El Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital acoge la firma del protocolo de las entidades financieras para garantizar la inclusión financiera y la atención personalizada de los mayores

21 de febrero 2022

El Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital acoge la firma del protocolo de las entidades financieras para garantizar la inclusión financiera y la atención personalizada de los mayores

?En presencia de la vicepresidenta primera del gobierno y del Gobernador del Banco de España, las patronales bancarias AEB, CECA y UNACC han suscrito una actualización del ‘Protocolo Estratégico para Reforzar el Compromiso Social y Sostenible de la Banca’, comprometiéndose a garantizar que los mayores reciban un trato personal, humano y de calidad

El protocolo recoge un catálogo de medidas, en respuesta a la demanda de la vicepresidenta primera y las asociaciones de mayores, para garantizar servicios bancarios adaptados a las necesidades de los mayores, mejorando la atención presencial y telefónica, acceso a cajeros y medios digitales y formación

En concreto, las entidades se comprometen a mantener una atención personalizada en las oficinas bancarias a los mayores entre las 9 de la mañana y las 2 de la tarde y se establece su preferencia en caso de haber aglomeraciones

Para garantizar la efectiva implementación de estas medidas, el Observatorio de Inclusión Financiera creado por las asociaciones bancarias hará un seguimiento semestral del cumplimiento. Esta tarea de evaluación será completada por el Banco de España, que elaborará un informe anual de seguimiento. Además, se ha pedido al Banco de España que elabore un informe específico sobre la inclusión financiera que se revisará anualmente

En las próximas semanas, el Consejo de Ministros publicará para audiencia pública el anteproyecto de Ley de creación de la Autoridad de Defensa de los Clientes Financieros, para proporcionar una herramienta legal adicional que garantice el cumplimiento de las obligaciones frente a los clientes.

Las asociaciones de la banca, en presencia de la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, y del gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, han firmado la actualización del ‘Protocolo Estratégico para Reforzar el Compromiso Social y Sostenible de la Banca’ suscrito el 23 de julio de 2021, para incluir nuevas medidas para garantizar la atención personalizada de los ciudadanos, especialmente las personas mayores, de forma que dispongan de servicios bancarios adaptados a sus necesidades.

El protocolo es la respuesta de las entidades a la llamada de la vicepresidenta para poner en marcha medidas que respondan a las demandas de las asociaciones de mayores y garanticen que los ciudadanos reciban un trato personal, humano y de calidad en sus relaciones con los bancos y cajas.

Previamente a la firma, la vicepresidenta primera, el secretario de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, Gonzalo García Andrés, la secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, Carme Artigas, y el secretario General del Tesoro, Carlos Cuerpo, se han reunido con representantes de las asociaciones de mayores para compartir las distintas medidas en marcha para impulsar la inclusión digital y garantizar una atención personalizada de las entidades financieras.

Protocolo de actuación de las entidades financieras

El protocolo de actuación presentado por las entidades financieras incluye un decálogo de medidas que garantizan la atención presencial y telefónica, la mejora del acceso a cajeros, una formación adecuada a las necesidades de este colectivo y un seguimiento de las medidas implantadas.

El documento recoge el compromiso de las entidades financieras de ampliar los servicios de caja con atención personalizada para mayores desde las 9.00 hasta las 14.00 horas. Asimismo, los mayores y las personas con discapacidad tendrán prioridad en casos de alta afluencia de público en oficinas. Para garantizar la calidad del servicio los empleados de las entidades recibirán formación específica que permita ofrecer una atención más ajustada al perfil de las personas mayores.

Los bancos y cajas se comprometen también a facilitar la atención telefónica preferente, sin coste adicional y a través de un interlocutor personal, para los clientes mayores.

El protocolo también asegura que los servicios bancarios se adapten a las necesidades de las personas mayores. Con este objetivo, se garantiza la accesibilidad y sencillez de los cajeros, aplicaciones móviles y páginas web, poniendo a disposición de estos clientes versiones con lenguaje y vista adaptados y simplificados. Asimismo, los cajeros automáticos serán reparados en un máximo de dos días laborables.

Finalmente, las entidades reforzarán la educación financiera, digital y de prevención de fraudes que ofrecen a los clientes mayores a través de talleres, seminarios o herramientas similares.

Con el fin de garantizar la efectiva implementación de estas medidas, el Observatorio de Inclusión Financiera creado por las asociaciones bancarias hará un seguimiento semestral del cumplimiento.

Esta supervisión será completada por el Banco de España, que elaborará un informe anual de seguimiento de la situación y de las medidas adoptadas para garantizar el acceso de la población española a los servicios bancarios.

Refuerzo de los elementos regulatorios

En las próximas semanas, se adoptará por el Consejo de Ministros el Proyecto de Ley de Servicios de Atención al Cliente, que incluirá exigencias específicas para el sector financiero, mejorando los canales y la atención personalizada, con el fin de garantizar una respuesta adecuada a los clientes.

También, el Consejo de Ministros verá en primera vuelta y publicará para audiencia pública el anteproyecto de Ley de creación de la Autoridad de Defensa de los Clientes Financieros, para reforzar la protección de los usuarios de servicios financieros y asegurar que las entidades cumplen con sus obligaciones frente a sus clientes.

Esta Autoridad fomentará la educación financiera, dotando a los ciudadanos de herramientas, habilidades y conocimientos para adoptar decisiones financieras informadas y apropiadas.

En paralelo, en el marco del despliegue de inversiones del Plan de Recuperación y en colaboración con organizaciones del tercer sector de acción social y diputaciones provinciales, se han previsto acciones dirigidas a la formación y la inclusión digital de la población mayor, especialmente en las zonas rurales.

En la Conferencia Sectorial de Transformación Digital, que se celebrará en marzo, el Gobierno expondrá la necesidad de reforzar los programas de desarrollo de competencias digitales, cuyos ?destinatarios sean personas de más de 65 años. En 2021, se transfirieron 140 millones de euros a las Comunidades Autónomas con el objetivo de expandir las competencias digitales de la población, con especial atención a los colectivos vulnerables.

La afiliación sigue creciendo en febrero, con un aumento del empleo indefinido y una caída de los contratos de muy corta duración

Avance afiliación

La afiliación sigue creciendo en febrero, con un aumento del empleo indefinido y una caída de los contratos de muy corta duración

Viernes 18 de febrero de 2022

El dinamismo del mercado laboral de los últimos meses continúa y febrero cerrará, por décimo mes consecutivo, con un nuevo crecimiento de empleo, de en torno a los 20.000 afiliados.

En los dos primeros meses del año, el aumento medio del empleo ha sido de casi 40.000 personas al mes, en línea con el promedio de los años anteriores a la pandemia. Además, en febrero, la tendencia de la afiliación es creciente a medida que avanza el mes.

Según la estadística experimental de afiliación quincenal de la Seguridad Social, este incremento permitirá marcar otro récord histórico de afiliación en términos ajustados de estacionalidad y calendario, consolidando la tendencia de crecimiento de antes de la pandemia y por encima del nivel de empleo de febrero de 2020, según los datos presentados por el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá.

Una de las características del empleo que se está creando en los últimos meses es el cambio en la composición, «con una mayor tendencia hacia el empleo indefinido y menor hacia el temporal», según ha subrayado Escrivá. Este comportamiento, que venía produciéndose en los últimos meses, se ha amplificado en enero y febrero. En concreto, desde el inicio del año, el número de contratos indefinidos se sitúa en niveles superiores a los registrados en los años anteriores, con una evolución creciente a medida que transcurren las semanas. Por el contrario, los contratos temporales se sitúan en un nivel inferior al promedio de años anteriores, con una distancia también creciente en el tiempo. En concreto, hay 160.000 afiliados indefinidos más que en años anteriores y 150.000 temporales menos.

En el caso de los contratos fijos discontinuos, que se han reforzado en la reforma laboral aprobada en el Parlamento hace unas semanas, también se aprecia un incremento que se va acelerando a medida que avanza el año 2022 y hay ahora 20.000 afiliados más con este tipo de contrato que en ejercicios anteriores.

Caída de los contratos de muy corta duración
Además, tras la introducción de un nuevo desincentivo a los contratos de muy corta duración en la reforma, se aprecia una notable reducción del porcentaje de contratos de muy corta duración. Los datos disponibles, correspondientes al periodo 1 de enero-7 de febrero de 2022, indican que el porcentaje de relaciones contractuales de un 1 día supuso menos del 30% del total de contratos firmados. Esto supone 10 puntos menos de lo que venía siendo habitual en años anteriores.

Como resultado de ello, la duración media de los contratos firmados en enero y ya finalizados se ha incrementado en más de un día. Este comportamiento se ha producido de forma generalizada tanto por sectores como por tamaño de la empresa. Y también se aprecia una mayor tasa de supervivencia de los contratos firmados en enero.

Crecimiento especialmente intenso en sectores innovadores
El crecimiento de la afiliación respecto al nivel previo a la pandemia es generalizado por sectores y la mayoría de ellos se sitúan en niveles de empleo superiores a los que registraban en febrero de 2020. Además, según ha destacado el ministro de Inclusión se ha producido un incremento especialmente intenso en algunos sectores vinculados a la innovación, como son información y comunicaciones o actividades científico-técnicas.

El dinamismo mostrado por el empleo en los últimos meses también tiene reflejo en los ingresos por cotizaciones sociales, que en 2021 cerrarán con un nuevo máximo histórico, por encima del anterior récord, de 2019, marcando, además, en los últimos meses un nuevo récord de crecimiento.

Estabilidad de los trabajadores en ERTE
Por su parte, el número de trabajadores en ERTE-COVID se mantiene estable, en torno a los 100.000 trabajadores desde hace dos meses, incluso a pesar de que se ha producido la sexta ola de la pandemia. En concreto, a fecha 17 de febrero, la cifra de trabajadores en ERTE-COVID era de 104.363, aproximadamente el 0,66% de los afiliados. De ellos, aproximadamente la mitad trabajan a tiempo parcial.

Esta modalidad de ERTE continúa con una gran concentración en pocos sectores, especialmente en el de agencias de viajes, que tiene aún al 28% de sus trabajadores protegidos por ERTE.

Más de 31.000 trabajadores en este tipo de ERTE ya han sido confirmados para participar en programas de formación, con un protagonismo especial del sector del transporte aéreo. En este sector, más del 80% de sus trabajadores en ERTE participarán en actividades de formación, muy por encima del promedio del resto de sectores.

Estadística 2021 del Registro Mercantil Central. Más de un tercio de las empresas creadas en España en 2021 se dedicaron a construcción y hostelería

Estadística 2021 del Registro Mercantil Central. Más de un tercio de las empresas creadas en España en 2021 se dedicaron a construcción y hostelería

16/02/2022 Registradores

En 2021 se produjo una importante recuperación del dinamismo empresarial, como puede observarse en el número de empresas constituidas en los RR.MM. en relación al número de habitantes de las distintas CC.AA. como consecuencia de la mejora sanitaria que permitió mejorar mucho la movilidad y en consecuencia la actividad económica, comparada con 2020, primer año de la pandemia.

La media nacional de habitantes por cada empresa creada en 2021 fue de 463 habitantes, frente a los 592 de 2020. Por encima de la media nacional se situaron: Madrid, con una empresa nueva por cada 281 habitantes (369 habitantes en 2020), seguido de Baleares, una por cada 339 (470 en 2020), Cataluña, una por cada 400 habitantes (509 en 2020) y Valencia, con una empresa por cada 425 (528 en 2020). En el lado opuesto se situaron Extremadura (1 por cada 890 habitantes), seguida de Castilla y León (1 por cada 879 habitantes), Asturias (1 por cada 794) y Navarra (1 por cada 748 habitantes).

Estos datos forman parte de la Estadística del registro mercantil Central correspondiente al año 2021. Se incluyen los principales actos registrales por su influencia en la actividad económica, con amplios desgloses geográficos y sectoriales de actividad, enfocados hacia el ámbito de las nuevas sociedades creadas. La estadística completa puede ser consultada en: ESTADISTICAS SOCIETARIAS (rmc.es)

La constitución de sociedades inscritas en los RR.MM. ha evolucionado de forma muy positiva respecto al año anterior, con importantes incrementos en todos los territorios. Sobre todo en la Ciudad Autónoma de Ceuta (44,4%), seguida de Cantabria (43,7%), Canarias (35,7%), Baleares (34,1%), Navarra (32,9%), Madrid (31,4%), Castilla – La Mancha (30,7%), Cataluña (28,9%) y Andalucía (27,3%).

Con relación a la distribución sectorial de la actividad en los diferentes niveles de nuestra geografía, medida a través de los objetos sociales declarados en las nuevas constituciones inscritas en los RR.MM., el estudio realizado muestra claramente el patrón económico estructural de los últimos tres años en España: cifra habitual en 2019, caída importante en 2020 y recuperación completa, incluso con crecimientos en varios sectores durante 2021.Mientras que en 2020 la crisis sanitaria produjo una importante reducción en la creación total de empresas, del 15,8% respecto al año anterior, en 2021 se ha revertido la situación, con un incremento muy considerable, del 27,9%.

Como puede apreciarse en el gráfico posterior, en cifras aproximadas, de las más de 102.000 empresas creadas en 2021, 29.000 pertenecían al sector de la construcción (22.000 en 2020) y 9.000 a hostelería (7.000 en 2020). Entre ambos sectores coparon más de un tercio de las empresas creadas en 2021, en línea con la situación previa a la pandemia.

Aunque se ha producido un incremento generalizado de las empresas creadas en 2021, la comparación del peso relativo de las distintas actividades frente al año anterior muestra cierta variabilidad. Por un lado, entre las actividades con mayor incremento de su peso relativo en 2021 frente al que tenían en 2020, destacan: Seguros (incrementa su porcentaje sobre la actividad total en un 16%), Energía (12%) y Turismo (8%). Por el contrario, disminuyen más su peso relativo sobre las nuevas empresas creadas los sectores de: actividades de Crédito (-8%), Minería y Textil (ambos, -7%) e Informática (-6%).

Y como sector relevante para el futuro más inmediato de nuestra economía, un año más resulta interesante señalar la creación de empresas de energías alternativas que, aunque mantienen su peso relativo alrededor del 2,7% de las empresas creadas, duplican ampliamente la cifra de las que se crean en el sector tradicional de la Energía, confirmando de nuevo durante el último año la importancia de las iniciativas empresariales con alto valor añadido y, por lo tanto, impulsoras de la competitividad y la sostenibilidad de nuestra economía.

En el estudio, se informa sobre la distribución territorial de los diferentes sectores y la participación de cada comunidad autónoma y principales provincias sobre el total nacional. Centrándonos en algunos sectores mencionados antes, por su importancia actual en unos casos y futura en otros, las CC.AA. que destacan en Construcción son Madrid (20,1%) y Cataluña (19,3%), seguidas muy de cerca por Andalucía, con el 19,2% de las constituidas a nivel nacional. Estas tres comunidades juntas, crearon casi seis de cada 10 empresas españolas del sector.

Sobre el sector de la hostelería, las CC.AA. que más empresas crearon fueron Cataluña y Madrid (ambas con el 19,5%), seguidas de Andalucía (18%), en esta ocasión a más distancia, con el 18,0% de las nacionales. Las tres comunidades juntas crearon más de la mitad de las nuevas empresas hosteleras en España.

Para terminar, volviendo al sector de las energías alternativas, destaca nuevamente Madrid, que creó por sí misma una de cada tres empresas del sector en España, a gran distancia de la siguiente, Andalucía, con el 14,7%, seguida de Cataluña con el 13,2% y la Comunidad Valenciana, con el 10,4%.

La reserva hídrica española se encuentra al 44,3 por ciento de su capacidad

Estado de los embalses

La reserva hídrica española se encuentra al 44,3 por ciento de su capacidad

Martes 15 de febrero de 2022

Mapa de la reserva hídrica

Mapa de la reserva hídrica


La reserva hídrica española está al 44,3 por ciento de su capacidad total. Los embalses almacenan actualmente 24.882 hectómetros cúbicos (hm³) de agua, disminuyendo en la última semana en 160 hectómetros cúbicos (el 0,3 por ciento de la capacidad total actual de los embalses).

La reserva por ámbitos es la siguiente:

Cantábrico Oriental se encuentra al 82,2%
Cantábrico Occidental al 61,2%
Miño-Sil al 53,3%
Galicia Costa al 60,8%
Cuencas internas del País Vasco al 95,2%
Duero al 49,6%
Tajo al 45,4%
Guadiana al 30,4%
Tinto, Odiel y Piedras al 74,2%
Guadalete-Barbate al 29,6%
Guadalquivir al 28,5%
Cuenca Mediterránea Andaluza al 30,3%
Segura al 34,4%
Júcar al 54,8%
Ebro al 65,1%
Cuencas internas de Cataluña al 55,5%
Las precipitaciones han afectado a la vertiente Atlántica y han sido escasas en la vertiente Mediterránea. La máxima se ha producido en Santiago de Compostela con 27,0 mm (27,0 l/m²).

La situación de las cuencas, en hectómetros cúbicos, se detalla en el siguiente cuadro:

Justicia aprueba un Plan de Medidas Antifraude para gestionar los fondos Next Generation UE

Justicia aprueba un Plan de Medidas Antifraude para gestionar los fondos Next Generation UE

18/02/2022

Justicia aprueba un Plan de Medidas Antifraude para gestionar los fondos Next Generation UE.

El Ministerio de Justicia gestionará un total de 410 millones de euros, en los ejercicios 2021 a 2023, para transformación digital procedentes del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.

El Plan se enfoca a la prevención, detección, corrección y persecución de cualquier fraude, corrupción o conflicto de interés en la gestión.

El Ministerio de Justicia ha aprobado un Plan de Medidas Antifraude para la gestión de los fondos Next Generation de la Unión Europea, destinados al departamento que dirige Pilar Llop. En total, Justicia recibirá 410 millones de euros para transformación digital, en los ejercicios 2021 al 2023, procedentes del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.

