Viernes, 9 de enero de 2026

No le condena al pago de los 36 millones de euros que le reclamaban puesto que una cláusula contractual ya preveía la adjudicación de participaciones como mecanismo sustitutivo del pago en caso de incumplimiento

Autor Comunicación Poder Judicial

El Tribunal de Instancia de Guadix, en su plaza número 2, ha dictado una sentencia en la que se resuelve el conflicto instado por la Compañía Minera del Marquesado SL en liquidación contra Minas de Alquife Holding BV y otras partes por el presunto incumplimiento de un contrato de compraventa de participaciones sociales y derechos mineros, así como por la nulidad de determinadas cláusulas contractuales y, subsidiariamente, la resolución del contrato.

El magistrado Alfonso Peralta resuelve en la resolución que el incumplimiento contractual deMinas de Alquife Holding BV ha quedado probado, al no haberse realizado los pagos pactados ni la adjudicación efectiva de las participaciones de la sociedad comercializadora a los vendedores. Sin embargo, el tribunal subraya que, existiendo una cláusula contractual que prevé la adjudicación de participaciones como mecanismo sustitutivo del pago en caso de incumplimiento, no procede condenar al pago de los 36 millones que se reclamaban, sino que deben desplegarse los efectos pactados en dicha cláusula.

El litigio tiene su origen en la transmisión, en 2011, por Compañía Minera del Marquesado SL de participaciones sociales y derechos mineros de la sociedad Minas de Alquife SL y otros titulares a favor de Minas de Alquife Holding BV. Posteriormente, en 2014, las partes suscribieron una novación modificativa del contrato, estableciendo nuevas condiciones de pago y garantías, entre ellas la creación de la sociedad Comercializadora del Zenete SL para la comercialización de los lodos.

En su demanda, Compañía Minera del Marquesado SL alegó el incumplimiento de las obligaciones de pago por parte de la compradora, reclamando el abono de más de 36 millones de euros, la nulidad de la cláusula segunda de la novación por considerarla abusiva, y, de forma alternativa, la resolución contractual y la restitución de los derechos transmitidos, así como daños y perjuicios, frutos y rentas.

El juzgado declaró probado el incumplimiento contractual por parte de Minas de Alquife Holding BV, al no haberse realizado los pagos pactados ni la adjudicación efectiva de las participaciones de la sociedad comercializadora a los vendedores, conforme a la cláusula 2.3 de la novación. Sin embargo, el tribunal subraya que, existiendo una cláusula contractual que prevé la adjudicación de participaciones como mecanismo sustitutivo del pago en caso de incumplimiento, no procede condenar al pago de los 36 millones que se reclamaban, sino que deben desplegarse los efectos pactados en dicha cláusula.

Respecto a la petición de nulidad de la cláusula segunda, el tribunal rechaza su carácter abusivo, al tratarse de un pacto específico, negociado y aprobado en junta general, sin que concurran los requisitos de condición general de la contratación ni de consumidor.

Por tanto, la sentencia estima parcialmente la demanda, declarando el incumplimiento contractual de Minas de Alquife Holding BV y ordenando que se apliquen las consecuencias previstas en la cláusula 2.3 de la novación, esto es, la adjudicación directa a los vendedores del 89% de las participaciones de Comercializadora del Zenete SL. Se desestima la demanda respecto al resto de codemandados, acordando su absolución. En materia de costas, se impone a la parte actora 9/10 partes de las costas del procedimiento.

Contra la sentencia cabe recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Granada en el plazo de veinte días desde la notificación.

5 enero, 2026

USO

• La contratación de diciembre se concentra en menores de 25 años con empleo temporal

El paro bajó en diciembre menos que en los diciembres anteriores, hasta las 2.408.670 personas inscritas en el desempleo. España cierra el año con 152.048 parados menos, lo que supone un dato positivo, y también con 21,7 millones de afiliaciones a la Seguridad Social, medio millón más que en 2024. Otro dato que, en bruto, también resulta positivo.

“Nos alegramos de estas tendencias al alza en la creación de empleo, pero no somos conformistas porque no nos gusta cómo es ese empleo cuando rascas un poco más en las cifras”, resume Joaquín Pérez, secretario general de USO.

Así, en los últimos cuatro años, la creación de empleo se ha sustentado, sobre todo, en la contratación parcial. “Y un dato que es consecuencia no querida de esto es que han subido, especialmente, las afiliaciones de mujeres a la Seguridad Social. No hace falta recordar quiénes son las contratadas de forma parcial en tres cuartos de las ocasiones. Pero lo más preocupante es que en muchas informaciones, incluso en la presentación de los datos, se habla de personas trabajando en España. Nosotros somos muy claros al hablar de afiliaciones. Porque hay muchas más afiliaciones que personas trabajando, hay muchas personas con dos y tres afiliaciones, y es precisamente por la suma de varios contratos parciales que, en muchos casos, ni siquiera suman una jornada completa”, denuncia Pérez.

Ni tampoco mejora, a criterio del secretario general de USO, la base sobre la que se asienta el mercado laboral. “Algo que no ha cambiado en décadas es el sistema productivo. Y seguimos hablando de verano, campañas navideñas, rebajas… ese empleo se ha creado en diciembre. Con respecto al mes pasado, ha descendido la contratación indefinida en 76.000 personas, pero ha crecido la temporal en 10.000. ¿Y entre quiénes han crecido? Entre los menores de 25 años. Es decir, el mismo relato de siempre: contratos basura para jóvenes de vacaciones en el comercio y en la hostelería”.

Joaquín Pérez pide “ambición política y compromiso por parte de todas las fuerzas que nos representan en las Cortes. No podemos vivir en un clima permanentemente electoralista. Los problemas de las personas no se resuelven solos, y pasan por reforzar el sistema productivo con una apuesta decidida por la industria y la innovación; una legislación laboral de consenso que cree empleo estable, completo e indefinido; y, en resumen, que 2026 sea el año donde el trabajo, los salarios y los precios básicos centren el debate y las propuestas parlamentarias”.

08/01/2026 

Registradores

El Colegio de Registradores presenta, con esta nota informativa, un avance de datos provisionales de la Estadística Registral Inmobiliaria correspondiente al mes de noviembre de 2025, con datos proyectados sobre el 92,1% de los registros analizados. En la presente nota se sintetiza la evolución de las compraventas e hipotecas respecto al mismo mes de 2024.

Los datos provisionales muestran que durante el mes de noviembre de 2025 se han registrado unas 114.750 compraventas de inmuebles, con un incremento del 8,1% respecto a noviembre de 2024. De ellas, algo más de 58.500 han sido compraventas de vivienda, con un incremento anual un poco más bajo, del 7,1%. Estos datos suponen un repunte frente a la estabilización observada desde los meses de verano.

Por su parte, las hipotecas han experimentado un incremento mayor, al constituirse más de 56.000 hipotecas totales, con un incremento interanual del 9,6%. Más de 43.200 de esas hipotecas se han constituido sobre viviendas, lo que a su vez supone un incremento del 10,6% respecto al mismo mes del año pasado.

Todas las comunidades y ciudades autónomas excepto tres han registrado incrementos de compraventas totales durante el mes de noviembre. Entre los incrementos destacan por encima del 20% Melilla (32,2%), Cantabria (31,9%), País Vasco (28,5%) y Murcia (21,8%). Por su parte, solamente Madrid (-9,9%), Aragón (-1,4%) y Baleares (-0,9%) han sufrido descensos. Atendiendo exclusivamente a las compraventas de vivienda, los mayores incrementos han sido en Melilla (33,3%), Canarias (27,9%) y Murcia (21,8%), mientras que los únicos descensos se dieron en Madrid (-11,1%), Asturias (-5,9%) y Baleares (-0,3%).

En términos absolutos, Andalucía, Valencia y Cataluña han superado las 15.000 compraventas totales, con Andalucía superando las 21.000. En cuanto a las compraventas de vivienda, las mismas comunidades ocupan los primeros puestos, con Andalucía cerca de 12.000 operaciones.

Por su parte, el número de hipotecas constituidas sobre todo tipo de inmuebles ha aumentado en catorce comunidades y ciudades autónomas. Los mayores incrementos se han podido observar en Cantabria (64,4%), Castilla y León (25,9%), Ceuta (21,5%) y País Vasco (20,5%), mientras que las mayores disminuciones en el número de hipotecas totales se han producido en Melilla (-26,2%), Madrid (-8,6%) y Navarra (-5,3%).

Centrándonos en las hipotecas sobre vivienda, también se han producido aumentos en catorce comunidades, destacando entre ellas, con tasas por encima del 20%, Cantabria (49,2%), Ceuta (32,7%), Valencia (24,1%) y Andalucía (20,0%). Por su parte, los mayores descensos se han producido en Aragón (-9,0 %), Navarra (-6,3%) y Madrid (-5,1%).

En cuanto al número absoluto de hipotecas, Andalucía, Cataluña y Madrid han superado las 8.000 hipotecas sobre todo tipo de inmuebles, destacando Andalucía con más de 11.200, mientras que en hipotecas de vivienda Andalucía casi ha alcanzado las 9.000 constituciones.

A continuación, se presenta la evolución durante los últimos doce meses de las tasas de variación del número total de compraventas, compraventas de vivienda, constituciones totales de hipoteca y constituciones de hipoteca sobre vivienda.

Tras una sólida tendencia al alza registrada en los primeros meses del periodo, el mercado comenzó a mostrar una moderación gradual con ciertas fluctuaciones. A partir de agosto se observó una ralentización en las compraventas, que parece romperse en el último mes, con una subida considerable. La evolución ha mostrado escasas diferencias entre el número total de compraventas y las correspondientes a vivienda. No obstante, en los últimos meses se aprecia un comportamiento menos favorable en las operaciones de vivienda frente al conjunto total.

En cuanto al número de hipotecas constituidas, la moderación de la serie se ha producido con retraso respecto a las compraventas y en mucha menor medida, mientras que el repunte de noviembre ha sido superior al de las compraventas, tanto en las hipotecas sobre todo tipo de inmuebles como sobre viviendas, encadenando 17 meses consecutivos de subidas.

