . Estas cifras incluyen la contratación realizada en los centros de negociación, tanto en el libro de órdenes transparente (LIT), incluyendo las subastas, como la negociación no transparente (dark) realizada fuera del libro.

El volumen contratado en abril en los mercados de Renta Fija alcanzó los 20.872,9 millones de euros, un 12,5% menos que en marzo y un 34,1% por debajo del dato del mismo periodo de 2020. Las admisiones a negociación, incluyendo emisiones de Deuda Pública y de Renta Fija Privada, ascendieron a 34.921,7 millones de euros, lo que implica una caída del 13,5% en comparación con marzo y una bajada del 37,9% respecto al mismo mes del año anterior.

El saldo vivo se situó en 1,69 billones de euros, con una bajada del 0,6% en abril y una subida del 2,6% en lo que va de año.

En el mercado de Derivados Financieros, el volumen negociado en abril en los contratos de Futuros sobre IBEX 35 aumentó un 30% y en Opciones sobre Acciones, un 94,5% respecto al mismo mes del año anterior.

La posición abierta en Futuros sobre IBEX 35 aumentó un 13,9%. También creció la posición abierta respecto al mismo mes del año anterior en Derivados sobre Acciones: un 26,8% en Futuros y un 2,5% en Opciones.

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No a los paraísos fiscales en Holanda, Irlanda, Luxemburgo, Chipre y Malta

5 de mayo, 2021

No a los paraísos fiscales en Holanda, Irlanda, Luxemburgo, Chipre y Malta

30 abril, 2021

La Plataforma por la Justicia Fiscal, de la que USO es miembro, entrega cartas a las embajadas de Holanda, Irlanda, Luxemburgo, Chipre y Malta para reclamar que dejen de actuar como paraísos fiscales

Organizaciones de la sociedad civil que conforman la Plataforma por la Justicia Fiscal, entre las que está USO, han enviado cartas a las embajadas y a representantes políticos europeos de Holanda, Irlanda, Luxemburgo, Chipre y Malta. En ellas reclama que estos países, con sus prácticas asimilables a los paraísos fiscales, comprendan que hacen daño al estado de bienestar y a la Unión Europea.

En medio del debate mundial sobre cómo poner fin a prácticas abusivas en materia fiscal de grandes corporaciones y países que ofrecen beneficios y exenciones fiscales a las compañías que asienten ahí su sede fiscal (que no su actividad), las organizaciones sociales manifiestan a los representantes políticos de esos cinco países su descontento por la forma de actuar en materia fiscal. Se trata de una fiscalidad que nos perjudica como socios comunitarios.

“Sus leyes fiscales drenan recursos a todos los países socios de la Unión Europea, provocando resultados muy nocivos”, subraya la misiva. En ella se recuerda, además, que estos países “solamente representan el 5% de la población europea, pero vetan una política fiscal europea común”.

Por eso, la Plataforma por la Justicia Fiscal demanda a estos países que cambien y armonicen la legislación tributaria para dejar de dañar nuestras economías, y dejen de deteriorar el espíritu de unión que llevó a la creación de la Unión Europea.

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La Audiencia de Cantabria revoca parcialmente la sentencia que condenó a varios ediles de Castro Urdiales por la construcción de un vial contrario al PGOU

5 de mayo, 2021

Miércoles, 28 de abril de 2021

La Audiencia de Cantabria revoca parcialmente la sentencia que condenó a varios ediles de Castro Urdiales por la construcción de un vial contrario al PGOU

Deja sin efecto la pena de siete meses de prisión al que fuera alcalde desde 2003 y a la ingeniera municipal por un delito continuado de prevaricación urbanística y les impone una multa de 2.550 euros. No ve prevaricación en el pleno municipal de 2002 que aprobó modificar el Estudio de Detalle de la Unidad de Ejecución 1.26 y absuelve a dos de los concejales condenados

Autor: Comunicación Poder Judicial

La Audiencia Provincial de Cantabria ha revocado parcialmente la sentencia del Juzgado de lo Penal nº 3 de Santander que en diciembre de 2019 condenó a once representantes públicos y a una funcionaria municipal de Castro Urdiales por participar en los actos que dieron lugar a la construcción de la calle Cantabria en la Unidad de Ejecución 1.26, un vial que contraviene el Plan General de Ordenación Urbana del municipio.

En una sentencia hoy dada a conocer y contra la que no cabe la interposición de recurso alguno, el tribunal confirma la existencia de un delito de prevaricación administrativa y otro de prevaricación urbanística.

No obstante, excluye de los hechos considerados ilícitos un pleno municipal celebrado en 2002 en el que se aprobó una modificación del Estudio de Detalle de la citada unidad de ejecución.

Tampoco considera que tengan “entidad delictiva independiente” del pleno de 2006 –que sí aprecia ilícito- las votaciones del proyecto de reparcelación ni el de urbanización.

Según señala la sentencia, “los mismos no hacen sino desarrollar las previsiones del estudio de detalle –aprobado en el pleno de 2006-, no aportan ningún elemento nuevo al delito ya cometido”, que “se produce cuando, con todos los requisitos propios del delito de prevaricación, se aprueba la modificación del Estudio de Detalle en el pleno del ayuntamiento”.

Sacar de los hechos delictivos el pleno de 2002 y la aprobación de los proyectos de reparcelación y urbanización tiene como consecuencia la absolución de dos concejales que fueron condenados como autores de un delito de prevaricación, dado que su participación se circunscribe a hechos que ahora se considera que no tienen relevancia penal.

Por otro lado, centrar el hecho delictivo en el pleno de 2006 –el que sí aprobó el estudio de detalle que finalmente se llevó a cabo- supone no apreciar continuidad delictiva en el resto de concejales (ocho).

