Las empresas afectadas por la catástrofe pueden recibir una ayuda de entre 10.000 y 150.000 euros en función de su volumen de operaciones y los autónomos percibirán un pago de 5.000 euros.
El Ministerio de Hacienda, a través de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), ha recibido en 24 horas cerca de 11.000 solicitudes, en concreto 10.985 peticiones, por parte de empresas y autónomos para recibir ayudas directas que palien los daños causados por la DANA registrada el pasado 29 de octubre, y que ha dañado especialmente a municipios de la provincia de Valencia, pero también a algunas localidades de otras comunidades, todo ello recogido en el Real Decreto-ley 6/2024.
El plazo para solicitar estas ayudas directas, gestionadas a través de la web de la Agencia Tributaria, empezó el 19 de noviembre y finalizará el 31 de diciembre de 2024.
Con la idea de que tanto la solicitud como la concesión de estas ayudas sea lo más sencilla y rápida posible, se ha puesto a disposición de autónomos y empresas un formulario electrónico en la página web de la Agencia Tributaria en el que indicarán la cuenta bancaria en la que deseen recibir el abono de la ayuda.
Posteriormente, las ayudas serán abonadas por la Agencia Tributaria mediante transferencia bancaria, a partir del 1 de diciembre. Además, estas ayudas estarán exentas de tributación tanto en el IRPF como en el Impuesto sobre Sociedades.
En concreto, este Real Decreto-ley contemplaba la concesión de ayudas directas para los más de 100.000 autónomos y empresas de los municipios más golpeados por la DANA. Se trata de ayudas directas a los trabajadores autónomos y empresas que sean contribuyentes del IRPF por actividades económicas, o contribuyentes del Impuesto sobre Sociedades.
Los beneficiarios de estas ayudas directas para autónomos y empresas son aquellos cuyos locales y establecimientos se hayan visto afectados, aunque no tengan su domicilio fiscal en los municipios afectados por la DANA.
Importe de las ayudas
En el caso de las empresas, el importe de las ayudas dependerá del volumen de operaciones del ejercicio 2023. De esta forma, para las pymes con una facturación inferior al millón de euros la ayuda será de 10.000 euros. Para aquellas empresas con un volumen de operación de entre 1 y 2 millones, la ayuda será de 20.000 euros; de 40.000 euros si ha estado entre 2 y 6 millones; de 80.000 euros en el caso de un volumen entre 6 y 10 millones de euros; y las empresas afectadas con más de 10 millones de volumen de operaciones en 2023 dispondrán de una ayuda de 150.000 euros. En total, más de 33.800 empresas de los municipios dañados por la DANA se podrán beneficiar de estos recursos.
En el caso de los autónomos, la ayuda será de 5.000 euros y beneficiará a más de 70.000 trabajadores por cuenta propia.
Otras medidas que benefician a las empresas y autónomos
Asimismo, otras medidas fiscales puestas en marcha frente a los efectos de la DANA y que beneficiaran a las empresas y autónomos son las exenciones y reducciones en las cuotas del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) y del Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE) correspondientes al ejercicio 2024 que afecten a los inmuebles dañados por la DANA. En el caso de que los contribuyentes hubieran realizado ya el pago, podrán solicitar la devolución de las cantidades abonadas.
También se contempla una flexibilización de los plazos tributarios, de forma que las declaraciones, liquidaciones, requerimientos, alegaciones y demás diligencias que vencían en los meses de noviembre o diciembre se ampliarán hasta el 30 de enero de 2025. También se facilitan los aplazamientos sin coste por intereses de demora durante los seis primeros meses.
En concreto, el Gobierno aprobó una reducción del 25% en la tributación por módulos de los autónomos afectados por la DANA. Esta medida permitirá un ahorro medio de casi 400 euros a más de 22.600 contribuyentes.
Además, también se reducen un 25% las cuotas devengadas en el régimen simplificado de IVA, lo que permitirá un ahorro de 92 euros de media para otros 4.900 autónomos.
En esta segunda norma de calado aprobada por el Ejecutivo se permite excepcionalmente a los autónomos y empresarios renunciar a la tributación por módulos en 2024 y acudir al sistema de estimación directa, aunque se da la posibilidad para que vuelvan a ese régimen de tributación en 2025 y 2026 si lo prefieren.
En este segundo Real Decreto-ley se extendió la flexibilización en los plazos y procedimientos tributarios a aquellos de ámbito autonómico y local, en la misma línea con los establecidos para los de carácter estatal con la Agencia Tributaria.
Según el informe “Análisis del mercado laboral”, USO considera que el mercado laboral español sigue mostrando signos de estancamiento y precariedad
El Gabinete de Estudios de USO ha analizado los últimos datos del mercado laboral en España, destacando una preocupante falta de dinamismo y la persistencia de la precariedad laboral pese a los recientes cambios normativos.
En “Análisis del mercado laboral: paro, contratación y empleo. Octubre 2024”, USO alerta del incremento de los fijos discontínuos hasta los 97.210 respecto al año anterior, alcanzando un total de 709.978. Según los datos del SEPE, esto supone un incremento interanual del 15,9% respecto a 2023 y un 30,2% en comparación con 2021.
Por otro lado, el sindicato muestra su preocupación por la alta tasa de desempleo de larga duración. Casi la mitad de los parados registrados (45,9 %) llevan más de un año buscando empleo, y un 30,2 % supera los dos años en esta situación. Las mujeres se ven particularmente afectadas, ya que una de cada dos en paro lleva más de un año inscrita en los servicios de empleo, duplicando casi la tasa de los hombres en la misma situación.
Para USO, este volumen de parados de larga duración debería hacer replantearse a los Servicios Públicos de Empleo la intermediación laboral que realizan y cómo poner los medios para ser más eficientes en la búsqueda y consecución de un puesto de trabajo.
Duración de los contratos: 48 días de media
En octubre se formalizaron 1.527.007 contratos, un 9% más que en el mismo mes de 2023. A pesar del incremento de la contratación indefinida, ésta se está resintiendo y ha bajado de los valores en que se situó en 2022, tras la reforma laboral (45 %).
De los contratos realizados en octubre, solo el 17,4% fueron indefinidos a tiempo completo. La mayoría de las contrataciones se concentraron en modalidades de tiempo parcial o fijos discontinuos. Además, dos de cada cinco contratos temporales tuvieron una duración inferior a una semana, lo que evidencia la creciente rotación y precariedad en el mercado laboral.
La duración media de los contratos aumenta en un día con respecto a 2023, hasta los 48 días, pero es nueve menos que en 2021. Y, el 58,4% de los contratos temporales duran menos de un mes, lo que se traduce en menores cotizaciones y salarios reducidos, afectando directamente a la calidad de vida de los trabajadores y a sus futuras pensiones.
Desde el sindicato USO denunciamos la falta de claridad en las estadísticas oficiales y exigimos una revisión urgente de las metodologías empleadas por el SEPE para contabilizar tanto el paro como la ocupación real. Es fundamental que los datos de empleo reflejen la verdadera situación del mercado laboral para poder desarrollar políticas efectivas que reduzcan el desempleo y la precariedad.
Además, instamos al Gobierno a poner en marcha políticas activas de empleo que mejoren la empleabilidad y aseguren condiciones laborales dignas para todos los trabajadores, especialmente aquellos en situación de mayor vulnerabilidad, como los parados de larga duración y los empleados con contratos temporales o a tiempo parcial.
BBVA notificó la adquisición del control exclusivo del Banco de Sabadell el pasado 31 de mayo.
La operación requiere un análisis en mayor profundidad.
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha acordado, con fecha 12 de noviembre de 2024, el inicio de la segunda fase del análisis de la concentración (C/1470/24 BBVA/BANCO SABADELL)
La operación consiste en la adquisición del control exclusivo de Banco de Sabadell por parte del BBVA, a través de una oferta pública de adquisición (OPA) hostil que fue anunciada el 9 de mayo de 2024.
Apertura de la segunda fase
El sector económico afectado por la operación es el financiero, especialmente el de servicios bancarios y el de servicios de pagos. Adicionalmente, las partes están simultáneamente presentes en el mercado de producción y distribución de seguros, en el de fondos y planes de pensiones y en el mercado de gestión de activos.
A la vista de las circunstancias de la operación y su afectación potencial al mantenimiento de la competencia efectiva, la Sala de Competencia ha resuelto, en aplicación del artículo 57.2.c) de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia, profundizar en el análisis del expediente en la segunda fase del procedimiento.
Análisis en profundidad
La apertura de la segunda fase no prejuzga las conclusiones definitivas que la CNMC pueda alcanzar en relación con la operación de concentración.
En la primera fase del procedimiento se ha realizado una investigación detallada sobre la situación de competencia en los mercados afectados. Esta redundará en una mayor eficiencia en el análisis durante la segunda fase, cuyo objeto es profundizar en el estudio de la operación.
