Miércoles, 18 de mayo de 2022

Un Juzgado de Pontevedra emite una sentencia innovadora en Galicia sobre los plazos para reclamar el impuesto de plusvalía anulado por el Tribunal Constitucional

Resuelve que las impugnaciones del impuesto de plusvalía son válidas si se realizaron con anterioridad a la fecha de publicación de la resolución del TC en el Boletín Oficial del Estado (BOE), es decir, el 25 de noviembre de 2021

Autor Comunicación Poder Judicial

El Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 1 de Pontevedra ha emitido una sentencia pionera en Galicia en la que resuelve que las impugnaciones del impuesto de plusvalía, declarado nulo por el Tribunal Constitucional (TC) en octubre de 2021, son válidas si se realizaron con anterioridad a la fecha de publicación de la resolución del TC en el Boletín Oficial del Estado (BOE), es decir, el 25 de noviembre de 2021. El magistrado, por tanto, ha decretado que los cobros del impuesto que hayan sido impugnados hasta esa fecha pueden ser revisados. De esta forma, establece como día límite el 25 de noviembre de 2021 y no el 26 de octubre de 2021, día de la firma de la sentencia del TC.

El juez analiza en el fallo el recurso planteado por el dueño de un ático de Moaña que impugnó el cobro de 2.111 euros de plusvalía el 5 de noviembre de 2021, es decir, varias semanas antes de la publicación de la sentencia en el BOE. Por ello, ha declarado la nulidad del impuesto y ha condenado al Tesorero del Organismo Autónomo de Recursos Locales de la Diputación Provincial de Pontevedra (ORAL) a devolverle la cantidad abonada. En el fallo, indica que, de la documentación obrante en el expediente administrativo, “se constata que el recurrente había adquirido el inmueble, por compraventa, el 27 de diciembre de 2005, por el precio de 120.223 euros, y que lo vendió el 10 de mayo de 2021 por 180.000 euros”.

El titular del Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 1 de Pontevedra explica que la declaración de nulidad de la sentencia del Tribunal Constitucional conlleva, en principio, que todas las liquidaciones del tributo, por devengos anteriores al 10 de noviembre de 2021, deban declararse nulas de pleno derecho. No obstante, el TC le atribuye la condición de “situación consolidada”, es decir, no revisable, a las liquidaciones que hubiesen llegado a ser firmes, bien por no haber sido impugnadas en plazo, bien por haber sido confirmadas judicialmente mediante sentencia firme. En el caso concreto de la venta del piso de Moaña, según destaca el juez, no es aplicable este supuesto, pues la liquidación fue impugnada en plazo por el afectado, quien presentó un recurso de reposición.

Además, el TC estableció un segundo supuesto de “situación consolidada”, aplicable a las liquidaciones que, pese a carecer de firmeza, no hubiesen sido impugnadas “a la fecha de dictarse la sentencia”. El titular del Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 1 de Pontevedra entiende que esa fecha se refiere a la de la publicación de la sentencia en el BOE (25 de noviembre de 2021), no a la de firma de la resolución (26 de octubre de 2021). Así, subraya que el fallo del TC no puede entrar en vigor “antes de adquirir efectos generales mediante su publicación en el BOE”.

El magistrado rechaza imponer el pago de costas a la administración debido a “las dudas interpretativas razonables que genera esta última cuestión”, pues destaca que “no existe todavía jurisprudencia que se pronuncie al respecto”. Por esta razón, el juez considera que concurriría “interés casacional” en la impugnación directa de la sentencia en casación ante la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo, “a fin de que clarifique la fecha de efectos de la referida restricción”, pues destaca que afecta “a un gran número de situaciones, pudiendo resultar gravemente dañosa para los intereses generales”.

Miércoles, 18 de mayo de 2022

Un juzgado de Vitoria condena a Caixabank por cobrar comisiones a los usuarios que utilizan sus servicios en ventanilla
La magistrada señala en la sentencia que constituyen una práctica abusiva y contraria a la normativa de protección de los consumidores y usuarios

Autor Comunicación Poder Judicial

El Juzgado de lo Mercantil 1 de Vitoria ha estimado íntegramente la demanda interpuesta por la Asociación de personas consumidoras y usuarias vasca (EKA/ACUV) EUSKAL KONTSUMITZAILEEN ALKARTEA, contra Caixabank S.A. y ha declarado que el cobro por parte de la citada entidad a consumidores y usuarios de la comisión por emisión de justificante especial por ingreso en cuenta de terceros indicando el concepto y hasta dos referencias identificativas, con emisión de justificante en papel y comunicación al titular de la cuenta mediante el extracto de movimientos periódico así como la comisión o recargo por uso de ventanilla en servicios que se pueden realizar por autoservicio, constituyen una práctica abusiva y contraria a la normativa de protección de los consumidores y usuarios.

Consecuentemente ha condenado a la demandada a cesar en la práctica indicada, a abstenerse del cobro de las indicadas comisiones o recargos y a eliminar del folleto de tarifas de comisiones, condiciones y gastos y del resto de los documentos informativos la información relativa a su devengo.

La demandada publicará a su costa el fallo de la presente sentencia, una vez firme, en un periódico de los de mayor tirada en el País Vasco.

Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana del Senado

Raquel Sánchez destaca los 500 millones de euros que Mitma ha movilizado para impulsar el uso de la bicicleta

Martes 17 de mayo de 2022

Cartel de la Estrategia Estatal por la Bicicleta
La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma), Raquel Sánchez, ha informado en el Senado sobre la Estrategia Estatal por la Bicicleta, desarrollada por el Ministerio como parte de la respuesta al gran reto de movilidad de nuestro país.

La ministra Raquel Sánchez ha intervenido en la Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana del Senado donde ha informado sobre la Estrategia Estatal por la Bicicleta, desarrollada por el Ministerio, y ha destacado los 500 millones de euros que, con la ayuda del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), Mitma ha movilizado para impulsar el uso de la bicicleta.

Raquel Sánchez ha afirmado que esas inversiones permitirán acometer unos 1.000 km de carriles bici y más de 4.100 aparcamientos seguros, además de reforzar los sistemas públicos de préstamo de bicicletas en 30 ciudades, si bien las cifras finales dependerán de las adjudicaciones definitivas de las convocatorias realizadas.

La titular de Mitma ha puesto en valor que, por primera vez, un Gobierno ha dotado de presupuesto a una estrategia que quiere promover el uso de la bicicleta y ha recordado que los Presupuestos Generales del Estado 2021 y 2022 han incluido 5 millones de euros cada uno a ese fin.

Estrategia Estatal por la Bicicleta desarrollada por Mitma
Raquel Sánchez ha subrayado que la Estrategia Estatal por la Bicicleta desarrollada por el Ministerio recoge cinco prioridades que son impulsadas a través de 10 áreas temáticas, de las que se derivan un compendio de 28 bloques de acciones y más de 150 acciones concretas, que deben orientar las políticas públicas en torno a la bicicleta y que tiene la ambición de impulsar las actuaciones que se necesitan para hacer de la bicicleta un modo de transporte, ocio, deporte y turismo que aporte valor a la sociedad.

En este sentido, la ministra ha hecho hincapié en las múltiples acciones propuestas, como el establecimiento de una Oficina de la Bicicleta en el Ministerio; campañas de concienciación y difusión sobre la bicicleta; la elaboración de recomendaciones y guías de diseño de infraestructura ciclista; diseñar o construir conexiones ciclistas entre núcleos urbanos y polos de atracción, así como de aparcamientos de bicicletas seguros; el fomento del cicloturismo como herramienta con potencial económico; la creación de herramientas informáticas que permitan al usuario conocer la oferta de vías ciclables en España y de recomendación de itinerarios; o mejorar la seguridad ciclista mediante actuaciones normativas.

Raquel Sánchez ha expuesto que, para impulsar esta transformación, desde el Ministerio se está trabajando con tres instrumentos que reflejan este cambio de paradigma en las políticas de movilidad en nuestro país: la Estrategia de Movilidad Segura, Sostenible y Conectada 2030 (donde se ha enmarcado la Estrategia Estatal por la Bicicleta tras su aprobación en Consejo de Ministros el pasado 8 de junio), la Ley de Movilidad Sostenible y el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR).

Medidas concretas de Mitma
La ministra ha mencionado algunas de las medidas concretas que ha emprendido Mitma para el impulso de la bicicleta. Entre ellas:

1. El fomento de la intermodalidad del tren y la bicicleta, por ejemplo, con:

Acuerdos como los de Adif y la Red de Ciudades por la Bicicleta, para implantar aparcamientos seguros y carriles bici en estaciones.
Que los nuevos trenes de Renfe dispongan un espacio para la bicicleta.
El fomento de la movilidad cotidiana en bicicleta y a la intermodalidad entre la bicicleta y el transporte público a través de un proceso de subvenciones a entidades locales a través de la Fundación Española de los Ferrocarriles (FFE). Así, se está trabajando en la redacción y tramitación de las bases de las subvenciones, así como en la primera convocatoria.

2. El fomento del cicloturismo a través del Programa de Vías Verdes, mediante:

La recuperación de antiguos trazados ferroviarios para crear itinerarios de conexión sostenible entre entornos rurales y ofrecerlos como una opción de turismo rural, atractivo y sostenible.
La creación de aplicaciones informáticas que permitan conocer la oferta de vías ciclables en España y de recomendación de itinerarios. Para ello, se está trabajando con el Centro Nacional de Información Geográfica.

3. El diseño de una red de vías ciclables de largo recorrido, con el fin de lograr un conjunto continuo y homogéneo que abarque todo el territorio nacional, bien conservado, con una oferta de servicios asociada, y con información clara y sencilla al usuario que le ayude a conocer la oferta disponible y planificar sus desplazamientos tanto de movilidad obligada como por motivos de ocio, turismo o deporte.
4. La mejora de la seguridad ciclista. La Dirección General de Carreteras está trabajando en actualizaciones normativas para atender necesidades específicas de los ciclistas como:

La nueva normativa sobre marcas viales donde, desarrollada en colaboración con asociaciones, y respecto a la cual se está redactando con la DGT una modificación del Reglamento General de Circulación para actualizar el Catálogo de señales verticales de circulación y marcas viales, en el que las necesidades de la movilidad ciclista adquieren el mismo rango de importancia que las del resto de vehículos.
Además, Mitma y DGT trabajan junto a las CCAA titulares de las vías en la señalización de tramos con elevada presencia de ciclistas.
La inclusión de la construcción de infraestructura ciclista en los proyectos de mejora del firme o del trazado, especialmente en aquellos tramos de carretera convencional que disponen de autopista o autovía paralela.
Campañas de concienciación y difusión sobre los beneficios del uso habitual de la bicicleta, como las campañas asociadas al lema «El Efecto Bicicleta», es decir, «Cuando te sumas, todo rueda» o «En bici al trabajo», que serán complementadas con otra más en los próximos meses, centrada en el ámbito educativo.
Los datos reflejan un aumento del uso de la bicicleta en España
Durante su intervención en el Senado, la ministra se ha referido a los datos de uso de la bicicleta en España y, según las cifras del Barómetro de la Bicicleta, el estudio de ámbito nacional elaborado por la Red de Ciudades por la Bicicleta, en su última edición anterior a la pandemia, de 2019, vemos un aumento de su utilización:

El 50,7% de los españoles entre 12 y 79 años utilizan la bicicleta con alguna frecuencia, lo que representa unos 20 millones de personas.
Un 22,4% la utiliza de forma semanal, unos 9 millones de españoles.
Además, un 3,5%, casi 1,5 millones de españoles, la utiliza diariamente para ir a trabajar o estudiar.
Por otra parte, 7 de cada 10 españoles tiene alguna bicicleta en casa (71,8%), lo que indica un parque de bicicletas muy elevado.
Relacionado con todo ello, el sector de la bicicleta genera mucho empleo (más de 23.000 trabajadores directos según la Asociación de Marcas y Bicicletas de España, AMBE). De hecho, ya en 2020 se superó un hito histórico, y es que en España se vendieron más de 1,5 millones de bicicletas (un 25% más que en 2019). Este dato es relevante, según la ministra, porque se vendieron más bicicletas que coches. Y esto ha vuelto a ocurrir en 2021.

En cuanto a la venta de bicicletas eléctricas, en 2021 se superó, un año más, la barrera de las 200.000 unidades vendidas (223.561). El parque de bicicletas eléctricas en España se acerca a las 900.000 unidades, situándose como el vehículo eléctrico preferido por los españoles. Además, se siguen creando empresas tanto de fabricación, venta y reparación de bicicletas y componentes, y de servicios turísticos y de ocio asociados.

Momento propicio para el uso de la bicicleta
Por todo lo anterior, la ministra ha afirmado que la bicicleta no es únicamente un modo de transporte más, sino que produce valor para la sociedad en términos de movilidad, de habitabilidad, salud, medio ambiente, equidad o sociabilidad. También produce beneficios no solo para los usuarios, sino también para el resto de la ciudadanía, al liberar espacio y reducir la contaminación atmosférica y la emisión de ruidos.

Raquel Sánchez ha concluido con la constatación de estar en un momento propicio, pues hay interés social, impulso político y alineación con las políticas europeas, financiación para poder acometer inversiones y, sobre todo, hay voluntad para enfrentarse a estos retos.

Martes, 17 de mayo de 2022

Anulada una resolución que autorizaba a la Administración del Estado a entrar en la vivienda de una octogenaria sobre la que pesa una orden de desahucio
La mujer, de 86 años y viuda de un funcionario del Estado, reside en un edificio de titularidad estatal en Cáceres, desde 1977

Autor Comunicación Poder Judicial
La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) ha anulado el auto dictado por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Nº 1 de Cáceres, que autorizaba a la Administración del Estado a entrar en la vivienda de una octogenaria, para realizar los trámites previos a un próximo desahucio, al encontrarse la vivienda en un edificio de titularidad estatal.

La mujer, de 86 años y viuda de un funcionario del Estado, que lleva viviendo en el edificio desde 1977, se veía obligada a abandonar su vivienda, en base a una sentencia de julio de 2020, que confirmaba el desahucio, al no cumplir ya los requisitos necesarios para continuar viviendo en dicho inmueble.

Ahora la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ de Extremadura, sin entrar a discutir la conformidad a derecho del acto administrativo en sí, es decir, de la rescisión contractual donde vive la recurrente, lo que revoca es la sentencia por la que se autoriza la entrada en el domicilio de la mujer con el fin de ejecutar la sentencia de desahucio.