Este Plan es de aplicación exclusiva a las actuaciones que lleve a cabo el Ministerio, para ejecutar los fondos dentro de sus obligaciones establecidas en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR). Su aprobación responde a la obligación de los Estados Miembros de velar por una utilización de los fondos que garantice que han sido utilizados de conformidad con las normas comunitarias y nacionales, en particular en lo referente a la prevención, detección y corrección del fraude, la corrupción y los conflictos de intereses.

Junto con este Plan, el Ministerio de Justicia ha asumido una declaración institucional contra el fraude, en la que se compromete expresamente con el cumplimiento de las normas jurídicas, éticas y morales, con la adhesión a los más estrictos principios de integridad, objetividad y honestidad, de forma que su actividad en la gestión del PRTR sea percibido como totalmente opuesto al fraude y la corrupción en cualquiera de sus formas.

En este sentido, desde el departamento que dirige la ministra Llop se ha puesto en marcha una política de tolerancia cero frente al fraude y la corrupción, estableciendo un sistema de control robusto, diseñado de forma especial para prevenir y detectar los actos de fraude y corregir su impacto, en el caso de que se produjeran.

El Plan de Medidas Antifraude contempla una serie de actuaciones eficaces y proporcionadas, basadas en un planteamiento proactivo, estructurado y específico para gestionar el riesgo de fraude. De esa forma, se dará garantía de que el gasto en que se ha incurrido en las actuaciones del PRTR está libre de conflicto de interés, fraude y corrupción. Además de esta evaluación del riesgo de fraude, se cuenta con procedimientos adicionales para prevenir, detectar y denunciar situaciones que pudieran constituir fraude y corrupción y para el seguimiento de las mismas.

El Plan se estructura en torno a cuatro áreas que constituyen el ciclo de lucha contra el fraude, como son prevención, detección, corrección y persecución. El enfoque tiene en cuenta el riesgo de fraude en todo su conjunto, tanto en la dimensión operativa, que incluye aspectos como la eficacia y eficiencia de la organización, como en términos de integridad, veracidad de la información, public compliance, prevención del fraude y la corrupción, así como todos los valores, actitudes y comportamientos que determinan la ejemplaridad, transparencia, buena reputación y praxis adecuada de las Administraciones Públicas.

El Gobierno completa la reorganización de las frecuencias de 3,5 GHz, una de las bandas prioritarias para el 5G

El Gobierno completa la reorganización de las frecuencias de 3,5 GHz, una de las bandas prioritarias para el 5G

Jueves 17 de febrero de 2022

La Moncloa

Permitirá a los operadores hacer un uso más eficiente de las frecuencias, aprovechar mejor las posibilidades de la tecnología 5G y, en última instancia, reducirá costes en el despliegue de las redes de comunicaciones móviles en esta banda.

El Gobierno ha completado la reorganización de las concesiones que tienen los operadores de telecomunicaciones en la banda de frecuencias 3400-3800 MHz, una de las prioritarias para la introducción de servicios basados en tecnología 5G en Europa, poniendo fin a la dispersión que existía hasta ahora.

El principal objetivo de la reorganización es facilitar un despliegue más eficiente de los servicios de banda ancha inalámbrica 5G, aprovechar todas las posibilidades que proporciona la tecnología 5G y, en última instancia, reducir los costes en el despliegue de las redes de comunicaciones móviles en esta banda.

Después de la reorganización, la asignación de frecuencias es la siguiente:

­ Banda de guarda (frecuencias que proporcionan un margen de seguridad para evitar interferencias): 3400-3420 MHz
­ Xfera Móviles, S.A (Grupo MásMóvil): 3420-3500 MHz;
­ Telefónica de España, S.A.U, (40 MHz) y Telefónica Móviles España, S.A.U., (60 MHz): 3500-3600 MHz
­ Orange Espagne, S.A.U.,3600-3710 MHz;
­ Vodafone España, S.A.: 3710-3800 MHz.


Actuaciones para evitar interferencias con la TDT


Por otra parte, se han publicado las actuaciones técnicas que deben realizar los operadores de telecomunicaciones que tienen concesiones de uso privativo de dominio público radioeléctrico en las bandas de 800 MHz y 700 MHz para garantizar que el servicio de comunicaciones electrónicas móviles en dichas bandas no interfiere con el servicio de televisión, que se continúa prestando en la banda 470 a 694 MHz.

Ambas actuaciones contribuyen al impulso del 5G, una prioridad del Plan de Recuperación que movilizará inversiones por valor de 1500 millones de euros para su desarrollo y que permitirá que otras tecnologías como la inteligencia artificial, la realidad aumentada o la realidad virtual alcancen todas sus capacidades.

Las características de la tecnología 5G (alta velocidad, baja latencia, es decir tiempo muy rápido de respuesta) permiten mejorar las comunicaciones, pero sobre todo tendrá impacto en la manera en la que se producen y se distribuyen los productos. Tendrá una influencia directa en la transformación de amplios sectores de la economía como la fabricación, la gestión de los recursos naturales, la agroindustria, la salud o la educación. También impactará en el sector de la movilidad y de la logística, al permitir, entre otras aplicaciones, el vehículo autónomo.

Villa de Pitanxo

Pesquero Villa de Pitanxo

El Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación acaba de activar una nueva fase del Plan de Asistencia Consular para dar atención a la llegada al Puerto de San Juan de Terranova de los tres supervivientes y los nueve cuerpos recuperados tras el naufragio del barco Villa de Pitanxo. La Moncloa

La vicepresidenta primera enfatiza el papel protagonista de las pymes y autónomos para lograr los objetivos del Plan de Recuperación

15 de febrero de 2022

La vicepresidenta primera enfatiza el papel protagonista de las pymes y autónomos para lograr los objetivos del Plan de Recuperación

?
La vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, ha participado hoy en el acto ‘Fondos Europeos 2022: una oportunidad histórica para las pymes y los autónomos’ organizado por el grupo Prisa, para acercar a las pymes y autónomos el Plan de Recuperación.

Durante la inauguración, Calviño ha enfatizado el papel protagonista que pymes y autónomos para hacer realidad los objetivos de este plan, que supone una oportunidad extraordinaria para tener una salida muy diferente de la crisis.

La vicepresidenta primera ha destacado algunas de las herramientas que se han puesto a disposición de las pymes y autónomos para conocer y acceder a las convocatorias que se están lanzando. Así, se refirió a la página web www.planderecuperacion.gob.es, así como al despliegue de la red de oficinas Acelerapyme. También ha apuntado a la oportunidad de avanzar en la colaboración con Cepyme y las asociaciones sectoriales y la puesta en marcha de un nuevo servicio de asistencia telefónica a través del 060.

Pymes y autónomos, protagonistas del Plan de Recuperación

En su intervención, ha recordado que las pymes y autónomos, -que representan el 99% del tejido productivo-, tienen jugar un papel fundamental en hacer realidad los objetivos del Plan de Recuperación. Entre ellos, Calviño ha subrayado el impulso al emprendimiento, entendido como apoyo a la creación de empresas y a su crecimiento: “Necesitamos no sólo apoyar el emprendimiento sino apoyar la inversión en I+D, el capital humano, la formación de los empresarios de todos los trabajadores y el funcionamiento en red de estas pymes».

Esto redundará en una mayor productividad, en creación de empleo de calidad y en una mayor competitividad y un refuerzo de la presencia ya importante que tienen nuestras empresas pequeñas y medianas en el ámbito internacional.

El Plan de Recuperación dedica un componente específico para el impulso a las pymes, con una dotación de 5.000 millones de euros de inversión. También incluye reformas que favorecen el crecimiento empresarial como la Ley Crea y Crece, la Ley de Startups, la reforma de la Ley concursal, que actualmente se están tramitando en las Cortes.

Entre las inversiones destinadas a pymes y autónomos, la vicepresidenta ha destacado el Kit Digital, un programa innovador, gestionado por Red.es, con el que se van a invertir más de 3.000 millones de euros para la digitalización de pymes y autónomos. La primera convocatoria de ayudas estará dotada con 500 millones de euros y se lanzará en las próximas semanas para empresas de entre 10 y 49 empleados.

Puede consultar la intervención completa en el Foro ‘Fondos Europeos 2022: una oportunidad histórica para las pymes y los autónomos’ aquí

Durante el cuarto trimestre los deudores concursados aumentaron el 21,8% sobre el trimestre anterior.

Durante el cuarto trimestre los deudores concursados aumentaron el 21,8% sobre el trimestre anterior.

15/02/2022 Registradores

En el cuarto trimestre de 2021 el número de deudores concursados alcanza la cifra de 2.377, lo que supone una disminución del 20,4% respecto al mismo período del año anterior.

Por tipo de concurso, son voluntarios 1.182 (un 59,1% menos que en el cuarto trimestre de 2020), consecutivos 1.190 (nueva categorización en 2021), y necesarios 5 (un 94,9% menos que en el cuarto trimestre de 2020[1]). Por cuarto trimestre consecutivo se categorizan los procedimientos exprés (apertura y cierre simultáneos del mismo por insuficiencia de masa activa), que han sido 737. Siguiendo con la clase de procedimiento, los abreviados disminuyen un 44,9%, mientras que los ordinarios disminuyen un 49,6%.

Deudores concursados según naturaleza jurídica del concursado, tipo de concurso y clase de procedimiento. 4o Trimestre 2021.

Evolución de la tasa trimestral

Para contribuir al análisis e interpretación de los datos, el gráfico siguiente muestra la variación del número de deudores concursados entre el tercer y el cuarto trimestre del año corriente a lo largo de los últimos cinco años. En 2021 esta tasa ha sido del 21,8%.

Empresas concursadas por naturaleza jurídica y tramo de volumen de negocio

De los 2.377 deudores concursados en el cuarto trimestre, 929 son empresas personas jurídicas, 590 son personas físicas con actividad empresarial, y 858 son personas físicas sin actividad empresarial, lo que supone el 39,1%, 24,8% y 36,1% respectivamente, del total de deudores.

El número de empresas personas jurídicas concursadas disminuye un 26,27% en el cuarto trimestre de 2021 respecto al mismo periodo del año pasado.

Según la forma jurídica, el 91,5% de las empresas concursadas son Sociedades de Responsabilidad Limitada.

El 47,8% de las empresas concursadas se encuentra en el tramo más bajo de volumen de negocio (hasta 250.000 euros) y son, principalmente, Sociedades de Responsabilidad Limitada

EMPRESAS concursadas por forma social y tramo de volumen de negocio.

4º Trimestre 2021.

Empresas concursadas por actividad económica y tramo de asalariados

El 23,9% de las empresas concursadas tienen como actividad económica principal el Comercio, el 16,5% la Construcción, y el 13% la Industria manufacturera.

En cuanto al número de asalariados, el 54,3% del total de empresas concursadas tiene menos de seis. Y, entre éstas, el 23,9% no tiene asalariados.

EMPRESAS concursadas por tramo de asalariados y actividad económica principal.

4º Trimestre 2021.

Empresas concursadas por antigüedad

El 24,4% del total de empresas concursadas en el tercer trimestre tiene una antigüedad de 20 o más años. Por su parte, el 20,3% tiene cuatro o menos años de antigüedad.

El 19% de las empresas concursadas con cuatro o menos años de antigüedad pertenecen al sector Hostelería. Por su parte, el 26% de las concursadas con 20 o más años de antigüedad se dedican al Comercio.

EMPRESAS concursadas por antigüedad y actividad económica principal.

4º Trimestre 2021.

Resultados por comunidades autónomas

Las comunidades autónomas con mayor número de deudores concursados en el tercer trimestre de 2021 son Cataluña (780), Comunidad de Madrid (413) y Comunidad Valenciana (311), concentrando entre las tres el 63,3% del total de deudores concursados.

Deudores concursados según tipo de concurso y clase de procedimiento.

4º Trimestre 2021.

Andalucía, Asturias y Navarra presentan los únicos incrementos anuales en el tercer trimestre (0,8%, 21,1%, y 58,8% respectivamente); e Islas Baleares, La Rioja, y Ceuta y Melilla los mayores decrementos (un 79,1%, un 63,6%, y un 60% respectivamente).

Revisiones y actualizaciones de datos

Los datos del cuarto trimestre de 2021 son provisionales y se revisarán cuando se difundan los del mismo periodo del año próximo. Es decir, cuando se publiquen los datos del cuarto trimestre de 2022, se difundirán los definitivos del mismo trimestre de 2021.

Nota sobre las diferentes moratorias concursales motivadas por la pandemia

El Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, en su artículo 43, procedió a suspender temporalmente el deber de solicitar la declaración de concurso por el deudor insolvente (mientras estuviere vigente el estado de alarma), a la vez que, también de forma temporal (durante el estado de alarma, hasta transcurrir dos meses a contar desde la finalización de este), se preveía la inadmisión a trámite de las solicitudes de concurso necesario. La norma fue derogada por otra posterior, Real Decreto-ley 16/2020, de 28 de abril, que extendía sus efectos hasta el 31 de diciembre de 2020. Posteriormente por medio de la Disposición Final Décima (tercer punto) del Real Decreto-Ley 34/2020, de 17 de noviembre, esta extensión se prorrogó hasta el 14 de marzo de 2021. En 2021, el Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo, en su apartado cuarto de la Disposición final séptima, habilitó una nueva prórroga hasta el 31 de diciembre de 2021. Y con posterioridad, el Real Decreto-ley 27/2021, de 23 de noviembre, por el que se prorrogan determinadas medidas económicas para apoyar la recuperación, se habilita una nueva moratoria hasta el próximo 30 de junio de 2022.

Nota: Las tablas completas, así como el informe metodológico estandarizado y la metodología se pueden descargar en el siguiente enlace del Portal Estadístico Registral en la web del Colegio de Registradores:

https://www.registradores.org/actualidad/portal-estadistico-registral/estadisticas-concursales.


[1] Esta disminución es consecuencia directa de las diferentes moratorias establecidas en sucesivos Reales Decretos aprobados a lo largo de 2020 y 2021, que suponen la inadmisión a trámite de las solicitudes de concurso necesario. Ver nota al final para más información.

Llop: “La inmediación digital será un instrumento necesario en esta etapa de cohesión social, territorial y digital”

Llop: “La inmediación digital será un instrumento necesario en esta etapa de cohesión social, territorial y digital”

14/02/2022 Ministerio de Justicia

Proyecto pionero en transformación digital

Llop: “La inmediación digital será un instrumento necesario en esta etapa de cohesión social, territorial y digital»

La ministra de Justicia ha intervenido hoy en una sesión informativa para explicar los proyectos de inmediación digital pioneros que lleva a cabo su cartera.

En la sesión han compartido casos prácticos el Principado de Asturias, la región de Murcia y la Abogacía.

La inmediación favorece la lucha contra la despoblación, impulsa el ahorro energético, favorece la universalidad del servicio y acerca la Administración de Justicia a la ciudadanía.

14 de febrero de 2022.- “La transformación digital no es un fin en sí mismo; es un medio para mejorar la vida de las personas y, en Justicia, va a mejorar, además, la prestación del Servicio Público de Justicia». Así lo ha dicho hoy la ministra de Justicia, Pilar Llop, en una sesión informativa organizada por su gabinete para explicar los proyectos de inmediación que está llevando a cabo y que son “únicos en el mundo».

El Ministerio de Justicia, junto a la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial (SEDIA) y la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), ha desarrollado un conjunto de procedimientos técnicos y organizativos, así como herramientas asociadas a los mismos, para dar seguridad jurídica en la inmediación digital y los servicios no presenciales. El objetivo último es aportar confianza a los ciudadanos y profesionales del sector en su relación con la Administración de Justicia.

La inmediación digital se refiere a la posibilidad de que la ciudadanía, entidades privadas o administraciones públicas, así como los profesionales que les representan, puedan comparecer telemáticamente en vistas judiciales, actos de conciliación ante jueces o letrados de la Administración de Justicia, entre otros.

Así, el Ministerio de Justicia ha integrado el sistema Cl@ve de la AEAT, desarrollando una aplicación propia llamada ClaveJusticia, que actúa como interfaz para que el funcionario de la Administración de Justicia pueda identificar con seguridad a las personas que participan en actos a distancia.

Para el resto de actuaciones procesales, más allá de las vistas, se ha desarrollado la herramienta EVID, que dota de seguridad en la identificación de la persona usuaria del servicio público de Justicia.

Actualmente ya se están realizando algunas actuaciones judiciales mediante inmediación digital. Entre ellas: información general personalizada, apoderamientos apud acta, ratificaciones de mutuo acuerdo en materia de divorcio o separación o juntas de herederos.

En última instancia, “este proceso busca mejorar la vida de las personas, al no tener que desplazarse para realizar actuaciones judiciales, reduciendo gastos económicos y tiempo, especialmente aquellas que viven en lugares con una baja densidad de población y cuyo desplazamiento es especialmente costoso; también va a impactar positivamente en el medio ambiente», ha destacado Llop.

“Vamos a cuidar a las personas con dificultades para facilitar su acceso a estos instrumentos desde las Oficinas de Justicia en los municipios y la Oficina Judicial, o las Gerencias Territoriales del Ministerio de Justicia. Las personas mayores o las personas con alguna discapacidad estarán debidamente atendidas para no dejar a nadie atrás», ha asegurado la ministra de Justicia.

Igualmente tendrá un impacto positivo en los profesionales -abogacía, procura, graduados sociales-, que, además, tendrán más tiempo para conciliar la vida laboral y personal.

En definitiva, este proyecto, en el que se trabaja en colaboración con todo el sector Justicia -órganos judiciales, trabajadores del sector, abogados, procura, las consejerías de Justicia de las 12 Comunidades Autónomas (CCAA) que tienen las competencias de Justicia transferidas, Consejo General del Poder Judicial y Fiscalía General del Estado, “será un instrumento necesario en esta etapa de cohesión social, territorial y digital», ha concluido Llop.

“Salto cualitativo»

Por su parte, el secretario general para la Innovación y Calidad del Servicio Público de Justicia, Manuel Olmedo, se ha referido a este proyecto de transformación digital como un magnífico ejemplo de las posibilidades brindadas por los Fondos Europeos de Recuperación, Transformación y Resiliencia. “Nos permiten contar con tecnología innovadora y emprender cambios organizativos e, incluso, culturales hacia una digitalización útil e inteligente que redunde en la ciudadanía, e incremente la competitividad del país».

