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La Bolsa negocia 40.646 millones de euros en diciembre

13 de enero, 2020

La Bolsa negocia 40.646 millones de euros en diciembre

bolsamadrid.es

•Es un 4,8% superior al del mismo mes de 2018 y el acumulado anual, de 469.626 millones, es un 18,1% inferior
•El volumen intermediado en Renta Fija registra un crecimiento del 66,4% en el año
•La negociación en Derivados Financieros aumenta un 3,3% en 2019

La Bolsa española negoció en Renta Variable en diciembre 40.646 millones de euros, en línea con el mes anterior y un 4,8% más que en el mismo periodo de 2018. La contratación en el conjunto del año ascendió a 469.626 millones de euros, un 18,1% menos que el ejercicio previo. El número de negociaciones acumuladas hasta diciembre descendió un 15,9%, hasta 37,2 millones, tras registrar en diciembre 2,8 millones de operaciones, un 10,0% por debajo de diciembre 2018 y un 11,4% menos que en el mes anterior.

BME alcanzó una cuota de mercado en la contratación de valores españoles del 72,2% para el conjunto del año. La horquilla media del año fue de 4,91 puntos básicos en el primer nivel de precios (un 12,9% mejor que el siguiente centro de negociación) y de 6,88 puntos básicos con 25.000 euros de profundidad del libro de órdenes (un 34,3% mejor), según el informe independiente de LiquidMetrix, disponible en este enlace: www.bmerv.es/esp/Miembros/MIFID_II.aspx. Estas cifras incluyen la contratación realizada en los centros de negociación, tanto en el libro de órdenes transparente (LIT), incluyendo las subastas, como la negociación no transparente (dark) realizada fuera del libro.

El índice IBEX35® registró en 2019 la mejor evolución desde el 2013, con una revaloración anual del 11,8%.

Los mercados de Renta Fija de BME cerraron el año con crecimientos en negociación, nuevas emisiones y saldos vivos. El volumen de contratación fue de 14.618 millones de euros en diciembre, con un incremento del 49,1% respecto al mismo periodo de 2018. La contratación acumulada en el año se situó en 333.958 millones de euros, un 66,4% más.

El volumen admitido a negociación en el mes fue de 28.327 millones, con una subida interanual del 11,5%. En el conjunto del año las admisiones alcanzaron los 326.575 millones, un 4,7% más que en 2018. El saldo vivo creció un 2,1%, hasta 1,6 billones.

El mercado de Derivados Financieros cerró 2019 con un incremento acumulado en la negociación del 3,3%. En esta evolución destacaron los Futuros sobre Acciones, con un aumento del 42,9%; los Futuros sobre Dividendos de Acciones, con un incremento del 60,9%, y los Futuros IBEX 35 Impacto Dividendo, cuya contratación creció un 104,8%. En comparación con el mes de diciembre del año anterior, la negociación aumentó un 5,1% en Futuros sobre IBEX35® y un 23,3% en Futuros sobre Acciones.

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Estrasburgo. Desde el Pont du Corbeau

12 de enero, 2020
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La Sala Tercera del Tribunal Supremo desestima la petición de Joaquim Torra de suspensión cautelarísima del acuerdo de la JEC que dejó sin efecto su acta de diputado del Parlament de Cataluña

12 de enero, 2020

Viernes, 10 de enero de 2020 poderjudicial.es

La Sala Tercera del Tribunal Supremo desestima la petición de Joaquim Torra de suspensión cautelarísima del acuerdo de la JEC que dejó sin efecto su acta de diputado del Parlament de Cataluña

El tribunal no aprecia las razones de especial urgencia que se requieren para un suspensión de este tipo

Autor:Comunicación Poder Judicial

La Sección Cuarta de la Sala Tercera del Tribunal Supremo ha desestimado hoy la suspensión cautelarísima del acuerdo de la Junta Electoral Central que dejó sin efecto la credencial de diputado autonómico del Parlamento de Cataluña del presidente de la Generalitat, Joaquim Torra, por causa de incompatibilidad derivada de la sentencia no firme del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que le condenó por delito de desobediencia.

El alto tribunal rechaza la petición de medida cautelarísima solicitada por Torra al no apreciar las razones de especial urgencia que se requieren para una suspensión de ese tipo, que se hace sin escuchar a la administración cuyo acuerdo se recurre, en este caso la Junta Electoral Central, ni al Ministerio Fiscal.

De hecho, la Sala recuerda que viene considerando en múltiples pronunciamientos que la posibilidad de adoptar esas medidas solo existe cuando concurren circunstancias de una urgencia de mayor intensidad que la que resulta exigible para adoptar medidas cautelares ordinarias (en las que sí se escuchan las alegaciones de la parte contraria).

Después de analizar el escrito del recurrente, la Sala indica que a pesar de su extensión, de 94 folios, no concreta qué circunstancias de especial urgencia concurren para adoptar en este momento la medida que se pide, en lugar de esperar a la resolución normal de esta pieza de medidas cautelares.

Además, añade que las alegaciones sobre el carácter arbitrario e ilegal o radicalmente nulo de la decisión de la Junta, son cuestiones que afectarían al fondo del recurso o en su caso a la resolución normal de esta pieza de suspensión, pero no justifican en ningún caso la adopción de una medida cautelarísima sin escuchar a las demás partes.

Ahora, la Sala estudiará si procede la medida cautelar ordinaria de suspensión del acuerdo de la JEC, que a diferencia de la cautelarísima abre un plazo para que la Junta Electoral y la Fiscalía aleguen lo que estimen pertinente. En este caso se ha reducido a 5 días, la mitad del plazo normal de 10 días que establece la Ley. Torra lo que reclama es que se suspenda el acuerdo de la JEC mientras se resuelve el fondo del recurso que tiene planteado en el Supremo contra dicho acuerdo.

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Juan Carlos Campo Moreno, Ministro de Justicia

11 de enero, 2020
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Las Palmas de Gran Canaria. Playa de las Canteras. Embarcadero

11 de enero, 2020
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El instructor de la causa del ‘procés’ en el Tribunal Supremo pide al Parlamento Europeo que suspenda la inmunidad de Carles Puigdemont y Antoni Comín y ratifica la orden de detención en territorio español

11 de enero, 2020

Viernes, 10 de enero de 2020 poderjudicial.es

El instructor de la causa del ‘procés’ en el Tribunal Supremo pide al Parlamento Europeo que suspenda la inmunidad de Carles Puigdemont y Antoni Comín y ratifica la orden de detención en territorio español

El magistrado Pablo Llarena señala que la inmunidad no sería aplicable en España al estar ya procesados y que no se requeriría suplicatorio

Autor:Comunicación Poder Judicial

El magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo Pablo Llarena, instructor de la causa del ‘procés’, ha acordado en sendos autos notificados este viernes mantener las órdenes nacionales, europeas e internacionales de detención contra el expresidente de la Generalitat de Cataluña Carles Puigdemont y el exconsejero Antoni Comín, así como solicitar al Parlamento Europeo que suspenda la inmunidad como eurodiputados de ambos para continuar la tramitación de las euroórdenes de detención y entrega dictadas contra ellos. En este sentido, comunica a la autoridad de ejecución de dichas euroórdenes en Bélgica que deje sin efecto los plazos para resolver las entregas hasta que la Eurocámara decida sobre los suplicatorios.

Las decisiones del juez instructor se producen tras el periodo de alegaciones que dio a las partes para que se pronunciasen sobre la incidencia en Puigdemont y Comín de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), del pasado 19 de diciembre, referida a la condición de eurodiputado de Oriol Junqueras y al alcance de sus inmunidades.

En primer término, el juez estima los recursos de Puigdemont y Comín contra sus resoluciones de los pasados meses de octubre y noviembre que no les reconocían como eurodiputados basándose en acuerdos al respecto de la Junta Electoral Central. Ahora, de conformidad con la interpretación dada por el TJUE en su sentencia de 19 de diciembre de 2019, reconoce a los recurrentes las inmunidades y privilegios recogidos en el artículo 9, del Protocolo 7 del Tratado de Funcionamiento de la UE (TFUE), en su condición de miembros del Parlamento Europeo.

Sin embargo, desestima los recursos de ambos en lo que atañe a su pretensión de que se revocasen las correspondientes órdenes nacionales de búsqueda, detención e ingreso en prisión, así como las órdenes internacionales y europeas para su detención y entrega, que se mantienen vigentes.

Respecto del contenido material de la inmunidad, el juez Llarena recuerda que la sentencia del TJUE expone que los miembros del Parlamento Europeo disfrutan durante su mandato de los privilegios establecidos en párrafo primero del artículo 9 del Protocolo 7 del TFUE, esto es: a) en su propio territorio nacional, de las inmunidades reconocidas a los miembros del Parlamento de su país y b) en el territorio de cualquier otro Estado miembro, de inmunidad frente a toda medida de detención y a toda actuación judicial. También gozarán de inmunidad cuando se dirijan al lugar de reunión del Parlamento Europeo o regresen de este.

En relación a esta última inmunidad de desplazamiento, los autos indican que, a diferencia del procesado Oriol Junqueras, «la situación de prófugos de la justicia en que se encuentran Carles Puigdemont y Antoni Comín conduce a que sus desplazamientos a las sesiones parlamentarias se verifiquen por sí mismos y al margen de cualquier restricción de libertad de este instructor, de manera que ni deben adoptarse medidas judiciales orientadas a que el Parlamento Europeo pueda operar con plena capacidad a la hora de cumplir la función que tiene encomendada, ni resulta preciso interesar la suspensión de la inmunidad para posibilitar una privación de libertad que esté impidiendo la completa constitución de la Cámara».

Su detención e ingreso en prisión en España no requerirá suplicatorio

En segundo lugar, respecto de la inmunidad en lo que hace referencia a su operatividad en el territorio español, el Protocolo 7 del TFUE les atribuye los privilegios reconocidos a los miembros del Parlamento nacional. «Esta remisión –destaca el instructor– comporta la viabilidad de las órdenes de búsqueda, detención e ingreso en prisión adoptadas con posterioridad al procesamiento de los recurrentes, sin que las mismas estén condicionadas a la petición de suplicatorio o de alzamiento de la inmunidad que les afecta».

Los autos subrayan que tanto la Constitución Española como los reglamentos del Congreso y del Senado establecen que los diputados y senadores no podrán ser ‘inculpados ni procesados’ sin la previa autorización de la Cámara respectiva, lo que la Sala II del Tribunal Supremo ha interpretado, en auto del pasado 14 de mayo, en el sentido de que no es obligado recabar la autorización parlamentaria respecto de cualquier parlamentario que acceda al cargo después de su procesamiento.

Siguiendo aquella resolución, el instructor destaca que entender que la inmunidad opera más allá del momento procesal literalmente marcado en las normas anteriores supondría desbordar el espacio constitucionalmente reservado a esa garantía, e «implicaría olvidar que la inmunidad protege frente a la apertura de procesos concebidos para alterar y perturbar el normal funcionamiento de la cámara legislativa, no para impedir el desenlace de una causa penal en la que el diputado o senador electo ha sido ya procesado, soportando el ejercicio de la acción penal desde un momento previo a la constitución de las cámaras y a su propia incorporación como miembro de cualquiera de ellas».

De este modo, indican los autos, puesto que los recurrentes fueron procesados por Auto de 21 de marzo de 2018, la inmunidad que alcanzaron el 13 de junio de 2019, con ocasión de su proclamación como miembros electos del Parlamento Europeo, «no impone la solicitud de suplicatorio para la adopción de las medidas adoptadas, menos aún cuando la sentencia del TJUE, en su parte dispositiva de la resolución, contempla la posibilidad de que tales medidas sean mantenidas».

Sin perjuicio, añade el magistrado, que como sugiere la propia Abogacía del Estado en el punto 3.2 de su escrito y así se deriva del contenido de la STJUE, en la hipótesis de que en un futuro los procesados fueran materialmente privados de libertad en España, de considerarse justificado y eficaz mantener su prisión, para realizar determinados actos judiciales cuya omisión imposibilite la prosecución del procedimiento o por otros motivos específicos, poder autorizar la asistencia a distintas reuniones parlamentarias (tal y como el TJUE contempla), siempre que no se hubiera suspendido su inmunidad conforme al artículo 9, párrafo tercero, del mismo Protocolo.

Suspensión de inmunidad para las euroórdenes

Sin embargo, el juez Llarena señala que en lo que atañe a los privilegios que ostentan los miembros del Parlamento Europeo en el territorio de cualquier otro Estado miembro, la letra b) del párrafo segundo del artículo 9 del Protocolo 7 del TFUE, otorga inmunidad frente a toda medida de detención y frente a toda actuación judicial fuera de España, lo que afecta a las euroórdenes de detención y entrega.

En este aspecto, la inmunidad cuenta con un contenido material directamente definido en el ordenamiento comunitario, cuya superación exige, como se indica en la sentencia del TJUE, solicitar a la mayor brevedad que el Parlamento Europeo suspenda dicha inmunidad, conforme con el artículo 9, párrafo tercero, del Protocolo sobre los privilegios y las inmunidades de la Unión, indican los autos.

En el auto en el que dirige el suplicatorio al Parlamento Europeo, el instructor defiende la suspensión de la inmunidad de Puigdemont y Comín destacando un amplio relato de los hechos imputados a ambos. Destaca que esos hechos no guardan relación alguna con actividades desempeñadas en el ejercicio de sus obligaciones como europarlamentarios, ya que los mismos, y los delitos que se consideran de aplicación, «se centran en su actuación en años muy anteriores en el tiempo a la adquisición de su condición de diputados al Parlamento Europeo», lo que haría decaer la finalidad de la inmunidad parlamentaria.

En ese marco, resalta que si la acción judicial que se ejerce en este procedimiento penal no se refiere a opiniones o votos emitidos en el ejercicio de las funciones de dichos diputados al Parlamento Europeo y no guarda relación alguna con las actividades desempeñadas en el ejercicio de sus obligaciones parlamentarias, «entonces no se vislumbran indicios de fumus persecutionis, entendidos como elementos de hecho que apunten a que el procedimiento judicial responda a la intención de dañar la actividad política de un diputado y, por tanto, del Parlamento Europeo».

Deber de cooperación leal recíproco de Eurocámara y Estados

El instructor pone de manifiesto que el principio de cooperación leal no solo obliga a los Estados miembros a adoptar todas las medidas adecuadas para garantizar el alcance y la eficacia del Derecho de la Unión, sino que impone también un deber recíproco de cooperación leal del Parlamento Europeo con el órgano jurisdiccional nacional que debe realizar la aplicación del derecho europeo, y destaca que “el procedimiento judicial no responde a la intención de dañar la actividad política de un diputado y, por tanto, del Parlamento Europeo”.

En su petición, que acompaña entre otros documentos del auto de procesamiento y de la sentencia a los otros acusados en la causa del ‘procés’ dictada por el Tribunal Supremo el pasado 14 de octubre, el instructor indica precisamente que a la vista del enjuiciamiento de otros investigados que realizaron aportaciones equivalentes u homogéneas a las que se atribuyen a los parlamentarios procesados, los hechos que se les atribuyen pueden ser constitutivos, sin perjuicio de su enjuiciamiento definitivo, de un delito de sedición así como de un delito de malversación de fondos públicos.

Con todo ello concluye que los delitos objeto de investigación, conforme al ordenamiento jurídico español, tienen un plazo de prescripción más duradero que el periodo parlamentario para el que han sido nombrados los procesados, de suerte que no sólo puede concluirse que el procedimiento judicial no responde a la intención de dañar la actividad política de un diputado y, por tanto, del Parlamento Europeo, sino que la inmunidad podría observarse como un privilegio susceptible de instrumentalizarse para eludir eventuales responsabilidades penales ajenas a la actividad del Parlamento, y como un elemento que perjudica el principio de igualdad ante la ley, además del principio de operatividad judicial en un plazo razonable. Elementos de disfunción que se potencian si se considera que otro encausado que no eludió la actuación jurisdiccional y que alcanzó en las elecciones la facultad de asumir una representación parlamentaria, conforme al ordenamiento jurídico del país al que representa, ha visto imposibilitada su contribución al funcionamiento del Parlamento.

Rechazada de plano la recusación

Por otro lado, el juez Llarena inadmite de plano la recusación formulada contra él por Puigdemont y Comin, en dos de los motivos por ser extemporánea y además haber sido desestimados con anterioridad, y en el tercer aspecto, referido a la supuesta falta de imparcialidad del juez por no haber reconocido su inmunidad como eurodiputados en resoluciones de octubre y noviembre pasados, por no ser apreciable en supuestos en los que el instructor puede revisar su decisión como ha sido el caso.

Por último, el juez también contesta a la alegación de Puigdemont y Comin de que no es delictiva la actuación que se les atribuye y que las órdenes de detención no responden a ningún motivo legítimo, aduciendo que tratan de sancionar penalmente unos comportamientos que no son sino el reflejo del legítimo ejercicio de sus derechos. Denuncian que las órdenes carecen de justificación penal y que se asientan en motivos políticos, conclusión que extraen de que los órganos judiciales de los países que dieron curso a las euroórdenes no consideraran preciso abordar ninguna restricción de libertad y de que las euroórdenes se han retirado en dos ocasiones.

El instructor señala al respecto que, «sin perjuicio de que lo evaluado por los Estados de ejecución es el riesgo de que los recurrentes eludan la jurisdicción en sus respectivos territorios, y no el riesgo (ya materializado) de que sorteen la acción de la Justicia española, debe observarse que estas otras alegaciones no vienen referidas a la interpretación sobre la inmunidad parlamentaria que ha realizado el TJUE, sino que consisten en diversos fundamentos con los que reforzar, extemporáneamente, la improcedencia de la orden de detención que defendieron en sus recursos».

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Strasbourg. Al lado del Pont du Corbeau

10 de enero, 2020
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La Sala Segunda del Tribunal Supremo acuerda que no procede la libertad de Oriol Junqueras ni la petición de suplicatorio al Parlamento Europeo, una vez que ya está condenado en firme

10 de enero, 2020

Jueves, 9 de enero de 2020

La Sala Segunda del Tribunal Supremo acuerda que no procede la libertad de Oriol Junqueras ni la petición de suplicatorio al Parlamento Europeo, una vez que ya está condenado en firme

Los magistrados concluyen que la condena conlleva la exclusión de la condición de europarlamentario que le reconoció el TJUE

Autor:Comunicación Poder Judicial

poderjudicial.es

El Tribunal del “procés” ha rechazado autorizar el desplazamiento del Oriol Junqueras a la sede del Parlamento Europeo, así como acordar su libertad. La Sala entiende que no ha lugar a declarar la nulidad de la sentencia por la que fue condenado a 13 años de prisión y 13 de inhabilitación, ni procede tampoco tramitar un suplicatorio ante el Parlamento Europeo.

La Sala ha dictado dos autos en los que proyecta la doctrina de la sentencia del TJUE sobre la situación actual de Junqueras, una vez que ya está condenado en firme a pena privativa de libertad. En el segundo auto el tribunal resuelve el recurso de súplica que planteó la defensa de Junqueras cuando el Tribunal le denegó el permiso de salida para jurar o prometer su cargo de eurodiputado ante la Junta Electoral Central. Ese recurso, planteado en el marco de una pieza separada a la causa principal, motivó la cuestión prejudicial planteada por la Sala ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

El tribunal concluye que la consecuencia de la condena en firme de prisión es, de acuerdo a la Ley Electoral, inhabilitar a Junqueras como eurodiputado, lo que acuerda comunicar tanto al Parlamento Europeo como a la Junta Electoral Central.

En su escrito los jueces explican que la sentencia por la que Junqueras fue condenado a 13 años de prisión y 13 de inhabilitación por delitos de sedición y malversación de caudales públicos fue el desenlace jurisdiccional de un proceso penal iniciado el 12 de febrero de 2019 y que quedó “visto para sentencia” el 12 de junio del mismo año.

Un día después de que hubieran concluido todas las sesiones de juicio oral y ya iniciado el proceso de deliberación, el 13 de junio de 2019, Junqueras fue proclamado electo por la Junta Electoral Central. Con fecha de 14 de junio la Sala denegó a Junqueras el mencionado permiso de salida.

La Sala considera ineludible subrayar el marco procesal en el que se planteó la cuestión prejudicial para evitar el riesgo de desenfocar el análisis de las consecuencias que tiene la sentencia del TJUE sobre la causa principal que ha concluido en sentencia condenatoria.

Ni era ni es necesaria la autorización del parlamento

La Sala hace suya, y destaca que la aplicaría a futuras situaciones, la novedosa doctrina proclamada por el TJUE que ha fijado que con carácter general cualquier preso preventivo que adquiera la condición de eurodiputado, lo hace desde el momento de su proclamación como electo y ha de ser puesto en libertad para cumplimentar los trámites formales posteriores a esa designación.

El TS señala que la sentencia del TJUE admite, sin embargo, con carácter excepcional el mantenimiento de la medida cautelar de prisión, siempre que el órgano judicial lo considere necesario, después de un juicio ponderativo y justificado por la gravedad de los hechos imputados y por la persistencia de un evidente riesgo de fuga y reiteración delictiva, siempre que se active con la máxima celeridad la suspensión de la inmunidad.

Una vez analizada la doctrina jurisprudencial del TJUE, “aceptada en su literalidad, en su espíritu y en su integridad” analiza su incidencia desde la perspectiva de que la medida cautelar de prisión preventiva ha devenido respecto a Junqueras en pena de prisión en sentencia firme. La Sala considera que no procede formalizar la petición de suplicatorio ante el Parlamento Europeo, atribuyendo impropiamente a la suspensión de la inmunidad los efectos de una condición de procedibilidad para conseguir el enjuiciamiento:

“No es ahora procedente, una vez conocida la sentencia del TJUE, formalizar la petición de suplicatorio ante el Parlamento Europeo, atribuyendo impropiamente a la suspensión de la inmunidad los efectos de una condición de procedibilidad para proseguir el enjuiciamiento. Cuando el Sr. Junqueras fue proclamado electo en acuerdo de 13 de junio de 2019, el proceso penal que le afectaba había concluido y esta Sala había iniciado el proceso de deliberación”.

La Sala explica que si el electo adquiere tal condición cuando ya se ha procedido a la apertura del juicio oral, es obvio que decae el fundamento de la inmunidad como condición de la actuación jurisdiccional, “Aquel no es otro que preservar a la institución parlamentaria de iniciativas dirigidas a perturbar su libre funcionamiento. Lo que lógicamente no puede ocurrir si la iniciativa para proceder en el ejercicio de la actuación jurisdiccional es anterior a la elección de los componentes del Parlamento”.

“En definitiva -concluye la Sala- quien participa en un proceso electoral cuando ya- está siendo juzgado, aunque finalmente resulte electo, no goza de inmunidad conforme al derecho nacional. No puede condicionar el desenlace del proceso ni, menos aún, el dictado de la sentencia. Por todo ello, conforme al párrafo primero a) del artículo 9 del Protocolo de Inmunidades, no era ni es necesaria autorización del Parlamento.

No hay nulidad de los actos posteriores a su elección como eurodiputado

El tribunal explica que la defensa del Sr. Junqueras insta la nulidad de lo actuado desde el día 12 de junio de 2019, singularmente, de la sentencia dictada por esta Sala con fecha 14 de octubre del mismo año. “Esta petición -cuya legitimidad no se cuestiona- aspira a un efecto que sólo encuentra respaldo en la intensa carga de voluntarismo con el que aquella se formula. Y es que el escrito de alegaciones evidencia una llamativa confusión entre la inmunidad parlamentaria y lo que operaría como exención jurisdiccional. Este error conceptual lastra todo el argumentario y las conclusiones que la defensa obtiene de la sentencia dictada por el TJUE. El Sr. Junqueras no goza de ninguna exención jurisdiccional que se alce como obstáculo para impedir su enjuiciamiento”.

Frente a la naturaleza de mera condición de procedibilidad de la inmunidad, la exención -propia de la prerrogativa de inviolabilidad- sólo puede ser declarada por el órgano judicial, conforme al principio de exclusividad jurisdiccional (art. 117 de la Constitución), eso sí, una vez que la condición de procedibilidad haya sido colmada.

La Sala descarta que se puedan invalidar los actos procesales celebrados desde el inicio del juicio oral hasta su conclusión, el 12 de junio de 2019. “El Sr. Junqueras, en aplicación de la doctrina del TJUE, habría adquirido la condición de eurodiputado el mismo día de su proclamación como electo, que se produjo el 13 de junio de 2019, acuerdo publicado oficialmente el día siguiente a su adopción. Si ese día ya había terminado la actividad procesal desarrollada durante los cuatro meses de duración del juicio oral, mal se entiende qué eficacia invalidante habría tenido la adquisición sobrevenida de la condición de eurodiputado. La sentencia del TJUE, no afectó, por tanto, a su condición de procesado ni acusado ni, posteriormente, a la de condenado, pues tales situaciones se sucedieron en el marco de la pieza principal sobre la que el TJUE no se pronuncia, sino que remite al criterio de la Sala Segunda para decidir si su propia interpretación del art. 9 del Protocolo (núm. 7) tiene alguna incidencia en ese proceso principal”.

Añade que, aunque fuera parlamentario europeo, Junqueras no gozaba de inmunidad de jurisdicción, sino sólo de inmunidad de desplazamiento en los términos que fueron revelados por el Tribunal de Justicia. “Pero esa modalidad -conviene insistir en ello- en modo alguno liberaba a esta Sala de su deber de dictar sentencia, estuviera libre el acusado o, como era el caso, se hallara en situación de prisión provisional”, explica el auto.

En su auto, la Sala señala que la defensa centra su reivindicación de nulidad en la sentencia de 14 de octubre de 2019, que fue dictada cuando Junqueras ya había adquirido la condición de eurodiputado electo. “Pero quien así argumenta, -indica el auto- insistiendo en la necesidad de activar un suplicatorio, está postulando un nuevo entendimiento del principio de cosa juzgada, hasta el punto de que la intangibilidad de lo resuelto ya no fuera sólo rescindible a través del recurso de revisión, sino mediante el escrutinio popular al que se atribuiría la virtud de invalidar, sin más, lo resuelto por un órgano jurisdiccional. Si bien se mira, la línea argumental de la defensa, cuando alega que el Parlamento Europeo tiene la «…exclusiva facultad (…) de autorizar la tramitación de cualquier procedimiento penal», pretende resucitar una versión actualizada de la histórica «provocatio ad populum», con capacidad para condicionar la ejecución de lo resuelto -y ya firme- por un tribunal de justicia. Esa nostálgica visión es contraria a los principios que definen a cualquier sociedad democrática y por ello ha de ser rechazada de plano”.

Aun prescindiendo de su condición de penado, el TJUE dejaría en manos del Supremo mantener la medida de prisión

La Sala rechaza la petición de libertad “que se deduce por parte de la defensa del Sr. Junqueras y, de forma implícita, por la Abogacía del Estado, que sugiere una consulta al Parlamento Europeo con el fin de asegurar el equilibrio entre «…la libertad de movimientos que en su caso pueda requerir el ejercicio de las inmunidades reconocidas» y la neutralización del riesgo de fuga y, con él del cumplimiento de la sentencia ya dictada”.

En primer lugar, el tribunal recuerda que Junqueras no está ya sometido a una medida cautelar de prisión, sino que está cumpliendo una pena impuesta por una sentencia firme, cuya validez y eficacia no han sido neutralizadas. “El esfuerzo argumental de la Abogacía del Estado quiebra cuando, tras reconocer la inatacabilidad de la sentencia dictada por esta Sala, sugiere que deje sin ejecución el cumplimiento de la pena de prisión y negocie con el Parlamento Europeo los términos de la libertad de movimientos a que podría acogerse el Sr. Junqueras”.

La Sala añade que, aun llevando a sus últimas consecuencias el razonamiento de la defensa y prescindiendo de la condición de penado Junqueras, la propia sentencia del TJUE no establece un mecanismo automático de libertad para el electo que se halla en prisión preventiva, sino que deja en manos del tribunal nacional la posibilidad de mantenimiento de esa medida, tramitando con celeridad un suplicatorio.

El tribunal rechaza así el argumento de la defensa de que la sentencia del TJUE haya declarado que es obligada la inmediata libertad de cualquier recluso y la autorización de su desplazamiento a Bruselas, y que sólo en el caso en que fuera autorizada la suspensión de la inmunidad, podría la Sala volver a activar la medida cautelar dejada sin efecto. “Ello supondría aceptar con normalidad que cualquier condenado por delitos de especial gravedad obtuviera una insólita oportunidad de eludir la pena de prisión en el momento exacto en que su condición de electo fuera acordada”, dice el auto.

La abogacía del estado, condicionada a la junta electoral

Por otra parte, el auto recuerda que la petición de la Abogacía del Estado estaba condicionada a que el mandato de Junqueras no fuese anulado por la Junta Electoral Central («en tanto no se produzca la anulación del mandato conforme al artículo 13 del Acta Electoral»), y el Supremo indica que se da la circunstancia de que esa anulación ya se ha producido, a raíz del acuerdo de fecha 3 de enero de 2020 de la Junta.

“Todos los argumentos expuestos por la Abogacía del Estado para justificar la libertad controlada o supervisada del Sr. Junqueras -en un insólito y atípico ejercicio de funciones concertadas entre esta Sala y el Parlamento Europeo-, se subordinan a que la Junta Electoral Central no anule su nombramiento a raíz de la condena a la pena de 13 años de prisión e inhabilitación dictada en esta causa. Sin embargo, esa resolución ya ha sido dictada y comunicada a esta Sala y al Parlamento Europeo, desplegando la eficacia que le es propia”, dicen los magistrados.

“Se trata además –añade el auto– de una decisión cuyos efectos derivan directamente, no de su discutible carácter constitutivo, sino de lo previsto legalmente en los preceptos antes citados. La anulación del mandato no es consecuencia de la decisión de la Junta Electoral Central. A ella corresponde declarar, mediante la correspondiente resolución, ese efecto. Pero se trata del efecto de una condena a pena privativa de libertad que convierte al penado, ope legis, en incompatible para el ejercicio de la función parlamentaria. La resolución fechada el día 3 de enero no se adelanta a lo que debería haber declarado esta Sala. Por el contrario, el presupuesto determinante de la incompatibilidad hay que situarlo en el dictado de nuestra sentencia de 14 de octubre de 2017”.

La parte dispositiva de dicho auto señala que:

1.-“No ha lugar a autorizar el desplazamiento del Sr. Junqueras a la sede del Parlamento Europeo.

2.- No ha lugar a acordar su libertad.

3.- No ha lugar a declarar la nulidad de la sentencia de 14 de octubre de 2019 dictada por esta Sala;

4.- No ha lugar a la tramitación del suplicatorio ante el Parlamento Europeo.

5.- Dese cuenta en la pieza de ejecución a fin de proveer allí sobre el alzamiento de la suspensión de la pena de 13 años de inhabilitación impuesta al condenado. Practíquese liquidación de condena.

Comuníquese esta resolución a la Junta Electoral Central y al Parlamento Europeo a los efectos legales oportunos”.

Auto que resuelve el recurso de súplica: la inmunidad de desplazamiento no blinda frente a la sentencia

En el segundo auto, el Supremo resuelve, a la vista de la doctrina del TJUE, el recurso de súplica frente a la denegación del permiso penitenciario interesado por Junqueras, en cuyo marco fue promovida la presente cuestión prejudicial.

La Sala reconoce que Oriol Junqueras adquirió la condición de eurodiputado el día 13 de junio de 2019, con los efectos derivados del actual estado de tramitación de la ejecutoria de la causa especial y remite al auto en el que se pronuncia sobre la incidencia de la sentencia del TJUE en la causa principal.

En su auto, afirma que es ahora, obtenida la respuesta a las cuestiones prejudiciales planteadas desde el momento en que la inmunidad de Junqueras fue alegada, no antes, “cuando podemos afirmar, sin quebranto de las previsiones del artículo 267 TFUE, párrafo tercero, que la condición de miembro del Parlamento Europeo, se adquiere en el momento en que se proclama electo a un candidato oficialmente, en el específico caso del Sr. Junqueras, el 13 de junio de 2019. Y ello, aunque no hubiere cumplimentado los requisitos establecidos en la legislación interna para su consolidación y con independencia de los efectos que ello conlleve en el ámbito parlamentario. Se trata, por tanto, de la inmunidad concretada en la libertad que deben gozar los miembros del Parlamento Europeo para dirigirse al lugar en que debe celebrarse la primera reunión de la nueva legislatura para cumplir allí las formalidades requeridas por el acta electoral”.

La Sala concluye que “en definitiva, no existe en el derecho europeo un precepto que dé cobertura a una forzada conversión de la inmunidad -tal y como ha sido definida por el TJUE al interpretar el párrafo segundo del art. 9 del Protocolo- en una exención jurisdiccional que blinde de forma inexorable a un acusado frente a la sentencia que ha de poner término al procedimiento que le afecta”.

Añade que el verdadero alcance de esta específica categoría conceptual de inmunidad no puede entenderse sin definir el espacio que le es propio y, a su vez, distinto de la inmunidad que el art. 9, párrafo primero, reconoce a los miembros del Parlamento Europeo cuando se encuentren «en su propio territorio nacional», que gozarán de «las inmunidades reconocidas a los miembros del Parlamento de su país».

El tribunal indica que la acotación sirve para entender la coherencia del pronunciamiento del TJUE desde la perspectiva de la cuestión prejudicial elevada. “Y es que el derecho europeo, así como sienta de forma directa una inmunidad protectora de la libertad de movimientos, no perfila otros eventuales efectos de esas inmunidades, remitiéndose globalmente a los derechos internos cuando se trata de nacionales frente a sus propias autoridades judiciales. Ello es probablemente así porque ha querido respetarse la diversidad de las normativas nacionales en este punto: no se quiere distinguir en los respectivos ámbitos nacionales entre europarlamentarios de uno u otro país y parlamentarios nacionales”.

El tribunal afirma que “reconoce y valora todo criterio exegético que refuerce las esencias de la democracia representativa de la Unión. Pero constata también que la novedosa doctrina que ahora se proclama no solo interpreta una específica norma, sino que la deconstruye para configurarla con nuevos elementos que determinan la práctica inutilidad de una gran parte de la legislación interna de diversos Estados miembros”.

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Strasbourg. Quai Saint Nicolas

9 de enero, 2020
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La solicitud de la renovación de pasaporte realizada en el Consulado de España, antes de que transcurra el plazo de tres años desde la mayoría de edad del interesado, debe ser considerada como declaración de voluntad de querer conservar la nacionalidad española.

9 de enero, 2020

Miércoles, 8 de enero de 2020 poderjudicial.es

El Tribunal Supremo se pronuncia sobre la solicitud de renovación del pasaporte como declaración voluntad para conservar la nacionalidad española

La sentencia estudia el caso de una mujer, residente en Colombia, que había adquirido la nacionalidad española por ser hija de española, ambas nacidas en ese país, y había solicitado la renovación del pasaporte en el Consulado de España

Autor: Comunicación Poder Judicial

El Pleno de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo ha resuelto un recurso de casación sobre la interpretación del art. 24.3 del Código Civil, que establece la pérdida de la nacionalidad española de los nacidos en el extranjero, hijos de padre o madre españoles, también nacidos en el extranjero, que no declaren su voluntad de conservar dicha nacionalidad ante el encargado del Registro Civil en el plazo de tres años, a contar desde su mayoría de edad o emancipación.

En este caso, la demandante, residente en Colombia, había adquirido la nacionalidad española por ser hija de española, ambas nacidas en ese país, y había solicitado la renovación del pasaporte en el Consulado de España antes de que transcurriera el plazo de tres años desde su mayoría de edad. La cuestión que se planteaba era si dicha solicitud debía ser considerada como una declaración de voluntad de querer conservar la nacionalidad española a los efectos del art. 24.3 CC.

Tribunal Supremo
Sala Civil
Gabinete Técnico


Sentencia 696/2019, de 19 de diciembre. Recurso (CAS) 3326/2017.
Pérdida de la nacionalidad. Artículo 24.3 CC (descendientes de españoles en el extranjero). La solicitud de la renovación de pasaporte realizada en el Consulado de España, antes de que transcurra el plazo de tres años desde la mayoría de edad del interesado, debe ser considerada como declaración de voluntad de querer conservar la nacionalidad española.
La sentencia del Pleno de la Sala Primera 696/2019 resuelve un recurso de casación sobre la interpretación del art. 24.3 del Código Civil (CC), que establece la pérdida de la nacionalidad española de los nacidos en el extranjero, hijos de padre o madre españoles, también nacidos en el extranjero, que no declaren su voluntad de conservar dicha nacionalidad ante el encargado del Registro Civil en el plazo de tres años, a contar desde su mayoría de edad o emancipación.
En este caso, la demandante, residente en Colombia, había adquirido la nacionalidad española por ser hija de española, ambas nacidas en ese país, y había solicitado la renovación del pasaporte en el Consulado de España antes de que transcurriera el plazo de tres años desde su mayoría de edad. La cuestión que se planteaba era si dicha solicitud debía ser considerada como una declaración de voluntad de querer conservar la nacionalidad española a los efectos del art. 24.3 CC.
Frente a las resoluciones que acordaron la pérdida de la nacionalidad por incumplimiento de los requisitos de dicha norma, la interesada formuló la demanda que dio lugar a este procedimiento. El Juzgado de Primera Instancia estimó la demanda, pero la Audiencia Provincial, por el contrario, confirmando la resolución de la Dirección General de los Registros y del Notariado (DGRN), entendió que la declaración de voluntad de conservar la nacionalidad debía ser expresa y que ese requisito no concurría en este supuesto.
El Pleno de la Sala tiene en cuenta la finalidad del art. 24.3 CC, que trata de evitar la perpetuación de estirpes indefinidas de descendientes de españoles en el extranjero, a pesar de que no mantengan la menor vinculación con España. Para ello, se exige a los nietos de emigrados españoles, segunda generación nacida en el país de acogida, una declaración de voluntad dentro de cierto plazo para no perder la nacionalidad española. La pérdida de la nacionalidad se produce «ex lege» si no se realiza esa declaración. Sin embargo, no se exige que la declaración de querer conservar la nacionalidad esté sujeta a una forma solemne, por lo que no se ve inconveniente para admitir que la voluntad se manifieste de manera indirecta a través de un comportamiento concluyente.
En el caso que ha dado lugar a este recurso, la demandante compareció en el Consulado de España para solicitar la renovación de su pasaporte dentro del plazo de tres años previsto en el art. 24.3 CC. Aunque formalmente no declarara de manera expresa y directa su voluntad de conservar la nacionalidad española, esta solicitud debe ser tenida como tal, en atención a lo que significa habitual y socialmente en este ámbito la tenencia del pasaporte. La solicitud de renovación del pasaporte no es un mero uso de la nacionalidad española, sino una petición que se realizó ante el Consulado General y que comporta de manera inequívoca la voluntad de querer ser español.
Por todo ello, la Sala estima el recurso de casación y confirma la sentencia del Juzgado de Primera Instancia, que había revocado la resolución de la DGRN y había declarado la nacionalidad española de origen de la demandante.
Gabinete Técnico, Área Civil
Diciembre, 2019

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En el Parque del Oeste. Madrid

8 de enero, 2020
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Pedro Sánchez, investido presidente del Gobierno

8 de enero, 2020

Pedro Sánchez, investido presidente del Gobierno

Congreso de los Diputados, Madrid, martes 7 de enero de 2020

Pedro Sánchez es investido presidente del Gobierno, con 167 votos a favor, 165 votos en contra y 18 abstenciones

El Congreso de los Diputados ha otorgado su confianza a Pedro Sánchez por mayoría simple en la segunda votación del debate de investidura.

lamoncloa.gob.es

El jefe del Ejecutivo en funciones y candidato a la Presidencia del Gobierno, Pedro Sánchez, del PSOE, ha recordado en la tercera jornada del debate de investidura que, en los últimos cuatro años, España ha carecido de un Gobierno en plenitud de facultades durante un total de un año y medio.

Sin Parlamento -ha argumentado-, no puede haber un Ejecutivo democrático, pero sin Gobierno electo tampoco puede funcionar indefinidamente un Parlamento. «Es inadmisible que una situación así se repita en el futuro, pero más inaceptable aún es todavía que se prolongue un día más en nuestro país», ha sostenido.

Los españoles han cumplido con su obligación de votar cinco veces en un año, y el deber de sus representantes es darles un gobierno acorde con su voluntad, ha dicho Sánchez, quien ha reiterado su propuesta de una coalición de progreso, diálogo y justicia social.

Derechos sociales, igualdad y diálogo

El candidato ha resaltado que todos los ciudadanos se beneficiarán de las medidas que conforman el programa que expuso en la primera jornada del debate de investidura. Sánchez ha mencionado la subida del salario mínimo, el incremento de los recursos para las familias en riesgo de pobreza, la lucha contra la precariedad laboral y el desempleo, la extensión de derechos sociales, el fortalecimiento de la igualdad entre hombres y mujeres, la mayor atención a las zonas en riesgo de despoblación, el diálogo para superar los contenciosos territoriales -«siempre dentro de la Constitución»- y el impulso de la ciencia, la investigación, la revolución digital y las infraestructuras.

Pedro Sánchez ha apuntado que se elevará la contribución a las arcas públicas de las rentas más altas, pero ese aumento solo afectará a uno de cada doscientos contribuyentes. Además, las pequeñas y medianas empresas verán reducida su carga impositiva.

Otra de las prioridades del nuevo Ejecutivo será la lucha contra la emergencia climática. «Lo haremos asegurando una transición justa al nuevo modelo energético en el que nadie resulte dañado, y todos sin distinción de ideologías resultaremos beneficiados de un aire más puro, de unas aguas más limpias y de un planeta más sostenible», ha asegurado.

El presidente del Gobierno en funciones ha abogado por crear un clima constructivo entre las fuerzas parlamentarias y por recuperar espacios para el consenso y para los acuerdos que el país necesita y los ciudadanos demandan.

Confianza por mayoría simple

En la votación posterior, Pedro Sánchez ha recibido 167 votos a favor, 165 en contra y 18 abstenciones, con lo que ha alcanzado la mayoría simple exigida por la Constitución para que se entienda otorgada la confianza de la Cámara.

La presidenta del Congreso, Meritxell Batet, comunicará este resultado al Rey a los efectos del nombramiento de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno.

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7 de enero, 2020
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Principales medidas tributarias recogidas en el Real Decreto-Ley 18/2019, de 27 de diciembre, por el que se adoptan determinadas medidas en materia tributaria, catastral y de Seguridad Social.

7 de enero, 2020

Principales medidas tributarias recogidas en el Real Decreto-Ley 18/2019, de 27 de diciembre, por el que se adoptan determinadas medidas en materia tributaria, catastral y de Seguridad Social.

agenciatributaria.es

IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS

Se prorrogan para el período impositivo 2020 los límites cuantitativos que delimitan el ámbito de aplicación de método de estimación objetiva para las actividades económicas incluidas en el ámbito de aplicación de dicho método, con excepción de las actividades agrícolas, ganaderas y forestales, que tienen su propio límite cuantitativo por volumen de ingresos.

Magnitudes excluyentes de carácter general:
Volumen de ingresos en el año inmediato anterior superior a 250.000 euros para el conjunto de actividades económicas, excepto las agrícolas, ganaderas y forestales. Se computarán la totalidad de las operaciones, exista o no obligación de expedir factura. Las operaciones en las que exista obligación de expedir factura cuando el destinatario sea empresario, no podrán superar 125.000 euros.
Volumen de ingresos para el conjunto de actividades agrícolas, forestales y ganaderas superior a 250.000 euros.
Volumen de compras en bienes y servicios en el año inmediato anterior, excluidas las adquisiciones del inmovilizado, superior a 250.000 euros.

(Se modifica la DT 32ª LIRPF)

Además, se establece un nuevo plazo de renuncia o revocación para el año 2020 al método de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Dicho plazo será de un mes a partir del día siguiente a la fecha de publicación en el BOE del Real Decreto-ley 18/2019, esto es, hasta el 29 de enero de 2020.

IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO

Se prorrogan para el período impositivo 2020 los límites cuantitativos que delimitan el ámbito de aplicación del régimen simplificado y del régimen especial de agricultura, ganadería y pesca.

Magnitudes excluyentes de carácter general:
Volumen de ingresos en el año inmediato anterior superior a 250.000 euros para el conjunto de actividades económicas, excepto las agrícolas, ganaderas y forestales.
Volumen de ingresos para el conjunto de actividades agrícolas, forestales y ganaderas superior a 250.000 euros.
Volumen de compras e importaciones en bienes y servicios en el año inmediato anterior, excluidas las adquisiciones del inmovilizado, superior a 250.000 euros.

(Se modifica la DT 13ª LIVA)

Además, se establece un nuevo plazo de renuncia o revocación para el año 2020 del régimen simplificado y del régimen especial de la agricultura, ganadería y pesca del Impuesto sobre el Valor Añadido. Dicho plazo será de un mes a partir del día siguiente a la fecha de publicación en el BOE del Real Decreto-ley 18/2019, esto es, hasta el 29 de enero de 2020.

IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO NETO

Se modifica el Real Decreto-Ley 13/2011, de 16 de septiembre, por el que se prorroga para 2020 el mantenimiento del gravamen del Impuesto sobre el Patrimonio para el ejercicio 2020.

ACTIVIDADES PRIORITARIAS DE MECENAZGO

El artículo 5 del Real Decreto Ley 18/2019 de 27 de Diciembre indica que se considerarán actividades prioritarias de mecenazgo las enumeradas en la Disposición adicional septuagésima primera de la Ley 6/2018, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018.

La incorporación de este listado de actividades mediante un real decreto-ley se justifica en aras del principio de seguridad jurídica, pues de otro modo su aplicación durante dicho ejercicio no podrá llevarse a cabo hasta que no apruebe por una norma de rango legal dado que no cabe entender prorrogado automáticamente el precepto que las regula para el año 2019, lo que incidiría negativamente en la promoción y fomento de tales actividades.

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Las Palmas de Gran Canaria. Playa de las Canteras. Reyes Magos

6 de enero, 2020
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Las Palmas de Gran Canaria. Playa de las Canteras. Llegada de los Reyes Magos

6 de enero, 2020
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Organo de la Catedral de San Patricio en New York

5 de enero, 2020
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El número de pasajeros de tren creció un 3,9% y alcanzó los 507 millones durante 2018

5 de enero, 2020

02/01/2020.

El número de pasajeros de tren creció un 3,9% y alcanzó los 507 millones durante 2018

02 Ene 2020
nota de prensa cnmc.es

◦El trayecto que une Madrid con Barcelona fue el más demandado, con más de 4 millones de viajeros.
◦Los ingresos por cánones asociados al uso de la infraestructura ferroviaria aumentaron un 32,1%, hasta los 1.226 millones de euros.
◦El transporte ferroviario de mercancías aumentó su actividad gracias al dinamismo de los competidores de Renfe Mercancías.

La CNMC ha aprobado el Informe de supervisión del mercado de transporte ferroviario 2018 (INF/DTSP/005/19), que reúne por primera vez información sobre la red ferroviaria, los servicios de transporte de viajeros y los de mercancías.

Aunque todavía no es comparable con la de otros países europeos, la intensidad de uso de la red ferroviaria española mejoró ligeramente en 2018 respecto al año anterior. En concreto, la ratio correspondiente a los servicios de viajeros siguió siendo muy superior a la de los servicios de transporte de mercancías (6,5 veces superior).

Por otra parte, los ingresos por cánones asociados al uso de la infraestructura también aumentaron. Así, el uso de la red ferroviaria generó a ADIF y ADIF Alta Velocidad unos ingresos de 1.226 millones de euros, un 32,1% más que en 2017. Los gestores destinaron 1.220 millones a la inversión en nuevas infraestructuras, especialmente al desarrollo de la red de alta velocidad con el 92% de estos fondos.

Transporte ferroviario de pasajeros

En cuanto a los servicios de transporte ferroviario de viajeros, el sector creció en todos los segmentos y alcanzó los 507 millones de viajeros. Los servicios comerciales generaron unos ingresos de 1.459 millones de euros en 2018, un 3,3% más que en 2017; y desplazaron un total de 33,6 millones de personas. Dos de cada tres de estos últimos viajaron en alta velocidad.

En términos de oferta, se mantuvo estable el número de plazas y el tráfico medido en tren.km para los servicios comerciales creció un 1,2% interanual. Por ámbitos geográficos, Madrid destacó como la principal ciudad origen y destino de los usuarios de servicios comerciales; y el trayecto que une Madrid con Barcelona acumuló el mayor número de viajeros, al superar los 4 millones.

Evolución del número de viajeros en los principales trayectos

Por su parte, los servicios sujetos a obligaciones de servicio público (OSP) representaron el 43,2% del total de viajeros.km, de los que los servicios de cercanías representaron el 87%. La media distancia absorbió el 6,5% del total de viajeros del año; destacando el crecimiento de los servicios AVANT, que alcanzaron los 8,6 millones de viajeros.

El aumento de viajeros se correspondió con un incremento en la oferta de estos servicios (+9,5% en la oferta de plazas en 2018), frente a la estabilidad de la oferta de los servicios OSP restantes.

En términos de ingresos, los servicios OSP superaron a los servicios comerciales, con algo más de 1.968 millones de euros, de los que el 40% tuvieron su origen en la venta de billetes. Aunque la cuota del servicio ferroviario de viajeros, si la comparamos con otros medios de transporte, no superó el 6,4% del total de viajeros.km; fue la primera opción de movilidad en trayectos como el Barcelona-Valencia y en los trayectos radiales desde Madrid a Valencia, Sevilla, Málaga y Alicante.

Transporte ferroviario de mercancías

El transporte de mercancías por ferrocarril creció en 2018 aunque sus ingresos totales se mantuvieron estables, entorno a los 296 millones de euros.

Los operadores alternativos ganaron cuota de mercado, hasta el 41,5% en términos de tonelada.km neta. Si bien Renfe Mercancías siguió generando dos de cada tres euros del total, en 2018 perdió actividad y disminuyó ingresos.

El tráfico intermodal superó en importancia al tráfico de vagón completo y fue, además, la modalidad de servicio utilizada mayoritariamente por los competidores de Renfe Mercancías. El transporte de mercancías por ferrocarril estabilizó su cuota modal en el 1,8% del total de toneladas netas y el 4,3% en t.km netas.

Terminales ferroviarias intermodales

Las cuarenta terminales ferroviarias intermodales instaladas en España resultan imprescindibles para el servicio de transporte de mercancías. En los últimos años se han flexibilizado las tarifas de estas instalaciones y ADIF, que es el propietario de la mayor parte de estas terminales, ha puesto en marcha un sistema de gestión con participación de la iniciativa privada (denominado de riesgo y ventura). Dada la importancia de este ámbito ferroviario, la CNMC analizará la incidencia de los distintos modelos de gestión en la calidad de la oferta de estos servicios.

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Las Palmas de Gran Canaria. Playa de las Canteras. Angel

4 de enero, 2020
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Quienes sean padres a partir de mañana, disfrutarán de 12 semanas de permiso de paternidad

4 de enero, 2020

Quienes sean padres a partir de mañana, disfrutarán de 12 semanas de permiso de paternidad

uso.es

Los padres de los bebés nacidos a partir de mañana, 1 de enero de 2020, disfrutarán de una suspensión del contrato por nacimiento de hijo de 12 semanas (llamado aún popularmente “permiso de paternidad”). Esta ampliación entró en vigor el pasado mes de abril, a través del RD 6/2019 de medidas urgentes para la garantía de la igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación, y aún tiene un tramo pendiente de aplicación, al comenzar 2021.

¿Cómo se aplicará esta suspensión a partir del 1 de enero?
A partir del 1 de enero de 2020, el derecho a suspensión del padre o del otro progenitor será de 12 semanas.
◾De estas 12 semanas, 4 de ellas se deberán disfrutar de forma ininterrumpida con posterioridad al parto y, por tanto, simultáneamente por ambos progenitores (la madre dispone de 6 semanas obligatorias posteriores al parto).
◾Las 8 semanas restantes se podrán disfrutar en períodos semanales, de forma acumulada o interrumpida, dentro de los 12 meses siguientes al nacimiento, o a la resolución judicial por la que se constituya la adopción o bien a la decisión administrativa de guarda con fines de adopción o de acogimiento.
◾Durante el año 2020 la madre biológica podrá ceder hasta 2 semanas de su periodo de 10 semanas.

A partir de 1 de enero de 2021, esta suspensión del contrato alcanzará las 16 semanas para ambos progenitores, sin que se pueda transferir ninguna semana del permiso de la madre al otro progenitor.

Con esta medida, se pretende que tanto hombres como mujeres sean vistos por las empresas con la misma carga familiar a la hora de traer un hijo; que ambos progenitores tengan permisos iguales e intransferibles, y los puedan distribuir de tal modo que el bebé pueda pasar más tiempo durante su primer año de vida con sus padres.

“Consideramos esta medida como un gran avance, pero falta continuar trabajando y haciendo campañas de sensibilización y corresponsabilidad para que el papel cultural de la mujer como única cuidadora, tanto de hijos como de otros familiares mayores vaya desapareciendo, y con ello desaparezcan los parones en sus carreras profesionales y las jubilaciones más precarias debido a las inferiores cotizaciones durante su vida laboral”, expone Dulce María Moreno, secretaria de Formación Sindical e Igualdad de USO.

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Strasbourg. En color

3 de enero, 2020
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El principal índice de referencia de los préstamos hipotecarios (euríbor) sube hasta el -0,261 % en diciembre

3 de enero, 2020

Banco de España. Departamento de Comunicación
Nota de prensa
bde.es
Madrid, 2 de enero de 2020 de 2018
El principal índice de referencia de los préstamos hipotecarios (euríbor) sube hasta el -0,261 % en diciembre

El índice euríbor, que es utilizado como principal referencia para fijar el tipo de interés de los préstamos hipotecarios concedidos por las entidades de crédito españolas, subió en diciembre hasta el -0,261 % desde el -0,272 % del mes anterior. Tomando como referencia los últimos 12 meses, el índice registra un descenso de -0,132 puntos. El euríbor se calcula con los datos de las principales entidades de la zona del euro y consiste en el tipo de interés medio de contado que ofrecen las entidades para las operaciones de depósito de euros a plazo de un año. Evolución del euríbor en el último año

Los datos correspondientes al mes de diciembre muestran también un ascenso, hasta el -0,261 %, del míbor, el tipo interbancario a un año que servía de referencia oficial del mercado hipotecario para las operaciones realizadas con anterioridad al 1 de enero de 2000.

Estos índices de referencia para el mercado hipotecario son válidos a partir de su publicación en el BOE, lo que normalmente se produce unos días después de su difusión por el Banco de España.

Índices de referencia oficiales para los préstamos hipotecarios a tipo variable destinados a la adquisición de vivienda(1) Diciembre de 2019

Rendimiento interno en el mercado secundario de la deuda pública de plazo entre dos y seis años
-0,264 %

Referencia interbancaria a un año (euríbor)

-0,261 %

Permuta de intereses/Interest Rate Swap (IRS) al plazo de cinco años

-0,181 %

Tipo interbancario a un año (míbor)

-0,261 %

El resto de los tipos de referencia oficiales para el mercado hipotecario (tipo medio de los préstamos hipotecarios a más de tres años, para adquisición de vivienda libre, concedidos por las entidades de crédito en España y tipo medio de los préstamos hipotecarios entre 1 y 5 años, para adquisición de vivienda libre, concedidos por las entidades de crédito en la zona del euro)(2) se actualizarán, en torno al día 20 de este mes, en el cuadro 19.1 del capítulo 19 del Boletín Estadístico.
Desde el 1 de noviembre de 2013, el Banco de España ha dejado de publicar el Tipo activo de referencia de cajas de ahorros -Indicador CECA- y los tipos medios de préstamos hipotecarios a más de tres años para adquisición de vivienda libre de bancos y cajas de ahorros de conformidad con la legislación vigente(3). Las referencias a estos tipos serán sustituidas4, con efectos desde la siguiente revisión de los tipos aplicables, por el tipo o índice de referencia sustitutivo previsto en el contrato.
En el caso de que no exista un tipo sustitutivo en el contrato, o en caso de que este fuera alguno de los índices o tipos que desaparecen, la sustitución se realizará por el tipo de interés oficial denominado «tipo medio de los préstamos hipotecarios a más de tres años, para adquisición de vivienda libre, concedidos por las entidades de crédito en España», aplicándole un diferencial equivalente a la media aritmética de las diferencias entre el tipo que desaparece y el citado anteriormente, calculadas con los datos disponibles entre la fecha de otorgamiento del contrato y la fecha en la que efectivamente se produce la sustitución del tipo. El diferencial aplicable en cada caso puede calcularse utilizando el simulador publicado a tal efecto en el Portal del Cliente Bancario.

1 y 2 Calculados según la definición de la Circular 5/2012, de 27 de junio, del Banco de España, a entidades de crédito y proveedores de servicios de pago, sobre transparencia de los servicios bancarios y responsabilidad en la concesión de préstamos, en desarrollo de lo dispuesto en la Orden EHA/2899/2011, de 28 de octubre, de transparencia y protección del cliente de servicios bancarios

3 De acuerdo con lo dispuesto en la Orden EHA/2899/2011, de 28 de octubre, de transparencia y protección del cliente de servicios bancarios. 4 Según lo dispuesto en la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización; Disposición adicional decimoquinta. Régimen de transición para la desaparición de índices o tipos de interés de referencia.

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Strasbourg. Capitale de Noël

2 de enero, 2020
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Avance mensual de la balanza de pagos

2 de enero, 2020

Nota de prensa estadística
Madrid, 30 de diciembre de 2019
Avance mensual de la balanza de pagos

En octubre de 2019 el saldo de la cuenta corriente y de capital de la balanza de pagos fue de 3,2 mm, superior a los 1,9 mm de un año antes

bde.es

La capacidad de financiación se situó en 27,6 miles de millones de euros (mm) en los últimos doce meses, frente a los 29,1 mm en el conjunto de 2018 La cuenta financiera excluido el Banco de España registró un saldo en octubre de 2019 de -3,5 mm, acumulando 4,3 mm en los últimos doce meses

Según los datos estimados de avance mensual, en octubre de 2019, el saldo de las cuentas corriente y de capital (que determina la capacidad o necesidad de financiación de la nación) fue de 3,2 mm, importe superior al observado en el mismo mes del año anterior (1,9 mm). El saldo acumulado en doce meses hasta octubre de 2019 alcanzó los 27,6 mm, importe inferior a los 29,1 mm registrados en el conjunto de 2018 (ver gráfico).
El saldo de la balanza por cuenta corriente (que incluye los ingresos y pagos con el exterior por las exportaciones e importaciones de bienes y servicios y por las rentas primara y secundaria1) fue de 2,8 mm, superior al del mismo mes de 2018 (1,5 mm). Por componentes, el saldo de bienes y servicios fue de 3,8 mm, mayor que un año antes (2,5 mm), debido a un aumento de los ingresos junto con una disminución de los pagos (2 % y -1,5 % en términos interanuales, respectivamente). Dentro del conjunto de bienes y servicios, el saldo de turismo y viajes experimentó un superávit de 3,9 mm. El saldo de las rentas primaria y secundaria fue de -0,9 mm. Por su parte, la cuenta de capital mostró en octubre de 2019 un saldo de 0,3 mm.
El saldo de la cuenta financiera excluyendo el Banco de España se situó en -3,5 mm en octubre de 2019. La mayor aportación fue la de la otra inversión (que incluye, fundamentalmente, préstamos y depósitos) que presentó un saldo de -9,4 mm, debido a un aumento de los pasivos junto con una disminución de los activos. En sentido contrario, la inversión de cartera (que se materializa en valores negociables no incluidos en reservas ni en inversión directa) presentó un saldo de 5,2 mm, debido principalmente a las inversiones en el extranjero de los residentes en España. La inversión directa (que incluye las transacciones entre empresas de un mismo grupo) presentó un saldo de 1,5 mm. La cuenta financiera del Banco de España frente al exterior registró un saldo neto de 5,5 mm en octubre de 2019.
En términos acumulados de enero a octubre de 2019, el saldo neto de la cuenta financiera excluyendo el Banco de España fue de -2,8 mm, siendo la mayor aportación a este saldo la de la inversión de cartera, con una contribución negativa de 50,8 mm, destacando las inversiones netas de los no residentes en valores de cartera españoles (que alcanzaron en el periodo de enero a septiembre los 77,7 mm frente a los 22,6 mm del mismo periodo del año anterior). Por otro lado, la otra inversión registró una aportación de 45,3 mm y la inversión directa de 10 mm. El saldo de la cuenta financiera del Banco de España frente al exterior se situó en ese período en 26,9 mm.

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Feliz año nuevo 2020

1 de enero, 2020
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Puerta del Sol. …

31 de diciembre, 2019
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Metro. Puerta del Sol

31 de diciembre, 2019
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La Abogacía del Estado pide al Supremo que estime el recurso de Junqueras y le permita tomar posesión como eurodiputado

31 de diciembre, 2019

Ministerio de Justicia
Gabinete de comunicación
Nota de prensa – mineco.gob.es
La Abogacía del Estado pide al Supremo que estime el recurso de Junqueras y le permita tomar posesión como eurodiputado
En su informe, presentado hoy, afirma que “cabría permitir” su desplazamiento tanto a la Junta Electoral Central como a la sede del Parlamento Europeo para cumplir con los trámites necesarios
El documento solicita al alto tribunal que haga posible el ejercicio de su función representativa mientras mantenga su estatus de miembro de la Eurocámara
Propone a la Sala que aplique las medidas de aseguramiento más adecuadas para garantizar su misión como representante y, al mismo tiempo, el cumplimiento de la sentencia del ‘procés’
Insta a los magistrados a solicitar al Parlamento Europeo la suspensión de la inmunidad reconocida por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea “a la mayor brevedad”
30 de diciembre de 2019.- La Abogacía del Estado ha solicitado este lunes a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo que estime el recurso de súplica interpuesto por la representación de Oriol Junqueras contra la decisión del alto tribunal de no concederle un permiso penitenciario extraordinario para tomar posesión como eurodiputado. La representación del Estado en la causa del ‘procés’ considera que “cabría permitir” tanto su desplazamiento a la Junta Electoral Central como a la sede del Parlamento Europeo para cumplir con los trámites necesarios.
En su escrito, este organismo ha pedido además a la Sala que haga posible al exvicepresidente catalán el ejercicio de su función representativa, mientras mantenga su estatus de eurodiputado, en aplicación de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) del pasado 19 de diciembre, que da respuesta a la cuestión prejudicial sobre el alcance de su inmunidad planteada por el tribunal español.
Los servicios jurídicos del Estado instan también al Supremo a adoptar las medidas de aseguramiento que considere más adecuadas para garantizar la misión parlamentaria de Junqueras y al mismo tiempo, el cumplimiento de la sentencia del alto tribunal del pasado 14 de octubre (la recaída en la causa del ‘procés’), resolución a la que la Abogacía otorga total validez al haberse dictado “con estricta observancia de las normas esenciales del procedimiento penal”.
Por esa razón, la Abogacía reclama a los magistrados españoles que soliciten “a la mayor brevedad” al Parlamento Europeo la suspensión de la inmunidad de Junqueras reconocida por el tribunal de Luxemburgo en aplicación del procedimiento que recoge su propia sentencia del 19 de diciembre.
La Abogacía del Estado recuerda que el Tribunal Supremo, en varias de sus resoluciones, ha admitido que Junqueras podría seguir ostentando algún tipo de inmunidad si así se lo reconociera el TJUE. La propia Sala, en un escrito enviado a Luxemburgo el 14 de octubre, aceptó la eficacia de la resolución del tribunal europeo, aunque el exvicepresidente catalán hubiera pasado de la condición de preso preventivo a la de penado.
Tras estudiar la sentencia europea, la Abogacía, en concordancia con su escrito del pasado 10 de junio, llega a la conclusión de que Oriol Junqueras sigue gozando de inmunidad como eurodiputado ya que, hasta el momento, la Junta Electoral Central, el órgano competente para dirimir todas las cuestiones relacionadas con la proclamación de candidatos a las elecciones europeas, no se ha pronunciado sobre la incompatibilidad de su condena con su condición de parlamentario europeo electo.
Los efectos de la inmunidad
La representación del Estado subraya que la sentencia europea da una serie de claves para entender los efectos que la inmunidad reconocida a Junqueras debe producir. El escrito, entiende que, según la resolución del TJUE, esos efectos no deben limitarse a permitir al eurodiputado electo desplazarse al Parlamento Europeo para tomar posesión de su cargo, sino que la inmunidad reconocida tiene como finalidad expresa que los miembros de esa Cámara “puedan dar cumplimiento a su misión”, según el artículo 343 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) que invoca Luxemburgo.
Según la Abogacía, es el Supremo el que debe decidir la forma en la que se haga posible que Junqueras desempeñe esa misión, que no se circunscribe únicamente a ese desplazamiento, sino que implica “el desempeño de su función representativa en tanto mantenga su estatus parlamentario”.
Una doctrina “novedosa y compleja”
El escrito recuerda que el derecho europeo forma parte de los sistemas jurídicos de los Estados miembros, que están obligados a respetarlo ya que tiene primacía sobre los derechos nacionales. Esto supone que, en caso de conflicto entre una norma nacional y una disposición o un acto de una institución europea, los órganos jurisdiccionales nacionales deben aplicar la disposición europea.
La Abogacía califica de “novedosa y compleja” la nueva doctrina de Luxemburgo sobre la inmunidad de los europarlamentarios. Asegura al mismo tiempo que la sentencia del TJUE permite concluir que la actuación del Tribunal Supremo se ha acomodado a la jurisprudencia europea hasta este momento. Y sostiene que el planteamiento de la cuestión prejudicial por el alto tribunal español “supuso un acertado ejercicio que tiene el órgano jurisdiccional nacional para garantizar una interpretación uniforme del derecho de la Unión”.

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Se anula el auto del Presidente del Tribunal General que desestimó la demanda de medidas provisionales de los Sres. Puigdemont y Comín y se devuelve el asunto al Tribunal General para un nuevo examen

31 de diciembre, 2019

Tribunal de Justicia de la Unión Europea
Comunicado de prensa n° 166/19

curia.europa.eu


Luxemburgo, 20 de diciembre de 2019
Auto de la Vicepresidenta del Tribunal de Justicia en el asunto
C-646/19 P (R) Puigdemont i Casamajó y Comín i Oliveres/Parlamento
Se anula el auto del Presidente del Tribunal General que desestimó la demanda de medidas provisionales de los Sres. Puigdemont y Comín y se devuelve el asunto al Tribunal General para un nuevo examen
Los Sres. Puigdemont i Casamajó y Comín i Oliveres, que se hallan actualmente en Bélgica, se presentaron como candidatos de la coalición Lliures per Europa (Junts) a las elecciones del Parlamento Europeo celebradas el 26 de mayo de 2019. Tras el escrutinio de los votos, la coalición obtuvo dos escaños. Como no habían jurado ni prometido acatar la Constitución Española, la Junta Electoral Central consideró que no habían adquirido la condición de miembros del Parlamento Europeo, por lo que no los incluyó en la lista definitiva de candidatos españoles electos. A raíz de la comunicación de la Junta Electoral Central en tal sentido, el Parlamento tomó varias decisiones que, según los Sres. Puigdemont i Casamajó y Comín i Oliveres, les impidieron tomar posesión de sus escaños y ocuparlos como miembros electos.
El 28 de junio de 2019, los Sres. Puigdemont i Casamajó y Comín i Oliveres presentaron ante el Tribunal General un recurso contra esas decisiones del Parlamento y una demanda de medidas provisionales. En dicha demanda, por una parte, pedían la suspensión, en primer lugar, de la decisión del Parlamento Europeo de no tener en cuenta los resultados de las elecciones oficialmente proclamados por España el 13 de junio y de la subsiguiente decisión de tomar en consideración una lista diferente e incompleta de los eurodiputados elegidos, notificada por las autoridades españolas el 17 de junio; en segundo lugar, de la decisión del Parlamento que estimó que la carta de la Junta Electoral Central de 20 de junio de 2019 -en la que se comunicaba al Parlamento que, al no haber jurado ni acatado la Constitución española, los Sres. Puigdemont i Casamajó y Antoni Comín i Oliveres no habían adquirido la condición de eurodiputados- privaba de efecto a la proclamación de éstos como miembros electos del Parlamento y, en tercer lugar, de la decisión del Parlamento de negarse a garantizarles el derecho a ocupar sus escaños en el Parlamento y en los órganos de éste con pleno disfrute de sus derechos a partir de la primera sesión y hasta que se decidiera sobre las reclamaciones elevadas ante el Parlamento y las autoridades judiciales españolas; y, por otra parte, solicitaban que se intimara al Parlamento a adoptar todas las medidas necesarias, incluyendo la confirmación de los privilegios e inmunidades derivados del artículo 9 del Protocolo (no 7) sobre los privilegios e inmunidades de la UE, 1 con el fin de permitirles ocupar sus escaños en el Parlamento desde la apertura de la primera sesión celebrada tras las elecciones.
El Presidente del Tribunal General desestimó la demanda de medidas provisionales mediante auto de 1 de julio de 2019, al considerar que el recurso interpuesto contra las decisiones del Parlamento carecía a primera vista de fundamento. 2 Los Sres. Puigdemont i Casamajó y Comín i Oliveres recurrieron en casación ante el Tribunal de Justicia ese auto de medidas provisionales.
Mediante su auto dictado hoy, la Vicepresidenta del Tribunal de Justicia anula el auto del Presidente del Tribunal General y devuelve el asunto a dicho Tribunal para que examine de nuevo la demanda de medidas provisionales.

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Estación central. New York

30 de diciembre, 2019
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