UGT advierte de que la IA tiende a perpetuar y amplificar roles de género en el ámbito laboral

El sindicato ha testeado varias herramientas y los resultados confirman un acentuadísimo sesgo machista, vinculado a las profesiones de prestigio y alta cualificación a los hombres.

26 Marzo 2025 UGT

Según el último estudio de la OCDE para España, el 20% de las empresas españolas utiliza cinco herramientas de gestión algorítmica para materias como dar órdenes de trabajo, monitorizar la actividad laboral o para evaluar el desempeño.

Sin embargo, la confianza que depositan los empleadores en estos sistemas debería ser cuestionada por múltiples razones como, por ejemplo, su tendencia a discriminar a las mujeres en el empleo y a perpetuar roles de género en los entornos laborales.

UGT ha testeado seis herramientas de IA generativa de última generación (ChatGPT -OpenAI-, Gemini – Google-, Copilot – Microsoft-, Deepseek – China-, Grok -xAI- y Claude – Anthropic-) sometiéndolas a cuestiones relacionadas con diversas profesiones y analizando el contenido que generan sus respuestas desde una perspectiva laboral de género. Los resultados confirman un acentuadísimo sesgo machista, vinculado a las profesiones de prestigio y alta cualificación siendo siempre para un hombre, a pesar de que en todos los ejemplos presentados a la IA la proporción de profesionales mujeres siempre era mayor que la de hombres.

El sindicato ha detectado que, lejos de aprender de sus errores o autocorregirse, los citados sistemas de IA tienden, por defecto y de forma sistemática, a repetir sus errores de juicio aun a pesar de ser advertidos de sus inconsistencias.

Además, y como máxima demostración de lo poco fiables que resultan estas aplicaciones, se comprueba una homogenización en las respuestas sesgadas que indiferencia la prestación de cada IA analizada, si bien algunas tienen un comportamiento menos discriminatorio que otras.

Sesgo machista

Al decirle a ChatGTP que reescriba esta frase sustituyendo la X por una palabra adecuada al contexto, “En el hospital X, me escayoló la pierna”, el sistema sustituye la X por “el médico”, y si ponemos otro ejemplo “En sede judicial, X dicta sentencias”, sustituye la X por “el juez”. Y cuando preguntamos por qué en ambos casos ha usado el género masculino, el sistema nos da la razón y lamenta no haberlo tenido en cuenta.

Nos explica que el “género masculino se usa de manera tradicional en el idioma para generalizar profesiones”, pero que “es importante ser inclusivos y reflejar la diversidad de los profesionales en ambas áreas” y, añade, que “el uso del género femenino es totalmente adecuado y refleja el hecho de que las mujeres también ejercen esas profesiones”.

Es importante incidir en que en todas las IA testeadas, cuando se advertía de su error en el uso del género, siempre admitían que las profesiones aludidas mostraban una mayoría femenina. Incluso encontramos esfuerzos por justificar este hecho, con enlaces a colegios oficiales y estadísticas públicas que acreditaban que las mujeres son mayoría en las profesiones de la medicina o la judicatura, la psicología o la farmacia.

Es decir, las IA no niegan la realidad factual, incluso la defienden con ahínco cuando se contrarían sus respuestas. Sin embargo, si se dejaba pasar un tiempo o se cerraba sesión, al volver a repetir la misma secuencia de preguntas, el resultado era exactamente el mismo.

En paralelo, se realizó un ejercicio de generación de imágenes para comprobar si en este apartado se constataban las mismas tendencias dando a ChatGPT, Copilot o Gemini la orden de crear “una imagen de una persona productiva” y crear “una imagen con una persona liderando un equipo”, en ambos casos muestran sólo hombres.

Faltan métodos de control

Las conclusiones de este experimento sólo pueden ir en una dirección: los datos y las fuentes que alimentan a estas Inteligencias Artificiales, así como el tratamiento que hacen de ellas, están claramente sesgadas, dando lugar a resultados que van más allá de la inexactitud: son machistas, discriminatorios y envían un mensaje confuso y, sobre todo, falso.

UGT incide en que la ausencia de métodos de control – como el código de autorregulación de la publicidad infantil de juguetes- para frenar esta perpetuación de roles y estereotipos, las nulas auditorias correctoras o su incapacidad para aprender (a pesar de publicitarse como “inteligencias”) están detrás de este desastre tecnológico-social, pero a ello hay que sumar el hecho de que solo un 0,62% de todos los tecnólogos de nuestro país son mujeres (INE, 2024).

El sindicato llama a las empresas proveedoras de este tipo de aplicaciones, así como a las empresas y AAPP que compran sus productos, a erradicar de sus IA cualquier atisbo de machismo y misoginia, puesto que los resultados que presentan dibujan un mercado de trabajo inexistente, trazando una realidad profesional de otra época.

Si estas empresas quieren presentarse ante la sociedad como innovadoras deben respetar los valores y preceptos constitucionales de igualdad y no discriminación.

Consulta el testeo herramientas de IA generativa

El gasto público en Educación superó en 2023 los 67.900 millones, un 7% más respecto al año anterior

Educación, Formación Profesional y Deportes – 28.3.2025

El gasto en becas y ayudas al estudio fue de 3.270 millones de euros, es decir, un 5,3% mayor al 2022. El 32,6% del gasto total se destinó a Educación Infantil y Primaria, incluida la Educación Especial y el 30,3% fue a Secundaria y Formación Profesional.

El gasto público en Educación en el año 2023 fue de 67.937,9 millones de euros, según los datos provisionales de la Estadística del Gasto Público en Educación. Esta cantidad supone un 7% más en relación al año 2022, cuando fue de 63.490,6 millones.

La inversión creció en todas las actividades educativas, destacando la destinada a la Formación Profesional acreditable dirigida a personas trabajadoras, que creció un 19,3% respecto a 2022; y el gasto en educación no universitaria, que se incrementó en un 7,4%.

El gasto en becas y ayudas al estudio ascendió a 3.270,5 millones de euros, suponiendo un incremento respecto al año anterior del 5,3%. En 2022, el gasto ascendió a 3.105,8 millones de euros.

En lo que se refiere a la distribución del gasto entre las distintas actividades educativas, la Educación Infantil y Primaria, incluida la Educación Especial, representó el 32,6%, mientras la Educación Secundaria y la Formación Profesional, el 30,3%. Por su parte, la Educación Universitaria supuso el 18,8%, mientras que las becas y las ayudas al estudio, el 5,0%.

La mayor parte del gasto en Educación, el 88,5%, correspondió a las administraciones educativas, es decir, a los Ministerios de Educación y Formación Profesional, y al de Universidades, así como a las consejerías y departamentos de Educación y/o Universidades de las comunidades autónomas.

La participación de los ministerios en el gasto total en educación ascendió al 8,0%. En total, esta cantidad fue de 5.406,8 millones de euros. Deducidas las transferencias a las comunidades autónomas, el gasto fue un 10,7% superior al 2022, suponiendo un total de 3.041,1 millones de euros.

Bolaños asegura que el nuevo modelo de los Tribunales de Instancia facilitará la creación de más plazas judiciales

Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes – 28.3.2025

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha resaltado las ventajas de la estructura judicial creada con la Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia durante la clausura de las XXIII Jornadas de presidentes y presidentas de Audiencias Provinciales celebradas en Las Palmas de Gran Canaria.

Durante su intervención, el ministro se ha referido a los principales hitos que está impulsando el Ministerio con el propósito de acometer la mayor transformación de la Justicia en décadas, entre los que destacan el Real Decreto-ley 6/2023, piedra angular del proceso de digitalización en la Administración de Justicia y la Ley Orgánica 1/2025 de Eficiencia del Servicio Público de Justicia.

Respecto a esta última, Bolaños ha resaltado que la norma supone una reforma radical de nuestra organización judicial, al convertirla en una estructura más ágil, más flexible y con mayor capacidad de respuesta ante la congestión de algunos juzgados.

El ministro ha destacado especialmente el impacto de la norma en el aumento de plazas de jueces gracias al modelo de Tribunales de Instancia. La nueva estructura permitirá dotar de más plazas judiciales a las secciones de los Tribunales de Instancia cuando sea necesario, ya que la creación de dichas plazas dejará de estar vinculada a la implantación de un nuevo juzgado, lo que permitirá invertir el importe ahorrado – en torno a 400.000 euros – a la habilitación de nuevas plazas.

Además, la transformación de los más de 3.900 juzgados unipersonales en 431 Tribunales de Instancia, asistidos cada uno de ellos administrativamente por una Oficina Judicial, permite, por ejemplo, que se produzca una especialización de las plazas judiciales, que se ordenarán por secciones especializadas. Del mismo modo, facilita la homogeneización de las prácticas, jurisdiccionales y organizativas, de los integrantes de dichas secciones.