Olmedo ha destacado el “salto cualitativo» que en este proceso de transformación digital van a suponer las tres leyes –de eficiencia procesal, organizativa y digital- que está llevando a cabo el Ministerio de Justicia, aportando una base legal común.

“La inmediación digital es un proyecto enmarcado en el plan Justicia 2030, que cuenta con un presupuesto, ya ejecutado de tres millones de euros, y aprobado por unanimidad por las CCAA», ha puesto en valor el secretario general.

“Creo que estamos en el buen camino para aportar calidad e innovación en el servicio público de Justicia de forma coordinada y compartida», ha concluido Olmedo.

Por su parte, el director general de Transformación Digital de la Administración de Justicia, Aitor Cubo, ha ahondado en los beneficios que supone la inmediación digital en las políticas contra la despoblación, al posibilitar el teletrabajo de funcionarios y la atención a la ciudadanía desde cualquier lugar. Asimismo, favorece la universalidad del servicio, ya que permite el uso desde cualquier dispositivo sin necesidad de un software específico, ha señalado. “Se trata de una medida que, en definitiva, acerca la Administración de Justicia al ciudadano, con una atención personalizada para cada trámite».

Cubo también ha querido destacar “la vertiente social de este proyecto, al permitir, por ejemplo, la declaración de las víctimas en entornos seguros», y “los beneficios claros en la lucha contra la brecha de género».

El subdirector general de Desarrollo e Implantación de Servicios Digitales, Javier Hernández, ha puesto en valor “las garantías de autenticidad, confidencialidad, integridad, disponibilidad y trazabilidad exhaustiva» que permite este sistema que trabaja desde la nube.

Ejemplos prácticos

En la sesión informativa, además han participado otros agentes de las administraciones públicas y del sector para explicar sus experiencias en la implementación del proyecto de inmediación digital.

Así, Miguel Ángel Soler, secretario coordinador del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, ha destacado las 183 actuaciones de inmediación llevadas a cabo hasta finales de 2021 en esta región que, junto a Palencia, han llevado a cabo los proyectos piloto. En ellas, “se ha impedido el desplazamiento de 350 personas, que son las que han intervenido en estas actuaciones, con los consiguientes ahorros que esto implica».

Miguel Hermosa, abogado del Ilustre Colegio de Abogados de Palencia, ha señalado el valor de la inmediación en ahorro de tiempo, “pasando a 5-10 minutos para hacer un proceso de aceptación de cargo de perito que antes implicaba un desplazamiento de varios cientos de kilómetros».

Por su parte, desde la Consejería de Justicia de Asturias, se ha enfatizado que, además de la agilización de los procedimientos, existe un plan alternativo para quienes no cuenten con las herramientas digitales que se requieren. “Elimina brechas digitales, pero también de otro tipo, al poner el foco en las personas vulnerables», han concluido.

La constitución de sociedades aumentó el 27,5% en 2021

La constitución de sociedades aumentó el 27,5% en 2021

18/01/2022 | Registradores

Según la Estadística Mercantil del Colegio de Registradores el pasado año se constituyeron en España 102.135 sociedades, un incremento del 27,5% respecto a 2020 (80.134 constituidas) y del 7,7% frente a 2019 (94.840). Se vuelven a superar, por segundo trimestre consecutivo, las 100.000 operaciones en los últimos doce meses, cifra que no se veía desde el acumulado anual del primer trimestre de 2017.

Con relación al cuarto trimestre de 2021 respecto al mismo trimestre del año anterior, se constituyeron en España 24.107 sociedades mercantiles, mostrando un incremento del 5,6%. Si lo comparamos con el mismo trimestre de 2019, es decir, año anterior a la pandemia, se ha producido un incremento del 6,4%.

La Estadística Mercantil trimestral del Colegio de Registradores permite conocer información estructural básica de las empresas españolas y puede ser consultada, por meses, en el siguiente enlace: http://www.registradores.org/portal-estadistico-registral/estadisticas-mercantiles/estadistica-mercantil/

Por Comunidades Autónomas, en el cuarto trimestre, con relación al mismo período de 2020, la creación de sociedades mercantiles aumentó más en Baleares (39,7%), La Rioja (19,3%), y Cantabria (17,5%). En sentido contrario, descendió sobre todo en Extremadura (-16,8%), Murcia (-8,9%) y País Vasco (-8,4%).

Constituciones societarias según actividad (Ramas CNAE)

Analizando la proporción que tienen los diferentes sectores de actividad sobre los nuevos proyectos empresariales, se compara la dedicación actual de las empresas creadas con la dedicación de las que se creaban hace un año, mostrando la evolución de su peso relativo según ramas de la CNAE y durante el cuarto trimestre de 2021, respecto al mismo de 2020.

Los resultados revelan que sectores importantes vuelven paulatinamente a la cuota de actividad anterior a la pandemia. Destacan por su importancia: la Hostelería (rama I de la CNAE) que ocupa al 10,7% de las empresas creadas, incrementando su presencia el 26,0% anual. Otra actividad de gran importancia es Construcción (rama F), que aumenta hasta el 13,9%, con un incremento del 8,1% sobre el peso relativo del año anterior. También crecen Otros servicios (rama S), el 121,6%, la Energía eléctrica, gas, agua y saneamiento (ramas D-E), el 7,2%, Educación (rama P), el 6,7%, Financieras y Seguros (rama K), con el 0,5% anual. En la parte negativa desciende más el peso relativo anual en Agricultura y ganadería (rama A), el -23,8%, Actividades sanitarias y de servicios sociales (ramas Q-R), el -16,7%, Industrias extractivas y manufacturera (ramas B-C), el -13,8%, Comercio (rama G), el -12,7%, e Información y comunicaciones (rama J), -7,3%.

Operaciones de capitalización

En el cuarto trimestre se contabilizaron 7.108 ampliaciones de capital, con un aumento del 5,3% sobre el mismo periodo del año anterior. En términos de importe de capital aumentado se desembolsaron 5.181 millones de euros, con un descenso del 15,4% sobre el mismo período de 2020. Si se compara con el cuarto trimestre de 2019, las operaciones disminuyeron el 4,3%, mientras que el capital desembolsado disminuyó el 25,9%.

Extinciones

Las extinciones de sociedades alcanzaron las 9.836 sociedades durante el cuarto trimestre, un 6,3% más que en el mismo trimestre de 2020 y un 11,1% comparado con el mismo periodo de hace dos años.

Concursos de acreedores

Las empresas con serias dificultades financieras, que inscribieron concurso de acreedores entre octubre y diciembre fueron 1.238, un aumento del 0,6% en relación al mismo trimestre de 2020. Si lo comparamos con el mismo trimestre de 2019, los concursos se han incrementado un 20,2%. Durante 2021, se declararon en concurso 4.714 sociedades, un 37,5% más que en el acumulado del año anterior y 29,8% de incremento sobre 2019.

Traslados de sede social entre Comunidades Autónomas. 4T 2021(*).

Se indican en la siguiente tabla los datos sobre los traslados de sede social entre las diversas CC.AA. relativas al cuarto trimestre. Dichos movimientos no corresponden a solicitudes de traslado sino a confirmaciones de traslado inscritas en el registro de destino.

Entre las Comunidades de las que se van, destaca Madrid, con 362 salidas, seguido de Cataluña, 194, Andalucía, 120 y Comunidad Valenciana con 91. Sin embargo, si comparamos el saldo de entradas y salidas, Cataluña destaca con un saldo negativo de 81 empresas, y en el lado opuesto, Galicia, con un saldo positivo de 40 empresas y Baleares y Madrid con 26.

MES DE DICIEMBRE

Constituciones

La evolución de las constituciones durante el mes de diciembre. Fue también positiva, creándose 8.519 empresas, un 9,2% más que en el mismo periodo de 2020, y un 19,2% más que diciembre de 2019. Madrid y Cataluña, conjuntamente constituyeron el 42% de las empresas creadas.

En cuando a la evolución de las constituciones, se ha producido un incremento más moderado en el tercer trimestre (6,9%), con una ligera caída en octubre (-0,4%) y los datos positivos de noviembre (7,7%) y diciembre (9,2%), que muestran una tendencia de fondo positiva en el último periodo del año.

Ampliaciones de capital

Las operaciones de ampliación de capital inscritas en los RR.MM. reflejan de modo directo la apuesta de los propietarios por sus proyectos empresariales. En el mes de diciembre se incrementaron un 10,5%, mientras que respecto a diciembre de 2019 se mantienen estables, el incremento fue del 8,4%.

Concursos de acreedores

Los concursos de acreedores de sociedades mercantiles inscritos en diciembre fueron 411, mostrando un incremento del 4,1% anual comparado con el mismo mes del año anterior, mientras que si se comparan con el mismo mes de 2019, los datos muestran un incremento del 36,1%. En la segunda mitad del año se ha observado una estabilización, con oscilaciones mucho más suaves que las del primer semestre e incrementos anuales por debajo del 10%.

El Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital aborda con asociaciones de usuarios medidas para impulsar el acceso a los servicios bancarios

8 de febrero de 2022

El Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital aborda con asociaciones de usuarios medidas para impulsar el acceso a los servicios bancarios

Ha mantenido un encuentro con Carlos San Juan, promotor de la iniciativa para solicitar una atención personalizada de las entidades financieras a las personas mayores, que ha entregado en la sede del Ministerio las 600.000 firmas recogidas

El secretario general del Tesoro y Financiación Internacional, Carlos Cuerpo, también se reunió ayer con la Asociación de Usuarios Financieros (Asufin) y la Plataforma de Mayores

Estos encuentros tienen como objetivo identificar y analizar las medidas más eficaces para asegurar el acceso a los servicios bancarios de los mayores

La vicepresidenta primera ha declarado en un encuentro informal con Carlos San Juan que espera que a final de mes el Ministerio reciba de las patronales de los bancos un plan de medidas eficaces que se pongan en marcha inmediatamente y que den respuesta a esta situación

El Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital continúa analizando posibles ámbitos de mejora para impulsar la inclusión financiera, con especial atención a la preocupación de los servicios prestados a los mayores por parte de las entidades bancarias.

Con este objetivo, se han celebrado reuniones con representantes de estos colectivos para conocer de primera mano la situación en la que se encuentran. Estos encuentros se suman a la reunión mantenida el pasado 20 de enero por la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, con los representantes de las tres patronales bancarias (AEB, CECA y UNACC) en la que les emplazó a plantear medidas para garantizar la inclusión financiera de los mayores.

En el día de ayer el secretario general del Tesoro y Financiación Internacional, Carlos Cuerpo, mantuvo una reunión con la Asociación de Usuarios Financieros (Asufin) y con la Plataforma de Mayores, para abordar mejoras que favorezcan el acceso a los servicios bancarios de los mayores.

Asimismo, hoy ha mantenido una reunión con Carlos San Juan, promotor de la iniciativa “Soy mayor, no idiota” con la que reclama una atención personalizada de las entidades financieras a los mayores.

San Juan ha entregado en el registro del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital las 600.000 firmas recogidas.

Al finalizar el encuentro, el médico jubilado y la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, se han encontrado a las puertas del Ministerio donde se han saludado e intercambiado unas palabras. “Es una prioridad para nosotros acompañar a las personas más vulnerables, especialmente a los mayores”, ha señalado la vicepresidenta primera.

San Juan ha expresado su agradecimiento a la ministra por “el trato muy cordial y muy cercano” que han mostrado en el Ministerio y ha señalado que sus demandas representan “a los ciudadanos de a pie”.

Calviño ha recordado que desde el Ministerio se lleva tiempo trabajando con las entidades financieras para garantizar que los servicios en el ámbito rural y ahora se ha puesto el foco en los mayores. “Espero que de aquí a final de mes podamos tener un plan de medidas eficaces que se pongan en marcha inmediatamente y que den respuesta a esta situación. No es una cuestión de las personas mayores, es de nuestra sociedad”.

Ribera anuncia nuevas actuaciones y un aumento de más de 100 millones para la regeneración ambiental en el entorno del Mar Menor

Ribera anuncia nuevas actuaciones y un aumento de más de 100 millones para la regeneración ambiental en el entorno del Mar Menor

Viernes 11 de febrero de 2022

La vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha presentado en Murcia los avances en el Marco de Actuaciones Prioritarias para Recuperar el Mar Menor ante colectivos y organizaciones sociales, universidades y alcaldes de los ayuntamientos del Mar Menor.

Este plan para la regeneración de la laguna que «ha sido ampliado, mejorado y enriquecido con las aportaciones recogidas durante la fase de información pública», según ha señalado Ribera.

Fruto de este proceso participativo se han incorporado nuevos proyectos que suponen un incremento importante del presupuesto de partida, en concreto 102 millones de euros que se suman a la dotación inicial. Es decir, los 382,25 millones previstos inicialmente para actuaciones hasta el año 2026 se convierten en 484 millones de euros aproximadamente, lo que supone un aumento presupuestario del 26,7%.

Sin duda, ha recordado Ribera, «es el mayor esquema de actuaciones e inversiones diseñado desde el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico para la recuperación de un enclave natural y contempla proyectos e intervenciones destinados a recuperar la integridad biológica de la laguna, contribuir a reordenar los usos socioeconómicos de su entorno y hacerlos más compatibles con la preservación del capital natural».

Los nuevos proyectos y actuaciones se concentran en los apartados dedicados a la restauración y mejora ambiental de la cuenca del Mar Menor mediante soluciones basadas en la naturaleza (67,9 millones) y a la gestión de inundaciones y actuaciones de reducción de la carga contaminante (14,6 millones). Por ejemplo, se incrementan sustancialmente las medidas de restauración de ecosistemas en la franja perimetral del Mar Menor y la creación del cinturón verde, pasando el presupuesto estimado de 32 a 52 millones de euros; y se refuerzan las medidas de saneamiento y depuración con 20 millones de euros adicionales para apoyar a los ayuntamientos de la zona en la mejora de las redes y sistemas de saneamiento que eviten vertidos al Mar Menor o a los acuíferos.

Otra parte de ese incremento presupuestario, en torno a 20 millones de euros, se destinará a actuaciones del MITECO destinadas específicamente a los agricultores del Campo de Cartagena. Esta línea, cuyo diseño se está ultimando, se materializará en convocatoria pública como un sistema de incentivos ambientales complementarios a la PAC para ayudar a reducir en origen la contaminación por nitratos y facilitar también la adaptación al cambio climático con soluciones basadas en la naturaleza. Prácticas de agricultura de conservación, de reducción de escorrentías y erosión en parcela, y otras que permitan recuperar o mejorar los servicios ambientales del territorio en la cuenca vertiente del Mar Menor entrarán dentro de las propuestas subvencionables por esta vía.

Una estrategia ampliamente participativa
Acto de presentación de los avances en el Marco de Actuaciones Prioritarias para recuperar el Mar MenorTeresa Ribera ha destacado y agradecido la alta participación ciudadana (51% de las observaciones recibidas) para mejorar y completar el Marco de Actuaciones Prioritarias, que durante el mes que ha estado en consulta pública ha recibido más de 600 observaciones procedentes de un total de 79 participantes, administraciones públicas, entidades privadas y particulares. «Desde el principio hemos insistido en que la estrategia para recuperar el Mar Menor debía ser ampliamente participativa, porque es un reto de las administraciones y también de la ciudadanía».

Asimismo, en las reuniones que ha mantenido con colectivos, organizaciones sociales y universidades y con alcaldes de los ayuntamientos del Mar Menor, la vicepresidenta ha expuesto los avances desde que visitó por última vez la zona el pasado 4 de noviembre. Entre ellas, el Gobierno ha declarado de interés general y utilidad pública las principales obras recogidas en el Marco de Actuaciones, paso necesario para que el Estado pueda iniciar las actuaciones de:

Restauración de ecosistemas en franja perimetral del Mar Menor y creación del Cinturón Verde.
Restauración de emplazamientos mineros peligrosos abandonados y restauración de zonas afectadas por la minería en la zona de influencia al Mar Menor.
Renaturalización y mejora ambiental de las ramblas y creación de corredores verdes que doten de conectividad a toda la red de drenaje, en especial en las ramblas afectadas por la minería.
Renovación de la impulsión de la rambla del Albujón (en diciembre se sacaron a información pública tres proyectos para sustituir otros tantos tramos en una primera fase, a la que seguirán pronto otras actuaciones para la mejora integral de la impulsión).
Actuaciones de corrección hidrológica y laminación de crecidas asociadas a las áreas de riesgo potencial significativo de inundación de la cuenca vertiente.
Identificación de zonas idóneas
En este sentido, los equipos de las diferentes Direcciones Generales y de la CHS han intensificado durante estos meses los trabajos para la identificación preliminar de zonas sobre el territorio en las que aplicar las diferentes actuaciones en función de su idoneidad y de los condicionantes que presenten para su ubicación.

Un trabajo que ha permitido avanzar a nivel técnico en un escenario de intervención donde desarrollar diferentes tipologías de actuaciones para cada una de las medidas relacionadas con la restauración, la renaturalización y la mejora ambiental; la prevención del riesgo de inundación y la conservación.

En este tiempo, también se han aprobado los Reales Decretos de protección de las aguas contra la contaminación difusa producida por los nitratos procedentes de fuentes agrarias y la modificación del Reglamento de Planificación Hidrológica.

Vigilancia y control del dominio público hidráulico
Además, se ha continuado trabajando en la vigilancia y control del dominio público hidráulico. En este sentido, Ribera ha repasado la actividad de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) a enero de 2022. Así, desde 2018 se han iniciado 283 expedientes sancionadores por uso privativo de aguas sin autorizaciones en el ámbito del Mar Menor, con una superficie de 4.917 ha que ya ha sido objeto de resolución sancionadora (más de la mitad de las hectáreas de regadíos sin título legal identificadas en el Campo de Cartagena). La superficie de regadío con expediente sancionador abierto o pendiente de finalizar es de 2.437 ha.

