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13 de septiembre, 2020
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Es imprescindible cambiar la ley para que las largas carreras de cotización no vean recortada su pensión

13 de septiembre, 2020

Es imprescindible cambiar la ley para que las largas carreras de cotización no vean recortada su pensión

09 Sep 2020

UGT

Mari Carmen Barrera traslada al ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones la necesidad de que se regule una pensión digna y sin recortes para las carreras de más de 40 años

La Secretaria de Políticas Sociales, Empleo y Seguridad Social de UGT, Mari Carmen Barrera, se ha reunido en el día de hoy, junto con la Unión de Jubilados y Pensionistas del sindicato (UJP-UGT) y la Confederación Estatal de Asociaciones y Federaciones de Prejubilados y Jubilados de Telefónica (CONFEDETEL), con el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá.

Una reunión en la que Barrera ha trasladado al Gobierno, como ya hiciera el pasado mes de julio a la presidenta de la Comisión del Pacto de Toledo, Magdalena Valerio, la exigencia de “que las carreras de cotización por encima de los 40 años generen una pensión digna y sin recortes, como ocurre en otros países del entorno de la Unión Europea, a través de la revisión del concepto de contributividad de las pensiones para las largas carreras de cotización”.

En este sentido, ha recordado al ministro Escrivá, antes de su comparecencia en la Comisión del Pacto de Toledo del día de hoy, que en España “se da la circunstancia que durante la crisis, y gracias a la desregulación de los ERE que trajo en su día la reforma laboral de 2012, se despidieron a cinco millones de personas, la mayoría de ellos mayores de 55 años, que han visto interrumpida su carrera de cotización y que van a ver mermadas sus pensiones a pesar de haber trabajado toda la vida”.

Una reiterada reivindicación de UGT

Por ello, Mari Carmen Barrera ha considerado que se tenga en cuenta la despenalización de los coeficientes reductores de las jubilaciones pasadas y futuras para las jubilaciones involuntarias “-y las falsas voluntarias que son involuntarias encubiertas- procedentes de ERE, despidos colectivos involuntarios, contratos individuales de prejubilación involuntarios, etc”. En la misma línea, “es el momento en que se atienda la reiterada reivindicación de UGT de eliminación del límite temporal para aplicar la cláusula de salvaguarda en el caso de ERE”.

De esta manera, ha reclamado para estas personas que han visto recortada su pensión hasta en un 40%, por el hecho de haberse jubilado anticipadamente, “que cambien la ley, porque nuestro país, a diferencia de otros países de la Unión Europea, no tiene en cuenta esas largas carreras de cotización para generar una pensión sin recorte y digna”.

Además, la Secretaria de Políticas Sociales, Empleo y Seguridad Social de UGT ha demandado la necesidad de que se incorpore esta recomendación en el texto de recomendaciones del Pacto de Toledo, “pues es la única forma de que, a través de la Mesa del Diálogo Social, se pueda llegar a un acuerdo que origine un texto normativo que elimine los recortes en las pensiones en las largas carreras de cotización en nuestro país definitivamente, aplicándose finalmente una razón de justicia con estas personas pensionistas”.

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El Gobierno negociará esta semana el teletrabajo en la administración, para personal funcionario y laboral, como reclamó CSIF

13 de septiembre, 2020

El Gobierno negociará esta semana el teletrabajo en la administración, para personal funcionario y laboral, como reclamó CSIF

-CSIF reclama criterios homogéneos, voluntariedad, que se mantengan las condiciones laborales y se faciliten los equipos necesarios en el domicilio

08 de Septiembre de 2020csif.es

CSIF

El Ministerio de Política Territorial y Función Pública ha convocado el próximo jueves una reunión de la Mesa General de Negociación de las Administraciones Públicas para abordar la regulación del teletrabajo, tal y como reclamó la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF). Los empleados y empleadas de la administración nos han trasladado sus quejas por la aplicación restrictiva y la disparidad de criterios que se están aplicando entre los diferentes departamentos.

Por otra parte, algunas comunidades autónomas están pendientes de que se establezca una regulación a nivel nacional para legislar el teletrabajo. El pasado 17 de junio, CSIF alcanzó un acuerdo de resolución con el Ministerio de Política Territorial y Función Pública en el que se establecían criterios de organización para que la plantilla de la Administración General del Estado pudiera trabajar tanto de manera presencial en el puesto de trabajo, como no presencial, desde sus domicilios.

Este acuerdo –pionero en este ámbito– contempla cuatro días de trabajo no presencial y uno presencial, para aquellas personas que tengan a su cargo hijos hasta los 14 años, dependientes, así como aquellos con patologías consideradas de riesgo por el contacto con el coronavirus.

Esta modalidad siempre será voluntaria y reversible. Para el resto de personas, el sistema ordinario de trabajo será la modalidad presencial con la posibilidad voluntaria de trabajar desde casa 1 día a la semana.

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El Gobierno presenta a audiencia pública el Anteproyecto de Ley General de Telecomunicaciones

13 de septiembre, 2020

11 de septiembre de 2020

El Gobierno presenta a audiencia pública el Anteproyecto de Ley General de Telecomunicaciones

Ministerio de Economía

La futura Ley transpondrá al ordenamiento jurídico español el código europeo de las comunicaciones electrónicas adoptado en 2018.
Como principales novedades, se amplía el ámbito de la regulación para incluir los servicios de comunicación interpersonales no basados en numeración o de mensajería, se moderniza el concepto de servicio universal, así como los derechos de los usuarios, se refuerzan las capacidades de los servicios de comunicaciones de emergencia y se revisan las normas relativas a la gestión del espectro radioeléctrico con el fin de impulsar el despliegue de las redes 5G y otros servicios innovadores
La renovación de la Ley de Telecomunicaciones es uno de los proyectos recogidos en la estrategia España Digital 2025 para impulsar la conectividad, piedra angular de la transformación digital en todo el territorio nacional

Hoy se ha iniciado el periodo de audiencia pública para el Anteproyecto de Ley General de Telecomunicaciones (APL), al que se podrán realizar aportaciones hasta el día 13 de octubre en la página web del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital.

La futura Ley realizará la transposición al ordenamiento jurídico español de la Directiva (UE) 2018/1972 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2018, por la que se establece el código europeo de las comunicaciones electrónicas.

La tramitación y aprobación de una nueva Ley General de Telecomunicaciones es uno de los compromisos de la estrategia “España Digital 2025” en el ámbito de la conectividad, piedra angular de la transformación digital.

El anteproyecto incluye la regulación no solo de los servicios de comunicaciones electrónicas, sino también aspectos relativos a los equipos de telecomunicaciones, infraestructuras comunes de telecomunicaciones en edificios y todos los usos del dominio público radioeléctrico.

Como novedad, por primera vez se regulan los servicios de comunicación interpersonales no basados en numeración o de mensajería. Se imponen obligaciones de carácter administrativo, como la inscripción en el Registro de Operadores y la obligación de observar medidas de seguridad de acuerdo con los riesgos propios de su naturaleza diferenciada respecto a los servicios tradicionales.

La crisis sanitaria de la COVID-19 ha puesto en valor las redes de telecomunicaciones, por lo que el anteproyecto presta especial atención a favorecer un acceso en igualdad de condiciones y en condiciones asequibles a las comunicaciones electrónicas con la renovación y flexibilización del servicio universal.

Por una parte, se eliminan ciertos elementos como las cabinas y las guías telefónicas. Por otra, se incluye que las velocidades de acceso garanticen la prestación de modo funcional de determinados servicios digitales esenciales como correo electrónico, noticias en línea o banca por internet. Asimismo, para garantizar la asequibilidad y al mismo tiempo la capacidad de elección del usuario, se establece la posibilidad de que el servicio universal pueda ser prestado por todos los operadores.

En lo relativo a los derechos de los usuarios, se realiza la armonización comunitaria prevista en el Código, al reforzar la transparencia de los contratos, limitar su duración y regular, por primera vez, los paquetes de servicios. También amplía los derechos en el ámbito de la portabilidad móvil y las obligaciones de accesibilidad para los usuarios con discapacidad.

La norma refuerza también las capacidades de los servicios de comunicaciones de emergencia. Se amplían las posibilidades de actuación e información que facilitarán un servicio 112 más efectivo a las Comunidades Autónomas. En concreto, se introducen nuevas facilidades para el desarrollo de sistemas de alerta a la población en caso de grandes catástrofes o emergencias y disponer de una ubicación más precisa de las personas que efectúan llamadas al 112.

También como novedad, se incluye una revisión de las normas relativas a la gestión del espectro radioeléctrico, con el objetivo de facilitar el despliegue de las redes 5G y otros servicios inalámbricos innovadores. La más importante de estas reformas es la determinación de una duración mínima de 20 años para las licencias asociadas a los usos limitativos de espectro.

Por último, hay que señalar que el anteproyecto de ley conserva en lo sustancial el marco legal español en lo relativo al apoyo al despliegue de infraestructuras, que ha propiciado la inversión privada y el desarrollo en España de la más extensa red de fibra óptica de Europa, y fue tomado como modelo para el Código Europeo de Comunicaciones Electrónicas.

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La escolarización de niños de 0 a 3 años sube 10 puntos en la última década en España y supera en 12 puntos la media de la OCDE

13 de septiembre, 2020

La escolarización de niños de 0 a 3 años sube 10 puntos en la última década en España y supera en 12 puntos la media de la OCDE

Martes 8 de septiembre de 2020

La Moncloa

La tasa de escolarización en España de niños de primer ciclo de Infantil (0 a 3 años) ha subido más de 10 puntos en la última década, hasta el 38,2%, según el informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) Panorama de la Educación 2020.

Este estudio indica que la tasa de escolarización de 0 a 3 años en España ha aumentado más de 10 puntos y se sitúa por encima de la media en los países de la OCDE, del 25,5%, y de la de los países de la Unión Europea, del 23,6%. En segundo ciclo de Infantil, la escolarización es casi completa en España, con porcentajes por encima del 96% en todas las edades.

La publicación, de periodicidad anual, analiza la evolución de los diferentes sistemas educativos de los países miembros de la OCDE, su financiación y el impacto de la formación en el mercado de trabajo y en la economía.

Del informe se desprende también que la formación general de la población española sigue mejorando. El porcentaje de adultos que han cursado solo estudios obligatorios ha bajado del 48,4% en 2009 al 38,7% en 2019. La media de los países de la OCDE es del 21,9% y de la Unión Europea es del 18,3%. Sin embargo, se prevé que la cifra siga mejorando dado que, en la población de 24 a 34 años, las personas que no tienen estudios postobligatorios son el 30,2%.

Por otra parte, España sigue teniendo un déficit de titulados en segunda etapa de secundaria. El 22,7% de la población adulta española tiene esta titulación, mientras que el porcentaje es del 42,3% en la media de países de la OCDE y del 44,8% en la UE. Por el contrario, el porcentaje de población adulta con estudios superiores (el 38,6%) está en la media de la OCDE (39,6%) y de la UE (37,4%).

Alta tasa de acceso y de titulación de la educación superior

En cuanto a la tasa de acceso a la educación superior, en 2018 era del 64,8%, mientras que la de la OCDE era del 49,3% y la de la UE del 48,3%. La tasa de titulación entre los menores de 30 años era, por su parte, del 52%, frente al 37,6% de la media OCDE y el 35,7% de la media UE.

Destaca la tasa de acceso a la Formación Profesional de Grado Superior y otros estudios superiores no universitarios, que era en 2018 en España el 26,6%, por encima de la media de la OCDE (9,9%) y de la UE (7,3%).

Mayo nivel estudios, mayor empleabilidad y mayor remuneración

El informe confirma también que a mayor nivel de estudios, mayor empleabilidad y mayor remuneración. Así, la tasa de empleo de la población de 25 a 34 años que no ha completado la educación secundaria era del 63% en 2019. Este porcentaje aumenta hasta el 71% en las personas que han completado la educación secundaria y al 79% para las personas con titulación superior. La relación entre empleo y nivel educativo es similar en todos los países.

Igualmente, a mayor nivel de estudios, mayor remuneración. Así, los titulados superiores ganan en España un 48% más que los titulados en secundaria. A su vez, estos ganan un 16% más que quienes tienen un nivel inferior. Esto ocurre también en la media de la OCDE y de la UE.

La brecha salarial entre hombres y mujeres, sin embargo, está generalizada en todos los niveles educativos. Las mujeres con educación superior cobran un 24% menos que los hombres con la misma titulación en la OCDE, y el 19% menos en el caso de España. Para las tituladas en secundaria o niveles inferiores, su remuneración es un 22% y un 23% menor, respectivamente, que la de los hombres con ese mismo nivel educativo. En España, estos porcentajes son del 25% y 21%.