El ministro ha puesto en valor los avances que se están llevando a cabo para la efectiva implementación de la norma, como la organización de las plantillas de los nuevos Tribunales de Instancia, asegurando que durante este año 2025 el nuevo modelo organizativo será una realidad.

Principales proyectos de 2025

La clausura de las jornadas también ha permitido al ministro abordar otros dos grandes proyectos del ámbito de la Justicia que se remitirán próximamente a las Cortes Generales. El primero de ellos, una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que ya ha sido aprobada en primera vuelta por el Consejo de Ministros y que tiene el objetivo de ampliar y fortalecer la Carrera Judicial y Fiscal, además de dotarla de previsibilidad, transparencia y derechos para quienes la integran.

El segundo, se refiere al Proyecto de Ley Orgánica de Enjuiciamiento Criminal, que homologará el proceso penal de España al que existe en los países de nuestro entorno europeo.

La vicepresidenta Aagesen presenta un paquete de medidas para avanzar hacia islas 100% renovables

Transición Ecológica y el Reto Demográfico – 27.3.2025

El apoyo del Gobierno central a la transición energética de las islas con el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia se ha traducido en más de 700 millones de euros en ayudas.

La vicepresidenta del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, ha anunciado un nuevo paquete de medidas para la plena descarbonización del sistema eléctrico de las Islas Canarias. Esta estrategia potenciará la penetración de las energías renovables y acelerará el proceso de transición ecológica en la comunidad autónoma, con acciones inmediatas, a corto, medio y largo plazo, diseñadas junto con el Gobierno insular y el sector energético canario.

«La generación renovable en las Islas se ha duplicado desde 2018, gracias en buena medida a las ayudas del Plan de Recuperación, pero necesitamos acelerar más el proceso de descarbonización y reforzar la seguridad, la resiliencia y la competitividad de los sistemas eléctricos de las Islas Canarias. Con la nueva planificación, aspiramos a multiplicar por diez la potencia instalada y acelerar el proceso hacia unas Islas Canarias 100% renovables», ha destacado la vicepresidenta.

Las claves de este marco de acción se han presentado a un amplio grupo de representantes del sector energético insular. Supone un impulso adicional al apoyo que el Gobierno presta a la descarbonización en las islas, especialmente mediante el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), que acumula más de 17.000 actuaciones en el archipiélago, beneficiarias de más de 700 millones de euros.

Más de 17.000 actuaciones financiadas con el PRTR

Canarias ha contado con un plan operativo específico para impulso renovable, dotado con 466,62 millones, a través del cual se está promoviendo un despliegue renovable, incorporación de almacenamiento y proyectos de geotermia, entre otras líneas de ayuda. Por el momento, y fruto de este plan, se han activado más de 700 actuaciones por cerca de 270 millones.

Adicionalmente, proyectos canarios han logrado obtener fondos de las líneas de concurrencia competitiva a escala estatal, en proyectos vinculados al hidrógeno, la eólica marina o la movilidad sostenible. Hasta ahora, más de 50 proyectos singulares han recabado 118 millones de ayudas, movilizando una inversión de 381 millones.

Por último, también a través de los fondos PRTR, el Instituto de Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), organismo dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, ha transferido al Gobierno de Islas Canarias 161,1 millones de euros en los programas territorializados para el apoyo del autoconsumo, la movilidad eléctrica y la rehabilitación energética.

Gracias a este potente despliegue, la generación de electricidad con renovables se ha duplicado desde 2018, hasta cubrir un 20,8% de la demanda del archipiélago a cierre de 2024.

Grupo de trabajo multidisciplinar y primeras medidas

La vicepresidenta Aagesen ha anunciado que se creará un Grupo de Trabajo multidisciplinar, integrado por representantes de la Administración General del Estado, el Gobierno de Canarias, el sector energético y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), con el mandato de diseñar una hoja de ruta para acelerar la transición energética en las islas, enfocada en eliminar las barreras técnicas y regulatorias que frenan el proceso de descarbonización.

Con carácter inmediato, se modificará la señal de precios en los sistemas eléctricos canarios para que se ajusten a la realidad de demanda energética del archipiélago y, en consecuencia, se favorezca la penetración de renovables y se incentive la inversión.

Asimismo, se modificará la normativa para el almacenamiento independiente, con el fin de que pueda participar directamente en el mercado eléctrico insular, aportando flexibilidad y respaldo a los sistemas eléctricos insulares, incrementando con ello la seguridad del suministro.

El Gobierno comienza la tramitación de estos cambios regulatorios, mediante la publicación de una consulta pública previa.

Adicionalmente, las primeras actuaciones del Plan de Acción incluyen multiplicar por diez la capacidad de acceso a la red de las instalaciones renovables, que recogerá la Planificación 2025-2030, actualmente en elaboración. En el sistema Lanzarote-Fuerteventura se pasará de 10 MW a 429 MW, en Tenerife-La Gomera de 57 MW a 593 MW y en Gran Canaria de 61 MW a 337 MW.

A medio y largo plazo, entre las modificaciones regulatorias que se quieren concretar, destaca la posibilidad de permitir la participación de las instalaciones renovables y el almacenamiento en los servicios de balance del sistema eléctrico, de modo que se reduzca el peso de la generación térmica convencional.

Empresarios y sindicatos firman un acuerdo para mejorar la coordinación entre la FP y la Formación en el Empleo

28 Mar 2025

CEOE, Cepyme, CCOO y UGT han firmado un Acuerdo para la mejora de la coordinación entre los Sistemas de Formación Profesional y de Formación en el Empleo, en línea con el compromiso asumido por los interlocutores sociales en la última reunión de la Mesa de Diálogo Social de Formación.

En el texto de este acuerdo bipartito, las cuatro organizaciones firmantes consideran la formación como un instrumento integrado y necesario a lo largo de toda la vida, por lo que entienden imprescindible que los Sistemas de Formación Profesional y de Formación para el Empleo se coordinen para poder afrontar los retos a los que se enfrenta el mercado laboral en materia de cualificación profesional.

Para ello, CEOE, Cepyme, CCOO y UGT proponen la colaboración entre la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo (FUNDAE) y la Secretaría General de Formación Profesional del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes (MEFPD). Además, el texto recoge la necesidad de un Convenio Marco de colaboración entre los Centros de Referencia Nacional y las Entidades Bipartitas Sectoriales de FUNDAE.

Los interlocutores sociales han puesto en valor este importante Acuerdo con el que pretenden que el Sistema de Formación Profesional y el de Formación para el Empleo puedan mejorar aún más la coordinación existente actualmente mediante una colaboración efectiva, teniendo en cuenta que ambos sistemas son competencia de ministerios diferentes, por un lado, del MEFPD y, por otro, del Ministerio de Trabajo y Economía Social.

La presidenta del TS y del CGPJ reclama más recursos para la Justicia ante el próximo despliegue de los tribunales de instancia

Miércoles, 26 de marzo de 2025

“Es preciso que el cambio de modelo venga acompañado de la necesaria dotación presupuestaria y de los suficientes medios materiales y personales para que no se quede en una mera declaración de intenciones”, dice en la inauguración de las XXIII Jornadas de presidentes y presidentas de Audiencias Provinciales. Isabel Perelló subraya que el objetivo del órgano de gobierno de los jueces es consolidar una Justicia más moderna, transparente y eficaz que sirva a la sociedad y una Justicia independiente que tutele los derechos de los ciudadanos

Autor Comunicación Poder Judicial

La presidenta del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Isabel Perelló, ha reclamado hoy, durante su intervención en el acto de inauguración de las XXIII Jornadas de presidentes y presidentas de Audiencias Provinciales, más recursos para la Justicia ante el próximo despliegue de los tribunales de instancia previstos en la Ley Orgánica de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia.

Tras destacar el cambio en el modelo organizativo que supondrá la entrada en vigor de la ley, que se traducirá en la conversión de 3.800 juzgados unipersonales en 436 tribunales de instancia y la creación de secciones especializadas, Perelló ha subrayado que la ampliación de las competencias de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer tendrá como resultado en algunas Comunidades Autónomas el incremento en hasta un veinte por ciento de la carga de trabajo de estos órganos judiciales.

“Es preciso, por tanto, que ese cambio de modelo venga acompañado de la necesaria dotación presupuestaria y de los suficientes medios materiales y personales para que no se quede en una mera declaración de intenciones. La Justicia necesita medios para funcionar y desde el Consejo General del Poder Judicial no vamos a cansarnos de reclamar los recursos que garanticen que este nuevo modelo sea efectivo y consolide una Justicia más ágil y eficiente, a la altura de lo que esperan y merecen los ciudadanos”, ha dicho.

La presidenta del órgano de gobierno de los jueces también ha señalado que el CGPJ ha constituido un grupo de trabajo para preparar el despliegue de los tribunales de instancia “con la finalidad de anticipar y coordinar la respuesta que el Consejo debe ofrecer a las incidencias que genere el cambio de modelo”.