La CHS ha remitido a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia 203 expedientes en aplicación de la Ley 3/2020, que se corresponden con 3.000 ha, y a la Fiscalía, 249 expedientes sancionadores en el Mar Menor.

Estas actuaciones, ejecutadas en procedimientos administrativos con todas las garantías, culminan con el precintado y desconexión de las instalaciones de riego. A finales de enero de 2022, se han producido 144 apercibimientos de ejecución subsidiaria para precintado y desconexión, por un total de 2.141 ha. En 52 expedientes, por un total de 1.007 ha, se ha producido el cumplimiento voluntario del cese del uso privativo ordenado en la resolución sancionadora. Y se encuentra en trámite la ejecución subsidiaria en 628 ha, que pasarán a ejecución material de la medida de precintado y desconexión una vez que sea firme la resolución y se disponga, en su caso, de la autorización judicial para entrar en la finca.

Reforzar el trabajo de la comunidad científica
Asimismo, el Gobierno trabaja para reforzar y coordinar el esfuerzo de la comunidad científica (IEO, CSIC y universidades) en la mejora del conocimiento y el seguimiento de estado de la laguna, del acuífero y de la cuenca vertiente y de los efectos de las intervenciones. En este sentido, los informes del IEO nos ayudan a seguir al detalle el estado y evolución de la laguna.

Los últimos datos muestran claramente cómo en los meses de invierno se atenúan de forma progresiva los efectos del último episodio de proliferación fitoplanctónica y aguas turbias. Sin embrago, los expertos advierten de que se trata de una dinámica estacional, que no significa una mejora del estado del ecosistema laguna, ni la reducción de las presiones antropogénicas que lo fuerzan, en especial el exceso de nutrientes provocados por la agricultura y ganadería intensivas, o la presión urbanística, entre otras.

Ordenación de los usos
Todas estas actuaciones forman parte del Marco de Actuaciones prioritarias para recuperar el Mar Menor en el ámbito de las competencias del MITECO (medidas de control del dominio público hidráulico y del dominio público marítimo-terrestre y las obras de interés general), pero además la vicepresidenta ha insistido en la necesidad de que la actividad agraria y el desarrollo urbanístico, fundamentalmente, sean compatibles con la protección del Mar Menor.

NOTA ACLARATORIA: la cifra correcta del presupuesto total asignado por el MITECO al Marco de Actuaciones Prioritarias para la recuperación del Mar Menor es la consignada en esta nota de prensa, 484 millones de euros, una vez sumadas todas las nuevas líneas de actuación anunciadas hoy por la vicepresidenta en el transcurso de su viaje a Murcia.

En los materiales complementarios -presentación PPT y documento del Marco de Actuaciones- la cifra global que aparece es inferior -464 millones-, al no incluir los 20 millones previstos para la línea de actuaciones que el MITECO está ultimando destinadas específicamente a los agricultores del Campo de Cartagena como un sistema de incentivos ambientales complementarios a la PAC.

El Gobierno urge a los bancos a garantizar la inclusión financiera de los mayores

20 de enero de 2022

El Gobierno urge a los bancos a garantizar la inclusión financiera de los mayores

Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital

La vicepresidenta primera se reúne con los representantes de las tres patronales bancarias (AEB, CECA y UNACC) y el Banco de España para abordar la importancia de garantizar la inclusión financiera para el conjunto de la sociedad, incluyendo a nuestros mayores, y la urgencia de adoptar medidas en este sentido

En el encuentro, la vicepresidenta ha trasladado la inquietud del gobierno y ha solicitado información sobre la efectividad de las medidas que el sector bancario ya ha puesto en marcha

Se ha acordado que en el plazo de un mes las patronales bancarias revisarán su ‘Protocolo Estratégico para Reforzar el Compromiso Social y Sostenible de la Banca’, planteando así nuevas soluciones para garantizar la inclusión financiera de nuestros mayores

La vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, se ha reunido hoy con el presidente de la Asociación Española de Banca (AEB), José María Roldán, el director general de la CECA, José María Méndez, la secretaria general de la Unión Nacional de Cooperativas de Crédito (UNACC), Cristina Freijanes, y el director de Conducta de entidades del Banco de España, Fernando Tejada, para abordar conjuntamente la urgencia e importancia de garantizar la inclusión financiera de toda la sociedad, incluyendo a nuestros mayores.

En el encuentro, en el que también han estado presentes el secretario de Estado de Economía, Gonzalo García de Andrés, y el secretario general del Tesoro, Carlos Cuerpo, la vicepresidenta ha traslado la inquietud del Gobierno sobre esta cuestión y ha solicitado información sobre la efectividad de las medidas que el sector bancario ya ha puesto en marcha. Asimismo, ha señalado la necesidad de adoptar medidas para asegurar el acceso de los mayores a los servicios financieros.

S?e ha acordado que el Observatorio para la Inclusión Financiera realizará un diagnóstico de la situación y en el plazo de un mes, las patronales bancarias revisarán su ‘Protocolo Estratégico para Reforzar el Compromiso Social y Sostenible de la Banca’, planteando así nuevas soluciones para garantizar la inclusión financiera de nuestros mayores.

Llop: “Vuestro trabajo es imprescindible para el desarrollo social y económico de un Estado social y democrático de Derecho”

Llop: “Vuestro trabajo es imprescindible para el desarrollo social y económico de un Estado social y democrático de Derecho”

10/02/2022 Ministerio de Justicia

Entrega de medallas en el Colegio de Registradores de la Propiedad de España

Llop: “Vuestro trabajo es imprescindible para el desarrollo social y económico de un Estado social y democrático de Derecho»

La ministra de Justicia ha clausurado hoy el acto de entrega de medallas de honor del Colegio de Registradores de la Propiedad.

Llop ha recordado que, además, la labor de estos profesionales contribuye también a la prevención del blanqueo de capitales y la lucha contra la delincuencia transfronteriza.
10 de febrero de 2022.- La ministra de Justicia, Pilar Llop, ha clausurado hoy el acto de entrega de medallas de honor del Colegio de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles de España y de las placas homenaje a registradores que se jubilaron en 2021.

En el acto, celebrado en el Colegio de Registradores de la Propiedad de España, Llop ha destacado la labor de estos profesionales: “Vuestro trabajo es imprescindible para el desarrollo social y económico de un Estado social y democrático de Derecho, como es el nuestro».

La titular de Justicia ha recordado que, además, la labor de los registradores contribuye también a la prevención del blanqueo de capitales y la lucha contra la delincuencia transfronteriza, con herramientas como el Registro de Titularidades Reales que garantiza la transparencia.

Llop se ha referido a la “la estrecha y dilatada cooperación» del Colegio de Registradores con la Fiscalía General del Estado, como la interconexión del Registro con los países de la Unión Europea (UE), a través del proyecto BRIS, en el que se integra el Registro Mercantil español; o la colaboración con el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales. Según la ministra, esta cooperación “demuestra el compromiso del Registro con la transparencia y el orden público».

Finalmente, la ministra ha puesto en valor la colaboración de los registradores con RED.es, una plataforma gubernamental que tiene entre sus objetivos simplificar y agilizar los trámites para la resolución de las ayudas del Kit Digital con garantías. “Con ello se contribuye eficazmente a la asignación de los fondos de este programa para lograr el cumplimiento de los fines del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de España», ha concluido Llop.

La ministra de Justicia ha estado acompañada por el secretario de estado de Justicia, Tontxu Rodríguez; el secretario general para la Innovación y Calidad del Servicio Público de Justicia, Manuel Olmedo; y la directora general de Seguridad y Fe Pública, Sofía Puente; así como por la decana y el secretario del Colegio de Registradores, Mª Emilia Adán y José Mª Rodríguez.

Las constituciones de empresas aumentan en enero el 3,7% anual

Las constituciones de empresas aumentan en enero el 3,7% anual

08/02/2022 | Registradores

El Colegio de Registradores informa sobre la evolución de la actividad del Registro Mercantil en enero, como avance sobre el informe trimestral.

Constituciones

La evolución de las constituciones durante el año comienza con datos positivos. En el mes de enero se crearon 8.241 empresas, un 3,7% más que en el mismo periodo de 2021. Los mayores volúmenes de empresas creadas correspondieron a Madrid, Cataluña y Andalucía, que conjuntamente constituyeron seis de cada diez empresas creadas.

En enero disminuyó la creación de empresas en cinco comunidades: Asturias, Murcia, Canarias, Cataluña y Castilla – La Mancha. Los crecimientos más importantes se produjeron en las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla, La Rioja, Aragón y Navarra.

Este indicador continúa la senda de moderación iniciada en 2021. La variación en relación al mismo periodo del año anterior muestra cómo, en el primer trimestre de 2021, las constituciones se incrementaron anualmente el 15,6%, llegando a incrementarse en el segundo trimestre hasta el 119%, como consecuencia de la comparación con el segundo trimestre de 2020, de confinamiento estricto. Los incrementos se moderaron con claridad durante el tercer trimestre (6,9%) y el cuarto (5,6%). En enero de 2022 continúa el crecimiento moderado iniciado durante el tercer trimestre, manteniendo hasta el momento la evolución positiva

Ampliaciones de capital

Las operaciones de ampliación de capital inscritas en los registros mercantiles reflejan de modo directo la apuesta de los propietarios por sus proyectos empresariales. En los últimos meses se observa una tendencia moderadamente positiva y en el mes de enero se incrementaron un 6,6% anual, lo que supone el tercer incremento mensual consecutivo.

Por CC.AA., las que presentan mayor volumen de actividad son Madrid con 873 ampliaciones, un 11,1% más que el mismo mes del año anterior y Cataluña con 677, un 10,3% más. Entrando al detalle, se observan descensos en seis territorios: Ceuta y Melilla, Navarra, Cantabria, Castilla y León, Murcia y Andalucía. Por otro lado, aumentan más, sobre todo en La Rioja, seguida de Aragón, Castilla – La Mancha, Baleares y Canarias.

Como sucedió con las constituciones, las tasas de variación trimestral en relación al mismo periodo del año anterior muestran el impacto de la crisis en el segundo trimestre de 2021, produciéndose un incremento del 72,6%, e igualmente se produjeron moderados incrementos en el tercer trimestre (4,5%) y cuarto trimestre (5,3%). En este mes de enero se incrementaron un (6,6%), en una evolución también positiva.

Concursos de acreedores

Los concursos de acreedores, en este avance del mes de enero, fueron 326, y comparados con el mismo mes del año anterior, muestran un incremento del 7,6%, con fuerte influencia de Madrid, Cataluña y la Comunidad Valenciana, que constituyeron por sí mismas más de la mitad de todos los concursos presentados a nivel nacional.

La tendencia de estabilización iniciada en el tercer trimestre de 2021, con el 12,5% de incremento anual seguida del 0,6% en el cuarto trimestre, muestra sin embargo un repunte en enero de este año, hasta situarse en el 7,6% anual. Hasta que no finalice la moratoria concursal vigente hasta el mes de junio, los concursos de acreedores no podrán mostrar con precisión la tendencia real.

En cuanto a su distinción entre voluntarios y necesarios, los primeros sumaron en enero 226 inscripciones, con una disminución del 27,6% frente al mes anterior, mientras los concursos necesarios quedan prácticamente igual, en enero se han inscrito 100, uno más que en el mes de diciembre.

El Tribunal Supremo confirma la anulación del acuerdo del Consejo General del Notariado sobre la digitalización del documento nacional de identidad

Martes, 8 de febrero de 2022

El Tribunal Supremo confirma la anulación del acuerdo del Consejo General del Notariado sobre la digitalización del documento nacional de identidad


El Supremo concluye que la aprobación del acuerdo comporta el ejercicio de una potestad reglamentaria que la mencionada Corporación no tiene atribuida

Autor Comunicación Poder Judicial


La Sala III del Tribunal Supremo ha desestimado el recurso del Consejo General del Notariado contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que anuló el acuerdo del Pleno de dicho Consejo, de 16 de diciembre de 2017, que aprueba la digitalización del documento nacional de identidad, a través de la creación en la plataforma SIGNO (Servicio Integrado de Gestión Notarial) de un servicio de digitalización y grabación centralizada y gratuita de los datos del índice informatizado relativo a la documentación mercantil que afecta a la titularidad real.

La sentencia del TSJ de Madrid ahora ratificada anuló el mencionado acuerdo corporativo y ordenó al Consejo General del Notariado la destrucción certificada de todos los datos y documentos que pudiera disponerse en su ejecución y estuvieran a su disposición directa o en poder de la mercantil interpuesta constituida por el mismo Consejo «Agencia Notarial de Certificación» («ANCERT SRLU»). El TSJ estimó un recurso del Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España y de varios notarios.

Los magistrados de la Sección Quinta de la Sala III han analizado si el Consejo del Notariado tenía competencias para establecer nuevas obligaciones a los notarios, como las indicadas en el acuerdo, que afectaban a una pluralidad indeterminada de personas y al tratamiento de sus datos de carácter personal; o, por el contrario, si el referido acuerdo se limitaba a regular obligaciones previamente establecidas en la normativa reguladora de la prevención del blanqueo de capitales.

El Supremo concluye que la aprobación del acuerdo comporta el ejercicio de una potestad reglamentaria que la mencionada Corporación no tiene atribuida y que además su contenido no puede estimarse amparado en la normativa sobre prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.

La sentencia subraya que el debate no es si la creación del nuevo fichero único sería más idónea para la lucha contra el blanqueo y la financiación del terrorismo, sino si, aun aceptando esa utilidad, “que no está acreditada”, la creación de dicho fichero puede hacerse ‘motu proprio’ por el Consejo y en ejercicio de una potestad, la de dictar circulares, con un contenido muy concreto y que a la vista de lo regulado excede de ese ámbito doméstico y constituye una auténtica norma reglamentaria.

La Sala destaca que lo establecido en el Acuerdo impugnado es la creación de un nuevo fichero a partir de los datos recogidos en cada Notaría, con la remisión obligatoria por cada Notario de su Índice informatizado, de modo que no solo se constituye en el Consejo un Índice Único Informatizado, sino que dicho Índice constituye un nuevo fichero en el cual se incluye el DNI, cuyo tratamiento se encomienda a una entidad sujeta al régimen del Derecho Privado (ANCERT).

“Es decir, si cada Notaría tiene su «fichero» y los ficheros de todas las Notarías se integran en uno diferente en el Consejo General del Notariado, es manifiesto que se trata de un nuevo fichero diferente de los existentes en las notarías, como pone de manifiesto el informe que obra en autos de la Agencia de Protección de Datos”, señalan los magistrados.

Asimismo, la sentencia indica que “no puede negarse que con la pretendida Circular, de una parte, se imponen específicas obligaciones a los Notarios, por cuanto, cuando menos, se amplía la forma en que han de remitir al Consejo sus particulares índices informatizados; pero, de otra parte, es indudable que la creación de ese nuevo fichero, cuyo tratamiento se encomienda a un ente sometido al Derecho Privado, afecta a todos los ciudadanos que concurren a una notaría a celebrar actos jurídicos que requieran una protocolización, que están sujetos a que sus datos obre en cada Notaría en sus respectivos índices, pero no que deban, además de ello, figurar en un nuevo fichero creado por el Consejo con la incorporación digitalizada de los DNI que contiene la más amplia información personal de cada ciudadano”.

El Tribunal Constitucional ampara a un sindicato al considerar que la administración vulneró su derecho a la huelga al establecer unos servicios mínimos abusivos por desproporcionados

El TC ampara a un sindicato al considerar que la administración vulneró su derecho a la huelga al establecer unos servicios mínimos abusivos por desproporcionados

La Sala Segunda del Tribunal Constitucional en sentencia, cuyo ponente ha sido el Vicepresidente Juan Antonio Xiol Ríos, ha reconocido que se ha vulnerado el derecho a la huelga del sindicato Federación Estatal de Servicios, Movilidad y Consumo de la Unión General de Trabajadores de España, al fijar la Administración unos servicios mínimos desproporcionados no debidamente justificados.

El caso estudiado por la Sala Segunda es el siguiente:

El comité de empresa de la entidad mercantil Áreas, S.A, que gestiona establecimientos de hostelería del Aeropuerto Internacional Adolfo Suárez Madrid-Barajas, entre ellos el 100% de los puntos de venta al público situados en el lado de aire (la que empieza superados los controles de seguridad) de las Terminales T1, T2, T3 y T4 Satélite, y la práctica totalidad de los puntos de restauración de la Terminal T4, convocó huelga para los días 4, 5, 22, 23, 29 y 30 de diciembre de 2017 en el horario de 13:00 a 15:00 horas. La empresa y el sindicato no llegaron a un acuerdo sobre la fijación de los servicios mínimos, sobre todo, con los puntos de venta situados en el denominado lado de aire , por lo que la Secretaria de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda del Ministerio de Fomento dictó una resolución de 30 de noviembre de 2017 en la que establecía que en las zonas restringidas del lado aire debían prestarse los servicios mínimos mediante la apertura de la totalidad de los 12 establecimientos gestionados por la empresa y que afectaba a la totalidad de su plantilla en esa zona.

El sindicato presentó un recurso contencioso-administrativo contra la citada resolución ante la Audiencia Nacional porque consideraba que los servicios mínimos fijados afectaban al 100% de la plantilla, lo que implicaba una vulneración de los derechos de huelga y libertad sindical. La Sala de lo Contencioso-administrativo desestimó el recurso concluyendo que la extensión de los servicios mínimos resultaba justificada y proporcionada.

Contra esta resolución se interpuso recurso de casación ante el Tribunal Supremo, que fue inadmitido por providencia de la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso de fecha 9 de mayo de 2019.

Finalizada la jurisdicción ordinaria, el sindicato demandante interpuso recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional por vulneración de los derechos de huelga, libertad sindical y tutela judicial efectiva, que fue admitido a trámite al concurrir una especial trascendencia constitucional porque plantea un problema o afecta a una faceta de un derecho fundamental sobre el que no hay doctrina en este Tribunal.