Gasto educativo similar a la OCDE y la UE

En términos de porcentaje del PIB, el gasto educativo en España en 2017 era del 4,3%, cifra similar a la media OCDE y UE, que se situó en el 4,9% y el 4,5%, respectivamente.

En 2017, la financiación pública de la educación alcanzaba el 90% de la financiación total para la media de países de la OCDE y el 92% para la UE. En España, la financiación pública representaba el 87%.

Ratio de alumnos por docente dentro de la media

En cuanto al número de estudiantes por profesor, España se encuentra en la media europea y por debajo de la media de la OCDE, con 14 alumnos por profesor en Primaria (13 en la UE y 15 en la OCDE); 12 alumnos por profesor en primera etapa de Secundaria (11 en la UE y 13 en la OCDE) y en segunda etapa de Secundaria es de 12 por docente (igual que la media europea y uno menos que la OCDE). En formación profesional de Grado Medio la ratio baja a 9 alumnos por profesor, cuando la media tanto de la OCDE como de la UE es de 13.

La retribución de los profesores en España está por encima de la media OCDE y la media UE, pero en niveles similares a los países de nuestro entorno.

Por último, las horas de enseñanza obligatoria en España se sitúan en la media en Primaria (792 horas anuales en España, 804 en la OCDE y 769 en la UE), pero está por encima de ambas medias en la primera etapa de Secundaria: 1.054 horas, lo cual supone 161 horas más que la media de la UE (892 horas) y 131 más que la media de la OCDE (922 horas).

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Santander. Bahía y Centro Botín .

12 de septiembre, 2020
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El Defensor cuestiona el uso de un decreto-ley para modificar 28 normas

12 de septiembre, 2020

El Defensor cuestiona el uso de un decreto-ley para modificar 28 normas

07/09/2020 defensordelpueblo.es

El Defensor del Pueblo (e.f.), Francisco Fernández Marugán, ha resuelto no interponer recurso de inconstitucionalidad contra el Decreto-ley 2/2020, de simplificación administrativa en Andalucía.

Sin embargo, la Institución ha estimado necesario realizar una reflexión –que ha dirigido al Presidente de la Junta de Andalucía- sobre la técnica normativa aplicada y sobre las implicaciones que puede tener, a pesar de que esté garantizado ya el pronunciamiento del Tribunal Constitucional al haberse presentado varios recursos contra esta norma.

Fernández Marugán considera que, al margen de lo que pueda fallar el Alto Tribunal, resulta necesario alertar sobre un problema que, a su juicio, “puede no comprometer la estricta constitucionalidad de una norma, pero que sin duda constituye una deriva que es imprescindible diagnosticar y reorientar para la buena salud de nuestro sistema político”.

El Defensor no puede dejar de preguntarse cuál es el papel al que se relega al Parlamento de Andalucía cuando una norma incide de manera directa en el equivalente a la producción legislativa de varios años. Fernández Marugán, a título ilustrativo, expone en su resolución que en la década 2010-2019 el Parlamento de Andalucía aprobó 82 leyes, 10 de las cuales eran leyes anuales de presupuestos. Este Decreto-ley incide sobre 19 normas legales, a las que hay que sumar tres normas con rango o valor de ley, más varios decretos hasta un total de 28 normas.

En opinión del Defensor, se ha optado “por establecer un modelo vertical y descendente de reformas, utilizando para tal fin el Decreto-ley, que elimina trámites y permite alumbrar la nueva legislación en un tiempo récord” Sin embargo, para Fernández Marugán, no parece esta la técnica normativa más adecuada, entre otras cosas porque supone incrustar preceptos muy concretos en normas que parten de unas premisas y unos modelos de organización en ocasiones muy distintos, lo que anuncia problemas de interpretación y conflictividad que deberán resolver los tribunales.

Así, señala en su resolución, “que si lo que se pretende es un cambio sustancial en la forma de concebir la intervención pública en los procesos jurídicos, económicos y sociales, un cambio de esta magnitud no sólo –ni principalmente- se logra a través de modificaciones legales, sino que requiere que el conjunto de los operadores jurídicos y sociales se convenzan de su necesidad y asuman sus postulados, aunque no necesariamente en todos sus términos”. En este sentido, hace hincapié en que “difícilmente ello puede ser así, si la legislación surge como la voluntad de un Gobierno, que traduce el juicio técnico –pero no necesariamente el sentir del tejido social- de un grupo de expertos y altos funcionarios”.

Fernández Marugán considera que “para hacer buenas leyes, no sólo es necesaria la perfección técnica sino que en un sistema como el nuestro también es imprescindible que el proceso mismo se lleve con razonable publicidad y permita el escrutinio público de las opciones y de las premisas en que estas se basan”.

El Defensor concluye su reflexión asegurando que “un modelo de producción legislativa basado en comités de expertos puede ofrecer un excelente punto de partida, y en algunos supuestos será suficiente, pero cuando se trata de asuntos de relevancia, como lo son muchos de los que el Decreto-ley 2/2020 aborda, ese modelo se queda corto y son precisamente el sistema de información pública y el propio trámite parlamentario los que permiten traer al debate todos los pareceres relevantes de modo que se conjure el riesgo de marginar visiones fundamentales de la realidad”.

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María Socorro García Melón renueva como secretaria de Gobierno del Tribunal Superior por cinco años más

12 de septiembre, 2020

Viernes, 11 de septiembre de 2020

María Socorro García Melón renueva como secretaria de Gobierno del Tribunal Superior por cinco años más

El próximo lunes tomará posesión del cargo ante el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo. El TSJC destaca en su informe el “encomiable esfuerzo” de García Melón para la implantación del expediente judicial electrónico y su labor durante la pandemia

Autor: Comunicación Poder Judicial

La letrada de la administración de justicia María Socorro García Melón ha sido renovada como secretaria de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria para un nuevo periodo de cinco años.

El próximo lunes, 14 de septiembre, tomará posesión de su cargo en la sede del Ministerio de Justicia ante el ministro Juan Carlos Campo, tal y como publica hoy el Boletín Oficial del Estado.

García Melón llegó a la Secretaría de Gobierno del TSJC en mayo de 2015 y hace unos meses volvió a presentar su candidatura para seguir al frente de los 62 letrados de la administración de justicia que ejercen en Cantabria.

La secretaria de Gobierno del Tribunal Superior tiene una dilatada trayectoria profesional que inició en 1979 cuando accedió al Cuerpo de Secretarios Judiciales.

Durante más de treinta años fue secretaria judicial de Audiencia Provincial, primero en Bilbao, durante un breve periodo de un año, y después en Cantabria, territorio al que llegó en 1981.

Posteriormente, ocupó cuatro años el puesto de letrada de la administración de justicia en la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJC y después pasó a serlo de la Sala Civil y Penal, justo antes de convertirse en secretaria de Gobierno del Tribunal.

Además, mientras fue letrada en la Audiencia de Cantabria, también ejerció de secretaria de la Junta Electoral Provincial de manera ininterrumpida durante 28 años, interviniendo en todos los procesos electorales desde 1981 hasta 2010.

En el año 2005, recibió la Cruz de la Orden de San Raimundo de Peñafort.

Relevante labor en la pandemia

Para su nombramiento, el Ministerio de Justicia recabó informe de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, que destacó su “encomiable esfuerzo” en la implantación del expediente judicial electrónico en la comunidad autónoma, “gestionando con moderación y empatía la resistencia al cambio y trasladando al Gobierno de Cantabria la necesidad de modernización de la plataforma tecnológica en todo aquello que fuera susceptible de mejora”.

En este sentido, el informe de la Sala de Gobierno subraya que esta “relevante labor ha posibilitado mantener el funcionamiento del sistema público de Justicia durante la situación generada por la pandemia” y deja constancia de su “actividad diaria y presencial para reducir el impacto de la crisis sanitaria en los órganos judiciales, manteniendo operativas todas las vías de comunicación y facilitando la armonización entre las resoluciones del Ministerio de Justicia, la Fiscalía General del Estado y el Gobierno de Cantabria”.

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Consumo potencia la protección de personas vulnerables ante abusos financieros

12 de septiembre, 2020

Convocatoria de subvenciones 2020

Consumo potencia la protección de personas vulnerables ante abusos financieros
Sábado 29 de agosto de 2020

La Moncloa

El Ministerio de Consumo ha acordado conceder en 2020 un total de 1.423.137,84 euros a organizaciones sociales para el desarrollo de programas destinados a la información, defensa y protección de los derechos de consumidores y usuarios.

Un 58% de los fondos destinados a los programas están relacionados con la protección de personas vulnerables ante posibles abusos financieros, hipotecarios o ligados al sobreendeudamiento familiar.

Asimismo, Consumo destina 1.212.428,30 euros a la financiación de programas de fomento con el fin de asegurar el ejercicio de las funciones de representación institucional y defensa de las personas consumidoras que desarrollan estas asociaciones.

Las asociaciones beneficiarias de esta convocatoria son, en orden de cuantía recibida, la Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros (ADICAE), Facua- Asociación de Consumidores y Usuarios en Acción (FACUA), la Asociación de Usuarios Financieros (ASUFIN), la Asociación de Usuarios de la Comunicación (AUC), la Federación Unión Cívica Nacional de Consumidores y Amas de Hogar de España (UNAE), la Confederación Española de Cooperativas de Consumidores y Usuarios (HISPACOOP) y la Confederación de Consumidores y Usuarios (CECU).

En total, el ministerio, a través de la Dirección General de Consumo, destina un total de 2.735.566,14 euros a esta convocatoria del año 2020 a la que han concurrido un total de siete organismos con 20 proyectos específicos, según la resolución definitiva de esta convocatoria. Todas, a excepción de ASUFÍN, cuentan también con financiación para proyectos de fomento de su actividad en defensa de los consumidores y usuarios.

Entre los proyectos específicos, destacan los dirigidos a la protección de consumidores vulnerables ante productos hipotecarios y financieros así como a prevenir el sobreendeudamiento familiar. En concreto, esta temática es la que mayor volumen de fondos se lleva del conjunto de la convocatoria pública.

La segunda temática en orden de importancia es la que tiene que ver con el consumo sostenible y la economía circular, que se financiará con el 17% del total de la convocatoria. Le siguen los proyectos relacionados con la protección de menores ante la publicidad sexista y los programas relacionados con el suministro eléctrico del hogar.

Esta convocatoria de subvenciones, aprobada mediante Resolución de 16 de junio de 2020 del Ministerio de Consumo, se enmarca en las obligaciones de fomento del asociacionismo consumerista por parte de las administraciones públicas recogidas en la Constitución.

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CEOE y EY presentan el informe ‘gestión de la crisis turística provocada por la covid-19’

12 de septiembre, 2020

03 Septiembre 2020

Turismo

CEOE y EY presentan el informe ‘gestión de la crisis turística provocada por la covid-19’

CEOE y la firma de servicios profesionales EY han presentado conjuntamente este jueves el informe ‘Gestión de la crisis turística provocada por la COVID-19’, en un contexto en el que la emergencia sanitaria derivada de la COVID-19 está causando un impacto económico y social de dimensiones aún incalculables en este sector, que venía generando de manera directa el 12,7% de los empleos y el 12,3% del PIB del país. Un encuentro informativo que ha contado con la presencia del presidente de CEOE, Antonio Garamendi, la presidenta del Consejo de Turismo, Cultura y Deporte de CEOE, Marta Blanco, y la socia responsable de Sector Público y de Financial Accounting Advisory Services de EY, Chus Escobar.

El documento incluye propuestas inspiradas en las intervenciones de los líderes del sector en la Cumbre Empresarial de CEOE de junio de 2020, otras demandas de representantes del ámbito turístico y las mejores prácticas internacionales.

La Organización Mundial del Turismo (OMT) estima que este año se perderán entre 850 y 1.100 millones de turistas internacionales en 2020, mientras que la OCDE considera que los destinos más afectados serán aquellos con un mayor grado de dependencia del turismo internacional. Todo ello pone el foco en España.

Encuentro turismo 3-9

Encuentro turismo 3-9

Hasta el momento, el número de pernoctaciones hoteleras en España se ha reducido un 71,1% entre los meses de enero y julio respecto al mismo periodo del año anterior, con impacto en todas las comunidades autónomas, pero especialmente en las más turísticas.

Solo las llegadas de turistas internacionales se han reducido un 72,4% en los siete primeros meses del año y el gasto turístico internacional, un 72,6%.

La situación es más preocupante si cabe si se tiene en cuenta que la imposición de cuarentenas a la vuelta al origen o las restricciones de viaje a nuestro país están generando una imagen de inseguridad que ocasiona cancelaciones y cambio de la preferencia por otros destinos.