El Banco de Sabadell y otros terceros con interés legítimo podrán presentar alegaciones. También la notificante podrá formular alegaciones y aportar más información. Asimismo, se solicitará un informe preceptivo a las comunidades autónomas en las que la concentración incida de forma significativa.
La resolución final que apruebe la CNMC podrá autorizar, aceptar compromisos, imponer condiciones o prohibir la operación de concentración BBVA / BANCO SABADELL.
El Colegio de Registradores presenta el avance mensual de su Estadística Mercantil, compendio de actos registrados en los Registros Mercantiles, considerados como relevantes para tomar el pulso al tejido empresarial nacional. Los tres actos recogidos en este avance son: las constituciones de nuevas sociedades mercantiles, las ampliaciones de capital, y los concursos de acreedores inscritos en el mes natural correspondiente.
Constituciones
Las constituciones inscritas aumentaron en octubre un 28,1% sobre el mismo mes del año anterior, con este significativo crecimiento se suceden cuatro meses consecutivos al alza, los dos últimos por encima del 20%. En términos absolutos, se constituyeron 10.754 empresas, frente a las 8.396 registradas en el mismo periodo de 2023. Las Comunidades Autónomas de Andalucía, Cataluña y Madrid concentraron conjuntamente seis de cada diez empresas creadas.
En relación con la evolución mensual por CC.AA., se observa un aumento en todos los territorios, sobre todo en Navarra, La Rioja y Aragón.
Ampliaciones de capital
El número de operaciones de ampliación de capital inscritas en los RR.MM. ha tenido un crecimiento del 13,0% respecto al mismo mes del año anterior.
Por comunidades autónomas, destacan por su mayor volumen de operaciones, Madrid con 690 ampliaciones en octubre, un 4,6% menos que en el mismo mes del año anterior, y Cataluña con 454, un 3,2% menos. En el conjunto de territorios, predominan los aumentos, siendo más acusados en Murcia, Canarias y Comunidad Valenciana. Por otro lado, descendieron más en Cantabria, Asturias y Aragón.
Concursos de acreedores inscritos
Durante el mes de octubre, se inscribieron 430 concursos de acreedores en los Registros Mercantiles, lo que representa un aumento del 15,9% en comparación con el mismo mes de 2023.
Las Comunidades de Cataluña, Comunidad Valenciana y Madrid, de forma conjunta, aglutinaron en ese mes, más de la mitad de los concursos inscritos.
El IEE presenta el Índice de Competitividad Fiscal de la Tax Foundation en España, en el que España ocupa una de las peores posiciones, la número 33 sobre 38 países analizados, cuando en el 2019 nos situábamos en el puesto 23.
España es uno de los países con mayor presión fiscal dinámica (ritmo de subidas de impuestos) de la UE, con el problema añadido del deterioro legislativo por el abuso de la figura de enmiendas para plantear un conjunto de nuevas figuras tributarias que equivalen a una reforma fiscal encubierta, cuando cada una de ellas debería llevar su propio proyecto de ley, con informes preceptivos, tramites de audiencia y tramitación parlamentaria ordinaria.
Es un error seguir planteando nuevas subidas impositivas cuando los impuestos en España ya son contraproducentemente elevados, si consideramos nuestra elevada presión fiscal empresarial, el nivel de esfuerzo fiscal y la superior presión fiscal normativa.
Madrid, 18 de noviembre de 2024. El presidente del Instituto de Estudios Económicos, Íñigo Fernández de Mesa; y su director general, Gregorio Izquierdo; han presentado el informe “Competitividad fiscal 2024. Un diagnóstico necesario de la tributación en España”. Para determinar si nuestro sistema fiscal necesita una reforma y, sobre todo, para ver en qué sentido se debe realizar dicha reforma, es necesario, como paso previo, realizar un diagnóstico de la situación actual, a la vez que una comparativa de la fiscalidad de los países de nuestro entorno.
El análisis normativo de la política tributaria de un país no puede basarse, exclusivamente, en un indicador, la presión fiscal recaudatoria, sino que tiene que hacerse con base tanto en el conjunto de indicadores disponibles como en la posición cíclica de la economía, ya que basarse en una información incompleta, cuando se dispone de toda la información, es el camino más seguro para poder equivocarse en una cuestión tan importante como es el nivel óptimo de presión fiscal de un país.
España ya es uno de los países con mayor presión fiscal dinámica (ritmo de subida de impuestos) de los países desarrollados. Basta señalar que en un contexto como el periodo 2018-2022 en el que la UE redujo su presión fiscal en relación al PIB en 1,1 puntos, España incrementó su presión fiscal en 2 puntos porcentuales, a lo que habría que añadir las subidas acontecidas desde entonces.
La recaudación tributaria puede cerrar este 2024 en torno a los 295.000 millones, que es el récord histórico de recaudación, lo que supone un aumento del orden del 47% (95.000 millones) en relación al 2019, cuando el PIB nominal en este periodo solo se había incrementado en un orden del 27%. Esta espiral de subidas se debe, tanto por las múltiples subidas impositivas decretadas, como por el efecto positivo de la inflación sobre la recaudación en ausencia de medidas compensatorias.
A pesar de este fuerte incremento de la recaudación, lo cierto es que el déficit público se ha incrementado, pasando del 3,1% al 3,6% del PIB, elevando consigo la deuda pública desde el 98,2% hasta el 107,7% del PIB. Como conclusión es necesario señalar que España no tiene un problema fiscal por la insuficiencia de ingresos tributarios, sino por el aumento del gasto que excede el crecimiento de la recaudación a pesar de que esta supere el incremento del PIB.
El IEE presenta el Índice de Competitividad Fiscal de la Tax Foundation en España, en el que España ocupa una de las peores posiciones, la número 33 sobre 38 países analizados, cuando en el 2019 nos situábamos en el puesto 23. Esto muestra una pérdida notable de competitividad fiscal en nuestro país desde la posición anterior a la pandemia, reflejando el efecto de las subidas de impuestos a empresas y empresarios, tendencia que el Gobierno parece decidido a mantener en la presente legislatura, con continuadas subidas de impuestos y cotizaciones sociales.
La presión fiscal normativa en España en el 2024 ya es en un orden de un 17% mayor que la del promedio de la UE. La presión fiscal normativa aproxima la carga de gravamen que el diseño del sistema fiscal introduce en las economías al margen de la recaudación que obtenga y se construye a partir del Índice de Competitividad Fiscal de la Tax Foundation para este año. El protagonismo de la búsqueda de un aumento continuo de la recaudación ha llevado consigo un sistema fiscal especialmente distorsionante.
De hecho, los contribuyentes españoles soportaron en el 2023 un esfuerzo fiscal (presión fiscal ajustada al nivel de renta) de un orden de un 13% superior al de la Unión Europea, que ya, de por sí, es bastante elevado en el contexto internacional, muy por encima del de otros países de la OCDE. Entre las grandes economías avanzadas ninguna presenta un esfuerzo fiscal superior al de nuestro país.
Un problema especialmente grave en España es el de la excesiva presión fiscal empresarial que en el año 2022 fue del 12,2% del PIB frente al 10,4% del promedio de la UE. De hecho, las empresas españolas aportan el 32,4% del total de recaudación frente el 25,8% que en promedio aportan las empresas de la UE.
Además, este indicador ya no refleja el impacto total de la carga tributaria que soportan las empresas españolas, siendo aún superior, por tanto, a dicho diferencial. En este sentido, se ha de destacar el impacto de los gravámenes sobre entidades y establecimientos financieros de crédito y sobre la energía, que deberían formar parte del indicador de presión fiscal empresarial pero no lo hacen por su consideración artificial como prestaciones patrimoniales de carácter público no tributario, cuando son verdaderos impuestos.
Debido a que la economía está globalizada, una tributación empresarial superior a la de los países de nuestro entorno provoca deslocalización de inversiones, fuga de contribuyentes y desventajas competitivas a nuestros residentes, fundamentalmente a aquellos que operan en mercados internacionales, pero también a los locales que deberían afrontar la competencia de operadores no residentes con una menor carga tributaria.
El tipo efectivo medio sobre la inversión que afecta a las empresas españolas es uno de los más elevados de toda la UE con el consiguiente encarecimiento del coste de capital empresarial, lo que frena los procesos de inversión empresarial en nuestro país. De hecho, el Impuesto sobre Sociedades, en España tiene un tipo impositivo superior a la media de la UE (25% frente a 21,3%) y presenta una presión fiscal normativa, un 24,1% más elevada que la media de la Unión Europea.
Respecto a la tributación sobre el patrimonio,la situación de España es aún peor, con una de las peores situaciones de nuestro entorno comparado. En este caso, la posición de España es un 40% peor que la de la UE. En cuanto al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, nuestro tipo máximo puede llegar al 54% en España, frente a una media del 39,6% en la UE. Además, el efecto conjunto del IRPF con la tributación patrimonial (Impuesto sobre las Grandes Fortunas) puede elevar el tipo hasta un 60%, lo que es claramente confiscatorio.