La Sala Segunda del TC razona que la resolución administrativa impugnada no aporta ningún elemento, dato o hecho que permita poner en relación el derecho de huelga de los trabajadores y el derecho a la salud de los pasajeros con la decisión de que los servicios mínimos se fijaran para la llamada zona de aire en el 100% de los establecimientos de la empresa y de su plantilla.

La sentencia explica que “la resolución administrativa considera sin más que el nivel habitual de prestación de servicios coincide en su integridad con lo que debe considerarse como un elemento mínimo de prestación en función de las exigencias de la salud pública”. Por tanto, “esta apreciación supone no ya limitar sino privar íntegramente del ejercicio del derecho de huelga a los trabajadores de este sector de actividad”, que hubiera exigido una motivación específica sobre el carácter mínimo de los servicios.

Igualmente, destaca que si el servicio prestado por los establecimientos de restauración se mantiene en la franja horaria de la huelga en el 100 % del habitual y, simultáneamente, como se reconoce por la propia Administración, se ha obligado a reforzar el servicio prestado por las máquinas expendedoras para esa franja horaria, la prestación del servicio esencial para la comunidad se desarrolló con un nivel de prestación superior al habitual, lo que es incompatible con la lógica propia de un juicio de proporcionalidad.

En definitiva, el Tribunal concluye afirmando que “la motivación contenida en la decisión de la autoridad gubernativa pone de manifiesto que la fijación de los servicios mínimos acordados no resulta proporcionada a la resolución del conflicto de intereses que debía resolver”.

En consecuencia, se anula la resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda del Ministerio de Fomento de 30 de noviembre de 2017; la sentencia de la Sección Octava de la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional y la providencia de la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo.

Asimismo, se ordena la retroacción de las actuaciones al momento de pronunciarse la primera de las resoluciones anuladas para que, una vez declarada la nulidad de la resolución administrativa impugnada, se resuelva sobre el resto de pretensiones y, singularmente, sobre la petición indemnizatoria.

Madrid, de 1 febrero de 2022

Confirmada una multa a Banco Santander por infracción grave del Código de Buenas Prácticas del Real Decreto de medidas urgentes de protección de deudores hipotecarios sin recursos

Jueves, 3 de febrero de 2022

Confirmada una multa a Banco Santander por infracción grave del Código de Buenas Prácticas del Real Decreto de medidas urgentes de protección de deudores hipotecarios sin recursos


La sanción impuesta por el Banco de España es de 485.000 euros

Autor Comunicación Poder Judicial

La Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha dictado una sentencia en la que confirma una resolución del Banco de España que impuso una multa de 485.000 euros al Banco de Santander por una infracción grave del Código de Buenas Prácticas (CBP) del Real Decreto de medidas urgentes de protección de deudores hipotecarios sin recursos.

El Banco de España impuso la citada sanción a esta entidad tras realizar una inspección para comprobar la aplicación de las medidas de reestructuración de la deuda hipotecaria, en los términos del artículo 5.4 del Real Decreto, entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2014.

De los 1.233 expedientes en los que se aplicó esta medida de reestructuración de la deuda hipotecaria durante 2014, la inspección comprobó una muestra aleatoria de 66 expedientes, de cuyo examen concluyó que en el 89% de los casos (59 de 66), la entidad no había situado los efectos de la reestructuración de la deuda hipotecaria en el momento en el que el deudor acreditó hallarse en el umbral de exclusión, sino que mantuvo las condiciones financieras del préstamo primitivo con posterioridad a dicho momento (en un 53% de los casos se mantuvieron hasta dos meses después, en un 42% la prolongación fue de entre 2 y 6 meses, y en el 5% restante excedió de los 6 meses).

La sentencia recoge que el informe de la inspección estimó que el importe de los intereses girados por encima del que correspondía si se hubieran aplicado los efectos de la reestructuración desde la acreditación del requisito de hallarse el deudor en situación de exclusión, ascendía a 239.000 euros en los expedientes tramitados en 2014 (solo valoró aquellos en los que el tiempo entre acreditación requisitos y fecha de aplicación de reestructuración fuera superior a un mes).

El tribunal concluye que en este caso la parte recurrente, “que no ha aplicado las medidas de reestructuración de las deudas hipotecarias establecidas por el CBP en el momento en que consideró que el deudor hipotecario había acreditado hallarse situado en el umbral de exclusión, sino que lo hizo en un momento posterior, normalmente en el momento de la formalización de la reestructuración o en el momento en que se giró la cuota anterior a dicha formalización, con un retraso de hasta 6 meses desde la acreditación de la situación de exclusión, ha incumplido el artículo 5.4 del RDL 6/2012, que dispone la obligada aplicación de las previsiones del CBP desde el primero de los momentos indicados”.

Como consecuencia, desestima el recurso de casación interpuesto por el Banco de Santander contra la sentencia de la Audiencia Nacional que confirmó la resolución sancionadora adoptada por el Consejo de Gobierno del Banco de España, de 24 de octubre de 2017, contra dicha entidad.

La Sala se pronuncia sobre el momento en que debe aplicarse dicha reestructuración –de forma inmediata una vez acreditada la situación del umbral de exclusión o, por el contrario, una vez realizada la novación del contrato de préstamo. También resuelve sobre cuándo se entiende que el deudor ha acreditado hallarse en ese umbral de exclusión y si ello depende de la aportación de todos y cada uno de los documentos previstos en el Real Decreto.

En su sentencia establece que “el momento temporal en que deben ser aplicadas las previsiones del Código de Buenas Prácticas, en lo que se refiere a las concretas medidas de reestructuración de la deuda, es el de la acreditación de encontrarse los deudores hipotecarios situados en el umbral de exclusión”.

Añade que aceptado por la entidad de crédito que el deudor hipotecario se halla en el umbral de exclusión, la falta de aportación de alguno de los documentos previstos en dicho Real Decreto “no exime a la entidad de aplicar las previsiones del artículo 5.4 del citado texto legal”.

La legislación nacional que obliga a los residentes fiscales en España a declarar sus bienes o derechos situados en el extranjero es contraria al Derecho de la Unión

Tribunal de Justicia de la Unión Europea

Comunicado de prensa n.º 18/22

Luxemburgo, 27 de enero de 2022

Sentencia en el asunto C-788/19

Comisión/España (Obligación de información en materia tributaria)

La legislación nacional que obliga a los residentes fiscales en España a declarar sus bienes o derechos situados en el extranjero es contraria al Derecho de la Unión


Las restricciones a la libre circulación de capitales que impone son desproporcionadas

El 15 de febrero de 2017, la Comisión emitió un dictamen motivado en el que declaró la incompatibilidad con el Derecho de la Unión de determinados aspectos de la obligación de los residentes fiscales en España de declarar sus bienes o derechos situados en el extranjero (1) por medio de un formulario denominado «modelo 720». Según la Comisión, las consecuencias derivadas del incumplimiento de esta obligación son desproporcionadas atendiendo a los objetivos perseguidos por la legislación española, que son garantizar la eficacia de los controles fiscales y luchar contra el fraude y la evasión fiscales.
En virtud de la legislación nacional controvertida, (2) los residentes en España que no declaren o declaren de manera imperfecta o extemporánea los bienes y derechos que posean en el extranjero se exponen a la regularización del impuesto adeudado por las cantidades correspondientes al valor de dichos bienes o derechos, incluso cuando estos hayan sido adquiridos durante un período ya prescrito, así como a la imposición de una multa proporcional y de multas de cuantía fija específicas.

En su sentencia de hoy, el Tribunal de Justicia declara que España ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del principio de libre circulación de capitales. En efecto, la obligación de presentación del «modelo 720» y las sanciones derivadas del incumplimiento o del cumplimiento imperfecto o extemporáneo de dicha obligación, que no tienen equivalente en lo que respecta a los bienes o derechos situados en España, establecen una diferencia de trato entre los residentes en España en función del lugar de localización de sus activos. Esta obligación puede disuadir a los residentes de ese Estado miembro de invertir en otros Estados miembros, impedirles hacerlo o limitar sus posibilidades de hacerlo, y constituye, por tanto, una restricción a la libre circulación de capitales.

El Tribunal de Justicia subraya que la legislación controvertida podría estar justificada por la realización de los objetivos antes mencionados ya que, pese a la existencia de mecanismos de intercambio de información o de asistencia administrativa entre los Estados miembros, la información de que estos disponen en relación con los activos que sus residentes fiscales poseen en el extranjero es, globalmente, inferior a la que poseen en relación con los activos situados en su territorio. No obstante, el examen del Tribunal de Justicia revela que esta legislación va más allá de lo necesario para alcanzar dichos objetivos, y ello en tres aspectos:

En primer lugar, considera que España ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de la libre circulación de capitales al disponer que el incumplimiento o el cumplimiento imperfecto o extemporáneo de la obligación informativa relativa a los bienes y derechos situados en el extranjero tiene como consecuencia la imposición de las rentas no declaradas correspondientes al valor de esos activos como «ganancias patrimoniales no justificadas», sin posibilidad, en la práctica, de ampararse en la prescripción.

Según el Tribunal de Justicia, la presunción de obtención de «ganancias patrimoniales no justificadas» establecida por el legislador español no resulta desproporcionada en relación con los objetivos de garantizar la eficacia de los controles fiscales y luchar contra el fraude y la evasión fiscales, puesto que, entre otros factores, puede ser destruida por el contribuyente. En cambio, las opciones elegidas en materia de prescripción son desproporcionadas atendiendo a esos objetivos, puesto que permiten a la Administración tributaria proceder sin limitación temporal a la regularización del impuesto adeudado por las cantidades correspondientes al valor de los bienes o derechos situados en el extranjero y no declarados, o declarados de manera imperfecta o extemporánea, mediante el «modelo 720».

Por lo tanto, el Tribunal de Justicia señala que la normativa adoptada por el legislador español, además de producir un efecto de imprescriptibilidad, permite también a la Administración tributaria cuestionar una prescripción ya consumada en favor del contribuyente, lo que vulnera la exigencia fundamental de seguridad jurídica. Al atribuir consecuencias de tal gravedad al incumplimiento de una obligación declarativa, el legislador español ha ido más allá de lo necesario para garantizar la eficacia de los controles fiscales y luchar contra el fraude y la evasión fiscales.

En segundo lugar, el Tribunal de Justicia estima que España también ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de la libre circulación de capitales al sancionar el incumplimiento o el cumplimiento imperfecto o extemporáneo de la obligación informativa relativa a los bienes y derechos situados en el extranjero con una multa proporcional del 150 % del impuesto calculado sobre las cantidades correspondientes al valor de los bienes o derechos poseídos en el extranjero. Esta multa puede acumularse con multas de cuantía fija que se aplican a cada dato o conjunto de datos omitidos, incompletos, inexactos o falsos que deban incluirse en el «modelo 720».
El Tribunal de Justicia señala que la imposición de esta multa está directamente relacionada con el incumplimiento de obligaciones declarativas, puesto que solo se aplica a los contribuyentes que no hayan cumplido la obligación de información. Este incumplimiento basta para determinar la existencia de una infracción tributaria, que se considera muy grave y se sanciona con la imposición de la multa del 150 % del importe del impuesto eludido, porcentaje que no está formulado como un tipo máximo. El Tribunal de Justicia señala asimismo que el tipo muy elevado de esta multa le confiere un carácter extremadamente represivo y que su acumulación con las multas de cuantía fija previstas adicionalmente puede dar lugar, en muchos casos, a que el importe total de las cantidades adeudadas por el contribuyente supere el 100 % del valor de sus bienes o derechos en el extranjero. Ello constituye un menoscabo desproporcionado de la libre circulación de capitales.

En tercer lugar, el Tribunal de Justicia declara que el legislador español incumplió asimismo las obligaciones que le incumben en virtud de la libre circulación de capitales al sancionar el incumplimiento o el cumplimiento imperfecto o extemporáneo de la obligación informativa relativa a los bienes y derechos situados en el extranjero con multas de cuantía fija cuyo importe no guarda proporción alguna con las sanciones previstas para infracciones similares en un contexto puramente nacional y cuyo importe total no está limitado. El importe de estas multas es de 5 000 euros por cada dato o conjunto de datos omitido, incompleto, inexacto o falso, con un mínimo de 10 000 euros, y de 100 euros por cada dato o conjunto de datos declarado fuera de plazo o no declarado por medios electrónicos, informáticos o telemáticos cuando existía obligación de hacerlo, con un mínimo de 1 500 euros.

El Tribunal de Justicia señala a este respecto que la ley española sanciona el incumplimiento de meras obligaciones declarativas o puramente formales mediante la imposición de multas de cuantía fija muy elevadas, ya que se aplican a cada dato o conjunto de datos; van acompañadas, según los casos, de un importe mínimo de 1 500 o 10 000 euros y su importe total no está limitado. El Tribunal de Justicia tiene en cuenta asimismo que estas multas pecuniarias fijas se acumulan con la multa proporcional del 150 % y observa que su importe no guarda proporción alguna con el de las multas que sancionan el incumplimiento de obligaciones similares en un contexto puramente interno en España. Por consiguiente, esas multas pecuniarias fijas establecen una restricción desproporcionada de la libre circulación de capitales.

1 Entre ellos, bienes inmuebles, cuentas bancarias, títulos, activos, valores o derechos representativos del capital social, fondos propios o patrimonio de todo tipo de entidades, así como seguros de vida e invalidez de los que dispongan fuera del territorio español.
2 Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria (BOE n.º 302, de 18.12.2003), en su versión modificada por la Ley 7/2012; Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio (BOE n.º 285, de 29.11.2006), en su versión modificada por la Ley 7/2012, y Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades (BOE n.º 288, de 28.11.2014).

NOTA: El recurso por incumplimiento, dirigido contra un Estado miembro que ha incumplido sus obligaciones derivadas del Derecho de la Unión, puede ser interpuesto por la Comisión o por otro Estado miembro. Si el Tribunal de Justicia declara que existe incumplimiento, el Estado miembro de que se trate debe ajustarse a lo dispuesto en la sentencia con la mayor brevedad posible. Si la Comisión considera que el Estado miembro ha incumplido la sentencia, puede interponer un nuevo recurso solicitando que se le impongan sanciones pecuniarias. No obstante, en caso de que no se hayan comunicado a la Comisión las medidas tomadas para la adaptación del Derecho interno a una directiva, el Tribunal de Justicia, a propuesta de la Comisión, podrá imponer sanciones en la primera sentencia.

El Período Medio de Pago a Proveedores en las comunidades autónomas completa un año por debajo de 30 días

Período Medio de Pago a Proveedores de noviembre de 2021

El Período Medio de Pago a Proveedores en las comunidades autónomas completa un año por debajo de 30 días

Lunes 24 de enero de 2022 La Moncloa

El Período Medio de Pago a Proveedores (PMP) en las comunidades autónomas ha alcanzado en noviembre de 2021 los 26,6 días, con lo que las comunidades llevan ya un año completo con plazos de pago por debajo de los 30 días, que es el plazo máximo establecido en la normativa.

De esta forma, el PMP de las comunidades autónomas ha mantenido durante 12 meses consecutivos la tendencia de situarse por debajo del plazo marcado por la norma. Este dato histórico se debe, en gran parte, a los recursos transferidos por el Gobierno central a los gobiernos autonómicos, algo que ha permitido atenuar el impacto de la crisis en las empresas y pymes que son proveedoras de estos gobiernos.

Por su parte, el PMP de la Administración Central se sitúa en noviembre en 28,73 días, lo que supone un descenso de 7,19 días, mientras que las Entidades Locales tienen un plazo de pago a proveedores de 63,49 días en el undécimo mes de 2021, tras registrar una bajada de 2,61 días. Por su parte, el PMP registrado en los Fondos de la Seguridad Social también se reduce en 2,87 días, hasta 8,53 días.

Datos de la Administración Central


El PMP de la Administración Central se ha cifrado en 28,73 días en noviembre, lo que supone 7,19 días menos que en octubre de este mismo año.

La ratio de operaciones pagadas se ha situado en 23,89 días, mientras que la ratio de operaciones pendientes de pago ha alcanzado los 35,6 días.

Datos de las CCAA
En las comunidades autónomas, el Período Medio de Pago a Proveedores se sitúa en noviembre en 26,6 días, con lo que apenas experimenta variación con respecto al mes anterior, cuando se registró un PMP de 26,59 días, con lo cual la variación es de 0,01 días.

En relación a la composición del PMP, la ratio de operaciones pagadas se sitúa en 23,39 días y la de operaciones pendientes de pago en 31,20 días. Ello supone un aumento de 3,81 días de la ratio de operaciones pagadas y una disminución de 5,75 días en la ratio de operaciones pendientes de pago, respecto al mes anterior.

Ninguna comunidad presenta este mes un PMP superior al plazo de 60 días, límite a partir del cual el Ministerio de Hacienda y Función Pública comienza a aplicar las medidas previstas en la normativa de estabilidad.

Deuda comercial

En cuanto a la deuda comercial, ésta se cifra en 3.904,13 millones de euros, equivalente al 0,32% del PIB nacional. Ello supone un incremento de 407,32 millones de euros con respecto al mes anterior.

Como lleva ocurriendo desde el inicio de la crisis sanitaria, la evolución del PMP y de la deuda comercial están relacionadas con el aumento de la tramitación de las operaciones de naturaleza comercial, especialmente en el ámbito sanitario, como consecuencia de la pandemia de la COVID-19.

Las operaciones comerciales de naturaleza sanitaria generadas en los primeros once meses de 2021 se han incrementado en un 15,07% con respecto al mismo período de 2019, año previo a la crisis sanitaria.

Teniendo en cuenta el aumento del volumen de operaciones tramitadas, para contener la deuda comercial y el PMP ha sido básico el incremento del volumen de pagos efectuados por el conjunto de comunidades autónomas.

De esta forma, los pagos de naturaleza comercial realizados en los primeros once meses de 2021 han ascendido a 56.636,79 millones de euros. De ellos, corresponden a pagos de naturaleza sanitaria 36.582,86 millones de euros, produciéndose un incremento del 4,36% en los de naturaleza comercial y del 2,35% en los pagos sanitarios con respecto al mismo período del año anterior.