Esto unido a otros riesgos como posibles llamamientos masivos a la población en todos los destinos del mundo para reactivar el turismo local, hacen necesario implementar nuevas medidas, como lo han hecho otros países, para frenar el impacto económico de la pandemia sobre el sector turístico, sus empresas y trabajadores.

Concretamente, los gobiernos de diferentes países están poniendo en marcha diversas medidas para apoyar la reactivación del turismo y la continuidad de la actividad empresarial del sector, especialmente en el ámbito fiscal como, por ejemplo, la aplicación de tipos super reducidos de IVA; líneas específicas de financiación y ampliación de las líneas de avales; el aplazamiento del pago de impuestos, tasas y cotizaciones a la Seguridad Social; o excepciones temporales o reducciones en facturas esenciales; así como participación en el capital de empresas estratégicas.

Asimismo, en otros países se han aplicado mecanismos de ayuda al mantenimiento del empleo a través de la asunción por parte de las administraciones del coste salarial de contratos suspendidos o con reducción de jornada; la definición de nuevas estrategias de promoción y comunicación o herramientas de mercado hasta la reactivación de la conectividad.

Plan urgente para impulsar la recuperación del turismo

En esta línea, el informe presentado plantea una serie de medidas sobre las que trabajar para impulsar la recuperación del sector turístico y garantizar la supervivencia de sus empresas, así como el mantenimiento del empleo que genera.

En primer lugar, se plantean medidas para facilitar la liquidez de las empresas:

Mantenimiento de la vigencia y ampliación del ámbito de aplicación de los aplazamientos de deudas tributarias y de Seguridad Social.
Mantenimiento de la vigencia y ampliación de las cuantías de las líneas de crédito y de avales concedidas por el ICO. Extensión de los períodos de carencia y amortización y aumento del porcentaje de garantías.
Otorgar ayudas en forma de préstamos a muy largo plazo a empresas viables que se comprometan a invertir en mejoras de competitividad.
Ayudas al transporte y a la conectividad.
Medidas para mitigar el perjuicio en las empresas derivado de las situaciones de viajes cancelados y pospuestos.
Medidas para impulsar la demanda en el sector turístico:

Recuperar la confianza en el destino a través de una campaña de comunicación que se adapte a cada mercado emisor, destacando el esfuerzo y la inversión de las empresas españolas por garantizar la seguridad en sus establecimientos.
Medidas sanitarias para generar confianza en el turista.
Restablecer a la mayor brevedad posible la movilidad ordinaria y conectividad área con los principales emisores de turistas que visitan España.
Facilitar la suscripción de seguros médicos de viaje para turistas internacionales que incluyan las contingencias derivadas de la COVID-19, tales como gastos médicos, hospitalarios o farmacéuticos o gastos como cancelación, interrupción o extensión de los viajes.
Reducción al 7% durante 2020 y 2021 de los tipos impositivos aplicables a los servicios prestados por el sector turístico. La reducción de tipos afectaría a los servicios de alojamiento, restauración o transporte de viajeros, pero también a las prestaciones de servicios a las que le sea de aplicación el régimen especial de agencias de viajes, y a otros servicios de la cadena de valor del turismo.
Exoneración temporal de tasas turísticas.
Medidas fiscales por parte de los Ayuntamientos.
Lanzamiento de una campaña para la promoción del destino España adaptada a las circunstancias.
Aumentar la colaboración público-privada en el sector mediante programas de vacaciones subvencionados que dinamicen el empleo y favorezcan la desestacionalización.
Medidas para la contención de costes operativos de las empresas del sector turístico:

Mantenimiento de los ERTE por causa de fuerza mayor asociados a la COVID-19 hasta la recuperación de la demanda.
Mantener e impulsar las medidas de flexibilidad en la negociación de alquileres asumidos por empresas del sector.

Plan para la recuperación de la actividad turística y para el aumento de su capacidad de creación de valor

El documento recoge una propuesta para elaborar un Plan estratégico con la participación de los agentes públicos y privados, que incorpore en su diagnóstico la situación actual y las dificultades para la recuperación de la demanda. Este plan estaría llamado a ser parte fundamental del programa de reconstrucción español y europeo y a dedicar los suficientes recursos presupuestarios.

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Quitameriendas

11 de septiembre, 2020
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El déficit del Estado se sitúa hasta julio en el 5,40% del PIB por el impacto de la COVID-19

11 de septiembre, 2020

El déficit del Estado se sitúa hasta julio en el 5,40% del PIB por el impacto de la COVID-19

Jueves 10 de septiembre de 2020

La Moncloa

El Ministerio de Hacienda ha publicado en su página web una serie de datos correspondientes a la ejecución presupuestaria que reflejan el impacto de la pandemia provocada por la COVID-19 en las cuentas públicas, así como el efecto de las medidas adoptadas para gestionar esta emergencia sanitaria y mitigar las consecuencias de la crisis.

En concreto, el Ministerio de Hacienda difunde el dato de déficit del Estado hasta julio, que se sitúa en el 5,40% del PIB, en términos de contabilidad nacional. Asimismo, publica el déficit consolidado de Administración Central, Comunidades Autónomas y Seguridad Social del mes de junio, que se sitúa en el 6,12% del PIB, excluyendo la ayuda financiera.

Al igual que en los meses previos, todos los datos están afectados por la declaración del estado de alarma y la batería de medidas aprobadas por el Gobierno para hacer frente a la pandemia con el objetivo de paliar los efectos sociales, económicos y laborales de esta emergencia.

Déficit del Estado (julio)

En los siete primeros meses del año, el déficit del Estado se sitúa en 60.413 millones, lo que equivale al 5,40% del PIB. Si se deduce el efecto del gasto en intereses (déficit primario) la cifra se sitúa en el 4,2%. Esta evolución se explica por una bajada de los recursos del 15,8% como consecuencia de la situación económica derivada de la crisis sanitaria. Asimismo, se produce un incremento del gasto del 21,4% por el aumento de programas sanitarios, así como por las mayores transferencias a Seguridad Social y Comunidades Autónomas.

Además, como se indicó en anteriores publicaciones, desde el 1 de enero de 2020 se ha producido una operación de reversión de las autopistas de peaje en 2020 (AP4 y AP7) de carácter no recurrente, por importe de 1.745 millones, que va a afectar al volumen total de ingresos y de gastos del Estado a lo largo de todo el ejercicio, pero que no va a tener incidencia en el déficit.

Recursos no financieros del Estado

Los recursos no financieros se sitúan en 95.716 millones, lo que supone una disminución del 15,8% respecto a 2019. Los ingresos correspondientes al mes de julio están afectados, de manera similar a lo que viene ocurriendo en meses anteriores, por la situación económica derivada de la crisis sanitaria provocada por la COVID-19.

Así, los recursos impositivos -representan el 80% del total- se sitúan en 76.619 millones, lo que supone una disminución del 18,4%. Retroceden la mayor parte de las figuras tributarias. Destacan, por un lado, el descenso del 14,0% de los impuestos sobre la producción y las importaciones, entre los cuales el IVA baja un 16,4%, hasta los 37.353 millones. Este comportamiento se debe al menor consumo derivado de la caída de la actividad y a la minoración de ingresos de medidas necesarias para mitigar los efectos de la pandemia. Por ejemplo, la aplicación del tipo cero en el IVA de las mascarillas y demás material sanitario adquirido por hospitales, organismos públicos y entidades privadas de carácter social para hacer frente a la COVID-19. Pese a todo, la reducción de la recaudación del IVA en julio es inferior a la experimentada en el mes anterior.

Por su parte, los impuestos corrientes sobre la renta y el patrimonio descienden un 25,8%. El Impuesto sobre Sociedades baja un 14,0% y el IRPF un 29,4% como consecuencia, en gran parte, de las mayores entregas a cuenta y el mayor resultado a favor de las CCAA de la liquidación definitiva de 2018 respecto al ejercicio anterior, a lo que hay que sumar el parón de la actividad.

Por último, también descienden los impuestos sobre el capital un 78,5% y las cotizaciones sociales un 0,9%, fundamentalmente por la progresiva sustitución de empleados activos con Régimen de Clases Pasivas por otros con Régimen de Seguridad Social.

En lo que respecta al resto de recursos que siguen la misma tendencia descendente, destacan dividendos y otras rentas, que caen un 33,4% así como los intereses, que disminuyen un 18,2%. Es reseñable el buen comportamiento de los dividendos del Banco de España, que crecen respecto al año anterior, compensando el descenso registrado en los dividendos de ENAIRE en 2020.

Empleos no financieros del Estado

Hasta julio los empleos no financieros han ascendido a 156.129 millones, cifra superior en un 21,4% a la registrada en el mismo periodo de 2019. Los aumentos de gasto más destacados se han producido en las transferencias a las CCAA y a la Seguridad Social.

Las transferencias a las CCAA aumentan tanto por la actualización de las entregas a cuenta realizada en marzo y abril, como por la mayor liquidación definitiva del sistema de financiación del año 2018 respecto a la efectuada en el ejercicio anterior. El objetivo de estas medidas es garantizar a las CCAA los recursos necesarios para hacer frente a la pandemia y que puedan seguir prestando servicios públicos esenciales de calidad. A lo anterior hay que sumar el pago de 6.000 millones del primer tramo del Fondo COVID-19, cuyo importe total asciende a 16.000 millones. Este fondo no reembolsable -las CCAA no lo tienen que devolver- se distribuye teniendo en cuenta los costes derivados de la pandemia en el sistema sanitario, educativo, así como para compensar la caída de los ingresos fiscales autonómicos.

Además de este aumento en las transferencias del sistema de financiación, las CCAA han recibido, entre otros, 206 millones destinados a la cobertura de gastos originados en el Sistema Nacional de Salud, 300 millones al Fondo Social Extraordinario para la financiación de prestaciones básicas de los servicios sociales, 25 millones al Fondo de alimentación, 10 millones por medidas excepcionales por el COVID-19 en el sector ganadero y 447 millones de subvenciones al Plan Estatal de Vivienda.

Los consumos intermedios se incrementan en un 20,1%, crecimiento en el que inciden los 832 millones de gastos derivados de la COVID-19, sin correspondencia en el año anterior. La remuneración de asalariados ha aumentado un 0,8% debido, a la equiparación salarial de la Policía y Guardia Civil con los cuerpos policiales autonómicos.

Las prestaciones sociales distintas de las transferencias sociales en especie aumentan un 3,6%, cifra que recoge la actualización de las pensiones de clases pasivas del 0,9%, y las transferencias sociales en especie, crecen hasta los 231 millones.

Destaca también el incremento de la inversión en un 69,1%, aumento que se explica fundamentalmente por la operación de reversión de las autopistas de peaje en 2020 (AP4 y AP7).

Estos incrementos se ven compensados en parte por el descenso de un 12,1% de los intereses, por la menor aportación a la UE basada en el IVA y la RNB en 277 millones, así como por la disminución de las ayudas a la inversión y otras transferencias de capital, en un 47,0%, como consecuencia de la devolución del gravamen por prestación de maternidad y paternidad en 2019 por importe de 723 millones, y sin correspondencia en 2020.

Déficit conjunto de la Administración central, comunidades autónomas y Seguridad Social (junio)

En la primera mitad de 2020, el déficit conjunto de la Administración Central, los Fondos de la Seguridad Social y la Administración Regional, excluida la ayuda financiera, fue de 68.524 millones, lo que equivale al 6,12% del PIB. Si se incluye en ambos periodos el saldo de la ayuda a las instituciones financieras, el déficit sería de 68.414 millones de euros, es decir, el 6,11% del PIB.

Financiación de las Administraciones Públicas junio 2019-2020

Financiación de las Administraciones Públicas junio 2019-2020

Administración Central

La Administración Central ha registrado un déficit del 4,40% del PIB excluida la ayuda financiera, cifrada en 110 millones hasta junio.
•El déficit del Estado en junio equivale al 4,33% del PIB, 48.413 millones.
•Los Organismos de la Administración Central registran un déficit de 768 millones, excluida la ayuda financiera, un 0,07% del PIB.

Comunidades Autónomas

La Administración regional ha registrado un déficit de 6.710 millones, lo que supone el 0,60% del PIB, frente al déficit del 0,67% del PIB registrado hace un año, lo que supone un 19,6% menos. Esta evolución se debe a varias medidas adoptadas por el Gobierno para garantizar los recursos de las CCAA y dar respuesta a la emergencia provocada por la COVID-19.