7 de enero de 2026

mineco.gob.es

• El Anteproyecto de Ley regula los créditos al consumo, entre los que se encuentran los micro-créditos, las tarjetas revolving o los préstamos rápidos en plataformas digitales.
• Entre las principales novedades destaca la introducción de medidas de limitación de los tipos de interés con el objeto de prevenir el sobrendeudamiento y otorgar seguridad jurídica a todos los operadores. 
• Todos los prestamistas de este tipo de créditos deberán estar autorizados y supervisados por el Banco de España, y se crea una categoría de prestamistas de alto coste cuya actividad queda limitada solo a créditos de bajo importe, plazo de reembolso reducido y tipos elevados, que tendrán topes específicos. 
• La regulación propuesta transforma el mercado de créditos de alto coste al establecer un periodo mínimo de reembolso de estos préstamos (al menos 3 cuotas mensuales) y reducir el coste total soportado por el consumidor, junto a exigencias de más información con una antelación mínima de 24 horas a la contratación, que permita tomar una decisión plenamente informada.
• Con la entrada en vigor de la normativa el crédito de alto coste deberá ser reembolsado en un mínimo de tres meses con un coste máximo de 40 euros. Si el consumidor decide reembolsar a los 30 días, el coste será de 20 euros. 
• En la publicidad de estos créditos, se establece la prohibición de destacar la facilidad o rapidez con la que se puede obtener un préstamo de alto coste sobre el resto de sus características esenciales, tales como tipología y coste total del crédito.

El Consejo de Ministros ha aprobado este miércoles el Anteproyecto de Ley que regula los créditos al consumo, entre los que se encuentran los micro-créditos, las tarjetas revolving o los préstamos rápidos en plataformas digitales, y eleva la protección financiera de las familias.

Este es un mercado que ha cambiado profundamente en los últimos años, de la mano de la digitalización que favorece la aparición de nuevos actores y modelos de negocio, por lo que es necesario reforzar la protección de los consumidores, sobre todo de los más vulnerables, pero también dar seguridad jurídica a los operadores para garantizar unas reglas homogéneas y predecibles.

El Anteproyecto de Ley aprobado se somete desde hoy a Audiencia Pública junto con el proyecto de Real Decreto de desarrollo para presentación de alegaciones por parte de los agentes interesados hasta el 30 de enero. Esta norma transpone las Directivas europeas sobre créditos al consumo y servicios financieros a distancia.

Límites a los costes

Entre las principales novedades destaca la introducción de medidas de limitación de costes con el objeto de prevenir el sobrendeudamiento y otorgar seguridad jurídica a todos los operadores. Otros países europeos tienen implementadas medidas de limitación de costes similares.

En primer lugar, se establece un régimen general de limitación de costes, de tal forma que la TAE no supere un determinado nivel de tipo de interés máximo. El límite general se fijará a partir del tipo de interés medio del crédito al consumo al que se le añade un margen que se establece por tramos de importe del crédito en el desarrollo reglamentario. Los segmentos y márgenes previstos en los textos sometidos a Audiencia Pública y el tipo de interés resultante (considerando el tipo TAE medio de crédito de octubre de 2025) son:

• Para importes iguales o inferiores a 1.500 euros, 15 puntos porcentuales.
• Para importes superiores a 1.500 e inferiores a 6.000 euros, 10 puntos porcentuales.
• Para importes superiores a 6.000 euros, con plazo de vencimiento inferior a 8 años, 8 puntos porcentuales.
• Para importes superiores a 6.000 euros, con plazo de vencimiento superior a 8 años, 6 puntos porcentuales.

Los límites se actualizarán y publicarán trimestralmente por el Banco de España y de forma anticipada al trimestre de aplicación.

Hasta la entrada en vigor del Real Decreto que fije estos tramos, el Anteproyecto de Ley establece un límite máximo transitorio, del 22%, aplicable a las nuevas operaciones formalizadas tras su entrada en vigor. Además, este límite será aplicable también a la liquidación de las operaciones de tarjetas revolving existentes.

Transformación del mercado de créditos de alto coste

Además, se establece un segundo régimen de limitación de tipos como parte de una regulación integral de los créditos de alto coste. Estos créditos (de bajo importe, plazo de reembolso reducido y tipos elevados) responden a una necesidad de financiación de consumidores que a menudo no son atendidos por otros operadores.

La regulación propuesta transforma este mercado al establecer un periodo mínimo de reembolso de estos créditos (al menos 3 cuotas mensuales) y reducir el coste total soportado por el consumidor, que se limita a un tipo de interés mensual del 4% y una comisión máxima del 5% sujeta a un máximo de 30 euros. Además, el coste máximo de estos créditos no podrá ser superior al de un crédito a doce meses por el mismo importe bajo el régimen general. Así, un microcrédito de 300 euros y un plazo de 30 días le supone hoy al consumidor un coste promedio de 103 euros. Con la entrada en vigor de la normativa el crédito de alto coste deberá ser reembolsado en un mínimo de tres meses con un coste máximo de 40 euros. Si el consumidor decide reembolsar a los 30 días, el coste será de 20 euros.

Este régimen de protección del consumidor se complementa con unas mayores obligaciones de conducta a los prestamistas de alto coste. Los prestamistas autorizados a conceder este tipo de créditos estarán obligados a proporcionar una información específica y reforzada con una antelación mínima de 24 horas que permita tomar una decisión plenamente informada, así como mayores requisitos de publicidad de estos créditos, entre otros.

En concreto, en la publicidad, se establece la prohibición de destacar la facilidad o rapidez con la que se puede obtener un crédito de alto coste sobre el resto de sus características esenciales, tales como tipología y coste total del crédito.

Registro y supervisión del Banco de España

Otra de las novedades de la normativa es que solo podrán conceder préstamos al consumo las entidades financieras registradas y supervisadas por el Banco de España. Con el objeto de aumentar la concurrencia y dar entrada a los operadores no regulados hasta la fecha, se crean dos nuevas figuras: los Establecimientos Financieros de Crédito de Ámbito Limitado (EFCAL) y los prestamistas de alto coste autorizados.

Los EFCAL tendrán un régimen simplificado basado en el de los establecimientos financieros de crédito (EFC), sin requerimientos prudenciales, que permita promover la competencia y la innovación en este mercado. Los prestamistas de alto coste autorizados tendrán su actividad limitada a créditos de alto coste. El objetivo es profesionalizar un segmento de crédito no atendido por otras entidades reguladas.

Para reforzar la evaluación de solvencia y prevenir el sobreendeudamiento de los consumidores, se exige la consulta obligatoria del prestamista al historial crediticio del cliente y se prevé que la consulta a bases de datos sea obligatoria atendiendo a la tipología de créditos o importe contratado. Para el caso de créditos de alto coste, se prevé que dicha consulta sea obligatoria.

Mientras, las empresas que vendan otros productos o servicios y quieran ofrecer financiación (concesionarios, grandes almacenes de muebles o electrodomésticos…) lo tendrán que hacer como préstamos sin intereses.

Una de las claves principales de la nueva ley es que los contratos de crédito concedidos por operadores que no cuenten con la debida autorización serán nulos.

Más transparencia

El anteproyecto también contempla otras medidas adicionales de protección al consumidor: se refuerza la transparencia en la información que se entrega al consumidor, obligando a que los elementos esenciales de la información precontractual queden destacados en una página y se crea la figura de servicios de asesoramiento de deudas consistente en la prestación de servicios de asesoramiento financiero, asistencia jurídica o psicológica y social para deudores en dificultades. También se refuerzan los derechos del consumidor en casos de reembolso anticipado y en la comercialización de créditos con ventas vinculadas o combinadas de productos financieros, en particular de seguros.

Por último, el anteproyecto también transpone la directiva de servicios financieros a distancia mediante la modificación del Texto Refundido de la Ley General de Defensa de Consumidores y Usuarios. A este respecto, las principales novedades que se introducen refuerzan la transparencia y protección del consumidor, destacando la obligación de establecer una función de desistimiento en la interfaz en línea, así como, desarrollar medidas para abordar las “dark patterns» — técnicas de diseño de la interfaz que distorsionan la toma de decisiones de los consumidores.?

Trabajo y Economía Social – 5.1.2026

Las personas menores de 25 años marcan mínimos con 176.852 desempleados y desempleadas registradas.

El número de personas desempleadas registradas en las Oficinas del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), al finalizar el mes de diciembre de 2025, se redujo en 16.291 personas en relación con el mes anterior (-0,67%).

Con este descenso, el paro registrado se ha situado en un total de 2.408.670 personas.

En términos interanuales, el paro ha descendido en 152.048 personas (-5,94%) y suma 56 meses de caídas interanuales consecutivas.

El paro por sectores económicos

El paro registrado desciende en los sectores de Servicios en 14.287 personas (-0,81%) y en Agricultura en 1.531 personas (-2,03%) y entre el colectivo Sin Empleo Anterior en 7.725 personas (-3,37%).

Aumenta, por el contrario, en Construcción en 5.568 personas (3,23%) e Industria en 1.684 personas (0,90%).

El paro por sexo y edad

El desempleo femenino disminuye en diciembre en 22.096 mujeres (-1,51%) y se sitúa en un total de 1.443.999 respecto al mes de noviembre. Respecto al mismo mes del año anterior, el paro femenino cayó en 87.563 mujeres (-5,72%).

El desempleo masculino se sitúa en 964.671 al ascender en 5.805 hombres (0,61%). Respecto a diciembre de 2024, el paro masculino baja en 64.485 hombres (-6,27%).

El desempleo de los jóvenes menores de 25 años desciende en el mes de diciembre en 11.470 personas (-6,09%) respecto al mes anterior. Hay un total de 176.852 jóvenes registrados. Es la menor cifra de la serie histórica.

El paro por comunidades autónomas

El paro registrado en diciembre de 2025 baja en 10 Comunidades Autónomas. Las mayores caídas en cifras absolutas se producen en: Andalucía (-12.271 personas), Comunidad Valenciana (-2.173 personas) y Comunidad de Madrid (-1.504 personas).

Contratación

El número total de contratos registrados durante el mes de diciembre ha sido de 1.230.356. De este total 458.808 contratos de trabajo son de carácter indefinido y representan el 37,29% de todos los contratos.

