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Prórroga del estado de alarma

28 de marzo, 2020

Prórroga del estado de alarma

27 marzo 2020

lamonloa.gob.es

El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto por el que se prorroga el Estado de Alarma recogido en el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el Estado de Alarma, así como la vigencia de las medidas en él contenidas, hasta las 00:00 horas del día 12 de abril de 2020.

La declaración del estado de alarma ha permitido aplicar medidas inmediatas que han resultado esenciales para contener la propagación de la enfermedad. Asimismo ha hecho posible establecer, a través de la actuación de las autoridades competentes delegadas del Gobierno, una movilización de todos los recursos disponibles para mitigar los efectos de la pandemia. Sin embargo, a la luz de los datos disponibles y de los informes de evaluación elaborados por las autoridades competentes, no se puede afirmar que la situación de emergencia sanitaria generada por el COVID-19 se habrá superado completamente en el plazo previsto inicialmente, por lo que se estima imprescindible prorrogar el Estado de Alarma.

La Ley Orgánica de los estados de alarma, excepción y sitio, dispone que el Estado de Alarma requiere, para ser prorrogado, de la autorización expresa del Congreso de los Diputados. En su sesión del día 25 de marzo de 2020, el Congreso de los Diputados acordó conceder la autorización requerida, solicitando la inclusión de una nueva disposición adicional en el Real Decreto, que establece la obligación del Gobierno de remitir semanalmente al Congreso información sobre el grado de ejecución de las medidas adoptadas y su eficacia para alcanzar los objetivos propuestos.

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Medidas en el ámbito laboral para paliar los efectos del COVID-19

28 de marzo, 2020

Trabajo y Economía Social

Medidas en el ámbito laboral para paliar los efectos del COVID-19

lamoncloa.gob.es

El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto-ley por el que se adoptan medidas complementarias, en el ámbito laboral, para paliar los efectos derivados del COVID-19. Se trata de una norma de carácter complementario, que clarifica algunos efectos y consecuencias del Real Decreto-ley 8/2020 y que establece nuevos contenidos dirigidos a asegurar una mejor cobertura y una más eficaz aplicación de lo allí establecido. También establece medidas específicas para algunos sectores de actividad y configura un sistema más ágil para la contratación pública durante la crisis sanitaria.

Entre sus principales aspectos cabría destacar:
•Mantenimiento de la actividad de los centros sanitarios y de cuidado de mayores y dependientes; se establece que son servicios esenciales, que deben mantener su actividad durante la situación de crisis sanitaria, tanto si son públicos como si son privados, los centros sanitarios y de atención de mayores y dependientes.
•Medidas extraordinarias para la protección del empleo. Uno de los principales objetivos del Real Decreto-ley 8/2020 fue establecer mecanismos para asegurar que los contratos se mantuvieran durante la situación de crisis sanitaria. Para reforzarlo la presente norma establece que no estará justificado el despido que se realice por causas relacionadas con el Covid-19.
•Se agiliza el acceso a la prestación de desempleo y clarificándose su alcance; el presente Real Decreto-ley concreta el mecanismo para que la prestación de desempleo se solicite directamente por parte del empresario que ha tramitado el ERTE. Se especifica cual debe ser la documentación y como debe ser la comunicación por parte del empresario al servicio público de empleo estatal para que la prestación pueda ser reconocida lo antes posible. Asimismo, se establece que la fecha de inicio de la prestación de desempleo será la del momento en que se haya producido la suspensión por fuerza mayor o la fecha en que la empresa comunique su decisión a la autoridad, con lo que se garantiza la percepción desde el momento en que se produce la falta de actividad.
•Reforzamiento de los mecanismos de control. Se establece que la Inspección de Trabajo y Seguridad Social incluirá entre sus planes de actuación la comprobación de las causas alegadas para los ERTE. Asimismo se establece que en caso de solicitudes con falsedades e incorrecciones, incluyendo la falta de causa o la falta de necesidad del ERTE, el empresario podrá ser sancionado y deberá devolver a la entidad gestora las cuantías percibidas en concepto de desempleo por los trabajadores.
•Medidas relacionadas con las sociedades cooperativas. Cuando la Asamblea General de las sociedades cooperativas no pueda ser convocada para su celebración a través de medios virtuales, el Consejo Rector asumirá la competencia para aprobar la suspensión total y/o parcial de la prestación de trabajo de sus socias y socios y emitirá la correspondiente certificación para su tramitación.
•Interrupción del cómputo de la duración máxima de los contratos temporales. La suspensión de los contratos temporales, incluidos los formativos, de relevo e interinidad, supondrá la interrupción del cómputo, tanto de la duración de estos contratos como de los periodos de referencia equivalentes al periodo suspendido en cada una de estas modalidades contractuales.

Medidas para facilitar la contratación pública:

Se establece que la contratación pública para hacer frente al COVID-19 se tramitará por el procedimiento de emergencia, así mismo se establecen medidas específicas para agilizar la contratación durante la crisis sanitaria, particularmente con el exterior.

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Los Registros de la Propiedad tramitarán electrónicamente las notas de índice de propiedades para agilizar la solicitud de moratorias hipotecarias por el Covid-19

28 de marzo, 2020

Los Registros de la Propiedad tramitarán electrónicamente las notas de índice de propiedades para agilizar la solicitud de moratorias hipotecarias por el Covid-19

26 de marzo de 2020

mjusticia.gob.es

El Colegio de Registradores de España ha habilitado la vía telemática para agilizar la tramitación de las notas de índice de propiedades, un documento necesario para solicitar al banco el aplazamiento del pago del préstamo hipotecario de la vivienda habitual si se acredita vulnerabilidad económica. Esta posibilidad está prevista en el Real Decreto-ley de 17 de marzo, aprobado por el Gobierno, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del coronavirus.

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CaixaBank. Caída en Bolsa

28 de marzo, 2020

Enlace al ibex35

El 20 de mayo de 2015 cotizaba a 4,5050 euros. Hoy 27 de marzo de 2020 a 1,7590 euros

El dividendo en efectivo de 2019 se baja de 0,15 a 0,07 euros por acción

Además ha desconvocado sine die la Junta de Accionistas que se pensaba celebrar el 3 de abril.

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Dirección General Seguridad Jurídica y Fe Pública

27 de marzo, 2020
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Los Registros de la Propiedad, Mercantiles y Bienes Muebles permanecen abiertos por tratarse de un servicio público de interés general

27 de marzo, 2020

Los Registros de la Propiedad, Mercantiles y Bienes Muebles permanecen abiertos por tratarse de un servicio público de interés general

25 marzo 2020 Notas de prensa – registradores.org

25.03.20.- Los Registros se han adaptado tecnológicamente para evitar desplazamientos y mantienen la continuidad del servicio.

La atención personal por parte del registrador o de los empleados del Registro a los usuarios del mismo se realizará exclusivamente por correo electrónico o telefónicamente.

El horario de atención al público será de 9.00 a 14.00 horas de lunes a viernes. Sigue pudiéndose presentar documentación mediante correo postal o mensajería o bien físicamente, aunque por el bien de todos se recomienda la presentación telemática.

Durante la vigencia del estado de alarma podrá solicitarse la expedición de notas simples del Registro a través de la web registradores.org y excepcionalmente por correo electrónico.

En este último caso, además de identificarse la finca o titular del que se solicita la nota simple, hay que manifestar cuál es el interés legítimo para tal petición y acompañar escaneado el DNI del solicitante. Puede obtener el correo electrónico en el buscador de registros de www.registradores.org.

Además, hay que señalar que queda suspendida la caducidad de todos los asientos registrales cuya vigencia esté sujeta a un plazo, como por ejemplo, una anotación preventiva, durante la duración del estado de alarma y, en su caso, las prórrogas del mismo.

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PCR y test rápidos para el diagnóstico del coronavirus ¿cómo funcionan y en qué se diferencian?

27 de marzo, 2020

Coronavirus COVID-19

PCR y test rápidos para el diagnóstico del coronavirus ¿cómo funcionan y en qué se diferencian?

Martes 24 de marzo de 2020

lamoncloa.gob.es

La PCR, siglas en inglés de ‘Reacción en Cadena de la Polimerasa’, es una prueba de diagnóstico que permite detectar un fragmento del material genético de un patógeno o microorganismo. En la actual pandemia de coronavirus, como en tantas otras crisis de Salud Pública relacionadas con enfermedades infecciosas, se está utilizando desde los primeros días para determinar si una persona está infectada o no. A esta herramienta se están sumando en los últimos días los test de diagnóstico rápido, más sencillos y rápidos.

La investigadora del Área de Virología del Centro Nacional de Microbiología del Instituto de Salud Carlos III (ISCIII), Inmaculada Casas, que forma parte del Comité Científico Técnico del Coronavirus, explica las diferencias entre ambas técnicas, y señala la importancia de poder contar con herramientas más ágiles para impulsar el diagnóstico de la enfermedad.

La PCR, cuyo uso es común y rutinario en los laboratorios de Microbiología de hospitales, centros de investigación y universidades, se basa en las características de estabilidad al calor de una enzima polimerasa, cuyo hallazgo y posterior aplicación mereció el Premio Nobel de Medicina, concedido a Kari Mullis y Michael Smith en 1993.

Mediante esta técnica se localiza y amplifica un fragmento de material genético, que en el caso del coronavirus es una molécula de ARN. Casas señala que, si tras el análisis en un laboratorio de Microbiología de una muestra respiratoria de una persona sospechosa de estar infectada, la prueba detecta ARN del virus, el resultado es positivo y se confirma que está infectada por el SARS-CoV-2. Si la técnica de PCR no detecta el material genético del virus, la persona no estaría infectada; cuando hay una sospecha clínica importante se debe realizar otra prueba para asegurar que el paciente no está infectado por el virus.

La PCR presenta cierto grado de complejidad, por lo que necesita personal entrenado y preparado para su realización. Tiene unas características básicas que son: alta especificidad, ya que puede diferenciar entre dos microorganismos muy cercanos evolutivamente; alta sensibilidad, ya que puede detectar cantidades de 20 copias/ml, o incluso menos, de material genético viral, y finalmente es precoz porque se detecta virus en las primeras fases de la infección respiratoria.

Desde el inicio de la epidemia se ha realizado el diagnóstico mediante técnicas de PCR. Ahora están empezando a realizarse pruebas mediante una segunda batería de técnicas, los citados test de diagnóstico rápido, que permiten conocer en 10-15 minutos -la PCR tarda varias horas- si una persona está o no infectada.

¿Por qué no se ha utilizado antes esta técnica?

Hasta que no se ha contado con un buen número de pacientes infectado para poder caracterizar los anticuerpos no se ha podido desarrollar; la PCR, al ser una prueba de diagnóstico directo, se ha podido hacer desde el primer momento en que se secuenció el virus.

La experta del CNM señala que, a diferencia de la PCR, estos test rápidos no identifican el ARN del virus, sino que detectan, o bien anticuerpos producidos frente al virus utilizando una muestra de sangre, que es otra manera de conocer si el paciente está o ha estado infectado, o bien proteínas del virus presentes en las muestras respiratorias de exudado nasofaríngeo.

Además de la rapidez, estos test presentan otra ventaja muy importante en el momento actual ya que pueden realizarse en el domicilio de un caso sospechoso, siempre supervisado por un profesional sanitario. Se basan en una inmunocromatografía en papel, es decir, una plataforma que tiene ‘pegados’ las proteínas del virus para detectar anticuerpos o anticuerpos específicos para detectar las proteínas del virus. Su funcionamiento es similar al de los test de embarazo.

Gracias a estas herramientas rápidas se podrá mejorar el cribado en la población y limitar los ensayos de PCR sólo a aquellos pacientes que, con sintomatología, den un resultado negativo mediante los test rápidos, lo que permitirá liberar profesionales y recursos en el Sistema Nacional de Salud.