En concreto, esta moderación del déficit obedece al adelanto de la financiación procedente del Estado, vía anticipos a cuenta del sistema de financiación; al avance de hasta el 50% de la liquidación definitiva de 2018; a la ejecución de los recursos del Plan Estatal de Vivienda, así como de los ingresos recibidos del Fondo extraordinario de prestaciones básicas de servicios sociales y del programa de prestaciones sanitarias y farmacia.

Además, los ingresos se han incrementado un 7,3%. En este sentido, cabe destacar el aumento de los ingresos impositivos en un 3,1%, sobre todo los corrientes sobre la renta y el patrimonio, que crecen un 16,2% fundamentalmente por el aumento de las entregas a cuenta y la subida registrada en las transferencias recibidas de otras AAPP en un 13,7%, por los mayores recursos recibidos del Estado.

Hay que tener en cuenta que tanto en 2019 como en 2020 ha habido prórroga de los Presupuestos Generales, si bien en 2020, en virtud del Real Decreto-ley 7/2020, de 12 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes para responder al impacto económico del COVID-19, se ha procedido a la actualización de las entregas a cuenta que habría correspondido para todo el ejercicio en los meses de marzo y abril.

Los Impuestos sobre la producción y las importaciones retroceden un 28,1%, destacando el descenso del 24,7% del ITP y AJD.

Dentro del gasto no financiero, que aumenta un 4,8%, los consumos intermedios crecen un 9,0%, debido al mayor gasto sanitario, fuertemente condicionado por la pandemia. La remuneración de asalariados se incrementa un 4,6% por la subida retributiva general y por el impacto de la COVID hasta junio. Por su parte, las transferencias sociales en especie crecen un 3,2%, destacando el aumento del gasto en conciertos de asistencia sanitaria, del gasto en farmacia y en conciertos educativos.

Las subvenciones se elevan un 10,5% y las prestaciones sociales un 12,1%. Por último, la inversión crece un 4,2% y las transferencias entre AAPP aumentan un 4,1%. Hasta la fecha, el único gasto que descienden son los intereses, que caen un 15,4%.

Todas las CCAA (salvo Madrid, Navarra y País Vasco) registran en la primera mitad de 2020 un comportamiento más positivo que hace un año. Además, tres regiones se posicionan en situación de superávit o de equilibrio presupuestario.

De acuerdo con la información transmitida por las Comunidades Autónomas, el impacto derivado de la COVID-19 alcanza los 3.890 millones en gasto en sanidad, tal como se detalla en el siguiente cuadro:

Fondos de la Seguridad Social

Los Fondos de la Seguridad Social han registrado un déficit del 1,13% del PIB. El comportamiento de este subsector responde, fundamentalmente, a los impactos ocasionados por la crisis derivada del COVID-19, especialmente sobre las prestaciones sociales. Los recursos se han incrementado un 18,2%, por las transferencias recibidas del Estado, frente a los gastos no financieros que aumentan un 23,3%.

El gasto consolidado de los Fondos de la Seguridad Social asociado a la COVID-19, de acuerdo con la información disponible hasta la fecha, se sitúa en torno a 15.997 millones, un 76,5% de todo el incremento registrado.

El Sistema de Seguridad Social ha registrado un déficit de 2.487 millones, un 0,22% del PIB, frente al déficit del 0,68% del PIB registrado hace un año, lo que representa un descenso del 70,8%. Esta favorable evolución es debida a la transferencia de 14.003 millones recibida del presupuesto del Estado en el mes de junio. Por su parte, los ingresos obtenidos de las cotizaciones sociales alcanzan un volumen de 60.546 millones, con una disminución del 1,6% respecto a los de finales de junio de 2019. Las prestaciones sociales distintas de las transferencias sociales en especie se sitúan en 82.232 millones, un 8,9% más que el año anterior.

El Servicio Público de Empleo Estatal ha obtenido un déficit de 10.007 millones en la primera mitad del año. Las cotizaciones sociales descienden un 3,0%, frente a las prestaciones por desempleo que crecen en la primera mitad del año en 10.851 millones.

La evolución de esta rúbrica se encuentra afectada especialmente por el reconocimiento de la prestación de desempleo en los ERTES por casos de fuerza mayor temporal, así como por el subsidio de desempleo excepcional por fin de contrato temporal o el subsidio extraordinario por falta de actividad para las personas integradas en el Sistema Especial de Empleados de Hogar. El conjunto de todas ellas supone un gasto a finales de junio cercano a los 8.800 millones, con un número de beneficiarios de prestaciones de 2.258.551 personas, cifra que supone el 56,7% de la totalidad de los beneficiarios de prestaciones de desempleo.

Finalmente, las otras subvenciones a la producción ascienden a 2.010 millones, un 61,8% más que el año anterior, por las exenciones de cuotas y las mayores bonificaciones para fomento del empleo y formación de ocupados.

Por último, el FOGASA registra un resultado negativo de 139 millones.

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El Ministerio de Educación y Formación Profesional, el Banco de España y la CNMV renuevan su convenio de colaboración para el fomento de la educación financiera

11 de septiembre, 2020

7 de septiembre de 2020

Banco de España

El Ministerio de Educación y Formación Profesional, el Banco de España y la CNMV renuevan su convenio de colaboración para el fomento de la educación financiera

El Ministerio de Educación y Formación Profesional, el Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) han renovado hoy su convenio de colaboración para el impulso de la educación financiera en el sistema educativo, uno de los principales proyectos del Plan de Educación Financiera.

La ministra, Isabel Celaá, el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, y el presidente de la CNMV, Sebastián Albella, rubricaron con su firma este acuerdo, que implica la participación de las tres instituciones en el fomento, entre los integrantes de la comunidad educativa, de los principios básicos del Plan, como, por ejemplo, la planificación y la gestión de unas finanzas personales responsables.
La renovación del convenio amplía el esfuerzo conjunto de las instituciones en la consecución de los objetivos del Plan de Educación Financiera. Una década después de la firma del primer acuerdo entre el Ministerio y los supervisores financieros, algunos contenidos de educación financiera y emprendimiento están ya presentes en los currículos de educación primaria y enseñanza media.

Además, y con el apoyo del Ministerio de Educación y de Formación Profesional y de las consejerías de las comunidades autónomas, el Plan de Educación Financiera lanza cada curso su programa escolar de Educación Financiera, al que los institutos y centros educativos de toda España pueden apuntarse gratuitamente, de forma voluntaria y flexible. El contenido trabaja las áreas temáticas que establece el programa PISA en competencia financiera: dinero y transacciones, planificación y gestión de las finanzas personales, el riesgo y el beneficio y el panorama financiero.

El Plan de Educación Financiera es una iniciativa impulsada desde 2008 por el Banco de España y la CNMV para el fomento de la educación financiera de la población española, que cuenta con una red de 41 colaboradores de diversos ámbitos comprometidos con el desarrollo de este objetivo.

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Escrivá invita a los grupos parlamentarios a alcanzar «un acuerdo de forma urgente» para iniciar la reforma de las pensiones

11 de septiembre, 2020

Comparecencia en la Comisión de Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos del Pacto de Toledo

Escrivá invita a los grupos parlamentarios a alcanzar «un acuerdo de forma urgente» para iniciar la reforma de las pensiones

Miércoles 9 de septiembre de 2020

La Moncloa

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, durante su comparecencia en el Congreso, ha señalado que «la crisis de la COVID-19 ha hecho aún más necesario llegar a un acuerdo», de forma que las pensiones «ya se revaloricen con un marco estable el año que viene».

Para ello, Escrivá a subrayado la necesidad de tomar la iniciativa legislativa de forma urgente «con el objetivo de eliminar la incertidumbre de los pensionistas actuales y futuros».

El ministro ha indicado que es necesario «alcanzar cuanto antes un amplio acuerdo político» sobre la suficiencia y sostenibilidad del sistema de pensiones en el seno del Pacto de Toledo. En este aspecto, ha señalado que el borrador de recomendaciones actual es un «magnífico punto de partida» para llegar a este consenso. Una vez alcanzado el acuerdo político, el ministro ha indicado la conveniencia de conseguir también el consenso con los interlocutores sociales y, sobre esa base, iniciar la tramitación de un proyecto de ley para abordar la reforma del sistema de pensiones.

Según ha explicado el ministro, el sistema de pensiones español tiene algunas características peculiares. Una de ellas es la existencia de un mecanismo para revalorizar las pensiones que no tiene en cuenta la evolución de precios y salarios, «una excepción en comparación con los países con sistemas homologables al nuestro, de ahí la necesidad de su reforma». En otros aspectos, como la edad de jubilación, el gasto en pensiones en relación al PIB, o el nivel de cotizaciones, nuestro sistema es similar a los de otros países comparables, «al igual que lo son los retos que afronta a medio plazo, que son, en cualquier caso, asumibles».

Escrivá ha subrayado que esta situación no ha cambiado por la crisis de la COVID-19, que «tiene un impacto notable pero transitorio sobre las cuentas de la Seguridad Social».

En este contexto, el ministro de Inclusión ha anunciado cuáles serán las líneas de actuación del Ministerio si hay consenso político para la reforma de las pensiones, en línea con las recomendaciones del borrador. «A corto plazo, se profundizará la separación de fuentes de financiación de la Seguridad Social» (recomendaciones 1 y 6 del borrador).

En este sentido, el ministro ha anunciado que se iniciará en el próximo presupuesto la financiación de gastos impropios de la Seguridad Social, de forma que «al final de la legislatura quedaría eliminado el déficit previsto». Las estimaciones del Ministerio, según Escrivá, están «en línea con lo planteado por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal». La medida, además, «ayudaría a mitigar las dudas sobre la sostenibilidad del sistema a corto plazo y centrar la atención en los retos a largo plazo».

Entroncadas con ello, el ministro ha anunciado medidas para sustanciar la recomendación 4 del borrador a través del impulso de la cotización por ingresos reales en el régimen de autónomos. «Tendrá una implantación gradual, no generará distorsiones significativas ni en los autónomos ni en la gestión administrativa y será implementada por tramos», según ha anunciado, lo que permitirá que un porcentaje elevado de autónomos vea reducidas sus cotizaciones.

Además, el ministro ha anunciado actuaciones en otros aspectos: el mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones (recomendación 2), alinear la edad efectiva de jubilación con la edad legal (recomendación 12) y desarrollar los sistemas de previsión social complementarios (recomendación 16).

Diapositiva sobre la revaloriación de las pensiones

Sobre el primer punto, el ministro ha resaltado que el mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones «no sólo cumple con las recomendaciones del borrador, sino que también lo hace con el artículo 50 de la Constitución, de ahí su relevancia». Además, ha señalado que es un «elemento clave para dar certidumbre a los pensionistas y el conjunto de la sociedad y está en línea con los mecanismos de los países de nuestro entorno». Por todo ello, considera «clave que el próximo año ya se aplique un nuevo marco estable para la revalorización, que garantice el mantenimiento del poder adquisitivo de los pensionistas».

Respecto al aumento de la edad efectiva de jubilación para acercarla a la edad legal, Escrivá ha indicado que es una medida «que goza de una importante aceptación social y que, según los cálculos de la AIReF, tiene un impacto económico relevante». Así, ha planteado la necesidad de incentivar la demora en la jubilación, «que hasta ahora han tenido poca aplicación práctica», mediante una exhaustiva evaluación de la realidad del mercado laboral para los trabajadores próximos a la edad de jubilación, así como una reordenación de los incentivos existentes y una corrección de los «elementos distorsionantes de la jubilación anticipada». Con ello, el ministro de Inclusión cree que «se puede revertir la tendencia actual de crecimiento de las jubilaciones anticipadas voluntarias».

Finalmente, el ministro se ha comprometido a revisar el sistema actual de previsión complementaria, en línea con la recomendación 16 del borrador y con el encargo que ha realizado la AIReF al Gobierno. En este sentido, Escrivá ha subrayado que «sin cuestionar la centralidad del sistema público de pensiones, es necesario impulsar los planes de empleo, trasladando hacia ellos la fiscalidad favorable que ahora mismo tienen los planes individuales». Según ha señalado, «a través de la negociación colectiva y de la creación de un fondo de pensiones abierto en la administración, se podría extender la población cubierta y reducir los costes de gestión».

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El juzgado ratifica las medidas que restringen el derecho de reunión en municipios coruñeses debido a la COVID-19

11 de septiembre, 2020

Miércoles, 9 de septiembre de 2020

El juzgado ratifica las medidas que restringen el derecho de reunión en municipios coruñeses debido a la COVID-19

El magistrado que ha dictado los dos autos considera la medida proporcionada

Autor: Comunicación Poder Judicial

El Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 2 de A Coruña ha ratificado las medidas restrictivas de derechos fundamentales aprobadas por la Xunta el pasado 2 de septiembre en los ayuntamientos de A Coruña, Arteixo, Cambre, Culleredo, Oleiros, Abegondo, Bergondo, Carral y Sada para hacer frente a la COVID-19. El Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 4 de A Coruña también ha ratificado las medidas de prevención como consecuencia de la evolución de la situación epidemiológica derivada del coronavirus en los ayuntamientos de A Laracha y Carballo. En todos los casos las restricciones limitan el derecho de reunión.