No obstante, en relación con el mismo periodo del ejercicio 2019, los pagos de operaciones comerciales se han incrementado un 12,95% y un 17,51% en el caso de las operaciones sanitarias.

Medidas por la COVID-19

Además, en la evolución de la deuda comercial y del incremento de pagos efectuados, han resultado determinantes las medidas de liquidez adoptadas por el Estado para hacer frente al impacto de la crisis sanitaria generada por la pandemia de la COVID-19.

De esta manera, para las comunidades autónomas de régimen común cabe destacar el abono en los meses de marzo y abril de 2020 de una cuantía global de 2.862,55 millones de euros correspondientes al mayor importe derivado de la actualización de las entregas a cuenta del sistema de financiación.

Además, a través del llamado Fondo COVID-19, en los meses de julio, septiembre, noviembre y diciembre de 2020 se distribuyeron fondos en favor de las comunidades autónomas y ciudades autónomas por un importe conjunto de 16.000 millones de euros.

En 2021 destaca la dotación extraordinaria prevista en la Ley de Presupuestos Generales del Estado por importe de 13.486 millones de euros, cuya distribución territorial se estableció el pasado mes de agosto, estableciendo un pago en el mes de septiembre de 2021 del 70% de la dotación asignada, que ascendió a 9.426,2 millones de euros para las comunidades autónomas, y un segundo pago, por el 30% restante, en este mes de noviembre, que ha ascendido a 4.039,8 millones de euros.

Finalmente, destacan las cantidades abonadas a terceros y proveedores en el ámbito del Fondo de Financiación de comunidades autónomas, que en el periodo comprendido entre marzo de 2020 y noviembre de 2021 han ascendido a un importe de 12.499,22 millones de euros.

Este conjunto de medidas está permitiendo que los niveles de deuda comercial y PMP de las CCAA no se hayan visto afectados por la crisis sanitaria. De hecho, con respecto a los datos de noviembre de 2020, la deuda comercial se ha reducido un 23,36%, mientras que la deuda comercial sanitaria presenta una disminución del 28,3%. El PMP también experimenta una evolución favorable, disminuyendo un 17,54% hasta los 26,6 días y se sitúa durante un año completo por debajo de los 30 días.

Datos de las Corporaciones Locales
Las entidades de cesión presentan en noviembre un Período Medio de Pago a Proveedores de 63,49 días, lo que supone, frente a octubre de 2021, una disminución de 2,61 días.

El dato de media del subsector está calculado conforme a la misma metodología establecida para cada corporación local a nivel individual, es decir, que se ponderan los días en función del volumen de deuda de cada entidad, de manera que en el cálculo del PMP tienen más peso aquellas entidades con mayor endeudamiento con los proveedores.

Si no se utilizara este método, la media simple de los PMP individuales muestra un dato de 37,57 días, alejado de los 63,49 días resultantes de aplicar la metodología como si el subsector fuera una sola entidad.

Además, de las 151 entidades que han presentado información, 118 cumplen con el Período Medio de Pago en noviembre, de forma que el 78,15% presentan en dicho mes un PMP igual o inferior a 30 días.

Si no se tienen en cuenta las entidades con un PMP excesivo (superior a 60 días), y que representan un 9,27% de las entidades que presentan información del subsector, el Período Medio de Pago se sitúa en los 22,69 días.

Principales ciudades, cuatro ciudades presentan un PMP superior a 30 días, y una de ellas supera los 60 días.

El PMP en los Fondos de la Seguridad Social
En el caso de los Fondos de la Seguridad Social, el PMP de noviembre se ha reducido en 2,87 días, y se ha situado en 8,53 días.

La ratio de operaciones pagadas se cifra en 9,35 días, mientras que la ratio de operaciones pendientes de pago se ha situado en 6,23 días.

El Tribunal Supremo se pronuncia sobre el control de transparencia y abusividad de la cláusula del préstamo hipotecario que incorpora el IRPH como índice de referencia del tipo de interés

Viernes, 28 de enero de 2022

El Tribunal Supremo se pronuncia sobre el control de transparencia y abusividad de la cláusula del préstamo hipotecario que incorpora el IRPH como índice de referencia del tipo de interés


La Sala Primera notifica las primeras sentencias sobre el índice IRPH tras el último pronunciamiento del TJUE

Autor: Comunicación Poder Judicial


La Sala Primera ha notificado las primeras sentencias dictadas sobre las cláusulas que incorporan el IRPH como índice de referencia de préstamos hipotecarios, tras los autos del TJUE de 17 de noviembre de 2021, que respondieron a las nuevas preguntas formuladas por dos Juzgados de Barcelona e Ibiza.

Se adjunta nota de la Sala de lo Civil.

Tribunal Supremo

Sala Civil
Gabinete Técnico

Sentencias 42, 43 y 44/2022, de 27 de enero.

Control de transparencia y abusividad de la cláusula del préstamo hipotecario que incorpora el IRPH como índice de referencia del tipo de interés

La Sala Primera ha notificado hoy las primeras sentencias dictadas sobre las cláusulas que incorporan el IRPH como índice de referencia de préstamos hipotecarios, tras los autos del TJUE de 17 de noviembre de 2021, que respondieron a las nuevas preguntas formuladas por dos Juzgados de Barcelona e Ibiza.

La Sala Primera ya se había pronunciado sobre estas mismas cláusulas en noviembre de 2020. Los autos del TJUE de 17 de noviembre de 2021, al responder a las cuestiones específicamente planteadas sobre este tema confirman la corrección de esta jurisprudencia de la Sala.

En primer lugar, el TJUE ha reiterado que si un órgano jurisdiccional nacional aprecia la falta de transparencia de las cláusulas que definen el objeto principal del contrato, como es el caso de las cláusulas que incorporan el IRPH como índice de referencia, debe examinar a continuación si tal cláusula es «abusiva» en el sentido de la Directiva 93/13, esto es, debe valorar si se trata de una cláusula que, en contra de las exigencias de la buena fe, causa, en perjuicio del consumidor y usuario, un desequilibrio importante de los derechos y obligaciones de las partes que se deriven del contrato.

El TJUE, en su sentencia de 3 de marzo, estableció dos parámetros de trasparencia de este tipo de cláusulas. Según el primero de ellos, la publicación del IRPH en el BOE permitía al consumidor medio comprender que el referido índice se calculaba según el tipo medio de los préstamos hipotecarios a más de tres años para la adquisición de vivienda, incluyendo así los diferenciales y gastos aplicados por tales entidades, de modo que esa publicación salva, para todos los casos, las exigencias de transparencia en cuanto a la composición y cálculo del IRPH.

El segundo parámetro de transparencia establecido por el TJUE fue la información que la entidad prestamista hubiera facilitado al consumidor sobre la evolución pasada del índice. Sin embargo, esta obligación de información ha sido matizada de forma significativa por los autos del TJUE de 17 de noviembre de 2021, ya que permiten no entregar al consumidor, antes de la celebración del contrato, un folleto informativo que recoja la evolución anterior de ese índice, por la razón de que la información relativa al mencionado índice es objeto de publicación oficial.

En todo caso, aunque se considerase que la ausencia de información directa sobre la evolución pasada del IRPH determina la falta de transparencia de la cláusula cuestionada, debe realizarse el juicio de abusividad. En este sentido, el ofrecimiento por la entidad bancaria de un índice oficial, aprobado por la autoridad bancaria, no puede vulnerar por sí mismo la buena fe.

Además, el Gobierno Central y varios Gobiernos autonómicos han venido considerando, a través de normas reglamentarias, que el índice IRPH era el más adecuado para utilizarlo como índice de referencia en el ámbito de la financiación de viviendas de protección oficial, por lo que resulta ilógico considerar como actuación contraria a la buena fe la incorporación de ese mismo índice a préstamos concertados fuera de ese ámbito de financiación oficial.

Desde el punto de vista del desequilibrio de los derechos y obligaciones de las partes, que debe ser valorado en el momento de suscripción del contrato, la evolución más o menos favorable del índice durante la vida del préstamo no puede ser determinante. Que en su desenvolvimiento posterior el préstamo resulte más caro que otros no supone desequilibrio determinante de abusividad, puesto que el control de contenido no puede derivar en un control de precios y el TJUE ha descartado que las entidades bancarias tuvieran obligación de facilitar información comparativa sobre los distintos índices oficiales, sobre su evolución futura o de asesorar a sus clientes sobre el mejor préstamo posible.

Por último, no se ha justificado que el índice IRPH, que está fiscalizado en todo caso por la administración pública, sea más fácilmente manipulable que el resto de los índices oficiales.

En aplicación de estos criterios, las sentencias hacen los pronunciamientos pertinentes sobre los recursos analizados en cada caso.

Gabinete Técnico, Área Civil

Enero, 2022

Raquel Sánchez visita la promoción de 80 viviendas de alquiler asequible en Badalona, financiadas con el Plan Estatal de Vivienda 2018-2021

En Badalona (Barcelona)

Raquel Sánchez visita la promoción de 80 viviendas de alquiler asequible en Badalona, financiadas con el Plan Estatal de Vivienda 2018-2021

Lunes 24 de enero de 2022

La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, ha visitado la promoción de 80 viviendas de alquiler asequible en la calle Gregal de Badalona, financiadas con el Plan Estatal de Vivienda 2018-2021.

La ministra ha estado acompañada por la delegada del Gobierno en Catalunya, Maria Eugenia Gay, y el alcalde de la ciudad, Rubén Guijarro.

El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) ha contribuido a este proyecto con una aportación de 1.6 millones de euros. Según ha afirmado la ministra, se trata de una obra en la que convergen los esfuerzos de tres administraciones, Ayuntamiento, Generalitat y Ministerio; y un promotor privado, la Cooperativa Arauca.

Raquel Sánchez destaca el éxito de este tipo de proyectos gracias a la co-gobernanza y colaboración entre administraciones, por lo que ha hecho una llamada a todos a sumarse a la recuperación justa, apelando a la responsabilidad para sumar consensos.

Con el nuevo Plan Estatal de Vivienda 2022-2025, que contará con una dotación superior a 1.700 millones de euros, la titular de Mitma afirma que el Gobierno tendrá una herramienta fundamental para fomentar y apoyar el alquiler desde una visión mucho más social, poniendo a las ciudadanas y ciudadanos en el centro de todas las líneas de trabajo, con especial atención a los colectivos más vulnerables, como las personas sin hogar, los afectados por desahucios o las víctimas de violencia de género.

La ministra ha iniciado la jornada con una visita a Marina Badalona, donde ha podido conocer de cerca el proyecto del viaducto del Canal del Gorg. Ha constatado que se trata de una obra que entraña cierta complejidad, al tratarse un puente que eleva una vía de tren por donde circulan cada día miles de personas. Pese a tratarse de un gran reto, la colaboración entre la Marina, ADIF y el ayuntamiento es garantía de éxito.

El TSJ de Galicia anula la autorización de la Xunta para repotenciar el parque eólico de Corme

Viernes, 21 de enero de 2022

El TSJ de Galicia anula la autorización de la Xunta para repotenciar el parque eólico de Corme
La Sala considera que la consulta pública sobre el impacto ambiental debió durar 30 días, no 15. Los jueces, además, destacan que el expediente que se sometió a exposición carecía de los informes sectoriales

Autor Comunicación Poder Judicial

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha anulado la repotenciación del parque eólico de O Roncudo, en Corme, autorizada por la Xunta debido a que redujo a la mitad -de 30 a 15 días- el plazo para consultar el informe del impacto ambiental del proyecto y presentar alegaciones. Además, los jueces destacan en la resolución, pionera en este ámbito, que, en contra de la directiva europea, el expediente que se sometió a exposición pública carecía de los informes sectoriales.

La Sala explica en la sentencia que el Gobierno gallego acordó, en febrero de 2018, declarar de “interés especial” la modificación sustancial del parque, lo que implicaba “tramitarla de forma prioritaria” y, por tanto, reducir de 30 a 15 días hábiles los plazos del procedimiento de autorización administrativa previa y de construcción, así como los del procedimiento de evaluación ambiental y del proyecto sectorial.

La sección tercera de la Sala de lo Contencioso-administrativo, sin embargo, ha declarado que no procede aplicar la Ley 5/2017, que establece un plazo de 15 días para el trámite de informar a la ciudadanía sobre este tipo de proyectos. Los jueces destacan que esa ley es contraria a dos directivas europeas en materia de medio ambiente, las cuales fijan un plazo mínimo de 30 días para ese trámite.

De esta forma, los magistrados subrayan en el fallo que, si bien “nada impide reducir el plazo de información pública de 30 días a la mitad” en la actuación dirigida a obtener la autorización previa y de construcción del parque, aseguran que “no sucede lo mismo” en el trámite que concierne a la evaluación ambiental. Así, hacen referencia a la directiva europea de 16 de abril de 2014, que dispuso que el plazo fijado para la consulta del público interesado sobre el informe de evaluación del impacto ambiental no será inferior a 30 días.

El alto órgano judicial destaca que “la primacía del derecho comunitario sobre el autonómico no deja lugar a dudas”, al tiempo que recalca que, de ello, se concluye que, en este caso, no fue de acorde a derecho la reducción del plazo de información pública a 15 días en el procedimiento de evaluación del impacto ambiental. Además, indica que, aunque el trámite de exposición pública que concierne al proyecto de ejecución y el relativo al estudio de impacto ambiental deben realizarse conjuntamente, para el primero la ciudadanía dispone de un plazo de 15 días para presentar alegaciones y, para el segundo, de 30 días.

Además, el TSXG asegura que, según la directiva europea, antes de adoptar la decisión definitiva sobre el proyecto que se promovía, es decir, antes de someterlo a información pública, la Xunta debió presentar los informes sectoriales. Al no hacerlo, según la Sala, las personas interesadas “no pudieron ejercer de forma plena su derecho a participar de forma efectiva y con pleno conocimiento de todas las opciones que se presentaban”.

El TSXG resalta que la directiva europea establece que “el público interesado tendrá la posibilidad real de participar desde una fase temprana en los procedimientos de toma de decisiones ambientales”, a cuyo efecto “tendrá derecho a expresar observaciones y opiniones, cuando estén abiertas todas las opciones, a la autoridad o autoridades competentes, antes de que se adopte una decisión sobre la solicitud de autorización del proyecto”.

El Tribunal Superior rechaza que las vías pecuarias de las Bardenas pertenezcan a la Comunidad Foral de Navarra

Viernes, 21 de enero de 2022

El Tribunal Superior rechaza que las vías pecuarias de las Bardenas pertenezcan a la Comunidad Foral de Navarra

La Sala de lo Contencioso estima el recurso presentado por la Comunidad de Bardenas Reales contra el acuerdo del Gobierno de Navarra que pretendía declarar de dominio público esos pasos de ganado

Autor Comunicación Poder Judicial

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN) ha estimado el recurso presentado por la Comunidad de Bardenas Reales y ha anulado el acuerdo del Gobierno foral que pretendía declarar de dominio público las vías de paso de ganado —denominadas cañadas— existentes en esa reserva natural.

En su sentencia, que puede ser recurrida en casación ante el propio órgano judicial, la Sala señala que “los pasos internos de ganado, cañadas, han sido definidos históricamente, declarados y deslindados por la Comunidad de Bardenas Reales, de manera que no cabe sostener que tales estén incluidos en la definición de vías pecuarias de la Ley Foral”, sin perjuicio de que deban conectar con las vías pecuarias exteriores a la Comunidad.

Es destacable, prosiguen los magistrados, que dentro de las Bardenas Reales no ha podido, ni puede, transitar el ganado libremente por vía pecuaria alguna y que, hasta la cesión de la nuda propiedad efectuada por el Estado en 2008, el territorio de las Bardenas Reales era propiedad del Estado, antes de la Corona, como bien patrimonial.

Este pleito tiene su origen en el acuerdo de 1 de julio de 2020, dictado por el Gobierno de Navarra, que declaraba la existencia de las vías pecuarias cuya anchura, trazado y demás características físicas generales figuran en el proyecto de clasificación y deslinde de las vías pecuarias de las Bardenas Reales.

El recurrente alegó que el territorio de la Comunidad de Bardenas Reales no forma parte del “patrimonio” de la Comunidad foral, “ni dentro de aquél existe, ni ha existido nunca, ninguna vía pecuaria que forme parte del patrimonio” de Navarra.

A juicio del demandante, lo que pretendía el Gobierno autonómico era iniciar un expediente administrativo para declarar de dominio público de esta Comunidad Foral parte del territorio de las Bardenas Reales de Navarra, “que nunca lo ha sido”.

En síntesis, la controversia descansa sobre quién ha de ser el titular de las vías que para el paso del ganado existen en las Bardenas. La entidad recurrente, la Comunidad de Bardenas Reales, afirma que “se trata de caminos de servicio, trazados desde muy antiguo, cuando la Comunidad tenía el usufructo de las Bardenas y la nuda propiedad correspondía primero a la Corona y, después, al Estado, y que únicamente pueden usarse por los miembros de la misma, los congozantes, por lo que se trataría de una servidumbre natural o pasos interiores para uso del ganado de los mismos”.

La Administración foral, por su parte, sostenía que “se trata de cañadas en el sentido contemplado por la normativa anteriormente expuesta y que, por tanto, tienen la naturaleza de bienes de dominio público, inembargables, imprescriptibles e inalienables y que, por ello, les asiste el derecho a determinar su existencia y trazado”.

El MITECO pone en marcha la redacción de proyectos para 1.700 piezómetros que mejoren el seguimiento y la gestión de las aguas subterráneas

El MITECO pone en marcha la redacción de proyectos para 1.700 piezómetros que mejoren el seguimiento y la gestión de las aguas subterráneas

Jueves 20 de enero de 2022 La Moncloa

Piezómetro para el control de acuíferos

Piezómetro para el control de acuíferos

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico pone en marcha la redacción de nuevos proyectos para la construcción de 1.200 piezómetros y 500 puntos de medida para mejorar el control sobre el estado cuantitativo y cualitativo de los acuíferos en España.