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La hora de la responsabilidad empresarial

27 de marzo, 2020

La hora de la responsabilidad empresarial

25 Mar 2020 ugt.es

Artículo de opinión de Gonzalo Pino, Secretario de Política Sindical de UGT, en «Público»

La emergencia sanitaria que ha supuesto la expansión del coronavirus aparece inevitablemente ligada a un enorme impacto económico y social. Aunque todas las estimaciones son aún meras hipótesis, se habla ya de una caída trimestral del PIB del 12% y de una pérdida de unos 100.000 empleos diarios. Sea como fuere, no hay duda de que es y será una caída de producción, empleo y bienestar colectivo enorme. Tras algunas dudas y retrasos, los gobiernos nacionales y las instituciones europeas están anunciando y aplicando medidas económicas a la altura del problema. El gobierno español ha puesto en marcha un paquete de actuaciones para intentar evitar los despidos, aplazar pagos y facilitar el crédito a las empresas que puede llegar hasta 200.000 millones de euros. El Banco Central Europeo ha aprobado una inyección de liquidez de 750.000 millones de euros para la compra de activos públicos y privados, frenando las tensiones en la prima de riesgo de los países. Y la Comisión ha puesto en cuarentena –por fin- los criterios de estabilidad, posibilitando la expansión del gasto. Son medidas adecuadas, que deberán ser complementadas próximamente.

En España, la gravedad de la crisis económica podría acentuarse más si cabe si atendemos a las condiciones de partida de nuestro país, donde la precariedad en el mercado laboral se ha convertido en norma: actualmente existen hasta 4,4 millones de trabajadores temporales, la mayoria con contratos de corta duración y muchos en fraude (falsos temporales) y, por tanto, sujetos a la posibilidad de una rescisión fácil y barata como herramienta de ajuste ante el parón económico y la recesión que ya se divisa. Y tampoco el despido de los trabajadores teóricamente «indefinidos» es difícil: durante la pasada crisis de 2008 a 2013 hubo 4,5 millones de despidos de este tipo.

Ante esta situación de emergencia, que amenaza con colapsar el metabolismo económico y social de arriba a abajo, es preciso adoptar medidas ambiciosas, y también repartir los esfuerzos adecuadamente, concediendo ayudas de manera extensa, pero también exigiendo aportaciones extraordinarias a quienes puedan realizarlas. Y, para ello, conviene echar la vista atrás para aprender de los errores del pasado y acertar con medidas que garanticen un reparto justo de los costes.

En la pasada crisis de 2008 también asistimos a una situación de rescate, en este caso financiero. En concreto, se destinaron alrededor de 85.000 millones de euros en ayudas públicas (sumando recapitalizaciones, garantías y aportaciones de liquidez) al sector financiero, de los cuáles el Estado no ha conseguido recuperar ni un 10%. Ello permitió que, al año siguiente del rescate, la banca cerrase sus cuentas con más de 9.000 millones euros de beneficios. Desde entonces, han acumulado beneficios por una cuantía de casi 90.000 millones de euros, unos 13.000 cada año. Ante las nuevas medidas aprobadas por el Estado, la inyección de liquidez y la creación de una línea de avales y garantías públicas que cubre 100.000 millones de euros, la banca se encuentra ante una nueva oportunidad de hacer negocio como canalizador del crédito privado. A raíz de los datos aportados, cabe reflexionar sobre el rol que ocupa el sector financiero en la sociedad, y la necesidad de exigirle algo más cuando las necesidades de la misma lo requieran, como ahora sucede. Porque las ayudas no pueden ir siempre exclusivamente en una dirección. En el caso de Bankia, que fue nacionalizada en el rescate, su contribución debe pasar por convertirse, junto al ICO, en una banca pública subordinada a los intereses de la mayoría, como tienen otros países como Alemania.

Por lo que se refiere a las empresas no financieras, de 2009 a 2013, a pesar de la situación recesiva, distribuyeron dividendos por un total de 259.302 millones de euros, que se elevan a casi 570.000 millones de euros hasta 2018. Los beneficios de estas empresas recuperaron su nivel pre-crisis en 2014, mientras que los salarios no lo hicieron hasta 2018. Paralelamente, la aportación de las empresas a las arcas públicas a través del impuesto de sociedades se ha reducido en un 46% desde 2007. Los grandes grupos empresariales reducen todos los años sus beneficios contables en torno a 50.000 millones de euros por el juego que les permite la consolidación de los resultados de todas las empresas del grupo, provocando que solo paguen el 6,2% de sus beneficios. Algo que las PYMES no pueden hacer, ni por supuesto, tampoco las personas trabajadoras, cuyo tipo medio efectivo pagado en el IRPF es del 17%. Curioso es el caso también de las SOCIMIS, empresas de inversión inmobiliarias creadas en 2009 supuestamente para ‘revitalizar’ el mercado inmobiliario, cuyos beneficios en 2018 ascendieron a los 2.200 millones de euros y, de los cuales la hacienda pública no ingresa nada, pues estas empresas quedan exoneradas del pago de impuesto de sociedades a raíz de la aprobación de la ley que las regula en 2013.

Todos estos datos reflejan cómo las grandes empresas manejan discrecionalmente sus resultados contables para maximizar los dividendos repartidos y minimizar el pago de impuestos, aportando año tras año al erario público menos de lo que les correspondería; y cómo, ante escenarios de colapso económico, tienen a su alcance -a diferencia de los trabajadores y trabajadoras-, distintos mecanismos y herramientas que les permiten amortiguar en gran medida sus consecuencias. Por eso ahora, la mayor facilidad aprobada para aplicar ERTEs -suspensiones temporales del empleo- para paliar el impacto del coronavirus no debe suponer una nueva asimetría en el reparto de los costes de la crisis, de manera que algunos de estos grandes grupos empresariales, que obtienen cada año enormes beneficios, se acojan a estas medidas de manera indiscriminada, reduciendo los ingresos de miles de familias trabajadoras, en lugar de absorber este coste extraordinario con los beneficios acumulados durante la fase expansiva que se ha roto ahora abruptamente.

En conclusión, es el momento de la responsabilidad colectiva, pero sobre todo, de las grandes empresas, que deben mostrar ahora su implicación en una sociedad que es la que les permite ganar miles de millones de euros en las fases de bonanza. Necesitamos repensar nuevos instrumentos que premitan construir una red de seguridad colectiva para todas y todos y, a su vez, garanticen un reparto más justo de las consecuencias de la crisis que se abre en el horizonte. Por eso sería necesario suspender los despidos durante el estado de alerta, como ya han hecho países como Dinamarca o Italia; prohibir la aplicación de ERTEs a empresas que sobrepasen una cifra determinada de beneficios; recuperar el pago del impuesto de sociedades a las SOCIMIS; implantar un sobrecargo fiscal extraordinario para los grandes grupos empresariales y financieros; crear permisos retribuidos para aquellas personas que en estos momentos necesidar cuidar de algunas persona del hogar; la moratoria en el pago del alquiler, que supone más de un 40% de los ingresos de aquellas personas que se encuentran en el quintil inferior de renta; o, por último, la creación de una prestación económica específica para aquellas empleadas del hogar que puedan quedar desprovistas de cualquier ingreso económico en caso de quedarse desempleadas.

Hay que evitar que haya empresas que aprovechen la crisis para incrementar sus beneficios a costa del malestar social, que las ayudas vayan a empresas con capacidad suficiente para absorber el shock y que algunas grandes sociedades privadas sacaran rendimiento de esta crisis por su posición privilegiada en el sistema (como la banca). Porque no es momento de dejar a nadie atrás; porque debemos tratar de crear certezas para aquellas personas a las que se les abre un mundo de incertidumbres; porque las medidas que se tomen en adelante, aún siendo difíciles, deben garantizar una vida digna para la mayoría; porque, como decía el profesor Sampedro parafraseando a Becker, economía eres tú, economía somos todos y todas.

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Justicia y las comunidades autónomas fijan normas comunes de prevención y seguridad para los funcionarios de Justicia durante la contención del Covid-19

27 de marzo, 2020

Coronavirus COVID-19

Justicia y las comunidades autónomas fijan normas comunes de prevención y seguridad para los funcionarios de Justicia durante la contención del Covid-19

Lunes 23 de marzo de 2020

lamoncloa.gob.es

El Ministerio de Justicia ha publicado una resolución, consensuada con el conjunto de comunidades autónomas, y consultados el Consejo General del Poder Judicial y la Fiscalía General del Estado, que fija las medidas preventivas y de seguridad que deben adoptar los funcionarios de la Administración de Justicia en la prestación de servicios esenciales durante la contención de la pandemia.

El establecimiento de esta norma común para todo el territorio se acordó en la última reunión de la Comisión de Coordinación de Crisis de la Administración de Justicia para la lucha contra el coronavirus, constituida formalmente el pasado viernes al amparo de la orden SND/261/2020 del Ministerio de Sanidad. Dicha orden encomienda al ministro de Justicia la coordinación de la actividad profesional de los funcionarios de Justicia, sin perjuicio de las competencias que corresponden al Consejo General del Poder Judicial y la Fiscalía General del Estado, durante la vigencia del estado de alarma.

Siguiendo las recomendaciones de las autoridades sanitarias, la resolución publicada hoy establece las siguientes medidas:

Medidas preventivas

Cualquier medida de protección debe anteponer la protección colectiva a la individual. Las medidas individuales deberán ser proporcionales al riesgo de la actividad profesional.

  1. Medidas de prevención colectiva:
    •No se permitirá el acceso a la sede judicial salvo justificación correspondiente.
    •Se limitará al mínimo el número de personas que accede y el tiempo de exposición.
    •Se dispondrá de geles hidroalcohólicos/jabones líquidos para el uso sistemático de quienes accedan a la sede y se dotará de mascarilla al usuario/justiciable/detenido con algún tipo de afección respiratoria.
    •Se establecerá una distancia mínima de seguridad de 2 metros, tanto en los accesos como en los espacios de atención al público.
    •Se dotará de elementos de protección colectiva, como mamparas y cintas de seguridad en los puestos de atención al público, y se intensificarán las actuaciones de limpieza y desinfección de los espacios de trabajo.
  2. Medidas de organización del trabajo:
    •Se fomentará la utilización de los medios telemáticos disponibles con el objetivo de evitar desplazamientos.
    •En las dotaciones mínimas de los servicios esenciales establecidos, se excluirá a las personas consideradas de riesgo (patologías previas, embarazo, lactancia u otras).
    •Los desplazamientos inevitables a centros sanitarios, penitenciarios, de menores o residencias de ancianos, se coordinarán con la dirección del centro atendiendo a las medidas de protección establecidas.
    •Se limitarán, en lo posible, los traslados de detenidos y presos a la sede judicial, arbitrando el sistema de videoconferencia o cualquier otro que permita la comunicación bidireccional de sonido e imagen.
    •Se distanciarán temporalmente los señalamientos o las citaciones, en cuanto fuera posible, para evitar la acumulación de personas en las sedes judiciales.
  3. Medidas de protección individual no exhaustivas:
    •Se seguirán estrictamente las medidas de protección encaminadas a controlar y reducir la trasmisión del virus. En caso de padecer afecciones respiratorias, deberán comunicarlo a las autoridades sanitarias y seguir sus instrucciones.
    •Se reforzarán las medidas de higiene personal en todos los ámbitos de trabajo y frente a cualquier escenario de exposición: cuidar la higiene de manos para evitar contactos accidentales con secreciones o superficies contaminadas con las mismas, cubrirse la boca y nariz con un pañuelo desechable al toser, o hacerlo en el ángulo interno del codo, evitar el contacto con los ojos, nariz y boca y el uso de adornos. Se mantendrá la distancia de seguridad de dos metros con personas que muestren signos de afección respiratoria y se evitará compartir objetos.
    •Se habilitarán mascarillas y guantes para el personal de los servicios esenciales para salidas urgentes a los efectos necesarios.
  4. Medidas sobre el entorno físico del trabajo:
    •Se colocarán carteles informativos en los lugares de trabajo con las indicaciones de seguridad que deben observarse, así como en las zonas comunes y de atención al público. También en los aseos, con información sobre la forma de lavarse las manos.
    •Se cuidará especialmente la higiene en el entorno estrechando la limpieza y desinfección, sobre todo en zonas de confluencia y uso común. Se intensificarán asimismo las labores de ventilación.