El magistrado que ha dictado los dos autos considera la medida proporcionada. Así, entiende que, “en la obligada ponderación” entre el derecho a la vida y el derecho de reunión, ha de darse “obligada preferencia” al derecho a la vida, “aunque ello imponga una limitada material y temporalmente restricción del derecho de reunión”. Además, recuerda que las autoridades sanitarias “pueden intervenir en las actividades públicas y privadas en orden a la protección de la salud de la población y la prevención de enfermedades”.

Tras analizar los informes sobre la progresión de los rebrotes en los distintos ayuntamientos afectados, el juez indica que el riesgo “aparece como alto”. El magistrado destaca en los dos autos que la medida que afecta al derecho de reunión “aparece, desde luego, como necesaria, al haberse agotado anteriores medidas de intervención de menor incidencia en la libertad y derechos de los ciudadanos”. Además, subraya que es “adecuada”, atendiendo “a la lógica de los procesos de transmisión, a los informes y al bien jurídico a cuya protección se dirige: la vida”.

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Desde la playa de Gros. San Sebastián

10 de septiembre, 2020
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La comisión de expertos culmina su propuesta sobre la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal

10 de septiembre, 2020

La comisión de expertos culmina su propuesta sobre la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal

Miércoles 9 de septiembre de 2020

Ministerio de Justicia

El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha recibido de la comisión de expertos encargada de la elaboración del anteproyecto de la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) su propuesta de regulación integral.

El texto responde a la demanda histórica de superación del modelo decimonónico a través de la creación de las figuras del fiscal investigador y el juez de garantías, en consonancia con la regulación de los países de nuestro entorno.

La propuesta parte del importante esfuerzo colectivo realizado por anteriores gobiernos como el anteproyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal de 2011 y la Propuesta de Código Procesal Penal de 2013, junto con las reformas operadas en la actual LECrim por la Ley Orgánica 13/2015 en materia tecnológica y la ley 41/2015 en relación con las garantías procesales.

Se cierra así un círculo de reformas llevadas a cabo durante décadas de trabajo por parte de Ejecutivos de distinto signo político con el fin de proporcionar a la sociedad española una Justicia penal actual, ágil y eficiente.

El texto se sitúa a la vanguardia en cuestiones como la utilización del ADN, la prueba científica, el tratamiento automatizado de datos y las búsquedas inteligentes, las investigaciones encubiertas en entornos digitales o la denuncia telemática.

Otra cuestión destacada de la nueva regulación es la creación de un régimen de protección especial para los menores y las personas con discapacidad durante el proceso penal.

Asimismo, respondiendo a las directrices marcadas por Juan Carlos Campo, en el lenguaje utilizado para la redacción del articulado se ha priorizado la claridad y sencillez con el fin de hacer la norma un ejemplo de norma jurídica comprensible.

El cambio de modelo responde también a la necesidad de dar cumplimiento a las obligaciones internacionales contraídas por España y armonizar el ordenamiento español con el Derecho europeo. Además, la implantación del nuevo paradigma procesal penal permite un mejor encaje de la figura, de reciente creación, de la Fiscalía Europea.

Tramitación de la propuesta en un mes y diálogo sectorial

El ministro ha mostrado su satisfacción con el trabajo realizado por la Comisión y se ha comprometido a tramitar la propuesta como anteproyecto en el menor tiempo posible, un mes aproximadamente. En este sentido, ha manifestado su voluntad de convertir el futuro anteproyecto «en un verdadero marco de debate donde el ministerio de Justicia se mostrará tan permeable como interesado en integrar la visión de todos los colectivos que tengan interés en participar del necesario proceso de transformación de nuestra justicia penal».

«Nuestra intención es que sus propuestas se vean reflejadas en el texto que se presente finalmente a las cámaras», apostilla, insistiendo en que «dada la envergadura e importancia del proyecto, es fundamental concitar un gran consenso, algo que solo será posible desde la participación de todos».

De este modo, una vez aprobado el anteproyecto en primera vuelta en Consejo de ministros, desde el Ministerio se abrirá un estrecho diálogo con el conjunto de la comunidad jurídica y otros sectores implicados con objeto de convertir la tramitación de la norma en un proceso de construcción colectiva.

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El Instituto Nacional de Toxicología alerta de que la “Solución Mineral Milagrosa” es un compuesto tóxico nocivo para la salud

10 de septiembre, 2020

Intoxicaciones / Covid – 19

Ministerio de Justicia

El Instituto Nacional de Toxicología alerta de que la “Solución Mineral Milagrosa” es un compuesto tóxico nocivo para la salud

• El Servicio de Información Toxicológica ha atendido de abril a julio hasta un total de 26 consultas telefónicas relacionadas con intoxicaciones por consumo de esta sustancia que promocionan los grupos negacionistas del SARS-CoV-2.

7 de septiembre de 2020.- El Servicio de Información Toxicológica (SIT) del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses (INTCF), perteneciente al Ministerio de Justicia, ha detectado que la “Solución Mineral Milagrosa” (MMS) es en realidad un compuesto tóxico (clorito de sodio al 28%) que es nocivo para la salud humana. Esta sustancia está siendo promocionada por los grupos negacionistas del SARS-CoV-2.

El SIT advierte de que ha atendido, durante los meses de abril a julio de 2020, 26 consultas telefónicas por consumo de MMS, lo que supone un incremento muy significativo de este tipo de intoxicaciones en España durante la pandemia. En 2019, sólo se registraron 8 consultas causadas por ingesta de este producto.

El MMS es un compuesto tóxico por inhalación, ingesta o contacto por la piel y mucosas por ser altamente irritante, señala el SIT. Además, advierte de “que en modo alguno está indicado para el consumo humano, ni para el tratamiento de ninguna enfermedad no existiendo ningún estudio científico que demuestre las propiedades curativas”.

Este producto es comercializado por MMS® y se vende a través de internet. La propia compañía indica que es un líquido para consumo humano cuyas propiedades antivirales sirven de remedio a diversas enfermedades como el cáncer o la hepatitis. Sin embargo, advierte el SIT, el MMS es una solución acuosa con una alta toxicidad que no está hecho para ser ingerido por las personas. En la misma línea, tanto la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios (AEMPS) en España, como la Food and Drug Administration (FDA) en EEUU, han llamado también la atención sobre la peligrosidad de dicho producto.

Los efectos tóxicos provocados por la ingesta de MMS pueden afectar a diferentes órganos, y pueden producir insuficiencia hepática y nefrotoxicidad, así como hemólisis e insuficiencia renal. La eliminación de esta sustancia tóxica se produce exclusivamente a través de los riñones y se excreta lentamente, por lo que, la administración intermitente, puede tener un efecto acumulativo, han explicado desde el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses.

Por otro lado, los posibles efectos tóxicos que se pueden producir tras la ingesta de MMS son: alteraciones digestivas como náuseas, vómitos y diarrea; hipotensión; cianosis; alteraciones metabólicas como hipercloremia; alteraciones pulmonares como edema pulmonar; así como cefalea y edema cerebral.

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Prevención. ¿Cómo lograr un lugar de trabajo seguro?

10 de septiembre, 2020

Prevención. ¿Cómo lograr un lugar de trabajo seguro?

USO

Lugar de trabajo saludable y seguro vs cambio de cultura de prevención

3 septiembre, 2020

La prevención de riesgos laborales y la cultura preventiva se han vuelto esenciales para lograr un lugar de trabajo seguro. Explicamos cuáles son las actuaciones en PRL para conseguirlo

La prevención de riesgos laborales y la cultura preventiva se han vuelto una pieza central tras la llegada del coronavirus, y conseguir un lugar de trabajo seguro, un objetivo central. Sin embargo, la cultura preventiva y la prevención de riesgos laborales, en general, están mucho menos implantadas de lo que la seguridad en nuestros puestos de trabajo requiere.

La cultura preventiva en el contexto laboral es un término que ha empezado a tomar importancia entre la dirección general, de Recursos Humanos y de prevención, ya que el mismo supone la resolución de todas las problemáticas en torno a la seguridad, salud y bienestar de las personas trabajadoras en las empresas. Se puede decir que es el conjunto de actitudes y creencias positivas sobre salud, riesgos, accidentes, enfermedades y medidas preventivas

La cultura preventiva debe estar integrada en la política empresarial sobre prevención de riesgos laborales, debe ser aprobada y respaldada por la Alta Dirección asumiendo, en primer lugar, las responsabilidades inherentes al cumplimiento normativo preventivo y, en segundo lugar, el desarrollo de las acciones para cumplir dicha política.

En la integración de la prevención para conseguir un lugar de trabajo seguro han de definirse funciones y responsabilidades en todos los niveles jerárquicos para que se conozcan las consecuencias personales de los incumplimientos en materia preventiva. Ahora bien, para que la política implantada y, por tanto, la cultura preventiva consiga sus rendimientos, será necesario que la dirección se comprometa activamente mediante la realización de acciones concretas.

Actuaciones esenciales en prevención de riesgos laborales por parte de la dirección y otros responsables

A continuación, se indican aquellas actuaciones que consideramos esenciales por parte de la dirección y la línea jerárquica:

•Visitar habitualmente los lugares de trabajo para interesarse por las correctas condiciones de trabajo, comunicándose con las personas y comprobando la inexistencia de deficiencias que se puedan resolver.

•Promover y participar en reuniones periódicas para tratar temas de seguridad y salud de forma específica o introducirlos de forma habitual en el orden del día.

•Observar cómo los trabajadores desarrollan tareas que puedan resultar críticas por sus consecuencias, para establecer un diálogo que facilite mejorar la manera de hacer las cosas.

•Interesarse por conocer las causas de los accidentes laborales acaecidos y cómo han sido eliminadas. Conseguir que la gente se sienta querida tras el accidente, especialmente cuando se encuentra en proceso de recuperación.

•Promover campañas periódicas para mantener vivo el interés por la prevención y, a su vez, centrar esfuerzos colectivos sobre aspectos concretos de la planificación.

•Dar ejemplo siempre, utilizando, por ejemplo, los EPI cuando acceda a ámbitos de trabajo en que son obligatorios y respetando las normas de prevención existentes.

•Asumir un liderazgo participativo poniendo especial atención en las opiniones de los miembros de la organización para generar la confianza necesaria.

Este liderazgo preventivo tiene por finalidad conseguir, progresivamente, la extensión de la cultura preventiva por toda la organización, empezando porque la Dirección y mandos intermedios dispongan de los conocimientos necesarios en PRL, para que puedan ejercer unas funciones de dirección y control bajo el paraguas de la prevención de riesgos laborales.

Los líderes transformadores no han de ser los mandos intermedios ni el cuerpo ejecutivo sino personas capaces de saber cómo influir en su ámbito más cercano, ya que conocen sus necesidades, sus competencias y saben cómo desarrollar a sus colaboradores haciendo uso de la escucha activa y de la complicidad para lograr un objetivo común. Teniendo a todo el personal implicado en nueva cultura preventiva, se puede conseguir un cambio real y eficiente donde las personas interioricen hábitos de trabajo más seguros. La percepción del riesgo al que se enfrentan a diario se verá optimizada exponencialmente, pudiendo utilizarse herramientas alternativas a la clásica formación como el mentoring y el coaching.

Estos hábitos más seguros no harán, por sí mismos, a la empresa más saludable. Podrían tener un efecto casi inmediato en la reducción de la siniestralidad, en una mejora del clima laboral donde el estrés se reduce, con lo que se consigue una mejora de la motivación y el compromiso, se retiene el talento y se mejora la identidad corporativa de la empresa.

¿Qué es un lugar de trabajo saludable?

La OMS define el lugar de trabajo saludable como aquel en el que las personas trabajadoras y el personal ejecutivo colaboran en la aplicación de un proceso de mejora continua para proteger y promover la salud, la seguridad, el bienestar y la sostenibilidad del lugar de trabajo.

El lugar de trabajo se está usando cada vez más como un entorno para la promoción de la salud y las actividades de salud preventivas, no solo con el objeto de prevenir los accidentes laborales sino también para evaluar y mejorar la salud general de las personas.

Otro factor en el que se hace cada vez más hincapié es en generar lugares de trabajo que sean más propicios y adecuados para las personas trabajadoras de más edad o los que padecen enfermedades crónicas o discapacidades.