Prestaciones por desempleo en noviembre 2025

El total de personas beneficiarias existentes al final del mes de noviembre se situaron en 1.838.267.

La cobertura del sistema de protección por desempleo durante el mes de noviembre de 2025 ha sido del 81,16%, la mayor en un mes de noviembre de la serie histórica.

El gasto medio mensual por persona beneficiaria, sin incluir el subsidio agrario de Andalucía y Extremadura, en el mes de noviembre de 2025 ha sido de 1.464,5 euros lo que supone un aumento sobre el mismo mes del año anterior de 334,5 euros (29,6%).

La inversión total de noviembre de 2025 ascendió a 2.037,21 millones de euros.

Lunes, 15 de diciembre de 2025

Ministerio de Hacienda

En los últimos meses se han publicado contenidos en Internet advirtiendo sobre un supuesto impacto en los ciudadanos de nuevas obligaciones informativas de la Agencia Tributaria en relación con los pagos por transferencia instantánea (Bizum o sistemas equivalentes). 

Se trata de informaciones incorrectas, como se ha venido trasladando desde el Ministerio de Hacienda y la Agencia Tributaria. 

A continuación, se informa sintéticamente, en formato pregunta-respuesta, sobre el alcance y contenido de esta declaración informativa: 

¿En qué consiste la nueva información sobre Bizum a suministrar a la Agencia Tributaria? 

A partir de febrero de 2026, las entidades financieras informarán mensualmente a la Agencia Tributaria de la facturación acumulada en cada mes y realizada a través de Bizum por empresarios y profesionales. 

¿Cuándo se ha aprobado esta modificación? 

En abril de 2025. Desde entonces se ha mantenido un contacto permanente con las entidades financieras y se ha venido informando desde la Agencia Tributaria del alcance limitado de esta modificación en relación con los pagos con Bizum.

¿Qué información debe suministrarse? 

Las entidades financieras deberán informar mensualmente de: 

• La identificación completa de los empresarios o profesionales adheridos al sistema de gestión de cobros a través de Bizum o sistemas equivalentes
• Número de comercio con el que operan
• Terminales de venta
• Importe mensual facturado con Bizum
• Identificación de las cuentas bancarias o de pago a través de las que se efectúen los cobros por parte de los empresarios y profesionales

¿Deben declararse los ‘bizums’ entre particulares? 

No. Solo deben declararse los cobros recibidos por empresarios y profesionales establecidos en España. Quedan así excluidos los cobros entre particulares. 

¿A los particulares les afecta en algo esta obligación informativa de los bancos? 

No. Los bancos reportarán a la Agencia Tributaria información mensual acumulada de cada empresario o profesional, no se remitirá la información operación a operación.

Inclusión, Seguridad Social y Migraciones – 5.1.2026

La ocupación crece muy por encima de la media (11,8%) tanto entre los jóvenes menores de 30 años como entre los mayores 55, más de un 23% desde antes de la reforma laboral.

• El mercado laboral suma más de medio millón de afiliados en los últimos doce meses (506.451 en la serie original) y en los últimos cuatro años, desde la entrada en vigor de la reforma laboral, acumula más de dos millones de afiliados más.

En diciembre, la Seguridad Social ha sumado 19.180 afiliados en términos medios y se acerca a los 21,9 millones. En concreto, ha alcanzado los 21.844.414 afiliados en la serie original, el tercer mejor mes de la historia, solo superado por los meses de junio y julio de este mismo año. La tasa interanual ha sido del 2,4%.

En términos desestacionalizados, se han registrado 33.076 afiliados más solo en el último mes y 507.922 afiliados más en los últimos doce meses, hasta alcanzar un total de 21.871.328, el nivel más elevado de la serie histórica.

«Nueve de cada diez afiliados son indefinidos, la buena marcha del mercado de trabajo no solo supone más empleo; sino que es de mayor calidad. Antes de la reforma laboral, tres de cada diez ocupados tenían un contrato temporal», ha indicado la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz.

Por su parte, los registros diarios se han mantenido la mayoría de los días muy por encima de los 21,8 millones, llegando a superar los 21,9 millones el día 11 de diciembre.

El número de mujeres afiliadas a la Seguridad Social continúa en cifras históricamente altas, con 10.352.780 de media en diciembre. Son 243.578 ocupadas más que hace un año. La mejoría en el empleo de las mujeres es del 13,4% desde el año previo a la reforma laboral, 3 puntos más alta que la de los hombres.

La cifra de trabajadores extranjeros se mantiene en máximos y roza los 3,1 millones de afiliados. Este colectivo representa el 14,1% del total en el mes de diciembre.

Datos por edades

Por edades, tanto la ocupación de los jóvenes como la de los mayores, de 55 años y más, ha crecido por encima del 23% desde antes de la reforma laboral: 26,7% entre los menores de 30 años y un 23,7% en los de 55 años y más; mientras que el crecimiento conjunto de la media del mercado laboral está en el 11,8%.

Sectores altamente productivos

En los últimos doce meses, han sumado afiliados la práctica totalidad de las actividades del Régimen General de la Seguridad Social. Este incremento es particularmente significativo en Transporte y Almacenamiento (+6,9%), Agricultura, Ganadería, Caza, Silvicultura y Pesca (+5,4%), Actividades Artísticas, Recreativas y de Entretenimiento (+5,3%), Suministro de Agua (+5,1%), Construcción (+4,6%) Actividades Inmobiliarias (4%) y Educación (+3,9%).

Destaca la mejoría en actividades de alto valor añadido, como son Información y Comunicación (+3,2%) y Actividades Profesionales Científicas y Técnicas (+2,9%), cuyas bases medias de cotización y su nivel de estabilidad es superior al de la media.

Dentro de estas actividades altamente productivas son Programación, Consultoría e Informática (+36,2% desde la reforma laboral) y las relativas a Sedes Centrales y Consultoría Empresarial (+30,5%) las que más crecen.

Autónomos

El número de trabajadores autónomos se mantiene en cifras récord, por encima de los 3,4 millones (RETA y SETA), con 3.425.767 trabajadores por cuenta propia, 39.002 más que hace un año, lo que supone un crecimiento del 1,2%.

A lo largo de 2025, la afiliación de trabajadores por cuenta propia ha crecido de forma especialmente pronunciada en Información y Comunicación y en Actividades Inmobiliarias con 10,4% y 8,2%, respectivamente. También crece de forma destacada: Suministro de Energía Eléctrica (+7,6%), Educación (+5%), Actividades Sanitarias (+4,8%) y Actividades Profesionales, Científicas y Técnicas, que suma un 4,7% de ocupados.

Los nuevos autónomos de Información y Comunicación y en Actividades Profesionales, Científicas y Técnicas suman 24.935, el 63,9% del empleo creado en este Régimen Especial de Trabajadores Autónomos en el último año.

Mayor crecimiento del empleo que los países de nuestro entorno

El mercado de trabajo en España (+10,7%) sigue marcando un ritmo de crecimiento superior al de otras economías europeas (Italia, +6%; Francia, +2,1%; Alemania, +1,4%), con referencia a datos de finales de 2021, antes de la entrada en vigor de la reforma laboral.

Más estabilidad

Desde diciembre de 2021, se ha producido una gran transformación en los tipos de contratos de nuestro mercado de trabajo: hay 4.179.738 más con contrato indefinido y 2.141.171 afiliados menos con contrato temporal. Cada vez hay más empleos estables, con más derechos y mejores salarios. El mayor incremento se produce entre los contratos indefinidos con jornada a tiempo completo, con 310.200 más que hace un año. Mientras que los contratos a tiempo parcial aumentan en 83.763.

El peso de los trabajadores temporales se encuentra en el 12,3%, frente al 30,2% que suponía en 2018. Esta mejoría es aún más destacable entre los trabajadores menores de 30 años, que tienen una tasa de temporalidad del 20,7% cuando hace siete años tenían una superior al 46,4%.

05 Enero 2026

El mercado laboral español cierra diciembre con un incremento medio de 19.180 cotizantes y una reducción de 16.291 desempleados, impulsado por la campaña navideña.

Pese a esta evolución positiva, la desaceleración respecto al periodo prepandemia -2014 a 2019-, cuando la afiliación crecía en promedio en 64.323 personas y el paro descendía en 58.991, es evidente. Aun así, la afiliación a la Seguridad Social se mantiene en cifras históricas, acercándose a los 21,9 millones de personas.

Entre los datos conocidos este lunes, CEOE quiere destacar que las mujeres superan los 10,3 millones de afiliadas, continuando en cotas históricamente altas y representando el 47,39% del total de trabajadores, con un crecimiento interanual superior a la media que también se produce en los menores de 30 años y en los mayores de 55.

Por su parte, el Régimen de Autónomos registra un aumento de 1.288 personas en diciembre y de 39.002 en términos interanuales, aunque sectores como el comercio sufren una caída de 13.194 afiliados respecto al mismo mes del año anterior, que evidencian las dificultades asociadas también a un relevo generacional.

Dificultades para las pymes

Las pequeñas empresas, que constituyen el núcleo del tejido empresarial, enfrentan además crecientes dificultades derivadas del aumento de costes y la falta de seguridad jurídica, mientras que las grandes compañías compensan la pérdida de empleo en microempresas, cuya participación ha caído del 21,61% en 2019 al 18,29% en noviembre de 2025, último dato disponible.

Asimismo, en términos interanuales, se observa la incidencia negativa de los cambios normativos y las sucesivas subidas del SMI en sectores específicos como el agrario y el servicio doméstico, que pierden en el último año 19.167 y 10.966 afiliados, respectivamente. En materia de contratación, la estabilidad laboral se consolida, con nueve de cada diez afiliados indefinidos, lo que pone de relieve el impacto positivo de la Reforma laboral de 2021, con especial incidencia en mujeres y jóvenes, gracias al compromiso de las empresas, que contrasta con la elevada temporalidad del sector público. En diciembre se firmaron 458.808 contratos indefinidos, el 37,29% del total.

Por otro lado, insistimos en que España mantiene una tasa de paro muy superior a la media europea, con 2.408.670 personas desempleadas, y, al mismo tiempo, un alto volumen de vacantes sin cubrir, especialmente en perfiles cualificados.