La pena atribuida a estos queda ahora en dos años y medio de inhabilitación para cargo o empleo público, frente a las impuestas por la titular del Juzgado de lo Penal nº 3 de Santander, que oscilaban entre los tres años y los tres años y seis meses.

Junto a ello, el tribunal confirma la comisión de un delito continuado de prevaricación urbanística por parte del que fuera alcalde del municipio desde 2003 y de la ingeniera municipal por su participación a lo largo de los años en la tramitación del expediente de la unidad de ejecución que culminó con la concesión de la licencia para la construcción de 51 viviendas.

Sin embargo, la Audiencia deja sin efecto la pena de siete meses de prisión que acordó la juez de instancia y les impone una pena de multa de 2.550 euros, pues, según razona, “la sentencia no explica por qué motivo opta por la pena de prisión en lugar de la multa siendo aquella más aflictiva”.

No obstante, la sentencia mantiene la pena de cuatro años de inhabilitación especial para empleo o cargo público tanto para el que fuera alcalde como para la empleada pública.

No ve prevaricación en el pleno de 2002

La Audiencia resume los hechos enjuiciados en la aprobación en 2002 de la modificación del Estudio de Detalle de la Unidad de Ejecución 1.26; en la aprobación en 2006 de una nueva modificación que fue la que se llevó a cabo; y en la aprobación de las operaciones posteriores: el proyecto de reparcelación, el proyecto de urbanización y la concesión de las licencias urbanísticas.

Sin embargo, a la hora de analizar todos estos actos, el tribunal concluye que la consideración que tiene lo ocurrido en el pleno de 2002 es diferente a lo sucedido en 2006, así como que la posterior aprobación del proyecto de reparcelación y del de urbanización carecen de “entidad delictiva independiente” del citado pleno de 2006.

“La sentencia de instancia incluye una muy minuciosa, extensa y detallada relación de todos los trámites previos ocurridos desde el comienzo del expediente referido a la Unidad de Ejecución 1.26”, indica la resolución.

Sin embargo, “entiende la sala que debe intentar efectuarse una estricta consideración del acuerdo aprobado y su posible ilegalidad y la evidencia de esta”.

Para ello, “debe centrarse la cuestión en el extremo al que se anuda la ilegalidad cometida, en concreto, la apertura de un nuevo vial –no interior- que invadía terreno establecido para equipamiento público”.

En este sentido, considera que “algunos de los trámites citados” en la sentencia de instancia “no resultan trascendentes” y se refiere, en este sentido, al pleno de 2002 en el que los concejales que votaron “no se puede afirmar” que actuasen “a sabiendas de la flagrante ilegalidad de su voto, pues existe una explicación alternativa –la voluntad de anudar la ejecución del estudio de detalle a la modificación puntual del PGOU”.

Aprecia dolo en el pleno de 2006

A su juicio, no ocurrió lo mismo en el pleno de 2006, cuando los concejales que votaron a favor en el pleno municipal decidieron “continuar adelante, desistiendo de cualquier pretensión de modificación previa o paralela, presente o futura, del PGOU, y poniendo en marcha la ejecución de ese Estudio de Detalle pese a la flagrante ignorancia de las normas legales”.

Y añade: “La primera muestra del dolo es todo lo actuado previamente por la anterior corporación y que no podía ser ignorado por la nueva cuando figuraba en el mismo expediente”.

A ello suma la reunión mantenida en una notaría en 2005 entre el alcalde, el secretario municipal y algunos propietarios de los terrenos de la citada unidad de ejecución. En la misma se levantó acta del acuerdo de todos con el estudio de detalle y los proyectos de reparcelación y urbanización.

A juicio de la Audiencia, aquella reunión fue una “muestra de ese actuar arbitrario con pleno conocimiento de la ilegalidad de lo que se pretendía aprobar”, una “actuación heterodoxa y extralegal en cuanto va a suponer buscar un acuerdo con los propietarios que permita saltarse todos los trámites legales”.

Opta por una pena menos aflictiva

Finalmente, en relación a la prevaricación urbanística cometida por el que fuera alcalde de Castro Urdiales, se refiere la Audiencia a su actuación desde 2003, con alusión a la reunión en la notaría, a su voto favorable en el pleno de 2006 o a la firma de las licencias de obra.

Sobre este punto, recuerda la sala que “aunque efectivamente tal acto no es sino la culminación del acuerdo municipal, constituye, conforme al tenor de la ley, un tipo propio, agravado respecto del tipo general de la prevaricación”, en alusión a la prevaricación urbanística.

“Las licencias culminan el proceso delictivo e introducen un nuevo delito por cuanto se fundan en un acto ilegal, arbitrario e injusto”, señala la sentencia, que añade que “el acusado actuaba a sabiendas de esta ilegalidad cuando firmó las licencias de obra”.

No obstante, a la hora de determinar la pena, entiende el tribunal que “resulta insuficientemente fundada la imposición de una pena más grave y aflictiva cuando la ley permite otra solución”.

Y continúa: “Cabría atender que la acumulación de hechos delictivos objeto de condena revela unas circunstancias personales que justificarían esta penalidad o que la gravedad del hecho lo permitiría”.

Sin embargo, “ni uno ni otro argumento aparece que hayan sido barajados por la juez de instancia y, con ello, esta sala correría el riesgo de incorporar una motivación frente a los cuales la defensa no ha podido defenderse”.

Además, “las circunstancias personales no revelan que, en particular tras el larguísimo tiempo transcurrido desde que ocurrieron los hechos, la imposición de una privación de libertad por los aquí enjuiciados sea necesaria a los efectos de prevención general y especial como fines propios de la pena”, concluye la Audiencia.

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