La sala del alto tribunal extremeño ha considerado en su sentencia que se trata de una persona de edad avanzada, con unos recursos económicos limitados y escasos, prueba de ello es que es beneficiaria del servicio de justicia gratuita, y que, por lo tanto, se encuentra en una situación de vulnerabilidad.

La Abogacía del Estado, por el contrario, esgrime que la sentencia que confirmó el desahucio se dictó en julio desde 2020, tiempo en el que la afectada podía haber buscado una solución de habitabilidad.

Asimismo, argumenta la abogacía estatal que la recurrente es propietaria, al 50 por ciento, de una vivienda en la ciudad de Cáceres, en la que viven su hija y su yerno.

La Sala del TSJEx, en su resolución, toma como referencia la sentencia del Tribunal Supremo de 23 de noviembre de 2020, Rec. 4507/2019, en la que se pone de manifiesto que el “juez debe comprobar que la Administración adopta, realmente, las medidas de protección suficientes para no dejar desamparadas a las personas especialmente vulnerables que vayan a ser desalojadas forzosamente de la vivienda que ilegalmente ocupaban”.

Esta comprobación, añade la sentencia del TS, “adquiere singular importancia cuando entre los ocupantes ilegales de la vivienda haya menores de edad, dado que la normativa nacional e internacional obliga a tomar en consideración el interés superior del menor…”.

En este caso, el TSJEx estima que, aunque en este caso no haya menores en la vivienda, la mujer se encuentra en una situación de vulnerabilidad que debe ser tenida en cuenta, y considera que, para llevarse a cabo la ejecución de la sentencia de 2020, “la entrada deberá realizarse en horario diurno y en el menor tiempo posible para cumplir con lo acordado en la Resolución que se pretende ejecutar y se realizará de la forma menos gravosa para los ocupantes de la vivienda”.

Asimismo, la administración deberá comunicar al Juzgado de lo Contencioso- Administrativo el día de la entrada e informar del resultado de la misma, y el momento del lanzamiento deberá contar con los servicios sociales municipales y/o autonómicos a fin de adoptar las medidas necesarias para garantizar los derechos de quien reside en la vivienda que hay que desocupar».

Dado que esas circunstancias no se han dado, el TSJEx ha procedido a estimar el recurso de apelación interpuesto contra el auto del Juzgado de lo Contencioso- Administrativo y “deniega la autorización de entrada solicitada, al no haberse hecho en la resolución el juicio de proporcionalidad que exige el Tribunal Supremo, sin que la Administración haya ofrecido información alguna sobre la solución habitacional para la persona vulnerable”.

La sentencia del TSJEx también recalca que, ello no es obstáculo para que la Administración pudiera realizar una nueva solicitud de entrada que cumpla la doctrina del Tribunal Supremo.

Se trata de una sentencia novedosa, ya que la doctrina del TS en la que se basa la sala del TSJEx para esta resolución se refiere a la protección de menores vulnerables, que vaya a ser desalojados de sus viviendas, extendiendo dicha protección a otras personas en situación de especial vulnerabilidad.

Se entiende por “persona vulnerable”, dice la sentencia del TSJEx, “a quien por sus características físicas, sociales, culturales o económicas se encuentra en situación de desventaja con respecto al resto de la sociedad.

Además, la Sala, que no entra a valorar las causas de por qué la recurrente no vive con su hija y yerno, puesto que considera que no son quienes para enjuiciar esto, sí considera que la pandemia por Covid ha obligado a los ciudadanos a etapas de confinamiento y a la limitación de sus salidas, lo que también ha podido dificultar la búsqueda de soluciones de habitabilidad.

Informe mensual de comercio exterior, marzo de 2022

Las exportaciones aumentan un 23,9% en el primer trimestre de 2022

Martes 17 de mayo de 2022 La Moncloa

Portada del informe mensual de comercio exterior de marzo de 2022

Las exportaciones españolas de mercancías, con datos de comercio declarado de Aduanas, ascendieron un 23,9% en el periodo enero-marzo de 2022 respecto al mismo periodo del año anterior y alcanzaron los 89.611 millones de euros, máximo histórico para el periodo.

Las importaciones ascendieron un 39,0% hasta los 105.028 millones de euros, también máximo histórico.

Para la secretaria de Estado de Comercio, Xiana Méndez, estos datos demuestran que «en marzo continúa el dinamismo del comercio exterior, con exportaciones e importaciones que moderan su crecimiento, pero que continúan avanzando a un ritmo elevado a pesar de la complejidad del actual entorno internacional».

La tasa de cobertura -cociente entre exportaciones e importaciones- se situó en el 85,3%. El saldo no energético arrojó un déficit de 4.364 millones de euros y el déficit energético alcanzó los 11.052 millones de euros.

El crecimiento interanual de las exportaciones españolas en el primer trimestre de 2022 (23,9%) fue superior al registrado en Francia (20,3%), Alemania (11,1%) y Reino Unido (10,0%). Fuera de Europa, también crecieron las ventas de EE. UU. (18,4%), China (13,4%) y Japón (14,5%).

Las principales contribuciones positivas a la tasa de variación anual de las exportaciones de enero a marzo provinieron del sector de productos químicos, productos energéticos, semimanufacturas no químicas y alimentación, bebidas y tabaco.

Las exportaciones dirigidas a la Unión Europea (63,4% del total) continuaron creciendo un 28,4% en los tres primeros meses del año. Las ventas a la zona euro (55,9% del total) subieron un 28,8% y las destinadas al resto de la Unión Europea (7,6% del total), subieron un 25,2%.

Las ventas a terceros destinos (36,6% del total) se incrementaron también un 16,9% en este periodo, con incrementos de las exportaciones a América Latina (22%), América del Norte (19,5%), Oriente Medio (19,2%) y África (16,5%).

Las comunidades autónomas con mayores crecimientos en sus exportaciones fueron Canarias, la Comunidad de Madrid y Andalucía.

Datos del mes de marzo
En el mes de marzo las exportaciones españolas de mercancías se incrementaron un 17,1% sobre el mismo mes de 2021, hasta los 33.090 millones de euros, máximo histórico para cualquier mes. Las importaciones ascendieron un 31,6% en términos interanuales hasta los 37.732 millones de euros, también máximo histórico para cualquier mes.´

«En marzo hay factores comunes que han causado una desaceleración simultánea de exportaciones e importaciones y que son coherentes con un entorno global menos favorable, caracterizado por una mayor incertidumbre y una elevada inflación», explica Xiana Méndez.

Así, la tasa de cobertura se situó en el 87,7%. El saldo no energético arrojó un déficit de 574 millones de euros y el déficit energético ascendió a 4.068 millones de euros.

El aumento de las exportaciones en marzo de España (17,1% interanual) es de mayor magnitud que el registrado en Alemania (8,1%) y Francia (15,8%). Por su parte, en Reino Unido disminuyen sus exportaciones un 2,8% interanual. En el resto del mundo, las exportaciones de los Estados Unidos aumentaron un 18,3% interanual, las de China un 12,9% interanual y las de Japón un 14,7% interanual.

Las principales contribuciones positivas a la tasa de variación anual de las exportaciones provinieron del sector de productos químicos, productos energéticos, semimanufacturas no químicas y otras mercancías.

En marzo de 2022, las exportaciones a la Unión Europea representaron el 64,2% del total (61,0% en marzo de 2021) y crecieron un 23,3%. Las dirigidas a la zona euro se incrementaron un 23,5% y las destinadas al resto de la UE ascendieron un 21,9%. De los principales socios, destacan los incrementos de ventas a Portugal (38,7%), Italia (13,9%), Francia (13,7%) y Alemania (6,9%). Finalmente, las exportaciones a países terceros (no-UE) supusieron un 35,8% del total y crecieron un 7,4% interanual y las ventas a Reino Unido aumentaron un 7,1%.

Viernes, 13 de mayo de 2022

El Tribunal Supremo establece doctrina en relación con los procedimientos de comprobación limitada realizados por Hacienda
La Sala fija que solo podrá ampliar el alcance de sus actuaciones de comprobación limitada, de forma motivada por referencia al caso concreto, cuando lo comunique al comprobado “con carácter previo” al plazo de las alegaciones

Autor Comunicación Poder Judicial

La Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha dictado una sentencia en la que establece doctrina en relación con los procedimientos de comprobación limitada realizados por Hacienda. En concreto, se pronuncia sobre en qué momento la Administración tributaria puede comunicar al comprobado la ampliación del alcance de un procedimiento de este tipo para que éste sea válido.

La Sala fija que, en garantía de los derechos del contribuyente reconocidos en los artículos 34.1.ñ) y 137 de la Ley General Tributaria (LGT), Hacienda solo podrá ampliar el alcance de sus actuaciones de comprobación limitada, de forma motivada por referencia al caso concreto, cuando lo comunique al comprobado “con carácter previo” a la apertura del plazo de alegaciones.

Añade que será “nulo, por lo tanto, el acto final del procedimiento de gestión de tal clase en que se haya acordado esa ampliación en momento simultáneo, o posterior, a la comunicación al comprobado de la concesión del plazo para puesta de manifiesto y para efectuar alegaciones a la propuesta de liquidación”.

La Sala aplica esta doctrina al caso concreto resuelto en esta sentencia en la que estima el recurso de casación interpuesto por un contribuyente al que Hacienda notificó en el trámite de alegaciones la ampliación de una comprobación limitada y la propuesta de liquidación provisional.

Este contribuyente recurrió la resolución del Tribunal Económico-Administrativo Regional (TEAR) de la Comunidad valenciana sobre la liquidación practicada en relación con el IRPF de 2013 ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana. La sentencia recurrida desestimó el recurso y confirmó la liquidación por importe de 15.327 euros, pero anuló la sanción. Entendió que dicha ampliación del procedimiento se produjo en el momento de la apertura del plazo de alegaciones y no después del mismo, que está vetado por el artículo 164.1 del Real Decreto 1065/2017, de 27 de julio, por el que se aprueba el reglamento de las actuaciones y procedimientos de gestión e inspección tributaria.

El Tribunal Supremo afirma que no comparte la interpretación extensiva que hizo el TSJ cuando señala que el término “con carácter previo” permite también que esa ampliación lo sea “con carácter simultáneo”.

Afirma que la adopción de una ampliación, considerada como tal por la propia Administración, “al mismo tiempo -no antes- y con ocasión de poner de manifiesto el expediente y de dar audiencia, en el mismo acto, sobre una propuesta de liquidación, no se limita a ser una mera irregularidad no invalidante, como sostiene la Sala de instancia y alega también el Abogado del Estado”.

Y ello porque “la infracción del artículo 164 RGAT no supone un defecto formal o procedimental, no es un vicio de forma, sino una infracción sustantiva de la letra y el espíritu de la ley formal, incluso del propio texto reglamentario que, al exigir el carácter previo, excluye cualquier ampliación que no lo fuera. Desde esta perspectiva, lo previo no puede abarcar lo simultáneo, pues ambas nociones no sólo son distintas, sino incompatibles”.

Hoy se ha inaugurado en Oporto el Congreso Mundial de Derecho Registral, IPRA-CINDER con asistencia de más de 500 participantes de 40 países

16/05/2022 Registradores

Hoy se ha inaugurado, en la ciudad portuguesa de Oporto, el XXII Congreso Internacional de IPRA-CINDER con asistencia de 500 representantes de más de 40 países de los cinco continentes desde Canadá a Timor Oriental y desde el Reino Unido hasta Sudáfrica. Los registradores españoles están representados por una delegación encabezada por la decana del Colegio de Registradores, María Emilia Adán y asisten como autoridades del Ministerio de Justicia de España, junto a otras muchas de diversos países, la directora general de Seguridad Jurídica y Fe Pública, Sofía Puente y el secretario general para la Innovación y Calidad del Servicio Público de Justicia, Manuel Olmedo.

El Congreso ha sido inaugurado por el presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa que ha dirigido unas palabras de bienvenida a todos los asistentes. Posteriormente, el Secretario general de IPRA-CINDER el español, Alfonso Candau se ha referido en su discurso a la innovación tecnológica en los registros de la propiedad y ha resaltado que “la nueva forma de llevanza de los registros en formato y soporte electrónico, debe garantizar la titularidad pública de los datos así como de las bases de datos en las que se depositen los asientos electrónicos y sus documentos y archivos complementarios o relacionados” incidiendo que el registro electrónico debe “ lleva necesariamente a extremar las garantías en un doble sentido: la seguridad de los datos y el necesario equilibrio entre publicidad registral y derecho a la intimidad personal y familiar.

Candau también ha señalado la importancia en todo el mundo de registros como herramienta en la lucha contra el blanqueo de capitales, lo que “ha dado origen incluso a la generación en el interior de nuestras instituciones registrales de organismos especializados en intensificar y canalizar la colaboración de los registradores con las autoridades judiciales, policiales y administrativas, responsables de la prevención y represión del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo”

En el acto de inauguración, que ha tenido lugar esta mañana, también han participado la ministra de Justicia de Portugal, Francisca Van Dunem, la presidenta del Instituto de Registro y del Notariado de Portugal, Filomena Rosa y la presidenta de la Asociación de Registradores Portugueses, Luisa Clode.

En el Centro de Congressos do Alfândega durante los días 16 al 18 de mayo se desarrollarán numerosas potencias, en el marco de los dos temas generales: “El Registro de la Propiedad ante la globalización” y “Desarrollo sostenible. El papel del Registro inmobiliario ante los desafíos del siglo XXI Consecuencias económicas y sociales”

En el primero de los temas se abordarán las materias relativas a las organizaciones internacionales y redes de cooperación entre los distintos sistemas registrales, por su parte en el segundo de los temas, se tratarán cuestiones tan diversas como la georreferenciación, la participación del Registro en la eliminación o reducción de injusticias sociales, la lucha contra el blanqueo de capitales y el crimen organizado o la revolución tecnológica y el Big Data.

Durante el primer trimestre los deudores concursados disminuyeron un 1,8% sobre el trimestre anterior

12/05/2022 Registradores

En el primer trimestre de 2022 el número de deudores concursados alcanza la cifra de 2.920, lo que supone una disminución del 14,7% respecto al mismo período del año anterior, y un 1,8% respecto al trimestre anterior.