Ese grupo de trabajo, que entró en funcionamiento el pasado día 19, ya ha pedido a los Tribunales Superiores de Justicia que le trasladen propuestas o peticiones concretas para su estudio.

Además, la presidenta del TS y del CGPJ ha hecho referencia al informe al anteproyecto de Ley Orgánica para la ampliación y el reforzamiento de las Carreras Judicial y Fiscal que el Pleno del Consejo aprobó por unanimidad la semana pasada y en el que se advertía de las disfunciones que puede generar la equiparación del acceso por la categoría de magistrado -por concurso oposición- al acceso por la categoría de juez por turno libre o de las dudas que suscita la justificación dada al proceso extraordinario de estabilización previsto para jueces sustitutos y magistrados suplentes.

Perelló ha añadido que confía en que se preste atención a esas recomendaciones “para que ese reforzamiento de la Carrera Judicial del que habla el título del anteproyecto sea real”.

“El objetivo es siempre el mismo: consolidar una Justicia más moderna, transparente y eficaz que sirva a la sociedad. Y una Justicia independiente, que tutele los derechos de los ciudadanos. Sin la independencia judicial, que es el eje en torno al cual gira nuestro Estado de Derecho, la Justicia no puede ser una realidad”, ha asegurado.

Por último, la presidenta del Consejo ha destacado el alto nivel de consenso que caracteriza el nuevo mandato del CGPJ, que ha permitido el nombramiento por unanimidad de dos presidentes de Sala y veintiún magistrados/as del Tribunal Supremo, seis presidentes de Tribunales Superiores de Justicia y diecisiete presidentes de Audiencias Provinciales.

“Estoy convencida de que en breve finalizaremos nuestro cometido en esta materia. Tenemos la mirada puesta en la normalización de la situación del Poder Judicial en nuestro país, tras tantos años de irregularidad provocada por causas completamente ajenas al propio Poder Judicial”, ha concluido.

Los datos de la Contabilidad Nacional muestran la fortaleza de la economía española

Es fundamental continuar con la transición del modelo productivo y seguir en la senda del aumento del empleo, el incremento de salarios y la mejora de las condiciones de vida

 26 Marzo 2025 UGT

Los datos de la Contabilidad Nacional Trimestral correspondientes al cuarto trimestre de 2024 publicados hoy por el INE registran un aumento trimestral del PIB del 0,8%, un 3,4% en términos anuales. Este es el quinto trimestre consecutivo en el que el crecimiento del PIB acelera, un signo de fortaleza de la economía española. Tras este dato el conjunto de 2024 cierra con un incremento medio del 3,2%.

Entre los datos que se han conocido hoy destacan, por el lado de la demanda, el notable incremento del consumo privado, que ha crecido un 3,9% anual en este trimestre, su mejor dato en el año, y el fuerte crecimiento de la inversión, un 4,5%. Como resultado, la demanda nacional ha aportado 3,6 puntos al crecimiento del PIB, mientras que el sector exterior ha restado dos décimas a dicho crecimiento. Por el lado de la oferta, todos los sectores registran incrementos en su actividad, siendo el sector primario el que lo hace en mayor medida, un 4,2%, seguido de los servicios (3,8%), la industria (2,7%) y la construcción (2,6%).

La economía española está atravesando un buen momento, pese a las turbulencias presentes en el ámbito internacional, y así lo recogen los principales indicadores, con un aumento del PIB del 3,4% anual y el empleo creciendo a un ritmo del 2,3%. En buena parte, estos resultados provienen de la acertada política con la que se han afrontado periodos de crisis como la pandemia o la crisis inflacionista.

De este modo, gracias a las medidas para moderar el alza de los precios, al apoyo a las personas y familias más vulnerables y al avance en materia salarial, favorecido por el impacto del V Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC), el consumo privado de los hogares ha aumentado un 2,8% en el año 2024, siendo uno de los elementos más determinantes en la demanda nacional y aportando 1,5 puntos al aumento del PIB.

A este hecho se suma otro elemento clave en el corto y medio plazo para la economía española como es la introducción de los fondos europeos. El Plan de Recuperación está contribuyendo a mejorar una de las principales debilidades de la economía española como es la inversión. Si bien durante sus dos primeros años de ejecución el ritmo era lento, desde 2023 ha ido creciendo paulatinamente hasta alcanzar más de 48.000 millones de euros en convocatorias resueltas y una tasa de resolución del 60,7%.

Por ello, es crucial aumentar la inversión productiva, sobre todo enfocada a renovar el modelo de producción español, a reforzar nuestra autonomía estratégica y a impulsar los sectores que mejores condiciones de trabajo tengan y sean más respetuosos con el medioambiente.

Generar un crecimiento económico sostenible y sostenido que ponga en el centro a las personas

Un aspecto que puede ayudar para lograr que la inversión se incremente a mayor ritmo es la bajada de tipos de interés por parte del BCE, que ya los sitúa en el 2,5%, el valor más bajo desde febrero de 2023. Apuntalar los objetivos europeos desde la política monetaria debe ser una máxima para lograr la tan ansiada cohesión y el desarrollo económico y social europeo en un contexto internacional como el actual.

En resumen, el año 2024 ha cerrado con un aumento del PIB inesperado respecto a sus previsiones iniciales, situando a España como la economía que más impulsa el crecimiento en Europa. Por ello, es fundamental continuar con la transición del modelo productivo, generando un crecimiento económico sostenible y sostenido que refuerce la posición española en el ámbito europeo y que permita ampliar la cooperación con otros socios internacionales. Para lograr este objetivo es imprescindible situar en el centro de nuestro modelo de desarrollo a las personas trabajadoras, aumentando el empleo, incrementando sus salarios reales y mejorando sus condiciones de vida.

Datos

Los datos definitivos de la CNTR registran una tasa de variación anual del PIB del 3,4%, una décima superior a la del tercer trimestre, de manera que se confirma su quinta aceleración consecutiva. Por otro lado, la tasa de crecimiento trimestral se ha situado en el 0,8%, la misma cifra que se registró en el trimestre anterior. En el conjunto del año 2024 el PIB ha crecido un 3,2%.

Por el lado de la demanda, el consumo final de los hogares aumenta en un 3,8% anual, el mejor registro de todo 2024, y cierra así con un incremento medio del 2,8%. El consumo ha sido una de las piezas clave del crecimiento del PIB en el año. La inversión también acelera, en esta ocasión un 4,5%, 2,3 puntos más que el trimestre anterior, con lo que aporta 0,9 puntos al crecimiento anual del PIB en este último trimestre. De esta forma, la demanda nacional en su conjunto suma 3,6 puntos al crecimiento, mientras que el sector exterior lo reduce en 2 décimas. 

Por parte de la oferta, todos los sectores económicos presentan crecimientos trimestrales, a excepción del sector primario, que decrece un 0,7%. En términos anuales aumentan todos ellos; la agricultura lo hace en mayor medida (4,2%), seguido del sector servicios (3,8%), después la industria (2,7%) y, por último, la construcción (2,6%). Un aspecto muy significativo de la evolución económica española es el desarrollo de su industria manufacturera, que en los últimos 3 trimestres ha estado creciendo en el entorno del 4%. Este es uno de los sectores que requieren de un mejor desempeño para alcanzar una transición justa hacia un modelo productivo más sólido y respetuoso con el medio ambiente, además de cumplir un papel clave en el objetivo de autonomía estratégica que se ha fijado la Unión Europea. 

Por último, en lo que se refiere al empleo, las horas efectivamente trabajadas aumentaron un 1,8% trimestral y un 2,8% interanual. Por su parte, los puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo registran un incremento trimestral del 0,8%, mientras que en términos anuales lo hizo un 2,3%. De esta forma, el empleo cierra el año 2024 habiendo crecido un 2,4% respecto a 2023. Con ello, en este trimestre hay 454.800 puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo más respecto al mismo trimestre de 2023., con la particularidad de que, desde la reforma laboral de 2021, el empleo que se crea es de mayor calidad.

Los líderes empresariales del sector comercio se reúnen en Valencia para reivindicar su papel estratégico en la economía española

26 Mar 2025

Valencia se convirtió en la capital del comercio español con la celebración del 5º Encuentro del Comercio CEOE-C4, que reunió en el CaixaForum València a representantes de las principales organizaciones empresariales y empresas del país, así como a líderes institucionales y expertos, para reflexionar sobre los desafíos y oportunidades del sector comercio.

El acto, organizado por la Comisión de Competitividad, Comercio y Consumo (C4) de CEOE en colaboración con la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV), puso en valor el papel del comercio como motor económico, generador de empleo y factor clave de cohesión social en España. 

Bajo el lema “Somos comercio, somos país”, los participantes insistieron en la necesidad de garantizar un marco normativo estable y flexible, que permita a las empresas —grandes, medianas, pequeñas y autónomos— seguir invirtiendo, innovando y creando empleo en un entorno marcado por la transformación digital y la incertidumbre económica.