Actuaciones en prevención para tener un lugar de trabajo saludable y seguro

Para lograr un lugar de trabajo saludable se debe actuar en los siguientes planos:

•El ambiente físico de trabajo. Se refiere a la estructura, aire, maquinaria, mobiliario, productos, químicos, materiales y procesos de producción en el trabajo. Estos factores pueden afectar la seguridad y salud física, así como su salud mental y bienestar.

•El entorno psicosocial de trabajo. Incluye la organización del trabajo y la cultura institucional y las actitudes, los valores, las creencias y las prácticas que se exhiben diariamente en la empresa y afectan al bienestar mental y físico.

•Los recursos personales de salud en el lugar de trabajo. Son los servicios de salud, la información, los recursos, las oportunidades y la flexibilidad que brinda una empresa a la plantilla con el objeto de apoyar o motivar sus esfuerzos por mejorar o mantener sus prácticas personales de estilo de vida saludable, así como vigilar y apoyar su estado actual de salud física y mental.

•La participación de la empresa en la comunidad, Responsabilidad Social Corporativa. Comprende las actividades que realiza la empresa y otros recursos que aporta a la comunidad o comunidades en las que está implantada, tanto en sus aspectos físicos como sociales, y que afectan la salud física y mental, la seguridad y el bienestar de las personas trabajadoras y sus familias.

Aprovechar la pandemia para cambiar la prevención y conseguir lugares de trabajo seguro

Desde el inicio de la pandemia en USO hemos apostado por aprovechar las circunstancias, siendo el momento histórico adecuado para que se produzca un cambio real y eficiente en la cultura preventiva general para llegar a crear lugares de trabajo saludable y seguro.

Para generar este drástico cambio de pensamiento en la población, se han de reiniciar los valores educativos de las instituciones y de las familias para conseguir este objetivo. Se ha de enseñar que lo único que realmente poseemos es nuestro cuerpo y nuestra salud.

Ahí entra en acción el primer valor, la responsabilidad. Nuestros actos tienen consecuencias en nosotros mismos o en los demás. Por ejemplo, si no enseñamos a los niños a sentarse con una postura ergonómica en el pupitre, puede que se estén generando una lesión muscular.

Otro de los valores donde se debe incidir es la flexibilidad, transmitiendo herramientas con las que poder adaptarse rápidamente a los cambios bruscos que se producen y, de esta forma, conseguir la capacidad de aprender de forma continua.

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David Jiménez-Blanco, designado presidente de la Bolsa de Madrid

10 de septiembre, 2020

David Jiménez-Blanco, designado presidente de la Bolsa de Madrid

•Jorge Yzaguirre, director de Mercados y Market Data de BME, es nombrado consejero delegado

bolsamadrid.es

9 septiembre 2020

Hoy se han adoptado los acuerdos de nombramiento de David Jiménez-Blanco como presidente de la Bolsa de Madrid y de los demás miembros del consejo de administración de la Sociedad Rectora de la Bolsa de Valores de Madrid, que fueron anunciados el pasado 30 de julio.

El Consejo de Administración queda formado por 5 miembros: David Jiménez-Blanco, vicepresidente no ejecutivo de BME; Jorge Yzaguirre, director de Mercados y Market Data de BME; Marta Bartolomé, directora financiera de BME; Beatriz Alonso-Majagranzas, directora de Renta Variable de BME; y Ana Isabel Fernández, consejera calificada como independiente de BME hasta el pasado 30 de julio.

Al ser la presidencia no ejecutiva, Jorge Yzaguirre ha sido nombrado consejero delegado. Los nombramientos están sujetos a la preceptiva autorización de la CNMV.

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Cabo de Ajo. Okuda

9 de septiembre, 2020
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Foment rechaza que se apruebe en el Parlamento la proposición de ley de regulación de los alquileres, una norma anticonstitucional y antiestatutaria

9 de septiembre, 2020

Foment rechaza que se apruebe en el Parlamento la proposición de ley de regulación de los alquileres, una norma anticonstitucional y antiestatutaria

A pesar de que parece que ayudará al mercado de alquiler, la medida lo hundirá a medio plazo y tendrá más efectos contraproducentes que beneficios

6 de septiembre de 2020

◾El actual mercado de alquiler no es suficiente y, por lo tanto, hay que ampliar sobre todo la oferta de vivienda asequible, el gran abandonado desde la crisis de 2008.

◾No se puede admitir que la inacción de determinadas fuerzas políticas perjudique el parque de viviendas privado de alquiler. La proposición de ley lo hace y perjudica tanto a los propietarios como a los inquilinos. El patrimonio inmobiliario de los catalanes reducirá su valor.

◾Foment ya expuso el junio de 2019 la necesidad de revertir la política de vivienda para atender las necesidades sociales.

◾No todo se vale, ni las finalidades justifican los medios. Democracia y Estado de Derecho van de la mano.

La proposición de Ley de medidas urgentes en materia de contención de rentas en los contratos de arrendamiento de vivienda, incluida en el orden del día del Pleno del Parlamento de Cataluña del próximo día 9, se hará por el procedimiento acelerado de lectura única. Por lo tanto, no habrá pasado por el trámite parlamentario habitual de Ponencia y de Comisión, a pesar del Dictamen en contra del Consejo de Garantías Estatutarias, aprobado por unanimidad el 5 de agosto de este año.

El Consejo de Garantías Estatutarias considera que la regulación de la Proposición de Ley afecta a las bases de las obligaciones contractuales, que son competencia del Estado (artículo 149.1.8 de la Constitución) y no encuentra amparo en cuatro artículos concretos del Estatuto de Autonomía de Cataluña de 2006.

El Consejo de Garantías Estatutarias emitió su dictamen con estas conclusiones:

– los artículos 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15; las disposiciones adicionales primera, segunda, tercera y cuarta; las disposiciones transitorias primera y segunda y la disposición final tercera de la Proposición vulneran la Constitución y el Estatuto de Cataluña (concretamente no se adecuan ni en el artículo 149.1.8 de la Constitución ni en los artículos 129, 137,106.2 y 130 del Estatuto).

Por lo tanto, un total de 11 artículos de los 15 de la Proposición, 4 disposiciones adicionales de 7, 2 disposiciones transitorias de 3 y una disposición final de las 4 que incluye no se adecuan, según el dictamen unánime del Consejo de Garantías Estatutarias, ni en la Constitución ni en el Estatuto.

En resumen, la Proposición de Ley de medidas urgentes en materia de contención de rentas en los contratos de arrendamiento de viviendas vulnera la Constitución y el Estatuto en 18 puntos de su articulado.

Límites al alquiler

Desde el punto de vista económico y social, hay que señalar, que aunque parezca una herramienta adecuada, su resultado a medio plazo irá en sentido contrario. Hay bastante literatura que señala los efectos contraproducentes de la fijación de límites al alquiler. Solo hay que ver como las limitaciones establecidas a las leyes de arrendamientos urbanos de 1946 y de 1962 comportaron una reducción significativa de la oferta de alquiler en nuestro país. No es hasta el año 1985 con el Decreto Ley 2/1985, favorecido por el ministro Miguel Boyer, cuando se hace de nuevo atractivo este mercado y atrae capitales para ampliarlo. Posteriormente, se modula la normativa sobre la vivienda habitual (periodo mínimo de contrato,…) para favorecer cierto equilibrio y estabilidad de las partes, rehuyendo la sobreprotección, que después castigan los teóricos protegidos por la norma.

Hay que destacar los efectos que no favorecen un mercado de alquiler de vivienda asequible, a causa del abandono de las políticas de vivienda sostenible por parte de los gobiernos desde la crisis de 2008 asociada a la construcción.

1.Reducción de la oferta de viviendas para alquilar por una doble vía: la primera, la dificultad que los inversores consideren interesante el mercado inmobiliario catalán y, por lo tanto, el riesgo que dejen de invertir en el mercado en un futuro próximo. El segundo, los inversores querrán vender sus posiciones inmobiliarias en Cataluña para invertirlas en otras.

2.Las limitaciones de precios harán que la oferta sea más pequeña, que los posibles inquilinos queden insatisfechos y, por lo tanto, perjudicará a las personas que quieren o solo pueden alquilar. Si hay diferencias significativas, puede comportar mercados opacos, hecho que afectaría, también, a la recaudación

3.No hace falta olvidar que una parte significativa de las viviendas de alquiler a nuestro país corresponden a particulares que verán afectada la renta de su inmueble. En muchos casos, pueden querer hacer líquida su inversión con la venta de sus patrimonios

4.En un mercado globalizado, con mucha libertad de capitales, las restricciones a su rendimiento en algún tipo de activo harán que los inversores busquen otros activos o bien otros localidades. Por lo tanto, dejará de tener sentido el objetivo de la norma, puesto que supondrá la bajada de la oferta a medio plazo. Se retrocederá, pues, en un sector con un mercado estrecho y en el cual la política de vivienda ha estado testimonial durante muchos

Todos estos efectos serán más significativos, en tanto lo sea la diferencia entre el precio máximo y el del mercado.

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La Oficina de Atención al Ciudadano recibe una alta valoración en las encuestas relativas al primer semestre del año

9 de septiembre, 2020

Justicia2030

Ministerio de Justicia

La Oficina de Atención al Ciudadano recibe una alta valoración en las encuestas relativas al primer semestre del año

• Más del 77 por ciento de las personas encuestadas han considerado que la atención recibida ha sido muy buena o buena.

4 de septiembre de 2020.- Más del 77 por ciento de las personas encuestadas durante el primer semestre del año respecto al servicio de atención al ciudadano que el Ministerio de Justicia presta en la calle de la Bolsa, considera que la respuesta ha sido muy buena o buena. El 72,15% de los usuarios ha estimado que el servicio recibido ha sido “mucho mejor” o “mejor” del que esperaban y sólo el 6,33% ha considerado que el servicio ha sido “mucho peor”.

Son los datos que arroja el informe de evaluación de dicha Oficina y que apuntan a una valoración muy positiva de los usuarios y su nivel de satisfacción sobre los servicios recibidos. De hecho, la percepción del usuario sobre la atención recibida ha oscilado según los casos entre 8,38 y 9,11 sobre 10. La puntuación global media ha sido de casi 9 (8,72).
Respecto a los comentarios y las propuestas de mejora recibidos en el buzón, el 63,64% de los mismos han sido felicitaciones por el servicio recibido, lo que ratifica que el grado de satisfacción global con el que han salido los ciudadanos de nuestras oficinas es alto.

Los cuestionarios recibidos, cuyo número ha sufrido una caída debido al cierre parcial de la oficina durante el estado de alarma, recogen la percepción que el ciudadano tiene del contacto presencial en la Oficina Central de Atención al Ciudadano y en base a dicho conocimiento, se intenta avanzar en los aspectos susceptibles de mejora.

Así, los usuarios responden a las principales variables que afectan a la percepción sobre el servicio recibido como son la accesibilidad, las condiciones ambientales, la rapidez del servicio, el trato y amabilidad y la calidad de la información recibida. Se incluye también un espacio abierto sobre observaciones o aclaraciones a la puntuación otorgada a fin de que, con independencia de las valoraciones, se pueda obtener conocimiento sobre identificación de problemas a través de esa menor valoración y cuya resolución, en su caso, permite mejorar la calidad del servicio público que se presta.

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El Defensor del Pueblo considera que la declaración del estado de alarma respetó la Constitución

9 de septiembre, 2020

El Defensor del Pueblo considera que la declaración del estado de alarma respetó la constitución

04/09/2020

Defensor del Pueblo

El Defensor del Pueblo (e.f.), Francisco Fernández Marugán, ha resuelto no interponer recurso de inconstitucionalidad contra el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19 y sus prórrogas. El Defensor tampoco recurrirá el resto de normas dictadas al amparo de este real decreto.

En su opinión, las medidas adoptadas no suspendieron derechos fundamentales, tal y como sostienen los solicitantes de los recursos, sino que solo limitaron el ejercicio de algunos de estos derechos. Fernández Marugán señala que “ante una pandemia gravísima, el confinamiento general era una respuesta sanitaria proporcionada a la situación y necesaria para preservar la salud y la vida de las personas”. Así, destaca que “ni el Gobierno declarando el estado de alarma, ni el Congreso de los Diputados prorrogándolo, quisieron suspender derechos fundamentales. Lo que se quería era confinar a la población para salvar la vida y preservar la salud del mayor número de personas posible”.

Para el Defensor, la respuesta de los poderes públicos debía estar a la altura de la gravedad de la amenaza y lo estuvo: “no puede reprocharse que, excluidos los estados de excepción y sitio por no concurrir sus presupuestos, fuera elegida la aplicación del estado de alarma. Era una salida constitucional, proporcionada, realista y orientada a salvar vidas”, concluye.