Protocolo para casos positivos y/o de aislamiento
•Por parte del afectado: deberá seguir las instrucciones del servicio de salud de su comunidad autónoma, comunicar la situación de incapacidad temporal a través de la gerencia territorial u órgano equivalente de una comunidad transferida y trasladar su situación a sus superiores jerárquicos y entorno laboral más cercano.
•Por parte del superior jerárquico del trabajador afectado: deberá comunicar el positivo y, en su caso, la incapacidad temporal a la gerencia territorial u órgano equivalente y adoptar las decisiones organizativas para garantizar la prestación de los servicios esenciales. La situación se comunicará de forma urgente al personal del órgano u oficina del trabajador respectivo a efectos de que puedan adoptar las medidas de precaución oportunas.
•Por parte de la gerencia territorial u órgano equivalente de la comunidad autónoma transferida: se darán instrucciones a las empresas de limpieza sobre las medidas de desinfección. Se comunicará a las autoridades sanitarias el positivo para la adopción de las medidas oportunas y se comunicarán las resoluciones de Sanidad referentes a las órdenes de cierre, cese de la actividad o aislamiento.

Actividades y riesgo de exposición
•Se consideran exposiciones de riesgo aquellas situaciones laborales en las que se puede producir un contacto estrecho con un caso confirmado de infección por el Covid-19 sintomático.
•Se considera contacto estrecho el de cualquier trabajador que proporciona cuidados a un caso probable o confirmado sintomático o que esté en el mismo lugar y una distancia menor de 2 metros de un caso probable o confirmado sintomático.
•Se consideran exposiciones de bajo riesgo aquellas situaciones laborales en las que la relación que se pueda tener con un caso probable o con un caso confirmado no incluye un contacto estrecho.
•Se considera baja probabilidad de exposición la de las personas que no tienen atención directa al público o, si la tienen, se produce a más de dos metros de distancia o con medidas de protección colectiva que evitan el contacto.

Estas recomendaciones se deberán poner en conocimiento de los respetivos servicios de prevención de riesgos laborales y de los Comités de Seguridad y Salud para conocimiento y traslado.

Ampliación de horarios del Registro Civil

Por otro lado, el ministro de Justicia, de forma consensuada con las administraciones autonómicas de la Comisión de Coordinación de Crisis y en consultas con el CGPJ y la Fiscalía General del Estado ha emitido una segunda resolución por la que los registros civiles estarán disponibles todos los días de la semana, en el horario habitual de mañana y entre las 17:00 y las 20:00 en horario de tarde, para la prestación de los servicios esenciales de inscripción de defunciones y expedición de licencias de enterramiento durante la vigencia del estado de alarma.

La medida busca dar el máximo respeto a las personas que fallezcan por Covid-19, aliviar la sensación de impotencia de sus familiares, que no han podido despedirse de ellos, y evitar la desolación que provoca entre el personal sanitario la acumulación de decesos.

Con estos mismos objetivos, el Ministerio de Sanidad, como autoridad delegada en virtud de la declaración del estado de alarma, dejó el pasado sábado en suspenso el artículo 24 de la Ley de Registro Civil -que exige un plazo de 24 horas entre la defunción y el enterramiento- para que las familias puedan disponer en el menor plazo posible lo que estimen oportuno para las exequias de sus seres queridos.

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Ría de Corcubión desde Las Hortenias

26 de marzo, 2020
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Declaración de la Directora Gerente del FMI Kristalina Georgieva tras una conversación ministerial del G-20 sobre la emergencia del coronavirus

26 de marzo, 2020

Declaración de la Directora Gerente del FMI Kristalina Georgieva tras una conversación ministerial del G-20 sobre la emergencia del coronavirus

23 de marzo de 2020 imf.org

La Directora Gerente del Fondo Monetario Internacional Kristalina Georgievarealizó hoy la siguiente declaración tras una teleconferencia de losministros de Hacienda y gobernadores de bancos centrales del G-20:

“Los costos humanos de la pandemia del coronavirus ya son inmensurables yes preciso que todos los países trabajen en colaboración para proteger a lagente y limitar el daño económico. Este es el momento de actuar consolidaridad, un tema central en la reunión que mantuvieron hoy losministros de Hacienda y gobernadores de bancos centrales del G-20.

Hice hincapié en tres aspectos en particular:

En primer lugar, las perspectivas de crecimiento mundial, que para 2020son negativas: se prevé como mínimo una recesión tan aguda como durante lacrisis financiera mundial o peor, pero esperamos una recuperación en 2021.Para llegar a ese punto, es fundamental que demos prioridad a la contencióny al fortalecimiento de los sistemas sanitarios, en todo el mundo. Elimpacto económico es y será grave, pero cuanto antes se logre frenar elvirus, más rápida y vigorosa será la recuperación.

Respaldamos firmemente las medidas fiscales extraordinarias que ya hantomado muchos países para dar apoyo a los sistemas sanitarios y a lostrabajadores y empresas afectados, y nos parece positiva la decisión de losprincipales bancos centrales de flexibilizar la política monetaria. Estosvalerosos esfuerzos redundan no solo en interés de cada país sino de laeconomía mundial en su conjunto. “Se requerirá aún más, especialmente en elplano fiscal.

En segundo lugar, las economías avanzadas se encuentran en general enmejores condiciones de responder a la crisis, pero muchos países demercados emergentes y de bajo ingreso confrontan importantes desafíos. Seven muy afectados por la salida de capitales, y la actividad económicainterna sufrirá un grave impacto a medida que los países respondan a laepidemia. Desde el inicio de la crisis, los inversionistas ya han retiradoUSD 83.000 millones de los mercados emergentes, la mayor salida decapitales jamás registrada. Nos preocupa especialmente la situación de lospaíses de bajo ingreso agobiados por la deuda, una cuestión sobre la queestamos trabajando en estrecha colaboración con el Banco Mundial.

En tercer lugar, ¿qué podemos hacer desde el FMI para proporcionarrespaldo a nuestros países miembros?

•Nos estamos concentrando en la supervisión bilateral y multilateralsobre esta crisis y en las medidas de política económica paraatemperar su impacto.

•Incrementaremos de forma masiva el financiamiento de emergencia,del que ya hemos recibido solicitudes de casi 80 países, y estamostrabajando en estrecha colaboración con las otras institucionesfinancieras internacionales para brindar una sólida respuestacoordinada.

•Estamos reponiendo los recursos de nuestro Fondo Fiduciario paraAlivio y Contención de Catástrofes a fin de ayudar a los países máspobres. Agradecemos los recursos ya comprometidos e instamos aotras partes a sumarse a este esfuerzo.

•Estamos preparados para desplegar la totalidad de nuestra capacidadprestable, de USD 1 billón.

•Y estamos analizando todas las opciones disponibles. Varios paísesde bajo y mediano ingreso han solicitado que el FMI realice unaasignación de DEG, como lo hicimos durante la crisis financieramundial, y analizaremos esta opción con nuestros países miembros.

•Los principales bancos centrales ya han establecido líneasbilaterales de swap con países de mercados emergentes. A medida quela compresión de la liquidez mundial se agudice, es necesariosuministrar a los países miembros proporcionen nuevas líneas deswap. También a este respecto analizaremos con el DirectorioEjecutivo y los países miembros la posibilidad de una propuesta quecontribuya a facilitar una red más amplia de líneas de este tipo,entre otras formas mediante un servicio financiero similar a unalínea de swap del FMI.

Estas son circunstancias extraordinarias. Muchos países ya están tomandomedidas que no tienen precedentes. En el FMI, trabajando estrechamente conlos países miembros, haremos lo mismo. Luchemos juntos para sobrellevaresta emergencia ofreciendo apoyo a la gente en todo el mundo”.

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Comunicado CEOE CEPYME

26 de marzo, 2020

Madrid, 24 de marzo de 2020

Comunicado ceoe cepyme

Una vez conocidas las medidas aprobadas por el Consejo de Ministros de este 24 de marzo para la concesión de un primer tramo de avales por importe de 20.000 millones de euros a empresas y autónomos, CEOE y CEPYME valoramos este nuevo paso dado por el Gobierno para facilitar la financiación bancaria de muchos negocios.

Se trata de unas medidas que veníamos demandando con carácter urgente los empresarios españoles, pues consideramos que son clave para la recuperación de la economía, ya que permitirán mantener aquellos negocios que están sufriendo un descenso drástico de su actividad con motivo del COVID-19 y que requieren de estos recursos para evitar en muchos casos el cierre.

A la espera de conocer en todo caso el detalle de estas condiciones, también valoramos positivamente que el Gobierno haya atendido a la necesidad de retroactividad de estos avales con fecha del 18 de marzo, y en especial el refuerzo que se contempla de las garantías que deben ofrecer la pequeña empresa y los autónomos para el acceso a la financiación, para los que este respaldo público alcanzará el 80% del importe solicitado

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El Gobierno pone en marcha la Línea de Avales para garantizar la liquidez de autónomos y empresas

26 de marzo, 2020

24 de marzo de 2020

mineco.gob.es

El Gobierno pone en marcha la Línea de Avales para garantizar la liquidez de autónomos y empresas

La Línea de Avales, con un importe máximo de 100.000 millones de euros, tiene como objetivo apoyar a las empresas y autónomos españoles, garantizando el acceso a la financiación necesaria para mantener la actividad y el empleo
El Consejo de Ministros ha aprobado las características del primer tramo de la Línea, por importe de 20.000 millones de euros, el 50% del cual se empleará para garantizar préstamos de autónomos y pymes
La Línea, que es retroactiva para operaciones concedidas desde el 18 de marzo, permite afrontar financiación para pago de salarios, facturas, circulante u otras necesidades de liquidez, incluyendo vencimientos de obligaciones financieras o tributarias
La garantía cubre, en el caso de autónomos y pymes, el 80% de los nuevos préstamos y renovaciones de financiación
Para el resto de empresas, se garantiza el 70% de la nueva financiación concedida y el 60% de las operaciones de renovación

El Consejo de Ministros ha aprobado hoy el Acuerdo que recoge las características del primer tramo, por importe de hasta 20.000 millones de euros, de la Línea de Avales para empresas y autónomos, recogida en el Real Decreto Ley 8/2020 de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19.

El Gobierno da así cumplimiento al compromiso con las empresas, especialmente con los trabajadores autónomos y las pymes, de poner en marcha las medidas necesarias para garantizar su liquidez y preservar la actividad productiva y el empleo.

Con este objetivo, la Línea de Avales garantizará los nuevos préstamos y las renovaciones concedidos por entidades financieras a empresas y autónomos para atender las necesidades de financiación derivadas, entre otros, de pagos de salarios, facturas, necesidad de circulante u otras necesidades de liquidez, incluyendo las derivadas de vencimientos de obligaciones financieras o tributarias.

Esta Línea será gestionada por el Instituto de Crédito Oficial, en colaboración con las entidades financieras.

Características de la Línea de Avales

La Línea de Avales se aprobó con una dotación de hasta 100.000 millones de euros. El primer tramo activado en el acuerdo de hoy tiene un importe de 20.000 millones de euros, de los cuales el 50% se reservará para garantizar préstamos de autónomos y pymes.

Podrán solicitar estos avales las empresas y autónomos afectados por los efectos económicos del COVID-19, siempre que los solicitantes no estuvieran en situación de morosidad a 31 de diciembre de 2019 y en procedimiento concursal a 17 de marzo de 2020. Los avales tendrán carácter retroactivo y podrán solicitarse para las operaciones formalizadas con posterioridad a la entrada en vigor del Real Decreto-ley 8/2020, que se produjo el pasado día 18de marzo.

El aval garantizará el 80% de los nuevos préstamos y renovaciones de operaciones solicitadas por autónomos y pymes. Para el resto de empresas, el aval cubrirá el 70% del préstamo nuevo concedido y el 60 de las renovaciones.

El aval emitido tendrá una vigencia igual al plazo del préstamo concedido, con un plazo máximo de cinco años. El coste del aval, de entre 20 y 120 puntos básicos, será asumido por las entidades financieras.

Las empresas y autónomos interesados podrán solicitar la garantía para sus operaciones hasta el 30 de septiembre de 2020. Para ello, deberán dirigirse a las entidades financieras con las que el ICO haya suscrito los correspondientes acuerdos de colaboración.

Las entidades financieras se comprometen a mantener los costes de los nuevos préstamos y de las renovaciones que se beneficien de estos avales en línea con los costes aplicados antes del inicio de la crisis del COVID-19.

También asumen el compromiso de mantener, al menos hasta el 30 de septiembre de 2020, los límites de las líneas de circulante concedidas a todos los clientes y, en particular, a aquellos clientes cuyos préstamos resulten avalados.

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La Audiencia de Sevilla impone condenas de entre 12 y 21 meses de cárcel a tres acusados de estafar en la obtención de préstamos por medio de la financiación de vehículos

26 de marzo, 2020

Jueves, 27 de febrero de 2020

La Audiencia de Sevilla impone condenas de entre 12 y 21 meses de cárcel a tres acusados de estafar en la obtención de préstamos por medio de la financiación de vehículos

La sentencia relata que los perjudicados, “además de sin dinero y vehículo, quedaban obligados al abono de las cuotas de los respectivos contratos de financiación”

Autor:Comunicación Poder Judicial – poderjudicial.es

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla ha condenado a penas de entre 12 y 21 meses de cárcel a tres acusados de estafar a un total de siete personas que necesitaban obtener financiación en dinero en efectivo y a las que indujeron a suscribir contratos de financiación de vehículos con entidades de crédito para luego poder vender dichos vehículos y obtener el dinero en efectivo, pero finalmente los perjudicados, “además de sin dinero y vehículo, quedaban obligados al abono de las cuotas de los respectivos contratos de financiación”.

En la sentencia, la Sección Primera condena a dos de los acusados a un año y nueve meses de prisión y el pago de una multa de 1.620 euros por un delito continuado de estafa en concurso con un delito de falsedad, mientras que a la tercera acusada le impone seis meses de cárcel por el delito de estafa y otros seis meses de prisión y multa de 1.080 euros por el delito de falsedad, concurriendo en todos ellos la atenuante simple de dilaciones indebidas, ya que, incoadas las diligencias en 2013, “se ha producido una demora significativa durante la fase de investigación y también de enjuiciamiento”.

Asimismo, y de forma conjunta y solidaria, deberán indemnizar a los perjudicados en distintas cantidades por las cuotas abonadas por los préstamos concedidos. La Audiencia, además, absuelve a un cuarto encausado de un delito de receptación, según la sentencia dictada el día 17 de febrero y contra la que cabe interponer recurso de casación.

El tribunal considera probado que, “ante la necesidad que tenían personas físicas de obtener financiación en dinero efectivo y la dificultad de acceder a la misma por no cumplir las exigencias de las entidades de crédito”, los perjudicados contactaron con los acusados, aunque en el caso de uno de los investigados únicamente se ha probado su intervención en una de las operaciones de préstamo.

Respecto a los otros dos acusados, la Audiencia precisa que uno de ellos se dedicaba a colaborar con empresas de compra y venta de vehículos, mientras que el segundo era comercial de una empresa que, además de ser concesionario de vehículos de una concreta marca, desempeñaba funciones de intermediación financiera con varias entidades.

La Audiencia señala que, “aprovechando” que el segundo acusado era comercial de una empresa, “de común acuerdo ofrecieron a algunas de estas personas la posibilidad de suscribir un contrato de financiación con una entidad de crédito, pero que en vez de un contrato de préstamo personal tendría que ser para la adquisición de un vehículo, pidiéndoles que aportaran la documentación necesaria”. En uno de los casos, con la documentación remitida para estudiar la viabilidad de la concesión de un préstamo, ambos condenados “procedieron sin su consentimiento a tramitar este tipo de contrato”.

En este sentido, el tribunal indica que, una vez aprobada la financiación por las entidades de crédito y que éstas remitían el importe de los vehículos a la empresa vinculada al comercial, los dos acusados referidos utilizaron “distintos procedimientos” para disponer en su beneficio de los mismos, todo ello “sin hacer entrega a los solicitantes de los préstamos de las cantidades de dinero acordadas”, de forma que los perjudicados, “además de sin dinero y vehículo, quedaban obligados al abono de las cuotas de los respectivos contratos de financiación”, tras lo que desgrana cada una de las operaciones llevadas a cabo por los acusados.

La Audiencia asevera que, “si bien frente a las entidades de crédito resulta cuestionable la conducta de algunos de los perjudicados de tratar de obtener dinero en efectivo a través de un contrato de financiación de vehículos, ya que las entidades de crédito, además de poder percibir un menor beneficio, podían verse privadas, como de hecho ha sucedido en algunas de las operaciones, de una garantía adicional si no tuvieron la precaución de efectuar la correspondiente reserva de dominio, ello no exonera a los acusados de su responsabilidad en la maquinación fraudulenta orquestada para quedarse con los vehículos y poder disponer luego de ellos en su beneficio”.

A su juicio, las propuestas que los acusados efectuaron, en una de ellas con la participación “también principal” de la mujer condenada, “no dejan de ser maniobras engañosas suficientes, en cuanto revestidas de una apariencia de credibilidad, para conseguir el objetivo de poder disponer de los vehículos adquiridos con el dinero concedido, causándoles a los que a ellos recurrieron el doble perjuicio de no sólo no minorar sus problemas económicos, al no percibir el dinero prometido, sino incrementar los mismos al quedarse obligados a satisfacer las cuotas del préstamo”.

Según señala la Audiencia, “resulta indudable que no hubieran accedido a suscribir los préstamos que han originado un desplazamiento patrimonial en su perjuicio y un correlativo beneficio para los acusados, y menos a consentir su posterior trasmisión fraudulenta, resultando significativo que les ocultaron estas últimas suponiendo su intervención y por tanto sin su consentimiento”.

El tribunal destaca “la apariencia de viabilidad de las propuestas de financiación que les permitía obtener liquidez, y ello aunque pudieran derivarse de las mismas un coste soportado más gravoso, pues junto a los costes financieros, también asociados a un préstamo personal pero que no les concedían, asumían las comisiones de los acusados y la inevitable depreciación que implica la posterior venta de los vehículos una vez matriculados y por tanto como no nuevos”.

Al hilo de ello, la Audiencia subraya que los acusados, “aprovechándose en algunas de las operaciones fraudulentas de la privilegiada situación que como comercial tenía” uno de los acusados, “no dudaron en inducir a los perjudicados, acuciado por sus necesidades, a suscribir los contratos de financiación de los vehículos para que, una vez abonado su precio, poder disponer de ellos en su beneficio simulando su intervención en operaciones que no resulta razonable que hubieran consentido en cuanto ninguna contraprestación recibieron o las cantidades entregadas han sido en general irrisorias frente a las obligaciones asumidas”.

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Cuartel General del Ejército del Aire

25 de marzo, 2020
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Las Fuerzas Armadas refuerzan su papel en la lucha contra el COVID19

25 de marzo, 2020

Las Fuerzas Armadas refuerzan su papel en la lucha contra el COVID19

22/03/2020

defensa.gob.es

Las Fuerzas Armadas reforzarán su papel en la lucha contra el coronavirus para garantizar las infraestructuras críticas y dar apoyo logístico para la distribución del material sanitario, incrementando las operaciones de transporte de personas y de materiales que pudieran ser necesarias.

Dentro de las labores humanitarias que están realizando las Fuerzas Armadas colaborando en la instalación de espacios de atención para personas vulnerables en Ifema (Madrid) y en la Fira en Barcelona, también se ha incrementado la línea de actuación en las residencias de mayores. Entre ayer y hoy se han desinfectado 30 residencias de la tercera edad, solo en la Comunidad de Madrid.

Se está yendo a este tipo de residencias en todas las localidades que nos lo van demandando como medida preventiva y también para valorar la situación de los pacientes y asesorar al personal de las mismas en materias de desinfección y prevención.

Asimismo, las Fuerzas Armadas continuarán manteniendo el esfuerzo en desinfección y en apoyo a la instalación de hospitales de campaña de las comunidades.

En los próximos días también está previsto iniciar patrullas mixtas con Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado tanto en zonas poblada como no pobladas. Por ejemplo en áreas turísticas, en fronteras o en lugares de tránsito o posible aglomeración de personas.

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El Gobierno autoriza a la empresa SIX Group AG la adquisición de Bolsas y Mercados Españoles

25 de marzo, 2020

24 de marzo de 2020

mineco.gob.es

El Gobierno autoriza a la empresa SIX Group AG la adquisición de Bolsas y Mercados Españoles

La empresa suiza se ha comprometido a mantener la actividad de las infraestructuras de mercados sobre las que recae la autorización y la continuidad del mercado de valores como mecanismo de financiación a las empresas

El Consejo de Ministros ha autorizado la adquisición del 100% del capital de Bolsas y Mercados Españoles, S.A. (BME) por parte de la empresa SIX Group AG. La autorización se ha realizado a propuesta del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, previo informe favorable de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y realizado el trámite de audiencia con las Comunidades Autónomas con competencias en la materia.

La empresa SIX Group AG presentó el pasado mes de diciembre un escrito solicitando autorización para la compra de la empresa española BME, gestora de los mercados regulados, la entidad de contrapartida central y el depositario central de valores en España, operación que debe ser autorizada por el Gobierno.

Una vez analizada la información y recibidos los informes pertinentes, el Gobierno ha autorizado la operación al considerar que se cumplen los requisitos establecidos en la normativa, principalmente la solvencia financiera del adquirente y su idoneidad, reputación y experiencia.

No obstante, y de forma adicional, SIX ha asumido una serie de compromisos en su solicitud, que permiten garantizar el mantenimiento de la actividad de las infraestructuras de mercado afectadas y, en consecuencia, la continuidad del mercado de valores español como mecanismo de financiación de nuestras empresas.

Finalmente, una vez la operación ha sido autorizada por el Gobierno, la propuesta de adquisición será sometida al criterio de la CNMV, como autoridad competente en España para autorizar las ofertas públicas de adquisición (OPA). Si la CNMV autoriza la OPA, serán los accionistas de BME los que en última instancia decidirán sobre si venden o no sus acciones al precio ofrecido.

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Mutualizar el riesgo presupuestario en esta crisis

25 de marzo, 2020

21 de marzo de 2020
Mutualizar el riesgo presupuestario en esta crisis Publicado en El País
Pablo Hernández de Cos, gobernador del Banco de España

bde.es

La crisis sanitaria provocada por el coronavirus se ha convertido en una seria amenaza para la salud de las personas. Su impacto económico es ya visible y los indicadores disponibles apuntan hacia una severa contracción de la actividad económica a escala global.

La experiencia de algunos países, en los que el virus irrumpió antes, sugiere que, si se adoptan las medidas de contención adecuadas, la crisis sanitaria será transitoria. Otra cuestión es que el impacto negativo de esta crisis sobre la economía sea también limitado en el tiempo o deje una impronta más duradera. Esto dependerá de la respuesta que dé la política económica en todos sus ámbitos. Una actuación rápida, contundente y coordinada de las distintas autoridades económicas –nacionales y europeas; fiscales, monetarias y supervisoras- hará más probable que la crisis tenga efectos transitorios, y no termine dejando por el camino un largo reguero de pérdida de empleos y de cierre de empresas.

En lo últimos días, la mayoría de los gobiernos europeos –incluido, por supuesto, el Gobierno español- han adoptado importantes medidas presupuestarias de apoyo a familias, a autónomos y a empresas, que deberían amortiguar de manera sustancial el impacto de esta crisis. También se han desplegado avales y garantías públicas de gran volumen para ayudar a que la financiación siga fluyendo a la economía real. Estas medidas son las necesarias y adecuadas en estos momentos, y constituyen la primera línea natural de acción para contener la destrucción de numerosas relaciones económicas y financieras –entre empresas y trabajadores, clientes y proveedores, prestamistas y prestatarios–, cuya supervivencia es esencial para que la eventual remisión de la crisis sanitaria dé paso a una rápida recuperación. Pero la respuesta a la crisis del coronavirus concierne también al resto de las políticas económicas. Esto incluye la política monetaria. El pasado 12 marzo, el Consejo de Gobierno del BCE aprobó varias medidas, que abarcaron desde nuevas operaciones de refinanciación de deuda bancaria a largo plazo (LTRO y TLTRO-III, por sus siglas en inglés), con condiciones muy favorables, hasta una ampliación del volumen de compras de valores bajo el programa de compra de activos (APP), por un importe total de 120.000 millones de euros para lo que resta de año.

Al mismo tiempo, el Mecanismo Único de Supervisión (MUS) ha adoptado varias decisiones importantes en el ámbito de la supervisión bancaria para asegurar que las entidades de crédito puedan seguir proporcionando financiación a las familias y a las empresas. Para ello, entre otras medidas, el MUS ha dispuesto que las entidades de crédito puedan utilizar los colchones de capital y de liquidez y, más recientemente, ha introducido flexibilidad supervisora en relación con el tratamiento de los préstamos relacionados con el COVID-19, con el objetivo último de permitir que las familias y empresas puedan beneficiarse plenamente de las garantías, avales y moratorias aprobadas por las autoridades públicas.

Con todo, ante el rápido avance de la crisis sanitaria y el consiguiente deterioro de la situación económica y financiera del área del euro que tuvo lugar en los días posteriores a la reunión del 12 de marzo, el Consejo de Gobierno del BCE aprobó el pasado miércoles, 18 de marzo, un nuevo paquete, que incluía como principal medida, el lanzamiento de un nuevo programa de compra de activos, bonos públicos y privados. Bajo este programa, el BCE comprará, al menos, 750.000 millones de euros en activos durante este año y, en caso necesario, más allá de esa fecha. Además, de forma excepcional, el BCE podrá adquirir los bonos del Estado griego.

Un aspecto muy relevante de este nuevo programa es que permitirá a la autoridad monetaria llevar a cabo las compras de activos de forma flexible, en lo que se refiere tanto a su distribución temporal como a los activos que se adquirirán –públicos y privados- y a la nacionalidad de su emisor. Es más, el Consejo del BCE ha subrayado que los actuales límites de sus programas de compra de activos serán revisados, en la medida en que se considere necesario, para preservar su efectividad y asegurar la correcta transmisión de la política monetaria en todos los países del área, evitando la fragmentación financiera de la eurozona. Se podrían eliminar así algunos límites preexistentes (y libremente prefijados por el banco central), de forma que la distribución interna del paquete de estímulos obedecerá fundamentalmente a la necesidad más perentoria: dónde, cómo y cuándo puedan resultar más indicados y por tanto, útiles para cada uno y para el conjunto.

Mediante este paquete de medidas, el Consejo de Gobierno envía alto y claro el mensaje de que hará todo lo que esté en su mano a fin de garantizar unas condiciones de financiación holgadas para todos los sectores económicos –hogares, empresas, bancos y gobiernos–, y de que usará todos los medios a su alcance para ayudar a los ciudadanos del área del euro a superar este momento extraordinariamente difícil, como es su deber para con la ciudadanía europea. Porque ayudar a la economía a superar este bache es ayudar a que las personas sufran el menor impacto negativo posible en sus ingresos y a que puedan recuperar la normalidad en el menor tiempo posible, para que su vida no se vea afectada más allá de lo inevitable.

Las medidas aprobadas por las autoridades nacionales y por el BCE supondrán un importante alivio económico y financiero para nuestras economías. Pero la respuesta a esta crisis debe ir más allá. La pandemia y su impacto económico están afectando a todos los países del área del euro y, por extensión, de la Unión Europea. El desafío común que tenemos por delante es de tal magnitud, que hacerle frente requiere una actuación decidida y ambiciosa de las autoridades e instituciones comunitarias a través de los instrumentos existentes, tanto financieros como presupuestarios, así como de posibles nuevas herramientas, entre las que debe darse prioridad a aquellas que refuercen la capacidad de compartir -mutualizar- -el riesgo presupuestario de los Estados miembros. Es en este difícil momento en el que hay que poner en valor el principio de solidaridad sobre el que se fundó el proyecto europeo, que redundará, además, en una mayor eficiencia de las medidas. Una mayor ambición y coordinación de la respuesta a escala europea no es una opción, es una necesidad imperiosa.

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El Gobierno y los operadores de telecomunicaciones firman un acuerdo por el que amplían las medidas para garantizar la conectividad de las personas y las empresas

25 de marzo, 2020

20 de marzo de 2020

mineco.gob.es

El Gobierno y los operadores de telecomunicaciones firman un acuerdo por el que amplían las medidas para garantizar la conectividad de las personas y las empresas

Firma de acuerdo Gobierno con los operadores de telecomunicaciones Mediante este acuerdo, Cellnex Telecom, Euskaltel, MasMovil, Orange, Telefónica, Vodafone y la Asociación Nacional de Operadores de Telecomunicaciones y Servicios de Internet (AOTEC) quieren mostrar su compromiso con la sociedad en estos momentos de especial dificultad en los que la conectividad es un elemento fundamental para la ciudadanía, tanto desde el punto de vista personal y social, como laboral
Las empresas se comprometen a hacer los mayores esfuerzos para garantizar la conectividad, las capacidades de operación y supervisión de las redes y la agilidad de respuesta ante incidentes, especialmente en lo que respecta a las redes que dan soporte a los servicios de emergencia
El acuerdo recuerda la importancia del uso responsable de los servicios de comunicaciones para que no se ponga en riesgo la integridad de las redes

La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, ha firmado hoy un acuerdo con las principales empresas de telecomunicaciones que operan en España por el que éstas se comprometen a hacer los mayores esfuerzos para garantizar la conectividad, las capacidades de operación y supervisión de las redes y la agilidad de respuesta ante incidentes, especialmente en lo que respecta a las redes que dan soporte a los servicios de emergencia.

El acuerdo ha sido suscrito, además de por la vicepresidenta tercera del Gobierno, por el consejero delegado de Cellnex Telecom, Tobías Martínez; el consejero delegado de Euskaltel, José Miguel García; el consejero delegado de MasMovil, Meinrad Spenger; el consejero delegado de Orange España, Laurent Paillassot; el presidente de Telefónica España, Emilio Gayo; el consejero delegado de Vodafone España, Antonio Coimbra; y el presidente de la Asociación Nacional de Operadores de Telecomunicaciones y Servicios de Internet (AOTEC), Antonio García, en un evento desarrollado por videoconferencia en el que también ha participado el secretario de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, Roberto Sánchez.

Durante el encuentro, la vicepresidenta tercera del Gobierno ha transmitido su agradecimiento a las empresas de telecomunicaciones por su responsabilidad, así como a todos los trabajadores que cada día se esfuerzan para reforzar, supervisar y mantener la calidad de las telecomunicaciones en esta situación de emergencia sanitaria.

Mediante este acuerdo, las operadoras de telecomunicaciones firmantes expresan su compromiso con la sociedad en estos momentos de especial dificultad en los que la conectividad es un elemento fundamental para la ciudadanía, tanto desde el punto de vista personal, como social y laboral. Las empresas adquieren, de esta manera, compromisos adicionales a las garantías de mantenimiento del servicio de conectividad incluidas en el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19.

Según el acuerdo firmado hoy, durante el periodo de duración del estado de alarma las llamadas realizadas al número de atención sanitaria 061 serán gratuitas para el cliente e igualmente gratuitas en interconexión para los operadores, asumiendo cada uno de ellos sus propios costes de red.

Además, los operadores se comprometen a desarrollar medidas especiales para ampliar, sin coste adicional para el usuario, servicios asociados a los contratos de conectividad de telefonía móvil de los clientes particulares, autónomos y pequeños negocios, siempre sujeto a un uso adecuado del servicio y a que no se ponga en riesgo la prestación general del servicio.

También se comprometen a mantener activos los canales de atención a los clientes, a enriquecer con contenidos adicionales los paquetes audiovisuales que ofrecen a sus usuarios y a contribuir a las medidas que desarrolle la Administración para el fomento del trabajo a distancia, enseñanza a distancia y atención sanitaria remota.

El acuerdo también recuerda la importancia de fomentar el uso responsable de los servicios de comunicaciones para que no se ponga en riesgo la integridad de las redes, en particular, la aplicación de las medidas legales contra el tráfico no permitido y el tráfico irregular con fines fraudulentos en comunicaciones electrónicas.

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Calle de San Cristóbal. Madrid

24 de marzo, 2020
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Ábalos: «Restringir la movilidad, asegurar el abastecimiento y evitar que la lucha contra la pandemia se transmita a la economía de los más vulnerables, nuestros objetivos»

24 de marzo, 2020

Ábalos: «Restringir la movilidad, asegurar el abastecimiento y evitar que la lucha contra la pandemia se transmita a la economía de los más vulnerables, nuestros objetivos»

Lunes 23 de marzo de 2020

Durante la rueda de prensa ofrecida junto al ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, el ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, ha anunciado que mañana se publicará una Orden Ministerial para continuar reduciendo los servicios de transporte público, ajustándolos a la actual demanda y garantizando las recomendaciones sanitarias de distanciamiento de los usuarios.

lamoncloa.gob.es

El ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, ha asegurado que los tres objetivos fundamentales de su Departamento ante la situación creada por el coronavirus son: restringir al máximo la movilidad garantizando la mínima imprescindible y la seguridad en estos desplazamientos, facilitar el transporte que asegura el abastecimiento y evitar que la lucha contra la pandemia se transmita a la economía de las familias y a los más vulnerables.

Durante la rueda de prensa ofrecida hoy en el Palacio de la Moncloa junto al ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, el ministro ha anunciado que mañana se publicará una Orden Ministerial para que los operadores de los distintos modos de transporte vayan adecuando la oferta a la demanda y, en consecuencia, continuar reduciendo los servicios de transporte público, y garantizando las recomendaciones sanitarias en cuanto a distanciamiento de los usuarios.

Esta medida avanza en la línea de rediseñar un esquema de movilidad muy restringido y seguro, que contribuya a poner coto a la pandemia evitando la propagación del virus, sin que ello afecte a los desplazamientos necesarios para la atención de los servicios básicos y para el acceso a los puestos de trabajo.

En concreto, el ministro ha anunciado lo siguiente:

Transporte ferroviario y terrestre

• Los servicios de cercanías pasan del 100% establecido en el Real Decreto que declaró el estado de alarma, a una reducción en horas valle del 50%, manteniendo hasta el 80% de las frecuencias en hora punta para garantizar la necesaria distancia entre pasajeros. No obstante, dado que las horas punta y valle pueden variar en cada caso, los operadores tendrán cierta flexibilidad para adaptar ligeramente estos porcentajes en función de cada realidad local.
• Se aumenta la reducción a un 70% del resto de servicios de transporte público que ya se habían reducido al menos en un 50% en el RD del estado de alarma, garantizando, igualmente, la necesaria separación entre viajeros.
• Renfe vuelve a reducir su oferta de Ave y Larga Distancia, situándola en un 30% de los servicios habituales. Por lo que teniendo en cuenta que únicamente se ocupan un tercio de las plazas, la oferta final de plazas que se van a poner a la venta será del 10% respecto de lo que era habitual hace solamente unas semanas.
• En la misma línea, el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) suspenderá el cobro del alquiler durante el estado de alarma de los locales comerciales de las estaciones que gestiona, que hayan tenido que cerrar como consecuencia de esta crisis provocada por el coronavirus.

Transporte aéreo

• La drástica reducción del tráfico aéreo -877 operaciones programadas hoy frente a las 4.849 de hace un año (82% de reducción)- da pie a que AENA en los próximos días ponga en marcha una reorganización de las instalaciones aeroportuarias para adaptarlas a las necesidades concretas de la operativa y conseguir una gestión más eficiente, y de ello informará mañana en su Consejo de Administración:

o Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. Se agrupa, como primera medida, toda la operativa de las terminales T2 y T3 en la T1. En un momento posterior, se procederá al cierre operativo de las terminales T123 y T4S, quedando finalmente toda la operación del Aeropuerto centralizada en la T4.

o Aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona-El Prat. La actividad se concentrará en las Zonas A y D de la terminal T1.

o Aeropuerto de Palma de Mallorca. Se mantendrán operativos los módulos B y D.

o Resto de la red. Se adaptarán los horarios de apertura y cierre de los mismos, así como el uso de sus instalaciones, a la nueva operativa de las compañías aéreas.

• Las actividades comerciales de los aeropuertos que no puedan estar operativas como consecuencia de estas reorganizaciones quedarán exentas del pago de las Rentas que les fueran de aplicación durante el periodo de inactividad.

Facilitar el trabajo de los transportistas

Ábalos ha recordado que, desde la pasada medianoche, el Gobierno ha restringido el acceso de viajeros a través de nuestras fronteras exteriores en puertos y aeropuertos. Una medida en concordancia con la decisión adoptada en el Consejo Europeo la semana pasada, que acordó aplicar una restricción temporal de viajes no imprescindibles desde terceros países a la Unión Europea y países asociados Schengen.

El ministro ha asegurado también que para garantizar el abastecimiento de todos los ciudadanos se están tomando otras medidas para facilitar al máximo el trabajo de los transportistas, y del resto de personas encargadas de la movilidad.

Así, se ha procedido a regular para eliminar trabas administrativas en este periodo, en relación con la apertura de talleres, con la posibilidad de viajar dos conductores en cabina si el transporte así lo requiere y también para garantizarles el acceso a servicios básicos de aseo y manutención.

En este sentido, el ministro ha explicado que se continúa trabajando en dicha medida para su plena implementación. Con un seguimiento diario de las áreas de servicio concesionadas por la Dirección General de Carreteras y haciendo partícipe a la Guardia Civil y a las Policías Autonómicas para obligar a su cumplimiento.

Ábalos ha anunciado que a lo largo del día de hoy se hará extensiva la autorización de apertura de establecimientos dedicados al alquiler de vehículos sin conductor, que sólo estaba permitida para uso profesional de transporte de mercancías, a todos los supuestos permitido en la declaración el estado de alarma.

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CoVid-19- Comunicación de la CNMC sobre los plazos de los procedimientos administrativos

24 de marzo, 2020

CoVid-19- Comunicación de la CNMC sobre los plazos de los procedimientos administrativos

19 Mar 2020 |

cnmc.es

La disposición adicional 3ª del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, contempla la suspensión de términos y la interrupción de plazos para la tramitación de los procedimientos de las entidades del sector público.

El cómputo de dichos plazos se reanudará en el momento en que pierda vigencia el mencionado Real Decreto o, en su caso, las prórrogas del mismo.

No obstante, en caso de que el interesado lo solicite, se podrá acordar que no se suspenda un determinado plazo y adoptar las medidas oportunas con el fin de evitar perjuicios graves en los derechos e intereses legítimos de los administrados. Asimismo, se podrá acordar motivadamente la continuación de aquellos procedimientos administrativos que vengan referidos a situaciones estrechamente vinculadas a los hechos justificativos del estado de alarma, o que sean indispensables para la protección del interés general o para el funcionamiento básico de los servicios.

Los plazos de prescripción y caducidad de cualesquiera acciones y derechos quedarán suspendidos durante el plazo de vigencia del estado de alarma y, en su caso, de sus prórrogas.

Cierre del registro presencial de la CNMC

Asimismo, se ha acordado el cierre del registro presencial de la CNMC. En todo caso, sigue plenamente operativa la sede electrónica de la Comisión a efectos de dirigir cualquier comunicación.

La CNMC sigue con su actividad en la medida en que resulte compatible con el estado de alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo. Además, continuará informando sobre las actuaciones que siguen plenamente operativas dada su repercusión económica en los agentes de los distintos sectores sometidos a la supervisión de la CNMC o por su vinculación con trámites regulados por la normativa de la Unión Europea.

CoVid-19- Announcement from the CNMC on the timelines for administrative procedures

«Additional provision 3 of Royal Decree 463/2020 of 14 March, declaring the state of alert to manage the health crisis situation caused by COVID-19, provides for the suspension of periods and timelines for completing the procedures of public sector entities.

The period for computing these timelines will resume once the aforementioned Royal Decree is revoked or extended, as the case may be.

However, if the interested party requests it, it may be agreed not to suspend a certain period and to adopt the appropriate measures in order to avoid serious damage to the rights and legitimate interests of the parties concerned. It may also be agreed to continue those administrative procedures that involve situations that are closely related to the facts justifying the state of alert, or that are essential to protect the general interest or the basic operation of services, if duly justified.

The statute of limitations and expiration of any actions and rights shall be suspended for the duration of the state of alert and of its extensions, if any.

Closing of the CNMC’s on-site registry

It has also been agreed to close the CNMC’s on-site registry. In any case, the CNMC´s e-services portal remains fully operational for all communications.

The CNMC is continuing its activity to the extent that it can in keeping with the state of alert declared by Royal Decree 463/2020 of 14 March. In addition, it will continue to report on those activities that are still fully operational, given their economic impact on the agents of the various sectors subject to oversight by the CNMC, or that pertain to processes governed by European Union regulations.

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El Gobierno restringe el acceso de viajeros por las fronteras exteriores de España

24 de marzo, 2020

El Gobierno restringe el acceso de viajeros por las fronteras exteriores de España

Domingo 22 de marzo de 2020

lamoncloa.gob.es

Ministerio del Interior

El Gobierno ha acordado restringir el acceso de viajeros a través de las fronteras exteriores de España, en concreto las situadas en puertos y aeropuertos. A partir de las 24.00 horas de esta noche (la medianoche entre hoy domingo y mañana lunes), solo se permitirá el acceso por esos puntos fronterizos, además de a los españoles y a los residentes en España, a:

a) Residentes en la Unión Europea o Estados Asociados Schengen, que se dirijan directamente a su lugar de residencia.

b) Titulares de un visado de larga duración expedido por un Estado miembro o Estado Asociado Schengen que se dirijan a éste.

c) Trabajadores transfronterizos.

d) Profesionales sanitarios o del cuidado de mayores que se dirijan a ejercer su actividad laboral.

e) Personal dedicado al transporte de mercancías, en el ejercicio de su actividad laboral y el personal de vuelo necesario para llevar a cabo las actividades de transporte aéreo comercial.

f) Personal diplomático, consular, de organizaciones internacionales, militares y miembros de organizaciones humanitarias, en el ejercicio de sus funciones.

g) Personas viajando por motivos familiares imperativos debidamente acreditados.

h) Personas que acrediten documentalmente motivos de fuerza mayor o situación de necesidad, o cuya entrada se permita por motivos humanitarios.

La resolución, al igual que el resto de medidas adoptadas al amparo del Real Decreto del estado de Alarma, tiene por objetivo proteger la salud y seguridad de los ciudadanos y contener el coronavirus, y está en concordancia con la decisión adoptada por los miembros del Consejo Europeo el 17 de marzo, que acordaron aplicar una restricción temporal de viajes no imprescindibles desde terceros países a la Unión Europea y países asociados Schengen.

Periodo de vigencia

La orden, firmada por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, entrará en vigor a las 24.00 horas de esta noche (la medianoche entre hoy domingo y mañana lunes) y tendrá una vigencia inicial de 30 días, «sin perjuicio, en su caso, de las eventuales prórrogas que pudiesen acordarse».

La orden señala que «las autoridades españolas colaborarán con transportistas y autoridades extranjeras para que no se permita el viaje de aquellas personas a las que, en aplicación de la misma, se denegará la entrada en las fronteras exteriores».

La orden especifica además que esta medida «no será de aplicación en la frontera terrestre con Andorra ni en el puesto de control de personas con el territorio de Gibraltar, sin perjuicio de la posibilidad de realizar controles policiales en sus inmediaciones para verificar el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 7 del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo», relativa a la limitación de movimientos.

Ceuta y Melilla

La orden acuerda también «el cierre, con carácter temporal, de los puestos terrestres habilitados para la entrada y la salida de España a través de las ciudades de Ceuta y Melilla».

Controles en las fronteras con Francia y Portugal

Esta orden se suma a la medida adoptada el pasado lunes 16 de marzo por la que se decidió reintroducir controles de las fronteras interiores terrestres con Portugal y Francia. Esta medida entró en vigor a las 00.00 del martes 17 y es consecuencia de la aplicación del artículo 28 del Código de Fronteras Schengen, que permite reintroducir temporalmente los controles en las fronteras interiores en situaciones como la actual (por motivos de orden público y salud pública).

En esos controles fronterizos en las fronteras con Francia y Portugal solo se permite la entrada en territorio nacional por vía terrestre a ciudadanos españoles; personas residentes en España; trabajadores transfronterizos y aquellos que acrediten, documentalmente, causas de fuerza mayor o situación de necesidad.

La resolución dictada el lunes señalaba que esta restricción no se aplica al transporte de mercancías «con el fin de asegurar la continuidad de la actividad económica y de preservar la cadena de abastecimiento».

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Recomendaciones de ESMA a los participantes del mercado ante el impacto del COVID-19

24 de marzo, 2020

11 marzo 2020 cnmv.es
Recomendaciones de ESMA a los participantes del mercado ante el impacto del COVID-19
La Autoridad Europea de Valores y Mercados (ESMA, por sus siglas en inglés), junto con las Autoridades Nacionales Competentes (ANCs), está siguiendo de cerca la situación a la vista del impacto continuado en los mercados financieros de la Unión Europea (UE) del brote de COVID-19. Tras un debate de la Junta de Supervisores en el que se han examinado la situación del mercado y las medidas de contingencia adoptadas por las entidades supervisadas, ESMA hace las siguientes recomendaciones a los participantes en los mercados financieros:

-Planes de continuidad de negocio – Todos los participantes del mercado, incluyendo las infraestructuras, deben estar preparados para aplicar sus planes de contingencia, incluyendo la puesta en marcha de medidas de continuidad de negocio para garantizar la continuidad operativa de acuerdo con las obligaciones regulatorias;

-Difusión de información al mercado – Los emisores de valores deben difundir sin demora cualquier información significativa sobre el impacto del COVID-19 en sus magnitudes económicas fundamentales, perspectivas o situación financiera, teniendo en cuenta las obligaciones de transparencia recogidas en el Reglamento de Abuso de Mercado;

-Información financiera – Los emisores de valores deben informar con transparencia sobre los actuales y los potenciales impactos del COVID-19 en su informe anual correspondiente a 2019 si aún no se ha formulado o, en caso contrario, en sus informaciones periódicas intermedias, en la medida de lo posible basándose en un análisis tanto cualitativo como cuantitativo de la actividad de sus negocios, situación financiera y rendimiento económico;

-Gestión de fondos – Los gestores de fondos deben continuar aplicando los requisitos relativos a gestión de riesgos y actuar en consecuencia.

ESMA, en coordinación con las ANCs, continúa analizando la evolución de los mercados financieros en relación con la situación generada por el COVID-19 y está preparada para utilizar sus compertencias de forma que se asegure el funcionamiento ordenado de los mercados, la estabilidad financiera y la protección de los inversores.

Nota para los editores

1 – El mandato de ESMA consiste en reforzar la protección de los inversores y promover unos mercados financieros estables y ordenados.

La Autoridad procura alcanzar estos objetivos a través de cuatro actividades:

i. la valoración de los riesgos para los inversores, los mercados y la estabilidad financiera;

ii. la consecución de un conjunto único de normas para los mercados financieros de la UE;

iii. la promoción de la convergencia supervisora, y

iv. la supervisión directa de entidades financieras específicas.

2 – ESMA realiza su cometido en el marco del Sistema Europeo de Supervisión Financiera (SESF) a través de una cooperación activa con la Autoridad Bancaria Europea (ABE), la Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación (AESPJ), la Junta Europea de Riesgo Sistémico, y las autoridades nacionales con competencias en los mercados de valores (A

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El oso y el madroño. Puerta del Sol. Madrid

23 de marzo, 2020
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El presidente del Gobierno anuncia la prórroga del Estado de alarma

23 de marzo, 2020

Coronavirus COVID 19

El presidente del Gobierno anuncia la prórroga del Estado de alarma

La Moncloa, Madrid, domingo 22 de marzo de 2020

lamoncloa.gob.es

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha hecho este anuncio en el transcurso de la rueda de prensa que ha mantenido tras celebrar una videoconferencia con los presidentes de las comunidades y ciudades autónomas. La ampliación se extenderá hasta el 11 de abril.

De acuerdo con el artículo 116.2 de la Constitución, el Consejo de Ministros, en su reunión del proximo martes, solicitará la conformidad del Congreso de los Diputados para la ampliación del Estado de alarma. La medida se prorrogará hasta el 11 de abril.

El presidente ha afirmado que entiende la dureza de esta decisión que afecta a la vida de millones de personas, pero considera que será efectiva en la lucha contra el COVID 19.

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Arancha González Laya reitera el llamamiento a evitar viajes y al regreso de los turistas españoles

23 de marzo, 2020

Arancha González Laya reitera el llamamiento a evitar viajes y al regreso de los turistas españoles

​En rueda de prensa desde La Moncloa, la ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación ha pedido a los turistas españoles que quieren regresar a España que se pongan en contacto con sus agencias de viaje, compañías aéreas y proveedores de transporte para agilizar su vuelta lo antes posible. ​

18/03/2020

exteriores.gob.es

Arancha González Laya informó de que la red del servicio exterior español está volcada en apoyar a todos los ciudadanos que lo necesiten para asegurarse que encuentran la forma de volver a España, prestando especial atención a los más vulnerables. Para ello, las más de 200 Embajadas y Consulados españoles en el mundo mantienen un estrecho contacto con la comunidad española informándoles de todas las posibilidades que tienen para regresar a España a la vez que trabajan con las autoridades locales de cada país para cerciorarse que faciliten la salida de los españoles.

Por otra parte, la ministra lanzó un mensaje de calma a los españoles residentes en el extranjero y les recomendó que eviten desplazamientos; que sigan las instrucciones de las autoridades sanitarias locales, y, por supuesto, que contacten a su Embajada o Consulado si fuera necesario.

Sobre los turistas extranjeros que se encuentran en España, la jefa de la diplomacia española pidió su cooperación para que se respeten las restricciones a los movimientos de personas que figuran en el Decreto de estado de alarma mientras se realizan las oportunas gestiones para garantizar el retorno ordenado a sus países.

En la actualidad, más de 4.500 personas -entre funcionarios y personal local- trabajan en las representaciones de España en el mundo. Uno de sus objetivos es la asistencia consular de los españoles en el exterior mediante los 192 consulados con los que cuenta nuestro país. Para reforzar y apoyar esta labor, el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación ha sumado 40 funcionarios a los turnos de atención consular desde la División de Emergencia Consular en Madrid (+34 91 394 89 00). Todos ellos se verán apoyados por hasta un centenar de funcionarios voluntarios que han decidido ofrecerse solidariamente para sumar esfuerzos en estos momentos tan críticos.

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El Gobierno prohíbe el corte de suministro de agua, electricidad y gas natural a consumidores vulnerables durante un mes prorrogable

23 de marzo, 2020

El Gobierno prohíbe el corte de suministro de agua, electricidad y gas natural a consumidores vulnerables durante un mes prorrogable

Consejo de Ministros

17/03/2020

miteco.gob.es

• La prohibición del corte de suministro de agua, electricidad y gas será aplicable a los usuarios con condición de consumidor vulnerable, vulnerable severo o en riesgo de exclusión social definidos en los artículos 3 y 4 del Real Decreto Ley 897/2017

• El Real Decreto-ley aprobado hoy prorroga el bono social eléctrico a aquellos beneficiarios que debían renovarlo porque expiraban los dos años de prestación que marca la normativa

• Se suspende asimismo la revisión de los precios de los gases licuados del petróleo envasados, como la bombona de butano, y el de la TUR de gas natural

El Real Decreto-ley de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, aprobado hoy, martes 17 de marzo, por el Consejo de Ministros prohíbe durante mes, prorrogable, el corte de suministro de electricidad, agua y gas natural a los consumidores vulnerables, vulnerables severos o en riesgo de exclusión social a propuesta del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO). El MITECO ya está en contacto con los proveedores de los tres servicios para hacer efectiva la medida.

Asimismo, se prorroga la vigencia del bono social eléctrico a los beneficiarios que debían renovar su solicitud, quienes podrán realizar el trámite hasta el próximo 15 de septiembre.

La norma también suspende la revisión de los precios máximos de venta al público de los gases licuados del petróleo envasados, como las bombonas de butano, y de la Tarifa de Último Recurso (TUR) de gas natural, para evitar que suban. Se mantendrán los precios actuales durante los próximos seis meses.

El suministro domiciliario de agua potable, electricidad y gas natural constituyen servicios esenciales que, en las actuales circunstancias, deben quedar garantizados. Con este fin, el Real Decreto-ley imposibilita el corte de suministro de agua, electricidad y gas natural a los usuarios con condición de consumidor vulnerable, vulnerable severo o en riesgo de exclusión social definidos, respectivamente, en los artículos 3 y 4 del Real Decreto Ley 897/2017, de 6 de octubre. Con carácter general, tiene esta condición cualquier beneficiario del bono social eléctrico.

Toda la información y los requisitos para acceder al bono social eléctrico están disponibles en la web https://www.bonosocial.gob.es/

Prórroga en el plazo para renovar el bono social

El bono social de electricidad es un descuento en la factura eléctrica de entre un 25% y un 40%, para consumidores vulnerables y consumidores vulnerables severos, respectivamente, que cumplan los requisitos establecidos. Asimismo, los beneficiarios del bono social eléctrico a 31 de diciembre cada ejercicio son perceptores automáticos del bono social térmico.

Una vez concedido el bono social, la prestación tiene una vigencia de dos años. Para evitar que los beneficiarios que necesiten renovarlo dejen de percibir los descuentos y beneficios previstos, el Real Decreto-ley aprobado hoy prorroga de forma automática el plazo de los bonos hasta el 15 de septiembre de 2020.

A finales de febrero de 2020, 1.290.550 unidades familiares recibían el bono social. El colectivo de pensionistas con pensiones mínimas supone aproximadamente el 13% del total de beneficiarios.

Congelación de los precios del GLP envasado y TUR de gas

Por otro lado, el Real Decreto Ley suspende la revisión de los precios máximos de venta al público, antes de impuestos, de los gases licuados del petróleo envasados, entre ellos, el de la bombona de butano, y de la TUR de gas natural para evitar alzas en el precio. La medida se adopta en consideración del significativo porcentaje de consumidores socialmente vulnerables entre aquellos que se abastecen de gases licuados del petróleo envasado y de que el colectivo de consumidores socialmente vulnerables con instalación doméstica de gas natural tiene la posibilidad de acogerse a la tarifa de último recurso.

La revisión de los precios de GLP se realiza cada dos meses y el Real Decreto-Ley la suspende para los siguientes tres bimestres. En el caso de la TUR de gas natural, la revisión es trimestral y su suspensión se aprueba por dos trimestres.

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Defensa cooperará técnicamente en la instalación del hospital provisional del IFEMA

23 de marzo, 2020

Defensa cooperará técnicamente en la instalación del hospital provisional del IFEMA

21/03/2020

defensa.gob.es

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha contactado con el Consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, y han acordado que las Fuerzas Armadas, en concreto la Unidad Militar de Emergencias (UME) y el Ejército de Tierra, trabajen coordinadamente en la instalación del hospital provisional del IFEMA.

Esta tarde y tras un reconocimiento a las instalaciones de IFEMA se han detectado las siguientes necesidades en las que, desde Defensa, se está trabajando para dar una respuesta rápida y efectiva:
• WC químicos y contenedores de duchas (número a determinar pendiente de una reunión a efectuar mañana con el arquitecto responsable de IFEMA).

• Módulo de laboratorio del antiguo Hospital de Campaña.

• Camas articuladas para la UCI.

• Otras peticiones (plataformas, electricidad,…).

En todo este dispositivo las principales contribuciones de las Fuerzas Armadas son el asesoramiento de ingenieros para instalación del centro hospitalario y apoyo técnico sanitario para distribución de las funciones y atención médica. También se les ha ofrecido el apoyo de transporte para el traslado de camas y todo el material necesario.

Por ello, este mediodía, y para cumplir con las labores de asesoramiento requeridas para la instalación del hospital provisional, técnicos del Mando de Ingenieros, Regimiento de Especialidades de Ingenieros del Ejército de Tierra de Salamanca (especializados en electricidad y en aguadas) han supervisado las instalaciones.

También se ha desplazado una teniente coronel de Sanidad, que asesorará en la parte médica y pertenece al Cuartel General de la Brigada de Sanidad (BRISAN), Madrid.

A ellos se ha sumado un comandante especialista en Logística de la Agrupación de Sanidad 1 de Madrid, especialista en montajes de formaciones sanitarias desplegables.

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Medidas económicas adoptadas por el Gobierno de España frente a la pandemia del COVID-19

23 de marzo, 2020

19 de marzo de 2020

mineco.gob.es

Medidas económicas adoptadas por el Gobierno de España frente a la pandemia del COVID-19

Ante el impacto económico y social causado por la epidemia del COVID-19, el Gobierno ha aprobado dos paquetes de medidas urgentes económicas para proteger a familias, trabajadores, autónomos y empresas; minimizar el impacto en la economía para facilitar una rápida recuperación una vez se supere la emergencia sanitaria, y reforzar la lucha contra la enfermedad. Con carácter previo el Gobierno aprobó en Consejo de Ministros el 10 de marzo medidas dirigidas a garantizar la salud pública.

El primer plan se aprobó en el Consejo de Ministros el 12 de marzo y supone la movilización de más de 18.000 millones de euros. Las medidas se articularon mediante un Real Decreto-Ley que recoge de forma específica acciones para reforzar el sector sanitario, proteger el bienestar de las familias y apoyar con liquidez a las empresas afectadas, en particular del sector turístico y las PYMEs.