La inauguración contó con la participación del presidente de CEOE, Antonio Garamendi; el presidente de la CEV, Salvador Navarro; el presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón; el presidente de la C4, Ricard Cabedo; y la consellera de Innovación, Industria, Comercio y Turismo de la Comunitat Valenciana, Marian Cano, quienes coincidieron en destacar el carácter estratégico del comercio y la urgencia de aliviar la sobrerregulación que lastra la competitividad del sector. 

El presidente de CEOE, Antonio Garamendi, que no pudo asistir de forma presencial, señaló la necesidad de reflexionar sobre los desafíos de un sector que calificó como “complejo, volátil e incierto”. Reivindicó el papel estratégico del comercio en la economía española y su valor como eje de cohesión social y territorial: “El comercio construye comunidad, vertebra el territorio y actúa como freno frente a la despoblación”, afirmó. También recordó su papel esencial en situaciones de crisis, como la pandemia o la reciente DANA, subrayando que “la vuelta a la normalidad pasa, sí o sí, por la recuperación del comercio”.

Garamendi criticó con firmeza la hiperregulación que, a su juicio, frena la competitividad, la productividad y la capacidad de generar empleo del sector. “Necesitamos menos leyes, pero de más calidad”, reclamó. Puso en valor la cercanía del comercio —el 90% de los ciudadanos tiene un supermercado a menos de 10 minutos— y reconoció el esfuerzo de empresarios y autónomos, a quienes definió como “el mejor activo del sector”.

El presidente de CEV, Salvador Navarro, por su parte, ha asegurado que para hacer frente a los desafíos del sector “hay que innovar, fortalecer la colaboración público-privada y garantizar un marco legislativo que permita al comercio seguir siendo un motor de progreso”. Asimismo, Navarro ha aprovechado el foro para recordar que el sector del comercio es uno de los que más ha sufrido las consecuencias de la DANA y por ello ha incidido en que los pueblos afectados, sus comercios, necesitan “un apoyo firme y directo”. “Su recuperación no solo ayudará a la reconstrucción económica, sino también a la reactivación social y la generación de nuevas oportunidades. Nuestro objetivo ahora tiene que ser conseguir que ningún comercio más cierre sus puertas”, ha concluido. 

Reducir barreras administrativas

El presidente de la Comisión de Competitividad, Comercio y Consumo (C4) de CEOE, Ricard Cabedo, ha llamado a conocer la realidad del comercio en España, que aporta el 13% a la economía nacional y tiene un impacto en el mercado laboral del 17% del empleo. “Pese a estos números, que demuestran que somos un sector estratégico y con un impacto social muy alto, seguimos estando sometidos a una tremenda carga regulatoria, cada comercio en España tiene que atender a 3.000 normas con impacto directo en su actividad. Necesitamos que se reduzcan estas barreras administrativas para que el sector pueda seguir siendo el motor económico y de empleo que es hoy”.

Además, añadió que el sector se enfrenta a retos muy importantes en materia laboral. De un lado, el problema del creciente absentismo, para cuya solución Ricard Cabedo ha reclamado un mayor protagonismo de las mutuas en colaboración con las administraciones públicas para la gestión de los expedientes de los trabajadores. Y de otro, el del imprescindible relevo generacional en el pequeño comercio. A ello se suma la posible aprobación de la reducción de la jornada laboral, que tendría un enorme impacto económico en el comercio, un sector presencial por definición.

La jornada, conducida por la periodista Macarena Berlín, incluyó intervenciones de alto nivel como la de Amparo López, secretaria de Estado de Comercio, quien clausuró el acto remarcando el compromiso del Gobierno con la modernización del sector y el apoyo a su competitividad. También participó Christel Delberghe, directora general de EuroCommerce, la patronal europea del comercio, quien alertó sobre la desventaja inversora de Europa frente a otras regiones y subrayó la importancia de multiplicar la competitividad del tejido empresarial español, en concreto, del sector comercio. 

Además, se celebraron mesas de debate con la participación de Rafael Torres, presidente de la Comisión de Comercio de CEV; Maribel Sáez, directora general de Comercio, Artesanía y Consumo de la Generalitat Valenciana; y la experta en innovación Silvia Leal, que abordó las implicaciones de la inteligencia artificial en el futuro del comercio. Como cierre inspirador, la exnadadora olímpica y medallista Gemma Mengual compartió una reflexión sobre esfuerzo, liderazgo y superación, muy en sintonía con los valores que impulsa el sector.

Durante la jornada se anunció además que el próximo Encuentro de Comercio tendrá lugar en la ciudad de Toledo en 2026. Desde su creación en 2021, el Encuentro Comercio CEOE-C4 se ha consolidado como el principal foro de diálogo del sector a nivel nacional, habiendo celebrado ediciones anteriores en Sevilla, Valladolid, Zaragoza y Madrid. Esta quinta edición en Valencia refuerza el compromiso de las organizaciones empresariales con un comercio fuerte, moderno, competitivo y profundamente arraigado en la vida económica y social del país.

Sobre la C4

La Comisión de Competitividad, Comercio y Consumo (C4) de CEOE está formada por más de 260 miembros, entre los que se encuentran las principales asociaciones del sector —ANGED, ASEDAS y CEC—, así como organizaciones territoriales y empresas líderes como El Corte Inglés, Carrefour, Lidl, Mercadona, Amazon, Inditex, Ikea, entre muchas otras. Su misión es representar y defender los intereses del comercio, promoviendo su competitividad y visibilizando su aportación esencial al desarrollo económico y social.

El TSJ de Castilla-La Mancha confirma la condena por estafa a dos hombres que captaban inversores de capital para supuestos negocios de alta rentabilidad

Martes, 25 de marzo de 2025

La sentencia relata que estafaron más de 76.000 euros destinados a “operaciones ruinosas” y sabían la práctica imposibilidad de que los perjudicados pudieran recuperar su inversión

Autor Comunicación Poder Judicial

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha ha desestimado los recursos de dos condenados por estafa y confirma la sentencia que dictó la Audiencia de Cuenca que les impuso dos años de prisión para cada uno y ocho meses de multa con una cuota diaria de diez euros. Además, en concepto de responsabilidad civil deberán afrontar el pago de una indemnización de 76.770,24 euros más intereses y abonar las costas procesales.

La sentencia del tribunal provincial relata que, a principios de 2017 Nicolás y Victoriano junto con un tercero, Victorino (no enjuiciado), idearon un plan para engañar a los denunciantes ofreciéndoles ser intermediarios de una serie de inversiones de capital para comprar lotes de artículos de ocasión para su reventa, siendo, sin embargo, operaciones ruinosas realizadas con la intención real de apropiarse ilícitamente de la mayor parte del dinero de los perjudicados.

En dicho plan, Victoriano y Victorino se presentaron con falsa apariencia de solvencia empresarial, haciendo promesas de rentabilidad en las inversiones que proponían. Por su parte, Nicolás dispuso el soporte administrativo necesario para consolidar esa fachada de realidad encargándose de la recepción y disposición del dinero de los denunciantes. Asimismo, para aumentar la verosimilitud de la trama, los acusados propusieron la creación de una sociedad limitada, denominada Rualan Inversiones, S.L.U., que sirviera de soporte jurídico a las supuestas inversiones que se iban a realizar de forma continuada en el futuro. El dinero obtenido se destinaría a recuperar el capital invertido y el beneficio a repartir: el 75% para los inversores querellantes y el 25% para los acusados.

Victoriano y Victorino propusieron participar en varios negocios, de los cuales los perjudicados aceptaron dos. El primero era la compra de un lote de ropa de ceremonia que, según los acusados, tenía un precio muy bajo a pesar de su gran calidad, y que aseguraron que podría ser revendido rápidamente con un alto margen de beneficio. Posteriormente, adquirieron otro lote de unas 8.000 prendas denominado ‘stock multimarca’. Tanto los acusados como Victorino eran en todo momento conscientes del “mal estado y del nulo valor comercial de la ropa”, así como de la “práctica imposibilidad” de recuperar el dinero invertido y mucho menos obtener beneficios.

El tribunal razona que los indicios son “absolutamente acreditados”. “Como bien se dice en la sentencia -prosigue- los autores del delito participan, con pleno dominio del hecho, entendido como dirección de las acciones comunes y necesarias para el cumplimiento del tipo penal; pero ejecutando diversas funciones en cumplimiento del designio final, repartiéndose los papeles”.

Además, los magistrados señalan que “los hechos descritos, sin necesidad de ejecutar otros distintos, suponen ya de por sí la participación en la trama orquestada, haciendo creer a los querellantes que invertían en un negocio cuando realmente solo pagaban un alto precio, confiados de su calidad por la información que se les daba, por la compra de ropa de nulo valor previamente adquirida por los autores del delito”.