Por tipo de concurso, son voluntarios 1.476 (un 17,2% menos que en el primer trimestre de 2021), consecutivos 1.431 (un 11,6% menos), y necesarios 13 (un 40,9% menos que en el primer trimestre de 2021[1]). Por clase de procedimiento, los concursos exprés (apertura y cierre simultáneos del mismo por insuficiencia de masa activa), se han contraído un 1,5%, mientras que los abreviados disminuyen un 19,1%, y los ordinarios a su vez un 45,7%.

Deudores concursados según naturaleza jurídica del concursado, tipo de concurso y clase de procedimiento. 1er Trimestre 2022.

Evolución de la tasa trimestral

Para contribuir al análisis e interpretación de los datos, el gráfico siguiente muestra la variación del número de deudores concursados entre el primer trimestre del año y el cuarto trimestre del año precedente a lo largo de los últimos cinco años. En 2022 esta tasa ha sido del -1,8%.

Empresas concursadas por naturaleza jurídica y tramo de volumen de negocio

De los 2.920 deudores concursados en el cuarto trimestre, 1.125 son empresas personas jurídicas, 717 son personas físicas con actividad empresarial, y 1.078 son personas físicas sin actividad empresarial, lo que supone el 38,5%, 24,6% y 36,9% respectivamente, del total de deudores.

El número de empresas personas jurídicas concursadas disminuye un 20% en el primer trimestre de 2022 respecto al mismo periodo del año pasado.

Según la forma jurídica, el 92,7% de las empresas concursadas son Sociedades de Responsabilidad Limitada.

El 49,7% de las empresas concursadas se encuentra en el tramo más bajo de volumen de negocio (hasta 250.000 euros) y son, principalmente, Sociedades de Responsabilidad Limitada

EMPRESAS concursadas por forma social y tramo de volumen de negocio. 1er Trimestre 2022

Empresas concursadas por actividad económica y tramo de asalariados

El 22,4% de las empresas concursadas tienen como actividad económica principal el Comercio, el 16,6% la Construcción, y el 12,1% la Hostelería.

En cuanto al número de asalariados, el 54,4% del total de empresas concursadas tiene menos de seis. Y, entre éstas, el 22,8% no tiene asalariados.

EMPRESAS concursadas por tramo de asalariados y actividad económica principal. 1er Trimestre 2022

Empresas concursadas por antigüedad

El 21,4% del total de empresas concursadas en el tercer trimestre tiene una antigüedad de 20 o más años. Por otra parte, el 48,3% tiene ocho o menos años de antigüedad.

Por sectores, en la Hostelería, el 60,3% de las empresas concursadas tiene ocho o menos años de antigüedad. Por su parte, en Industria y Energía, el 43,3% de las concursadas tiene veinte o más años de antigüedad.

EMPRESAS concursadas por antigüedad y actividad económica principal. 1er Trimestre 2022

Resultados por comunidades autónomas

Las comunidades autónomas con mayor número de deudores concursados en el primer trimestre de 2022 son Cataluña (950), Comunidad de Madrid (535) y Comunidad Valenciana (367), concentrando entre las tres el 63,4% del total de deudores concursados.

Deudores concursados según tipo de concurso y clase de procedimiento. 1er Trimestre 2022

Madrid, Murcia, Navarra y Cantabria presentan los únicos incrementos anuales en el primer trimestre (17,6%, 20,3%, 33,3% y 106,7% respectivamente); y Ceuta y Melilla, Castilla y León, y Castilla La Mancha los mayores decrementos (un 100,0% por ausencia de concursos registrados, un 44,9%, y un 43,2% respectivamente).

Revisiones y actualizaciones de datos

Los datos del primer trimestre de 2022 son provisionales y se revisarán cuando se difundan los del mismo periodo del año próximo. Es decir, cuando se publiquen los datos del primer trimestre de 2023, se difundirán los definitivos del mismo trimestre de 2022.

Nota sobre las diferentes moratorias concursales motivadas por la pandemia

El Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, en su artículo 43, procedió a suspender temporalmente el deber de solicitar la declaración de concurso por el deudor insolvente (mientras estuviere vigente el estado de alarma), a la vez que, también de forma temporal (durante el estado de alarma, hasta transcurrir dos meses a contar desde la finalización de este), se preveía la inadmisión a trámite de las solicitudes de concurso necesario. La norma fue derogada por otra posterior, Real Decreto-ley 16/2020, de 28 de abril, que extendía sus efectos hasta el 31 de diciembre de 2020. Posteriormente por medio de la Disposición Final Décima (tercer punto) del Real Decreto-Ley 34/2020, de 17 de noviembre, esta extensión se prorrogó hasta el 14 de marzo de 2021. En 2021, el Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo, en su apartado cuarto de la Disposición final séptima, habilitó una nueva prórroga hasta el 31 de diciembre de 2021. Y con posterioridad, el Real Decreto-ley 27/2021, de 23 de noviembre, por el que se prorrogan determinadas medidas económicas para apoyar la recuperación, se habilita una nueva moratoria hasta el próximo 30 de junio de 2022.

Nota: Las tablas completas, así como el informe metodológico estandarizado y la metodología se pueden descargar en el siguiente enlace del Portal Estadístico Registral en la web del Colegio de Registradores: https://www.registradores.org/actualidad/portal-estadistico-registral/estadisticas-concursales

[1] Esta disminución es consecuencia directa de las diferentes moratorias establecidas en sucesivos Reales Decretos aprobados a lo largo de 2020 y 2021, que suponen la inadmisión a trámite de las solicitudes de concurso necesario. Ver nota al final para más información.

Miércoles, 11 de mayo de 2022

Tres años de prisión y una multa millonaria a un empresario de la construcción por no pagar durante años a la Seguridad Social
La Audiencia de Cantabria considera que «de manera intencionada ha procedido a una estrategia encaminada a evitar el pago de las cuotas de la Seguridad Social” y lo ha hecho a través de “maniobras de ocultación”

Autor Tribunal Superior de Justicia (Cantabria)

Santander, 11 de mayo de 2022.-

La Audiencia Provincial de Cantabria ha condenado a tres años de prisión a un empresario de la construcción por no abonar entre 2016 y 2021 las cuotas a la Seguridad Social de los trabajadores que tenía empleados.

En una sentencia recientemente notificada, el tribunal considera al ahora condenado autor de un delito contra la Seguridad Social y junto a la pena de prisión le impone una multa del triple de la cuantía defraudada, lo que supone una cantidad de 1,2 millones de euros.

Asimismo, se le retira la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y el derecho a gozar de beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social por un periodo de tres años.

En concepto de responsabilidad civil, la Audiencia de Cantabria le condena a pagar a la Seguridad Social una indemnización de 403.441 euros, la deuda global generada a consecuencia de los impagos.

La sentencia, que puede ser recurrida ante la Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, describe la actuación del acusado, empresario dedicado a la actividad de la construcción como persona física entre 2016 y 2017, y en su calidad de administrador de una empresa dedicada a la misma actividad a partir de esa fecha y hasta 2021.

A lo largo de esos años “incumplió de forma consciente y voluntaria sus obligaciones en materia de cotización social”, de modo que no abonó las cuotas de los trabajadores que tenía dados de alta y, en algunas ocasiones, no dio de alta a otros. Este proceder se mantuvo “incluso tras la presentación de la denuncia por la Tesorería General de la Seguridad Social”, explica la resolución.

El ahora condenado tampoco declaró operaciones con terceros ante la Agencia Tributaria entre 2016 y 2017, ni presentó el impuesto de sociedades en 2017 y 2018, “siendo inefectivos” todos los embargos de cuentas y facturación, así como las notificaciones realizadas para contactar con el empresario a efectos de solicitar un aplazamiento de la deuda.

Maniobras de ocultación

Para la Audiencia de Cantabria, el constructor “de manera intencionada ha procedido a una estrategia encaminada a evitar el pago de las cuotas de la Seguridad Social” y lo ha hecho a través de “maniobras de ocultación”.

En este punto, se refiere el tribunal a la inexistencia de facturación desde el año 2016, según los datos de la Agencia Tributaria, “a pesar de acreditarse la existencia real de actividad con trabajadores en plantilla”.

También alude a que “de forma sistemática y generalizada, salvo alguna excepción” no elaboraba nóminas a los trabajadores y el abono del salario se realizaba en metálico y sin justificante de recepción.

La “labor de obstaculización” se completaba con la falta de presentación de las cuentas sociales en el Registro Mercantil.

Destaca el tribunal que el empresario “nunca ha realizado una oferta o propuesta formal a la Seguridad Social para regularizar sus cotizaciones o para conseguir un aplazamiento de deuda o fraccionamiento de la misma”.

La Audiencia ha dado por acreditados los hechos relatados a la vista de la prueba documental aportada y también del testimonio de quienes comparecieron en el juicio: empleados que describieron el modo de proceder del empresario y la subinspectora de la Seguridad Social que le requirió en varias ocasiones para que regularizara la situación.

El Congreso convalida el Real Decreto-ley por el que se adoptan medidas restrictivas en respuesta a la invasión de Ucrania

Jueves 12 de mayo de 2022 La Moncloa

La ministra de Justicia, Pilar Llop, en representación del Gobierno, ha presentado y solicitado la convalidación del Real Decreto-ley por el que se adoptan medidas hipotecarias y de gestión de pagos en el exterior en el marco de la aplicación de las medidas restrictivas aprobadas por la UE en respuesta a la invasión de Ucrania.

El RDL, aprobado por 259 votos a favor, 2 en contra y 75 abstenciones, se encuadra en el marco de medidas adoptadas conjuntamente por los Estados miembros de la Unión Europea (UE) frente a la invasión de las tropas rusas en territorio soberano de la República de Ucrania.

En su intervención, Llop ha destacado la unidad que esta agresión ha generado: «Ha provocado una ola de rechazo global a la actuación injustificable y execrable de Rusia. Rechazo en Naciones Unidas, rechazo en la Unión Europea y rechazo en España».

La titular de Justicia ha indicado que el bloqueo emprendido contra los intereses de Rusia, así como de las personas cuya situación económica ofrece una capacidad de decisión a los intereses de este país, y que están incluidas en listas elaboradas al amparo del Reglamento UE 269/2014, «no es efectivo si no se actúa también contra los testaferros».

Según Llop, «los testaferros y oligarcas deben ser las dos caras de una misma moneda; sus patrimonios e intereses económicos deben bloquearse para que se reduzca el margen con el que Rusia cuenta para prolongar este conflicto en el tiempo.»

La ministra ha matizado que si se procediese contra los testaferros con las garantías tradicionales que ofrece el ordenamiento jurídico se haría, «paradójicamente, contra los fundamentos del ordenamiento».

Por ello, Llop ha explicado que este RDL «permite congelar estos bienes dentro del tráfico jurídico con todas las garantías aun cuando estuvieran inscritos a nombre de estas personas-pantalla», con el apoyo de un informe de indicios racionales elaborado por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Así, dicho informe se comunicará al Órgano Centralizado de Prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo del Colegio de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles quien, a su vez, lo notificará al registrador o registradora competente para que practique la nota marginal de inscripción de la prohibición de disponer.

Finalmente, la ministra de Justicia ha indicado que a través del artículo segundo del RDL se establecerán medidas para el pago de las obligaciones de la Administración Exterior, y el pago de nóminas y de servicios que se atenderán usando la liquidez en rublos de la que dispone el Consulado General en Moscú.

Las constituciones de empresas en abril disminuyen el 7,3% anual

10/05/2022 Registradores

El Colegio de Registradores informa sobre la evolución de la actividad del Registro Mercantil en abril, como avance sobre el informe trimestral.

Constituciones

La evolución de las constituciones durante el mes de abril desciende después cinco meses consecutivos de incrementos. Se crearon 8.615 empresas, un 7,3% menos que en el mismo periodo de 2021. Los mayores volúmenes de empresas creadas correspondieron a Madrid, Cataluña y Andalucía, que conjuntamente constituyeron seis de cada diez empresas creadas.

En abril disminuyó la creación de empresas en trece territorios, con descensos por encima del 20% en las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla, Asturias, Cantabria, Castilla y León y Murcia. En la parte positiva, se incrementaron en cinco comunidades, destacando en Baleares y Canarias.
Con este descenso en las constituciones durante el mes de abril, se ha interrumpido la senda positiva observada desde febrero de 2021, a excepción de un suave descenso del 0,4 en el mes de octubre.

Ampliaciones de capital

Las operaciones de ampliación de capital inscritas en los RR.MM. que de noviembre a febrero mostraron datos positivos, han descendido ligeramente un 0,6% en abril y se acumulan tres meses consecutivos de caídas.

Por CC.AA., presentan mayor actividad, Madrid con 623 ampliaciones, un 1,6% más que en 2021 y Cataluña con 508, un 12,9% más. Han descendido más en Ceuta y Melilla, Castilla – La Mancha, Cantabria, Asturias y Comunidad Valenciana.

Concursos de acreedores

Los concursos de acreedores, en este avance del mes de abril fueron 391, y comparados con el mismo mes del año anterior, muestran un descenso del 16,8%, con fuerte influencia de Madrid, Cataluña y la Comunidad Valenciana, que constituyeron por sí mismas seis de cada diez concursos presentados a nivel nacional.
Desde el tercer trimestre de 2021, los crecimientos de concursos de acreedores se han moderado paulatinamente hasta entornos de ligera subida, como la mostrada en el primer trimestre. Sin embargo, en abril se ha producido un importante descenso, aunque deberemos esperar a los próximos meses para confirmar si constituye o no un cambio de tendencia. Hasta la finalización de la moratoria concursal vigente hasta junio, los concursos no podrán mostrar con precisión la tendencia real.

En cuanto a su distinción entre concursos voluntarios y necesarios, los primeros sumaron en abril 299 inscripciones, con un descenso del 17,9% frente al mes anterior, mientras los concursos necesarios disminuyeron el 31,9%, habiéndose inscrito 92 en abril frente a los 135 del mes anterior.

EPA 1T2022. Menos ocupación y menos jornadas completas, unido a la pérdida de poder adquisitivo de los salarios

28 abril, 2022 USO

La EPA del 1T de 2022 viene marcada por los precios de la energía y el golpe al sector industrial

El IPC adelantado, aun con los carburantes subvencionados, supera en 6 puntos la subida salarial media: subir los salarios, prioridad en las calles el 1 de mayo

El primer trimestre ha golpeado la ocupación y, sobre todo, al sector industrial. Sube el paro en 70.900 personas y, además, se reduce el número de ocupados en 100.200. El golpe lo reciben los principales sectores productivos, la industria (-68.000) y los servicios (-50.100), aunque en relación al número de ocupados en ambos, la bajada del empleo industrial es aún más significativa. También el número de autónomos baja de forma significativa, en 55.700 personas.