En su resolución explica que la Constitución y la Ley Orgánica 4/1981, reguladora de los estados de alarma, excepción y sitio (LOAES), contempla que pueda declararse el estado de alarma para hacer frente a una epidemia. En este sentido, asegura que “el confinamiento generalizado, masivo, largo en el tiempo, constituye, por su propia naturaleza, una severa restricción de lo que pueden hacer las personas en su vida cotidiana. Y afecta, como no podía ser de otra manera, al ejercicio de los derechos fundamentales”.

Sin embargo, advierte de que, a juicio de la Institución “en modo alguno significa -o significó durante el estado de alarma- la suspensión de determinados derechos fundamentales, como sostienen muchos de los comparecientes, sino una limitación de su ejercicio. Sí se hubiese aplicado el estado de excepción, como consideran algunos peticionarios, si se habrían suspendido esos derechos.”

Limita pero no suspende derechos

Fernández Marugán reconoce que durante el estado de alarma algunos derechos se vieron intensamente afectados pero señala que “una interpretación conjunta de la Constitución y de la LOAES permite concluir que se limitan derechos, pero no se suspenden”. Así, recuerda que esta distinción “no es baladí”. “La limitación modula el ejercicio de los derechos, la suspensión los elimina”.

A modo de ejemplo, expone que no es lo mismo poder reunirse de determinada manera que no poder reunirse en absoluto. La Institución siempre defendió durante el estado de alarma que sí era posible reunirse, pero siempre con las garantías sanitarias precisas. “De haber estado suspendido no hubiera habido debate, o éste hubiera sido resuelto siempre, por las autoridades administrativas y judiciales, en sentido negativo”, señala.

Este tipo de reflexiones podrían hacerse sobre todos y cada uno de los derechos fundamentales en juego.

Así, si bien las restricciones a la libertad de circulación estaban justificadas en origen, las sanciones por su incumplimiento, amparadas en la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana, deberían haber sido objeto de un régimen sancionador específico, adaptado a las circunstancias. Igualmente, ha recibido y tramitado quejas sobre actuaciones policiales concretas durante el estado de alarma. Pero esto es cosa diferente a la legitimidad de la restricción de movimientos para evitar contagios durante el estado de alarma declarado para hacer frente a la epidemia.

Estado de alarma frente al de excepción

Ante la posibilidad señalada por los solicitantes de recurso de declarar el estado de excepción en lugar del de alarma, el Defensor considera “que no se daban los requisitos necesarios para promulgar el estado de excepción sobre todo por no existir, afortunadamente, problemas de orden público y en consecuencia no ser esta la opción adecuada. Por tanto era mucho más correcto agotar cuantas posibilidades ofrece el ordenamiento jurídico, como es el estado de alarma”.

Para Fernández Marugán, “la naturaleza y el número de los derechos fundamentales que pueden ser suspendidos en el estado de excepción hubiera constituido una respuesta exorbitante, gravemente lesiva para los ciudadanos y claramente improcedente”.

Por último, el Defensor concluye en su resolución que el confinamiento ha tenido una “severa” repercusión en la actividad económica y ha generado una situación dramática para muchas personas y familias. “Puede discutirse el acierto o desacierto de las restricciones a los derechos económicos, si fueron o no excesivas o si duraron o no demasiado. Pero esto sería crítica legítima de la política económica (y sanitaria) que no afecta a la constitucionalidad del estado de alarma y sus consecuencias sobre los derechos económicos y sociales”, matiza.

En total, la Institución ha recibido 617 escritos en los que se solicitaba la interposición de recurso ante el Tribunal Constitucional. A pesar de estar garantizado el pronunciamiento del Alto Tribunal por haber admitido a trámite el recurso presentado por un grupo parlamentario, la Institución ha considerado necesario pronunciarse. Fernández Marugán asegura que lo hace, de manera excepcional, teniendo en cuenta la directa conexión entre el estado de alarma y los derechos fundamentales.

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La vicepresidenta del Gobierno, Nadia Calviño, apela a la unidad de acción para salir de la crisis

9 de septiembre, 2020

La vicepresidenta del Gobierno, Nadia Calviño, apela a la unidad de acción para salir de la crisis

Pleno Extraordinario Cámara de España

03 de Septiembre 2020

Cámara de Comercio de España

Las empresas de la Cámara de España constatan la coincidencia en el diagnóstico de la situación y piden que se aborden las soluciones necesarias desde el consenso.
Los Presidentes de BBVA, Banco Santander, HP, Iberdrola, Indra y Telefónica comparten con la Vicepresidenta del Gobierno sus propuestas de actuación ante la crisis económica.

Madrid, 03/09/20.- La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, ha apelado a la unidad de acción frente a la crisis económica y social derivada de la pandemia de la COVID-19. “El diagnóstico de la situación es compartido, como también las recetas para hacerle frente. Es más lo que une a la sociedad española que lo que le separa y eso debe reflejarse también en la política. Es el momento de la unidad, de arrimar el hombro”, ha afirmado la Vicepresidenta del Gobierno.

Durante su intervención en el Pleno Extraordinario de la Cámara de Comercio de España, Calviño ha subrayado el papel fundamental que deben jugar las Cámaras de Comercio – a las que ha pedido colaboración en esta etapa de reconstrucción- en el proceso de transformación digital y en la internacionalización, particularmente de las pymes “La transformación digital de las pequeñas y medianas empresas constituye la más importante reforma estructural que tenemos por delante y tenemos que acelerarla e intensificarla de manera exponencial”, ha subrayado Calviño.

La transición digital, junto a la transición ecológica, la formación y la internacionalización han sido algunas de las cuestiones que han centrado el debate sobre propuestas de actuación ante la crisis económica y los principales desafíos y prioridades que deben plantearse en la etapa de reconstrucción, protagonizado por los Presidentes de BBVA, Banco Santander, HP, Iberdrola, Indra y Telefónica.

Las empresas participantes han coincidido tanto en el diagnóstico, como en la apelación a la necesaria unidad de acción para superar la crisis.

Así, la presidenta de Banco Santander, Ana Botín, ha afirmado que “hay un gran consenso sobre los principios en los que debe sustentarse la recuperación: que el futuro está en Europa y que queremos una economía más sostenible, inclusiva, digital y feminista. A partir de aquí lo que hay que debatir es cómo se ejecuta la reconstrucción y, en mi opinión, debe basarse en cuatro aspectos. Que los proyectos tengan un efecto multiplicador, que estén apoyados sobre el liderazgo empresarial, la capilaridad de las ayudas y la gobernanza para que haya responsabilidad”.

Otro aspecto coincidente en las intervenciones de los distintos ponentes ha sido la necesidad de transformar esta crisis en una oportunidad para cambiar el modelo económico español.

Ignacio Sánchez Galán, presidente de Iberdrola, ha incidido en la transición ecológica. “La inversión en la economía verde no tiene solo que ver con energía, sino que presenta grandes ventajas estructurales por su carácter transversal: mejora la competitividad económica de nuestro país, nuestra balanza de pagos y nuestra autonomía energética; reduce nuestras emisiones y nuestra contaminación, e impulsa la electrificación de usos energéticos con un importante efecto tractor en sectores como la climatización o el transporte”, ha asegurado Galán.

Por su parte, el presidente de Indra, Fernando Abril-Martorell, ha puesto el acento en la necesidad de la economía española de ganar en competitividad y mejorar su productividad: “La tecnología le da la oportunidad a España de hacer un ‘reset’ industrial y relocalizar capacidades”, ha aseverado.

La transición digital ha ocupado una buena parte del diálogo entre las empresas, coincidentes también en cómo la digitalización ha cobrado especial relevancia en la excepcional situación que estamos viviendo.

El presidente de Telefónica, José María Álvarez-Pallete, ha puesto de manifiesto el liderazgo que ejerce España entre las infraestructuras digitales de toda Europa, con la red más extensa de fibra óptica y el reciente lanzamiento del 5G, que Telefónica llevará al 75 por ciento de la población este mismo año. Ha recalcado que “hoy es más necesario que nunca imaginar cómo va a ser la nueva sociedad digital y coger lo mejor. Por ello, en julio presentamos nuestro Pacto Digital, para anticiparnos a la transición digital y liderarla”.

El Presidente de BBVA, Carlos Torres Vila, ha prestado especial atención a la importancia de la digitalización para las pymes: “El papel de los bancos en la crisis ha sido clave, amplificando el efecto del dinero público. En el medio-largo plazo, tenemos que abrazar de una manera acelerada el cambio hacia un modelo productivo basado en las nuevas tecnologías y en el uso eficiente de los datos. La digitalización facilita a las pymes la eficiencia en los procesos productivos. Por ejemplo, la computación en la nube les abre un mundo nuevo. Tenemos que trabajar en montar a las pymes en esa ola, combinando reformas e inversión”.

Por su parte, la Presidenta de HP para España, Portugal, Francia e Italia, Helena Herrero, ha enfatizado la incidencia de la digitalización en la internacionalización. “La globalización es imparable pero tras la pandemia va a ser diferente. Más digital, más sostenible y más centrada en las personas”, ha dicho Herrero, quien ha propuesto que “como país tenemos que luchar por tener y atraer centros estratégicos con impacto global, apostar por el talento y crear ecosistemas digitales, trabajando de la mano pymes y multinacionales”.

El papel de las Cámaras de Comercio

El presidente de la Cámara de España, José Luis Bonet, ha reiterado la disposición de las empresas a colaborar con los poderes públicos en la salida de la crisis y el papel fundamental que debe desempeñar la Cámara de España y la red cameral, que por su capilaridad es un instrumento fundamental del Gobierno para que las ayudas europeas lleguen al conjunto del tejido productivo. “Hemos de hacer frente a la situación con decisión, coraje, determinación y visión de futuro, sin dejar a nadie atrás, velando por las personas, por supuesto, pero también por las empresas que son la pieza clave para la recuperación, la creación de empleo y el crecimiento de la economía”, ha afirmado Bonet.

En el mismo sentido se ha manifestado el presidente de la Cámara de Valencia y del Consejo de Cámaras de la Comunidad Valenciana, José Vicente Morata, que ha incidido en que la capilaridad y cercanía al tejido productivo del sistema cameral “necesarias para trasladar las políticas públicas al ámbito privado. Y, además, de forma rápida y eficaz, que es precisamente lo que se requiere en la situación actual”.

Por su parte el presidente de la Cámara de Granada, Gerardo Cuerva, ha insistido en la necesidad de contar con el conjunto de la sociedad para llevar a cabo las reformas necesarias y muy particularmente en lo que se refiere a la digitalización. “Si queremos triunfar en el proceso de transición digital, hay que acordarse de las personas”, ha afirmado.

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Don Inda. Buque de Salvamento. Puerto de Cee

8 de septiembre, 2020
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El presidente del TS y del CGPJ reclama “una mayor claridad normativa” respecto de la restricción de derechos como consecuencia de la crisis sanitaria

8 de septiembre, 2020

Lunes, 7 de septiembre de 2020

El presidente del TS y del CGPJ reclama “una mayor claridad normativa” respecto de la restricción de derechos como consecuencia de la crisis sanitaria

En el acto de apertura del Año Judicial que el rey ha presidido en el Tribunal Supremo, Carlos Lesmes ha destacado la “sólida respuesta” del Poder Judicial durante la pandemia de COVID-19. El presidente del Consejo General del Poder Judicial exhorta nuevamente a la renovación “sin mayores dilaciones” del órgano de gobierno de los jueces, pero advierte de que, mientras tanto, este debe seguir funcionando con normalidad

Autor: Comunicación Poder Judicial

El presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, ha asegurado hoy que la pandemia de coronavirus ha puesto de manifiesto “la necesidad de una mayor claridad normativa” respecto de la adopción por las Administraciones de medidas restrictivas de la libertad personal al amparo de la legislación sanitaria de excepción, que exige ulterior control judicial aun bajo el estado de alarma.

Durante el discurso pronunciado con motivo del acto de apertura del Año Judicial, que el rey ha presidido hoy en el Tribunal Supremo, Lesmes también ha considerado precisa “una mejor delimitación” de la necesaria ratificación judicial de esas medidas cuando son tomadas en razón de la legalidad ordinaria.

“Si tal claridad normativa siempre es deseable, hemos de reclamarla con mayor intensidad cuando se trata de medidas que, si bien es cierto que resultan necesarias para combatir la pandemia, no es menos cierto que afectan directamente al ejercicio de nuestros derechos más básicos”, ha añadido el presidente del Poder Judicial, que ha recordado que “las competencias extraordinarias asumidas durante la vigencia de los estados excepcionales por los poderes públicos, con ser extraordinarias, en modo alguno escapan al control inherente a todo Estado de Derecho”.