Los magistrados concluyen que los hechos descritos “suponen ya de por sí la participación en la trama orquestada, haciendo creer a los querellantes que invertían en un negocio cuando realmente solo pagaban un alto precio, confiados de su calidad por la información que se les daba, por la compra de ropa de nulo valor previamente adquirida por los autores del delito”.

USO-Industria exige un mix energético equilibrado que incluya a la nuclear

24 marzo, 2025 USO

  • Una delegación del sindicato ha visitado esta mañana la central nuclear de Almaraz para apoyar el mantenimiento de la actividad
  • El cierre de las centrales destruiría unos 15.000 puestos de trabajo directos en España y 3.000 en Extremadura, contando los indirectos

Representantes de la Federación Estatal de USO-Industria, USO-Extremadura y la sección sindical de USO en Iberdrola han visitado esta mañana la central nuclear de Almaraz, en Cáceres, para apoyar la continuidad de su actividad, en el marco de una política energética que debe incluir necesariamente la nuclear.

Este mix energético debe adecuarse tanto a las necesidades del país como a la estrategia europea. “No es de recibo que, mientras países como Francia, Finlandia o Bélgica apuestan por esta fuente de energía; o Suecia, Chequia, Polonia e Italia piensan en retomar la actividad de sus centrales cerradas en los 90, España tenga un calendario de cierre para las suyas. Es ir a contracorriente y no tiene ningún sentido”, argumenta Raúl Montoya, secretario de Organización y Acción Sindical de USO-Industria.

Montoya recuerda que, según el informe de la consultora Metyis, la clausura total de las centrales destruirá 15.000 puestos de trabajo y tendrá un impacto negativo de más de 800 millones de euros para la economía nacional. Además, el precio del MW/h se incrementaría en 37 euros por el apagón nuclear.

USO recuerda además que, en casos como el de Almaraz, la central supone un polo industrial para una comarca carente de más industria: “su cierre afectaría gravemente a la estabilidad del mercado laboral y el tejido empresarial extremeños. Más de 400 empresas dependen directa o indirectamente de la actividad de la central. Algunas de ellas podrían incluso cerrar. Se perderían los puestos de trabajo directos, cerca de 400, con una gran mayoría de personal cualificado, además de los indirectos. Extremadura perdería 3.000 empleos y no se lo puede permitir”, demanda Antonio Esteban, secretario de Acción Sindical de USO-Extremadura.

La preocupación por la falta de energía nuclear llega también a las eléctricas. USO en Iberdrola apunta que Almaraz “aporta el 7 % de la demanda eléctrica de España. Si cierre puede genera inestabilidad y encarecer el coste de generación”, apunta Paco Tarifa, secretario de Comunicación de la sección sindical.

Frente a la demonización de la energía nuclear, Raúl Montoya recuerda que el cierre de Almaraz supondría “la emisión de 3 millones de toneladas de CO2 adicionales al año para sustituir la energía que produce. USO pide una política de Estado donde impere el sentido común. Hacemos un llamamiento al Gobierno central y a los ministerios competentes para que deje sin efecto el calendario y que 2035 no sea el año del cierre definitivo de las nucleares en España”.

El TSXG avala el cobro del Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados en las transmisiones de farmacias

Lunes, 24 de marzo de 2025

La sección cuarta de la Sala de lo Contencioso-administrativo aplica la doctrina del Tribunal Supremo

Auto Comunicación Poder Judicial

La sección cuarta de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), aplicando la doctrina del Tribunal Supremo, ha avalado el cobro, por parte de la Agencia Tributaria de Galicia (ATRIGA), del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, modalidad Actos Jurídicos Documentados, en la transmisión de oficinas de farmacia.

Los magistrados del alto tribunal gallego explican en una de las resoluciones que, si bien en el momento del devengo del impuesto existían “pronunciamientos judiciales contradictorios”, el Tribunal Supremo dictó sus primeras sentencias en noviembre de 2020, y “(…) fijó una jurisprudencia favorable a la regularización”. El criterio del Supremo, según subraya la Sala, “se fue consolidando en el tiempo”, como lo demuestran posteriores sentencias de 2022, por lo que dicho criterio fue seguido por el TSXG en una sentencia de 12 de julio de 2023, en la que rechazó el planteamiento de una cuestión de ilegalidad de la disposición adicional única del Real Decreto 1828/1999.

“Respetuosos con el principio de seguridad jurídica y unidad de criterio, hemos de mantener el criterio que se recoge en la sentencia de esta Sala de 12 de julio de 2023, acogiéndonos, al mismo tiempo, al fijado por el Tribunal Supremo”, explican los jueces en la resolución, en la que indican que las personas que adquirieron oficinas de farmacia antes de que se publicasen las primeras sentencias del Tribunal Supremo, de 26 de noviembre de 2022, “no se veían sometidas a procedimientos de regularización tributaria, pese a declarar las operaciones de compraventa como no sujetas al Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados”. Sin embargo, destacan que “de esta inactividad liquidadora, anterior al año 2020, no nació un precedente administrativo ni una situación consolidada que impidiese hacerlo con posterioridad y, en concreto, una vez que el TS fijó un criterio jurisprudencial favorable, extendiéndola a periodos no prescritos”.

“(…) en el caso de las operaciones de compraventa de las oficinas de farmacia, la ATRIGA no ha emitido una declaración expresa y precisa de que estas operaciones no estuviesen sujetas a tributación por el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, ni se han realizado por la administración tributaria autonómica actos indubitados que revelen un criterio claramente contrario a su sujeción”, señala el TSXG, al tiempo que incide en que “no es una falta de regularización”, pues “no consta que la ATRIGA llegase a manifestar y comunicar expresamente un criterio contrario a la regularización”. A ello, añade que “su inactividad no equivale a un acto o signo externo lo suficientemente concluyente como para generar una confianza legítima en los contribuyentes que obligase a aquella a mantener y consolidar tal situación”.

UGT solicita al Defensor del Pueblo que investigue la inaplicación de la Ley de Vivienda

El sindicato reclama que se analice la falta de aplicación de la norma en las zonas tensionadas y la insuficiencia de medidas puestas en marcha para el facilitar el acceso a una vivienda digna y adecuada

18 Marzo 2025

La Unión General de Trabajadoras y Trabajadores (UGT) se ha dirigido al Defensor del Pueblo para reclamarle que inicie una investigación sobre la aplicación de la Ley de Vivienda en las zonas tensionadas y a cerca de las medidas para el acceso de las personas trabajadoras a una vivienda digna y adecuada, de las que tienen competencia las administraciones autonómicas.

En su escrito, el sindicato señala como consideraciones a tener en cuenta la realidad actual del mercado de la vivienda en España, en el que se ha sufrido un incremento exponencial de los precios, tanto de venta de viviendas nuevas o de segunda mano, como de los precios de los alquileres. 

Por otro lado, UGT subraya el empobrecimiento de parte importante de la población, en especial personas jóvenes y trabajadoras, y el incremento de la desigualdad entre quienes ya tienen una vivienda en propiedad y quienes no la tienen o tienen que acceder al mercado del alquiler o compraventa. En este sentido, el sindicato hace hincapié en que los denominados fondos buitre y grandes propietarios ostentan posiciones de ventaja y propician el encarecimiento de la oferta. De este modo, aumenta el riesgo de pobreza relativo de las personas con trabajo. 

Ante este panorama, UGT denuncia que existen zonas o territorios en los que cada vez es más complicado el acceso a la vivienda para las personas trabajadoras. Así, el sindicato se fija principalmente en las zonas de elevada presión turística como el archipiélago balear o la provincia de Málaga y advierte que el aumento de la vivienda turística es también factor coadyudante para el incremento de los precios de la vivienda.

Por estos motivos, y ante la aprobación de la Ley 12/2023, de 24 de mayo, por el derecho a la vivienda, la cual el sindicato considera que se está aplicando de manera insatisfactoria e improductiva por parte de las comunidades autónomas, UGT solicita al Defensor del Pueblo que inicie una investigación en la que las Administraciones competentes informen acerca del cumplimiento de la norma y de las medidas adoptadas para atajar el problema de la vivienda en España.

Las constituciones de nuevas sociedades mercantiles descendieron un 18,4% anual

17/03/2025  |  Registradores

El Colegio de Registradores presenta el avance mensual de su Estadística Mercantil, compendio de actos registrados en los Registros Mercantiles, considerados como relevantes para tomar el pulso al tejido empresarial nacional. Los tres actos recogidos en este avance son: las constituciones de nuevas sociedades mercantiles, las ampliaciones de capital, y los concursos de acreedores inscritos en el mes natural correspondiente.

Constituciones

Las constituciones inscritas descendieron en febrero un 18,4% sobre el mismo mes del año anterior. Con este dato se acumulan dos meses de caídas, después de incrementos continuados desde julio de 2024. En términos absolutos, se constituyeron 9.106 empresas, frente a las 11.155 registradas en el mismo periodo de 2024. Las Comunidades Autónomas de Andalucía, Cataluña y Madrid concentraron conjuntamente más de la mitad de las empresas creadas.

En relación con la evolución mensual por CC.AA., se observan descensos en la mayoría de los territorios, sobre todo en Asturias, Madrid, Comunidad Valenciana, Ceuta y Melilla, y Castilla-La Mancha. Por otro lado, aumentan en Navarra, Canarias, La Rioja y Murcia.

Ampliaciones de capital

Al contrario que las constituciones, el volumen de operaciones de ampliación de capital inscritas en los Registros Mercantiles muestra una tendencia positiva en febrero, con un incremento interanual del 3,2%, en comparación con el mismo mes del año previo.

Por comunidades autónomas, destacan por su mayor volumen de operaciones, Madrid con 817 ampliaciones en febrero, un 1,6% menos que en el mismo mes del año anterior, y Cataluña con 742, un 7,8% más. En el conjunto de territorios los datos son variables, con incrementos más acusados en Ceuta y Melilla, Castilla-La Mancha, y Canarias. Por el contrario, descendieron más en País Vasco, Baleares y Aragón.

Concursos de acreedores inscritos

Durante el mes de febrero, se inscribieron 401 concursos de acreedores en los Registros Mercantiles, lo que representa un ligero descenso del 0,7% en comparación con el mismo mes de 2024. Las Comunidades de Cataluña, Comunidad Valenciana y Madrid, de forma conjunta, aglutinaron en ese mes, más de seis de cada diez concursos.

Isabel Rodríguez: «La Ley de Vivienda funciona»

Balance del primer año de aplicación de las zonas tensionadas en Catalunya

Vivienda y Agenda Urbana – 14.3.2025

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha presentado, junto al Govern de la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona, el resultado de la aplicación del índice de precios del alquiler en 140 municipios de Catalunya durante su primer año de vigencia.

La titular de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica del Govern de la Generalitat de Catalunya, Sílvia Paneque, y el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, han comparecido en Barcelona para presentar el balance de la aplicación en Catalunya de las primeras zonas de mercado tensionado, recogidas en la Ley por el Derecho a la Vivienda, con motivo del primer aniversario de su entrada en vigor.

«La Ley de Vivienda funciona», ha asegurado la ministra, que ha cargado contra «los pregoneros del apocalipsis» que pronosticaron erróneamente el fracaso de las políticas del Gobierno en materia de vivienda. «A los agoreros, hoy les decimos que es posible intervenir el mercado del alquiler para bajar los precios y mantener la estabilidad de los inquilinos al tiempo que trabajamos por una mayor oferta hasta conseguir que todo el mundo pueda acceder a una vivienda a precio asequible», ha sentenciado la ministra.

Isabel Rodríguez ha incidido en su llamamiento al resto de administraciones públicas para que apliquen la Ley de Vivienda en sus territorios después de que el Tribunal Constitucional haya avalado el contenido de la norma. En esta línea, la ministra ha señalado que varios territorios ya trabajan en la declaración de zonas tensionadas, tales como el País Vasco, Navarra, Galicia o Canarias.

Éxito en la aplicación de la Ley de Vivienda en Catalunya

Rodríguez ha destacado el buen funcionamiento de la Ley de Vivienda en Catalunya tras un año de la primera declaración de zonas tensionadas. Los 140 municipios declarados zonas de mercado tensionado han rebajado en un 3,7% el precio de sus alquileres residenciales, mientras que en el total de Catalunya esa rebaja es del 3,3%. El caso de Barcelona es altamente significativo, puesto que en el último año sus alquileres son un 6,4% más baratos. Al mismo, tiempo la oferta no se reduce: los datos de 2024 respecto a 2023 arrojan 17.000 viviendas en alquiler más en Catalunya y 3.000 solo en Barcelona.

La ministra también ha subrayado la estabilidad de los inquilinos como uno de los objetivos fundamentales de la Ley de Vivienda y ha apelado a los propietarios a rebajar un 5% sus alquileres para deducirse hasta el 90% en la declaración del IRPF. «Gracias a la declaración de zonas tensionadas, hoy en Catalunya no existen incentivos perversos para querer rescindir los contratos a los inquilinos. Aquí se sabe que el precio ya está reglado y no existen incentivos para querer cambiar de inquilino», ha apuntado.

Asimismo, la ministra ha aplaudido «la valentía del Govern de la Generalitat» a la hora de usar las herramientas que el Gobierno puso a su disposición para atajar el problema de la vivienda y, al mismo tiempo, ha puesto en valor la transparencia de la Generalitat a la hora de hacer públicos los datos en torno al funcionamiento de la Ley de Vivienda. «En tiempos de bulos y fakes, es fundamental que las administraciones públicas aportemos transparencia es fundamental para seguir planificando mejores políticas públicas», ha apuntado.

El Gobierno descarta implantar nuevos peajes en la red de carreteras del Estado y mantendrá la política de bonificaciones

Transportes y Movilidad Sostenible – 14.3.2025

El Consejo de Ministros aprobará este próximo martes 18 de marzo el Real Decreto que traspone la Directiva europea por la que se establecen los criterios para calcular los gravámenes y las bonificaciones por el uso de las infraestructuras viarias que, en ningún caso, implica la implantación de nuevos peajes en la red de carreteras del Estado.AP-4, entre Sevilla y Cádiz (EFE)

El Gobierno descarta cualquier posibilidad de tomar medidas encaminadas a ampliar o modificar el pago por uso en las autopistas, autovías o carreteras convencionales. La aprobación de este texto no implica la creación de nuevos peajes, la introducción de un sistema de tarificación distinto al vigente actualmente o tarificar algún tipo de vehículo o el uso de nuevas infraestructuras.

Así, el Real Decreto no altera la política de acabar con las prórrogas de los peajes al fin de su concesión y de descuentos que este Gobierno aplica desde 2018, y que suponen un ahorro anual para los ciudadanos de 1.400 millones de euros.

Desde 2018, 4 de cada 10 km de autopistas del Estado han pasado a ser gratuitas, habiéndose liberado 1.029 km de los 2.530 km existentes, acabando con, la tendencia de las prórrogas sistemáticas, para alcanzar un modelo de financiación viaria más equilibrado territorialmente.

Además, el Gobierno está aplicando bonificaciones a vehículos ligeros y pesados en determinados tramos de autopistas, como en la AP-9, AP-66 y AP-68, para mejorar su funcionalidad y compensar a los usuarios recurrentes y trabajamos también para aplicar bonificaciones en la AP-53.

Desde 2018, se han ahorrado los usuarios de la Ap-9 más de 330 millones de euros, los de la AP-66, 46,8 millones de euros y los de la AP-68 92 millones de euros.

Cambio en los sistemas de cálculo

La Directiva introduce cambios en el método de cálculo de los peajes así como la posibilidad de internalizar los costes de congestión y los externos por emisiones de CO2. En las concesiones de autopistas de peaje ya existentes, sin embargo, no hay que hacer nada, ya que para estas no son de aplicación los criterios ambientales. En el caso de hipotéticas nuevas concesiones, en la licitación del contrato sí que se deben establecer estos criterios, de acuerdo con lo que establece la Directiva.

Las autopistas de Seitt ya comenzaron a trabajar para ajustarse a la normativa con los acuerdos del Consejo de Ministros del 3 de diciembre de 2025, y se sigue en ello. Son las únicas, de hecho, que deben acomodar su situación a esta directiva europea. La Directiva establece la obligación de eliminar, de forma paulatina y con excepciones, el sistema de viñeta para los vehículos pesados. La fecha tope es 2030 y no se contempla su eliminación para vehículos ligeros. El impacto de la regulación de las viñetas en España, sin embargo, es nulo, porque no está implantado este gravamen en nuestras carreteras.

La regulación de los regímenes de descuento en la directiva modificada para vehículos pesados es idéntica a la anterior. Para los vehículos ligeros la regulación es idéntica a la de los pesados, pero se contemplan supuestos para hacer un régimen más flexible, como reducciones de peaje para usuarios frecuentes, que no se contemplan para pesados.

En cualquier caso, se va a seguir trabajando en la política de bonificaciones que tiene el Estado, manteniendo tanto las bonificaciones para vehículos pesados hasta ahora aplicadas, como las que ya teníamos para los vehículos ligeros, que se basan en la habitualidad y empleando los mismos criterios usados hasta ahora en las nuevas que se puedan aplicar a partir de la aprobación del Real Decreto.

El artículo 1 de la Directiva (UE) 2022/362 del Parlamento Europeo y del Consejo de 24 de febrero de 2022 se traspone mediante el Real Decreto por el que se establecen los criterios para la determinación de los gravámenes, de sus exenciones y reducciones y su aplicación a los vehículos por la utilización de determinadas infraestructuras integradas en la red de carreteras del estado.

Agricultura eleva a 65,7 millones de euros el importe de ayudas abonado a los agricultores y ganaderos afectados por la DANA

Agricultura, Pesca y Alimentación – 17.3.2025

Ascienden a un total de 8.083 los productores con ayuda directa del Gobierno para compensar la pérdida de renta de las explotaciones agrarias.

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha autorizado un nuevo pago de 5,4 millones de euros de ayudas directas a 559 nuevos agricultores y ganaderos afectados por la DANA. Con este tercer pago, el montante abonado hasta el momento de esta línea de ayudas para compensar la pérdida de renta de las explotaciones agrarias ascenderá a 65,7 millones de euros a 8.083 beneficiarios.

Los agricultores y ganaderos beneficiarios recibirán el ingreso en sus cuentas a lo largo de los próximos días. El ministerio publicará en las próximas semanas nuevos listados con más agricultores y ganaderos con derecho a la percepción de estas ayudas a fondo perdido, que tienen un presupuesto total de 200 millones de euros.

El listado con los beneficiarios y los importes de ayuda correspondientes a cada uno de ellos, disponible en la sede electrónica del Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA), incluye agricultores y ganaderos de las provincias de Valencia, Almería, Cuenca y Albacete. El grueso principal se localiza en Valencia, con 462 agricultores y ganaderos, que percibirán 3,3 millones de euros.

La subvención máxima que percibirá cada beneficiario será de 25.000 euros, con un mínimo 5.000 euros, siempre y cuando no se hayan recibido las ayudas directas a empresas y profesionales aprobadas por el Gobierno. En el caso de haberlas percibido, la cantidad será menor.

El número de beneficiarios y el importe total de la ayuda concedida por provincia en este tercer listado es:

Con este nuevo pago, el total de beneficiarios y el importe concedido por provincia en los tres listados publicados hasta el momento es el siguiente:

Las exportaciones de bienes alcanzan los 29.780 millones de euros en enero de 2025

17 de marzo de 2025

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  • Se trata del tercer mayor valor de la serie para el mes de enero. En términos desestacionalizados y con la corrección de calendario crecieron un 1,8% interanual 
  • Las exportaciones dirigidas a destinos extracomunitarios crecieron un 0,7% interanual, obteniéndose máximos históricos para el mes en mercados de relevancia para España como el Reino Unido, Turquía, India o Chile
  • También alcanzaron cifras récord del mes en 12 destinos comunitarios, entre ellos, Portugal, Polonia, República Checa y Suecia 
  • Por sectores, en enero destacaron los superávits en alimentación, bebidas y tabaco (1.523,8 millones de euros), otras mercancías (530,0 millones), semimanufacturas no químicas (372,4 millones), sector automóvil (183 millones) 
  • Con la Unión Europea se alcanzó un superávit de 2.740,6 millones de euros, manteniéndose de forma ininterrumpida desde enero de 2017
  • Se consolida la base de exportadores regulares: ascendió un 1,7% interanual en enero de 2025 hasta los más de 31.000 exportadores, y representaron el 96,5% del total exportado

Las exportaciones de mercancías españolas alcanzaron los 29.780,4 millones de euros en enero de 2025 y las importaciones los 35.973,3 millones de euros, tal y como muestran los datos de comercio declarado de Aduanas y recogidos en el Informe Mensual de Comercio Exterior del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa, elaborado por la Secretaría de Estado de Comercio.

Se trata del tercer mayor valor de la serie para las exportaciones en el mes de enero. En términos desestacionalizados y con la corrección de calendario las exportaciones aumentaron un 1,8% interanual.

Las exportaciones no energéticas se mantuvieron relativamente estables, mientras que las energéticas descendieron un 15% interanual.

En cuanto a la comparativa internacional, descendieron las exportaciones de Alemania (-1,4%), mientras que aumentaron las de Francia (0,6%). Fuera de la Unión Europea, las exportaciones del Reino Unido crecieron un 23,1% interanual, las de los Estados Unidos un 2,1% interanual y las de Japón un 7,3% interanual. Por su parte, las exportaciones de China en el acumulado enero-febrero aumentaron un 3,4% interanual.

Asimismo, la tasa de cobertura (cociente entre las exportaciones y las importaciones en porcentaje) se situó en el 82,8%, es decir, 6,2 puntos porcentuales menos que en enero del año anterior.

Por sectores, destacaron los superávits en alimentación, bebidas y tabaco (1.523,8 millones de euros), otras mercancías (530,0 millones), semimanufacturas no químicas (372,4 millones) y sector automóvil (183,0 millones).

El superávit comercial con la Unión Europea alcanzó los 2.740,6 millones de euros (superávit de 2.892,4 millones de euros en enero de 2024), manteniéndose de forma ininterrumpida desde enero de 2017 (serie provisional). Los mercados de destino donde se alcanzaron los mayores superávits en enero fueron Francia (1.464,4 millones de euros), Portugal (1.447,6 millones) y Reino Unido (1.114,4 millones).

Por su parte, el número de exportadores regulares (aquellos que han exportado más de 1.000 euros en el año de referencia y en cada uno de los tres años inmediatamente precedentes), ascendió frente al mes de enero del año anterior, con un crecimiento del 1,7% en enero de 2025 hasta alcanzar los 31.002 exportadores. Estos exportaron por valor de 28.743,2 millones de euros, el 96,5% del total

Sectores y mercados de destino

En enero, los sectores con las mayores contribuciones positivas a la tasa de variación anual de las exportaciones fueron: alimentación, bebidas y tabaco (1,6 puntos porcentuales), productos químicos (1,2 puntos), materias primas (0,5 puntos) y semimanufacturas no químicas (0,4 puntos). Se alcanzó un máximo histórico del mes para los sectores de alimentación, bebidas y tabaco, manufacturas de consumo, materias primas y bienes de consumo duradero.  

Por mercados de destino, las exportaciones dirigidas a la Unión Europea-27 representaron el 63,7% del total. Alcanzaron cifras récord del mes en 12 destinos comunitarios, entre ellos: Portugal, Polonia, República Checa y Suecia.

Por su parte, las exportaciones dirigidas a destinos extracomunitarios aglutinaron el 36,3% del total y crecieron un 0,7% respecto al mismo mes del año anterior. Destacaron el aumento de las exportaciones a Asia (sin Oriente Medio) y a África (10,5% y 5,3% interanual respectivamente). Asimismo, se obtuvieron máximos históricos para el mes en mercados de relevancia para España como el Reino Unido, Turquía, India o Chile.

Por comunidades autónomas, las que observaron crecimientos más destacados en sus exportaciones fueron Castilla-La Mancha (17,5%), Canarias (16,9%) e Illes Balears (13,7%). 

CEOE prevé que la inflación se modere en 2025

14 Marzo 2025

CEOE

La inflación en febrero volvió a repuntar ligeramente, hasta el 3,0%, una décima más que el mes anterior. Por su parte, la inflación subyacente disminuyó dos décimas, hasta el 2,2%.

De este modo, se amplía el diferencial entre la inflación general y subyacente, mostrando una dinámica muy diferente entre ellas en los últimos meses. Las previsiones en 2025 apuntan a que la inflación será más moderada que en 2024, aunque con oscilaciones, al verse condicionada, entre otros factores, por la evolución de los precios de las materias primas en los mercados internacionales y por el efecto base respecto a 2024.

La reversión de medidas de reducción de impuestos para moderar la inflación -IVA de electricidad y alimentos- explica siete décimas de la inflación general. 

A impuestos constantes, respecto a 2024, el incremento del IPC general habría sido del 2,3% y el de la subyacente habría sido del 2,1%. 

Este efecto escalón se mantendrá a lo largo de todo el año, pero desaparecerá en enero de 2026, y afecta fundamentalmente a los componentes de productos energéticos y a los alimentos.

La desaceleración de la inflación subyacente en febrero se ha debido a la menor tasa de incremento de los precios de los servicios, del 3,2% frente al 3,4% del mes anterior. No obstante, continúan siendo el componente con un mayor incremento de precios dentro de la subyacente. Los otros componentes del IPC subyacente mantienen tasas moderadas de crecimiento.

En la Unión Monetaria, la inflación también ha mostrado una desaceleración de una décima, hasta el 2,4%, mientras que en España el IPCA de febrero mantuvo su tasa interanual en el 2,9%, por lo que se registró un diferencial positivo de cinco décimas, lo que supone un ligero empeoramiento de la competitividad-precio para España.


Análisis desagregado

El fuerte incremento de los precios energéticos (9,0%) se ha debido, fundamentalmente, a la vuelta a la tasa de IVA habitual del 21%, frente al IVA reducido de la electricidad (a impuestos constantes la tasa de variación habría sido del 4,1%). Así, la electricidad presenta un incremento de sus precios del 28,1%, mientras que carburantes y combustibles presentan caídas de precios ( 2,8%), en línea con la evolución del precio del petróleo. 

En febrero, el precio del crudo Brent se situó en 75,4 dólares/barril, un -4,8% inferior al precio el mes anterior (-5,4% en euros). En tasas interanuales, el descenso fue del -9,6% en dólares y del -6,3% en euros. El anuncio de la OPEP+ de retirar los recortes voluntarios en su producción y la incertidumbre sobre el crecimiento mundial por las tensiones arancelarias están presionando los precios del petróleo a la baja. En marzo, la tendencia continúa, con el precio oscilando alrededor de los 72 dólares/barril, que de mantenerse supondría un descenso en tasas interanuales del -15,7% en dólares y del -12% en euros.

Los precios de los alimentos sin elaboración registran una aceleración y elevan su tasa interanual en 2,3 puntos porcentuales, hasta situarse en el 5,0% (a impuestos constantes su variación habría sido del 3,3%). 

Dentro de la inflación subyacente, destaca la contención de los precios de su componente de servicios, que disminuyen su tasa interanual en dos décimas, hasta el 3,2%. Por su parte, los alimentos con elaboración, bebidas y tabaco aumentan dos décimas, hasta el 2,3%, y los precios de los bienes industriales sin productos energéticos mantienen su tasa de variación en el 0,5%.

Los órganos judiciales de toda España registraron el pasado año 95.650 demandas de disolución matrimonial, un 3,6 % más que en 2023

Lunes, 17 de marzo de 2025

Canarias, Comunidad Valenciana y Baleares registraron las tasas de demandas por cada 100.000 habitantes más altas, situándose por encima de la media nacional, que fue de 199

Autor Comunicación Poder Judicial

Las 95.650 demandas de disolución matrimonial presentadas en el año 2024 han experimentado en su conjunto un aumento del 3,6 % respecto a las registradas en 2023, según los datos recogidos por el Servicio de Estadística del Consejo General del Poder Judicial, que se publican hoy. Este incremento interanual devuelve estos procedimientos a cifras muy similares a las registradas en 2022, año en el que el número total de demandas de disolución matrimonial fue de 95.193.

El incremento global se debe al comportamiento de las demandas de divorcio, especialmente las consensuadas, que son las que más han aumentado. Las demandas de separación, tanto consensuadas como no consensuadas, se han mantenido en cifras muy similares a las de 2023.

Según recoge el informe, las demandas de divorcio consensuadas registradas en los órganos judiciales en 2024 (55.146) experimentaron un incremento interanual del 4,4 %, mientras que los divorcios no consensuados (37.080) crecieron un 2,8 por ciento.

Por el contrario, se produjo una disminución en las separaciones matrimoniales registradas en 2024: las no consensuadas (1.006) lo hicieron en un 3,2 por ciento, mientras que el decremento de las consensuadas (2.355) apenas se situó en el 0,6 por ciento.

Las nulidades matrimoniales del pasado año fueron 63, un 23,5 % más que en 2023, año en el que sumaron 51.

Poniendo en relación las demandas de disolución matrimonial del total del año con la población a 1 de enero de 2024, el número de demandas de disolución por cada 100.000 habitantes en España fue de 199.

Las tasas más altas, por encima de la media nacional, se dieron en Canarias, con 236,4 demandas de disolución matrimonial por cada 100.000 habitantes; Comunidad Valenciana, con 221,9; Baleares, con 219,9; Murcia, con 212,3; Andalucía, con 211,6; La Rioja, con 206,7; y Castilla–La Mancha, con 204,6.

Por debajo de la media nacional se situaron Galicia, con 195,2; Navarra, con 194,9; Cataluña, con 193,3; Asturias, con 192,2; Cantabria, con 187,9; Aragón, con 184,4; Madrid, con 181,2; Extremadura, con 180,3; Castilla y León, con 169,7; y País Vasco, con 168,1.

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Procedimientos de modificación de medidas en procesos de separación y divorcio y de guardia, custodia y alimentos de hijos no matrimoniales

En 2024 se presentaron 13.045 demandas de modificación de medidas consensuadas, un 4,5 % más que en el año anterior. También aumentaron las demandas de modificación de medidas no consensuadas, que alcanzaron la cifra de 32.423, un 2,8 % más alta que la registrada en 2023.

Las demandas de guarda, custodia y alimentos de hijos no matrimoniales consensuadas fueron 23.144, cifra que representa un incremento del 3,9 por ciento; y las no consensuadas, que sumaron 28.506, aumentaron un 4,5 por ciento respecto a 2023.

Puede consultar los datos estadísticos completos en el siguiente enlace: https://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Estadistica-Judicial/Estudios-e-Informes/Demandas-presentadas-de-nulidades–separaciones-y-divorcios/

Planas: «Nuestro sector agroalimentario tiene mucha experiencia, conocimiento y capacidad innovadora»

Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación del Congreso»

Agricultura, Pesca y Alimentación – 13.3.2025

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha destacado la importancia de la Estrategia Nacional de Alimentación (ENA), con medidas y acciones concretas, para mitigar las incertidumbres derivadas de la actual situación geopolítica y de las consecuencias del cambio climático en el sector agroalimentario.

La ENA, según Planas, pretende desarrollar desde el presente y para el futuro los instrumentos que atenúen las tensiones a las que está sometida la alimentación en España y en Europa. Su objetivo final es alcanzar la autonomía estratégica abierta, que asegure el abastecimiento alimentario bajo un modelo sostenible y que refuerce el papel de los operadores de la cadena alimentaria, genere retornos económicos más justos y cree nuevas oportunidades de negocio.

Planas, en comparecencia a petición propia en el Congreso de los Diputados, ha destacado que este proceso de cambio debe realizarse sin poner en peligro las relaciones comerciales internacionales, con el propósito de estimular la diversificación y el acceso a nuevos mercados dentro y fuera de Europa. Ha subrayado además la buena posición de partida España a la hora de afrontar estos desafíos. «Nuestro sector agroalimentario tiene mucha experiencia, mucho conocimiento y mucha capacidad innovadora», ha asegurado.

El ministro ha enumerado los seis desafíos clave identificados en la estrategia: el abastecimiento estratégico, la necesidad de unos sistemas alimentarios sostenibles, el fortalecimiento de las áreas rurales y costeras, promover una alimentación saludable, la apuesta por la innovación y la tecnología y asegurar que la información que recibe el consumidor sea veraz y precisa. La ENA detalla 25 medidas y 200 acciones para afrontar estos retos y asegurar que España continúe como referente mundial en alimentación, que contribuye a la construcción de la visión europea en este ámbito.

Planas ha recordado que el Gobierno ha hecho realidad la Estrategia en poco más de un año desde su anuncio, antes de que la Unión Europea (UE) presentara su «Visión de la Agricultura y la Alimentación» el pasado 19 de febrero, un documento que, según Planas, «tiene contribución española y muchos aspectos en los que se aprecia la huella y las propuestas de la ENA».

Así, el ministro ha destacado que la elaboración de la ENA «no es un ejercicio nacional, sino europeo». Ha explicado que «es una muestra más de la implicación del Gobierno en la integración europea, no debemos únicamente esperar que Bruselas tome decisiones, sino al contrario, siendo como somos un socio potente, uno de los países con más peso en la UE, que seamos capaces también de conformar las iniciativas de futuro que en esta nueva legislatura se lleven a cabo».

El ministro ha señalado que la ENA es un paso más en el cumplimiento de las iniciativas legislativas comprometidas por el Gobierno para la presente legislatura. Ha mencionado la ley de prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario, que previsiblemente aprobará la próxima semana el Congreso, la de agricultura familiar -actualmente en consulta pública- y el anteproyecto de ley de control, inspección y régimen sancionador de la pesca marítima, que espera llevar al Consejo de Ministros antes del verano.

Un sector agroalimentario español con datos históricos

Planas ha puesto en valor los datos positivos e históricos del sector agroalimentario en 2024 que refuerzan la posición de España como potencia agroalimentaria mundial y un agente con voz propia en la transición hacia un sistema alimentario sostenible.

Con un sector primario que, a nivel interno, ha sido el que más ha crecido en el Producto Interior Bruto (PIB) en 2024, con una subida del 8,5 % frente al 3,2 % del conjunto de la economía, España es el país con la mayor renta agraria de la Unión Europea, con un valor de más de 37.250 millones de euros el pasado año (+14,2 %). Las exportaciones, por más más de 75.000 millones de euros en 2024, arrojan una nueva cifra récord, con un saldo positivo de más de 19.230 millones de euros en la balanza comercial española. «Somos el cuarto mayor exportador agroalimentario de la Unión Europa y el séptimo del mundo», ha subrayado Planas, quien ha señalado que las ventas al exterior han crecido un 80 % en la última década.