Son algunos de los datos de la EPA del primer trimestre de 2022, marcada “no tanto por los efectos de la guerra de Ucrania, sino por la falta de políticas energéticas y la brutal subida de precios, que han golpeado especialmente a los sectores más dependientes de la electricidad y al consumo”, analiza Joaquín Pérez, secretario general de USO.

Pero, además, señala Pérez, “no solo es el cuánto, sino el cómo. Sí ha aumentado el porcentaje de contratos indefinidos, lo cual es una buena noticia, pero también crece el empleo por horas. Se ha destruido empleo a jornada completa, más de 170.000 puestos, mientras que sí se han creado puestos de trabajo a tiempo parcial, algo más de 70.000. Volvemos a trocear el trabajo. Y si un salario, hoy, no permite hacer frente a los gastos más necesarios, mucho menos es posible con la mitad de un salario”.

Sobre los salarios, Joaquín Pérez ha querido recalcar que “ahora mismo, es la prioridad de nuestras reivindicaciones. Sin olvidar la necesaria calidad del empleo que se crea, este también debe tener una remuneración justa. Y, ahora, los salarios deben recuperarse con respecto a la inflación. Acabamos de conocer el IPC adelantado, de un 8,4 %. Ligeramente más bajo que el anterior, por las rebajas subvencionadas a los carburantes, pero muy por encima del 2,5 % de media que están subiendo los salarios por convenio”.

Por ello, el secretario general de USO, hace un llamamiento “a no quedarse en casa el 1 de mayo. Es el primer Día del Trabajo sin restricciones desde 2019. Nosotros llevaremos nuestro lema, ‘Subir salarios, única salida’, a la manifestación principal, que celebramos en Burgos, pero también a otras ciudades, como Barcelona, Bilbao, Valencia, Palma de Mallorca y en las Islas Canarias. Y en cada mesa de negociación colectiva, la subida salarial es nuestra prioridad”.

Miércoles, 11 de mayo de 2022

El Tribunal Supremo confirma la comisión de delito de prevaricación por el exalcalde de Alicante en dos causas
Fue alcalde de Alicante por el PSOE entre 2015 y 2018

Autor Comunicación Poder Judicial

La Sala II del Tribunal Supremo ha confirmado la comisión de delito de prevaricación por quien fue alcalde de Alicante por el PSOE entre 2015 y 2018, Gabriel E.F., en dos causas judiciales distintas. Así, por el caso de unas contrataciones irregulares realizadas desde la Concejalía de Comercio, se establece una pena de 8 años y medio de inhabilitación para empleo o cargo público, y por la decisión de despedir a una funcionaria interina del Ayuntamiento, familiar del portavoz entonces del partido de la oposición, como represalia por una denuncia planteada por dicho partido contra el alcalde, se le ratifica la pena de 4 años y medio de inhabilitación que le impuso el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana.

Según los hechos probados de la primera sentencia, durante los meses de noviembre y diciembre de 2016, y por decisión del entonces alcalde de Alicante Gabriel E., la Concejalía de Comercio contrató mediante la figura del contrato menor de servicios (cuyo importe, sin incluir el IVA, no puede exceder de 18.000 euros), un total de veinticinco operaciones con diferentes empresas por un importe acumulado de 189.762’86 euros produciéndose el fraccionamiento deliberado de los objetos de las prestaciones a fin de eludir la normativa vigente en materia de contratación administrativa, que exige respeto a los principios de publicidad y concurrencia, en nueve de ellos.

Dichas nueve contrataciones, añade el relato fáctico, debieron haber sido tramitadas legalmente mediante concurso público en lugar de contrato menor, por referirse a unos mismos objetos y tratarse de unidades funcionales, y si no se siguió la tramitación correcta fue para no superar el límite legal del contrato menor de servicios, llegando a superarse en uno de ellos por un céntimo.

La Audiencia Provincial de Alicante condenó en esta causa al exalcalde a ocho años y medio de inhabilitación por delito continuado de prevaricación, y a la misma pena al entonces asesor del equipo de Gobierno Pedro D.G.L., a quien el primero había encargado llevar de facto la responsabilidad de la Concejalía de Comercio. Asimismo, condenó a 7 años de inhabilitación al entonces jefe de Gabinete de la Alcaldía Eduardo D.E.

Los condenados recurrieron en apelación al TSJ de la Comunidad Valenciana, que desestimó sus recursos, pero al mismo tiempo elevó la pena de inhabilitación de sus condenas a 12 años, para los dos primeros, y a 9 años para el tercero.

El Tribunal Supremo ahora estima parcialmente los recursos del exalcalde y exasesor y repone sus condenas iniciales de 8 años y medio de inhabilitación por el delito de prevaricación, ya que, según explica, la elevación a 12 años que hizo el TSJ suponía una agravación de las condenas de los acusados, únicos recurrentes, que está prohibida en derecho si no media recurso del Ministerio Fiscal ni petición alguna como en este supuesto. En cuanto al tercer acusado, Eduardo D., su recurso se estima totalmente, y queda absuelto, al considerar el tribunal que en su caso no hay pruebas suficientes.

Por otro lado, la sentencia ratifica que los hechos en relación al exalcalde y exasesor encajan en el delito de prevaricación (el segundo como cooperador necesario), ya que el fraccionamiento de un contrato con la finalidad de disminuir su cuantía y eludir así los requisitos de publicidad o los relativos al procedimiento de ejecución que corresponda, reúne los requisitos de dicho delito, y la prueba indiciaria fue válida en su caso.

Cese de funcionaria

El segundo caso se refiere a la decisión del exalcalde de cesar a una funcionaria interina de su puesto de trabajo en el Ayuntamiento como represalia por la denuncia ante la Fiscalía formulada en su contra por un miembro de partido distinto, que era cuñado de la funcionaria.

El Supremo confirma que fue una arbitrariedad burda y patente realizada con absoluta inobservancia de las más elementales normas de procedimiento. El Supremo desestima íntegramente el recurso del exalcalde en este caso, y confirma los 4 años y medio de inhabilitación impuestos por el TSJ de Valencia, que había reducido la pena de 9 años de inhabilitación establecidos por la Audiencia de Alicante.

10 de mayo de 2022 mineco.gob.es

El Gobierno pone en marcha la Línea de Avales para garantizar la liquidez de autónomos y empresas y paliar los efectos económicos de la guerra

La Línea de Avales, con un importe máximo de 10.000 millones de euros, tiene como objetivo garantizar el acceso a la liquidez de las empresas afectadas por el incremento de los costes energéticos o materias primas derivados de la guerra de Rusia en Ucrania

El Consejo de Ministros ha aprobado el primer tramo de la Línea por importe de 5.000 millones de euros

Para importes avalados de hasta 400.000 euros, la garantía cubre hasta el 80% y el plazo de la financiación puede ser de hasta 10 años

Para préstamos por importe superior se garantizará el 80% de la nueva financiación a autónomos y pymes y hasta el 70% para el resto de empresas, y dispondrán de un plazo de amortización de hasta ocho años

Todas las empresas tendrán derecho a una carencia inicial del principal de 12 meses y las entidades financieras deberán mantener abiertas las líneas de circulante de sus clientes hasta el 31 de diciembre de 2022

?El Consejo de Ministros ha aprobado hoy el Acuerdo que recoge las características del primer tramo de la Línea de Avales para autónomos y empresas, por importe de hasta 5.000 millones de euros, que forma parte de las medidas incluidas en el Plan de respuesta a la guerra de Rusia en Ucrania aprobadas en el Real Decreto-ley 6/2022.

La nueva línea reforzará la liquidez de autónomos y empresas que se estén viendo afectados por el incremento de los precios de la energía, materias primas o electricidad como consecuencia de la guerra, garantizando de esta forma su acceso a la liquidez. Esta Línea de Avales se enmarca en el nuevo marco temporal de ayudas aprobado por la Comisión Europea, destinadas a respaldar el tejido productivo y la economía europea ante los efectos económicos de la invasión rusa de Ucrania.

El primer tramo aprobado de 5.000 millones de euros, que será gestionado por el Instituto de Crédito Oficial en colaboración con las Entidades Financieras, está dirigido a todas los autónomos y empresas de todos los sectores económicos afectados por los efectos económicos de la guerra de Rusia en Ucrania, con excepción del sector financiero y de seguros.

Los avales se destinarán a garantizar nuevas operaciones de financiación concedidas por las Entidades Financieras, y podrán solicitarlos hasta el 1 de diciembre de 2022 los autónomos y empresas que no se encuentren en situación de morosidad ni en procedimiento concursal a la fecha de firma de la operación, ni estén sujetos a sanciones por parte de la Unión Europea, ni tengan en el momento de solicitud del aval ningún proceso de ejecución de avales gestionados por el ICO.

El aval garantizará hasta el 80% de los nuevos préstamos de operaciones solicitadas con importe máximo avalado de hasta 400.000 euros con carácter general, o 35.000 euros para empresas del sector primario, acuicultura o pesca, en una o varias operaciones de préstamo. En estos casos, el aval emitido tendrá una vigencia igual al plazo del préstamo concedido, con un plazo máximo de 10 años.

Para préstamos por un volumen superior el aval podrá garantizar hasta el 80% del importe del crédito para pymes y autónomos y hasta el 70% para el resto de empresas, si bien el importe total del préstamo no podrá ser mayor del 15% del volumen de negocios anual medio total del beneficiario durante los tres últimos ejercicios, o del 50% de los costes de la energía en los doce meses anteriores a la solicitud del préstamo.

Para estos préstamos el aval coincidirá también con el plazo de amortización de la operación, que será de hasta ocho años.

Todas las operaciones contarán, a solicitud del deudor, con un periodo de carencia inicial del principal de 12 meses y las entidades financieras deberán mantener abiertas las líneas de circulante de sus clientes hasta el 31 de diciembre de 2022. Asimismo, las Entidades Financieras deberán aplicar los mejores usos y prácticas bancarias en beneficio de sus clientes y no podrán condicionar la aprobación de los préstamos a la contratación por parte del cliente de ningún otro servicio o producto.

Tribunal Constitucional

Gabinete del Presidente

Oficina de Prensa

Nota informativa Nº 41/2022

El Presidente del Tribunal de Justicia de la Unión Europea defiende la primacía del derecho de la UE como garantía de los derechos fundamentales y de la igualdad de los estados miembros

El Presidente del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), Koen Lenaerts, ha defendido esta mañana en la sede del Tribunal Constitucional la primacía, la unidad y la efectividad del Derecho de la Unión como garantía del sistema de protección de los derechos fundamentales y de la igualdad de todos los Estados Miembros, independientemente de su talla, población o riqueza, ya que son símbolos de “nuestros valores comunes en tanto que europeos”: “Hoy más que nunca, cuando la guerra toca a las puertas de la UE, debemos defenderlos y preservarlos. Forman parte de nuestra herencia humanista y tienen vocación universal”.

Acompañado del Presidente Pedro González-Trevijano, Lenaerts ha impartido una conferencia magistral con motivo de su visita al Tribunal Constitucional, bajo el título “La protección de los derechos fundamentales en el ordenamiento jurídico de la UE: un diálogo entre el Tribunal de Justicia y los Tribunales Constitucionales de los Estados Miembros”. Se trata de la primera visita que realiza un Presidente del TJUE a la institución. En su intervención, ha subrayado que los derechos fundamentales deben ocupar una posición central en la construcción europea, en tanto que la “Unión Europea es, antes que nada y sobre todo, una Unión de valores, valores que son compartidos y custodiados por las constituciones de los Estados miembros”.

En este sentido, el Presidente del TJUE ha resaltado que el Tribunal Constitucional español “es uno de los más prestigiosos, respetados y admirados de Europa, cuya influencia ha servido de puente entre los Tribunales Constitucionales europeos y los Tribunales Constitucionales de Latinoamérica”. Asimismo, ha señalado el papel fundamental que ha desempeñado en la transición democrática de la sociedad española al tiempo que ha interpretado la Constitución española como una norma abierta al proyecto de integración europea.

Koen Lenaerts ha reflexionado sobre el diálogo entre el Tribunal de Justicia de la UE y los Tribunales Constitucionales, que busca construir puentes entre estos ordenamientos jurídicos y crear sinergias para brindar a los justiciables una protección eficaz, completa y ordenada de sus derechos fundamentales. También ha insistido en la necesidad de que los Estados miembros independientemente de su modelo constitucional y de su identidad nacional, respeten el Derecho de la Unión: “Dicha identidad no puede servir a los Tribunales Constitucionales de excusa para cerrar las puertas al diálogo prejudicial ni para poner en tela de juicio la interpretación del Derecho de la Unión que ha hecho el Tribunal de Justicia”.

“El Derecho de la Unión no se opone, en principio, a que los Tribunales Constitucionales juzguen que una legislación nacional es conforme a la constitución y que sus fallos sean vinculantes para la justicia ordinaria. Sin embargo, la fuerza vinculante de las sentencias de los Tribunales Constitucionales no puede llegar al extremo de impedir que un juez nacional examine, por sí mismo o en cooperación con el Tribunal de Justicia a través del mecanismo de remisión prejudicial, la compatibilidad de una legislación nacional con el Derecho de la Unión”, ha explicado el Presidente del TJUE.

Por su parte, el Presidente Pedro González-Trevijano ha afirmado que España y el Tribunal Constitucional son profundamente europeístas. Así, ha resaltado el valor fundador que la defensa y promoción de derechos humanos han ostentado en la propia construcción de la UE. Y también el papel jugado por los Tribunales, y especialmente por el Tribunal de Justicia, con sentencias que transitaron de lo económico, de lo técnico, de lo político, a lo humano. Con carácter cada vez más acentuado, ha señalado González-Trevijano, el Tribunal Constitucional ha afirmado que debe velar por el respeto del principio de primacía de la Unión Europea en los casos en que exista una interpretación auténtica efectuada por el propio Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en virtud del derecho a la tutela judicial efectiva, recogido en el artículo 24.2 de nuestra Constitución.