Esta situación refleja discrepancias insostenibles y evidencia la necesidad de reforzar las políticas de orientación, formación e inmigración para garantizar la competitividad y nuestro sistema de protección social.

El problema de la productividad

Pese al crecimiento económico y la resiliencia del empleo, la productividad por persona ocupada muestra una preocupante caída: en el tercer trimestre de 2025 es un 3,6% inferior a la de finales de 2019. La productividad por hora trabajada, aunque con registros algo mejores, solo creció un 0,9% en los tres primeros trimestres de 2025 respecto al mismo periodo de 2024.

Este deterioro se vincula a la reducción de la jornada media efectiva, que para asalariados del sector privado se situó en 30,9 horas semanales, según la EPA, dato extraordinariamente preocupante debido principalmente al incremento sostenido de los procesos de incapacidad temporal por contingencias comunes y la regulación deficiente en materia de permisos, que lejos de cumplir su finalidad protectora, está propiciando distorsiones e inseguridad jurídica.

Por todo ello, en un contexto marcado por tensiones geopolíticas e incertidumbre, es imprescindible promover políticas que impulsen la productividad y la competitividad propiciando:

1. La contención de cargas impositivas y costes laborales.

2. El impulso de la negociación colectiva como pilar fundamental de nuestras relaciones laborales y herramienta de flexibilidad y adaptabilidad de las personas trabajadoras y la gestión empresarial.

3. El refuerzo de la formación y orientación profesional y retención y atracción del talento nacional e internacional.

Lunes, 5 de enero de 2026

Al analizar un recurso de apelación, la Sala de lo Penal del TSJC detecta que el letrado citó al menos siete resoluciones del Tribunal Supremo y un informe del CGPJ que no aparecen en las bases de datos. El Tribunal cree que el letrado incluyó “sin mayor revisión”, resoluciones judiciales “que el algoritmo le propuso”

Autor Comunicación Poder Judicial

La Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha acordado investigar una posible falta a la buena fe procesal de un abogado que presentó un recurso de apelación en el que citaba jurisprudencia e informes oficiales presuntamente generados por herramientas de inteligencia artificial. 

La Sala de lo Penal notificó en pasados días la sentencia que confirma la absolución de un vecino de la isla de Tenerife que fue juzgado en julio de este año ante la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, acusado de agresión sexual. 

La sentencia, de la que es ponente el presidente del TSJC, desestima el recurso de la acusación particular contra la absolución, y detecta que el abogado de esta parte incluyó en su recurso diversas citas de jurisprudencia supuestamente “espurias” o “apócrifas”, además de una referencia a un informe del Consejo General del Poder Judicial sobre la credibilidad del testimonio infantil del que, de igual forma, el Tribunal “tampoco tiene constancia de que exista”. 

A juicio de la Sala, tales hallazgos “parecen evidenciar una conducta reveladora de la palmaria negligencia de quien, tenido por experto en normas procesales y respetuoso con los principios deontológicos de su profesión, fio su trabajo, sin mayor revisión, a lo que el algoritmo le propuso, omitiendo la diligencia de verificar la existencia de lo que citaba, confiando acaso en que la abundancia de referencias no solo pasaría inadvertida a este Tribunal, sino que infundiría autoridad a sus asertos (probablemente de idéntica factura que las citas)”. 

En consecuencia, con la detección de estas supuestas irregularidades, la Sala ordena formar pieza separada “a fin de depurar las responsabilidades en que haya podido incurrir el letrado (…) a tenor de lo dispuesto en el artículo 247, apartados 3 y 4, de la Ley 1/2000 de Enjuiciamiento Civil en relación con los artículos 552 y siguientes de la Ley Orgánica del Poder Judicial”. 

“Libérrima creatividad” 

La normativa invocada se refiere a un posible ilícito por vulneración de las reglas de la buena fe procesal, que puede derivar en una multa si se determina que el profesional ha actuado con mala fe o ha faltado al respeto debido al Tribunal, sin perjuicio, además, de dar traslado de los hechos al colegio profesional respectivo por si pudiera proceder la imposición de algún tipo de sanción disciplinaria. 

El Tribunal refiere en la sentencia que en el recurso de apelación presentado por el letrado se detectó la cita de, al menos, siete sentencias del Tribunal Supremo “ajenas a cuanto esta Sala ha alcanzado a verificar en las bases de datos disponibles”. Expone que en el texto se encontraron “otras muchas de similar factura” que “constituyen asimismo ejercicio de libérrima creatividad jurídica”, añadiendo que el abogado las “desgrana” a lo largo de su escrito “con soltura y desparpajo”. 

Igualmente, la resolución enfatiza que el Tribunal “tampoco tiene constancia de que exista un informe del Consejo General del Poder Judicial sobre la credibilidad del testimonio infantil de 2019” del que también se extracta un pasaje en el recurso “con la precisión de quien copia de un original que reposa sobre su escritorio o lo extrae de un archivo informático.” 

Añade el Tribunal que la presunta falta del profesional, “lejos de consistir en un mero desliz o error venial, por su reiteración, merece ser depurada”, por lo que acuerda la formación de pieza separada en la que, previa audiencia del letrado se acordará lo procedente.

Transportes y Movilidad Sostenible – 30.12.2025

El ahorro acumulado desde 2018 gracias a las bonificaciones de peaje asciende a 660 millones de euros. La subvención temporal para paliar los efectos de la inflación en la subida de las tarifas continuará durante 202

• Los usuarios de las autopistas de peaje de titularidad estatal se han ahorrado 155 millones de euros en 2025 gracias a la política de bonificaciones establecida por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible en las vías AP-51, AP-61, AP-6, AP-53, AP-66, AP-7 Alicante-Cartagena, AP-7 Málaga-Guadiaro, AP-68, AP-71, AP-9 y AP-46. Estas medidas han permitido un ahorro acumulado para los usuarios de 660 millones desde 2018.

En algunas de estas autopistas (AP-71, AP-46, AP-51, AP-61, AP-7 Málaga – Guadiaro y AP-7 Alicante-Cartagena), se previeron, desde la adjudicación de las concesiones, descuentos en los peajes, proporcionales al número de trayectos realizados en cada una de ellas o tarifas reducidas en distintas franjas horarias.

A partir de 2006, se comenzaron a modificar varias de estas concesiones para incorporar bonificaciones de peaje, que se han visto ampliadas y reforzadas desde el año 2018 con ayudas similares específicas para autopistas concretas, y con la subvención temporal aplicable a todas las vías aprobada en 2022 para mitigar los efectos de la inflación.

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible abona una compensación a las sociedades concesionarias de las autopistas por la aplicación de los descuentos. En algunas de estas bonificaciones colaboran económicamente las administraciones autonómicas.

Bonificación temporal en todas las autopistas

A finales de 2022, se habilitó una subvención para mitigar los efectos de la alta inflación en la subida de las tarifas de los peajes de todas las autopistas estatales para 2023, y se estableció la obligación de eliminarla a finales de 2026, repercutiéndola en el usuario de forma escalonada en el plazo de tres años.

El ahorro generado para los usuarios entre 2023 y 2025 por la aplicación de esta medida asciende a más de 78 millones de euros, que han sido sufragados por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible. El importe que se destinará para esta subvención en 2026 se estima en 15 millones de euros.

Autopista AP-9

Las bonificaciones en la autopista AP-9 comenzaron en 2006 con la aprobación del uso gratuito de los tramos Morrazo-Vigo y A Coruña- Barcala mediante el pago de un peaje en sombra por parte del Estado.

En 2021, se aprobaron las mayores bonificaciones en una autopista de peaje en España, destinadas principalmente a los vehículos ligeros habituales y a todos los vehículos pesados, con una inversión de unos 55 millones de euros al año.

En diciembre de 2024 se aprobó un incremento del 50 por ciento de estas bonificaciones con una inversión de casi 28 millones de euros adicionales para cada año, con aplicación desde el 1 de enero de 2025.

Desde el año 2018, el ahorro acumulado por estas bonificaciones de la AP-9 es de unos 420 millones de euros.

Autopista AP-66

En esta autopista, se aprobaron en 2006 bonificaciones para vehículos pesados, que se incrementaron primero 2002 y, posteriormente, en 2025.

De igual forma, los vehículos ligeros habituales gozan desde 2027 de ayudas que, a su vez, aumentaron en 2002 y que volvieron a subir durante 2024.

Así, desde el año 2018 el ahorro acumulado para los vehículos pesados asciende a más de 44 millones de euros, y el de vehículos ligeros, a más de 17 millones de euros.

Autopista AP-68

En la AP-68, se han aplicado bonificaciones a los vehículos ligeros y pesados desde 2009. La última actualización se produjo en 2021.

Desde el año 2018, el ahorro generado a los usuarios de la AP-68 alcanza casi los 100 millones de euros.

Autopista AP-53

En abril de 2025, aprobaron bonificaciones en la autopista AP-53, destinadas principalmente a los vehículos ligeros habituales y a todos los vehículos pesados. Desde que estas medidas están en vigor, se ha producido un ahorro a los usuarios de esta vía de unos 2,9 millones de euros.

Todas estas cifras se basan en datos validados hasta el mes de septiembre del ejercicio 2025 y en una estimación de los importes para el último trimestre de 2025.

Transformación Digital y Función Pública – 30.12.2025

En las anteriores convocatorias de ciudades inteligentes, el Gobierno ha destinado más de 200 millones de euros a 59 iniciativas repartidas por todo el territorio.

El Gobierno de España pone en marcha el nuevo programa RedCyTI para potenciar la digitalización de entidades locales y comunidades autónomas uniprovinciales. Hoy se ha publicado en el BOE la orden de bases de esta línea de ayudas, dotada con un total de 89 millones de euros, que gestiona Red.es, entidad adscrita al Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública a través de la Secretaría de Estado de Inteligencia Artificial y Digitalización. Próximamente estará abierto el plazo de solicitud de esta convocatoria, cuya finalidad es reforzar el impulso a las ciudades y territorios inteligentes poniendo el foco, en esta ocasión, en el «fomento del desarrollo económico y productivo».

