Condenado a dos años de prisión por estafar a 12 personas al alquilarles un piso que no era suyo en Massanassa

Martes, 26 de marzo de 2024

Condenado a dos años de prisión por estafar a 12 personas al alquilarles un piso que no era suyo en Massanassa

La Audiencia de Valencia le impone también el pago de una multa. Cobraba a los perjudicados diferentes cantidades en concepto de reserva tras mostrarles la vivienda de la localidad de Massanassa en la residía como inquilino su hermano.

Autor Comunicación Poder Judicial

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Valencia ha condenado a dos años de prisión por un delito continuado de estafa para el que contempla la agravante de reincidencia y las atenuantes de adicción al juego y de reparación parcial del daño a un hombre que estafó a 12 personas con el alquiler de una vivienda que no era suya.

La sentencia, dictada después de que la Fiscalía y la defensa alcanzaran un acuerdo en el que el encausado reconocía los hechos y se mostraba conforme con la pena impuesta, le condena también al pago de una multa de 1.260 euros.

Según el relato de hechos probados que consta en la resolución, entre los meses de junio y julio de 2022, el acusado, que ya había sido condenado con anterioridad por estafa por un juzgado de lo Penal de Valencia, ofertó a través de una página web de anuncios el alquiler de un piso en Massanassa, pese a que no era propietario del mismo ni tenía ningún derecho sobre él.

Cuando concertaba una cita con las víctimas, el hombre mostraba la casa a los interesados porque en ella vivía como inquilino su hermano, que desconocía la actividad fraudulenta.

Si había acuerdo, el condenado firmaba un contrato con la víctima, a la que exigía el pago de dinero en metálico como señal para garantizar el alquiler, cantidades que oscilaban entre los 450 y los 550 euros.

A continuación, les decía a las víctimas que no podían acceder de momento al inmueble porque estaba de obras, y les daba una nueva fecha para la entrada.

Cuando llegaba ese momento, el condenado bloqueaba a los perjudicados en su teléfono móvil y no les respondía a llamadas ni mensajes. De este modo estafó a 12 personas.

La sentencia, que es firme, añade que en el momento de los hechos el penado era adicto a los juegos de azar, circunstancia por la que ingresó voluntariamente en un centro para rehabilitarse.

España supera todas las previsiones y cierra 2023 con un déficit público del 3,66% del PIB

España supera todas las previsiones y cierra 2023 con un déficit público del 3,66% del PIB
Hacienda – 21.3.2024

El crecimiento económico, el empleo y el éxito de las medidas del Gobierno para combatir la crisis han favorecido la mejora de las cuentas públicas.

Las Administraciones Públicas en su conjunto cerraron el año 2023 con un déficit del 3,66% del PIB, situándose así en los 53.556 millones de euros, incluyendo la ayuda financiera. Esto supone una reducción de más de 10.000 millones y del 16% con respecto a 2022, datos que evidencian el compromiso con la estabilidad presupuestaria de las políticas del Gobierno de España.

Con estas cifras, se ha logrado que el saldo negativo esté muy por debajo del 3,9% recogido en las previsiones remitidas a la Comisión Europea. Lo que ha permitido por cuarto año consecutivo presentar datos muy mejorados con respecto a las tasas de referencia fijadas en el Programa de Estabilidad.

Este resultado en el pasado ejercicio implica una reducción muy acelerada con respecto a 2020, año del estallido de la pandemia del coronavirus, cuando se alcanzó un déficit del 10,1% sobre el PIB. Esas cifras se han reducido en tan solo tres años en 6,4 puntos y 60.000 millones de euros, lo que supone un 52,7% menos. Los números actuales evidencian el compromiso con la estabilidad presupuestaria y la responsabilidad fiscal del Ejecutivo, incluso en un contexto de suspensión de las reglas fiscales.

Además, la deuda pública experimentó una reducción de 17,6 puntos porcentuales en solo tres ejercicios. Esto ha facilitado que España se haya consolidado como uno de los motores del crecimiento de la Unión Europea, tal y como atestiguan cada mes los datos de Eurostat.

Alcanzar y superar el objetivo marcado en la tasa de referencia acordada con la Comisión Europea ha sido posible gracias a la política económica del Gobierno. Esta ha permitido un crecimiento económico acreditado del 2,5% sobre el PIB, que quintuplica al de la zona euro; una fuerte creación de empleo con hasta 21 millones de afiliados a la Seguridad Social; y un impulso a la transformación del tejido productivo a través de los fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR).

Esta estrategia ha estado acompañada de medidas para no dejar a nadie atrás tras la crisis de la COVID-19 y la provocada por la invasión de Rusia en Ucrania. De esta manera, la ciudadanía española ha estado respaldada por un escudo social de más de 120.000 millones de euros que ha permitido sostener el Estado del Bienestar en un contexto de gran dificultad.

Los colectivos vulnerables, además de la clase media y trabajadora, han sido los principales destinatarios de diferentes ayudas y reformas que han permitido al país afrontar la crisis sin recortes sociales y reforzando los servicios públicos.

Junto a lo anterior, hay que tener en cuenta que la presión fiscal disminuyó tres décimas de PIB en 2023 con respecto al año anterior, situándose en el 38%. Una situación que beneficia a los ciudadanos con rentas medianas y bajas, que son los más beneficiados por la reducción de los impuestos indirectos aplicada en 2023.

Este respaldo fiscal a la ciudadanía en los últimos tres ejercicios se ha traducido en más de 46.000 millones en ayudas para que la sociedad pudiera afrontar las subidas de precios en mejores condiciones. Varios paquetes de ayudas entre las que está la mayor rebaja de impuestos a la energía de la historia y la reducción del IVA de los alimentos básicos de la cesta de la compra. Lo que ha facilitado que la inflación cayera en febrero hasta el 2,8% en solo tres ejercicios.

De hecho, la aplicación de estas medidas, centradas en gran parte en combatir la elevada inflación, ha evitado que la reducción del déficit fuera aún mayor de lo finalmente dispuesto en 2023. De no haberse destinado más de 17.000 millones para combatir la crisis de precios en este año, la cifra se habría reducido hasta el 2,5% del PIB. Es decir, el porcentaje de saldo negativo más bajo que se registraba desde los años previos a la crisis financiera que comenzó en el año 2008.

Esta apuesta por reforzar el escudo social y no aplicar recortes ha facilitado que los ingresos también hayan experimentado un comportamiento positivo. En 2023, los ingresos tributarios crecieron un 6,4% hasta los 271.935 millones de euros. Esto permite cumplir un año más con las previsiones de ingresos presupuestadas. En el ámbito del IRPF, se alcanzaron los 120.280 millones, un 9,9% más que el anterior ejercicio.

Este crecimiento de la recaudación se ha producido en medio de la mayor rebaja de IRPF de la historia a las rentas bajas de hasta 21.000 euros, que representa el sueldo mediano. Una medida que beneficia a la mitad de los trabajadores, que ahorraron más de 1.700 millones de IRPF. Aun así, los ingresos aumentaron por la mejoría continua de los datos de empleo y el aumento de los salarios.

Estos datos se explican, especialmente el último, con el destacado crecimiento que ha experimentado el mercado de trabajo y de las rentas derivadas del mismo, que crecieron en 2023 cerca del 8%. De esta manera, los cerca de 21 millones de afiliados a la Seguridad Social han permitido que las rentas brutas de los hogares crecieran alrededor del 9%.

Todo lo anterior se complementa con los ejercicios de evaluación del gasto o ‘spending review’, para los que el Gobierno y el Ministerio de Hacienda ejecutan las recomendaciones emitidas por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) sobre los mismos para lograr la mejor estrategia integral de responsabilidad fiscal. En el pasado 2022, de las 300 recomendaciones formuladas por la AIReF, casi el 70% ya han sido implementadas en las Administraciones Públicas.

Con todos estos datos positivos, el conjunto de las Administraciones Públicas mantiene intacto su compromiso con la estabilidad presupuestaria e inicia en condiciones muy favorables el camino para cumplir con las tasas de referencia de los próximos años.

Una corrección de los desequilibrios que se explica por la política económica y por el impacto de los fondos correspondientes al PRTR, ámbito en el que España es uno de los principales motores en el despliegue de las reformas acordadas con la Comisión Europea.

Déficit de las Administraciones Públicas
Analizando los datos por subsectores, la Administración Central vuelve a ser la que lidera la reducción del déficit. Esta cerró 2023 con 30.828 millones de déficit (2,11% sobre el PIB), un 25,1% menos que en 2022. El subsector Comunidades Autónomas se situó en los 13.254 millones (0,91% del PIB), con una reducción del 12,34%.

En las Entidades Locales, la mejoría fue del 18,3%, al caer a los 1.263 millones (0,09% sobre el PIB). Por último, la Seguridad Social registró un déficit de 8.211 millones (0,56% del PIB), situándose así en la línea de las previsiones del Gobierno.

En cuanto a los recursos, en términos de contabilidad nacional, los ingresos crecieron un 9% (51.566 millones) gracias a los recursos fiscales, que se incrementaron un 7% (23.207 millones), y a las cotizaciones sociales, cuya alza fue del 9,3% (16.709 millones).

En cuanto al gasto, el mismo creció un 6,5%, debido a partidas como los consumos intermedios (7,5%), los intereses (13,1%) o la remuneración de asalariados (5,5%).

Ingresos tributarios
Entrando al detalle de los ingresos tributarios en términos de caja, los datos de la Agencia Tributaria a cierre de 2023 cifran la recaudación en 271.935 millones de euros, un 6,4% más que en 2022. El crecimiento económico y el buen comportamiento del mercado de trabajo explican en gran medida esta alza, especialmente en los beneficios empresariales. En cuanto al gasto en consumo, este se incrementó apenas un 3,8% gracias a la caída de los precios energéticos por las rebajas en los impuestos especiales.

En general, estos ingresos ligados al gasto tuvieron un comportamiento similar al del ejercicio anterior por las reducciones de IVA tanto en alimentación como en energía. De hecho, de no ser por estos cambios normativos, los ingresos habrían contado con 3.342 millones adicionales. Lo que habría supuesto un incremento de la recaudación del 7,8%. Esto se observa de manera más clara con el incremento del 10,1% en los impuestos directos (IRPF, sociedades o medioambientales) y una subida del 1,7% en la recaudación de los indirectos.

En el detalle de cada uno, los ingresos por IRPF alcanzaron los 120.280 millones, un 9,9% más. Este porcentaje es muy similar al de la renta disponible de los hogares, que creció un 9%. Lo que muestra que el aumento del empleo y las subidas salariales y de pensiones repercuten de manera positiva tanto en la recaudación como en la liquidez que llega a la ciudadanía.

En el Impuesto sobre Sociedades, se recaudaron 35.060 millones de euros, un 9% más que en 2022. Este dato muestra que los beneficios empresariales se mantienen a un buen ritmo, al crecer por encima del 15%, con un aumento notable de los pagos fraccionados. Todo ello en un contexto novedoso por la aplicación del tipo mínimo del 15%, además de por la nueva normativa para los grupos en lo referido al cálculo de la base imponible. A pesar de estas nuevas normativas, el incremento del 9% es la respuesta al elevado número de solicitudes de devolución del ejercicio 2021 y el adelanto en el calendario de las devoluciones de la campaña de 2022.

En lo que respecta al IVA, los ingresos crecieron un 1,6%, a pesar de que el gasto sujeto al mismo se elevó un 7,4%. Esto se explica con las medidas para acompañar a la ciudadanía que provocaron rebajas en los tipos de energía y alimentos básicos, además de las nuevas regulaciones sobre aplazamientos y devoluciones extraordinarias. Esto ha provocado una merma recaudatoria de 4.300 millones.