El 17 de marzo, el Consejo de Ministros aprobó un Real Decreto-Ley que recoge medidas dirigidas a dar apoyo a las familias; ayudar a trabajadores y autónomos que vean minorados sus ingresos; apoyar a las empresas con liquidez y flexibilidad para preservar el empleo, y reforzar la lucha contra la enfermedad. Estas medidas permiten movilizar hasta 200.000 millones de euros de créditos, con unas garantías públicas de hasta 100.000 millones y una estimación de gasto público de unos 5.000 millones de euros.

Medidas aprobadas en el Consejo de Ministros del 12 de marzo de 2020

El Gobierno aprobó en el Consejo de Ministros de 12 de marzo de 2020 un primer plan de medidas excepcionales en el ámbito económico para mitigar el impacto por el COVID-19 que permitirá movilizar hasta 18.000 millones de euros durante este año. Estas medidas se unen a las adoptadas en materia sanitaria y de cobertura laboral en el Consejo de Ministros del pasado 10 de marzo.

Medidas para reforzar el sistema sanitario
Se refuerzan en 1.000 millones de euros los recursos del Ministerio de Sanidad a través del fondo de contingencia para atender los gastos extraordinarios que se generen, de forma que pueda atender de forma adecuada las necesidades sanitarias.
Adelanto de 2.800 millones de euros de los pagos a cuenta a las Comunidades Autónomas para que puedan hacer frente a necesidades inmediatas derivadas de esta situación en sus sistemas sanitarios.
Se habilita al Gobierno para regular los precios de algunos productos necesarios para la protección de la salud y, en caso de situación excepcional, la Comisión Interministerial de Precios de los Medicamentos podrá fijar el importe máximo de venta al público de determinados medicamentos y productos.

Medidas de apoyo a las familias
Dotación de 25 millones de euros de recursos a las Comunidades Autónomas para, mediante becas-comedor, garantizar el derecho básico de alimentación de niños y niñas en situación de vulnerabilidad afectados por el cierre de centros escolares.
Se habilita a las administraciones afectadas por las medidas de contención reforzadas a modificar el calendario escolar para que puedan ordenar de forma flexible el desarrollo del curso.
El personal al servicio de la Administración Pública encuadrado en el régimen especial de mutualismo administrativo que se encuentre en situación de aislamiento preventivo, así como quienes se han contagiado del virus, se considerarán en Incapacidad Temporal asimilada a la baja laboral por Accidente de Trabajo (en línea con lo aprobado el 10 de marzo para trabajadores del sector privado)

Medidas de apoyo al sector empresarial
Flexibilización de los aplazamientos del pago de impuestos durante un periodo de seis meses, previa solicitud, con bonificación en los tipos de interés.
Se aprueba una línea de financiación específica a través del Instituto de Crédito Oficial por importe de 400 millones de euros para atender las necesidades de liquidez de las empresas y trabajadores autónomos del sector turístico, así como de las actividades relacionadas que se estén viendo afectadas por la actual situación.
Se permite que las empresas que han recibido préstamos de la Secretaría General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa puedan aplazar su reembolso.
Se amplían las bonificaciones a la Seguridad Social para contratos fijos discontinuos que se realicen entre los meses de febrero y junio en los sectores de turismo, comercio y hostelería vinculados a la actividad turística.
No aplicación de la regla que regula el uso de slots para las próximas temporadas. Esta exención permitiría que las compañías aéreas no se vean penalizadas en el futuro por haber reducido sus vuelos en las actuales circunstancias.

Gestión eficiente de las Administraciones Públicas
Se agiliza el procedimiento para la contratación de todo tipo de bienes o servicios que sean necesarios.
Se habilita al Ministerio de Hacienda para realizar transferencias entre las distintas secciones presupuestarias con el fin de reforzar la financiación de la política sanitaria por parte del Estado.

Medidas aprobadas en el Consejo de Ministros del 17 de marzo de 2020

El Gobierno aprobó en el Consejo de Ministros de 17 de marzo de 2020 un Real Decreto-Ley con medidas dirigidas a dar apoyo a las familias; ayudar a trabajadores y autónomos que vean minorados sus ingresos; apoyar a las empresas con liquidez y flexibilidad para preservar el empleo, y reforzar la lucha contra la enfermedad, con un importe con un importe global de garantías públicas para liquidez de hasta 100.000 millones de euros, que supondrá una movilización de recursos de hasta 200.000 millones de euros, y con un gasto de 5.000 millones.

Medidas para garantizar la liquidez y la estabilidad de las empresas

Con el objetivo de que autónomos, pymes y empresas puedan hacer frente a la caída de ingresos derivada de la reducción de su actividad, se habilitan una serie de medidas para facilitar la liquidez, así como otras destinadas a dotar de flexibilidad a las empresas ante la actual coyuntura:
El Estado, a través del ICO, otorgará garantías hasta 100.000 millones de euros para facilitar la concesión de préstamos a empresas y autónomos que lo necesiten para cubrir su circulante, pago de facturas u otros conceptos, permitiendo así su funcionamiento y protegiendo la actividad y el empleo.
Se autoriza la creación de una línea de cobertura aseguradora por cuenta del Estado a través de CESCE por un importe hasta 2.000 millones de euros para operaciones de financiación de circulante.
Se amplía en 10.000 millones de euros el límite de endeudamiento del ICO con el fin de que pueda aumentar las líneas existentes de financiación para autónomos y empresas.
Se amplía con carácter general el plazo de contestación a los requerimientos y otros procedimientos de la Agencia Tributaria.
Se regula la suspensión de contratos públicos cuya ejecución se vea afectada por el COVID-19.
Se incluyen medidas para que las sociedades mercantiles adapten su actividad a las actuales circunstancias, introduciendo flexibilidad para el desarrollo de reuniones de órganos de gobierno, formulación de cuentas, celebración de juntas de accionistas o plazos de presentación de documentos registrales. Del mismo modo, se flexibilizan los plazos para que un deudor en estado de insolvencia solicite la declaración de concurso.

Medidas para flexibilizar la economía, preservar el empleo y apoyar a los trabajadores

Las medidas de alivio y flexibilidad a las empresas incluidas en el Real Decreto-Ley tienen como objetivo solventar posibles tensiones transitorias de liquidez y favorecer el mantenimiento del empleo. Para ello, se articulan las siguientes disposiciones:
Con la finalidad de facilitar los procedimientos de ajuste temporal de empleo (ERTEs), se simplifica el procedimiento sin que suponga una merma de las garantías y de la seguridad jurídica.
Se amplían las condiciones de acceso a las prestaciones por parte de los trabajadores y se prevén exoneraciones en las cotizaciones sociales de las empresas condicionadas a la preservación del empleo en el caso de Expedientes de Regulación Temporal de Empleo por causa de fuerza mayor derivada de los efectos del COVID-19. Los trabajadores en ERTE que no cumplen requisitos de paro recibirán la prestación desempleo
Los Trabajadores con ERTE y con derecho a paro, no consumirán la prestación durante este periodo en caso de despido más adelante.

Se aprueba una prestación extraordinaria por cese de actividad para los autónomos.
Se flexibilizan las condiciones para favorecer la conciliación y el trabajo no presencial, en el caso del cuidado de niños, mayores o personas dependientes, definiendo las situaciones que justifican la ausencia del puesto de trabajo y facilitando el derecho a la adaptación de la jornada como mecanismo menos adverso tanto para el trabajador como para la propia empresa.
Se facilita que las empresas posibiliten el trabajo a distancia.
Se disponen diversas medidas de apoyo a las pymes para impulsar su adaptación al entorno digital a través del programa Acelera, dotado con 250 millones de euros, dirigidos a ayudas para I+D+i, y a financiar la inversión en adquisición de equipamiento o soluciones de trabajo no presencial.

Medidas de apoyo a familias y colectivos vulnerables

Las medidas de apoyo directo a colectivos más vulnerables constituyen uno de los principales ejes sobre el que se articula este Real Decreto Ley. Con este objetivo se han adoptado las siguientes medidas:
Se establece una moratoria de un mes en el pago de préstamos hipotecarios para los colectivos vulnerables.
Se facilita el derecho a percibir el subsidio por desempleo en los casos de renovación semestral sin que sea necesario presentar solicitud de renovación. Del mismo modo, aunque no se presente la preceptiva declaración de rentas, se mantendrá el del subsidio a mayores de 52 años.
Se crea un programa estatal financiado con 300 millones de euros para garantizar la asistencia a domicilio de personas dependientes.
Se amplían los sujetos protegidos en el ámbito del suministro de luz, gas y agua, y se imposibilita el corte de los mismos a los consumidores que tengan la condición de vulnerables. También se establecen garantías de no interrupción de los servicios de telecomunicaciones.
Se prorrogará de forma automática el plazo de vigencia del bono social eléctrico hasta el 15 de septiembre de 2020 para evitar que los beneficiarios dejen de percibir los descuentos y beneficios previstos en la normativa.
Se suspende la revisión para los siguientes seis meses de los precios máximos de venta al público de los gases licuados del petróleo envasados para evitar el alza de su precio.
Se suspende el plazo que la ley establece para la devolución de bienes.
Se permite a las Corporaciones Locales la utilización de 300 millones de euros del superávit de 2019 para financiar gastos de inversión en el área de servicios sociales y promoción social.

Medidas de apoyo a la investigación sobre el COVID-19

Las medidas de apoyo a la investigación tienen como objetivo fomentar el conocimiento sobre la enfermedad para el desarrollo de medicamentos y vacunas que ayuden a contener el impacto de futuros brotes. Con este objetivo, se han adoptado las siguientes medidas:
En el ámbito presupuestario no se aplicarán los límites y requerimientos establecidos en los criterios de aplicación de la prórroga para 2020 de los Presupuestos Generales del Estado vigentes en el año 2019, a los expedientes de gasto necesarios para la gestión de la emergencia sanitaria causada por el COVID-19.

Se autorizan créditos extraordinarios para dotar al Consejo Superior de Investigaciones Científicas y al Instituto de Salud Carlos III de los recursos precisos para hacer frente a los retos científicos y de investigación derivados de la actual emergencia sanitaria.

Otras Medidas
Se habilita al Gobierno para controlar la toma de participaciones significativas en sociedades de sectores estratégicos.
Se agilizan los trámites aduaneros de importación y exportación en el sector industrial durante seis meses.
Se concederán avales para facilitar el alargamiento de los plazos de devolución de préstamos concedidos a explotaciones agrarias para hacer frente a la sequía de 2017.
Se prorroga durante un año la vigencia del Documento Nacional de Identidad de aquellas personas titulares de un DNI que caduque desde la entrada en vigor del estado de alarma.

Las medidas extraordinarias incluidas en este Real Decreto-Ley estarán en vigor con carácter general durante un mes, con posibilidad de prórroga previa evaluación de la situación.

Anexo

El 10 de marzo de 2020, el Gobierno adoptó el Real Decreto Ley 6/2020 para disponer que la situación de las personas forzadas a permanecer en su domicilio por razones sanitarias tienen consideración de incapacidad temporal por accidente laboral. De este modo, las personas en aislamiento preventivo y las que se han contagiado del virus se consideran en Incapacidad Temporal asimilada a baja laboral por Accidente de Trabajo.

Esto supone una mejora de la prestación tanto para las personas aisladas como infectadas por el coronavirus, ya que pasan a percibir desde el día siguiente al de la baja laboral el 75% de la base reguladora con cargo a la Administración. El objetivo es facilitar que la ciudadanía pueda seguir las indicaciones de las autoridades sanitarias propuestas por motivos de salud pública, de forma que el coste no recaiga sobre las familias y empresas.

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