No obstante, González-Trevijano ha puntualizado que desde la entrada en vigor de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, se hace necesario vigilar que la interpretación y el alcance que se dé a derechos de contenido y alcance similares, pero no idénticos, en el plano español y europeo, no desemboquen en contradicciones y malentendidos entre los ordenamientos jurídicos español y europeo y los Tribunales llamados a aplicarlos.

Al acto han asistido los magistrados del Tribunal Constitucional, presidentes y magistrados eméritos del Tribunal así como numerosas autoridades del mundo jurídico, político y académico, entre ellas, el Presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, la Presidenta del Consejo de Estado, María Teresa Fernández de la Vega, el Secretario de Estado de Justicia, Antonio Julián Rodríguez, el Secretario de Estado de Unión Europea, Pascual Navarro Ríos, vocales del CGPJ, Magistrados del Tribunal Supremo, diputados y senadores, así como embajadores de la Unión Europea en España.

Madrid, 6 de mayo de 2022

Miércoles, 11 de mayo de 2022

Un juzgado de Vitoria considera práctica abusiva el cobro de comisiones por ingresar dinero en efectivo a los no clientes del BBVA
También condena el cobro de comisiones a los clientes de la entidad que retiren hasta 2.000 euros en ventanilla

Autor Comunicación Poder Judicial

El Juzgado de lo Mercantil de Vitoria ha dictado una sentencia en la que considera que el cobro de la comisión de BBVA por ingreso de efectivo en ventanilla por parte del no titular de la cuenta así como la comisión por retirada en efectivo de 2.000 euros o menos, también en ventanilla pero por parte del titular de la cuenta, constituyen unas prácticas abusivas, contrarias a la normativa de protección de los consumidores y usuarios y, consecuentemente, se considera nula la cláusula en virtud de la cual practica el cobro.

En base a ello, ha condenado a la entidad a cesar en la práctica indicada y a eliminar de sus condiciones generales las cláusulas contractuales por la que impone el cobro de estas comisiones.

jueves, 12 de mayo de 2022

Un juzgado de Vitoria considera abusivo que Banco Santander cobre comisiones por ingresar en efectivo a los que no son titulares de la cuenta

Insta a la entidad a eliminar del folleto de tarifas de comisiones, condiciones y gastos la información relativa a su devengo

Autor Comunicación Poder Judicial

El Juzgado de lo Mercantil 1 de Vitoria – Gasteiz ha estimado parcialmente la demanda interpuesta por la Asociación de personas consumidoras y usuarias vasca (EKA/ACUV) Euskal Kontsumitzaileen contra el Banco Santander y ha declarado que el cobro de la comisión por ingreso en efectivo en ventanilla por parte de un tercero consumidor o usuario no titular de la cuenta, indicando el concepto del ingreso, constituye una práctica abusiva, contraria a la normativa de protección de los consumidores y usuarios.

En consecuencia, ha condenado a la demandada a cesar en la práctica indicada, a abstenerse del cobro de la indicada comisión y a eliminar del folleto de tarifas de comisiones, condiciones y gastos la información relativa a su devengo.

No se entra a valorar la posible abusividad de la práctica del cobro de la comisión por aviso especial de ingreso en efectivo.

Martes, 10 de mayo de 2022

El TSJ de Asturias rechaza el uso residencial en los terrenos del antiguo Naval Gijón que solicitaba un astillero
La Sala de lo Contencioso mantiene la reserva del 80% de ese suelo para empresas de economía azul, como había planificado el Ayuntamiento

Autor Comunicación Poder Judicial
La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) ha desestimado el recurso presentado por la reprresentación legal de Pymar (Pequeños y Medianos Astilleros Sociedad de Reconversión) contra el Plan General de Ordenación de Gijón, en el que esta sociedad reclamaba para los terrenos de Naval Gijón un uso mixto -residencial y empresarial- para poder construir allí hasta 400 viviendas.

La sentencia mantiene todas las determinaciones de la ficha urbanística del Plan General para esos 60.000 metros cuadrados de suelo. La ficha que regula las condiciones de desarrollo para esos terrenos plasma los planes municipales para transformar el antiguo astillero en un parque empresarial centrado en la economía azul, es decir, en las actividades relacionadas con la mar. Para conseguir ese objetivo se obliga a destinar al menos un 80% del aprovechamiento urbanístico del PERI-Naval Gijón a ese tipo de actividades. Sí se admiten en cambio oficinas y usos hoteleros, comerciales y hosteleros.

En lo que respecta al primer motivo de impugnación, en el que la recurrente hablaba de «arbitrariedad e incongruencia en la calificación urbanística del ámbito», haciendo referencia al hecho de que en terrenos colindantes al antiguo astillero sí se contemplaba la posibilidad de construir viviendas, el fallo del TSJA indica que «el diseño de ciudad corresponde a la autoridad planificadora. Y por más que puedan ser respetables otras alternativas, opiniones o diseños, no nos encontramos en plano de resolver propuestas sobre criterios subjetivos de interpretación, sino de analizar si el contenido de los documentos normativos es acorde con el diseño planteado, y resulta factible física y económicamente».

A este respecto, considera que está en el mismo barrio, rodeando el borde edificado de la zona del Natahoyo, con tres áreas limítrofes pendientes de ordenación y posterior gestión. Para la Sala «lo que pretende el planificador, partiendo de la especial ubicación de los terrenos del antiguo Naval Gijón, que le otorga una singularidad específica respecto de otros puntos de la ciudad, es tomar esta área como referencia y punto de partida de la transformación de la zona con la implantación de actividades vinculadas al mundo marino y marítimo, a través de la denominada industria azul».

Según los magistrados, al mismo tiempo, «concentra el uso edificatorio en las otras dos áreas». El tribunal concluye por tanto que «nada cabe objetar a los usos que señala la ficha urbanística» de estos terrenos y que «en todo caso el uso industrial previsto no resulta incompatible con el residencial que se prevé en las áreas limítrofes, dado que se trata de una industria limpia, con actividades múltiples que pretende integrarse con el uso público de la zona y ser motor de recuperación social y económica».

La sentencia, que no es firme, puede ser recurrida en casación ante el Tribunal Supremo si se denuncia infracción de legislación estatal o por la propia Sala del TSJA si lo es por legislación autonómica.

Martes, 10 de mayo de 2022

Desestimado un recurso de Bankinter contra la sentencia que le obliga a no cobrar una comisión por ingreso en efectivo a los que no son clientes
El tribunal ratifica la sentencia que consideraba que el titular de la cuenta de la entidad financiera ya pagaba una comisión de mantenimiento que debía incluir ese servicio de ingresos de terceros

Autor Comunicación Poder Judicial
La Audiencia Provincial de Álava ha desestimado el recurso interpuesto por Bankinter contra la sentencia del Juzgado de lo Mercantil de Vitoria que ordenaba a la entidad financiera cesar en el cobro de dos euros de comisión por el ingreso en efectivo en cuentas de clientes de la entidad por parte de quienes no lo eran.

De esta forma, la Audiencia ratifica la sentencia que consideraba que el titular de la cuenta de Bankinter ya pagaba una comisión de mantenimiento que debía incluir ese servicio de ingresos de terceros.

Contra esta resolución en segunda instancia, cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo.

Lunes, 9 de mayo de 2022

El TSJ de Catalunya insta al cumplimiento inmediato de la sentencia de enseñanza del 25% de castellano en los centros educativos
Requiere al Conseller de Educación para que implemente la sentencia y a la Alta Inspección para que verifique su cumplimiento

Autor Comunicación Poder Judicial

El auto de la Sección 5ª de la Sala Contencioso-Cdministrativo del TSJ de Catalunya ha dispuesto requerir a la Adminsitración para el cumplimiento inmediato de la sentencia del 25% de castellano todos los centros educativos de Catalunya.

Esta decisión es consecuencia de la legitimación de una asociación que solicitó la ejecución forzosa. El mismo tribunal ha desestimado la solicitud de ejecución forzosa del partido VOX y de algunos diputados del Parlament por falta de legitimidad.

El tribunal resuelve:

-Requerir al Conseller d’Educació de la Generalitat de Catalunya per tal que, en el termini màxim de 15 dies, dicti les instruccions i estableixi les garanties de control de les mateixes que s’escaiguin als efectes que al sistema educatiu de Catalunya tots els alumnes rebin de manera efectiva i immediata l’ensenyament mitjançant la utilització vehicular normal de les dos llengües oficials en els percentatges que es determinin, que no podran ser inferiors al 25 % en un i altre cas; utilització que inclourà com a mínim la docència de la mateixa llengua i la d’un altra assignatura o matèria de caràcter troncal o anàleg, i informi al Tribunal en el mateix moment que finalitzi el nou termini d’execució sobre les mides adoptades i el grau de compliment de les mateixes.

-Requerir a la Alta Inspecció Educativa als efectes de verificar el compliment de la part dispositiva de la sentència dictada en aquestes actuacions en el conjunt del sistema educatiu de Catalunya, informant al Tribunal de l’activitat desplegada i de la situació constatada a la finalització del termini d’execució assenyalat.

-Inadmetre la sol·licitud d’execució forçosa formulada per la representació de diverses persones que invoquen la seva condició de diputats a Parlament de Catalunya i el partit polític “Vox”, per manca de legitimació.”

En el auto el tribunal especifica que: “Cal assenyalar que al cos de la sentència es reconeix la llibertat de la Generalitat de Catalunya per determinar amb llibertat d’apreciació els mitjans que consideri oportuns per fer efectiu l’ús vehicular de les llengües oficials. Allò determinant en la sentència no és el mitjà sinó el resultat. El que es condemna és una inactivitat en el dictat de normes, instruccions o actes d’aplicació que siguin necessaris als efectes de determinar l’ús vehicular de les llengües a l’ensenyament, o l’exercici de la potestat de control.

A sentència manté una pauta de respecte de la llibertat de la Generalitat de Catalunya de respecte no sols pel que fa a la forma d’ordenar l’ús vehicular de les llengües oficials, sinó també el contingut de dita ordenació. La sentència es limita a determinar el mínim constitucionalment exigible en aquest àmbit.

En conclusió, l’elecció del medi per garantir el resultat establera la sentència és facultat de la Generalitat de Catalunya, però el que no està en la seva llibertat és no actuar i permetre una situació contraria al mandat constitucional”.

Esta ejecución forzosa deriva de la sentencia dictada por esta sala el 16 de diciembre de 2020 y que fue firme el 20 de enero de 2022.

Estado de los embalses

La reserva hídrica española se encuentra al 50,7 por ciento de su capacidad
Martes 10 de mayo de 2022

Mapa de la reserva hídrica

La reserva hídrica española está al 50,7 por ciento de su capacidad total. Los embalses almacenan actualmente 28.452 hectómetros cúbicos (hm³) de agua, aumentando en la última semana en 73 hectómetros cúbicos (el 0,1 por ciento de la capacidad total actual de los embalses).

La reserva por ámbitos es la siguiente:

Cantábrico Oriental se encuentra al 94,5%
Cantábrico Occidental al 64,5%
Miño-Sil al 55,3%
Galicia Costa al 70,0%
Cuencas internas del País Vasco al 100,0%
Duero al 57,9%
Tajo al 50,5%
Guadiana al 32,3%
Tinto, Odiel y Piedras al 80,3%
Guadalete-Barbate al 36,9%
Guadalquivir al 32,2%
Cuenca Mediterránea Andaluza al 50,6%
Segura al 45,1%
Júcar al 65,7%
Ebro al 76,9%
Cuencas internas de Cataluña al 59,8%
Las precipitaciones han sido abundantes en la vertiente Mediterránea y han afectado en menor medida a la vertiente Atlántica. La máxima se ha producido en Valencia con 151,7 mm (151,7 l/m²).

La situación de las cuencas, en hectómetros cúbicos, se detalla en el siguiente cuadro:

Registradores mercantiles de toda Europa se dan cita en Madrid para estudiar su contribución al plan estratégico de la Unión Europea

09/05/2022 | Registradores

Delegaciones de todos los Registros Mercantiles europeos se dan cita en Madrid, los próximos 15 y 16 de junio, en un encuentro internacional al que asistirán, además, representantes de las asociaciones de registradores mercantiles de América Latina, Asia y África. Durante dos días, los registradores mercantiles abordarán el plan estratégico de la Comisión Europea y las contribuciones de los Registros Mercantiles para su consecución.

Los registradores mercantiles europeos estudiarán su contribución en la lucha contra el blanqueo de capitales y el crimen organizado; el escenario planteado por la guerra de Ucrania y, de forma especial, diferentes posibilidades de innovación para seguir en la senda de la digitalización promovida por las instituciones europeas.

Los Registros Mercantiles de toda Europa se agrupan en la Asociación Europea de Registros Mercantiles (European Business Registry Association, EBRA), que proporciona datos registrales, oficiales y fiables, directamente del Registro Mercantil de cada país y su consulta puede realizarse en el portal de la Unión Europea ejusticie.

Entre los países que integran la asociación se encuentran: Albania, Alemania, Austria, Azerbaiyán, Bélgica, Bosnia Herzegovina, Dinamarca, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Georgia, Gibraltar, Guernsey, Irlanda, Isla de Man, Italia, Jersey, Kosovo, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Macedonia del Norte, Malta, Montenegro, Noruega Países Bajos, Portugal, Reino Unido, Serbia y Suecia.

El Registro Mercantil en España tiene encomendado, en exclusiva, el control de legalidad del tráfico jurídico mercantil y ofrece una radiografía de la situación empresarial en España a la vez que colabora en materia de lucha contra el blanqueo de capitales.

www.curia.europa.eu

Prensa e Información

Tribunal de Justicia

Comunicado de prensan.º 78/22

Luxemburgo, 5 de mayo de 2022

Conclusiones de la Abogada General en el asunto C-61/21

Ministre de la Transition écologique y Premier ministre (Responsabilidad del Estado por la contaminación del aire)

Según la Abogada General Kokott, los Estados miembros pueden tener que responder por los daños a la salud en caso de alta contaminación del aire

La finalidad de los valores límite de la Unión y de las obligaciones de los Estados miembros en cuanto a la mejora de la calidad del aire es proteger la salud humana y conferir derechos a los particulares

Un habitante de la aglomeración de París reclama al Estado francés una indemnización por un importe total de 21 millones de euros, alegando que la creciente contaminación del aire en dicha aglomeración ha deteriorado su salud. En su opinión, el Estado francés debe responder por este perjuicio, al no haber velado por que se cumplieran los valores límite aplicables por igual en toda la Unión.