La redacción de estos proyectos, que cuenta con un presupuesto de 1.984.120 euros, es un primer paso para profundizar en el conocimiento del estado de las aguas subterráneas en nuestro país, pues permitirá aumentar en más de un 50% la red existente de control cuantitativo de los acuíferos y en un 15 % la red de control de su estado químico.

La red de control piezométrico de las masas de agua subterránea de las distintas demarcaciones hidrográficas es una de las principales fuentes de información sobre el estrés hidrológico al que están sometidos los acuíferos y de cómo el cambio climático está afectando a la recarga de los mismos. Los piezómetros proporcionan datos que abarcan tanto las diferencias topográficas, geológicas y climáticas, como los usos del terreno donde se sitúan las masas de agua subterráneas. Además, la distribución espacial y la profundidad de medición de los piezómetros permiten contemplar las fronteras físicas y la complejidad geológica de los acuíferos.

La ejecución de estos proyectos lleva asociada una inversión de más de 40 millones de euros, en el marco del Plan de Recuperación, Transición y Resiliencia. Se prevé que, una vez que se hayan construido todos estos piezómetros, la red de control del estado cuantitativo de las aguas subterráneas pase de los 2.300 puntos que hay actualmente a un total de 4.000. Por su parte, la red del estado cualitativo alcanzará los 3.500 puntos de medida de calidad del agua. La red piezométrica estará además conectada en tiempo real con los Sistemas Automáticos de Información Hidrológica (SAIHs) de las distintas Confederaciones Hidrográficas.

Línea de actuación
Estos proyectos complementan a los que se han venido ejecutando desde 2018, que han permitido la reparación y mejora de la red de piezometría existente y su integración en los sistemas automáticos de información hidrológica. La inversión hasta ahora asciende a alrededor de 20 millones de euros.

En concreto, en 2018 se comenzó a trabajar en el «Proyecto de modernización de la red piezométrica e integración en los sistemas de información hidrológica de los Organismos autónomos», con una inversión de 6,3 millones de euros. Este primer proyecto ha permitido reparar un total de 1.068 piezómetros y la instalación de sistemas de automatización de las lecturas de niveles en 1.000 piezómetros.

En esta misma línea, el pasado año se inició la ejecución de un proyecto constructivo de 93 piezómetros nuevos y la automatización de 500 piezómetros adicionales. El coste total de este proyecto es de 13,1 millones de euros con un plazo de ejecución de 30 meses.

Prioridad de la nueva planificación
Las aguas subterráneas constituyen un recurso esencial para atender las demandas hídricas, siendo de especial importancia en situaciones de sequía. En España se utilizan cerca de 7.000 hm3 al año, lo que supone prácticamente un cuarto del total del volumen de agua usada en nuestro país. De estos, alrededor de 1.200 hm3 se destinan al abastecimiento urbano y unos 5.100 hm3 a usos agrarios.

Sin embargo, el 40% de las masas de agua subterránea de nuestro país no se encuentra en buen estado. A pesar de los avances de los últimos años, los índices de explotación de acuíferos siguen siendo muy elevados, y persisten también los problemas de contaminación difusa por nitratos y plaguicidas y de salinización por cloruros y sulfatos.

Alcanzar el buen estado de las masas de agua subterránea y de sus zonas protegidas y ecosistemas asociados es una prioridad de la nueva planificación hidrológica. Para ello, los planes hidrológicos de tercer ciclo establecen objetivos ambientales en estas masas de agua y realizan la asignación de recursos a los distintos usos del agua. También, y gracias a la reciente aprobación de la actualización del real decreto de contaminación por nitratos, los planes hidrológicos de tercer ciclo podrán establecer los umbrales máximos de excedentes de nitrógeno para cada masa de agua afectada por nitratos, cuando se considere necesario para alcanzar los objetivos ambientales fijados.

El Tribunal Supremo confirma la extinción de la tarjeta de residencia temporal de una mujer al haberse acreditado que su matrimonio fue un fraude

Miércoles, 19 de enero de 2022

El Tribunal Supremo confirma la extinción de la tarjeta de residencia temporal de una mujer al haberse acreditado que su matrimonio fue un fraude

El TSJ de Cataluña entendió que había quedado suficientemente acreditada la falsedad del vínculo matrimonial mediante la actuación administrativa

Autor Comunicación Poder Judicial
La Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha confirmado la resolución que anuló la tarjeta de residencia temporal de familiar de residente comunitario de una mujer al haberse acreditado por la Administración que su matrimonio, que estaba inscrito en el Registro Civil y vigente, fue un fraude.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo desestima el recurso de casación interpuesto por la mujer, en el que sostenía que no es posible la extinción de una residencia mientras no exista declaración judicial previa que determine que el matrimonio no es válido.

La recurrente obtuvo una tarjeta de residencia temporal –con efectos 4 mayo de 2012 hasta 3 de mayo de 2017- después de presentar una certificación del Registro Civil en la que figuraba que se había casado en los Santos de la Humosa (Madrid).

Tras revisar la solicitud, la Subdelegación del Gobierno en Barcelona acordó extinguir dicha autorización en 2016 después de comprobar que la recurrente no cumplía las condiciones legales que le otorgaban ese derecho. Se basaba en un informe de la Dirección General de la Policía sobre una trama organizada dedicada a la falsedad de expedientes matrimoniales en dicha localidad madrileña, con la finalidad de solicitar las correspondientes tarjetas de residencia.

Un juzgado de Barcelona dio la razón a la mujer al considerar que la unión seguía vigente en el Registro Civil de los Santos de la Humosa. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña anuló esta sentencia y confirmó la resolución administrativa. Entendió que había quedado suficientemente acreditada la falsedad del vínculo matrimonial mediante la actuación administrativa.

En concreto, se refería a que se había iniciado una investigación judicial sobre una trama organizada de matrimonios de conveniencia celebrados en esa localidad, y que una de las uniones investigadas era la de la recurrente. La Policía entrevistó separadamente a ambos cónyuges, que incurrieron en contradicciones sobre el motivo por el que se casaron allí, a la vez que constató que el marido no había residido en el domicilio donde vivía la mujer y una tercera persona.

La Sala considera que “resulta factible proceder a la extinción, constante matrimonio, de la autorización de residencia temporal de familiar de residente comunitario expedida a favor de cónyuge, en supuestos en los que como consecuencia de actividad administrativa de carácter investigador y siguiendo el correspondiente procedimiento, quepa presumir la existencia de un matrimonio simulado o celebrado en fraude de ley, que se encuentra inscrito en el Registro Civil, sin que ello suponga un pronunciamiento sobre la validez del matrimonio ni la exactitud registral, que ha de plantearse, en su caso, en el correspondiente procedimiento ante la jurisdicción civil competente”.

En su sentencia, señala que, junto al control judicial, la legislación de extranjería reconoce a la Administración, facultades de comprobación de la realidad y exactitud de la situación alegada por el solicitante y le impone el deber de adoptar las medidas necesarias para denegar, extinguir o retirar cualquier derecho conferido por la Directiva 2004/38/CE en caso de abuso o fraude, como los matrimonios de conveniencia, sin que ello se supedite por dicha normativa nacional y comunitaria a la previa declaración judicial de nulidad a través del correspondiente proceso ante la jurisdicción civil.

Añade que se trata de la tutela por la propia Administración de la aplicación de la normativa sectorial de extranjería, evitando actuaciones en fraude de la norma y adoptando las medidas necesarias para propiciar su recta aplicación que se ha tratado de eludir mediante actos contrarios a la misma, que se lleva a cabo a través del correspondiente procedimiento con garantía de los derechos de los interesados, que pueden ejercitar las acciones que estimen convenientes frente a la resolución adoptada por la Administración.

La Sala indica que todo ello en el ámbito de normativa de extranjería y con efectos limitados al reconocimiento de los derechos derivados de la misma, sin que se efectúe pronunciamiento ni se resuelva sobre la validez del matrimonio en cuestión, que ha de dirimirse ante la jurisdicción civil competente.

Los agentes digitalizadores ya pueden adherirse al programa Kit Digital

11 de enero de 2022

Los agentes digitalizadores ya pueden adherirse al programa Kit Digital

Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital

Las entidades interesadas en adquirir la condición de “agente digitalizador adherido” pueden presentar su solicitud en la sede electrónica de Red.es: https://sede.red.gob.es.
Serán los encargados de prestar a las pymes y autónomos beneficiarios las soluciones de digitalización que les permitan avanzar en su nivel de madurez digital en áreas clave como la presencia en internet, la venta electrónica, la gestión de clientes, la oficina virtual, la automatización de procesos y la ciberseguridad.

Más de 21.000 pymes y autónomos han realizado el autodiagnóstico de nivel de madurez digital desde que se lanzó el Kit Digital

Los agentes digitalizadores adheridos formarán parte del “catálogo de digitalizadores” que se podrá consultar en la web oficial www.acelerapyme.es. ?Además, serán los únicos habilitados para suscribir “acuerdos de prestación de soluciones de digitalización” con las empresas beneficiarias de las ayudas del programa Kit Digital

El programa Kit Digital está dotado con un presupuesto de 3.067 millones de euros, financiado por la Unión Europea a través de los fondos Next Generation EU, y tiene el objetivo de digitalizar a un millón de pymes y autónomos en todo el territorio nacional.
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Red.es -entidad adscrita al Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital a través de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial- ha publicado en su sede electrónica (http?s://sede.red.gob.es?) el Anuncio de Adhesión para ser agente digitalizador del programa Kit Digital.
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Las entidades interesadas en participar como “agente digitalizador adherido” pueden presentar desde este momento su solicitud en la sede de Red.es. Para ello, deberán reunir requisitos como estar al corriente de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social y no estar en situación de crisis, tener el domicilio fiscal y centro de prestación de las actividades en la UE, o haber alcanzado un determinado nivel de facturación, entre otros.

Catálogo de digitalizadores?
Los agentes digitalizadores adheridos formarán parte del “catálogo de digitalizadores” que se podrá consultar en la web oficial www.acelerapyme.es?. Serán además los únicos habilitados para suscribir “acuerdos de prestación de soluciones de digitalización” con las empresas beneficiarias de las ayudas del programa Kit Digital y titulares del bono digital.
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De esta manera, podrán acompañarlas en sus procesos de transformación digital y prestar las soluciones de digitalización que les permitan avanzar en su nivel de madurez digital, en áreas clave de digitalización empresarial. Algunas de estas áreas son: la presencia en internet, con la creación o mantenimiento de página web o la gestión de redes sociales; el comercio electrónico; la gestión de clientes; la oficina virtual; la inteligencia empresarial y analítica; la automatización de procesos como la contabilidad, facturación o inventario; la factura electrónica; las comunicaciones seguras; y la ciberseguridad.

Con el objetivo de facilitar a las pymes y los profesionales autónomos el acceso a las ayudas, los agentes digitalizadores adheridos podrán colaborar en las tareas de solicitud y actuaciones de control que se deriven de las mismas.

Además, serán ellos los que presenten toda la documentación justificativa y los que reciban el pago del bono digital cedido por el beneficiario, una vez se haya aceptado su justificación.

Para apoyar a los agentes digitalizadores adheridos que hayan suscrito acuerdos de prestación de soluciones de digitalización con los beneficiarios, se ha gestionado una línea de financiación de hasta el 100% con el Instituto de Crédito Oficial (ICO).

Programa Kit Digital para pequeñas empresas, micropymes y autónomos

El programa Kit Digital impulsado por el Gobierno de España y que fue presentado el pasado mes de noviembre por la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, tiene como objetivo promover la digitalización de pequeñas empresas, micropymes y autónomos, y contribuir a modernizar el tejido productivo español.

Está dotado con un presupuesto de 3.067 millones de euros, financiado por la Unión Europea a través de los fondos NextGenerationEU, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, la agenda España Digital 2025 y el Plan de Digitalización de Pymes 2021-2025, y tiene el objetivo de digitalizar a cerca de un millón de pymes y autónomos en todo el territorio nacional de todos los sectores productivos durante los próximos tres años.
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La orden ministerial que constituye las bases reguladoras para la concesión de estas ayudas directas del programa Kit Digital se publicó en el Boletín Oficial del Estado el pasado 30 de diciembre y puede consultarse aquí https://boe.es/boe/dias/2021/12/30/pdfs/BOE-A-2021-21873.pdf??

Cabe destacar la colaboración estrecha de Cámara de España y Consejo General del Notariado, que con el fin de facilitar el acceso y hacer más sencilla la gestión de las ayudas y autónomos, y fomentar las medidas antifraude, colaborarán en su gestión.

Más de un millón de visitas a la plataforma Acelera pyme

El programa Acelera pyme es la iniciativa del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital destinada a construir el ecosistema de referencia de la transformación digital de las pymes. Está desarrollado por Red.es y se enmarca en el Plan de Digitalización de Pymes 2021–2025?, que cuenta con más de 4.000 millones de euros de presupuesto, y está compuesto por tres actuaciones diferentes: la red de oficinas Acelera pyme, los servicios de apoyo y asesoramiento y la plataforma Acelera pyme.

Hasta el momento, el portal ha recibido 1.258.329 visitas, más de 31.500 pymes y autónomos se han registrado en el portal acelerapyme.es? y más de 21.200 han realizado el autodiagnóstico de nivel de madurez digital.

Las empresas interesadas pueden comprobar en la web oficial www.acelerapyme.es? su nivel de digitalización a través de un “test de autodiagnóstico”, consultar el catálogo de digitalizadores, encontrar su oficina Acelera pyme más cercana y acceder a contenidos de utilidad para mejorar y potenciar su digitalización. También pueden acceder a toda la información y recibir asesoramiento en el teléfono 900 909 001, o presencialmente en las oficinas Acelera pyme distribuidas por toda la geografía española.

Más información: prensa@red.es

El IBEX 35 cumple 30 años y se consolida como marca líder de la economía y las empresas españolas

El IBEX 35 cumple 30 años y se consolida como marca líder de la economía y las empresas españolas

•El PIB español se ha triplicado en el periodo y el valor de las compañías es diez veces mayor

•La familia del índice se ha completado hasta contar ahora con más de 80 referencias

•BME trabaja ya en el lanzamiento de nuevos indicadores ligados a la inversión ESG

•El IBEX 35 con Dividendos rinde un 7,95% de media anual, 4 puntos más que la recogida solo por los precios en el IBEX 35®

bolsamadrid.es

El 14 de enero de 1992 nacía el IBEX 35® para servir de referencia al recién creado mercado de opciones y futuros. Durante este periodo, la economía española ha triplicado su tamaño en términos de PIB, al tiempo que el valor de las empresas del indicador se ha multiplicado por diez. El índice cumple así mañana 30 años consolidando su posición como marca líder de la economía y de las empresas cotizadas españolas y principal indicador de su transformación.

A lo largo de estas tres décadas, más de 60 compañías diferentes han pasado por el IBEX 35®, mientras que la familia de indicadores que gestiona BME supera ya los 80 índices que sirven de benchmark para multitud de productos financieros y estrategias de inversión.

Una de las incorporaciones reseñables fue la del IBEX 35 con Dividendos®, en abril de 2009. Este indicador incorpora los pagos de las compañías que forman parte del selectivo, un factor especialmente importante para el mercado español, en el que la retribución al accionista es una seña clara de identidad, que le diferencia de otros mercados de su entorno. La última ampliación de la familia se produjo el pasado 30 de noviembre, con el lanzamiento del IBEX Gender Equality®. BME trabaja ya en el lanzamiento de nuevos indicadores ligados a la sostenibilidad aplicando la metodología del operador suizo SIX Group, del que forma parte.

La representación sectorial ha variado también notablemente, lo que confirma al IBEX 35® como la principal referencia de los cambios en la estructura de la Bolsa y la economía española en estas tres décadas. La estructura actual es más diversificada y en ella la digitalización y las energías renovables han ganado peso (ver composición sectorial en los documentos adjuntos).

“Estamos muy satisfechos con el funcionamiento y transparencia en la formación del IBEX 35® a lo largo de los años, así como del seguimiento y mejoras que se han introducido en su vigilancia para que en todo momento se cumpla su finalidad como referencia del mercado y cálculo del subyacente para otros activos financieros”, apunta Carmen López, responsable de índices de BME.

Marion Leslie, directora de Información Financiera de SIX y consejera de BME, destaca que “La integración de BME en SIX refuerza la posición del Grupo como infraestructura de mercados, amplía nuestra gama de índices y mejora la información financiera que ofrecemos a nuestros clientes”.

La evolución del índice en estos 30 años recuerda la importante y estable rentabilidad que ofrece la Bolsa a largo plazo. Con los años, el efecto combinado de la diversificación y la reinversión del dividendo causan un positivo efecto en las carteras. Así, el IBEX 35 con Dividendos® presenta un rendimiento anual acumulado del 7,95%, 4 puntos superior a la recogida solo por los precios en el IBEX 35®.

Evolución histórica

Durante los diez primeros años del IBEX 35®, tanto la economía como la Bolsa española experimentaron un fuerte impulso y modernización impulsadas por la Reforma del Mercado de Valores, la extensión del sistema electrónico de negociación de los mercados y en última instancia la entrada de España en la primera fase de la Unión Monetaria Europea. El pinchazo de las “puntocom” puso fin a un intenso proceso de OPVs, privatizaciones y salidas a Bolsa de gran número de empresas privadas, que elevó a más de 4 millones el número de inversores minoristas directos, conocido como “Capitalismo Popular”.

Con el arranque del euro en 2002, se abre una etapa de expansión financiada a través del mercado bursátil para las grandes compañías españolas y también para la Bolsa, que multiplicó el número de productos e índices con el desarrollo de warrants, ETFs o futuros y opciones sobre nuevas acciones y vio nacer nuevos mercados (BME Growth, en 2006).

La quiebra de Lehman Brothers en 2008 marcó el punto álgido de una larga crisis financiera mundial, la Gran Recesión, y posteriormente de deuda soberana en el euro que provocó grandes cambios en el sistema financiero y correcciones en algunos desequilibrios estructurales de la economía española, como su excesiva dependencia del crédito bancario, en el que los mercados gestionados por BME están jugando un papel decisivo.