Es más, en lo relativo a la tributación de dividendos, el tipo máximo en España (sumando la carga del Impuesto sobre Sociedades en los beneficios y el IRPF en la distribución) puede llegar al 46%, mientras que la media de la UE se sitúa en el 41%, y este diferencial, que ya es muy significativo, se quiere incrementar por parte del actual Gobierno que ha propuesto, recientemente, una subida en el tipo máximo de la renta del ahorro.
El mejor camino para mejorar la recaudación en España de una forma sostenible no es el de la acumulación de subidas impositivas que acaban teniendo un efecto depresor sobre la convergencia real, sino el crear un clima fiscal favorable a las empresas, con un sistema fiscal competitivo. En este sentido, cualquier incremento de la recaudación tributaria debería basarse en el aumento de las bases imponibles, fomentando el crecimiento económico, y en la lucha contra el fraude fiscal, más que en incrementar la presión sobre unos contribuyentes que ya soportan una carga tributaria comparable, o superior, a la de los países de nuestro entorno, principalmente en lo relativo a la tributación empresarial.
Tenemos un sistema fiscal que supone un lastre para el crecimiento económico, que ha incrementado fuertemente los impuestos en los últimos años, apostando para ello en las figuras más distorsionantes (fiscalidad empresarial y patrimonial), frente a las tendencias de bajadas de impuestos de nuestro entorno, con reformas fiscales inteligentes, que logran compatibilizar el principio de suficiencia recaudatoria con la preservación del principio de eficiencia económica.
Por último, pero no por ello menos importante, es la necesidad de mejorar la calidad legislativa y reforzar la confianza en nuestras instituciones. Es totalmente reprobable que se pretendan aprobar nuevos impuestos y/o subir los ya existentes mediante abusos legislativos, entre los que destaca el uso abusivo y generalizado de la figura de enmiendas al articulado de proyectos de leyes de otras cuestiones en sus fases finales de tramitación. La peor iniciativa al respecto es la vivida en las últimas semanas, cuando se ha planteado lo que es una reforma fiscal encubierta, aprovechando la fase final de tramitación de un proyecto de ley específico e incorporando un cúmulo de enmiendas que afectan a múltiples figuras tributarias como el ahorro, banca, seguros, gasóleos, etc. El Tribunal Constitucional prohibió en su día aprobar nuevos impuestos o modificar los ya existentes mediante las leyes de presupuestos o la utilización de las figuras del decreto ley, figuras ambas que tienen una tramitación más abreviada y por definición menos garantista. Para evitar estas disfunciones, los nuevos impuestos se deben aprobar mediante proyectos de ley específicos que garanticen los tramites de participación pública y de audiencia a los interesados, supervisión de órganos constitucionales, la participación en su elaboración de los equipos técnicos funcionariales de los ministerios y, en su caso, la incorporación de enmiendas de mejora.
Las propuestas de nuevos impuestos, planteadas en las últimas semanas, al no seguir estas vías preceptivas obligadas, resultan en normativas de ínfima calidad técnica especialmente contraproducentes, que no se han beneficiado de los procesos que garantizan que las normativas tributarias sean técnicamente de calidad. El punto de partida a seguir deben ser las figuras de proyectos de ley específicos redactados por los órganos ministeriales especializados, con informes preceptivos, trámites adecuados de audiencia y participación pública, plazos suficientes para incorporar procesos de enmiendas, como vía para incorporar las reflexiones de la opinión pública y/o las de los directamente afectados. De cualquier modo, se deben evitar las enmiendas forzadas a leyes en tramitación y la aprobación de proposiciones de ley, -que no sean las de la oposición, que no cuenta con otra alternativa-, ya que las normativas resultantes, muy condicionadas por lo que no son sino meros acuerdos políticos partidarios, muchas veces resultan incompatibles con los principios obligados de buenas prácticas legislativas y, en especial, con el interés general, que exige el respeto al principio de separación de poderes (ejecutivo, legislativo y judicial) que legitima la naturaleza y el funcionamiento del estado de derecho en una democracia moderna y propia de un país avanzado.
La cifra total de víctimas mortales registrada a causa de la Dana y las inundaciones que afectaron a la provincia de Valencia el pasado 29 de octubre se mantiene como ayer, lunes, en 219, mientras que el número de expedientes por denuncias de desaparición que están activos ha bajado a ocho al haberse localizado a tres de esas personas desaparecidas.
Así se recoge en el balance con el acumulado histórico desde que se produjo el episodio que elabora el Centro de Integración de Datos (CID) y que ha sido actualizado a las 20 horas de este martes 19 de noviembre.
A todos los fallecidos se les ha practicado la autopsia y están plenamente identificadas: 170 por huellas dactilares, 45 por análisis de ADN y 4 por identificación hospitalaria en vida.
Por otro lado, hasta las 20 horas de este martes ascienden a 218 las familias de los difuntos que se han hecho cargo ya de los restos mortales de sus seres queridos, tres más que al cierre del balance de ayer, lunes.
El CID es un órgano técnico que está integrado por una Oficina Forense y una Oficina de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, con agentes especializados de la Guardia Civil y la Policía Nacional, y tiene como función principal reunir y supervisar los diferentes informes de identificación que se realicen por las distintas instituciones a las personas fallecidas en sucesos con múltiples víctimas, en virtud del RD 32/2009.
Este centro es el único facultado por ese Real Decreto para facilitar públicamente a los medios cifras oficiales, a través de la Oficina de Comunicación del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, relativas al tratamiento médico forense y de policía científica del suceso.
*Esta información debe atribuirse al C.I.D. constituido por la Dana de Valencia de 2024, aunque se facilita por la Oficina de Comunicación del TSJCV en virtud de lo dispuesto por el RD 32/2009
La Seguridad Social registró 2.894.162 afiliados extranjeros en octubre, una vez descontada la estacionalidad y el efecto calendario, tras sumar 29.076 ocupados. A falta de dos meses para finalizar el año, la cifra de trabajadores foráneos continua en máximos históricos.
Desde diciembre de 2019, antes del impacto de la pandemia, el sistema ha contabilizado un aumento de 731.763 trabajadores procedentes de otros países, es decir, casi un 34% más. En el contexto de la afiliación general, los trabajadores extranjeros suponen el 13,6% del total de ocupados.
El registro diario se ha mantenido por encima de los 2,9 millones de afiliados extranjeros durante ocho días en octubre y de forma consecutiva del 21 y al 25 del mes.
Tanto en la serie desestacionalizada como original, la cifra de afiliados extranjeros supone el 13,6%. Si atendemos a los regímenes, en los dos principales, General y Autónomos, también se mantienen en ese porcentaje. Esto supone que, en los últimos cinco años, ha aumentado en más de dos puntos la participación de los trabajadores extranjeros en el conjunto de los afiliados a la Seguridad Social
Afiliación media
En términos medios y sin desestacionalizar, es decir, en la serie original, la Seguridad Social registró 2.894.629 afiliados procedentes de otros países, lo que supone un aumento de 210.692 en el último año. Se trata, al igual que en la desestacionalizada, de la cifra más alta de afiliados extranjeros en la serie de este mes.
El 31,6% son trabajadores procedentes de países de la Unión Europea. Del conjunto de nacionalidades, Rumanía es el país del que proviene el mayor número de trabajadores, seguido por Marruecos, Colombia, Italia, Venezuela y China.
Del total de personas afiliadas procedentes de otros países, son hombres 1,6 millones y el número de mujeres extranjeras se aproxima a los 1,3 millones, tras crecer un 34,6% desde antes de la pandemia. La cifra de mujeres afiliadas supera el 44% del total de trabajadores foráneos.
Más de 70.000 afiliados ucranianos
Entre otras nacionalidades, hay 72.374 afiliados procedentes de Ucrania, 25.115 más que en enero de 2022, cuando aún no había empezado la guerra, lo que representa un crecimiento del 53,1%.
La mayoría de los trabajadores procedentes de Ucrania, cerca del 83,5%, están en el Régimen General (son asalariados) y el 16,4% son trabajadores autónomos.
Regímenes y sectores
En conjunto, un 83,8% de los afiliados extranjeros se encuadraron en el Régimen General, con 2.425.138 trabajadores. La proporción es similar al conjunto de trabajadores, alrededor de un 84% está encuadrado también en este Régimen General.
En los últimos 12 meses, seis sectores de actividad crecen por encima del 10%: Actividades Administrativas y Servicios Auxiliares (11,8%), Transporte y Almacenamiento (11,2%), Actividades Artísticas, Recreativas y de Entretenimiento (10,8%), Actividades Financieras (10,5%), Hostelería (10,4%) y Actividades Sanitarias y Servicios Centrales (10,38%). Además, otros sectores superan el 9%: Comercio (9,6%), Suministro de Energía Eléctrica, Gas, Vapor y Aire Acondicionado (9,5%), Construcción (9,4%), Industria Manufacturera (9,3%) y Suministro de Agua, Actividades de Saneamiento, Gestión de Residuos y Descontaminación (9%).
La distribución por sectores muestra una diversificación en las áreas de empleo con mayor ocupación de trabajadores de origen extranjero.
Actividades de alto valor añadido
Por otra parte, este aumento interanual es también muy destacable en actividades de alto valor añadido donde se observa un crecimiento notable en sectores como como Actividades Financieras (10,51%), Información y Comunicaciones, que aumenta casi un 7 % y en Actividades Profesionales, Científicas y Técnicas, con un incremento en el último año del 6,5%.
Por actividades, los trabajadores nacionales de otros países suponen más del 20% del total de los afiliados en sectores como: Hostelería (28,3%), Actividades de Organizaciones y Organismos Extraterritoriales (28,1%), Agricultura, Ganadería, Silvicultura y Pesca (24,2%), y Construcción (21,3%). En el Sistema Especial del Hogar, cerca del 44% son trabajadores foráneos, y en el Sistema Especial Agrario, más del 35%.
Por su parte, el Régimen de Autónomos contabilizó 463.767 cotizantes de otras nacionalidades, es decir, el 13,7% del total de autónomos. En el último año, los afiliados extranjeros en este régimen han aumentado un 7,8%.
CEOE prevé que inflación pueda repuntar ligeramente al final del año y que, en todo caso, cierre el ejercicio en niveles cercanos al 2%. No obstante, recuerda que esta evolución se verá condicionada por el ritmo de reversión de las medidas antiinflacionarias aprobadas por el Gobierno y por la evolución de los precios de las materias primas en los mercados internacionales.
En octubre, la inflación general registró un ligero repunte de tres décimas, hasta el 1,8%, mientras que la subyacente también aumentó ligeramente una décima, hasta el 2,5%, según los datos publicados este jueves por el INE.
De esta forma, la inflación continúa por debajo del objetivo de estabilidad de precios fijado por el Banco Central Europeo (BCE).
Los productos energéticos y los alimentos son los componentes que más han contribuido a este repunte del mes de octubre.
La retirada de las medidas de reducción de impuestos para moderar la inflación, llevada a cabo por el Gobierno, se ha visto reflejada en el incremento de precios del mes, ya que el IVA de los alimentos básicos ha subido al 2% en octubre.
Los componentes de la inflación subyacente han mantenido un ritmo de avance de los precios muy similar a los registrados en septiembre. Los precios de los Servicios mantienen su tasa interanual en el 3,3% y continúan siendo el elemento más inflacionista de la cesta.
Dinamismo en los Servicios
De hecho, el dinamismo de la demanda en los Servicios, junto con el aumento de los costes de producción, incluyendo los salariales, podrían ser factores que dificulten la contención de sus precios en el medio plazo.
En la Unión Monetaria, la inflación también ha repuntado tres décimas, hasta situarse en el 2%. Mientras, en España, el Índice de Precios de Consumo Armonizado (IPCA) de octubre aumentó su tasa interanual una décima, hasta el 1,8%, por lo que el diferencial se situó en negativo dos décimas negativas, lo que supone una mejora relativa de competitividad.
El empleo turístico del tercer trimestre de 2024 continúa al alza y supera, por primera vez, los 3 millones de ocupados (3.019.064 en cifras exactas) en el sector, lo que representa un incremento del 2,3% respecto al mismo periodo de 2023, según los datos publicados por Turespaña.
Entre julio y septiembre de 2024, las actividades vinculadas al turismo registraron 67.231 empleados más que en el mismo trimestre del año anterior. Los empleados en el sector turístico en este trimestre han constituido el 13,8% del empleo total de la economía española. Por su parte, los trabajadores activos en turismo en el tercer trimestre del año han superado los tres millones (3.285.271), un 2,3% más que en periodo equivalente de 2023.
El porcentaje de parados sobre activos en actividades turísticas fue del 8,1%, cifra coincidente con la del mismo trimestre de 2023. El porcentaje de paro en actividades turísticas sigue estando por debajo de la tasa de paro de la economía nacional (que es de un 11,2%).
Crece la cifra de asalariados
En este tercer trimestre del año, las principales actividades turísticas han experimentado un crecimiento, salvo el apartado de ‘otras actividades turísticas’ (ver ficha). La hostelería aumentó un 3,3%, debido a la evolución positiva tanto de los servicios de comidas y bebidas (3,9%) como de los servicios de alojamiento (1,8%). En transporte de viajeros la variación interanual fue del 9,2%, y en las agencias de viaje fue negativa, del -11,7%.
El crecimiento principal de este tercer trimestre se ha dado entre los asalariados (2,3% de aumento), que en términos absolutos han ascendido hasta los 2.550.911. Estos asalariados mostraron aumentos además en transporte de viajeros (7%) y en hostelería (3,4%). Asimismo, los asalariados en el sector turístico con contrato indefinido (80,6%), una de las variables que marcan la mejora en la calidad del empleo en el sector, han aumentado un 4,3%, lo que supone la decimotercera subida consecutiva. Por su parte, los asalariados con contrato temporal han registrado un descenso del 5,1%. La tasa de asalarización se sitúa en el 84,5%, mismo registro que el tercer trimestre de hace un año.
Baja la temporalidad y sube la jornada completa
La tasa de temporalidad en el sector turístico fue del 19,4%, una cifra inferior a la del mismo periodo del año anterior, que fue del 20,9%. En relación al tipo de jornada, los asalariados con jornada completa representaron el 79,4% del total de asalariados y aumentaron un 4,3%. Por su parte, los autónomos han ascendido un 2% respecto al mismo periodo de 2023, llegando a los 467.629 trabajadores en esta modalidad de empleo.
Cantabria y Castilla y León, las que más crecen
Las comunidades autónomas que han registrado un mayor número de ocupados de julio a septiembre son Cataluña (561.972 ocupados y un crecimiento interanual del 9,4%), Andalucía (476.749 y un crecimiento del 0,2%), Madrid (461.633 y un aumento del 8,8%) y C. Valenciana (308.188 y un aumento respecto al mismo periodo del 2023 del 3,6%). Las comunidades donde más creció, en dato interanual, el número de ocupados fue Cantabria, con un 16,6% más, y Castilla y León, un 11,5% más, una muestra de que la tendencia a la desconcentración de destinos también está mejorando las oportunidades de empleo en regiones del norte y del interior del país.
En este periodo creció el número de ocupados subió en todas las comunidades autónomas, excepto en Baleares, Galicia, Castilla-La Mancha, País Vasco, Murcia, Asturias, Navarra, La Rioja y Ceuta y Melilla.
El Pleno ha dado luz verde al proyecto de Ley Orgánica de eficiencia del Servicio Público de Justicia, que sustituye los juzgados unipersonales por tribunales de instancia, crea las Oficinas Judiciales del Municipio y regula medios adecuados de solución de controversias.
El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, en el Pleno del Congreso de los Diputados
El Pleno del Congreso de los Diputados ha aprobado hoy la Ley Orgánica de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia, que pasa a tramitación en el Senado para su aprobación definitiva.
Esta norma, que es un hito comprometido por España ante la Comisión Europea en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, se erige como pilar fundamental de la mayor transformación de la Justicia en décadas. Un proceso que ya se ha iniciado con la Ley Orgánica del derecho a la Defensa -publicada hoy en el Boletín Oficial del Estado– y la aprobación de los reales decretos leyes 5/2023 y 6/2023, que impulsaron la digitalización y los trámites procesales. A ello se suma la plena normalización del Poder Judicial tras la renovación del Consejo General del Poder Judicial en el mes de junio.
En su intervención en el pleno, Bolaños ha puesto en valor la política de acuerdos que ha permitido la aprobación de esta norma y ha agradecido la labor de los técnicos del ministerio y la contribución por parte de los grupos parlamentarios a la mejora del texto.
Reforma organizativa para favorecer la especialización, la gestión de recursos y la cercanía
La Ley Orgánica de eficiencia del Servicio Público de Justicia introduce dos líneas fundamentales de actuación, una reforma organizativa y otra procesal, ambas posibles gracias al despliegue tecnológico que está desarrollando e implementando el ministerio, como el expediente judicial electrónico.
Respecto a la reforma organizativa de la Administración de Justicia, la norma crea los Tribunales de Instancia, un órgano colegiado que integra todos los juzgados unipersonales y los jueces de primera instancia en una única organización en cada partido judicial, que unificará la respuesta en primera instancia. Cada tribunal estará integrado por una Sección Civil y otra de Instrucción. Además, se podrán integrar otras secciones especializadas que, hasta ahora, constituían juzgados individuales.
De esta forma, los 3.800 juzgados unipersonales se transformarán en 431 Tribunales, favoreciendo la especialización, la unificación de criterios y permitirá distribuir adecuadamente las cargas de trabajo y compartir recursos.
La ley también crea las Oficinas de Justicia en los Municipios, que acercarán el Servicio Público de Justicia a todos los territorios y les dotarán de servicios con los que los ciudadanos podrán realizar toda una serie de actos y trámites procesales de manera telemática sin tener que desplazarse.
Mecanismos alternativos de solución de controversias
La ley incluye modificaciones en materia procesal regulando los llamados medios alternativos de solución de controversias (MASC) en vía no jurisdiccional en los ámbitos civil y mercantil.
Esta regulación contribuirá a encontrar la solución más adecuada a cada conflicto aliviando la carga de trabajo de juzgados y tribunales.
Por último, la ley contempla una serie de reformas procesales para agilizar la tramitación de los procedimientos judiciales en varias jurisdicciones, aplicándose también a la subasta judicial electrónica. Asimismo, modificará las principales normas procesales para adaptarlas a la reforma de la organización judicial mencionada anteriormente.
Octubre deja un subida del colectivo sin empleo anterior de 2.936 personas, hasta alcanzar los 244.001
El número de personas que no han accedido al mercado laboral o que llevan más de un año en paro, el colectivo sin empleo anterior, crece en octubre. Para Joaquín Pérez, secretario general de USO, “se trata de un dato a tener muy en cuenta en los próximos meses porque ese grupo de parados ya supone el 9,3 % del total y refleja la complicada realidad de jóvenes y también mayores que tienen dificultades para acceder o reengancharse al empleo. Atender a la calidad del empleo que se crea y vigilar sus condiciones es muy necesario como también lo es diseñar planes y estrategias dirigidas a este colectivo que va creciendo mes a mes”.
“Otro colectivo al que hay que dirigir esfuerzos por parte del Ministerio de Trabajo es el de nuestros jóvenes. En octubre, el desempleo juvenil se ha incrementado un 4,35 %, o lo que es lo mismo, hay 8.361 personas jóvenes más sin empleo. Hay que reforzar los planes de empleo para retener el talento juvenil y ofrecer un futuro sólido”, recalca Pérez.
Sube el paro en 26.769 personas en octubre
El mes de octubre ha destruido empleo. El paro se incrementó en 26.769 personas hasta alcanzar los 2.602.054 parados registrados. “Aunque se trata de una subida inferior a la registrada hace un año y el paro interanual desciende en más de 150.000 personas, consideramos que hay que reforzar las estrategias de creación de empleo en otros sectores económicos distintos a los servicios, que sigue siendo el que crea empleo y lo destruye a la misma velocidad”, destaca el secretario general de USO.
Por otro lado, la contratación se ha incrementado un 9,34 % en comparativa anual, aunque la contratación acumulada ha caído en 35.843 contratos. Por tipo de contrato, los temporales suponen el 56,50 % del total y la contratación indefinida se frena. “Menos horas de trabajo, repartidas entre más gente y trabajo temporal, no puede ser la solución a un mercado de trabajo débil”, concluye Pérez.
Las cotizaciones sociales superan en 8.982 millones de euros a las obtenidas un año antes. El incremento de los ingresos por cuotas a la Seguridad Social respecto al nivel previo a la pandemia es del 33,6%
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Los ingresos por cotizaciones a la Seguridad Social registran un incremento del 7,8% interanual en los datos acumulados en los nueve primeros meses de este año, alcanzando los 123.694 millones de euros (8.982 millones más que un año antes).
Los ingresos correspondientes al Mecanismo de Equidad Intergeneracional, en vigor desde el 1 de enero de 2023, registran un incremento interanual del 40,5 %, alcanzando 2.760 millones de euros.
Si se toman como referencia los datos del último ejercicio que no estuvo afectado por la pandemia, 2019, el incremento de las cotizaciones es de 31.087 millones de euros (un 33,6% más). En el análisis mensual comparativo se observa que en septiembre los ingresos por cuotas se cifraron en 13.958 millones de euros, 3.541 millones de euros más que el mismo mes de 2019.
En su conjunto, las cuentas de la Seguridad Social presentan un saldo positivo, a 30 de septiembre de 2024, de 633 millones de euros, que son el resultado de la diferencia entre unos derechos reconocidos por operaciones no financieras de 161.444 millones de euros, que muestran un incremento del 7,3%, y obligaciones reconocidas de 160.811 millones, que crecen en un 7,8% interanual. Por su parte, los datos hasta el mes de agosto (último dato disponible) arrojan un saldo positivo de 543 millones de euros para los Fondos de Seguridad Social, que incluyen, además del sistema de la Seguridad Social, los datos del Servicio de Empleo Público Español (SEPE) y del Fondo de Garantía Salarial (FOGASA). En términos de caja, la recaudación líquida del sistema alcanza los 159.910 millones de euros, con un incremento del 7,3% respecto al ejercicio anterior, mientras los pagos presentan un aumento del 7,9%, hasta alcanzar los 160.672 millones de euros.
Ingresos no financieros
Como ya se ha indicado, en estos nueve primeros meses del año, las cotizaciones sociales ascienden a 123.694 millones de euros, lo que supone un incremento del 7,8% respecto a los ingresos del mismo periodo del ejercicio 2023 (8.982 millones de euros más).
Este comportamiento viene impulsado por la evolución de las cotizaciones de ocupados, que experimentan un incremento interanual del 7,8%, hasta alcanzar los 116.741 millones de euros (8.426 millones de euros más que en el ejercicio anterior).
Dentro de las cotizaciones de ocupados podemos destacar la evolución que han experimentado las cotizaciones por regímenes, distinguiéndose entre régimen general y regímenes especiales (incluyéndose Régimen Especial de Trabajadores Autónomos, Régimen Especial del Mar y Régimen Especial de la Minería y el Carbón).
Además, las cotizaciones de desempleados se cifran en 6.952 millones de euros, lo que representa un aumento interanual del 8,7% (556 millones de euros en términos absolutos).
Las transferencias recibidas por la Seguridad Social ascienden a 36.262 millones de euros, con un aumento interanual del 8,5%. La partida más significativa corresponde a las transferencias recibidas del Estado y Organismos Autónomos que suma un total de 32.436 millones (un 7,7% más). En particular, el incremento tiene su origen, fundamentalmente, en una mayor percepción de fondos para garantizar el cumplimiento de la Recomendación Primera del Pacto de Toledo (2.540 millones de euros más que en el mismo periodo del año anterior).
Gastos no financieros
Por el lado del gasto, las prestaciones económicas a familias e instituciones alcanzaron 150.982 millones, un 8,2 % más que en el mismo periodo de 2023. Esta cifra representa un 93,9 % del gasto total realizado en el sistema de Seguridad Social.
La mayor partida, 138.635 millones de euros que corresponde a pensiones y prestaciones contributivas, con un aumento de un 8 %.
En un análisis detallado del área contributiva, el gasto en pensiones (incapacidad permanente, jubilación, viudedad, orfandad, en favor de familiares y complementos de pensiones contributivas para la reducción de la brecha de género) se incrementa un 7,3 % hasta los 122.955 millones de euros, debido al aumento del número de pensionistas (1,4%), a la elevación de la pensión media (5,2%), así como a la revalorización general del 3,8% de las pensiones contributivas en el ejercicio 2024.
Respecto a los subsidios de incapacidad temporal, el gasto total aumenta un 17,7% respecto al mismo periodo del año anterior, hasta alcanzar los 11.905 millones de euros, mientras las prestaciones por nacimiento y cuidado de menor, corresponsabilidad en el cuidado del lactante, riesgo durante el embarazo y durante la lactancia natural y cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad ascienden a 3.217 millones (un 7,2 % más).
Las pensiones y prestaciones no contributivas, incluidos los complementos por mínimos de las pensiones contributivas, alcanzan los 12.347 millones de euros, un 10% más que en el mismo periodo del ejercicio anterior. Este incremento se debe fundamentalmente, a la revalorización general del 6,9% establecida para el ejercicio 2024.
De dicho importe, se destina a pensiones no contributivas y complementos por mínimos 7.949 millones (un 7,7% más), y a subsidios y otras prestaciones 4.398 millones (un 14,5% más), de los cuales 4.097 millones de euros corresponden a Ingreso Mínimo Vital y prestaciones familiares, un 12,9% más respecto del año anterior.
El primer paso del estudio es una consulta pública que estará abierta hasta el próximo 13 de diciembre.
La normativa de la UE determina que España debe introducir competencia en cercanías y media distancia, un transporte que sumó casi 500 millones de pasajeros en España el año pasado.
La competencia en la prestación de los servicios públicos en otros países ha reducido los costes del servicio y ha mejorado su calidad.
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha puesto en marcha una consulta pública para recabar información sobre los servicios públicos de transporte de viajeros en ferrocarril (cercanías y media distancia) y su próxima licitación. Esta consulta es el primer paso de un estudio sobre la liberalización de estos servicios y estará abierta hasta el 13 de diciembre. La CNMC busca identificar los desafíos y barreras, y formular recomendaciones que aseguren que la apertura del mercado beneficie tanto a los pasajeros como a los contribuyentes.
Tras la liberalización de la alta velocidad y la larga distancia, el próximo paso en España es la apertura de los servicios ferroviarios con obligaciones de servicio público, como cercanías y media distancia. En 2023, estos servicios transportaron a unos 492 millones de pasajeros, la mayoría de ellos residentes en áreas periféricas de grandes ciudades y con ingresos por debajo de la media. Por ello, la liberalización de este sector es clave para mejorar la cohesión social y territorial, promover la sostenibilidad medioambiental y fortalecer la actividad económica de las áreas metropolitanas.
La experiencia internacional indica que la liberalización de los servicios públicos de transporte ferroviario provoca tanto un ahorro de costes para las autoridades licitadoras, como un aumento de la calidad del servicio.
La CNMC promueve la competencia efectiva en los mercados, tal y como establece el artículo 5 de la Ley 3/2013, de 4 de junio. También lleva a cabo estudios e investigaciones sobre competencia, y elabora informes sobre sectores económicos con propuestas de liberalización, desregulación o modificación normativa. Estos trabajos se incluyen en el Plan de Actuación de la CNMC.
El saldo de la deuda de las Administraciones Públicas (AAPP) según el Protocolo de Déficit Excesivo (PDE) ascendió a 1.623 miles de millones (mm) de euros en agosto de 2024, con una tasa de crecimiento del 3,7% en términos interanuales.
En el mismo mes, el saldo de la deuda del Estado se situó en 1.475 mm de euros, con un incremento interanual del 5,5%, mientras que para las Otras Unidades de la Administración Central el saldo fue de 38 mm, lo que representa una disminución del 8,5% respecto al dato del año anterior.
El saldo de deuda de las Administraciones de Seguridad Social se situó en 116 mm, un 9,4% más que un año antes.
La Línea cuenta con una dotación de 5.000 millones de euros en avales que facilitarán que hogares, autónomos y empresas afectados por la DANA puedan acceder a financiación en las mejores condiciones.
Elavalcubriráel80%delpréstamoyesgratuitotantoparalas entidades financieras como para los hogares, autónomos y empresas.
Eldiseñodelprogramaentresmodalidadescumpleundoble objetivo: dar respuesta rápida a las necesidades perentorias de liquidez y facilitar la financiación de proyectos de inversión para acometerlareactivacióndelaactividadempresarial.
El Consejo de Ministros aprobó el lunes la puesta en marcha del primer tramo de 1.000 millones de euros. La activación por tramos permite ajustar el despliegue de los avales a cada una de las modalidades de forma eficaz.
Podránacogerseaestosavaleslasoperacionesfirmadasporlas entidades financieras entre el 29 de octubre y el 30 de noviembre de 2025 y los avales se podrán otorgarhasta el 31 de diciembre de 2025.
El presidente del Instituto de Crédito Oficial (ICO), Manuel Illueca, ha comparecido hoy en rueda de prensa, en el Complejo de La Moncloa, tras la reunión mantenida por el Comité de crisis para el seguimiento de los efectos de la DANA, que ha presidido el jefe del Gobierno, Pedro Sánchez. Illueca ha subrayado la importancia de la Línea de Avales ICO DANA, que sólo en los 32 municipios más afectados ayudará a unas 32.000 empresas, así como por primera vez a 535.000 personas y más de 150.000 hogares afectados,para “anticipar las ayudas y que la liquidez llegue cuanto antes, ya que sin ella no hay reconstrucción».
Por ello, Illueca ha anunciado que las entidades financieras podrán adherirse a la Línea de Avales ICO DANA a partir de mañana, viernes, a través de la plataforma del ICO, lo que muestra la rápida puesta en marcha de este programa que forma parte del Plan de Respuesta Inmediata, Reconstrucción y Relanzamiento aprobado por el Gobierno el 6 de noviembre. De esta forma, los préstamos estarán ya a disposición de las familias y las empresas para su solicitud.
Con una dotación de 5.000 millones de euros en avales, esta línea favorecerá la movilización de financiación en las mejores condiciones para que hogares, autónomos y empresas puedan paliar cuanto antes los daños causados en sus viviendas y vehículos por las fuertes precipitaciones.
Para facilitar el despliegue de la línea y que el coste de las operaciones sea lo más ventajoso posible, los avales del Ministerio de Economía, gestionados por el ICO, cubrirán el 80% del importe de la financiación y serán gratuitos, lo que permitirá que “las entidades financieras ofrezcan las mejores condiciones». La capacidad de movilizar recursos alcanzará los 6.250 millones de euros. Podrán acogerse a este programa las operaciones firmadas por las entidades financieras desde el 29 de octubre, lo que permite que puedan llegar ya los fondos a los afectados. “El aval será tramitado por las entidades financieras a través del esquema de colaboración público-privada, desplegado con éxito en la pandemia, para llegar hasta el último rincón de las zonas afectadas», ha apostillado Illueca, quien ha recalcado que se dispondrán “los recursos necesarios mientras sea necesario».
El diseño de la línea permite cubrir de forma ágil las necesidades urgentes de liquidez de hogares, autónomos y empresas, proporcionando financiación como anticipo de las cantidades a percibir del Consorcio de Compensación de Seguros y/o de las Administraciones públicas en concepto de indemnizaciones o ayudas.
Además, favorecerá la recuperación de la capacidad productiva del tejido empresarial de las zonas afectadas, poniendo a su disposición financiación para acometer inversiones y disponer de capital circulante.
Para cubrir estos objetivos, la Línea de Avales ICO Dana dispone de tres modalidades:
· Modalidad 1: financiación con el respaldo de ayudas e indemnizaciones a hogares
· Modalidad 2: financiación con el respaldo de ayudas e indemnizaciones a empresas y autónomos
· Modalidad 3: recuperación de la Capacidad Productiva de empresas
El Consejo de Ministros del 11 de noviembre aprobó la activación del primer tramo de 1.000 millones de euros, que se irá asignando a cada modalidad en función de la demanda.
Dada la gravedad de los daños provocados por la DANA, por primera vez los avales del Ministerio de Economía gestionados por el ICO se dirigen a garantizar la financiación de particulares. Podrán solicitar financiación avalada los hogares o comunidades de propietarios residentes en alguno de los municipios afectados por las consecuencias del desastre natural recogidos en el anexo del Real Decreto-ley 6/2024, así como los empleados en un centro de trabajo localizado en alguno de estos municipios.
El importe máximo del préstamo que podrán obtener será la suma de la indemnización solicitada al Consorcio de Compensación de Seguros, que no podrá ser superior al capital asegurado por la póliza de seguros, y del importe esperado de las ayudas solicitadas. El plazo de las operaciones será de cinco años y no se podrán aplicar comisiones, todo ello con el objetivo de que el coste de la financiación sea lo más ajustado posible.
Financiaciónparaautónomosyempresas
La Línea de Avales ICO DANA contempla dos modalidades para autónomos y empresas. Por un lado -al igual que los hogares y en condiciones similares- con la modalidad 2, las empresas y autónomos con domicilio social o establecimiento en alguno de los municipios afectados podrán solicitar préstamos como anticipo de indemnizaciones y ayudas.
Además, es necesario reactivar la economía de la región y dar apoyo al tejido productivo afectado, para que puedan recuperar la normalidad y hacer frente a los perjuicios directos e indirectos. Por ello, la Línea de Avales ICO DANA cuenta con una tercera modalidad para avalar también nuevas operaciones de préstamo dirigidas a financiar inversiones y capital circulante.
La modalidad 3 está dirigida tanto al tejido empresarial de los municipios afectados, como a las empresas y autónomos cuyos medios de transporte destinados a la actividad empresarial o profesional hayan sufrido daños durante el desarrollo de dicha actividad en una de las localidades afectadas.
El importe máximo de financiación en esta modalidad es de 12,5 millones de euros por empresa y los plazos de amortización serán de 5 años para capital circulante, y para inversión 7 años, llegando hasta 10 años en el caso de empresas del sector agrícola (compatible con la línea ICO del Ministerio de Agricultura).
Las operaciones contarán con un período de carencia de 12 meses, lo que alivia la carga financiera de las empresas durante el primer año. Este plazo podrá ampliarse en 12 meses adicionales si las características del proyecto de inversión lo requieren dentro de los plazos máximos de vencimiento de la operación avalada.
El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha visitado hoy el Decanato de los Registradores de Cataluña, donde primero ha conocido el búnker en el que descansan los servidores que albergan y protegen toda la información de los registros y, a continuación, ha mantenido un encuentro con la Junta Directiva y más de treinta registradores de la comunidad autónoma.