IIEE
Los ingresos por Impuestos Especiales alcanzaron los 20.757 millones de euros, en línea con las previsiones para 2023. Con respecto a 2022, la recaudación aumentó en 533 millones, un 2,6% más. En este ámbito hay que destacar la merma recaudatoria en el ámbito de la electricidad por las medidas anticrisis del Gobierno, con las que se ha compensado la factura energética de la ciudadanía en un contexto de precios elevados.

La mayor recaudación fue por hidrocarburos, con más de 12.000 millones, aunque solo aumentó un 0,6%. Le siguieron las labores del tabaco, con más de 6.700 millones, aunque el crecimiento se concentró en las labores distintas de los cigarrillos. En cambio, el consumo de cigarrillos disminuyó casi un 5%.

Los ingresos por alcohol cayeron un 7,2%, debido al menor consumo de este tipo de bebidas. No ocurrió lo mismo con la cerveza, que se mantuvo en niveles similares a los de 2022, plásticos no reutilizables o carbón se situaron en cifras cercanas a las previsiones para el ejercicio.

Administración Central
La Administración Central registró en 2023 un déficit del 2,11%, lo que supone una reducción de casi un punto con respecto a 2022, cuando se registró un 3,06%.
Los recursos no financieros alcanzaron los 289.486 millones de euros, suponiendo un 19,8% del PIB, aumentando así un 4,1% y 11.530 millones de un año para otro. Los impuestos aportaron 224.186 millones, crecieron un 5,3% y son más del 15% de los recursos totales.

Los recursos no financieros alcanzaron los 289.486 millones de euros, suponiendo un 19,8% del PIB, aumentando así un 4,1% y 11.530 millones de un año para otro. Los impuestos aportaron 224.186 millones, crecieron un 5,3% y son más del 15% de los recursos totales.

En el ámbito de los empleos no financieros, estos alcanzan los 320.314 millones, creciendo así un 0,4% sobre 2022. En este caso, la mayor partida son las transferencias entre Administraciones Públicas, que copan más del 50% del total y crecen un 3,6% hasta los 171.958 millones de euros. Unas cifras que se explican en parte por la dotación adicional de 1.666 millones de euros destinada a Comunidades Autónomas y Corporaciones Locales con el fin de compensar su saldo global negativo en la liquidación correspondiente a 2020.

La remuneración de asalariados crece un 3,8%, situándose en 28.749 millones de euros. Después del incremento adicional del 0,5% previsto en la Ley de Presupuestos Generales de 2023, para compensar la pérdida de poder adquisitivo motivada por la inflación, con aplicación retroactiva desde enero, la subida salarial del ejercicio se sitúa en el 3%.

Los consumos intermedios han ascendido a 14.276 millones de euros, un 14,2% más que en el mismo periodo de 2022 y los intereses devengados aumentan un 6% hasta situarse en 30.306 millones de euros. En cuanto a las prestaciones sociales distintas de las transferencias sociales en especie, estas aumentan un 11%, cifra que incorpora una revalorización de las pensiones contributivas de Clases Pasivas del 8,5% para el ejercicio 2023. Además, los perceptores de pensiones no contributivas mantienen durante todo el año 2023 la subida del 15% en sus prestaciones, que ya se les venía aplicando desde julio de 2022.

El gasto en subvenciones a la producción y a los productos alcanza los 10.112 millones de euros, incluyendo en este ejercicio diversas ayudas al transporte, así como la financiación de la TUR (tarifa de último recurso) en el gas natural. Además, destaca la formación bruta de capital fijo, que se sitúa en 11.936 millones de euros.

Por lo que respecta a los Organismos Autónomos de la Administración Central, con ayuda financiera han alcanzado un superávit de 3.527 millones de euros. Este resultado se debe a un aumento de ingresos de 4.119 millones de euros, alcanzando los 33.082 millones, y un incremento de gastos de 3.782 millones de euros, llegando a los 29.555 millones.

Se destaca el aumento significativo del 22,8% en las transferencias recibidas de otras Administraciones Públicas, totalizando 16.370 millones de euros.

Los ingresos por impuestos han aumentado en un 3,5%, destacando los impuestos sobre producción e importaciones, que han crecido un 15,4%, alcanzando los 2.306 millones de euros.

En términos de gastos, se ha experimentado un crecimiento del 14,7%, destacando aumentos en subvenciones (+1.020 millones de euros), intereses (+808 millones de euros), remuneración de asalariados (+458 millones de euros) y formación bruta de capital fijo (+1.163 millones de euros). Unas cifras que muestran una gestión financiera efectiva que ha generado un superávit, indicando un control adecuado de ingresos y gastos en los Organismos de la Administración Central.

Comunidades Autónomas
Las Comunidades Autónomas registraron un déficit de 13.254 millones, lo que equivale al 0,91% del PIB. Es decir, un 12,3% menos que en 2022. Una mejoría que se explica con los recursos récord que reciben las comunidades autónomas a través del sistema de financiación, incrementados en más de un 46% durante los últimos seis años.

En concreto, y desde la llegada del Gobierno de Pedro Sánchez, las CCAA han contado con los mayores recursos de su historia. En el ejercicio 2024 está previsto que reciban 154.467 millones de euros, un 14,9% más que en 2023. Así, dispondrán de 20.000 millones de un año a otro, siguiendo así la línea de respaldo récord desplegado durante los últimos años de la actual administración.

En el ámbito de impuestos, se ha registrado un crecimiento del 13,4%, alcanzando los 86.818 millones de euros. Dentro de estos, los impuestos sobre la producción y las importaciones alcanzan los 19.241 millones de euros. En los ingresos por impuestos sobre la renta y patrimonio, el incremento es del 20,3% hasta situarse en un total de 64.507 millones de euros, principalmente por las entregas a cuenta y la liquidación del IRPF, recogida como impuesto propio a los efectos de registro en términos de contabilidad nacional.

Los ingresos percibidos por impuestos sobre el capital ascienden a 3.070 millones de euros. Las transferencias entre AAPP alcanzan los 126.186 millones de euros. Del importe anterior, las transferencias recibidas por el sistema de financiación crecen un 10,6%, lo que supone 8.529 millones de euros más hasta alcanzar los 19.440 millones.

Al mismo tiempo, los ingresos obtenidos del resto de recursos se sitúan en 23.056 millones de euros, lo que supone una reducción del 5,2% respecto a diciembre de 2022.
Para la cooperación internacional se han destinado 1.095 millones de euros, en la ayuda a la inversión 4.625 millones de euros y en los ingresos por la venta bienes y servicios 13.434 millones de euros. Estos se han compensado en parte por el aumento de intereses devengados, situándose en 1.595 millones.

Entre los gastos, la remuneración de asalariados crece un 5,9%. Esta alza se debe, en parte, al incremento salarial de 2023 del 3%, aplicado sobre el importe consolidado a finales de 2022, que fue del 3,5%. Los consumos intermedios aumentan un 3% hasta situarse en 38.922 millones de euros.

Las subvenciones se sitúan en 5.917 millones de euros, con un aumento del 6,5% respecto a finales de 2022. Por su parte, los intereses aumentan un 73,5% hasta 6.468 millones de euros.

Las transferencias sociales en especie se elevan en un 6% (2.055 millones de euros más) hasta los 36.387 millones de euros. De este incremento, el 57% corresponde al aumento del gasto en conciertos educativos en un 4,4% hasta los 7.747 millones de euros, el de farmacia en un 3,6% hasta 13.328 millones de euros y al gasto en conciertos de asistencia sanitaria en un 5,5% hasta 7.264 millones de euros.

Por otro lado, las prestaciones sociales distintas de las transferencias en especie ascienden a 5.845 millones de euros, un 10,1% más que en 2022. De igual modo, la inversión alcanza los 18.827 millones de euros, un 26,1% superior a la registrada el ejercicio previo.

En el resto de empleos, aumentó un 23% hasta los 9.020 millones de euros. Aquí cabe mencionar la ayuda a la inversión, con un avance del 31,4%, y las transferencias corrientes diversas en un 23,3%.

Entidades Locales
El conjunto de las Entidades Locales registró un déficit de 1.263 millones, lo que supone un 0,09% del PIB. La reducción lograda en este subsector es del 18,3% y 282 millones, dejando atrás el 0,11% de desequilibrio de 2022. Esto ha sido posible por el resultado neto positivo de la liquidación definitiva del sistema de financiación de 2021, que les reportó 642 millones. Junto a esto, hay que tener en cuenta la transferencia recibida del Estado para dar cobertura a su saldo negativo de 2020 por 1.586 millones.

De restar del déficit de dichos periodos las liquidaciones negativas y las transferencias de ingresos mencionadas, el déficit de las EELL sería de 3.491 millones.

Analizando el comportamiento de los ingresos, estos han experimentado un incremento del 6,7% con respecto a 2022 y 6.020 millones más. Los recursos impositivos, su principal fuente de financiación, aumentan en 1.737 millones de euros. La segunda fuente de financiación corresponde a las transferencias recibidas de otras administraciones públicas, con 38.532 millones, cifra superior en un 8% a la de finales de 2022. Este aumento se debe, principalmente, a los mayores recursos recibidos del Estado, un 6,6% superiores a los de 2022.

Las transferencias recibidas por el sistema de financiación han aumentado un 5,3%, 22.356 millones más. Además, en 2023 se han recibido 226 millones de ayudas directas para cubrir los menores ingresos por la puesta en práctica de una reducción en el precio de transporte colectivo urbano o interurbano a usuarios habituales en el ámbito de sus competencias.

En los gastos, estos se elevan un 6,3%. Los principales incrementos se han producido los intereses, que presentan un crecimiento del 85,1%, 451 millones más hasta 981 millones; o la remuneración de asalariados, que crece un 5,3%. Esta evolución se debe, entre otras razones, al incremento salarial del 3% para 2023.

Los consumos intermedios presentan un avance del 9,6%, 2.628 millones más hasta 30.138 millones. Además, las transferencias entre administraciones públicas disminuyen un 12,5%. Este descenso se debe a la menor transferencia realizada al Estado por la liquidación definitiva del sistema de financiación de 2021, practicada en julio de 2023, por importe de 52 millones. Mientras que la liquidación definitiva del sistema de financiación de 2020, practicada en julio de 2022, supuso una transferencia de gasto de 3.009 millones. Por último, la formación bruta de capital fijo aumenta un 24,5% hasta los 12.320 millones.

La Agencia Tributaria sitúa la asistencia al contribuyente en el centro de su estrategia para los próximos años

Plan Estratégico 2024-2027

La Agencia Tributaria sitúa la asistencia al contribuyente en el centro de su estrategia para los próximos años

Hacienda – 25.3.2024

La Agencia Tributaria ha puesto en marcha su nuevo Plan Estratégico 2024-2027, en el cual el contribuyente se sitúa en el centro de una planificación que busca reforzar la vocación de servicio público a partir del modelo de información y asistencia.


El Plan Estratégico también supone una apuesta reforzada por la utilización de medidas preventivas para mejorar el cumplimiento voluntario, y de una optimización del modelo organizativo acompañado del incremento necesario de la plantilla de la Agencia.

El plan cuenta con una serie de ejes vertebradores que contemplan la culminación de actuaciones en ámbitos concretos ya iniciadas en los últimos años, como el modelo de asistencia multicanal, el refuerzo de la ayuda en materia de censos y de no residentes en línea con las mejoras ya implementadas en IRPF o IVA, la simplificación del lenguaje de los documentos administrativos o el sistema de autoliquidaciones rectificativas, que facilita la subsanación de errores del contribuyente.

En el ámbito de las actuaciones preventivas, se prevé, entre otras acciones, intensificar la información para el fomento del cumplimiento espontáneo de las obligaciones tributarias y el desarrollo de aplicaciones para garantizar la inalterabilidad y el intercambio potencial de los registros de facturación.

En materia de recursos humanos, la planificación estratégica contempla un crecimiento de los efectivos actuales de la Agencia, que se acercan a la cifra de 27.300, hasta superar los 29.300 al cierre del año 2027, superando así el volumen de plantilla existente antes de la restricción de empleo público, acercándose así a dimensiones similares a las existentes en las Administraciones tributarias del entorno de la OCDE. El plan hace una especial referencia a la necesidad de reforzar el área de Informática tributaria en un contexto de crecimiento continuo de los proyectos que gestiona.

Al igual que la planificación desarrollada para el periodo 2020-2023, en el nuevo Plan 2024-2027 se mantienen indicadores estratégicos de medición de la actividad de la Agencia que ya fueron incorporados entonces, y se añaden dos nuevos: uno vinculado con hacer más transparentes los datos y las actuaciones de asistencia destinadas a facilitar el cumplimiento voluntario, y otro dedicado a medir las mejoras que va a suponer al contribuyente la plena implantación de las mejoras en el modelo de información y asistencia.

CEOE advierte de que la colaboración público-privada sigue siendo el principal cuello de botella para el Plan de Recuperación

Unión Europea 20 marzo 2024

CEOE advierte de que la colaboración público-privada sigue siendo el principal cuello de botella para el Plan de Recuperación

La Confederación presenta su sexto Informe de seguimiento de los fondos Next Generation en España con el objetivo de contribuir a mejorar su gestión e impacto en la economía

CEOE advierte de que la colaboración público-privada sigue siendo el principal cuello de botella para que las empresas puedan conocer, acceder y recibir proyectos transformadores en el marco del Plan de Recuperación. Y señala que, aunque se viene aumentando el ritmo de resolución de las grandes líneas de ayudas, se mantienen las ineficiencias en la ejecución de los fondos, como la ausencia de transparencia en la gobernanza (sobre todo, a nivel autonómico) y la falta de adaptación de las ayudas al sector privado.

Por ello, CEOE considera fundamental reforzar los lazos del sector productivo con los diferentes niveles de la Administración.

Así se desprende del sexto Informe de seguimiento de los fondos Next Generation en España, elaborado por la Oficina de Proyectos Europeos de CEOE con el objetivo de contribuir a mejorar su gestión y su impacto en la economía. El informe se ha visto en la Junta Directiva de CEOE celebrada el 20 de marzo.

El documento recuerda que, hasta la fecha, España ha recibido 38.419 millones de euros del total de los 163.000 millones a los que asciende el Plan de Recuperación. Esto incluye 37.036 millones ya recibidos de los tres desembolsos realizados por la Comisión Europea más los 1.383 millones de la prefinanciación de la Adenda, autorizada en enero.

Además, están pendientes los 10.021 millones solicitados por el Gobierno, correspondientes al cuarto desembolso, para los que se ha abierto una nueva prórroga hasta el mes de mayo para la evaluación técnica de 61 hitos y objetivos.

Los pagos se ralentizan

Desde la segunda mitad de 2023, los abonos realizados por la Comisión Europea se han ralentizado, con el último pago del tercer desembolso realizado en marzo. En comparación, otros planes de recuperación europeos han ido avanzando. Así, Italia y Portugal se sitúan a la cabeza de los fondos Next Generation, tras recibir ya el cuarto pago parcial el pasado mes de diciembre.

Por ahora, España ha cumplido 121 hitos y objetivos del total de 595 que recoge la Adenda al Plan de Recuperación, es decir, apenas un 20% del total.

A partir de este año, el cumplimiento de los hitos y objetivos del Plan tiene un mayor peso en las inversiones, con el aumento de la publicación de grandes convocatorias enmarcadas en los PERTE y el despliegue de los hasta 84.000 millones de euros en préstamos previstos en la segunda fase.

A diciembre de 2023, se habían resuelto más de 33.600 millones de euros en subvenciones y licitaciones, de los que 28.000 millones han correspondido a la Administración General del Estado (un 83% del total) y 5.600 millones se han asignado a las CC AA (17% del total). Alrededor de 17.000 millones de euros se han destinado al sector privado.

Las empresas siguen percibiendo una falta de transparencia continuada en la publicación anticipada de las convocatorias, lo que supone barreras a la hora de preparar la solicitud de proyectos. Además, se empiezan a evidenciar retrasos en la adjudicación de las ayudas, lo que genera incertidumbre para presentarse a segundas convocatorias.

En el caso de los préstamos previstos en la segunda fase del Plan de Recuperación, una de las principales preocupaciones del sector privado es la escasa información pública que se ha facilitado en lo relativo al diseño de las líneas de financiación, en especial para fondos como la línea ICO-Empresas y Emprendedores o el Fondo de Resiliencia Autonómica. Esto es clave para que las empresas puedan acceder a los préstamos con las condiciones y plazos que se fijen con las entidades financieras.

Papel del sector bancario

Asimismo, el informe insiste en la necesidad de resaltar el papel protagonista que el sector bancario debe tener en la canalización de estos préstamos.

Todo esto conforma un entramado de desafíos en los tres niveles de la Administración, que deben concentrar sus esfuerzos en estrechar lazos con las necesidades de las empresas a nivel autonómico y regional, con el objetivo de ganar agilidad y asegurar la capilaridad de las ayudas, así como para que los proyectos adjudicatarios se adecúen a la realidad territorial y sus prioridades.

Entre estas prioridades, además de la necesidad de un aumento de transparencia y mayor colaboración del sector privado, el documento destaca la necesidad de ampliar las ayudas a actividades ligadas a facilitar la puesta en marcha de los proyectos, tanto en materia de digitalización y sostenibilidad, como de renovación de maquinaria y costes asociados a instalación de infraestructuras.

Por último, considera fundamental agilizar al máximo los procesos de evaluación y resolución de expedientes, para evitar que se desincentive la participación de las PYMES.

El sexto Informe de seguimiento de los fondos Next Generation en España de la Oficina de Proyectos Europeos de CEOE incluye, también, un monográfico especial sobre los retos en la ejecución y las necesidades de inversión en las CC AA, así como un análisis sectorial de los fondos destinados al sector de digitalización.

Anexo.- Sexto Informe de seguimiento de la ejecución de los fondos Next Generation en España

Enlace web al informe

La inversión extranjera en España alcanzó los 28.215 millones de euros en 2023, situándose en el promedio de los últimos cinco años

20 de marzo de 2024 mineco.gob.es

La inversión extranjera en España alcanzó los 28.215 millones de euros en 2023, situándose en el promedio de los últimos cinco años

?La inversión extranjera en España destinada a aumentar la capacidad productiva y el empleo crece un 12% respecto a 2022, situándose en 5.680 millones de euros
Los sectores que recibieron mayor inversión fueron el comercio al por mayor, las telecomunicaciones, la energía eléctrica y combustibles
Por países, Estados Unidos fue el primer emisor de flujos de inversión a España (28,9%), seguido por Reino Unido (13,1%), Alemania (10,6%) y Francia (9,2%). Incrementaron su peso las inversiones de otros países, como Australia, Suiza, Canadá y México, demostrando así la diversificación de la confianza en la economía española
España es enormemente atractiva para los inversores internacionales, consolidando una atracción de inversión en torno a los 30.000 millones de euros anuales, frente a los 20.000 millones de euros de hace 10 años, en 2014

La inversión extranjera en España alcanzó los 28.215 millones de euros en 2023, según los datos publicados hoy por el Registro de Inversiones Exteriores de la Secretaría de Estado de Comercio disponibles en DataInvex.

En un contexto internacional marcado por una gran incertidumbre, la inversión extranjera en 2023 se sitúa en el promedio de los últimos 5 años, lo que muestra la fortaleza de la economía española y la confianza que tienen los inversores en nuestro país.

Destaca el aumento en 2023 en proyectos de inversión dirigidos a aumentar la capacidad productiva y el empleo en nuestro país, que aumentaron cerca del 12% respecto a 2022, situándose en los 5.680 millones de euros. Además, en el último trimestre de 2023 se produjo un repunte de esta inversión, tanto bruta como neta, que aumentó un 52% y un 79% respecto al tercer trimestre, respectivamente.

Por países, Estados Unidos fue el primer emisor de flujos de inversión a España (28,9%), seguido por Reino Unido (13,1%), Alemania (10,6%) y Francia (9,2%). Incrementaron su peso las inversiones de otros países, como Australia, Suiza, Canadá y México, demostrando así la diversificación de la confianza en nuestro país.

Por sectores, el 54,3% del total de la inversión extranjera en España se dirigió al sector servicios, el 42,2% al sector industrial y el 3% a la construcción, destacando en subsectores la inversión en el comercio al por mayor, las telecomunicaciones, la energía eléctrica y combustibles.

Inversión extranjera por Comunidades Autónomas

La Comunidad de Madrid sigue siendo el principal destino de más del 54% de la inversión extranjera, aunque su peso desciende frente a la media de los últimos cinco años. Cataluña ocupa la segunda posición y la Comunidad Valenciana se sitúa en tercer lugar, con un aumento de las inversiones extranjeras en ambas regiones.

Aumento de la inversión extranjera en proyectos con valor añadido

España está demostrando ser enormemente atractiva para los inversores internacionales, consolidando un volumen de atracción de inversión en torno a los 30.000 millones de euros anuales, frente a los 20.000 millones de euros de hace 10 años, en 2014.

Nuestro país mantiene una posición competitiva como destino preferente de la inversión extranjera. Como muestra el último informe ‘Investment Trend Monitor’ de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), frente a una caída del 28% de la inversión extranjera directa en las principales economías desarrolladas en 2023, la inversión extranjera directa en España solamente retrocedió un 18,5%.

La inversión extranjera directa en España está siendo muy satisfactoria a nivel de volumen ytambién cualitativamente, tal y como se puede constatar en el fuerte incremento en nuestro país de proyectos de inversión de nueva capacidad productiva. En ese sentido, España se sitúa en el puesto número 4 entre los países del mundo con mayor número de proyectos nuevos de instalaciones productivas (denominadosgreenfield) en el periodo 2018-2023, sólo por detrás de Estados Unidos, Reino Unido y Alemania, según la base de datos FDI Markets del Financial Times.

Gran parte de estas inversiones están yendo fundamentalmente a sectores de alto valor añadido. De acuerdo con la misma fuente de FDI Markets, en 2023 España fue el mayor receptor global de proyectos greenfield en el sector de energías renovables. Asimismo, fue el 3º país que más proyectos recibió que implican la realización de actividades de I+D, el quinto país con más proyectos recibidos relacionados con la inteligencia artificial y el décimo mayor receptor de greenfields en el sector TIC y de infraestructuras de internet.

CEOE confía en que la inflación se seguirá moderando a lo largo del año

14 marzo 2024

CEOE confía en que la inflación se seguirá moderando a lo largo del año

Valoración del IPC febrero 2024

En febrero la inflación general se desaceleró seis décimas hasta el 2,8%, y la subyacente mantuvo su senda de gradual moderación, situándose en el 3,5%, una décima menos que en enero.

Los alimentos continúan siendo el elemento más inflacionista de la cesta en el inicio de 2024, si bien se observa una significativa desaceleración de sus tasas de incremento. Tanto los precios de los alimentos elaborados como los no elaborados se sitúan en su tasa más baja desde el estallido de la guerra en Ucrania hace dos años.

Los productos energéticos están contribuyendo a la reducción de la inflación debido al descenso de los precios de la electricidad. No obstante, se espera que en marzo esta contribución sea más reducida, debido a la retirada de la reducción del IVA de la electricidad, que en marzo ha pasado del 10% al 21%.

Si comparamos la evolución del IPC con la del IPC a impuestos constantes se observa que la inflación habría aumentado dos décimas menos en febrero. Es decir, de haberse mantenido las medidas de reducción de impuestos con respecto a febrero de 2023, la inflación habría sido del 2,6%.

Las previsiones apuntan a que la inflación continuará moderándose durante 2024, gracias a un menor incremento de la subyacente, aunque puede haber algún repunte puntual. En todo caso, esta evolución se verá condicionada por el ritmo de reversión de las medidas antiinflacionarias y los precios de las materias primas en los mercados internacionales.

También en la Unión Monetaria se está produciendo una desaceleración de la inflación, que ya se sitúa en el 2,6%. En España, el IPCA de febrero también disminuyó su tasa, hasta el 2,9%, por lo que el diferencial se redujo a tres décimas, aunque se mantiene positivo.

Para mantener la competitividad de la economía española, sería recomendable evitar implementar medidas que supongan un encarecimiento adicional de los costes para las empresas o introduzcan una incertidumbre mayor a la ya existente.

En este contexto de menor inflación, cobra especial relevancia el acuerdo alcanzado por los agentes sociales para la firma del V AENC, que establece un marco para la determinación de los incrementos salariales durante el periodo 2023-2025 que genera confianza y contribuye a evitar una espiral inflacionista.

Isabel Rodríguez anuncia que el próximo martes llevará al Consejo de Ministros la modificación de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana

Isabel Rodríguez anuncia que el próximo martes llevará al Consejo de Ministros la modificación de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana

21.3.2024

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana considera que al acceso a una vivienda asequible “es una tarea compleja, que requiere medidas innovadoras, valientes y colaborativas”, y pide “bajar el nivel de ruido” para conseguir acuerdos por encima de las diferencias partidistas.

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, interviene en la clausura de la Asamblea de la Confederación Nacional de la Construcción.

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha intervenido en la clausura de la Asamblea de la Confederación Nacional de la Construcción (CNC), donde ha anunciado que la semana que viene llevará al Consejo de Ministros el texto con la modificación de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana para su tramitación en las Cortes Generales, “una demanda que viene de largo y reclamada desde muchos ámbitos”. “Espero contar con el apoyo de los grupos parlamentarios para activar este anteproyecto de ley, que decayó en la anterior legislatura, y que dotará a la planificación urbanística de estabilidad y seguridad jurídica, evitando la paralización de los planes urbanísticos cuando los errores son subsanables”, ha expuesto la ministra. “Creo que esta es una buena noticia para el sector y para las administraciones públicas y goza, además, de mayor consenso no solamente institucional, sino también político en el seno de las Cortes Generales”.

En cuanto al cumplimiento del artículo 47 del mandato constitucional para el acceso de la ciudadanía a una vivienda asequible, Isabel Rodríguez ha señalado que se trata de “una tarea compleja, que requiere medidas innovadoras, valientes y, sobre todo, colaborativas”. “Por eso, es fundamental bajar el nivel de ruido y articular acuerdos que antepongan el derecho a la vivienda a las diferencias partidistas o de intereses sectoriales. Los ciudadanos nos reclaman, tanto al sector público como al privado, que nos focalicemos en solventar sus problemas del día a día, como es el caso del acceso a una vivienda digna. Somos un espejo en el que se miran y no podemos defraudarles”, ha indicado.

La legislatura de la vivienda
Asimismo, la ministra ha subrayado que, “la presente legislatura viene marcada por la Ley de Vivienda, la primera en nuestra democracia, que despliega una serie de medidas muy relevantes para el sector”. Por ejemplo ?ha expuesto Isabel Rodríguez?, “consagra como uno de los principios generales la Acción del Estado en materia de vivienda, rehabilitación, regeneración y renovación urbana”.

“Pero de nada sirve establecer un principio general sino tiene aplicación práctica y por eso la propia ley marca, como el instrumento principal de actuación del Estado en política de vivienda, los planes estatales en materia de vivienda y de rehabilitación, regeneración y renovación urbana y rural. Estos planes incluyen medidas de financiación, fiscalidad y regulatorias, a través de fórmulas de colaboración público-privada que permitan crear un fondo de vivienda asequible”, ha ahondado la ministra.

Fondos europeos
En materia de vivienda, el Gobierno de España mantiene un “gran compromiso financiero y presupuestario, que se ha visto reforzado gracias a los fondos de recuperación, con distintos planes, y con el objetivo prioritario de abordar el problema”. Para ello, “hemos de reforzar y ampliar la oferta del parque de vivienda existente y hemos de trabajar por una vivienda asequible porque también somos conscientes de la dificultad que tenemos en algunas de las ciudades más importantes de nuestro país en relación con el acceso a esa vivienda”, ha indicado la ministra.

“Y no podemos considerar como normal que ningún español o española, deba estar destinando entre un 40 y un 80% de su salario, o incluso el 100%, para pagar una renta del alquiler. Y no estoy hablando de personas o familias desfavorecidas, sino de profesionales. Eso sucede hoy en nuestro país y es una emergencia social que nos convoca a todos y que estamos dispuestos a atender, en lo que ha de ser un también trabajo colectivo, que es la implicación del sector privado en las políticas públicas de vivienda”, ha destacado.

Colaboración con las CCAA
La ministra también ha recordado la aprobación el pasado martes en Consejo de Ministros de la propuesta de distribución territorial y los criterios de reparto de 430 millones de euros entre las Comunidades Autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla, procedentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR). El acuerdo fue aprobado por unanimidad en la pasada Conferencia Sectorial, que volverá a reunirse esta misma tarde para abordar su ratificación.

En este sentido, Isabel Rodríguez también ha señalado que en el pasado Consejo Informal de Ministros de la UE, celebrado recientemente en la ciudad belga de Lieja, el Gobierno de España planteó a la Comisión Europea que “necesitamos más recursos para la rehabilitación, porque hemos agotado los fondos, hay comunidades autónomas que los han ejecutado completamente y están demandando al Estado más recursos”.

“La política de vivienda no se interviene ni se cambia en una legislatura. Necesitaríamos varias, pero espero que ya en esta seamos capaces de fijar esos buenos cimientos y de levantarlos en torno a lo que deseamos sea el ‘quinto pilar del Estado del Bienestar’, para el cual espero contar con esa alianza y esa colaboración de todos ustedes”, ha concluido.

Tráfico prevé 16,5 millones de desplazamientos por carretera para esta Semana Santa

Interior – 22.3.2024

A las 15:00 horas ha arrancado la Operación Especial de Tráfico de Semana Santa; un dispositivo que la Dirección General de Tráfico pone en marcha para velar por la seguridad y fluidez de los movimientos por carretera y que se desarrollará hasta la medianoche del próximo lunes 1 de abril, festivo en siete comunidades (Baleares, Cantabria, Cataluña, País Vasco, La Rioja, Comunidad Valenciana y Navarra).

Autovías

Los 16.550.000 desplazamientos previstos por carretera suponen un incremento de 1,5 millones sobre las cifras de 2019 y un 1% más que en el 2023, según las estimaciones de la Dirección General de Tráfico.

Este periodo vacacional es uno de los más complicados del año, al aumentar el volumen de desplazamientos que se realizan en un corto espacio de tiempo, con orígenes y destinos similares y realizados en los mismos días y horas.

Como es habitual y haciéndolo concurrir con los días festivos, la operación se desarrolla en dos fases, coincidentes con el mayor número de desplazamientos y en los que se concentran casi el 90% de los movimientos previstos.

  • La primera fase comienza el viernes 22 a las 15.00 horas y finaliza en la medianoche del domingo 24 de marzo. En esta fase están previstos 4,2 millones de movimientos por carretera.
  • La segunda fase, más importante que la anterior por volumen de desplazamientos de vehículos a lo largo de toda la red viaria, comenzará a partir del miércoles 27 de marzo y finalizará el lunes 1 de abril.

Previsiones de circulación y medidas en la primera fase

Las previsiones de circulación elaboradas por Tráfico contemplan que desde primeras horas de la tarde del viernes 22 (de las 15 a las 22 horas y, especialmente, entre las 18 y las 21 horas) podrán producirse problemas de circulación y retenciones en las salidas de las grandes ciudades, además de en los accesos a zonas turísticas de costa al coincidir los desplazamientos de largo recorrido por el comienzo del periodo vacacional con los movimientos cortos habituales de fin de semana.

El sábado 23 por la mañana continuará el tráfico intenso de salida de los grandes núcleos urbanos (entre las 9 y las 14) y que se añadirá a la circulación de vehículos cuyo destino sea las zonas de recreo y esparcimiento cercanas a ellos.

El domingo 24 se cerrará esta primera fase de la operación especial con el retorno de los que han disfrutado del fin de semana por lo que se producirán retenciones por la tarde-noche (especialmente entre las 18 y las 22) en los accesos a las ciudades, aunque de menor intensidad que otros domingos.

Para garantizar la seguridad vial de todos aquellos que se desplacen y, al mismo tiempo, facilitar la movilidad y la fluidez en las carreteras, la DGT cuenta durante estos días con la máxima disponibilidad de los medios de los que dispone, tanto técnicos (radares fijos y móviles de control de velocidad, helicópteros y drones, además de cámaras y furgonetas camufladas para el control del uso del móvil y del cinturón de seguridad) como humanos (agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, personal funcionario de los Centros de Gestión de Tráfico, patrullas de helicópteros y personal encargado del mantenimiento de equipos y de la instalación de medidas en carretera).

Además, durante estos días, se implantarán medidas de ordenación y regulación del tráfico como la instalación de carriles reversibles que faciliten la circulación de entrada o de salida de los núcleos urbanos en función de las necesidades, la paralización de obras o las restricciones a determinados vehículos de mercancías, en tramos y horas concretas.

Tráfico insiste también, a la hora de preparar el viaje, no solo de informarse de la situación del tráfico en tiempo real y de las incidencias que puedan existir, ya sea desde las cuentas de Twitter @informacionDGT y @DGTes, en los boletines informativos en radio y televisión o en el teléfono 011, sino también tener en cuenta los posibles itinerarios alternativos que ayuden a evitar las zonas más conflictivas.

El juez de la Audiencia Nacional responde a Suiza que los tratados internacionales suscritos entre ambos países impiden rechazar el auxilio judicial por motivos políticos en causas de terrorismo

Miércoles, 21 de febrero de 2024

El juez de la Audiencia Nacional responde a Suiza que los tratados internacionales suscritos entre ambos países impiden rechazar el auxilio judicial por motivos políticos en causas de terrorismo

Considera “inadmisible” la petición de explicaciones sobre una hipotética ley de amnistía y recuerda que en España y la UE existe separación de poderes

Autor Comunicación Poder Judicial

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha dictado un auto en el que responde a las autoridades de Suiza que los tratados internacionales suscritos por ambos países prohíben rechazar la solicitud de asistencia judicial con base en motivos políticos en esta causa de Tsunami Democratic en la que se investigan delitos de terrorismo.

El auto del juez explica que, desde el mes de noviembre, fecha en la que se cursó la primera comisión rogatoria al país helvético se solicitó también una reunión de coordinación en el marco de Eurojust con carácter urgente con la voluntad de aclarar las cuestiones relativas de auxilio judicial de la Audiencia Nacional, sin haber obtenido respuesta por parte de las autoridades suizas.

Esta situación, para el juez, resulta particularmente extraña, atendiendo la confianza recíproca que suele caracterizar la cooperación entre ambos Estados. “Se desconoce la razón por la que no se ha efectuado hasta el momento la reunión solicitada por este instructor, pero debe recordarse que la experiencia demuestra que la mejor manera de obviar comunicaciones reiterativas, referencias a noticias de prensa o equívocos es la comunicación directa entre las autoridades competentes”, apunta.

El magistrado reitera la necesidad de materializar esa reunión de coordinación y, mientras tanto, responde en su auto a las cuestiones planteadas por las autoridades de Suiza.

Inadmisible petición de explicación sobre una supuesta ley de amnistía

En su auto, el juez considera que es “llamativa” la solicitud de explicación que figura en la comunicación suiza en relación con las posibles consecuencias de una ley de amnistía en relación con los miembros de la plataforma Tsunami Democratic y con la investigada Marta Rovira.

García Castellón recuerda que, en el Reino de España, así como en las democracias de la UE la función de los jueces “es juzgar y hacer ejecutar lo juzgado” y añade que el Poder Judicial es un poder separado e independiente al legislativo y al ejecutivo y que, por tanto, no es función de los jueces ni elaborar leyes ni participar en su redacción, como tampoco lo es del legislador o del ejecutivo inmiscuirse en la función de juzgar, calificar o sentenciar.

Indica que en la comunicación recibida por las autoridades de la Confederación Helvética se insta a este instructor a dar “explicaciones” sobre una ley que “se está preparando” de la que la autoridad de ejecución ha tenido conocimiento “por la prensa”. Para el instructor, “la explicación resulta manifiestamente inadmisible y no se puede sustanciar por este magistrado, sin entrar en más consideraciones de fondo”.

Además, subraya que, en un Estado con poderes separados, no corresponde a los jueces formular opiniones consultivas sobre leyes en trámite, ni hipótesis sobre normas no publicadas ni en vigor, tal y como, de buen seguro, ocurre en Suiza. Este magistrado, advierte el juez, “desconoce cualquier cuestión relativa a la norma citada en la comunicación, y tampoco alcanza a advertir qué interés puede tener para quien atiende a una solicitud de naturaleza jurisdiccional, interrogar sobre una hipotética norma no aprobada”.

Incoherencia del planteamiento suizo respecto al trasfondo político

Como corolario a esta singular solicitud, indica el magistrado, “debe subrayarse en la respuesta a Suiza la incongruencia que se advierte en la redacción de la petición, pues, de un lado el remitente refiere un pretendido trasfondo político de la solicitud de cooperación judicial y simultáneamente el remitente se interesa llamativamente sobre una cuestión de naturaleza eminente política ajena al estricto marco jurisdiccional en que debe ventilarse esta clase de solicitudes. Semejante incoherencia podría hacernos pensar que el sesgo político más bien atiende a la voluntad del responsable que recibe la comunicación. Puesto que se plantea una cuestión que nada tiene que ver con la función de este instructor, la respuesta no puede ser otra que abstenerse de consideración alguna”.

En relación con la petición de localización de Marta Rovira, el juez explica que ha acudido a la vía de la cooperación judicial pues al tratarse de recabar información sobre el domicilio de una persona que afecta a un derecho fundamental reconocido en la Constitución ha entendido que el instrumento que ofrece mayor garantía es la cooperación judicial y no la vía policial.

Desde un punto de vista de la proporcionalidad el magistrado explica que si bien se trata de un dato de carácter personal y que responde la negativa de la investigada a facilitar su paradero posee unos efectos invasivos mínimos.

Respecto a la petición de información bancaria, el juez precisa que se fija hasta junio de 2020 porque es la fecha en que se tiene conocimiento de la voluntad de perpetrar actuaciones por parte de Tsunami Democratic.

El magistrado añade que la actuación de este grupo u organización no se circunscribe a un solo acto, como se describe en la comisión rogatoria remitida, sino que abraza diversas acciones, que se ven interrumpidas por la crisis sanitaria de principios del año 2020, y que tratan de reactivarse, sin éxito, a mediados del año 2020.

Enero cierra con una subida de tres décimas del IPC, que alcanza el 3,4 %

Enero cierra con una subida de tres décimas del IPC, que alcanza el 3,4 %

15 febrero, 2024 USO

La inflación subyacente se reduce dos décimas hasta el 3,6 %

El incremento del recibo de la luz ya se ha dejado notar en la subida del IPC de enero que se sitúa en el 3,4 %, tres décimas más que el registrado en diciembre. La inflación subyacente, según datos del INE, se reduce dos décimas hasta el 3,6 %.

“La subida de los precios de la electricidad –hasta el 9,4 %-, en el que repercute la subida del IVA que se le aplica, y, en menor medida, del gas (7 %), junto con la continua subida de la alimentación –en enero, en el 7,4 %-, vuelven a poner el final de mes mucho más cerca.
Que los precios de bienes asociados a la vida cotidiana sigan aumentando su coste no contribuye a poder vivir dignamente. La subida del precio de la cesta de la compra es un suma y sigue y sorprende que todavía haya algunos que se lleven las manos a la cabeza por el tan necesario, para muchos, incremento del SMI”, recalca Joaquín Pérez, secretario general de USO.

Por otro lado, el precio de la gasolina, que ha subido menos que en enero de 2023, ha contenido esta subida del IPC. “Sin embargo, ya llevamos semanas viendo cómo aumentan los precios de gasolina y diésel, casi a diario, y notando cómo cuesta cada vez más llenar el depósito. Si los precios de los carburantes siguen comportándose así, y energía y alimentación continúan subiendo, en febrero estaremos hablando de una inflación mucho mayor que dificultará, y mucho, la vida a todos. Porque, además, los salarios no crecen como deberían. En enero, los salarios regulados en convenio solo crecieron de media el 2,83 %. Quizás vuelve a ser el momento de saber qué políticas a medio plazo tiene el Gobierno para que no se siga perdiendo tanto poder adquisitivo”, apunta Pérez.

La Audiencia de Barcelona fija el criterio sobre el cómputo del plazo de formulación de reclamaciones sobre cláusulas abusivas

Miércoles, 20 de marzo de 2024

La Audiencia de Barcelona fija el criterio sobre el cómputo del plazo de formulación de reclamaciones sobre cláusulas abusivas
Resuelve por mayoría que el plazo debe empezar a computar desde enero de 2017

Autor Comunicación Poder Judicial

La sección 15 de la Audiencia de Barcelona ha fijado el criterio para computar el plazo para formular reclamación a las cláusulas abusivas.

El tribunal ha resuelto, por mayoría, que el plazo debe empezar a computar desde enero de 2017, cuando hay elementos que le permiten afirmar que un consumidor medio era consciente de los derechos que la Directiva 93/13 le reconoce contra una cláusula abusiva de gastos.

Esta decisión de la sección 15ª de la Audiencia Provincial de Barcelona, sobre el inicio del cómputo del plazo que el consumidor tiene para reclamar al Banco, la parte de los gastos de la formalización de los contratos de préstamo hipotecario, que había asumido abusivamente

La sentencia contiene voto particular discrepante de uno de los magistrados.

La Audiencia de A Coruña considera ilegítima la intromisión en el derecho al honor de una mujer a la que un banco incluyó en ficheros de morosos

Martes, 19 de marzo de 2024

La Audiencia de A Coruña considera ilegítima la intromisión en el derecho al honor de una mujer a la que un banco incluyó en ficheros de morosos

La Sala descarta la concurrencia del requisito de la existencia de una deuda cierta, líquida y exigible

Autor Comunicación Poder Judicial

La sección cuarta de la Audiencia Provincial de A Coruña ha confirmado la declaración de intromisión ilegítima en el derecho al honor de una clienta de un banco debido a su inclusión en dos ficheros de morosos, a instancia de la entidad financiera, quien deberá indemnizar a la demandante con 3.000 euros por daños morales ocasionados. El tribunal ha confirmado, de esta forma, una sentencia emitida por el Juzgado de Primera Instancia número 8 de A Coruña y ha desestimado el recurso de apelación interpuesto por el banco.

La Sala explica en la resolución que, cuando la deuda fue comunicada al fichero, en diciembre de 2020, la demandante ya la había cuestionado a través de una reclamación dirigida al servicio de atención al cliente de la entidad bancaria, el 21 de septiembre de 2020. La respuesta, de fecha 16 de octubre, según indican los magistrados en la resolución, no fue satisfactoria para la clienta, por lo que en noviembre de 2021 ejercitó contra el banco una demanda de nulidad del contrato de préstamo con tarjeta de crédito por usurario o, subsidiariamente, por contener cláusulas abusivas, cuando ya se habían incorporado sus datos a los ficheros automatizados (enero de 2021), manteniéndose en ellos hasta mayo del 2022, fecha del requerimiento de la demandante para que se retirasen sus datos de los ficheros, a pesar de que finalmente recayó sentencia del Juzgado de Primera Instancia número 11 de A Coruña, de 1 de diciembre de 2022, que estimó la petición subsidiaria de declaración de cláusulas abusivas del contrato y condenó al banco a la devolución de las cantidades percibidas en concepto de intereses remuneratorios con sus intereses legales.

“Por tanto, al haber pagado la mayor parte de su deuda, restando 3.317 euros de principal, de un total de 12.202 euros; y haber obtenido una sentencia en la que se condenó al banco a la restitución de cantidades a su cliente por aplicación de cláusulas abusivas, que supone realizar una liquidación de la deuda por compensación, no puede considerarse que la comunicación de los datos de la actora al fichero de morosos se haya realizado por el acreedor concurriendo el requisito de la existencia de una deuda cierta, líquida y exigible, sino justificadamente controvertida por la ahora demandante”, destaca la Audiencia en el fallo.

En la sentencia, la Sala destaca diversas resoluciones de la propia Audiencia Provincial de A Coruña en las que ya realizó “algunas consideraciones generales” sobre la cuestión a debate. En ellas, subraya que, para la inclusión de los datos del deudor en ficheros relativos al cumplimiento de obligaciones dinerarias, “la deuda debe ser, además de vencida y exigible, cierta, es decir, inequívoca, indudable”. Por tal razón, advierte que “no cabe incluir en estos registros datos personales por razón de deudas inciertas, dudosas, no pacíficas o sometidas a litigio”. Además, el tribunal recala que, por lo general, ha vinculado el cumplimiento de estos requisitos “a la inexistencia de controversia sobre la deuda cuando se produce la comunicación de los datos al fichero de morosos”. Así, señala que si el titular de los datos considera razonable y legítimamente que no debe lo que se le reclama, y así se lo ha hecho saber al acreedor, “la falta de pago no es indicativa de la insolvencia del afectado y, por tanto, el tratamiento de sus datos en uno de estos ficheros no es pertinente”. La Audiencia recuerda que “tampoco puede utilizarse la inclusión en el fichero de morosos como una medida de presión para zanjar disputas con el cliente sobre la existencia o cuantía de la deuda”.

El déficit comercial se redujo un 5,7% en enero respecto al mismo mes del año anterior, hasta los 3.728,8 millones de euros, gracias al componente no energético

18 de marzo 2024 mineco.gob.es

https://portaledicion.mineco.gob.es/MediaNoticia/mineco/prensa/imagenes/2024/03/20240318_foto.jpeg
  • El déficit del comercio de bienes no energéticos en enero se redujo hasta los 468 millones de euros, menos de la mitad que en enero de 2023, cuando se situó en 1.107 millones de euros. Este resultado supone el segundo menor déficit no energético en un mes de enero desde 2015, solo ligeramente por detrás de enero de 2021, situado en 443 millones de euros
  • Las exportaciones españolas de bienes alcanzaron los 30.144,2 millones de euros en enero, un 4% más que el mes anterior
  • Destacan las exportaciones del sector automóvil (crecimiento del 19,1% interanual), alimentación, bebidas y tabaco (+9,4%), y bienes de equipo (+9,2%), que han compensado con creces la disminución en las exportaciones energéticas, que han descendido en un 35%
  • Con la Unión Europea y la zona euro se obtuvo superávit comercial en enero, 2.892,4 y 3.058,1 millones de euros respectivamente, apoyado en que las exportaciones a muchos de nuestros principales mercados, como Francia, Alemania o Portugal han alcanzado cifras récord para el mes. También han alcanzado máximos para enero las exportaciones a otros mercados como el Reino Unido, Turquía, Suiza o México 
  • El número de exportadores regulares creció un 4,8% en enero de 2024 y sus exportaciones representaron el 95,8% del total, un 0,2% más que en el mismo mes del año anterior

El déficit comercial se redujo un 5,7% en enero respecto al mismo mes del año anterior, hasta situarse en 3.728,8 millones de euros. Como recoge el Informe Mensual de Comercio Exterior, elaborado por la Secretaría de Estado de Comercio, esto ha sido posible gracias al buen comportamiento de las exportaciones no energéticas, entre las que destacan las del sector automóvil (crecimiento 19,1% interanual), alimentación, bebidas y tabaco (9,4% interanual), y bienes de equipo (9,2% interanual), que han compensado con creces la disminución en las exportaciones energéticas, que han descendido en un 35%.

El déficit del comercio de bienes no energéticos en enero se redujo hasta los 468 millones de euros, menos de la mitad que en enero de 2023, cuando se situó en 1.107 millones de euros. Este resultado supone el segundo menor déficit no energético en un mes de enero desde 2015, solo ligeramente por detrás de enero de 2021, situado en 443 millones de euros.

Las exportaciones españolas de mercancías alcanzaron los 30.144 millones de euros en enero de 2024, lo que supone un aumento de cerca del 4% frente al mes anterior. Se trata de la segunda mejor cifra de la serie histórica para el mes de enero. Por su parte, las importaciones se situaron en 33.873 millones de euros.

Superávit comercial con la Unión Europea y zona euro 

A pesar del complejo contexto internacional, que ha supuesto un descenso interanual de las exportaciones del 2,5%, en línea con otros países de nuestro entorno, como Francia e Italia, España registró superávit comercial con la Unión Europea y la zona euro en enero, de 2.892,4 y 3.058,1 millones de euros respectivamente, apoyado en las exportaciones en cifras récord para el mes a muchos de nuestros principales mercados, como Francia (crecimiento del 8,1% interanual), Alemania (3,8% interanual) o Portugal (3,3% interanual). 

También se redujo el déficit comercial con los destinos extracomunitarios, hasta los 6.621,2 millones de euros, incrementando las exportaciones a otros mercados como el Reino Unido (12,8% interanual), Polonia (9,1% interanual), Turquía (6,9% interanual), Suiza (9,6% interanual) o México (30% interanual).

Por comunidades autónomas, los incrementos de exportaciones más destacados se produjeron en Extremadura (28,7%), Canarias (24,2%) y la Comunidad Foral de Navarra (16,9%).

El número de exportadores regulares creció un 4,8% en enero de 2024 hasta los 30.497 exportadores. Exportadores regulares son los que han exportado en el año de referencia y en cada uno de los tres inmediatamente precedentes. Estos operadores exportaron un total de 28.874,7 millones de euros, el 95,8% del total, un 0,2% más que en el mismo mes del año anterior.

El informe completo y la nota metodológica se pueden consultar en esta dirección web dentro del Portal de Comercio???.

La creación de empresas aumenta el 8,8% anual, superando las cien mil operaciones por tercer año consecutivo

13/03/2024   Registradores

El Anuario Mercantil que publica el Colegio de Registradores recoge una estadística transaccional de las principales operaciones societarias que se inscriben en los Registros Mercantiles y que tienen especial significación en el ciclo económico. Este informe complementa y amplía la información proporcionada en los informes trimestrales de coyuntura. El informe completo se puede consultar en el enlace Web.

La constitución de sociedades mercantiles en 2023 aumentó un 8,8% sobre 2022. En años anteriores, hasta 2019, se constituían en torno a las 95.000 operaciones, con un descenso importante en 2020, afectado por la pandemia. Con el dato de 2023 se superan por tercer año consecutivo las 100.000 operaciones, cifra solo alcanzada en 2016 durante la última década, aunque todavía permanece muy por debajo de sus máximos históricos, situados alrededor de las 150.000 constituciones en el año 2006.

En lo referente a la composición sectorial de actividad de las nuevas empresas, un 42,8% de las nuevas constituciones se reparten prácticamente por igual entre comercio y otros servicios (no financieros, inmobiliarios o de comunicaciones), un 11,3% pertenecen al sector de la hostelería, frente al 10,9% que representaba el año anterior; y un 24,4% (23,7% en 2022) se lo reparten la construcción y los servicios inmobiliarios, que ocupan casi una de cada cuatro sociedades mercantiles creadas.

Con relación a la evolución anual de los sectores anteriores respecto al año anterior: la Construcción se incrementó un 4,1%, la Hostelería un 3,8% y las Actividades Inmobiliarias, un 1,3%. En sentido contrario, ha disminuido de forma más significativa el sector Financiero y de Seguros (-5,4%), Transporte y Almacenamiento (-4,6%), Información y Comunicaciones (-2,9%), y Comercio (-2,3%)

Nuevas sociedades versus magnitudes macroeconómicas

La desaceleración de la actividad se incrementó drásticamente en 2020 debido a la pandemia, produciendo la mayor caída de la serie histórica, con descensos importantes en las constituciones y los indicadores de inversión. Desde entonces, se ha invertido la tendencia negativa y, aunque en 2022  la economía se vio afectada por el impacto de la guerra y la crisis energética, los fondos europeos han ayudado a la recuperación y han revitalizado el tejido económico español. Así, 2023 marca un punto de estabilización, con repuntes del 8,8% en la creación de empresas, e incrementos en el PIB (2,0%) y sus componentes: la formación bruta de capital fijo (1,6%) y la parte del mismo indicador correspondiente a maquinaria y bienes de equipo (1,2%).

Formas societarias

En 2023 las Sociedades Limitadas mantienen, un año más, su predominio absoluto, llegando al 98,7% del total, mientras que las sociedades anónimas mantienen el 0,4% del total de constituciones, porcentaje similar al año anterior. Con relación a tipologías societarias específicas, se puede destacar, con relación a los negocios transnacionales, que en 2023 se han inscrito 177 sucursales de sociedades extranjeras constituidas en nuestro país, frente a las 162 inscritas en 2022.

Plazos de tramitación en la creación de sociedades

El plazo medio de tramitación para constituir sociedades de forma presencial, entendiendo dicho plazo desde la solicitud de admisión del nombre previsto en el Registro Mercantil Central, pasando por la escritura de constitución ante notario, hasta la inscripción en el registro mercantil, fue muy similar a los últimos años, alcanzando en 2023 una media de 54,4 días, ligeramente superior al año anterior. De éstos, 7,1 días corresponden al período que transcurre entre la presentación y la inscripción en el registro mercantil correspondiente. En cuanto a la tramitación telemática, considerando los mismos pasos anteriores, supuso 38,1 días, muy similar al año anterior. Entre la presentación telemática y la inscripción en el registro mercantil provincial correspondiente transcurrieron 4,7 días, frente a los 5 días del año anterior.

Extinciones y concursos de acreedores

Las extinciones inscritas en 2023 interrumpen la senda de incrementos desde 2010, a excepción de 2020 debido a la paralización de la economía por la pandemia. Este año se han registrado 33.020 extinciones, un 11,3% menos que el año anterior. La proporción de extinciones sobre constituciones durante el año pasado disminuyó respecto al año anterior, alcanzando el 30,3% (un 37,2% en 2022). Dato significativo, ya que antes de las crisis de 2008 este porcentaje se situaba alrededor del 10%.

Los concursos de acreedores habían repuntado ligeramente desde 2018, después de varios años con descensos en torno al 20%, ralentizados hasta el 9,3% en 2017. En 2020 descendieron un 5,6%, afectados por la llamada “moratoria concursal” del RDL 16/2020, que permitía que las sociedades en dificultades pudieran retrasar el deber de solicitar el concurso, manteniéndose aun así en torno a los 3.500 concursos anuales, cifra similar a los tres años anteriores. En 2021 y, sobre todo, en 2022, se sobrepasó claramente esa cifra (5.248 en 2022), un 11,3% más que el año anterior, pero el 53,1% más respecto a dos años antes, comenzando a mostrarse el efecto real de la pandemia. En 2023, se alcanzaron los 3.939 concursos, un 24,9% menos que el año anterior, acercándose a valores parecidos al período anterior a 2021.

Depósitos de cuentas

Un año más, destaca el uso de la tecnología en la presentación de los depósitos individuales al registro mercantil: el depósito digital telemático representó el 93,1% del total y el digital presencial el 2,1%, siendo en formato papel únicamente el 4,8% restante. Por lo tanto, más de 95 de cada 100 depósitos de cuentas se presentaron en formato digital.

El número de cuentas presentadas en 2023, correspondiente a cuentas anuales del ejercicio 2022, se ha incrementado ligeramente el 1,0% respecto al año anterior, alcanzando 1.303.766 depósitos. 2020 supuso una importante disminución del 13,0% respecto al año anterior, motivado por la ampliación de los plazos de presentación y las dificultades de las empresas en realizar su actividad por las medidas decretadas ante la crisis sanitaria. Esta situación provocó un incremento de depósitos coyuntural durante los siguientes meses, que supuso que en 2021 se alcanzaran los 1.349.530 depósitos, el máximo histórico, con un aumento del 29,4% sobre 2020. En los últimos tres años, tras la pandemia, se alcanzan cifras elevadas en la presentación de cuentas, en torno a 1.300.000 depósito de cuentas.

Con relación a los grupos consolidados, el número de depósitos presentados fue de 4.561, un incremento del 6,9% respecto al año anterior.

En cuanto a los traslados de sede social entre Comunidades Autónoma en 2023, es interesante observar los saldos netos de variación (entradas y salidas), teniendo en cuenta las inscripciones confirmadas en el registro de destino. Los datos son heterogéneos, produciéndose movimientos en cualquier sentido. En la parte positiva, Madrid presenta un saldo a favor de 44 sociedades, seguido de Galicia y Castilla-La Mancha con 37, y la Comunidad Valenciana y Canarias con 35. En sentido contrario, Cataluña presenta un saldo negativo de 160 sociedades, seguido de Castilla y León con 28 y Murcia con 18 menos.

Mujer de más de 55 años y mujer parada de muy larga duración, los perfiles más abundantes en el desempleo

15 marzo, 2024 USO

Al paro registrado de febrero, se suman más de 725.000 fijos discontinuos en periodo de inactividad y algo más de 10.000 personas en ERTE

La media de duración de un contrato es de 48,5 días, 10 menos que en 2021, antes de la última reforma laboral

Se han multiplicado las dimisiones entre los indefinidos, siendo hoy la causa de la mayoría de bajas en la Seguridad Social

Las mujeres de más de 55 años y las que llevan más de 2 años en paro suponen los tramos de mayor porcentaje de parados del total de desempleo registrado. Las personas con más de 59 años son el quinquenio más golpeado por el paro, pues suponen el 16 % del total. Sin embargo, son las mujeres las que, desde los 40 años, representan 3 puntos más de paro que los hombres.

Así, las que tienen más de 55 años son el 18,9 % del total de parados. Prácticamente uno de cada cinco parados en este país es una mujer de más de 55 años. En general, la edad se va convirtiendo en un factor de riesgo de desempleo conforme avanza. Los menores de 30 años, que se van incorporando escalonadamente al mundo laboral según terminan sus estudios, no tienen unas cifras brutas de paro tan abultadas. Hay que tener en cuenta, no obstante, que es mucha más la población española con más de 54 años que entre 16 y 30.

Por tiempo en el paro, el perfil de una persona vuelve a ser claro: una mujer. Una de cada dos lleva más de un año en paro. Y el 18,3 %, más de dos años. Es el porcentaje que más destaca, casi duplicando al siguiente, que son los hombres con más de dos años en paro: suponen el 10 % del total de desempleados.

En todos los tramos temporales de búsqueda de empleo hay más mujeres: es normal, puesto que el 60 % de los parados son mujeres. Y, como se comprueba, a ellas les cuesta más retornar al mundo laboral, pues las diferencias se ahondan conforme pasa el tiempo.
“Las políticas para fomentar la igualdad en el trabajo tienen unos resultados demasiado lentos. Y esto ocurre porque no va aparejado de un cambio en la mentalidad de los estereotipos: es necesario alcanzar una corresponsabilidad real para evitar que la mujer siga siendo la gran perjudicada por los cuidados”, reivindica Joaquín Pérez, secretario general de USO.

Sospechosos abandonos de trabajos indefinidos
Con el “Análisis del mercado laboral de febrero”, elaborado por el Gabinete de Estudios de USO, salta a la vista que el empleo y la contratación son hoy más volátiles que antes de la reforma laboral vigente. Así, la media de duración de un contrato es de 48,5 días, mientras que en 2021 era de 58. Esto, a pesar de haber crecido la contratación indefinida desde 2022.

“Han aumentado los contratos indefinidos, pero no su estabilidad. En enero de 2022, el mayor volumen de bajas en la Seguridad Social se daba por baja voluntaria entre los eventuales. Algo comprensible si encontraban un trabajo mejor. Sin embargo, ahora las mayores cifras de bajas, el doble que antes y mucho más que cualquier otra causa, se da en las bajas voluntarias de los indefinidos. Estamos en un país donde encontrar un empleo no es fácil, ¿de verdad tanta gente deja voluntariamente un contrato indefinido si de verdad lo es? En realidad, lo que pensamos que está ocurriendo es que la gente acepta bajas voluntarias con el siguiente contrato firmado. Por eso, a pesar del crecimiento de la contratación indefinida, seguimos viendo los viejos vicios de altas los lunes y bajas los viernes en la Seguridad Social”, alerta Joaquín Pérez.

También han crecido notablemente, se han quintuplicado en dos años (aumento del 391,8 %), las bajas de indefinidos por no superar el período de prueba. “En algunos casos, puede ser real; pero, en general, es una forma barata de utilizar temporalmente a trabajadores sin pagar indemnizaciones”, apunta Pérez.

Contratos cada vez más cortos y de menos horas
La contratación temporal de menos de una semana es cada vez más alta: del 24% de 2022 al 38,3 % actual. Más de la mitad de los contratos temporales dura menos de un mes. Y, en cuanto a la temporalidad y la parcialidad, el perfil, como en el de paradas más vulnerables, también es femenino. Los contratos indefinidos a tiempo parcial son en un 69 % para mujeres; pero también son mayoría en la menor jornada de los contratos temporales: 62 %. De hecho, en todos los contratos temporales hay un mayor peso de la mujer, cercano al 60 % tanto en el temporal a jornada completa como entre los fijos discontinuos.

El contrato estrella de la última reforma laboral, de hecho, tiene más de discontinuo que de fijo. Y, por ello, en febrero había más de 725.000 inactivos. Es decir, personas con contrato en vigor, pero que no están efectivamente trabajando, pero que no se suman a los casi 3 millones de parados.

“Con un panorama laboral de contratos efímeros y trabajos por horas, no es de extrañar que hoy la jornada media sea dos horas inferior a 2008 y casi 1 a antes de la pandemia. Hay un récord de ocupación, pero repartiendo las mismas horas de trabajo. Por eso, la jornada media es de 31,3 horas y, por supuesto, los salarios son equivalentes. Sin un cambio económico estructural, con una diversificación de sectores, el tipo de empleo seguirá siendo temporal y parcial”, expone el secretario general de USO.

“La reforma laboral es un capítulo sin cerrar. El más urgente es el del despido, que no salga tan barato despedir a indefinidos. Apostamos por un régimen sancionador de escala para empresas que sistemáticamente despidan a indefinidos antes de un año, demostrando que el contrato nunca tuvo naturaleza de indefinido. Y, además, consideramos que debe haber un refuerzo de Inspección para una campaña especial que controle la recontratación de quienes se fueron con baja voluntaria”, pide Joaquín Pérez.

La autoridad de control de un Estado miembro puede ordenar la supresión de datos tratados ilícitamente, incluso sin que medie solicitud previa del interesado

Luxemburgo, 14 de marzo de 2024

Tribunal de Justicia de la Unión Europea

Sentencia del Tribunal de Justicia en el asunto C-46/23 | Újpesti Polgármesteri Hivatal
Protección de datos personales: la autoridad de control de un Estado miembro puede ordenar la supresión de datos tratados ilícitamente, incluso sin que medie solicitud previa del interesado

Dicha supresión puede tener por objeto tanto los datos obtenidos de esa persona como los procedentes de otra fuente

En 2020, la Administración municipal de Újpest (Hungría) decidió ayudar económicamente a personas vulnerables como consecuencia de la pandemia de COVID-19. A tal fin solicitó al Tesoro Público Húngaro y a la Oficina del Distrito IV de la Delegación del Gobierno en Budapest Capital que le facilitasen los datos personales necesarios con el fin de verificar los requisitos para poder optar a la ayuda.

Alertada por una denuncia, la autoridad húngara encargada de la protección de datos («autoridad de control») comprobó que tanto la Administración de Újpest como el Tesoro Público Húngaro y la Oficina de la Delegación del Gobierno habían infringido las normas del RGPD. 1 Ello dio lugar a la imposición de multas.

La autoridad de control señaló que la Administración de Újpest no había informado a los interesados, en el plazo de un mes señalado a tal efecto, ni de la utilización de sus datos y la finalidad de esta, ni de sus derechos en materia de protección de datos. Además, ordenó a la Administración de Újpest que suprimiera los datos de las personas que podían optar a la ayuda, pero que no la habían solicitado.

La Administración de Újpest impugna esta resolución ante el Tribunal General de la Capital (Hungría). Considera que la autoridad de control no está facultada para ordenar la supresión de los datos personales cuando el interesado no ha presentado una solicitud previa a tal efecto.

El tribunal húngaro solicita al Tribunal de Justicia que interprete el RGPD.

En su sentencia, el Tribunal de Justicia responde que la autoridad de control de un Estado miembro puede ordenar de oficio, es decir, aun cuando el interesado no haya presentado previamente una solicitud a tal efecto, la supresión de datos tratados ilícitamente si esta medida es necesaria para cumplir su misión de velar por el pleno cumplimiento del RGPD. Si dicha autoridad comprueba que un tratamiento de datos no respeta el RGPD, debe subsanar la infracción detectada, incluso sin que medie la solicitud previa del interesado. Exigir que medie esa solicitud implicaría que, a falta de esta, el responsable del tratamiento podría conservar los datos en cuestión y seguir tratándolos ilícitamente.

Por lo demás, la autoridad de control de un Estado miembro puede ordenar la supresión de datos personales tratados ilícitamente tanto cuando estos procedan directamente del interesado como cuando procedan de otra fuente.

Un Juzgado de Vigo anula el proyecto de urbanización del Barrio del Cura

Lunes, 18 de marzo de 2024

Un Juzgado de Vigo anula el proyecto de urbanización del Barrio del Cura
Estima la demanda interpuesta por una comunidad de propietarios de un edificio cercano y condena al Ayuntamiento de Vigo a “corregir las deficiencias detectadas en los planos que delimitan el ámbito del proyecto de urbanización”

Autor Comunicación Poder Judicial

El Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 1 de Vigo ha anulado el acuerdo de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Vigo de fecha 3 de noviembre de 2022 por el que se procedió a la aprobación definitiva del proyecto de urbanización del Barrio del Cura.

De esta forma, ha estimado la demanda interpuesta por una comunidad de propietarios de un edificio cercano, situado en la calle Santa Marta, y ha condenado al Ayuntamiento de Vigo a “corregir las deficiencias detectadas en los planos que delimitan el ámbito del proyecto de urbanización, excluyendo la zona de suelo urbano consolidado en la zona libre de edificación” del inmueble de la calle Santa Marta, así como “a incorporar al mismo todas las determinaciones exigidas por la legislación urbanística en cuanto a la red de gas, el aparcamiento público y la demolición de la guardería”. Además, también lo ha condenado “a diseñar la acera del Novo Vial cumpliendo la normativa sobre accesibilidad”.

La sentencia no es firme, pues contra ella cabe interponer recurso de apelación.

El IPC baja del 3 % por primera vez desde el verano, pero muchos productos siguen subiendo

El IPC baja del 3 % por primera vez desde el verano, pero muchos productos siguen subiendo

14 marzo, 2024 USO

Los alimentos suben menos, pero aun así suben el 5,3 %

Desde 2021, varios productos básicos acumulan subidas por encima del 40 %, como la leche, el azúcar y, especialmente, los aceites: 120,8 %

Los salarios, este mes en una subida cercana al IPC, deben recuperar el poder adquisitivo perdido acumulado

El IPC se ha situado por debajo del 3 % por primera vez desde el verano pasado, con una subida del 2,8 % en febrero. La inflación subyacente, por su parte, sigue bajando lentamente (una décima) y se queda en el 3,5 %.

Los dos principales grupos que han bajado el IPC son de productos básicos: electricidad y alimentos. Sin embargo, es una bajada de inflación muy engañosa.

“Con respecto a los alimentos, no es porque bajen, sino porque suben menos que el año pasado. Aun así, estamos aún ante un aumento de precios de la alimentación de más del 5 %, con productos que siguen subiendo, como el pan y la fruta”, denuncia Joaquín Pérez, secretario general de USO.

Y, en relación a la electricidad, la bajada del precio del kilovatio hora no la notaremos en los bolsillos, al subir los impuestos. Desde USO defendemos una nueva fiscalidad para un producto básico como es la energía en el hogar: un IVA superreducido. El precio de la luz no puede condicionar la vida diaria de millones de familias”, reclama Pérez.

Entre los precios que no solo han subido, sino que lo han hecho más que hace un año, están los del transporte. Ha vuelto a aumentar el precio de los carburantes y también de algunos transportes de pasajeros.

En comparativa con los salarios, “la media pactada por convenio ya está pareja con el IPC, 2,85 %. Pero estamos muy lejos de recuperar el nivel adquisitivo previo a la guerra de Ucrania y la oleada de aumentos en productos básicos. Por ejemplo, los aceites han subido, desde 2021, un 120,8 %. Se han más que duplicado en tres años. El azúcar, un 62 %; la leche y los huevos, un 40 %. Y así, un largo etcétera. De esa pérdida acumulada, mes tras mes, los salarios no se recuperan, y hoy somos más pobres que en 2021”, arremete el secretario general de USO.

“Mientras algunas cadenas alimentarias y de supermercados presumen de incrementar sus beneficios en los últimos meses, se evidencia que parte de esos beneficios cada vez mayores son a costa de las familias”. Por eso, sigue apostando “por una vigilancia en la especulación de los alimentos, con una coordinación entre los ministerios implicados que no deje en el aire de quién es la competencia. Y, con respecto a los salarios, hay que apostar por las cláusulas de revisión y un porcentaje de recuperación de poder adquisitivo”, pide Joaquín Pérez.

Estadística Registral Inmobiliaria – Avance datos mes de enero 2024

12/03/2024  Registradores

El Colegio de Registradores incluye en esta nota informativa un avance de datos provisionales de la Estadística Registral Inmobiliaria, correspondiente al mes de enero de 2024, relativa a compraventas e hipotecas, mediante la comparación de datos con el mismo mes del año anterior.

En enero, las compraventas totales se incrementan de forma moderada respecto al mismo mes del año anterior, después de trece meses de caídas consecutivas. De las 104.112 operaciones realizadas en enero de 2023 se ha pasado a las 106.976 en enero de este año, lo que supone unas 2.800 operaciones más. Por su parte, las compraventas de viviendas también se recuperan, aunque todavía en valores negativos, de las 54.440 inscripciones en enero de 2023 se ha pasado a las 53.478 del pasado enero, reduciéndose en menos de mil operaciones.

Con relación a la constitución de hipotecas en enero, se observa una nueva ralentización del descenso, que comenzó en octubre pasado, en ambas modalidades, totales y de vivienda. Las hipotecas totales pasaron de 47.024 operaciones en enero de 2023 a las 40.420 de enero pasado, unas 6.600 operaciones menos. Las hipotecas de vivienda pasaron de 35.996 operaciones en enero del año pasado a las 31.076 de este año, cerca de 5.000 operaciones menos.

Si se mide la evolución mediante la tasa de variación de las compraventas inscritas en enero de 2024 frente al mismo mes de un año antes se pueden precisar mejor los resultados. Las compraventas totales se han incrementado en enero el 2,8%, mientras que las de vivienda descendieron el 1,8%. En cuanto a las hipotecas totales constituidas, descendieron todavía un significativo 14% en enero, mientras las de vivienda descendieron de forma similar, el 13,7%.

Por territorios, durante el mes de enero de 2024, en la evolución anual de las compraventas totales, en comparación al mismo mes del año anterior, prevalecen los incrementos sobre los descensos, aumentando, sobre todo en la Ciudad Autónoma de Ceuta (29,8%), Castilla y León (28,3%), Galicia (22,1%) y Navarra (19,7%). Por el contrario, disminuyen más en Melilla (-17,5%) y La Rioja (-17,0%).

Con relación a las hipotecas totales constituidas frente a enero del año anterior, descienden en la mayoría de los territorios, destacando en Asturias (-43,1%), Navarra  (-27,3%), Valencia (-21,8%) y Andalucía (-20,3%). Por otro lado, aumentan en Galicia (10,8%) y Castilla y León (1,2%).

Por último, el análisis mensual de la evolución anual de compraventas e hipotecas totales en los registros de la propiedad durante los últimos doce meses, de febrero de 2023 a enero de 2024, mediante la comparación con el mismo mes del año anterior, muestra los siguientes resultados:

Desde los suaves descensos mostrados durante los primeros meses de 2023, se produce una aceleración de la caída desde el mes de junio, llegando a superar el 20% de descenso en  septiembre. En cuanto a compraventas totales, siguen la misma tendencia general, llegando a caer hasta el 20,6% en septiembre, moderando el descenso entre octubre y diciembre, para ponerse en positivo (2,8%) en enero de este año. 

En cuanto a las compraventas de vivienda, siguen la misma tendencia anterior, siempre con caídas algo más pronunciadas, llegando al 24,3% en septiembre, moderando en los meses posteriores su descenso, y mostrando ya un mínimo descenso en enero (-1,8%).

Observando globalmente las hipotecas constituidas, en cuanto a la evolución del número de hipotecas durante los últimos meses, tal y como ocurrió con las compraventas, mantuvieron una tendencia negativa, incluso más pronunciada, situándose con ligeras oscilaciones entre el 15-28% de descenso en los últimos diez meses hasta diciembre, continuando una suave ralentización de los descensos producidos durante los últimos meses.

Las hipotecas totales descendieron el 14,0% durante enero, el menor descenso desde un año antes, mientras que las hipotecas sobre vivienda, siguiendo una línea casi idéntica a las totales, lo hicieron el 13,7%.

La rebaja de los precios garantizará la mejora de la calidad de vida de las personas

La rebaja de los precios garantizará la mejora de la calidad de vida de las personas

El IPC del mes de febrero confirma el proceso de desescalada de los precios de los últimos meses

UGT

14 marzp 2024

Los datos de IPC del mes de febrero, publicados hoy por el INE, sitúan la inflación anual en un 2,8%, seis décimas menos que en enero, confirmando un dato muy positivo que afianza el proceso de desescalada de precios, y que se explica por el abaratamiento anual de la electricidad (-7,7%).

Por su parte, la tasa subyacente, que recoge la inflación de componente más estructural, se reduce una décima respecto al mes anterior, alcanzando una variación anual del 3,5%, su nivel más bajo desde marzo de 2022. Se acumulan así siete meses consecutivos de bajada interanual.

En cuanto a la evolución por grupo de productos, los alimentos se encarecen un 5,4% anual, aunque supone la tasa más baja desde enero de 2022. Dentro de ellos, el aceite de oliva sube un 67%, las patatas un 11,6% y la carne de porcino un 11%. En contraste, el gas natural (-21%), los equipos de telefonía móvil (-10,9%) y los hidrocarburos licuados, como el butano y el propano (-10,1%), registran algunos de los descensos de precios más señalados.

A pesar de la tendencia positiva de los últimos meses, UGT considera fundamental seguir avanzando en la mejora de la inflación, revirtiendo las graves consecuencias sociales que ha generado y cuyo impacto sigue presente. De esta forma, el sindicato recuerda que en 2023 hasta un 37% de los hogares no podía hacer frente a gastos imprevistos y 1 de cada 5 no podía mantener su vivienda a una temperatura adecuada.

Este contexto fue aprovechado por parte del tejido empresarial, cuyos márgenes crecieron desproporcionadamente, sobrepasando en un 16% el dato de 2019 y obteniendo beneficios agregados que en 2023 superaron en un 48% el nivel prepandemia, según los últimos datos del Observatorio de Márgenes.

Por ello, para UGT continúa siendo esencial controlar los márgenes empresariales en algunos sectores productivos, estudiando posibles limitaciones e incentivando la competencia. La reducción de los mismos permitiría garantizar unos precios más asequibles para la población, además de reforzar la senda de crecimiento salarial.

En este sentido, la subida salarial pactada hasta el mes de febrero se sitúa en el 2,8%, todavía por debajo de lo que marca el nuevo AENC (2022-2025), que recoge un alza salarial del 3% para este año, incorporando cláusulas de revisión con incrementos de hasta un 1% en caso de que el IPC interanual al cierre del mismo fuese superior. En consecuencia, UGT considera fundamental seguir favoreciendo el alza de los salarios para mantener el poder adquisitivo de la clase trabajadora y reforzar con ello el proceso de creación de empleo y crecimiento de nuestro país.

El Tribunal Supremo permite al Ayuntamiento de Paredes de Nava (Palencia) implantar un proyecto de energías renovables en una finca comunal dedicada tradicionalmente al uso agrícola

Miércoles, 6 de marzo de 2024

El Tribunal Supremo permite al Ayuntamiento de Paredes de Nava (Palencia) implantar un proyecto de energías renovables en una finca comunal dedicada tradicionalmente al uso agrícola

La Sala Tercera considera ajustado a derecho el acuerdo de 2021 por el que el consistorio acordó el acotamiento de la finca para implantar el proyecto y adjudicarlo en subasta pública

Autor Comunicación Poder Judicial

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha considerado ajustado a derecho el acuerdo del Ayuntamiento de Paredes de Nava (Palencia), de 2021, que acordó el acotamiento de parte de un bien comunal, dedicado hasta la fecha íntegramente al uso tradicional agrícola, para implantar un proyecto de energías renovables, y adjudicarlo en pública subasta mediante precio a terceros que carezcan de la condición de vecinos.

El Supremo estima un recurso del Ayuntamiento y revoca una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León que dio la razón a la Junta Agraria Local, y anuló tanto el acuerdo municipal como la Orden de la Consejería de Presidencia de la comunidad autónoma que avaló la decisión.

El tribunal recuerda que se trata de una finca denominada El Páramo, situada en Paredes de Nava, dedicada al aprovechamiento tradicional agrícola cuyos derechos de aprovechamiento, por cinco años, vencían en septiembre de 2021, fecha de publicación de la nueva ordenanza que aquí se impugna, que tiene una extensión de 948,42 hectáreas, de las que menos de la mitad, 460 hectáreas, han sido acotadas para su posible uso industrial para un fin específico relacionado con la implantación de un proyecto de desarrollo de energía renovable.

“Se trata de un acotamiento que responde a un fin de interés social, como es el fomento de las energías renovables, que tiene engarce directo con la protección del medio ambiente (art. 45 CE) y con los objetivos de desarrollo de tales energías establecidos en la Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio climático, en cumplimiento de los compromisos de reducción de emisiones que derivan del Derecho europeo y del Acuerdo de París de 2015 sobre cambio climático”, añade la sentencia.

Asimismo, señala que el acotamiento realizado permite que algo más de la mitad del bien comunal continúe dedicándose al uso tradicional agrario (y de caza), sin obstaculizarlo o impedirlo, explicándose en la memoria que acompaña a la decisión municipal los criterios tenidos en cuenta para la selección de los terrenos acotados, así como que los rendimientos de su aprovechamiento se destinarán, en primer término, a la mejora de la superficie no acotada y, con ello, a los titulares de sus aprovechamientos (que eran 71 vecinos de una población de cerca de 2000 habitantes), y, en definitiva, a mejoras vecinales, que se detallan, en beneficio de todos los vecinos.

Por otra parte, la sentencia indica que la finalidad legítima a la que pretende dedicarse el acotamiento, la instalación de plantas fotovoltaicas y parques eólicos, impone exigencias derivadas de la legislación sectorial con las imprescindibles habilitaciones y capacitaciones técnicas, profesionales y financieras, “que hacen inviable un aprovechamiento colectivo y simultáneo o peculiar por lotes entre los vecinos, permitiendo, por esta razón, la adjudicación del aprovechamiento a través de la última modalidad prevista en el art. 75 TRLRL, esto es, en subasta mediante precio incluso a terceros que no tengan la condición de vecinos”.