En 2019, el Tribunal de Justicia declaró que en la aglomeración de París se habían superado los valores límite de dióxido de nitrógeno desde el momento en que pasaron a ser obligatorios, es decir, desde el año 2010. Asimismo, el Consejo de Estado francés comprobó que esos valores límite se habían superado de manera continuada en París hasta el año 2020 y que los valores límite de PM10 (partículas) se habían superado hasta 2018 y 2019.

El Tribunal de Apelación de lo Contencioso-Administrativo de Versalles, que conoce del asunto, ha planteado al Tribunal de Justicia la cuestión de si los particulares pueden reclamar al Estado un resarcimiento por los daños a su salud causados por el incumplimiento de los valores límite de la Unión y, si es así, con qué condiciones.

En sus conclusiones presentadas hoy, la Abogada General Juliane Kokott sostiene que el incumplimiento de los valores límite establecidos en el Derecho de la Unión para proteger la calidad del aire puede fundamentar un derecho de indemnización frente al Estado.

Entiende que, a este respecto son válidos también los tres requisitos tradicionales de la responsabilidad del Estado por los daños que pueden atribuirse a este y son causados a los particulares por violaciones del Derecho de la Unión.

A su juicio, el primer requisito se cumple, ya que los valores límite establecidos en las Directivas de la Unión para los contaminantes en el aire ambiente y las obligaciones de mejora de la calidad del aire tienen por objeto conferir derechos a los particulares. En efecto, la finalidad principal de estas disposiciones, que son lo suficientemente claras, consiste en proteger la salud humana.

Por otro lado, la Abogada General entiende que el número de afectados que pueden llegar a reclamar con éxito una indemnización no es tan elevado como para comprender a prácticamente toda la población y que en cierto modo hayan de indemnizarse unos a otros mediante los impuestos. En realidad, la superación de los valores límite afecta ante todo a determinados grupos de personas que residen o trabajan en zonas particularmente contaminadas. Se trata con frecuencia de personas de extracción socioeconómica baja, que dependen especialmente de la tutela judicial.

Por lo que respecta, en segundo lugar, a la existencia de una violación caracterizada de las normas relativas a la protección de la calidad del aire, en opinión de la Abogada General dicha violación comprende todos los períodos durante los cuales se han superado los valores límite vigentes sin que se dispusiera de un plan de mejora de la calidad del aire que no presentase deficiencias manifiestas. Corresponde a los órganos jurisdiccionales nacionales hacer esta comprobación.

A juicio de la Abogada General, las dificultades prácticas para el ejercicio de los derechos de resarcimiento afectan al tercer requisito, es decir, a la prueba de una relación de causalidad directa entre la violación caracterizada de las normas relativas a la calidad del aire y los daños concretos a la salud.

Entiende que, en primer lugar, el perjudicado debe demostrar que durante un período suficientemente prolongado ha permanecido en un entorno en que se hayan superado de forma caracterizada los valores límite que impone el Derecho de la Unión para la calidad del aire ambiente. La duración de este período constituye una cuestión médica que requiere una respuesta científica.

En segundo lugar, el perjudicado debe acreditar un perjuicio que se pueda asociar a la correspondiente contaminación del aire.

Y, en tercer lugar, el perjudicado ha de probar una relación de causalidad directa entre la mencionada permanencia en el lugar donde se superó de forma caracterizada un valor límite relativo a la calidad del aire ambiente y los perjuicios alegados. Para ello normalmente necesitará informes médicos.

Por último, la Abogada General señala que con la prueba de la relación directa entre una violación caracterizada de los valores límite y un daño a la salud aún no se ha dicho la última palabra. El Estado miembro todavía puede eludir su responsabilidad si demuestra que los valores límite se habrían superado aunque hubiese elaborado en tiempo oportuno unos planes de calidad del aire que satisficieran las exigencias de la Directiva.

NOTA: Las conclusiones del Abogado General no vinculan al Tribunal de Justicia. La función del Abogado General consiste en proponer al Tribunal de Justicia, con absoluta independencia, una solución jurídica al asunto del que se ocupa. Los jueces del Tribunal de Justicia comienzan ahora sus deliberaciones sobre este asunto. La sentencia se dictará en un momento posterior.

NOTA: La remisión prejudicial permite que los tribunales de los Estados miembros, en el contexto de un litigio del que estén conociendo, interroguen al Tribunal de Justicia acerca de la interpretación del Derecho de la Unión o sobre la validez de un acto de la Unión. El Tribunal de Justicia no resuelve el litigio nacional, y es el tribunal nacional quien debe resolver el litigio de conformidad con la decisión del Tribunal de Justicia. Dicha decisión vincula igualmente a los demás tribunales nacionales que conozcan de un problema similar.

05/05/22

Desarticulada una organización criminal que había instaurado una banca paralela a la legal que conseguía beneficios diarios de hasta 250.000 euros

Este sistema era ofrecido a grupos criminales de distintos puntos de Europa no sólo para blanquear activos, sino también para financiar todo tipo de actividades criminales internacionales

En España han sido detenidas 3 personas, todos ellos de nacionalidad alemana y originarios de Rusia, Filipinas y Kazajistán respectivamente, huidos de la justicia alemana desde 2020

Establecidos en la provincia de Málaga, evitaban cualquier tipo de rutina en su día a día, cambiando de domicilio prácticamente a diario, utilizando comunicaciones encriptadas y utilizando documentos de identidad falsificados

Desarticulada una organización criminal que había instaurado una banca paralela a la legal que conseguía beneficios diarios de hasta 250.000 euros

La Guardia Civil, en colaboración con la Oficina Federal de la Policía Criminal (BKA) y la Jefatura Superior de la Policía de Heilbronn, Alemania, han llevado a cabo la operación RAZMENNIK – VANILLA SKY, con la que se ha conseguido desarticular una organización criminal de carácter internacional especializada en la financiación de actividades delictivas vinculadas principalmente al narcotráfico, todo ello coordinado por Europol.

Por parte de la Guardia Civil, ha sido personal del Departamento de Delincuencia Económica de la Unidad Central Operativa (UCO) quién ha dirigido la operación en España, procediendo a la detención de tres personas de origen ruso, filipino y kazajo, todas ellas de nacionalidad alemana.

Este grupo criminal estaba asentado en la provincia de Málaga y estaba dirigido por la persona de origen ruso, estando tanto éste, como el resto de detenidos, fugados de la justicia alemana desde el 2020, sin haber abandonado su actividad delictiva.

Banca paralela a la legal sin control de la administración

Esta organización criminal estaba especializada en operativas de movimientos de fondos a través de una banca criminal paralela a la legal, por lo que todas las transacciones financieras efectivas quedaban veladas a la Administración, permitiéndoles canalizar grandes cantidades de dinero en efectivo destinadas, no solo al blanqueo de capitales, sino a la financiación de actividades criminales en España y otros países europeos.

Durante el curso de la investigación, se pudo determinar su especialización delictiva y la demanda que generaban en los responsables de otras organizaciones criminales, que recurrían a ellos en busca de canales seguros de financiación para sus actividades ilícitas y para que les facilitasen el blanqueo de los beneficios obtenidos de las mismas.

Comisiones del 5% por cada millón de euros

El responsable de la organización criminal pactaba comisiones que llegaban al 5% por cada millón de euros gestionado, 50.000 euros, habiendo llegado a mover en un día más de 5 millones de euros, lo que habría supuesto 250.000 € de beneficios en un solo día.

Los miembros de esta organización guardaban extremas medidas de seguridad, evitando cualquier tipo de rutina en sus movimientos diarios, para lo que utilizaban falsas identidades sustentadas en documentos de identidad búlgaros y alemanes falsificados, cambiando diariamente de domicilio y vehículos, así como comunicándose y realizando diferentes operativas a través de plataformas encriptadas.

Durante los registros practicados en distintas localidades de la provincia de Málaga, en los que se contó con la presencia de investigadores alemanes, personal de Europol y con la Unidad Especial de Intervención (UEI) de la Guardia Civil ante la peligrosidad de los objetivos, se incautaron importantes sumas de dinero en efectivo, modernas máquinas de contar dinero, dispositivos de telefonía móvil encriptados, diferentes documentos de identidad falsificados de varias nacionalidades y diversa documentación que actualmente se está analizando.

Hay que resaltar, que las tres personas detenidas, se encontraban en busca y captura por las autoridades alemanas por pertenencia a organización criminal dedicada al tráfico de drogas desde España a Alemania, al tráfico de armas y al blanqueo de capitales.

La desarticulación de esta organización criminal evidencia no sólo la existencia de un sistema financiero criminal paralelo al legal, sino también, el perjuicio que estos proveedores de servicio pueden producir en la seguridad económica de la Unión Europea.

La Bolsa negocia 36.881 millones en abril, un 28% más

Balance mensual de los mercados operados por BME

•El volumen contratado en Renta Variable asciende un 20,1% en lo que va de año
•Las admisiones a negociación en Renta Fija alcanzan los 38.498,2 millones de euros, un 10,2% más que en abril de 2021
•La negociación en los contratos de Futuro sobre el índice IBEX 35 aumenta un 18,2% en los cuatro primeros meses del año

La Bolsa española negoció en Renta Variable 36.881 millones de euros en abril, lo que supone un crecimiento del 27,9% respecto al mismo mes del año pasado y un descenso del 15,9% frente a marzo. El número de negociaciones fue de 3,2 millones, un 13,6% por debajo del abril del año anterior y un 40,4% menos que en marzo.

BME alcanzó una cuota de mercado en la contratación de valores españoles del 71,82%. La horquilla media durante este mes fue de 6,54 puntos básicos en el primer nivel de precios (un 10,0% mejor que el siguiente centro de negociación) y de 8,65 puntos básicos con 25.000 euros de profundidad del libro de órdenes (un 36,7% mejor), según el informe independiente de LiquidMetrix, disponible en este enlace: www.bmerv.es/esp/Miembros/MIFID_II.aspx. Estas cifras incluyen la contratación realizada en los centros de negociación, tanto en el libro de órdenes transparente (LIT), incluyendo las subastas, como la negociación no transparente (dark) realizada fuera del libro.

El volumen contratado en abril en los mercados de Renta Fija alcanzó los 8.679,3 millones de euros, un 5,4% menos que en marzo. Las admisiones a negociación, incluyendo emisiones de Deuda Pública y de Renta Fija Privada, ascendieron hasta los 38.498,2 millones de euros, lo que implica un incremento del 10,2% respecto al mismo mes del año anterior y una bajada del 10,7% en comparación con marzo.

El saldo vivo se situó en 1,75 billones de euros, con un aumento del 1,9% en lo que va de año y del 3,4% respecto a abril del año anterior.

El mercado de Derivados Financieros negoció en abril 1,7 millones de contratos, lo que supone un nominal de 37.558 millones de euros.

La negociación aumentó un 18,2% en Futuros sobre IBEX 35, un 17,6% en Futuros Mini IBEX y un 23.8% en Futuros sobre acciones en el acumulado del año. En los contratos de Opciones se produjo un incremento del 87,3% en la negociación de Opciones Mini IBEX y un 40,1% en Opciones sobre acciones respecto al mismo mes del año anterior.

Por su parte, la posición abierta creció un 8,6% en los contratos de Opciones Mini IBEX y un 8,7% en los contratos de Opciones sobre acciones respecto a marzo.

Programa de Estabilidad y Plan Nacional de Reformas

España remite a la Comisión Europea unas perspectivas macroeconómicas y fiscales marcadas por la máxima prudencia ante la elevada incertidumbre de la guerra

La Moncloa
Viernes 29 de abril de 2022

La Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos ha actualizado el Programa de Estabilidad 2022-2025 y el Programa Nacional de Reformas 2022 para su remisión a la Unión Europea.

El envío se efectúa en cumplimiento de la obligación de todos los Estados Miembros de presentar cada año en el mes de abril ante la Comisión Europea sus Programas Nacionales de Reformas y sus Programas de Estabilidad, en el marco del Semestre Europeo para la coordinación de las políticas económicas.

En ambos documentos, el Gobierno explica las medidas de política económica adoptadas para paliar el impacto de la guerra de Rusia en Ucrania, destinadas a compensar a los ciudadanos por el incremento del precio de la energía y los carburantes, y proteger a los colectivos más vulnerables y a los sectores más afectados; los efectos de las inversiones y reformas del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, así como el escenario macroeconómico y fiscal para el periodo de referencia. El nuevo cuadro macroeconómico ha sido avalado por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF).

Programa de Estabilidad 2022-2025
El Programa de Estabilidad incluye el escenario macroeconómico previsto para el periodo 2022-2025, apoyado en la última información disponible.

La vicepresidenta primera del Gobierno ha señalado que «en el contexto actual de elevada incertidumbre por la situación geopolítica internacional y la fuerte subida de los precios de la energía, el escenario macroeconómico y fiscal está marcado por el principio de máxima prudencia».

La economía española se mantendrá en una senda de crecimiento económico a lo largo del todo el periodo de previsión, que será más intenso en 2022 y 2023, con unas tasas de crecimiento previstas del Producto Interior Bruto del 4,3% y del 3,5%, respectivamente.

En línea con los organismos nacionales e internacionales, se prevé un crecimiento superior al de las principales economías avanzadas, confirmándose la solidez del actual ciclo expansivo iniciado en 2021.

El alza de los precios de la energía, junto con el impacto negativo sobre las principales economías europeas está ralentizando la recuperación de la economía española tras la pandemia, que se había acelerado en el segundo semestre de 2021.

No obstante, en 2022 continuará a buen ritmo el crecimiento de la economía española apoyado, sobre todo, en la creación de empleo de calidad, la inversión en bienes de equipo y propiedad intelectual, la recuperación del turismo y el impulso de las inversiones y reformas del Plan de Recuperación.

El alza de los precios energéticos y el efecto base han provocado una aceleración del nivel general de precios desde mediados de 2021, que se ha intensificado a comienzos de 2022 por el impacto de la guerra. No obstante, todas las previsiones apuntan a una desaceleración significativa de la inflación desde el segundo semestre de 2022, hasta situarse alrededor del 2% el próximo año.

En este contexto, el nuevo cuadro macroeconómico prevé que la demanda interna sea el principal motor de crecimiento, y especialmente la inversión que se estima que se acelere este año hasta el 9,3%, apoyada en el Plan de Recuperación, cuyo despliegue seguirá ganando impulso en 2022 y 2023 a través de la plena ejecución de las inversiones, consolidando el cambio de patrón en la recuperación frente a crisis anteriores.