Según la Comisión Europea, «una ciudad o territorio inteligente tiene como objetivo mejorar el bienestar de sus habitantes, empresas, visitantes, organizaciones y administradores mediante la prestación de servicios digitales que contribuyan a una mejor calidad de vida». Las actuaciones pueden darse en seis dimensiones: Living (asociada a la calidad de vida), People (participación ciudadana), Environment (sostenibilidad), Mobility (movilidad), Economy (desarrollo económico) y Governance (gobernanza de la ciudad o territorio).

La dimensión de ciudad inteligente denominada ‘smart economy’, en la que se centra esta nueva convocatoria, se entiende como la intersección entre ciudad y economía, y contempla todas aquellas iniciativas que, promovidas desde las ciudades y territorios, se orientan a potenciar la digitalización al servicio de la actividad económica, el empleo y el emprendimiento.

Apoyo a entidades locales y comunidades autónomas uniprovinciales

Red.es, sumando fondos propios y Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), aportará entre el 40 y el 85% de cada iniciativa seleccionada, que habrá de tener un presupuesto total de entre 1,5 y 6 millones de euros. El porcentaje varía según la comunidad autónoma desde la que se presente. Las entidades que pueden solicitar estas ayudas son entidades locales (ayuntamientos, diputaciones, cabildos insulares, consejos insulares y comarcas) y comunidades autónomas uniprovinciales.

Los proyectos han de conllevar actuaciones destinadas a crear o reforzar infraestructuras tecnológicas y las soluciones y servicios asociados, a disposición de sectores estratégicos de actividad económica, con el propósito de probar y desarrollar tecnologías de aplicación sectorial. Asimismo, se apoyará la creación o mejora de espacios destinados al fomento de la innovación y el fortalecimiento del ecosistema sectorial, a fin de impulsar el desarrollo de la economía y el empleo, tanto a nivel local como regional y estatal.

Ejemplos de estas actuaciones serían la creación de espacios de prueba o sandboxes para el sector de la movilidad y transporte (vehículos conectados y autónomos, drones…), la creación de laboratorios urbanos de innovación, o la dotación de las infraestructuras necesarias para la prueba y desarrollo de tecnologías de aplicación a sectores como la agricultura, la pesca, la ganadería, o la energía, entre otros.

Las entidades que deseen solicitar estas ayudas habrán de presentar sus proyectos en la sede electrónica de Red.es, una vez publicada la convocatoria, tal y como se indica en el extracto de la convocatoria publicado en el Boletín Oficial de Estado. Los criterios de otorgamiento valorarán aspectos como el grado de madurez digital, el impacto de la iniciativa en el desarrollo económico local y su sostenibilidad. Aquellos proyectos que sean seleccionados recibirán una ayuda en régimen de concurrencia competitiva, que será licitada y ejecutada por Red.es.

Compromiso del Gobierno con las ciudades y territorios inteligentes

Desde la aprobación del Plan Nacional de Ciudades Inteligentes en 2015, el Gobierno de España ha realizado cinco convocatorias en las que Red.es ha desempeñado un papel impulsor protagonista. En total, se ha destinado más de 200 millones de euros -cofinanciados por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER)- a 59 iniciativas repartidas por todo el territorio nacional: 25 ciudades, 24 destinos turísticos, 7 edificios y 3 islas. Además, Red.es, colabora de manera continua con la Red Española de Ciudades Inteligentes (RECI) y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para impulsar el desarrollo de ciudades y territorios inteligentes.

Vivienda y Agenda Urbana – 30.12.2025

España ya logrado reducir un 10% el consumo energético de las viviendas entre 2020 y 2023 y superará los objetivos establecidos por la Unión Europea.

Plan Nacional de Rehabilitación de Edificios

El Gobierno de España ha presentado a la Comisión Europea el proyecto del Plan Nacional de Renovación de Edificios (PNRE), el documento estratégico alineado con el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC). Este plan guiará la transformación completa de todo el parque edificatorio español, tanto público como privado, para lograr la neutralidad climática en 2050, podrá recibir recomendaciones del gobierno europeo, antes de su presentación definitiva para su entrada en vigor el 31 de diciembre de 2026.

España ya ha logrado reducir entre los años 2020 y 2023 el consumo energético de las viviendas en un 10%, con una media de 540.000 rehabilitaciones al año en ese periodo, según datos del INE. Asimismo, tal y como recoge el Plan elevado al ejecutivo europeo, prevé una reducción de un 25% para 2030 y de un 33% para 2035, superando ampliamente los objetivos de reducción del 16% y del 20% para esos mismos años fijados por la Directiva europea.

Con la actualización de la Directiva de Eficiencia Energética (EPBD), la Unión Europea solicita a los países miembros un plan de acción para cumplir los objetivos europeos de descarbonización para 2030 y contribuir a alcanzar un parque edificado de cero emisiones en 2050, incorporando para ello Normas Mínimas de Eficiencia Energética (MEPS) y trayectoria de rehabilitación.

Es en este marco donde el Gobierno de España impulsa un plan a gran escala para cumplir con esta directiva: transformar los edificios de uso residencial y no residencial en cero emisiones, garantizando así la eficiencia y la sostenibilidad del parque. Cabe destacar que la reducción del consumo y las emisiones previstas por el Plan Nacional de Renovación de Edificios entre 2020 y 2030 equivalen a la rehabilitación integral de 1.567.986 viviendas, superando la previsión del PNIEC (1.377.000 viviendas), y que la reducción de consumo entre 2020 y 2023 equivale a la rehabilitación integral de 615.000 viviendas.

Para alcanzar esos objetivos previstos, el PNRE propone el despliegue de siete políticas con más de 200 actuaciones agrupadas en 57 medidas.

• Rehabilitación energética de edificios

• Lucha contra la pobreza energética
• Regeneración urbana y barrios sostenibles
• Impulso a la energía renovable
• Gobernanza y financiación
• Innovación, circularidad e industrialización
• Acompañamiento, sensibilización y formación

Beneficios para la ciudadanía del PNRE

La puesta en marcha de las medidas que recoge el Plan Nacional de Renovación de Edificios contribuirá a acelerar la descarbonización del parque edificado, reduciendo la pobreza y la factura energética de los hogares, mejorando su salud y confort, y generando crecimiento económico y empleo.

Proceso participativo amplio

Para la elaboración del PNRE se ha desplegado un amplio proceso participativo que ha contado con cuatro grupos de trabajo, cinco mesas de expertos y una participación de más de 400 agentes. Este proceso de creación del PNRE ha estado enmarcado en el proyecto ARCE 2050. Arquitectura Cero Emisiones, iniciativa del Ministerio de Vivienda que incorpora a su compromiso con la descarbonización del entorno construido, la apuesta por una arquitectura de calidad, que incluya la visión integral de la renovación de los barrios y la equidad social.

Además, el borrador de PNRE ha sido sometido, además, a un trámite de audiencia e información pública a través de la página web de MIVAU desde el 28 de noviembre al 13 de diciembre de 2025, habiéndose recibido 81 aportaciones de particulares, asociaciones, administraciones públicas, empresas y otros agentes. Estas aportaciones se han valorado y tenido en cuenta en la redacción definitiva del proyecto que se ha remitido a Bruselas. Gran parte de estas aportaciones ya estaban recogidas en el borrador gracias a la amplitud del proceso participativo previo.

30/12/2025

Ministerio de Justicia

La mayor transformación de la Justicia desde el siglo XIX entra en funcionamiento el 1 de enero con la última fase de la Ley de Eficiencia. Ese día, los antiguos juzgados unipersonales (3.800) se convertirán en 431 tribunales de instancia, con el objetivo de ofrecer un servicio público más ágil, moderno y cercano a la ciudadanía.

La reforma ha sido progresiva: más de 300 tribunales de instancia ya funcionan desde julio sin incidencias destacables. Ahora se activan los últimos 100 en grandes partidos judiciales como Barcelona, Madrid, Zaragoza, Palma y Valladolid. Solo las oficinas judiciales de Oviedo, Gijón y Avilés se pondrán en marcha el 15 de febrero para que puedan completar los últimos ajustes técnicos.

Una nueva estructura para ganar agilidad y eficiencia

La ley introduce una reorganización que moderniza una planta judicial diseñada en el siglo XIX. Hasta ahora, cada juzgado contaba con un único juez y su equipo técnico. Los tribunales de instancia, en cambio, son órganos colegiados formados por todos los jueces del partido judicial, organizados en secciones especializadas (civil, penal, violencia sobre la mujer, etc.), y cuentan con una única Oficina Judicial de apoyo técnico. Esta estructura permite optimizar recursos, distribuir mejor la carga de trabajo y aumentar la flexibilidad para adaptarse a las necesidades y evitar cuellos de botella.

Otro avance relevante es la creación de las Oficinas de Justicia en el Municipio, que permiten a los ciudadanos realizar múltiples trámites judiciales sin tener que desplazarse al municipio donde se ubican los tribunales de instancia. Desde julio hasta diciembre, estas oficinas han gestionado más de 114.000 trámites.

Financiación y coordinación

Para implementar el nuevo modelo, el Ministerio ha invertido más de 325 millones de euros procedentes de fondos europeos en las 12 comunidades con competencias transferidas en Justicia, con un ahorro estimado de cerca de 300 millones de euros en los próximos 10 años. La puesta en marcha del modelo ha contado con coordinación y planificación conjunta, el grupo técnico del Ministerio y las comunidades autónomas han realizado 27 reuniones de seguimiento y siete Comisiones Sectoriales durante el año.

Además, se ha desarrollado un amplio plan de formación sobre la nueva norma, con más de 280 sesiones informativas, 305 cursos de digitalización con más de 15.000 participantes y una Jornada de Directores de Servicios Comunes con cerca de 300 asistentes.

Esta reforma, fruto de años de trabajo en el Ministerio, ha sido posible gracias al compromiso de comunidades autónomas, jueces, magistrados, letrados de la Administración y funcionarios de Justicia.

La eficacia demostrada de los tribunales de instancia

Los tribunales que entraron en funcionamiento en julio agilizan los procedimientos y así lo demuestran los datos. Los actos de comunicación pendientes (notificaciones, requerimientos, etc.) se han reducido un 36% de media en siete comunidades, con un 43% en Andalucía y un 34% en la Comunitat Valenciana. La ejecución de sentencias se ha agilizado un 30% de media, alcanzando un 69% en Andalucía, un 55% en Castilla-La Mancha y un 27% en Catalunya y la Comunitat Valenciana. (Datos de los Tribunales de Instancia en funcionamiento desde el 1 de julio facilitados por los Secretarios de Gobierno de los Tribunales Superiores de Justicia)

Por otra parte, la Ley también fomenta la reducción de litigios al exigir recurrir a los Medios Adecuados de Solución de Controversias (MASC) en asuntos civiles y mercantiles antes de iniciar cualquier proceso judicial. Así, en el tercer trimestre del año, los nuevos litigios civiles descendieron un 30,9% en toda España.

22/12/2025

?En la Conferencia Sectorial de Justicia celebrada en el día de hoy, el Ministerio y las comunidades autónomas han acordado por unanimidad la culminación de la implantación de esta ley a 31 de diciembre en la práctica totalidad del territorio

Los datos oficiales reflejan los buenos resultados de la ley, que ha permitido reducir los actos de comunicación pendientes un 36% y las ejecuciones de sentencias, un 30%. Asimismo, el CGPJ ha informado de un descenso de un 31% de nuevos pleitos civiles con motivo de los Medios Adecuados de Solución de Controversias (MASC)

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha presidido este lunes la Conferencia Sectorial de Justicia, celebrada por videoconferencia.

En la reunión, el ministro ha presentado los primeros datos de la Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia, que ya está ofreciendo resultados tangibles en la agilización de procedimientos, uno de sus principales objetivos. La norma, en vigor desde el pasado mes de abril, ha logrado reducir los actos de comunicación pendientes (notificaciones, requerimientos, etc.) un 36% de media en las comunidades analizadas. También ha demostrado su efectividad en la agilización de las ejecuciones de sentencias, con reducciones de las ejecutorias pendientes, en algunos territorios, de hasta un 69%. Además, los ciudadanos han realizado ya casi 98.400 trámites judiciales en las Oficinas de Justicia en el Municipio, desde su creación en el mes de junio. Antes no existía la posibilidad de llevar a cabo estas actuaciones telemáticamente desde cualquier municipio.

Acuerdo por unanimidad

En el encuentro, que se ha desarrollado en un clima de cordialidad, las comunidades autónomas y el Ministerio han compartido el gran esfuerzo y excelente trabajo realizado hasta ahora y se ha abordado el trabajo realizado para la tercera y última fase de implementación de la Ley, prevista para el próximo 31 de diciembre. Una fase que implica la entrada en funcionamiento de 100 Tribunales de Instancia en los grandes partidos judiciales como Barcelona, Madrid, Zaragoza, Palma o Valladolid. 

En este sentido, han acordado por unanimidad que las oficinas judiciales que darán apoyo técnico a todos los tribunales de instancia de las grandes ciudades entrarán en funcionamiento a partir del 31 de diciembre, salvo en Oviedo, Gijón y Avilés, que lo harán el 15 de febrero, con el fin de permitir a estos partidos judiciales llevar a cabo los últimos ajustes técnicos. 

Asimismo, el Ministerio y las comunidades autónomas han acordado también por unanimidad dotar de cierta flexibilidad a todos los partidos judiciales de tal manera que la entrada en funcionamiento de los equipos que lo requieran se realizará de forma progresiva en función de las necesidades organizativas y de cargas de trabajo, sin afectar, en ningún caso, al servicio público de justicia que se presta a la ciudadanía. En todo caso, los medios personales y materiales están ya a disposición de los tribunales de instancia.

La Ley de Eficiencia supone la mayor reforma estructural de la Justicia en décadas y su objetivo es convertirla en un servicio público más ágil, moderno y cercano a la ciudadanía. 

Más agilidad y menos litigios

La ley introduce una reforma organizativa que moderniza una planta judicial diseñada en el siglo XIX: transforma los tradicionales juzgados unipersonales (3.800) en 431 Tribunales de Instancia, órganos colegiados donde los jueces se dividen en secciones especializadas (civil, penal, violencia sobre la mujer, etc.) y cuentan con una única Oficina Judicial de apoyo técnico. Esto permite una mayor agilidad porque se optimizan recursos, se reparten mejor las cargas de trabajo y se logra una mayor flexibilidad para adaptarse a las necesidades.

Tal y como preveía la ley, más de 300 Tribunales de Instancia ya han entrado en funcionamiento durante este año sin incidencias destacables y el Ministerio ya ha podido evaluar sus primeros resultados. En Andalucía, la pendencia de los actos de comunicación se ha reducido un 43,8%, en la Comunitat Valenciana un 34% y en las Islas Canarias un 22%. La media de las 7 comunidades de las que se disponen datos es del 36%. 

La evaluación del Ministerio también constata una agilización en la ejecución de sentencias. En Andalucía la reducción de las ejecuciones pendientes de admisión alcanza el 69%, en Castilla-La Mancha el 55%, en Catalunya y Comunitat Valenciana el 27% y en la Región de Murcia el 15%. La media de las comunidades estudiadas es del 30%. (Datos de los Tribunales de Instancia en funcionamiento desde el 1 de julio facilitados por los Secretarios de Gobierno de los Tribunales Superiores de Justicia).

Reducción de casos

Por otro lado, la Ley de Eficiencia incluye un cambio procesal clave para reducir los litigios, fomentar la cultura del diálogo entre las partes y agilizar la tramitación de conflictos. Se trata de la obligación de recurrir a los Medios Adecuados de Solución de Controversias (MASC) en asuntos civiles y mercantiles antes de iniciar cualquier proceso judicial. 

En este sentido la ley también demuestra los primeros resultados positivos. Según datos del Consejo General del Poder Judicial, en el tercer trimestre del año se registró un descenso del 30,9% en la cifra de nuevos litigios en la jurisdicción civil en toda España. 

Una implementación coordinada

Desde que arrancó la implementación de la ley, el grupo de trabajo técnico creado por el Ministerio con las comunidades autónomas ha mantenido 27 reuniones de seguimiento y coordinación, y también se han celebrado siete Comisiones Sectoriales a lo largo del año. El Ministerio también ha organizado un amplio plan de formación sobre la nueva norma para jueces, letrados de la Administración de Justicia y funcionarios, así como un programa de sensibilización para operadores jurídicos con decenas de sesiones celebradas por todo el territorio. Se han celebrado 280 sesiones informativas sobre los tribunales de instancia, 305 cursos de formación en digitalización con más de 15.000 matriculados, y una Jornada de Directores de Servicios Comunes con cerca de 300 asistentes.

En cuanto a la financiación, el Ministerio ha realizado una inversión que supera los 325 millones de euros, procedentes de fondos europeos, en las 12 comunidades con la competencia de Justicia transferida. Además, cabe recordar que la Ley de Eficiencia supondrá un ahorro de cerca de 300 millones de euros en los próximos 10 años en las 12 comunidades autónomas que tienen transferida la competencia en esta materia. 

Esta reforma, trabajada durante lustros en el Ministerio, supone la mayor transformación de la Justicia desde el siglo XIX. Una mejora conseguida gracias al compromiso de todos: comunidades autónomas, jueces, magistrados, letrados de la Administración de Justicia y funcionarios de Justicia, entre otros. 

Avance mensual de la Balanza de Pagos. Datos acumulados de 12 meses

30/12/2025 Banco de España

Balanza de pagos, PII, Deuda externa

Nota de prensa estadística

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Principales resultados de la balanza de pagos

• El superávit de la cuenta corriente se situó en el 3,1% del PIB, por debajo del 3,3% de octubre de 2024.
• El saldo de turismo se mantuvo en el 4,3% del PIB, igual que un año antes, frente a la caída de los bienes y servicios no turísticos.
• La cuenta financiera, excluyendo el Banco de España, mostró un saldo de 2,2% del PIB, frente al 7,6% del año anterior.

Capacidad de financiación acumulada

La capacidad de financiación hasta octubre de 2025 se situó en el 4,2% del PIB¹ (69,5 miles de millones de euros, mm), frente al 4,5% de un año antes, más de 1 punto porcentual superior a la media del período precovid 2014-2019, manteniéndose en niveles históricamente elevados. El superávit de la balanza por cuenta corriente fue del 3,1% del PIB (51 mm), inferior al de octubre de 2024 (3,3% del PIB). El saldo de la cuenta de capital alcanzó el 1,1% del PIB (18,5 mm).²

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Cuenta corriente acumulada por componentes

El saldo de bienes y servicios no turísticos acumulado hasta octubre de 2025 fue inferior al de un año antes (-0,5% del PIB, frente al 0,1% del mismo mes de 2024). El superávit del turismo se situó en el 4,3% del PIB, repitiendo el 4,3% de octubre de 2024 (70,5 mm y 67,6 mm, respectivamente), mientras que el déficit de las rentas se redujo hasta el -0,7% (frente al -1% hasta el mismo mes de 2024). Los ingresos de turismo alcanzaron el 6,3% del PIB (104,5 mm), frente al 6,2% del PIB (97,1 mm) de un año antes.

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Cuenta financiera sin Banco de España acumulada por categoría funcional

El acumulado de doce meses de la cuenta financiera, excluyendo el Banco de España, fue del 2,2% del PIB (36,1 mm) hasta octubre de 2025, frente al 7,6% (120,6 mm) del año anterior. Esta disminución del saldo se debió a la variación del saldo de la otra inversión, que pasó del 7,7% (121,9 mm) de octubre de 2024 al -0,7% (-12,3 mm), mientras que el de la inversión de cartera aumentó desde el -1,9% del PIB (-29,4 mm) en octubre de 2024 hasta el 1,8% del PIB (29,4 mm) en octubre de 2025. La inversión directa se situó en el 1,1% del PIB (18,7 mm), frente al 1,7% del periodo anterior (26,1 mm).

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Cuenta financiera acumulada por sector institucional

Todos los sectores, a excepción de las administraciones públicas, contribuyeron al signo positivo de la cuenta financiera. Los otros sectores residentes y el Banco de España registraron un saldo mayor que el del año anterior, del 6% del PIB (100,1 mm) y del 1,7% del PIB (28,4 mm), respectivamente. El saldo de otras instituciones financieras monetarias se situó en el 1,8% del PIB (29,6 mm), por debajo del registrado hasta octubre de 2024. Por último, las administraciones públicas registraron un saldo más negativo del -5,6% del PIB (-93,5 mm), frente al -4,8% del año anterior (-75,7 mm).

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Capacidad de financiación mensual. Principales componentes 

La capacidad de financiación de octubre de 2025 fue de 9,1 mm, frente a los 6,7 mm del mismo mes de 2024. El superávit de turismo fue de 6,7 mm, frente al de 6,4 mm registrado el año anterior, con aumentos tanto en los ingresos como en los pagos. Los bienes y servicios no turísticos mostraron un superávit del 0,8 mm (0,5 mm en octubre de 2024) y tanto las exportaciones como las importaciones aumentaron respecto a los niveles del año anterior.

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Información adicional

Para más información sobre el marco conceptual, fuentes de información y metodología de la balanza de pagos y la posición de inversión internacional, puede consultarse la página web de estadísticas del sector exterior del Banco de España.

En la misma página web puede encontrarse información estadística más detallada, y con series temporales completas, de la balanza de pagos, posición de inversión internacional y deuda externa, que la ofrecida en esta nota de prensa. También se puede acceder a la herramienta interactiva BExplora, que permite la elaboración de gráficos y el acceso flexible a esta información.

Próxima publicación de datos mensuales

El avance de la balanza de pagos del mes de noviembre de 2025 se publicará el 30 de enero de 2026.

Próxima publicación de datos trimestrales

La balanza de pagos y la posición de inversión internacional del cuarto trimestre de 2025 se publicarán el 24 de marzo de 2026. En dicha publicación se revisará la balanza de pagos y posición de inversión internacional desde el primer trimestre de 2025, así como la posición de inversión internacional del cuarto trimestre de 2024.

Próxima publicación de detalles anuales adicionales

Los detalles anuales adicionales de balanza de pagos y posición de inversión internacional se actualizarán el 14 de abril de 2026.

BELab Banco de España

Los Microdatos de la Inversión de Cartera e Inversión Directa exterior y los datos de operaciones de pago se ponen a disposición de los investigadores a través del laboratorio de datos del Banco de España (BELab). Este recurso está dirigido a aquellos interesados en desarrollar proyectos de investigación con fines científicos. Para más información sobre cómo solicitar acceso a estos datos, puede consultarse el siguiente enlace.

• 1 Para el cálculo de la ratio en % del PIB para los meses que no completan un trimestre, se utiliza el último dato trimestral del PIB publicado por el INE ponderado por el número de días de cada mes y acumulado de 12 meses. En caso de no disponer de esta información para el mes de referencia, se utiliza el dato de las proyecciones macroeconómicas de la economía española elaborado por el Banco de España.
• 2 Los flujos ligados al programa Next Generation EU tienen un impacto significativo en el saldo de la cuenta de capital. Para una explicación de cómo se contabilizan estos fondos en la Balanza de Pagos y la Posición de Inversión Internacional puede consultarse la nota publicada en la página de estadísticas exteriores

29 Dic 2025

CNMC

• En varios informes y resoluciones la CNMC ha señalado que la metodología actual presenta problemas.
• Además, su aplicación está limitada al cálculo del coste neto del SPU hasta el ejercicio 2020.
• La propuesta de la CNMC resuelve esos problemas y permite una estimación más sólida, transparente y eficiente.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha aprobado una nueva propuesta de metodología para calcular el coste neto del Servicio Postal Universal (SPU) que es más eficiente y razonable desde el punto de vista económico (STP/DTSP/077/25).

El SPU garantiza la prestación de determinados servicios postales (envíos nacionales y transfronterizos, ordinarios y certificados, de tarjetas postales y de cartas hasta 2 kg de peso, y de paquetes postales hasta 20 kg) de calidad y a precios asequibles en todo el territorio nacional. Correos es el operador designado para prestar estos servicios, y recibe una compensación por ello.

La CNMC es la encargada de la supervisión del sector postal, incluida la verificación de esa compensación a Correos, de acuerdo con la Ley Postal. La metodología para su cálculo debía incluirse en el Plan de prestación del SPU, que se aprobó por el Consejo de Ministros en 2021.

Problemas de la metodología actual

La CNMC ha señalado en varios informes y resoluciones los problemas de los que adolece esta metodología (INF/DTSP/056/20 y INF/DTSP/401/23) y ha instado a la aprobación de una nueva metodología para su aplicación a partir del ejercicio 2021. Uno de los problemas es que no puede aplicarse más allá del ejercicio 2020, ya que algunos de sus parámetros solo pueden utilizarse en el periodo 2011 a 2020 (SU/DTSP/012/25).

El cálculo del coste neto

La nueva metodología propuesta se basa en los principios de eficiencia y razonabilidad económica, y en la experiencia de la CNMC en la verificación del coste neto del SPU del periodo 2011 a 2020 (resoluciones). Además, incorpora las mejores prácticas europeas.

Presenta un enfoque PC (Profitability Cost), y plantea el cálculo del coste neto del SPU como la diferencia entre los costes incurridos en el escenario base del operador designado (la situación actual, con obligaciones de servicio público) y el escenario contrafactual (uno hipotético, sin obligaciones de servicio público), donde el operador aplicaría de manera progresiva decisiones racionales para convertir en rentables las oficinas no rentables.

Otros parámetros

Además, tiene en cuenta el valor de las ventajas inmateriales, como la reputación e imagen de marca y la mejora publicitaria, con las que cuenta Correos por ser el operador designado para prestar el SPU. También, el derecho a percibir un beneficio razonable, calculado como un coste medio ponderado del capital, y un incentivo a la eficiencia.

Una de las principales ventajas operativas de la metodología propuesta es que puede aplicarse desde el ejercicio 2021, y también más allá de 2025, cuando se aplicará la reforma de la Ley Postal, por la cual el SPU se divide en dos, según se realice en el ámbito urbano o en el ámbito rural (PRO/CNMC/001/25).

La actualización de los parámetros de la metodología es automática, y los datos que se requieren para el cálculo emanan, fundamentalmente, de la contabilidad analítica de Correos. 

USO denuncia que la contratación indefinida precaria triplica a la de jornada completa en noviembre

2 diciembre, 2025  

• Los contratos parciales y fijos discontinuos (308.873) superan en un 36% a los indefinidos a tiempo completo (226.124), consolidando un modelo laboral de estabilidad precaria

USO advierte que los datos de empleo de noviembre, pese a reflejar un descenso del paro de 18.805 personas (-0,77%) hasta situarse en los 2.424.961 desempleados, evidencian la consolidación de un modelo laboral basado en la precariedad disfrazada de estabilidad. “La reforma laboral presume erróneamente de reducir la temporalidad, cuando es sólo un cambio de nombre, dando paso a nuevas formas de precariedad que condenan a miles de trabajadores y trabajadoras a la pobreza laboral”, destaca Joaquín Pérez, secretario general de USO.

El engaño de los contratos indefinidos

El análisis de la contratación de noviembre revela una realidad alarmante: de los 535.097 contratos indefinidos firmados, solo 226.124 (el 42,3%) son a jornada completa. Frente a ellos, la suma de contratos indefinidos a tiempo parcial (139.175) y fijos discontinuos (169.698) alcanza los 308.873 contratos, un 36% más que los indefinidos a jornada completa.

“Hemos pasado de la temporalidad al engaño de la estabilidad precaria. Las empresas han encontrado en el contrato a tiempo parcial y el fijo discontinuo la fórmula perfecta para mantener plantillas flexibles y baratas, con la etiqueta de ‘indefinidos’ pero sin garantizar ni ingresos dignos ni jornadas suficientes”, denuncia el secretario general de USO.

Un mercado laboral a dos velocidades

Los datos de noviembre muestran que se firmaron 1.296.203 contratos, de los cuales el 41,27% fueron indefinidos (535.097) y el 58,71% temporales (761.030).

Sin embargo, la lectura positiva de que 4 de cada 10 contratos sean indefinidos se desmorona al analizar su composición. Sólo el 17,4% del total de contratos firmados en noviembre fueron indefinidos a jornada completa. El 23,8% fueron indefinidos precarios (parciales y fijos discontinuos). Y los contratos temporales siguen creciendo: 4.067 contratos más que en noviembre de 2024.

“Estamos ante un mercado laboral de dos velocidades: una minoría con empleos estables y dignos, y una mayoría atrapada entre la temporalidad y los indefinidos que no garantizan poder llegar a fin de mes”, añade Pérez.

10 de diciembre de 2025

• Liderado por el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa y el Ministerio para la Transformación Digital y la Función Pública, con la participación de las asociaciones de las entidades financieras, operadores de telecomunicaciones y Banco de España facilitará una actuación rápida y contundente ante los casos que se detecten.
• Esta Brigada Anti-Fraude colaborará con agentes relevantes como la Agencia de Protección de Datos, la CNMC, las plataformas digitales y las autoridades integrantes del Plan de Acción contra el Fraude Financiero para dimensionar el problema del fraude y realizar nuevas propuestas en este ámbito.
• El ministro ha destacado “el mensaje claro de las asociaciones de usuarios -incluido Carlos San Juan-, de la necesidad de la aprobación de la Autoridad de Defensa del Cliente Financiero», que velará a través de sus resoluciones vinculantes en el reembolso de las cantidades defraudadas
• También se promoverá el bloqueo de SMS y llamadas fraudulentas desde números de teléfonos fijos a través de la puesta en funcionamiento del Registro de Alias por parte de la CNMC en el primer trimestre de 2026 y la implementación de la nueva Ley de Servicios de Atención al Cliente, que se votará mañana en el Congreso, y que permitirá el bloqueo de llamadas desde números de teléfono fijo.
• El ministro Carlos Cuerpo ha agradecido que las entidades financieras sigan implementando voluntariamente por un año más las medidas del nuevo Código de Buenas Prácticas, puesto en marcha en 2023 para proteger a los hogares de las rápidas subidas de los tipos de interés hipotecario, cuya vigencia finaliza este año.