El presidente del TS y del CGPJ ha iniciado su intervención transmitiendo su pesar a los familiares de los fallecidos a causa del COVID-19 y destacando los “esfuerzos realmente heroicos” del personal sanitario y la entrega del resto de los trabajadores públicos, incluidos los de la Administración de Justicia, ante una pandemia que “ha mostrado la fragilidad de nuestra condición como seres humanos y también la de nuestras sociedades”, al comprometer la vida y la salud de gran parte de la población, provocar una crisis social y económica de extraordinarias dimensiones y tensionar los derechos y las libertades de los ciudadanos.

Desafío y oportunidad

La pandemia, ha añadido el presidente del Poder Judicial, ha supuesto un “desafío inmenso” para los órganos judiciales -que han tenido que atender los nuevos asuntos derivados de la emergencia sanitaria manteniendo a la vez la tramitación y resolución de los procedimientos que la ley establece como urgentes- y “ha mostrado con crudeza las debilidades de nuestro sistema judicial y procesal”, pero también es “una oportunidad para avanzar”.

“Es indispensable que la Administración de Justicia se convierta en una Administración lo suficientemente tecnificada y bien organizada para que, llegado el caso, pueda seguir prestando sus servicios de forma eficiente pese a dificultades como las que ahora vivimos”, ha dicho Lesmes, que ha señalado que “quizás sea hora ya, definitivamente, y con el objetivo de contribuir también desde la justicia a la recuperación del grave golpe social, económico y moral sufrido, de alentar un verdadero giro estratégico a nivel legislativo sobre la forma de concebir la estructura del proceso judicial, en la que la tecnología y la digitalización no meramente ayuden o faciliten las tareas procesales, sino que las vertebren en su integridad”.

El presidente del TS y del CGPJ ha recordado, en este sentido, que en 2019 se produjo por tercer año consecutivo un incremento de la tasa de litigiosidad, que creció en un 4,1 %, y que pese al sobreesfuerzo de los integrantes de la Carrera Judicial -la media de sentencias dictadas por jueces y magistrados se incrementó en un 4,5 %- “no estamos en la situación de partida ideal para afrontar con plenas garantías el impacto, previsiblemente grave, de la dura situación vivida, que ha tenido paralizada durante meses la actividad judicial ordinaria”.

Por ello ha advertido de que será necesaria la adopción de medidas no solo coyunturales y urgentes, sino también la aprobación de reformas procesales que agilicen la tramitación de los procedimientos y que permitan dar respuesta rápida y con garantías a los ciudadanos y empresas, propiciando una mayor flexibilidad en las actuaciones, buscando una tramitación más expeditiva e incrementando el uso de medios tecnológicos.

Esas medidas, además, deberán ir acompañadas, para no perder eficacia, de una reforma de los recursos extraordinarios ante el Tribunal Supremo que ofrezca “cauces de unificación de criterios interpretativos que soslayen respuestas judiciales encontradas que, por otro lado, generan desconcierto en los ciudadanos y propician el aumento de la litigiosidad”. Así, ha considerado urgente una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil que simplifique la configuración del recurso de casación, centrándolo en el interés casacional de la interpretación de las normas, en la línea de la modificación ya operada en la casación contencioso-administrativa.

Por último, el presidente del Poder Judicial ha recordado que “sigue estando pendiente la gran reforma organizativa de la Justicia española, continuamente postergada y sin la cual no podremos superar las ineficiencias que siguen lastrando la posibilidad de ofrecer a los ciudadanos un servicio público que cumpla con los parámetros de calidad y eficacia propios del siglo XXI”.

Sólida respuesta del Poder Judicial

Carlos Lesmes ha concluido su intervención señalando que la experiencia vivida ha puesto de manifiesto que, “de nuevo y a pesar de las circunstancias, ha sido sólida la respuesta dada por el Poder Judicial de España”.

“Las dificultades han sido muchas, las carencias enormes y los nuevos retos monumentales, pero la profesionalidad y compromiso de nuestros jueces y magistrados sigue siendo una garantía para hacerles frente. Su actuación nos demuestra que no hay, ni habrá, situación de excepcionalidad que quede al margen de la legalidad”, ha dicho.

Exhortación a la renovación del Consejo General del Poder Judicial

El presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial también se ha referido durante su discurso a la situación del órgano de gobierno de jueces y magistrados, recordando que sigue sin producirse su renovación “pese a que la venimos reclamando insistentemente” y que ello “representa una seria anomalía”.

“Es la propia Constitución la que fija en cinco años la duración del mandato de cada Consejo, por lo que me veo en la obligación de exhortar nuevamente a los poderes públicos concernidos a renovar la institución sin mayores dilaciones”, ha agregado.

Lesmes ha advertido, no obstante, de que “conviene recordar también que el órgano de gobierno de los jueces tiene asignadas por esa misma Constitución unas muy relevantes funciones, en particular en materia de nombramientos, ascensos, inspección y régimen disciplinario, funciones que son permanentes y de debido cumplimiento, de manera que deben seguir desarrollándose con normalidad, porque lo contrario sería incumplir la propia norma fundamental, con grave quebranto para la justicia española, a la que dañaría una paralización institucional mantenida en el tiempo en un momento en el que debe afrontar unos retos enormes”.

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CEOE pide intensificar las medidas de ayuda para garantizar la supervivencia de empresas y empleo

8 de septiembre, 2020

02 septiembre 2020


CEOE


Valoración paro agosto

CEOE pide intensificar las medidas de ayuda para garantizar la supervivencia de empresas y empleo

El análisis de los datos de desempleo y afiliación a la Seguridad Social del mes de agosto no nos permite ver con optimismo la evolución del mercado laboral y la recuperación de los efectos negativos en el mismo, consecuencia de la crisis sanitaria.

Si bien es cierto que en este mes de agosto el aumento del paro registrado -29.780 más- es inferior al de años previos, es inevitable recordar que la tasa de afiliación dista todavía mucho de alcanzar los niveles anteriores al inicio de esta crisis, con 457.853 afiliados menos, y que el efecto de los ERTEs distorsiona la imagen de la realidad de nuestro mercado laboral, cuya evolución se puede ver afectada por la incertidumbre asociada a los rebrotes que pueden incidir negativamente en el ritmo de recuperación.

Así, a nuestro entender, los datos de desempleo y afiliación no reflejan el deterioro de algunas actividades económicas y del empleo. Además de los 29.780 desempleados más es imprescindible recordar que, como consecuencia de la normativa Covid, se encuentran hibernados en ERTEs los trabajadores temporales y, en algunos casos, los fijos discontinuos.

Igualmente, es imprescindible reseñar la situación de algunos sectores como el turístico, particularmente golpeado por los rebrotes de la Covid, las restricciones a la movilidad y resto de medidas de contención sanitaria, cuya recuperación se prevé imposible a corto plazo por falta de demanda y donde en la actualidad permanecen en ERTEs cerca de 300.000 personas trabajadoras, de las 812.500 que aún continúan con sus contratos suspendidos total o parcialmente.

En opinión de CEOE, nos encontramos en un momento crítico que requiere intensificar las medidas de ayuda a todos los sectores económicos para garantizar la supervivencia de las empresas y del empleo, con una planificación específica además para los sectores más deteriorados de nuestra economía, como el turismo, cuyo efecto tractor sobre otros sectores es incuestionable.

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Integración CaixaBank-Bankia: Desde CCOO requerimos garantías

8 de septiembre, 2020

Integración CaixaBank-Bankia: Desde CCOO requerimos garantías

CCOO transmite a las direcciones de ambas empresas un mensaje claro: exigimos garantías para la plantilla. El sindicato trabajará, como siempre, en la defensa de toda la plantilla. Para que en el futuro la entidad resultante funcione se deben hacer las cosas bien desde el inicio. CCOO es la mejor garantía.

04/09/2020.

Posible fusión Bankia-CaixaBank

CCOO

Anoche saltó la noticia, que posteriormente confirmaron ambas entidades, sobre la posible integración CaixaBank-Bankia. Las conversaciones ya están iniciadas.

A partir de aquí, CCOO transmite a las direcciones de ambas empresas un mensaje claro: exige garantías para la plantilla. A la complejidad de la situación actual se une la incertidumbre ante esta operación, no hay que olvidar que la suma de ambas plantillas supera las 44.000 personas.

Si finalmente la fusión se materializa, CCOO exige un acuerdo laboral y, como sindicato mayoritario en Bankia, en CaixaBank y en el sector financiero, liderará las negociaciones, con unos objetivos claros:

Garantías de empleo

Salidas voluntarias si se plantean excedentes

Preservación y mejora de las condiciones salariales y laborales

Proyecto de empresa con viabilidad futura Esta operación sigue en la línea de concentración iniciada a partir de la crisis anterior (2007) y, en ese sentido, desde el punto de vista financiero, dada la situación de mercado, tipos de interés y avance de la digitalización, es una operación que tiene lógica empresarial. CCOO exige que también la tenga en lo laboral.

En cuanto a la coyuntura generada por la Covid, este movimiento se anticipa y prepara para los impactos que puedan amenazar los balances ante la destrucción de tejido productivo. Se trata, además, de una operación de alcance en términos estratégicos de país.

La entidad resultante tendría asegurada no sólo su viabilidad futura, sino que sería una importante palanca para la canalización de proyectos de inversión en un momento de Reconstrucción Económica. Además, para CCOO la mejor garantía para el buen fin de las inversiones que el Estado realizó en Bankia es la permanencia como accionista en la nueva entidad.

El sindicato trabajará, como siempre, en la defensa de toda la plantilla. Para que el futuro la entidad resultante funcione se deben hacer las cosas bien desde el inicio. CCOO es la mejor garantía.

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Paro de agosto: España afronta la segunda ola del covid sin margen en el empleo

8 de septiembre, 2020

Paro de agosto: España afronta la segunda ola del covid sin margen en el empleo

USO

2 septiembre, 2020

El paro de agosto vuelve a subir y el empleo encara el otoño sin ninguna reserva

Los datos del paro de agosto retratan en un solo vistazo todos los grandes males que arrastra el mercado laboral español y que el covid-19 ha puesto más en evidencia que nunca. España afronta un otoño incierto en todos los ámbitos con casi 4 millones de parados y la economía de las autonomías más dependientes del turismo sin margen de maniobra, totalmente devastada.

El paro ha subido al finalizar agosto en 29.780 personas, un 0,79%, que supone el 24,04% de aumento si miramos las cifras de 2019. El tradicional alivio estival este año ha dado negativo y el empleo se calza la mascarilla permanente: no respira.

Los ERTE, con otra incertidumbre sobre su prórroga, son la única medida a corto y medio plazo

“Aceptando que marzo nos pilló a todos desprevenidos e incluso aceptando que muchas de las decisiones fueran tomándose sobre la marcha, seis meses después no podemos seguir hablando de parches y políticas provisionales. El muro de contención de los ERTE, que vuelve a afrontar la incertidumbre de una prórroga, no puede ser la única medida laboral a corto y medio plazo. El progresivo cambio de modelo productivo que debió acometerse hace años ahora debe ser exprés, y se han perdido para ello los meses más benévolos desde el punto de vista sanitario”, lamenta Joaquín Pérez, secretario general de USO.

“Los vaivenes del inicio del curso escolar son un buen símil para el inicio del curso laboral: cada cual remando hacia donde considera, con improvisación y sin sentar las bases de un modelo estable. Los fondos europeos se anunciaron a bombo y platillo, pero ahora requieren de una planificación que se basa en lo que España lleva años necesitando: más industria, más tecnología, y trabajadores y autónomos recapacitados para el mundo digital”, expone Pérez.

Reorientación de los trabajadores con formación y digitalización

En este sentido, el secretario general de USO considera que ese plan de formación “debe estar gestionado por las diferentes administraciones, sin una intermediación o subcontratación de empresas, patronales u organizaciones sindicales. Tenemos suficientes personas en paro como para reorientarlas hacia los necesarios empleos de educación, sanidad, atención social, investigación y desarrollo, y una atención administrativa pública eficiente, sin los vacíos que la ciudadanía ha padecido cuando más la necesitaba”.

Joaquín Pérez recuerda que “solo construyendo un empleo de calidad y una fuerte red interna, que no dependa de los vaivenes del exterior, podremos construir la recuperación real. El empleo y la riqueza crean más empleo y más riqueza, y únicamente con trabajo y salarios dignos se mantiene el consumo que genera a su vez los empleos del tercer sector y, no hay que olvidar, se mantienen también las cotizaciones y nuestro estado del bienestar”.

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