La concentración del Plan en proyectos estratégicos permitirá atraer inversión privada adicional, aumentando el factor multiplicador de los fondos y generando un efecto arrastre para el conjunto de la economía. Junto a las inversiones, las reformas en marcha están impulsando la transformación del tejido productivo, lo que se traducirá en un aumento de la productividad y del crecimiento potencial.

El dinamismo de la actividad turística será un elemento determinante para el crecimiento económico en 2022, con una recuperación del 80% del registrado en 2019, favorecido por un impacto más limitado de las olas del virus gracias a la elevada vacunación y a la recuperación de lo los principales mercados emisores.

Para el periodo 2022-2025, el empleo seguirá siendo el motor del crecimiento económico, consolidándose la senda de descenso de la tasa de paro, que pasará del 14,8% en 2021 hasta reducirse hasta el 9,6% en 2025, descenso que se acompaña de una mejora en la calidad del empleo, gracias al impulso de las inversiones y las reformas del Plan de Recuperación, especialmente los efectos positivos de la Reforma Laboral.

Dada la alta incertidumbre del contexto internacional, el cuadro macroeconómico prevé que la demanda externa tendrá una aportación negativa al crecimiento en 2022 y 2023.

Reducción progresiva del déficit y la deuda
El Programa de Estabilidad remitido a la Comisión Europea incluye las perspectivas fiscales para el periodo comprendido entre 2022 y 2025.

El impulso económico, la fuerte creación de empleo y el aumento del crecimiento permitirán progresar en la senda de consolidación fiscal iniciada en 2018 e interrumpida por la pandemia. En 2021 ya se ha registrado una reducción del déficit de 3,3 puntos porcentuales con respecto al año anterior, 1,6 puntos inferior a la prevista en el anterior programa de estabilidad, al igual que la ratio de deuda/PIB.

El escenario que plantea el Programa de Estabilidad muestra un progresivo descenso del déficit a lo largo de los cuatro ejercicios. De esta manera, el año 2022 terminará con una tasa del 5% del PIB, frente al 6,76% con que cerró el ejercicio 2021. Para el ejercicio siguiente se prevé un descenso adicional hasta el 3,9%, para a continuación retroceder hasta el 3,3% en 2024 y terminar en 2025 en el 2,9% del PIB.

En línea con la bajada del déficit público, se seguirá reduciendo la ratio deuda/PIB hasta situarse en el 109,7% en 2025.

Esta progresiva corrección del déficit sigue a la registrada en el ejercicio 2021, cuando retrocedió hasta el 6,76% desde el 10,08% en que había terminado en el año 2020. Fue una reducción de 3,3 puntos de PIB, la mayor de la serie histórica sin ayudas financieras.

La mejora de las cuentas públicas el ejercicio pasado tuvo lugar sin la adopción de políticas de austeridad ni de recortes sociales. Por el contrario, encontró su base en el vigor del crecimiento económico y en la fuerte creación de empleo de calidad, posibles gracias a las medidas de sostenimiento de rentas y del tejido productivo puestas en marcha en 2020 y que se mantuvieron también durante el año 2021. Entre esos dos ejercicios se invirtieron casi 80.000 millones de euros para mitigar las consecuencias económicas y sociales de la pandemia y proporcionar un mejor punto de partida a la recuperación.

Margen para tomar más medidas mientras baja el déficit
Las cifras de cierre presupuestario de 2021 fueron mejores de lo anticipado por el propio Gobierno, que situó su previsión en el 8,4% del PIB. También fueron mejores de lo estimado por organismos independientes tanto nacionales como internacionales. Ello da muestra del realismo y la prudencia con los que el Ejecutivo efectúa sus previsiones.

El déficit en 2021 fue 19.500 millones de euros inferior al avance realizado por el Gobierno. Esa mejor evolución proporciona margen de maniobra para adaptar las decisiones en materia de ingresos y gastos a las necesidades de la coyuntura geopolítica.

De esta manera, la reducción del déficit que contempla el Programa de Estabilidad para el periodo comprendido entre 2022 y 2025, que lo sitúa al final de ese último ejercicio por debajo de la cota del 3%, es compatible con el paquete de medidas aprobado por el Gobierno para contrarrestar los efectos de la guerra en la economía, fundamentalmente en la evolución de los precios.

El Gobierno ha tomado medidas fiscales para rebajar la factura eléctrica a todos los hogares, a todas las empresas y a todos los autónomos; ha aprobado subvenciones para el repostaje de combustible tanto a particulares como a empresas y trabajadores por cuenta propia; y ha puesto en marcha ayudas directas a los sectores más sensibles, desde el transporte a las industrias gasintensivas o electrointensivas, pasando por la agricultura, la ganadería y la pesca. También se ha ocupado de los hogares más vulnerables, incrementando un 15% el Ingreso Mínimo Vital o incrementando el alcance de los bonos sociales térmico y eléctrico.

En definitiva, el Ejecutivo, en el Programa de Estabilidad, muestra una hoja de ruta en la que es compatible su compromiso con la reducción del déficit y de la deuda y su objetivo de la estabilidad presupuestaria, con la adopción de medidas de apoyo a la ciudadanía y a las empresas cuando las circunstancias así lo requieren.

Evolución por subsectores
En cuanto a las previsiones sobre la evolución del déficit por subsectores, la Administración Central continuará siendo la responsable del grueso del déficit público durante todo el periodo, debido al apoyo que durante los últimos ejercicios ha proporcionado al resto de los subsectores, tanto a las Comunidades Autónomas como a la Seguridad Social y a las Entidades Locales, para que pudieran prestar con una calidad excelente los servicios a la ciudadanía de los que son responsables sin que se vieran afectados por la difícil coyuntura reciente marcada por la pandemia.

Así, el déficit de la Administración Central será en 2022 del 3,8% (lo que implica un significativo descenso desde el 6,1% de 2021), para caer hasta el 3,4% en 2023 y situarse en 2025 en el 3,2%.

El déficit de las Comunidades Autónomas se situará al cierre de este año en el 0,8%, para bajar al 0,1% en 2023. En los dos últimos ejercicios del periodo, este subsector pasará a una situación de superávit equivalente al 0,2% del PIB, idéntico para ambos años 2024 y 2025.

Las Entidades Locales, por su parte, registrarán superávit durante todo el periodo, partiendo del 0,1% al cierre de este año, para situarse entre el 0,2% y el 0,3% los ejercicios restantes.

Los Fondos de la Seguridad Social reducirán a la mitad su déficit al pasar del 1% de 2021 al 0,5% en 2022 y, de acuerdo con la senda prevista, en el año 2025 habrá recortado hasta el 0,2% del PIB.

Apoyos a las comunidades autónomas
La ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, ha destacado el apoyo sin precedentes que el Gobierno central ha prestado al resto de subsectores, especialmente a las Comunidades Autónomas. Gracias a este apoyo, este subsector cerró el ejercicio 2021 en situación de equilibrio presupuestario por primera vez.

Este respaldo extraordinario prestado desde el Estado Central a los territorios es el que explica que, en contabilidad nacional, los ingresos públicos totales con que han contado los Gobiernos regionales han aumentado un 24,6% en los últimos cuatro años. Sin embargo, en el mismo periodo, los ingresos públicos de la Administración Central han crecido menos de la mitad, un 10%.

Los recursos extraordinarios transferidos desde el Gobierno a las Comunidades Autónomas han ido dirigidos a blindar el Estado del Bienestar y a evitar recortes en áreas como la sanidad o la educación pública, así como a sostener el tejido productivo más afectado por la pandemia en cada región.

Medidas para combatir los efectos de la guerra
Como el Ejecutivo hizo en los dos últimos años para paliar las consecuencias económicas de la pandemia, ahora ha puesto en marcha un paquete de medidas que este jueves consiguió su aprobación en el Congreso de los Diputados para combatir los efectos económicos de la guerra y para proteger a familias, trabajadores, autónomos y empresas. Se trata de medidas, como ha insistido Montero, que se encuentran alineadas con las recomendaciones del FMI o de la Comisión Europea.

Entre estas actuaciones destacan la bonificación de hasta 20 céntimos por litro repostado de combustible para todo tipo de consumidores, tanto particulares como profesionales y empresas, con un impacto presupuestario de más de 1.400 millones de euros; ayudas directas al sector del transporte por valor de 450 millones de euros; ayudas directas a la agricultura de 364 millones; ayudas directas a la pesca de 68 millones de euros; además de un apoyo de 500 millones de euros para la industria gasintensiva y electrointensiva.

También se han adoptado medidas de índole social por un montante de 500 millones de euros, para apoyar a las familias más vulnerables, como el aumento del 15% del Ingreso Mínimo Vital; así como la ampliación del alcance del bono social término y del bono social eléctrico.

A ello se suma la mayor rebaja de impuestos de la historia en la electricidad, que supondrá un ahorro de 12.000 millones de euros para todo tipo de consumidores, tanto hogares como empresas y autónomos, si se prorroga hasta final de 2022. El Gobierno rebajó el IVA de la luz desde el 21% al 10% en junio de 2021; además suspendió el Impuesto sobre el Valor de la Producción de Energía Eléctrica; y redujo el Impuesto Especial sobre la Electricidad al mínimo que permite la Comisión Europea.

El Programa de Estabilidad, como ha concluido la ministra de Hacienda y Función Pública, es muestra de cómo la economía española es capaz de adaptarse a un contexto de incertidumbre y apuesta por el fortalecimiento de los servicios públicos mientras también cumple con el compromiso de reducir de forma progresiva con los desequilibrios fiscales.

Programa Nacional de Reformas
La Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos ha acordado también la remisión a la Comisión Europea del Programa Nacional de Reformas.

Este Plan recoge las reformas e inversiones previstas en el Plan de Recuperación, que están alineadas con las recomendaciones específicas de la Unión Europea en el contexto del Semestre Europeo.

Diecinueve entidades públicas y privadas se unen para luchar contra el fraude financiero

29 de abril de 2022

CNMV

• Han suscrito el Plan de Acción contra el Fraude Financiero para estrechar su colaboración, mejorar la prevención y luchar contra las ofertas fraudulentas y proteger a los inversores

• El objetivo del acuerdo es reducir los intentos de fraude financiero, restringir su difusión promocional o publicitaria y facilitar nuevas herramientas a los consumidores

• Habrá autorregulación para limitar la publicidad de entidades no autorizadas y se crearán nuevas herramientas de información a los clientes de entidades financieras

• El Plan de Acción establece que se realizarán campañas informativas para advertir sobre las nuevas tendencias del fraude y se fomentará la educación financiera

• Los organismos ponen en común recursos humanos y técnicos y crean canales de comunicación directa para agilizar el intercambio de información

• La CNMV ha puesto a disposición de los firmantes una base de datos interactiva para la consulta de las entidades piratas o chiringuitos financieros que detectan la Comisión y otros supervisores extranjeros

Diecinueve instituciones públicas y entidades privadas han firmado hoy el protocolo general del Plan de Acción contra el Fraude Financiero, en un acto que ha presidido la vicepresidenta primera y Ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital del Gobierno, Nadia Calviño, y al que han asistido los responsables de todos los participantes.

El Plan, impulsado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores, tiene el objetivo de potenciar y mejorar la prevención y la lucha contra las ofertas de productos y servicios financieros potencialmente fraudulentas ante el aumento detectado de estas prácticas, que ocasionan graves perjuicios a inversores y a todo el sector financiero regulado.

Con este acuerdo, se pretende definir y articular medidas para reducir la capacidad de actuación y de expansión de los intentos de fraude financiero, restringir la promoción o publicidad de actividades para captar nuevos afectados, así como facilitar a inversores y clientes de servicios financieros los instrumentos y conocimientos necesarios para detectar y evitar estas prácticas.

Las acciones que se desarrollarán a partir de ahora persiguen incrementar la seguridad de los inversores, anticipar la detección de episodios de fraude, dificultar su propagación y reducir los efectos perniciosos de estas actividades para ofrecer una mayor confianza a los ciudadanos.

Los firmantes formarán una comisión de seguimiento que se encargará de evaluar las nuevas formas de fraude que puedan aparecer, proponer nuevas medidas y analizar la evolución de estos fenómenos en nuestro país. En ella participarán organismos del ámbito económico y financiero, del sistema judicial y fuerzas de seguridad del Estado, del sector de los medios de comunicación y la publicidad, entre otros. Las entidades firmantes del acuerdo son:

1. Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital;
2. Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV);
3. Fiscalía General del Estado;
4. Banco de España;
   La Secretaría de Estado de Seguridad a través de:
5. Policía Nacional;
6. Guardia Civil;
7. Mossos d’Esquadra;
8. Ertzaintza;
9. Policía Foral de Navarra;
10. SEPBLAC;
11. Asociación Española de Banca (AEB):
12. CECA;
13. Fondo de Garantía de Inversiones (FOGAIN);
14. INVERCO;
15. Asociación Medios de Información (AMI);
16. Unión de Televisiones Comerciales en Abierto (UTECA);
17. Autocontrol;
18. Colegio de Registradores;
19. Colegio General del Notariado.

En el ámbito de sus respectivas competencias, estas entidades se coordinarán para:

• Cooperar en la detección de actividades irregulares y delictivas en materia de ofertas de productos y servicios financieros, sean regulados o no regulados, que puedan ser indicativos de un caso de fraude financiero.
• Limitar o eliminar la publicidad de entidades no registradas para la prestación de servicios financieros o dirigida a la captación fraudulenta de clientes e inversores en buscadores, redes sociales, medios de comunicación y difusión, etc., así como la difusión de sus actividades en los canales citados.
• Establecer mecanismos de información para inversores sobre los riesgos y posibilidades de fraude.
• Crear canales de comunicación directa entre las partes para cumplir con los objetivos de este protocolo.
• Establecer mecanismos que permitan la verificación del registro de las entidades que realicen publicidad en medios de comunicación y redes sociales.
• Realizar campañas informativas y divulgativas para el público en general para informar a los inversores sobre los riesgos de fraude y las garantías de las operaciones con entidades registradas.
• Desarrollar mecanismos de alertas de nuevas tendencias o fenómenos de fraude detectadas.
• Fomentar la educación financiera necesaria para mejorar el empoderamiento de los ciudadanos para detectar productos y servicios financieros sospechosos, mediante la información y la educación financiera, la comunicación pública y mediante mecanismos de verificación más sofisticados.

La CNMV ha puesto desde hoy a disposición de los firmantes una base de datos interactiva para la consulta de las entidades piratas o chiringuitos financieros que detectan la Comisión y otros supervisores extranjeros para mejorar las investigaciones sobre ellos, dificultar su acceso a potenciales víctimas y reducir su campo de actuación.

Al Plan podrán adherirse en el futuro otras entidades, públicas y privadas. Las entidades también podrán suscribir convenios de colaboración para temas específicos.

Plan de Recuperación

España solicita el segundo desembolso del Plan de Recuperación por valor de 12.000 millones de euros

España, sábado 30 de abril de 2022

Plan de Recuperación

La Moncloa

España se convierte en el primer Estado miembro en solicitar el segundo desembolso y confirma que es el país más adelantado en la ejecución del Plan de Recuperación.

La Secretaría General de Fondos Europeos ha enviado la solicitud del segundo desembolso, que asciende a 12.000 millones de euros. Este desembolso está asociado al cumplimiento de 40 hitos y objetivos, entre los que destacan medidas para trasformar y reequilibrar las relaciones laborales en nuestra economía.

El Gobierno de España solicitó formalmente ayer el segundo desembolso del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia por valor de 12.000 millones de euros que se corresponden al cumplimiento de 40 hitos y objetivos (31 hitos y 9 objetivos), a los que se ha dado cumplimiento a lo largo del segundo semestre de 2021.

La evaluación satisfactoria del cumplimiento de este paquete de hitos y objetivos supondrá el desembolso de 12.000 millones de euros, que se sumarían a los 9.036 millones de euros de prefinanciación y a los 10.000 millones de euros del primer desembolso, recibidos en 2021. De esta forma, con esta petición, formulada por la Secretaría General de Fondos Europeos, dependiente del Ministerio de Hacienda y Función Pública, España se convierte en el primer Estado miembro en solicitar este segundo desembolso y demuestra que es el país más adelantado en la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR).
Algunos de los hitos y objetivos más destacados

En líneas generales, esta solicitud de pagos incluye el grueso de las medidas para transformar y reequilibrar las relaciones laborales y el sistema de pensiones en nuestra economía, entre las que destacan la reforma laboral, uno de los principales compromisos programáticos para esta legislatura, y la reforma del sistema público de pensiones, según la cual se deroga el índice de revalorización de las pensiones y se garantiza el mantenimiento del poder adquisitivo de las mismas.

Dentro de los ejes verde y digital, esta segunda solicitud de desembolso también incluye la aprobación de la Hoja de Ruta de la energía eólica marina y otras energías del mar; la Estrategia de Movilidad Segura, Sostenible y Conectada, la Carta de los Derechos Digitales, la entrada en vigor del RD-Ley para la protección de las personas trabajadoras que se dedican a actividades de reparto a domicilio utilizando plataformas digitales o medidas fiscales para acelerar el despliegue de la red de 5G.

Además, también se han puesto en marcha medidas para fortalecer la resiliencia, el crecimiento económico y la cohesión territorial, como puede ser la modernización de la Agencia Tributaria, la aprobación del Plan de Acción para la Atención Primaria y Comunitaria y la mejora del funcionamiento de la cadena alimentaria.

Procedimiento establecido en el artículo 24 del Reglamento del MRR

A partir de ahora, la Comisión Europea dispondrá de un plazo de dos meses para realizar el análisis y comprobación de la documentación presentada por el Gobierno de España para efectuar el desembolso, atendiendo al artículo 24 del Reglamento del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.

Publicación de los datos de ejecución presupuestaria

El déficit del Estado se sitúa en el 0,44% del PIB en marzo y se reduce un 60,4% respecto al mismo periodo del año anterior

Viernes 29 de abril de 2022 La Moncloa

El Ministerio de Hacienda y Función Pública ha publicado en su web una serie de datos correspondientes a la ejecución presupuestaria de las Administraciones Públicas en 2022.

La evolución hasta marzo muestra que el déficit del Estado continúa la senda descendente iniciada en 2021 como consecuencia de la reactivación económica y la creación de empleo impulsadas por el avance del proceso de vacunación. En concreto, el déficit del Estado en los tres primeros meses del año de 2022 se ha reducido un 60,4%.

Asimismo, el Ministerio de Hacienda y Función Pública también ha publicado en su web los datos de déficit consolidado de la Administración Central, Comunidades Autónomas y Seguridad Social del mes de febrero en términos de contabilidad nacional, que también se ha reducido un 40,8% respecto al mismo periodo del ejercicio anterior.

Déficit del Estado (marzo)
Hasta marzo, el Estado ha registrado un déficit equivalente al 0,44% del PIB, frente al 1,22% existente en el primer trimestre de 2021. De esta forma, el déficit se sitúa en 5.811 millones, lo que supone un descenso del 60,4% respecto a los 14.665 millones del mismo periodo del ejercicio anterior. Este resultado se debe a un sólido incremento de los ingresos no financieros del 17,2%, frente al comportamiento de los gastos, que decrecen a un ritmo del 1,5%.

Recursos no financieros del Estado

Los recursos no financieros se sitúan en 54.114 millones, lo que supone un 17,2% más respecto al mismo periodo de 2021. Los impuestos se sitúan en 46.785 millones de euros, el 86,5% del total de los recursos, y crecen un 18,2% respecto al primer trimestre de 2022.

Los impuestos sobre la producción y las importaciones aumentan un 16,3%. En concreto, los ingresos por IVA se elevan un 18,5%. Los impuestos corrientes sobre la renta y el patrimonio crecen un 22,2% debido al IRPF, que se incrementa un 22,2%, y al aumento del Impuesto sobre Sociedades, que se eleva un 11%. Por su parte, el Impuesto sobre la Renta de No Residentes se incrementa un 52%.

Asimismo, los impuestos sobre el capital crecen un 70,4%, respecto al mismo periodo del año anterior y los ingresos de las cotizaciones sociales descienden ligeramente un 2,0%.

Las rentas de la propiedad disminuyen un 8,4% respecto a 2021 como consecuencia del descenso del 27,9% de los ingresos por intereses. Si bien, los ingresos por dividendos y otras rentas se incrementan un 9,1% hasta situarse en 735 millones.

Los ingresos procedentes de la venta de bienes y servicios crecen un 39,9% hasta los 456 millones.

Los otros recursos no financieros aumentan un 21,6%, lo que se debe, en parte, a los mayores recursos recibidos de determinadas Comunidades Autónomas por Fondo de Suficiencia Global y por Fondo de Garantía de los Servicios Públicos Fundamentales.

Empleos no financieros del Estado

Hasta marzo, los empleos no financieros del Estado se han situado en 59.925 millones, cifra inferior en un 1,5% a la registrada en los tres primeros meses de 2021.

La partida de mayor volumen son las transferencias entre administraciones públicas, con un peso del 60,7% sobre el total de empleos no financieros. En concreto, ascienden hasta el tercer mes del año a 36.350 millones, lo que supone un aumento del 5,4% respecto al mismo periodo de 2021. Una parte importante de este incremento proviene de la compensación del SII-IVA, hecha efectiva en el mes de marzo.

La remuneración de asalariados crece un 4,2%. Esta rúbrica, que se sitúa en 4.525 millones, incorpora la subida salarial para este ejercicio del 2% frente a un incremento salarial del 0,9% en 2021.

Los consumos intermedios han ascendido a 1.667 millones, un 44,8% más de gasto que en el mismo periodo de 2021, mientras que las transferencias sociales en especie se incrementan un 56,8%.

Por su parte, los intereses devengados crecen un 5,7% hasta situarse en 5.683 millones, mientras que las prestaciones sociales distintas de las transferencias sociales aumentan un 7,1%, cifra que incorpora una revalorización de las pensiones de Clases Pasivas del 2,5% con carácter general y del 3% en las mínimas.

El resto de empleos corrientes asciende a 1.207 millones, lo que supone 108 millones más que el año anterior. Esta partida incluye la subvención a los productos para la financiación del déficit eléctrico, superior en un 14,5% a la de marzo de 2021. Por su parte la cooperación internacional corriente se incrementa en un 83,2%, incluyendo 85 millones de aportación al FED frente a 114 millones en 2021 y 187 millones de vacunas donadas a terceros países.

Por último, destaca la formación bruta de capital fijo, que aumenta un 20% en 2022 hasta los 1.134 millones, mientras que las ayudas a la inversión y las otras transferencias de capital han ascendido en conjunto a 410 millones.

Déficit conjunto de la Administración Central, Comunidades Autónomas y Seguridad Social (febrero)
En febrero de 2022 el déficit conjunto de la Administración Central, los Fondos de la Seguridad Social y las Comunidades Autónomas, excluida la ayuda financiera, se sitúa en 11.439 millones, equivalente al 0,88% del PIB. Si se incluye el saldo de la ayuda a las instituciones financieras por importe de 302 millones, el déficit supone el 0,90% del PIB.

Administración Central

El déficit de la Administración Central se sitúa en 9.978 millones a finales de febrero de 2022, el 0,76% del PIB.

El déficit del Estado en febrero en términos de PIB, equivale al 0,85% alcanzando la cifra de 11.050 millones, un 29,6% inferior al registrado en febrero de 2021.
Los Organismos de la Administración Central registran en febrero de 2022 un superávit de 1.072 millones.

Tabla sobre financiación de las Administraciones Públicas, febrero 2021-2022

Comunidades Autónomas

La Administración regional registra un déficit en febrero de 2022 de 331 millones, lo que equivale al 0,03% del PIB, un descenso del 77,3% respecto a febrero de 2021. Este resultado obedece a un ligero aumento de los gastos del 0,1%, frente a los ingresos que crecen a un mayor ritmo, del 4,0%.

Los impuestos han crecido un 13,2%. Cabe mencionar los impuestos sobre la producción y las importaciones, que aumentan un 38,5% alcanzando la cifra de 2.894 millones, destacando el crecimiento de ITP y AJD en un 35,7%.

También aumentan los ingresos por impuestos sobre el capital en un 6,6% hasta alcanzar los 504 millones, además de los ingresos por impuestos sobre la renta y patrimonio que lo hacen en un 7,0% hasta los 8.617 millones.

Las transferencias entre AAPP decrecen ligeramente en un 0,4% hasta los 15.847 millones. No obstante, si se descuentan en 2021 los anticipos concedidos por importe de 1.138 millones, los ingresos por transferencias aumentarían un 7,3%. Por su parte, los ingresos obtenidos del resto de recursos se sitúan en 2.141 millones de euros.

Entre los gastos la remuneración de asalariados crece un 3,3% debido, entre otras razones, al incremento salarial del 2% fijado para 2022 frente al 0,9% de 2021. Los consumos intermedios disminuyen un 6,9% hasta los 5.196 millones.

Las subvenciones aumentan un 8,7% hasta los 425 millones por el incremento de las ayudas al transporte, lo que se compensa con el descenso de los intereses, que disminuyen un 12,1% hasta 450 millones.

Las transferencias sociales en especie se elevan en un 4,7% hasta los 4.878 millones debido al mayor gasto en conciertos educativos y al incremento del gasto en farmacia. Por último, la inversión disminuye levemente en un 1,8% respecto a 2021, alcanzando los 2.064 millones.

Tabla sobre financiación de las Comunidades Autónomas, febrero 2021-2022

Fondos de la Seguridad Social

Los Fondos de la Seguridad Social en febrero de 2022 registran un déficit de 1.130 millones, frente a los 1.239 millones del mismo periodo de 2021, es decir un 8,8% menos. En términos de PIB el déficit de la Seguridad Social se sitúa en el 0,09% del PIB. Este comportamiento es consecuencia de una disminución de los ingresos del 1,7% (destaca el buen comportamiento de las cotizaciones con un crecimiento del 3,0%) frente al descenso registrado en los gastos de un 2,0%.

Desde marzo de 2020 las operaciones del subsector Fondos de la Seguridad Social han estado directamente afectadas por la crisis derivada de la pandemia del COVID-19. No obstante, los avances en el control de la misma, sobre todo con el proceso de vacunación, han motivado una reducción de su impacto económico. A finales de febrero de 2022, dicho impacto estimado ha sido de 795 millones, lo que supone reducir en un 73,2% el que tuvo en el mismo período de 2021, que fue de 2.971 millones.

En relación a las medidas normativas con incidencia en el ejercicio destaca el Real Decreto 65/2022, de 25 de enero, sobre actualización de las pensiones del Sistema de la Seguridad Social, de las pensiones de Clases Pasivas y de otras prestaciones sociales públicas, que establece una revalorización del 2,5% para pensiones contributivas y de un 3% para pensiones no contributivas, ingreso mínimo vital y pensiones mínimas; el Real Decreto 2/2022, de 28 de febrero, por el que se prorrogan los ERTES hasta el 31 de marzo y se recogen una serie de medidas urgentes para continuar la protección de los trabajadores autónomos y el Real Decreto 152/2022, de 22 de febrero, que fija el salario mínimo interprofesional en 1.000 euros, con efectos desde el 1 de enero, incrementándose en el mismo porcentaje la base mínima de cotización.

El Sistema de Seguridad Social registra en febrero de 2022 un déficit de 1.100 millones. Los recursos han ascendido a 26.125 millones, registrándose un crecimiento del 2,8% de las cotizaciones sociales. Por su parte, en lo que respecta al gasto, que se totaliza en 27.225 millones, se corresponde en gran medida con el gasto en pensiones, que crece en un 8,4%.

Al igual que ya ocurrió en 2021 destacan los datos registrados por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), que ha obtenido un déficit de 47 millones. Una cifra inferior en un 94,9% a la del año anterior. Este comportamiento se debe, en gran medida, al descenso en un 85,9% del conjunto de prestaciones por desempleo vinculadas a los ERTES y otras medidas COVID que alcanzan los 245 millones, mientras que en 2021 el gasto se elevó en este periodo a los 1.741 millones. El resto de las prestaciones de desempleo se reduce en un 6,4% respecto al año anterior. El número de beneficiarios de las prestaciones de desempleo a finales de febrero se ha reducido un 21,8% respecto a 2021.

El FOGASA presenta un superávit de 17 millones, frente a los 6 millones de déficit registrados en el mismo periodo de 2021.