El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha presidido este miércoles una nueva reunión del Foro de seguimiento de inclusión financiera con las patronales de las entidades de crédito (AEB, CECA y UNACC), representantes de los usuarios financieros, el gobernador del Banco de España y el Defensor del Pueblo. En esta ocasión, el encuentro ha contado también con la participación del Ministerio para la Transformación Digital y la Función Pública, representado por el secretario de Estado de Telecomunicaciones, y con la ?CNMC, y DigitalES como patronal del sector tecnológico y digita?.

La reunión se ha centrado en esta ocasión en el fraude digital en medios de pago y ciberseguridad, como una dimensión esencial de la inclusión financiera por los riesgos que entraña también para los mayores y personas con discapacidad. Como resultado de la misma, el ministro Carlos Cuerpo ha anunciado la creación de una ‘Brigada Antifraude’, liderada por el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa y por el Ministerio de Transformación Digital y Función Pública, con la participación de las asociaciones de las entidades financieras, de operadores de telecomunicaciones y también del Banco de España, para tener un mecanismo de alerta temprana y dar una respuesta rápida y contundente a las situaciones de fraude financiero.

El ministro ha puesto en valor los pasos que se vienen dando desde el Gobierno y el sector financiero y de las telecomunicaciones en la lucha contra el fraude. Entre ellos, el Plan de Acción contra el Fraude Financiero, liderado por la CNMV, concentrado especialmente en los inversores; la adopción de la autenticación reforzada de los usuarios; el desarrollo de extensos controles en los medios de pago; y la entrada en vigor de la Orden Ministerial TDF/149/2025 del Ministerio para la Transformación Digital y la Función Pública, aprobada el pasado mes de febrero. Desde su entrada en vigor, se ha reducido el volumen de llamadas fraudulentas desde móviles que reciben los ciudadanos y se ha sensibilizado con el número de atención 017. Concretamente, entre febrero y agosto, se han bloqueado más de 50 millones de llamadas por parte de las operadoras y más de 2 millones de SMS.

El ministro también ha señalado el impulso de la CNMC para tener en marcha en el mes de marzo del próximo año, en fase piloto, el Registro de Alias que permitirá bloquear automáticamente el envío de SMS o sistema similar, a entidades que no estén inscritas. La iniciativa de la Ley de Servicios de Atención a la Clientela, que mañana culmina su tramitación parlamentaria, permitirá a su vez, el bloqueo por parte del operador a comunicaciones desde teléfonos fijos.

Por último, Carlos Cuerpo ha destacado el mensaje claro de las asociaciones de usuarios -incluido Carlos San Juan-, de la “necesidad de la aprobación de la Autoridad de Defensa del Cliente Financiero como clave de bóveda a todo este trabajo de inclusión financiera», que velará a través de sus resoluciones vinculantes en el reembolso de las cantidades defraudadas.

Hoja de ruta de la Brigada Antifraude

Una vez se ponga en marcha a inicios de 2026, la Brigada Antifraude colaborará con agentes relevantes como la Agencia de Protección de Datos, la CNMC, las plataformas digitales y las autoridades integrantes del Plan de Acción contra el Fraude Financiero para dimensionar el problema y hacer seguimiento del impacto de las actuaciones en marcha y realizará nuevas propuestas.

Además, aportará elementos para la difusión y concienciación entre los grupos más vulnerables.

En definitiva, la Brigada Anti-fraude permitirá a la administración y a los agentes implicados reaccionar, concienciar y contribuir en la respuesta a las nuevas modalidades de fraude financiero que puedan ir surgiendo.

Extensión voluntaria a la moratoria hipotecaria

En su intervención, el ministro Carlos Cuerpo ha agradecido que las principales entidades financieras hayan decidido ampliar de manera voluntaria y por un año más, las medidas del nuevo código de buenas prácticas diseñadas para proteger a los hogares de las subidas de los tipos de interés.

Desde su puesta en marcha en 2023, en respuesta a la subida de los tipos de interés del Banco Central Europeo, el nuevo código de buenas prácticas ha beneficiado a 7.747 hogares, siendo la medida más utilizada las ampliaciones de plazo con congelación de cuota hipotecaria (53%), seguida de las conversiones a tipo fijo (25%) y las ampliaciones de plazo sin congelación de cuota (22%).

El contexto económico ha cambiado, los tipos de interés están contenidos o a la baja y el volumen de operaciones ha ido decreciendo año tras año, hasta situarse en 733 operaciones en 2025.

Por ello, Carlos Cuerpo ha celebrado que se vaya a promover esa extensión voluntaria para contribuir a ayudar a las familias que todavía lo necesiten en este año 2026. “Es un día importante, donde la colaboración público-privada, el arrimar el hombro entre todos, nos da buenas noticias una vez más», ha dicho.

16 de diciembre de 2025 mineco.gob.es

• La estrategia de 2026, como en años anteriores, está marcada por la prudencia y la flexibilidad, ante el actual contexto de incertidumbre internacional, con un objetivo de emisión de 55.000 millones, el mismo que en 2025.
• La emisión bruta prevista es de 285.677 millones de euros y se seguirá favoreciendo la financiación a medio y largo plazo, con el objetivo de mantener la vida media de la cartera.
• España mantiene su compromiso con la responsabilidad fiscal, lo que permitirá reducir la deuda pública al 101% del PIB en 2025, más de 23 puntos por debajo del máximo de 2021. Además, el déficit bajará del 3% por primera vez desde 2019.
• Las mejoras de la calificación de la deuda y la bajada de la prima de riesgo a mínimos de 2009 por la buena marcha de la economía refuerzan las buenas condiciones de financiación del Tesoro, que se trasladan al resto de la economía.
• El Tesoro incide también en el objetivo de diversificar la demanda. España logra que los inversores internacionales sean los principales compradores de bonos y obligaciones, compensando la retirada del BCE.
• El Tesoro seguirá apostando por la emisión de bonos verdes como elemento estructural del programa de financiación.
• Adicionalmente a la Estrategia del Tesoro, España ha solicitado 6.500 millones en préstamos del Plan de Recuperación para 2026.
• En este mes de diciembre, España ha dejado de estar bajo supervisión post programa después de haber pagado ya un 75% del préstamo concedido por el Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE) en 2012 para el sistema financiero.

El Tesoro ha presentado este martes la Estrategia de Financiación para 2026?, con una emisión neta prevista de 55.000 millones, igual que en 2025. La emisión bruta prevista ascenderá a 285.677 millones de euros, un 4% superior a la de 2025, debido a las mayores amortizaciones.

Las recientes mejoras de la calificación de la deuda y la bajada de la prima de riesgo a mínimos de 2009 por la buena marcha de la economía refuerzan las buenas condiciones de financiación del Tesoro, que se trasladan al resto de la economía. Por primera vez desde hace trece años, las tres principales agencias de rating (S&P, Moody’s y Fitch) sitúan a la deuda soberana española en el rango “A», lo que permite acceder a inversores internacionales de máxima calidad que tienen restricciones de rating para invertir en activos de renta fija (deuda).

El mercado ya se había anticipado a las mejoras de rating, como demuestra el hecho de que la prima de riesgo se ha reducido a la mitad desde comienzos de 2024, y más de 20 puntos básicos a lo largo de este año, hasta situarse por debajo de los 50 puntos, el menor nivel desde antes de la crisis financiera (2009).

Este contexto favorece también la diversificación de la cartera de deuda del Tesoro, logrando que los inversores internacionales sean los principales compradores de bonos y obligaciones.

Este sólido apetito inversor ha ido compensando la disminución gradual de las tenencias de deuda pública por parte del BCE. Los inversores internacionales siguen aumentando su peso en la deuda española, situándose en el 47,8% del total de la cartera, una cifra muy cercana al máximo histórico del 48,8% registrado en 2019.

Una estrategia “prudente y flexible»

El programa de financiación de 2026, como en años anteriores, está marcado por la prudencia y la flexibilidad, teniendo en cuenta la incertidumbre internacional, y estará concentrado esencialmente en deuda de medio y largo plazo, por importe de 50.000 millones de euros. Mientras, los 5.000 millones restantes corresponderán a Letras del Tesoro.

En 2025, gracias a la buena marcha de la economía de España, el objetivo inicial de una emisión neta de 60.000 millones de euros se redujo a 55.000 millones en septiembre, incluso asumiendo el inesperado aumento del gasto en defensa para cumplir con los compromisos internacionales de nuestro país.

España sostiene su firme compromiso con la responsabilidad fiscal, que permitirá seguir reduciendo la ratio de deuda pública sobre PIB hasta el 101% a cierre de 2025, más de 23 puntos porcentuales por debajo del máximo alcanzado en el primer trimestre de 2021. Este ejercicio, el déficit público se situará por debajo del 3% por primera vez desde 2019, en línea con el marco de reglas fiscales de la Unión Europea. Esta reducción seguirá en 2026.    

En diciembre se ha producido, además, un nuevo hito para nuestro país, que deja de estar bajo supervisión post programa después de haber pagado ya un 75% del préstamo concedido por el Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE) en 2012 para el sistema financiero.

El coste de la deuda sigue contenido

En 2025, la vida media de la cartera de deuda se ha mantenido cercana a los 8 años, limitando el riesgo de refinanciación y amortiguando las subidas de los tipos de interés.

De hecho, pese a una subida acumulada de los tipos oficiales del BCE de alrededor de 250 puntos básicos desde 2021, el incremento en el coste de nuestra deuda apenas ha sido una cuarta parte de esta subida. Concretamente el coste medio de la deuda en circulación de España se sitúa en el 2,31% a cierre de 2025, apenas 67 puntos básicos sobre el mínimo de 2021.

En consecuencia, la carga financiera del Estado como porcentaje del PIB está aumentando de forma muy gradual, manteniéndose en torno al 2%, niveles históricamente contenidos, pese al incremento de la deuda pública tras la pandemia.

Por otra parte, el Tesoro seguirá apostando por la emisión de bonos verdes y de bonos ligados a la inflación como elemento estructural del programa de financiación.

Adicionalmente a la Estrategia del Tesoro, España ha solicitado 6.500 millones en préstamos del Plan de Recuperación, según la adenda de simplificación enviada reciente a la Comisión Europea. Una cantidad que se suma a los 16.000 millones de créditos europeos a los que se ha tenido acceso en 2025.