En su intervención, Bolaños ha destacado la importancia de la Ley 11/2023 de digitalización de actuaciones notariales y registrales, que ha servido para dar un paso decisivo en la digitalización del sistema registral. El ministro ha agregado que este avance ha permitido la mejora de este servicio público, gracias al ahorro de tiempo y coste de desplazamientos, y a la rapidez en la obtención de información registral y a la seguridad reforzada de todo el sistema.
En este sentido, Bolaños ha apuntado que la digitalización de los registros es una pieza más de un proyecto de transformación mucho más amplio, que afecta a todas las áreas del servicio público de Justicia. Y ha añadido que, a futuro, un frente clave de ese proyecto es conseguir la plena interoperabilidad de los registros y administraciones públicas, en particular la de Justicia.
Además, el ministro ha resaltado la incorporación del catalán en el expediente electrónico, una iniciativa que se suma al convenio firmado recientemente con la Generalitat, para recuperar la publicación del Boletín Oficial del Estado en catalán, a partir del 1 de diciembre; y el derecho reconocido en la Ley de Derecho a la Defensa, que culminará su tramitación parlamentaria en los próximos meses, a utilizar todas las lenguas oficiales en los tribunales de ámbito nacional.
Por último, el ministro ha agradecido a los registradores el esfuerzo y la inversión realizada en estos años, y ha puesto en valor su papel, a la hora de aportar certeza a la ciudadanía sobre cuestiones centrales de sus vidas, protegiendo la actividad económica y, sobre todo, el patrimonio de las personas.
Durante la visita, el ministro ha firmado en el Libro de Honor del Decanato, acompañado por el decano de los Registradores de Cataluña, Vicente García-Hinojal, los miembros de la Junta Directiva y la directora general de Seguridad Jurídica y Fe Pública del ministerio, Ester Pérez.
Equipos especializados en extracción y transporte de lodos y residuos procedentes de Marruecos, Portugal y Francia se incorporarán a los trabajos en las próximas 24-48 horas.
Daños causados por la DANA en Valencia.
El Ministerio del Interior gestiona la incorporación de expertos y maquinaria específica a las labores de recuperación de las comarcas valencianas inundadas por la DANA, una vez la Generalitat ha aceptado las ofertas de apoyo realizadas por Marruecos, Portugal y Francia.
La oferta de Marruecos fue una de las primeras en llegar tras las inundaciones del 29 de octubre pasado y, una vez aceptada por las autoridades valencianas, Interior prepara ya la incorporación a las tareas de recuperación en la zona de 24 camiones y setenta operarios marroquíes que apoyarán las labores de retirada y transporte de lodos y residuos.
Por lo que se refiere a Portugal y Francia, una vez el Ministerio del Interior, a petición de la Generalitat valenciana, activó el Mecanismo de Protección Civil de la Unión Europea (UCPM, por sus siglas en inglés) el pasado 8 de noviembre, ambos países brindaron distintas maquinarias y técnicos operarios para intervenir en esas mismas labores.
Una vez aceptadas estas propuestas por la Generalitat, la Dirección General de Protección Civil y Emergencias del Ministerio del Interior gestiona la participación de una veintena de máquinas de bombeo de distintos tipos y capacidades, siete máquinas excavadoras y retroexcavadoras y dos camiones de carga facilitados por el Comando Nacional de Emergencia y Protección Civil de Portugal.
Francia, por su parte, aporta diversa maquinaria de carga y descarga de lodos y residuos y cuatro vehículos superpesados de transporte para trasladar grandes cantidades de carga hasta los puntos donde el material extraído de los pueblos anegados por la dana será destruido.
La Dirección General de Protección Civil del Ministerio del Interior analiza en estos momentos la viabilidad técnica de otras ofertas de colaboración formuladas por distintos países europeos a través del Mecanismo de Protección Civil de la Unión Europea para, en su caso, trasladarlas a la Generalitat valenciana y, si son aceptadas, gestionar su incorporación a los trabajos de recuperación y reconstrucción de las comarcas anegas por la dana.
El Gobierno ha aprobado ya medidas por un importe total de 14.373 millones de euros para hacer frente a la situación de emergencia provocada por la DANA.
La presidenta de FACONAUTO, Marta Blázquez, el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, la secretaria de Estado de Industria, Rebeca Torró, y el presidente de FOCONAUTO, Josep María Recasens
El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, acompañado por la secretaria de Estado de Industria, Rebeca Torró, se ha reunido hoy con los presidentes de ANFAC y de FACONAUTO, Josep María Recasens y Marta Blázquez, respectivamente, para preparar medidas para ayudar a las personas afectadas por la DANA en la Comunidad Valenciana a adquirir vehículos en las mejores condiciones.
En la reunión, celebrada en la sede del Ministerio de Industria y Turismo, el ministro ha analizado con los máximos representantes del sector de la automoción en España la mejor manera de poner en marcha estas medidas. El objetivo es crear una alianza con el sector para poder restablecer la movilidad de las personas afectadas por la DANA y que puedan retomar su actividad cuanto antes.
Se estima que en la Comunidad Valenciana se han perdido en torno a 100.000 vehículos, que son fundamentales para el desarrollo de la actividad diaria de muchas familias.
Por eso, el Ministerio de Industria y Turismo está trabajando diversas propuestas para poner en marcha ayudas adicionales que, complementariamente a las indemnizaciones del Consorcio de Compensación de Seguros, permitan a las familias afectadas adquirir coches en unas condiciones favorables.
Jordi Hereu ha reiterado su apoyo y solidaridad a todos los afectados por la DANA, y les ha trasladado un mensaje de confianza a las personas que han perdido sus automóviles. «Desde el Gobierno de España no vamos a dejar de trabajar, con todos los medios a nuestro alcance, para recuperar la normalidad y apoyar la reconstrucción y la transformación de todas las zonas afectadas», ha señalado.
A lo largo de estas semanas, el Gobierno ha aprobado un conjunto de medidas, por un importe total de 14.373 millones de euros, para hacer frente a la situación de emergencia provocada por la DANA en diversas regiones de nuestro país, especialmente en la Comunidad Valenciana.
El escudo social desplegado por el Gobierno ayudará a unos 400.000 trabajadores a mantener sus ingresos, a 30.000 empresas a reactivar su actividad y a 100.000 hogares a cubrir sus necesidades básicas.
Junto a medidas de carácter inmediato, se está trabajando desde el primer momento en otras actuaciones para seguir atendiendo las necesidades de la ciudadanía y las empresas y, a su vez, poner en marcha la reconstrucción y la reactivación económica de estas zonas.
El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha subrayado que la voluntad del Gobierno al aprobar las distintas líneas de ayudas para paliar los efectos de la DANA va más allá de la compensación de daños y tienen un objetivo de futuro que, en el caso de la agricultura, es que no se pierda ni una sola hectárea de producción en la Comunitat Valenciana.
El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, durante una de las reuniones con representantes del sector agroalimentario. (Pool Moncloa)
«Tenemos que compensar y ayudar, pero también pensar en el futuro», ha afirmado el ministro, quien ha añadido que el mantenimiento de la actividad agraria es fundamental para asegurar la producción de alimentos y también para la ordenación del territorio y la preservación de la naturaleza y el medio ambiente. Luis Planas ha visitado hoy Valencia, donde ha mantenido diversas reuniones con representantes del sector agroalimentario para analizar las incidencias de la dana y en las que ha explicado las medidas de apoyo específicas por valor de 444,5 millones de euros que aprobó ayer el Consejo de Ministros.
El ministro ha recordado que la DANA que afectó a la Comunitat Valenciana el pasado 29 de octubre es la peor catástrofe natural ocurrida en Europa en lo que va de siglo y que el Gobierno está absolutamente comprometido con la reparación y la reconstrucción. Las medidas aprobadas en los dos últimos Consejos de Ministros y ya en vigor tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado suman en total unos 14.000 millones de euros. «A grandes catástrofes, grandes remedios», ha apostillado. Ha señalado que se trata de un gran esfuerzo colectivo y que el Gobierno va a hacer «todo lo que haga falta y durante el tiempo que haga falta» para la recuperación de las zonas afectadas.
Luis Planas ha destacado la coordinación habida en todo momento para dar respuesta a las necesidades entre el ministerio y la consellería de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca de la Generalitat Valenciana, con cuyo titular, Miguel Barrachina, ha iniciado la ronda de reuniones. El ministro ha señalado que una de las prioridades ahora es tener acceso a las explotaciones en las que es posible aun recoger frutos. Las afecciones son muy diversas según las distintas zonas y la situación de las explotaciones, ya que algunas se encuentran en plena campaña, como los cítricos y los caquis, y otras como los viñedos ya tenían finalizada la vendimia.
El ministro se ha reunido con las organizaciones profesionales agrarias y Cooperatives Agro-alimentàries de la Comunitat Valenciana, con quienes ha abordado detalles sobre el programa de ayudas y la recuperación de la actividad en las exploraciones. En el encuentro con el Comité de Gestión de Cítricos ha tratado la importancia de que éste haya garantizado a los compradores la disposición de fruta suficiente para mantener el abastecimiento y dar seguridad al mercado. España es el origen del 70 % de los cítricos que se consumen en la Unión Europea.
En la reunión con los representantes de las comunidades de regantes, el ministro ha garantizado el compromiso del Gobierno de reparar todas las instalaciones de los sistemas de riego que se hayan visto afectadas. Una de las líneas de las ayudas aprobadas ayer en Consejo de Ministros contempla 170 millones de euros para la reparación y restauración del potencial productivo y 10 millones de euros para la reposición de maquinaria agrícola dañada.
El real decreto contempla ayudas directas por un total de 200 millones de euros para los titulares de explotaciones agrarias que hayan sufrido pérdidas de al menos el 40 % en su producción, y una línea de apoyo a la financiación mediante la bonificación de créditos y avales presupuestada en 60 millones de euros. El ministerio destina además 4,5 millones de euros a asegurar el abastecimiento de alimentos a la población de los municipios afectados por la dana.
El ministro de Economía, Comercio y Empresa ha anunciado desde Bruselas que planteará una modificación de la adenda al Plan de Recuperación «para incluir un vector específico para Valencia» y redirigir fondos europeos «hacia proyectos estratégicos que vayan más allá de la reacción inmediata».
El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, atiende a los medios de comunicación en Bruselas.
El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha informado desde Bruselas que el Gobierno activará todos los mecanismos de solidaridad europeos a su alcance para ayudar a las zonas afectadas por la Depresión Aislada en Niveles Altos (DANA). Esta decisión se enmarca en las acciones del Ejecutivo ante la catástrofe natural que ha impactado gravemente varias regiones del país.
El ministro Carlos Cuerpo ha mantenido reuniones clave con comisarios y altos funcionarios de la Comisión Europea para explorar todas las vías para el apoyo de Europa en la catástrofe. Entre otras, con el vicepresidente ejecutivo, Valdis Dombrovskis, la comisaria de Cohesión y Reformas, Elisa Ferreira, el comisario de Presupuestos, Johannes Hahn, y la secretaria general de la Comisión Europea, Ilze Juhansone.
Cuerpo ha subrayado que se pretenden activar diversos instrumentos de ayuda, incluyendo el Fondo de Solidaridad de la Unión Europea, los recursos del Banco Europeo de Inversiones (BEI), otros mecanismos disponibles como la Reserva Agrícola y se explorarán todas las opciones de flexibilidad para el uso de fondos estructurales y de cohesión.
Además, el ministro ha anunciado que se planteará una modificación de la Adenda al Plan de Recuperación «para incluir un vector específico para Valencia» y redirigir fondos europeos «hacia proyectos estratégicos que vayan más allá de la reacción inmediata. Que vayan a reconstruir, a modernizar, a tener una economía más resiliente y, por tanto, más productiva hacia adelante».
Carlos Cuerpo ha indicado que el Gobierno espera tener esa propuesta de adenda «antes de final de año».
Solidaridad, valor fundamental de la Unión Europea
El ministro también ha destacado la importancia de la colaboración con las instituciones europeas para avanzar en el acceso a estos fondos y mecanismos de solidaridad.
En ese sentido, ha valorado muy positivamente el ánimo constructivo y colaborador desde que se desencadenara la catástrofe por la DANA y que ha podido comprobar en las reuniones y contactos con comisarios y el vicepresidente de la Comisión Europea.
«La solidaridad de las instituciones europeas ha sido evidente desde el primer momento», ha dicho el ministro, lo que «refleja los valores fundamentales de la Unión Europea». «Tenemos un diagnóstico compartido de la creciente preocupación por la mayor frecuencia e intensidad de estas catástrofes naturales en los últimos años. Es crucial seguir trabajando para dotarnos de infraestructuras resilientes y una estructura productiva más competitiva», ha apuntado.
Activa inicialmente 4,2 millones de euros para los trabajos de reparación ya en marcha de los 5 kilómetros de vía afectados en Siete Aguas y Buñol, que constituyen el único acceso a varias urbanizaciones.
Trabajos de recontrucción en la N-3 tras los daños causados por la DANA.
El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha declarado de emergencia y habilitado 4,2 millones de euros para ejecutar los trabajos de reconstrucción del tramo de la N-3 gravemente dañado por las intensas lluvias caídas el 29 de octubre en la provincia de Valencia.
Los fondos activados inicialmente se destinan a financiar las actuaciones, ya en marcha, para recuperar los 5 kilómetros de la carretera afectados a la altura de los municipios de Siete Aguas y Buñol, entre los kilómetros 294 y 299. Los desperfectos se detectaron el lunes 4 de noviembre, por la dificultad para acceder tras la DANA, y el miércoles 6 de noviembre ya había máquinas trabajando sobre el terreno.
En otras, se van a llevar a cabo las siguientes actuaciones:
• La explanada arrastrada por la crecida del río.
• El firme de la carretera y señalización horizontal.
• Las obras de fábrica aterradas por los arrastres del río.
• Restituir los accesos.
• Los elementos de balizamiento, señalización vertical y sistemas de contención de vehículos que la riada ha dejado inservibles.
Las mencionadas lluvias provocaron una extraordinaria crecida del caudal del río Buñol en el tramo que discurre paralelo a la carretera N-3, provocando severos daños como los producidos en la explanada y firme de la carretera, en elementos de ésta como sus sistemas de drenaje o barreras de contención de vehículos, y desprendimientos en sus taludes de desmontes.
El estado descrito representa, por tanto, un grave peligro para la seguridad vial de una carretera que constituye el único acceso a varias urbanizaciones y a una serie de edificaciones de uso residencial pertenecientes a los municipios de Siete Aguas y Buñol, que, de facto, han quedado aislados.
Esta inversión se suma a la emergencia ya aprobada la semana pasada de 24,8 millones de euros para abordar los trabajos de reconstrucción de la colapsada estructura de paso de la A-7 sobre el Barranco del Gallego del Poyo, y las carreteras N-322 y N-330, en las provincias de Valencia y Cuenca.
La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha mantenido un encuentro telemático con representantes del Consejo General de la Arquitectura Técnica y del Colegio de Arquitectos Técnicos de Valencia.
La ministra de ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, durante el encuentro.
Durante el encuentro, Isabel Rodríguez ha hecho hincapié en rehabilitar las viviendas afectadas con elementos estructurales que disminuyan el impacto de futuros fenómenos meteorológicos adversos.
En la reunión, la ministra y el Consejo han explorado vías de colaboración con el fin de agilizar los trámites administrativos necesarios para el acceso a las ayudas que ha desplegado el Gobierno de España para paliar las consecuencias de la DANA. La ministra, a su vez, se ha puesto a disposición, y también los equipos técnicos del Ministerio, para todos aquellos asuntos que puedan precisar.
Isabel Rodríguez ha estado acompañada en la reunión por Iñaqui Carnicero, secretario general de Agenda Urbana, Vivienda y Arquitectura. Por parte de CGATE ha acudido a la reunión su presidente, Alfredo Sanz, y, por parte de COAT, su presidente, Vicente Terol.
El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, acompañado por la secretaria de Estado de Comercio, Amparo López, ha mantenido reuniones con representantes de las patronales empresariales, con los sectores afectados y con la Cámara de Comercio de Valencia para escuchar el estado de situación en el que se encuentra y explicar el detalle del primer Plan de respuesta a los afectados por la DANA.
Por la tarde, el ministro ha estado en contacto con los sindicatos para pulsar también sus preocupaciones.
El ministro ha señalado que es importante trabajar todos juntos y mantener la línea de contacto que se viene produciendo desde el Gobierno desde el primer momento de la catástrofe y que ha dado lugar a una rápida respuesta articulada en el primer paquete de medidas.
Este primer paquete pone a disposición cerca de 4.500 millones de euros en ayudas para autónomos y empresas, entre ayudas directas y Avales DANA del Instituto de Crédito Oficial.
Todos los interlocutores valencianos han agradecido la rápida respuesta y han detallado la información de que disponen para que las medidas que se están articulando sean lo más efectivas posibles.
Carlos Cuerpo ha señalado que el compromiso del Gobierno de España es apoyar a los afectados “el tiempo que sea necesario y en la cantidad que sea necesaria”.
El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, en el Pleno del Congreso de los Diputados
Daños causados por la DANA en Valencia.
La presidenta de FACONAUTO, Marta Blázquez, el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, la secretaria de Estado de Industria, Rebeca Torró, y el presidente de FOCONAUTO, Josep María Recasens
El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, atiende a los medios de comunicación en Bruselas.
Trabajos de recontrucción en la N-3 tras los daños causados por la DANA.
La ministra de ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, durante el encuentro.