La llegada del Covid en marzo de 2020 supuso un nuevo reto y confirmó el papel de los mercados como generadores de financiación y liquidez para afrontar la recuperación y el crecimiento, en un nuevo entorno marcado por la sostenibilidad y la digitalización.

El origen de los índices bursátiles se atribuye al periodista estadounidense Charles Henry Dow, fundador del The Wall Street Journal, que el 3 de julio de 1884, al observar que la mayoría de las cotizaciones bajaban o subían de manera similar, decidió expresar esta tendencia con una selección de las compañías más representativas del mercado, a la que se denominó Dow Jones Transportation Average.

Desde entonces, los indicadores se utilizan en todo el mundo no solo para conocer el comportamiento de los mercados, sino también para la creación de carteras, definición de estrategias y contratación de productos que lo utilizan de referencia, como derivados financieros, ETF o warrants.

El Tribunal Supremo confirma la sanción a una empresa que concedió un microcrédito online a una persona que suplantó la identidad de un tercero

Viernes, 14 de enero de 2022

El Tribunal Supremo confirma la sanción a una empresa que concedió un microcrédito online a una persona que suplantó la identidad de un tercero


La Sala de lo Contencioso establece que la intervención fraudulenta de un tercero que suplanta la identidad de otra persona no excluye la infracción de la empresa por falta de consentimiento inequívoco para el tratamiento de datos personales que exige la Ley de Protección de Datos porque la intervención fraudulenta de un tercero no implica que la empresa contratante haya actuado con diligencia

Autor: Comunicación Poder Judicial


La Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso ha confirmado una sanción de 80.000 euros que impuso la Agencia de Protección de datos a la empresa Dineo crédito S. L. por vulnerar la Ley de Protección de Datos al conceder un microcrédito online a una persona que aportó en la solicitud del crédito el DNI de otra persona. El dinero del crédito no se devolvió y Dineo incluyó al titular del DNI suplantado en una lista de morosos. La Sala rechaza el recurso de casación de la empresa y confirma la sentencia de la Audiencia Nacional que confirmó la sanción.

El hombre cuyo DNI fue suplantado denunció ante la Agencia de Protección de datos que Dineo trató sus datos personales sin su consentimiento, en relación con un contrato celebrado a su nombre por un tercero y que finalizó en una deuda que no le pertenecía por la que se le incluyó en un fichero de morosos.

La Agencia de Protección de Datos concluyó que la empresa denunciada había incurrido en dos infracciones graves de la Ley de Protección de Datos por tratar datos personales sin recabar el consentimiento de las personas afectadas y por vulnerar la exigencia de exactitud y veracidad de los datos, al haber incorporado en sus sistemas informáticos los datos del denunciante y dando traslado de ellos al fichero de solvencia patrimonial Asnef. Así, el nombre del denunciante figuraba en la lista de moroso asociado a una deuda de 161 euros, deuda que no era cierta, vencida ni exigible ya que el denunciante no había contratado el microcrédito.

La empresa no actuó con la diligencia necesaria

En su sentencia, el tribunal explica que comparte el criterio de la Audiencia Nacional sobre la insuficiencia de las medidas que aplicó la empresa en el procedimiento de contratación on line del microcrédito, en tanto que “se desentienden enteramente del objetivo de verificar la veracidad y la exactitud de los datos, y, en particular, de comprobar que quien solicita el crédito es precisamente quien dice ser”.

La sentencia de la Audiencia Nacional explicaba que en el proceso de contratación la plataforma de la empresa exigía determinados datos, como el número del DNI, dos teléfonos y el correo electrónico. Unos datos que se ignora si son del cliente que los facilita como suyos o si son de otras personas.

En relación con el DNI, su validación consistía en un algoritmo que permite determinar si el DNI facilitado por el cliente se corresponde o no con un DNI real o válido. Pero dicha medida “únicamente demuestra a la entidad que” alguien” es titular de ese DNI, por cuanto le confirma que es un número de documento que existe”.

La sentencia, ponencia del magistrado Eduardo Calvo, aprecia que de este modo, “ en cualquier caso en el que un tercero utilice indebidamente un DNI sustraído o extraviado para realizar una compra o solicitar un crédito online, siempre se consumaría el tratamiento inconsentido de los datos personales del titular del documento, aunque éste hubiese denunciado en su día ante las autoridades la pérdida o sustracción de su DNI, pues ninguna de las medidas anunciadas por la recurrente aparece mínimamente orientada a impedir o dificultar que ese resultado se produzca”.

Por último, el tribunal señala que lo anterior no significa que se haga recaer sobre la empresa contratante la responsabilidad de impedir que se produzca un hecho ilícito o delictivo como es el uso fraudulento de un DNI por parte de quien no es su titular, “ Pero sí es exigible a dicha empresa contratante, como diligencia necesaria para que no se le pueda reprochar el incumplimiento de sus obligaciones en materia de protección de datos de carácter personal- tanto en lo que se refiere a la exigencia de consentimiento del interesado como en lo relativo al principio de veracidad y exactitud de los datos- la implantación de medidas de control tendentes a verificar que la persona que pretende contratar es quien dice ser, esto es, que coincide con el titular del DNI aportado”.

Las compraventas de vivienda inscritas aumentan en noviembre el 23,2% sobre el mismo mes de 2020

Las compraventas de vivienda inscritas aumentan en noviembre el 23,2% sobre el mismo mes de 2020

11/01/2022 Registradores

El Colegio de Registradores informa sobre el avance de datos provisionales de la Estadística Registral Inmobiliaria del mes de noviembre, relativa a compraventas e hipotecas inscritas, en comparación con el mismo mes del año anterior. Se analiza también el dato mensual de noviembre de 2019 a efectos de comparar también con el mismo mes del año anterior al inicio de la pandemia.

Compraventas e hipotecas del mes de noviembre

En noviembre, el número de compraventas totales se ha incrementado un 18,7% respecto a noviembre de 2020. De las 78.511 operaciones realizadas en noviembre de 2020, se pasaron a las 93.178 en noviembre de 2021, un aumento de más de 14.600 operaciones. Con relación al mes de noviembre de 2019, en el que se registraron 74.573 operaciones, se constata un incremento incluso mayor, del 25,0%, cifra muy significativa al tratarse de un mes en circunstancias de ciclo económico pre-pandémico.

De igual forma, en noviembre del año pasado, la evolución positiva experimentada por el sector inmobiliario mostró un incremento en las compraventas de vivienda del 23,2% sobre noviembre de 2020 y del 26,7% sobre el mismo mes de 2019.

En cuanto al número de hipotecas totales en noviembre, se han incrementado un 23,3% respecto al mismo mes de 2020, con un aumento ligeramente inferior, del 23,1%, en las de vivienda. En número de operaciones, se han registrado 47.449, frente a las 38.474 del mismo mes del año anterior, lo que supone un aumento de cerca de 9.000 operaciones. Si se compara con el mes de noviembre de 2019, cuando se alcanzaron las 39.289 operaciones, se produce un aumento del 20,8%, siendo del 25,4% el crecimiento en las hipotecas sobre vivienda. La evolución de las hipotecas continúa mostrando una tendencia de crecimiento intenso en noviembre, similar a la mostrada por las compraventas.

Con relación a la evolución anual por CC.AA de las compraventas totales en noviembre respecto al mismo mes del año anterior, se incrementan en todos los territorios, excepto en Navarra. En siete de ellos con incrementos por encima del 20%, con Baleares a la cabeza (72,4% de aumento).

Por último, el análisis mensual de la evolución anual de compraventas e hipotecas inscritas en los registros de la propiedad durante los últimos doce meses, de diciembre de 2020 a noviembre de 2021, mediante la comparación con el mismo mes del año anterior, muestra los siguientes resultados:

Desde la subida de diciembre de 2020, el año 2021 comenzó con datos negativos, pero es a partir de marzo, por coincidir con los meses del primer estado de alarma y las restricciones económicas que llevó aparejadas, cuando la evolución anual muestra repuntes con mayor fuerza. En mayo se produjo el mayor incremento, del 145,9% en las compraventas totales, y el 108,4% para las compraventas de vivienda, ralentizándose hasta entornos superiores al 20% desde el mes de octubre, sostenidos en noviembre, con incrementos elevados, del 18,7% en las compraventas totales, y del 23,2% en las de vivienda. Contrariamente a lo que sucedió en la comparativa con los meses más duros de la pandemia, en los últimos cinco meses se ha producido un incremento anual mayor de compraventas de vivienda frente al de compraventas totales.

En cuanto a las hipotecas totales durante los últimos doce meses, las caídas terminaron en febrero de 2021 y desde momento registraron intensas subidas anuales, entre el 30 y el 40%, hasta el mes de julio, agudizándose dichos incrementos en agosto y septiembre, para estabilizarse alrededor de crecimientos anuales cercanos al 25%, al igual que sucedió con las compraventas, en octubre (26,4%) y noviembre (23,3%). Destaca durante toda la pandemia el crecimiento sostenido de las hipotecas, independiente de su concesión para financiar viviendas u otro tipo de fincas.

Absueltos de un delito continuado de prevaricación urbanística a los doce cargos públicos del ayuntamiento de Colmenar Viejo (Madrid)

Miércoles, 12 de enero de 2022

Absueltos de un delito continuado de prevaricación urbanística a los doce cargos públicos del ayuntamiento de Colmenar Viejo (Madrid)


La resolución indica que “no se ha podido aclarar” que los acusados, para los que se solicitaban penas de prisión que iban desde los dos años hasta los tres años y seis meses, lo hicieran “con ánimo de actuar de forma ilegal”

Autor Comunicación Poder Judicial

El juzgado de lo Penal nº 11 de Madrid ha absuelto del delito continuado de prevaricación urbanística a los doce cargos públicos de la corporación municipal de Colmenar Viejo que se sentaron en el banquillo por otorgar durante varios años consecutivos licencias urbanísticas a distintos promotores, al no haberse podido aclarar -y así consta en los hechos probados de la sentencia-, que los acusados, para los que se solicitaban penas de prisión que iban desde los dos años hasta los tres años y seis meses, lo hicieran “con ánimo de actuar de forma ilegal”.

La resolución indica que “para que el delito se entienda cometido, se requiere que el funcionario actúe ‘a sabiendas’ de la injusticia de la resolución, anteponiendo su voluntad a cualquier otra consideración”.

En el caso que nos ocupa, la sentencia añade que “si analizamos los hechos declarados probados, comprobaremos fácilmente que en los mismos no concurren los elementos del delito de prevaricación. En su esfuerzo acusador, la acusación no ha logrado designar un solo acto resolutivo que pueda ser considerado injusto, se ha limitado a poner de manifiesto las irregularidades o carencias de que adolecen los expedientes administrativos incorporados a las actuaciones. Pero los defectos o irregularidades señalados es claro que no equivalen -señala la sentencia que se acompaña en archivo adjunto-, a una resolución injusta o arbitraria”.

Contra la presente resolución cabe interponer recurso ante la Audiencia Provincial de Madrid.

Asuntos Económicos y Transformación Digital impulsa la Educación Financiera en colaboración con el Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado Valores

Asuntos Económicos y Transformación Digital impulsa la Educación Financiera en colaboración con el Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado Valores

Viernes 14 de enero de 2022

Finanzas para todos

La vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, ha suscrito un convenio para mantener y desarrollar el Plan de Educación Financiera, durante el periodo 2022-2025.

La vicepresidenta Nadia Calviño, el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, y el presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, Rodrigo Buenaventura, han suscrito un convenio para mantener y desarrollar el Plan de Educación Financiera, durante el periodo 2022-2025.

Dentro de la estrategia trazada por la OCDE para fomentar la educación financiera hace más de una década, los tres organismos colaboran activamente para impulsar las competencias financieras entre los ciudadanos. En esta ocasión, el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Económica refuerza su participación en el Plan de Educación Financiera con la firma de un convenio con el Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado Valores (CNMV) para fomentar la educación financiera, con especial atención a los estudiantes en sus diferentes grados -primaria, secundaria, formación profesional y universitarios- y a las personas más vulnerables, con el objetivo de favorecer la inclusión financiera y prevenir el fraude financiero.

El acuerdo también prevé la promoción de la web Finanzas para todos y la ampliación de la red de colaboradores del Plan de Educación Financiera, para trasladar a la población la importancia de la educación financiera atendiendo a los problemas de los colectivos más afectados.

Las actuaciones del Plan de Educación Financiera se centran, además, en la divulgación de la cultura financiera en el ámbito de la digitalización y de las finanzas sostenibles.

Para desarrollar las medidas e iniciativas previstas, el plan cuenta con un presupuesto de 900.000 euros anuales y con el apoyo material y humano de los expertos de las tres instituciones.

El acuerdo también instituye la creación de una comisión mixta de seguimiento para evaluar la aplicación del convenio.

El Tribunal Superior de Navarra anula el plan urbanístico de ampliación de la 4ª fase de la Ciudad del Transporte

Martes, 11 de enero de 2022

El Tribunal Superior de Navarra anula el plan urbanístico de ampliación de la 4ª fase de la Ciudad del Transporte

Considera que se produjo una modificación sustancial en la planificación al introducirse el trazado de una línea ferroviaria, lo que obligaba a abrir un plazo de alegaciones público para los posibles afectados

Autor: Comunicación Poder Judicial

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJN del Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN) ha anulado el acuerdo del Gobierno foral por el que se modificaba el Plan Sectorial de Incidencia Supramunicipal (PSIS) de la ampliación de la Ciudad del Transporte en Noáin (Valle de Elorz).

El Tribunal aprecia un defecto procedimental referente a la exposición pública, un trámite consistente en que los posibles afectados pueden formular, con carácter previo a su elaboración, las consideraciones que estimen por conveniente.

La controversia tiene su origen en si la inclusión de la línea ferroviaria, no contemplada en el primer proyecto, pero sí en el segundo, debe ser considerada una modificación sustancial en los términos establecidos por la jurisprudencia y, por tanto, susceptible de ser objeto de exposición pública.

En la sentencia, que solo puede recurrirse en casación ante el propio órgano judicial, la Sala sostiene que “las modificaciones introducidas deben ser consideradas sustanciales por la incidencia que producen en el modelo de planeamiento elegido entre una y otra aprobación”.

En concreto, los magistrados señalan en primer lugar que “se introduce el trazado de la línea ferroviaria, que conlleva la modificación de determinaciones estructurales, cuando la modificación del PSIS previsto inicialmente eliminaba precisamente la línea ferroviaria”.

Y, en segundo término, añaden los jueces, porque “se sustituye el uso industrial logístico, con desglose de los usos compatibles y tolerados que no constaban anteriormente, con la posibilidad de implantar el centro de tratamiento de residuos de la Comarca de Pamplona”, al que se refiere el contrato de reserva de parcela futura en la 4ª fase del Área Industrial Ciudad del Transporte de Pamplona suscrito el 22 de octubre de 2018 entre Nasuvinsa y Servicios de la Comarca de Pamplona.

En definitiva, según constata la Sala, “se ha producido una modificación sustancial en la planificación de la 4ª fase de la Ciudad del Transporte de Pamplona, tanto respecto a la red ferroviaria, que se introduce como consecuencia del informe vinculante de Ferrocarriles, cuando en el proyecto inicial no existía”, como en los usos, “toda vez que con el segundo documento se introduce un uso completamente distinto a la actividad logística, lo que debió dar lugar a un nuevo trámite de información pública”.

Por tanto, el Tribunal estima el recurso interpuesto contra el acuerdo del Gobierno de Navarra, de 27 de diciembre de 2019, por el que se aprobó el expediente de modificación del citado PSIS relativo a las servidumbres aeronáuticas y la reordenación de la 4ª fase

La Audiencia Provincial de Badajoz aplica por primera vez la cláusula ‘rebus sic stantibus’ para rebajar el precio del alquiler durante la pandemia

Martes, 11 de enero de 2022

La Audiencia Provincial de Badajoz aplica por primera vez la cláusula ‘rebus sic stantibuis’ para rebajar el precio del alquiler durante la pandemia


Autor: Comunicación Poder Judicial


La Audiencia Provincial de Badajoz ha aplicado por primera vez la cláusula ‘rebus sic stantibus’ en el contrato de arrendamiento de una tienda de ropa, con la que se reduce la renta en el periodo donde obligatoriamente se cerraron los comercios no esenciales.

Esta cláusula se utiliza para afirmar que una norma será aplicable siempre que se mantengan las circunstancias para la situación que se dictó.

La reserva hídrica española se encuentra al 43,7 por ciento de su capacidad

Estado de los embalses

La reserva hídrica española se encuentra al 43,7 por ciento de su capacidad

Martes 4 de enero de 2022

Mapa de la reserva hídrica

Mapa de la reserva hídrica

La reserva hídrica española está al 43,7 por ciento de su capacidad total. Los embalses almacenan actualmente 24.545 hectómetros cúbicos (hm³) de agua, aumentando en la última semana en 585 hectómetros cúbicos (el 1,0 por ciento de la capacidad total actual de los embalses).

La reserva por ámbitos es la siguiente:

Cantábrico Oriental se encuentra al 84,9%
Cantábrico Occidental al 60,6%
Miño-Sil al 49,2%
Galicia Costa al 62,1%
Cuencas internas del País Vasco al 100,0%
Duero al 49,1%
Tajo al 46,2%
Guadiana al 30,6%
Tinto, Odiel y Piedras al 72,1%
Guadalete-Barbate al 30,3%
Guadalquivir al 28,2%
Cuenca Mediterránea Andaluza al 31,9%
Segura al 33,8%
Júcar al 53,2%
Ebro al 61,8%
Cuencas internas de Cataluña al 60,7%
Las precipitaciones han sido escasas en la vertiente Atlántica y prácticamente nulas en la vertiente Mediterránea. La máxima se ha producido en Santiago de Compostela con 39,0 mm (39,0 l/m²).

La situación de las cuencas, en hectómetros cúbicos, se detalla en el siguiente cuadro: