Se han firmado 506.731 contratos indefinidos, pero el paro sube en 40.428, lo que demuestra que un contrato indefinido no crea un puesto de trabajo
El paro sube en todos los sectores, salvo el agrario, y se concentra sobre todo en las autonomías de costa
El paro sube en agosto en todos los sectores, salvo en agricultura, y lo hace, porcentualmente, más en los sectores no estacionales, industria y construcción, que en servicios. Más mujeres se apuntaron al SEPE al terminar agosto, y, por edades, ha subido más el porcentaje de desempleo entre los menores de 25 años.
“La pandemia nos ha dejado pocas enseñanzas. El empleo se ha seguido fiando al turismo y a contratos estacionales. Pero, además, encaramos septiembre con más parados en la industria y la construcción. La industria, al igual que los servicios de calidad y estables, deberían estar tirando de la economía y la creación de empleo”, advierte Joaquín Pérez, secretario general de USO.
En este sentido, “es cierto que agosto es mes de subida de paro, también en industria con el fin de los contratos de verano. Pero se demuestra con esta nueva subida que cambiar el nombre del contrato, de temporal a indefinido, es un lavado de cara que, a la hora de la verdad, no cambia las mecánicas de contratación. Así, se han firmado 506.731 contratos indefinidos, pero el paro sube en 40.428. Si la firma de un contrato indefinido fuera de verdad la creación de un puesto de trabajo, el paro, obviamente, descendería”, explica Pérez.
El secretario general de USO recuerda que “del total de indefinidos, prácticamente dos quintos son fijos discontinuos, igual que de jornada completa. Y el resto, a tiempo parcial. Otros son aún conversiones de contratos que ya no deberían existir, como 80.000 por obra y servicio, o circunstancias de la producción, que llevan medio año obsoletos y se están convirtiendo con retraso. La no reforma laboral pincha”.
USO pide “que el empleo vaya de la mano de reformas profundas en los sectores productivos. No vamos a mirar los deberes no hechos en la última década, porque eso ya no tiene solución, pero sí pedimos cambios a marchas forzadas en la estructura productiva, afianzar los de mayor valor añadido que crean puestos de trabajo estables y acordes a la capacitación de nuestros desempleados. Y, por supuesto, una apuesta decidida por la recuperación de los salarios, para eliminar desigualdades y dinamizar y sostener la economía de consumo”.
El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación ha destacado que «España es uno de los principales productores europeos», pero el sector es uno de los más afectados por la subida de los costes energéticos y de las materias primas, y por ello el ministerio ha desplegado importantes líneas de ayuda para los ganaderos.
Luis Planas ha participado en la inauguración de Salamaq22, Feria del sector agropecuario y 33 Exposición internacional de ganado puro, un encuentro de referencia para Castilla y León en relación con el ganado, la maquinaria y las empresas agroalimentarias y de servicios, así como para el intercambio de experiencias y conocimientos técnicos.
El ministro ha indicado que estamos en un momento complicado, por la guerra en Ucrania, por la salida de la pandemia y por los efectos de la sequía. Por eso, ha recalcado que «el Gobierno está manos a la obra», lo que significa que hace un seguimiento continuo y mantiene un diálogo permanente con el sector para «tomar aquellas medidas que son necesarias para apoyar a nuestros ganaderos».
Ha insistido en que el sector agroalimentario es clave y estratégico para nuestro país. Por eso «el Gobierno, la distintas administraciones públicas y el resto de la sociedad tenemos que ponernos de acuerdo en unir esfuerzos para apoyar a este sector, que nos ofrece alimentos de calidad y en cantidad suficiente, a unos precios asequibles».
Para hacer frente a los efectos de la sequía y de incremento de costes, el ministro ha recordado que el Gobierno ha aprobado medidas urgentes y extraordinarias, a través de varios reales decretos ley, que suman más de 1.000 millones de euros en apoyos. Entre las medidas destacan la rebaja generalizada del 20 % en el rendimiento neto del IRPF, los préstamos bonificados de la línea ICO-MAPA-SAECA, la rebaja de 20 céntimos por litro en el combustible o el incremento de 60 millones de euros en las ayudas a los seguros agrarios.
Ayudas para el sector ganadero En este contexto, dentro del paquete de medidas para dar respuesta a los efectos de la Guerra en Ucrania, se ha referido a los 169 millones de euros destinados al sector lácteo, ya abonadas, y que han beneficiado a cerca de 19.700 ganaderos. Aquí en Castilla y León han sido más de 3.000 los ganaderos beneficiados, por un importe de 28,5 millones de euros.
También se han destinado algo más de 193 millones de euros para otros sectores agrarios, de los que 154,7 millones corresponden a los sectores ganaderos cárnicos, de los que 110 millones han beneficiado al sector vacuno de carne (97,7 millones para vaca nodriza y 12,3 millones para cebo), entre fondos nacionales y comunitarios, que las comunidades autónomas deberán abonar antes de que finalice este mes de septiembre. Castilla y León recibirá 38,5 millones de euros, «la primera comunidad autónoma perceptora de estos fondos».
Asimismo, ha subrayado el compromiso del Gobierno de España con un regadío moderno y sostenible, que se ejemplifica a la perfección en Castila y León, que es la comunidad autónoma más beneficiada por las inversiones del ministerio en esta materia. Planas ha asegurado que «no se trata de hablar de regadíos sí o regadíos no, sino de regadío sostenible sí o sí». Ha afirmado que el Gobierno va a seguir apoyando y defendiendo el regadío «porque es la punta de lanza del sector agroalimentario español, ya que significa riqueza, empleo y posibilidades de futuro».
Ha indicado que desde este año hasta 2027 se van a destinar 2.150 millones de euros en obras de regadío. En relación con Castilla y León, el año pasado se incorporaron al convenio ordinario con la Sociedad Estatal de Infraestructuras Agrarias (Seiasa) cinco nuevas obras para la modernización de regadíos, con una inversión de más de 79 millones de euros que beneficiarán a más de 1.800 regantes y 10.700 hectáreas.
En Salamanca ya se han finalizado las infraestructuras principales de la primera fase del nuevo regadío de la Armuña, con una inversión de 23,97 millones de euros para 6.500 hectáreas; y se está ejecutando la red de caminos y desagües, a lo que se han destinado otros 13,88 millones.
Y de forma complementaria, se han seleccionado tres importantes actuaciones en Castilla y León, a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que movilizarán 83,8 millones de euros de inversión y beneficiarán a 11.600 hectáreas.
Para el ministro, estas obras son «ejemplos de un gran esfuerzo colectivo, que se basa en el apoyo al buen trabajo de nuestros agricultores y ganaderos, que son los auténticos protagonistas».
Castilla y León, potencia ganadera En su intervención, el ministro ha valorado la importancia del sector ganadero en España. En 2021, la producción animal superó los 20.900 millones de euros, con una aportación del 37 % a la producción agraria española. Tiene, por tanto, un destacado valor social y económico para el medio rural, además de una gran importancia ambiental a través de la ganadería extensiva.
Planas, quien ha mostrado su satisfacción porque la Comisión Europea haya aprobado esta semana el plan estratégico de la Política Agraria Común (PAC) presentado por España, ha añadido que el sector va a seguir contando con importantes ayudas en la futura PAC; el principal instrumento de apoyo a las rentas de agricultores y ganaderos. Ha recordado, además, que los agricultores y ganaderos se van a beneficiar del incremento del porcentaje de anticipo que se puede pagar a mediados de octubre, del 50 al 70 por ciento, que va a permitir adelantar unos 3.400 millones de euros.
Por otra parte, el ministro ha tenido palabras de recuerdo y ha mostrado su solidaridad con las personas afectadas por los incendios forestales ocurridos en esta comunidad autónoma y el resto de España.
El ministro Luis Planas durante su intervenciónEl ministro Luis Planas durante su intervención en en el acto de inauguración del Salamaq22.Más información Web del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
El gasto medio por viajero aumenta hasta los 1.309 euros y crece la estancia media en comparación con la prepandemia
España recibió en julio la visita de cerca de 9,1 millones de turistas internacionales que gastaron en su desplazamiento un total de 11.869 millones de euros, según los datos de las encuestas Frontur y Egatur que ha publicado hoy el Instituto Nacional de Estadística (INE). Estas cifras suponen recuperar el 92% de las llegadas del mismo mes de 2019 y prácticamente igualan el gasto de julio de 2019 (-0,6%).
“Se trata de unos datos extraordinarios que confirman nuestras previsiones con respecto a que en 2022 ya sí viviríamos un verano como los de antes, pese al desafío que representaba el actual contexto de inflación. A la recuperación de nuestros mercados principales europeos, se suma el crecimiento en las llegadas procedentes de EEUU, un mercado que se va acercando también a las cifras prepandemia”, ha valorado la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto.
En julio, el gasto medio por turista se ha incrementado en 100 euros en comparación con el mismo mes de 2019, pasando de 1.209 a 1.309 euros. Crece también la estancia media de 7,5 a 7,7 días. En el acumulado del año, en julio las llegadas superan los 39 millones y el gasto alcanza los 47.637 millones de euros.
Mercados principales
Reino Unido fue el principal mercado emisor con 1,9 millones de turistas (el 88% de los que vinieron en julio de 2019); seguido de Francia, con más de 1,4 millones (98% respecto de 2019) y Alemania, con cerca de 1,1 millones que representan el 88% de los que llegaron en la prepandemia.
Varios mercados han emitido más viajeros hacia España que en la etapa prepandémica, como es el caso de Países Bajos, con 556.650 (+9,5%); Bélgica 418.309 (+8,6%); o Portugal, con 301.749 (+17,6%).
Entre los mercados lejanos, destaca el buen comportamiento de EEUU, que ha emitido 361.498 turistas, equivalente al 85% de las llegadas de julio de 2019.
CCAA principales de destino
Illes Balears fue el principal destino elegido por los turistas internacionales en julio. Uno de cada cuatro turistas que vino a España se dirigió a este archipiélago, que recibió así casi 2,3 millones de turistas, principalmente británicos y alemanes. Illes Balears alcanza prácticamente los números prepandémicos, con una recuperación del 97% frente a julio de 2019.
Le sigue Cataluña con cerca de dos millones, que representan el 83% de las llegadas del mismo mes de 2019. Cataluña es elegida principalmente por franceses y otros países europeos.
En tercer lugar, la Comunitat Valenciana recibió 1,1 millones de turistas internacionales, principalmente británicos y franceses, que suponen el 90,5% de los que llegaron en 2019.
En el acumulado del año las comunidades que más turistas reciben son Cataluña, con casi 8 millones; Illes Balears, con casi 7,5 millones y Canarias, con casi 6,8 millones.
•El volumen contratado en Renta Variable crece un 8,6% en lo que va de año •La negociación en Renta Fija en agosto se sitúa en los 6.575,4 millones de euros, un 5% más que el mes precedente •El volumen negociado en los contratos de Futuro sobre el IBEX 35 ® aumenta un 8,4% en los ocho primeros meses del año
La Bolsa española negoció en Renta Variable 19.031 millones de euros en agosto, un 12,1% menos que en el mismo mes del año pasado y un 27,8% menos que en julio. El número de negociaciones en agosto fue de 2,3 millones, lo que supone un descenso del 15,5% respecto a agosto de 2021 y del 23,4% frente al mes anterior.
BME alcanzó una cuota de mercado en la contratación de valores españoles del 63,11%. La horquilla media durante este mes fue de 7,02 puntos básicos en el primer nivel y de 9,45 puntos básicos con 25.000 euros de profundidad del libro de órdenes, según el informe independiente de LiquidMetrix, disponible en este enlace: www.bmerv.es/esp/Miembros/MIFID_II.aspx. Estas cifras incluyen la contratación realizada en los centros de negociación, tanto en el libro de órdenes transparente (LIT), incluyendo las subastas, como la negociación no transparente (dark) realizada fuera del libro.
El volumen contratado en agosto en los mercados de Renta Fija alcanzó los 6.575,4 millones de euros, un 5% más que en julio. Las admisiones a negociación, incluyendo emisiones de Deuda Pública y de Renta Fija Privada, ascendieron hasta los 17.437,1 millones de euros, lo que supone un incremento del 25,9% respecto a agosto de 2021.
El saldo vivo se situó en 1,78 billones de euros, con un aumento del 3,6% en lo que va de año y del 3,7% respecto al mismo mes del año anterior.
El mercado de Derivados Financieros negoció en agosto 1,54 millones de contratos por un importe nominal de 32.512 millones de euros. El volumen negociado en los ocho primeros meses del año aumentó un 8,4% en Futuros sobre IBEX 35®, un 12,2% en Futuros Mini IBEX, y un 8,5% en Opciones sobre Acciones. En agosto el volumen negociado en Futuros sobre Acciones creció un 17,5% respecto al mismo mes del año anterior y el de Opciones sobre Acciones, un 48,8%.
La posición abierta en los contratos de Futuros sobre Acciones aumentó un 25,6%.
El Juzgado de Instrucción nº 31 de Madrid ha acordado remitir a la Audiencia Provincial de Madrid las actuaciones del denominado ‘caso Rato’ para su enjuiciamiento, después de siete años de instrucción de un procedimiento en el que se han acumulado más de 70.000 documentos.
Por esta causa se sentarán en el banquillo 17 investigados por los delitos de blanqueo de capitales, corrupción entre particulares y delito fiscal.
El juzgado continúa, no obstante, con la tramitación de las correspondientes piezas de responsabilidad civil pendientes de la averiguación de bienes de los investigados que aún no han satisfecho las cantidades que les reclama el órgano judicial.
El Gobierno aprueba el Anteproyecto de Ley Orgánica de Derecho de Defensa
30/08/2022
?Consejo de Ministros
El Gobierno aprueba el Anteproyecto de Ley Orgánica de Derecho de Defensa
Se trata de una norma pionera en Europa que permitirá asegurar la tutela judicial efectiva de las partes de un proceso.
Pilar Llop: “Aunamos en un único cuerpo legal todos los aspectos de este derecho fundamental».
30 de agosto de 2022.- El Consejo de Ministros ha aprobado hoy el Anteproyecto de Ley Orgánica de Derecho de Defensa, un texto legal que consagra el conjunto de facultades y garantías que se reconocen jurídicamente a todas las personas para proteger y hacer valer sus derechos, libertades e intereses legítimos antes los tribunales y las administraciones, así como en los procedimientos de solución de controversias. “Permitirá defender sus intereses legítimos y asegurar su tutela judicial efectiva», ha explicado la ministra de Justicia, Pilar Llop.
Con la aprobación de este anteproyecto, el Ministerio de Justicia “pretende conseguir que las personas conozcan el verdadero y completo alcance que tiene el derecho a la defensa, así como que exista una guía de actuación para los operadores jurídicos», ha expuesto Llop.
“La mejora de nuestra democracia pasa por garantizar plenamente el disfrute de los derechos personales y, para ello, es necesario, a su vez, garantizar plenamente el derecho de defensa, que cuenta actualmente con una regulación escasa y fragmentada. Con el impulso de este anteproyecto de ley aunaremos en un único cuerpo legal todos los aspectos de este derecho fundamental, incorporando las modificaciones más oportunas a la luz de la jurisprudencia y el ejercicio diario de la abogacía», ha explicado la ministra de Justicia.
La norma será pionera en Europa, ya que no existen referentes previos de una ley integral del derecho de defensa, un derecho reconocido en el artículo 24 de nuestra Constitución y, en el ámbito internacional, en el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
Contenido de la norma
El contenido del anteproyecto se divide en dos aspectos fundamentales: por un lado, las implicaciones que el derecho de defensa tiene para toda la ciudadanía; y, por otro, el régimen de garantías y deberes de los profesionales de la abogacía y demás garantías institucionales.
En relación al primer aspecto, el derecho de defensa comprende la prestación de asistencia letrada o asesoramiento en Derecho, y la defensa de los intereses legítimos de la persona a través de los procedimientos previstos legalmente.
El derecho de defensa incluye, en todo caso, el derecho al libre acceso a los Tribunales de Justicia, a que se dicte una resolución congruente y fundada en Derecho por un juez imparcial, así como a la invariabilidad de las resoluciones firmes y a su ejecución en sus términos exactos.
Asimismo, incluye las facultades precisas para conocer y oponerse a las pretensiones que formule la parte contraria, para utilizar los medios de prueba pertinentes en apoyo de las pretensiones propias, y el acceso a un proceso público con todas las garantías, sin que pueda producirse situación alguna de indefensión.
En las causas penales, el derecho de defensa integra, además, el derecho a ser informado de la acusación, a no declarar contra uno mismo, a no confesarse culpable, a la presunción de inocencia y a la doble instancia, todo ello de conformidad con la Ley de Enjuiciamiento Criminal y resto de leyes procesales. Estos derechos resultarán de aplicación también al procedimiento administrativo sancionador y al procedimiento disciplinario de acuerdo con las leyes que los regulen.
Garantías y deberes de la abogacía
En cuanto a las garantías y deberes de la abogacía, el anteproyecto de ley establece que la asistencia jurídica se prestará por profesionales titulados y colegiados, garantizándose su actuación libre e independiente, así como la confidencialidad de las comunicaciones y el secreto profesional.
Asimismo, como novedad, se recoge en rango de ley por primera vez que toda persona pueda solicitar que la contratación de los servicios jurídicos de defensa se formalice por escrito en una hoja de encargo profesional o medio equivalente.
Por su parte, los deberes de la Abogacía se centran en los principios constitucionales y legales que deben guiar su actuación, así como en sus deberes deontológicos.
Las garantías institucionales para el ejercicio de la abogacía incluyen la actividad supervisora y sancionadora de los colegios profesionales, que aseguran el cumplimiento de las normas deontológicas y el correcto amparo de los profesionales en el ejercicio de su desempeño profesional.
El anteproyecto de ley también prevé la existencia de los Servicios de Orientación Jurídica colegiales, que tendrán como finalidad prestar a las personas toda la información relativa a la asistencia jurídica, sobre todo en cuanto a los requisitos de acceso a la asistencia jurídica gratuita, promoviéndose la atención a los colectivos más vulnerables.
También recoge que el Consejo General de la Abogacía Española y el Consejo Autonómico competente, si su normativa lo prevé, publiquen información estadística sobre la aplicación del régimen disciplinario en el ámbito colegial. Esta información estadística será de acceso público en los portales de las instituciones colegiales.?
La reserva hídrica española está al 35,9 por ciento de su capacidad total. Los embalses almacenan actualmente 20.174 hectómetros cúbicos (hm³) de agua, disminuyendo en la última semana en 528 hectómetros cúbicos (el 0,9 por ciento de la capacidad total actual de los embalses).
La reserva por ámbitos es la siguiente:
Cantábrico Oriental se encuentra al 71,2% Cantábrico Occidental al 59,8 % Miño-Sil al 48,6% Galicia Costa al 57,2% Cuencas internas del País Vasco al 81% Duero al 37,8% Tajo al 37,7% Guadiana al 24,5% Tinto, Odiel y Piedras al 66,4% Guadalete-Barbate al 24,9% Guadalquivir al 22% Cuenca Mediterránea Andaluza al 42,3% Segura al 37,3% Júcar al 57,3% Ebro al 43,3% Cuencas internas de Cataluña al 39% Las precipitaciones han afectado considerablemente a la vertiente Mediterránea y en menor medida a la vertiente Atlántica. La máxima se ha producido en Zaragoza (A) con 25,4 mm (25,4 l/m²).
La situación de las cuencas, en hectómetros cúbicos, se detalla en el siguiente cuadro:
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
El Ministerio de Industria pone en marcha los programas “Activa Industria”, “Activa Crecimiento” y “Activa Ciberseguridad” con fondos de Next Generation – EU con el objetivo de apoyar a más de 10.000 pymes
La Escuela de Organización Industrial convocará ayudas para 10.400 pymes en total en los tres programas.
La inversión prevista asciende a 57 millones de euros procedente del fondo del mecanismo de Recuperación y Resiliencia. ?20220805 NdP Programas ACTIVA Crecimiento Pyme.pdf [pdf] 248,58 KBOpen this document with ReadSpeaker docReader
El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo ha publicado en el BOE la orden por la que se establecen las bases reguladoras de la concesión de ayudas a través de los programas “Activa Industria”, “Activa Crecimiento” y “Activa Ciberseguridad” en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
El objetivo de estos programas es proporcionar las capacidades necesarias a las empresas para que puedan crecer y ser más competitivas, y se aplicará a través del asesoramiento individualizado en crecimiento empresarial, transformación digital a Industria 4.0 o ciberseguridad, con un plan de acción personalizado para la pyme en cada uno de los programas.
La Escuela de Organización Industrial (Fundación EOI), adscrita a la Secretaría General de Industria y PYME, será la encargada de gestionar estas ayudas que ascienden a 57 millones de euros procedente del fondo del mecanismo de Recuperación y Resiliencia, y tienen un objetivo de apoyar a 10.400 pymes antes del fin de 2023.
El servicio de asesoramiento individualizado a las pymes beneficiarias se realizará por parte de entidades colaboradoras con experiencia acreditada que serán seleccionadas a través de un procedimiento de licitación en concurrencia competitiva. Tanto este procedimiento de licitación de entidades colaboradoras como las convocatorias de ayudas a pymes se publicarán a partir de septiembre de este año.
Los tres programas ya se vienen desarrollando por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo en coordinación con todas las CCAA a través de EOI, desde el año 2016 en el marco de la Estrategia Nacional de Industria Conectada 4.0 y el objetivo actual, con la aplicación del fondo del mecanismo de Recuperación y Resiliencia, es escalar el alcance de los tres programas dados los buenos resultados obtenidos.
Las características de los tres programas de ayudas que se convocarán son las siguientes: a.«Activa Industria 4.0»: ofrece un diagnóstico exhaustivo de la situación digital de partida de la empresa y la elaboración de un Plan de Transformación. Programa orientado a ayudar a 3.300 pymes de la industria manufacturera en su transición a Industria 4.0. b.«Activa Crecimiento»: ofrece un análisis de la empresa con objeto de detectar sus áreas potenciales de crecimiento y la elaboración de un Plan de Crecimiento con acciones de mejora concretas en innovación, recursos humanos, operaciones, digitalización, marketing y comercialización y finanzas, entre otras. Programa orientado a beneficiar a 2.600 pymes de todos los sectores, en especial a pequeñas empresas con capacidad de crecimiento empresarial. c.«Activa Ciberseguridad»: realiza una auditoría de la empresa en materia de Ciberseguridad para conocer su nivel de seguridad y la elaboración de un Plan de Ciberseguridad. Programa orientado a todo tipo de pymes, con el objetivo de ayudar a 4.500 empresas que deseen mejorar o potenciar sus procesos de ciberseguridad
En todos los programas, el asesoramiento se complementa con la realización de talleres temáticos y demostrativos. La duración de los programas será de cuatro meses para cada empresa beneficiaria, con 50 horas de asesoramiento en los programas «Activa Industria 4.0» y «Activa Crecimiento» y 20 horas de asesoramiento en el programa «Activa Ciberseguridad».
Estas iniciativas de apoyo al crecimiento de las pymes se suman a los programas que ya tiene en marcha EOI con financiación del PRTR. Dentro de la misma inversión C13.I2. «Crecimiento», está desarrollando el programa C13.I2.4 «Activa Startups», que tiene como objetivo impulsar la innovación abierta entre pymes y startups con ayudas de hasta 40.000 euros por proyecto innovador, hasta la fecha se han publicado las primeras convocatorias en País Vasco, Murcia, La Rioja, Cataluña, Castilla-La Mancha, Extremadura y Galicia (especializando las ayudas en función de la estrategia de especialización de cada comunidad autónoma).
Todos los programas descritos están alineados al Marco Estratégico en Política de PYME 2030, a la Agencia España Digital 2025, y se enmarcan en “España Nación Emprendedora”, la visión a largo plazo impulsada por el Gobierno para convertir a España en un país de referencia en emprendimiento innovador en el año 2030.
El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha mantenido una reunión con el ministro de Agricultura y Soberanía Alimentaria de Francia, Marc Fesneau, en la que han abordado los problemas que atraviesa el sector agrario por la sequía y el encarecimiento de los precios, entre otros asuntos.
El ministro Luis Planas ha enfatizado en que «debemos trabajar en el seno de la Unión Europea (UE) para garantizar la autonomía alimentaria en la Unión Europea y buscar soluciones conjuntas a problemas globales», en un contexto internacional complejo que afecta a la producción agraria por las consecuencias económicas y sociales de la invasión rusa de Ucrania, así como por el cambio climático.
Las altas temperaturas registradas en Europa durante este verano y las escasas precipitaciones han originado ya una reducción en la cosecha de cereales y tiene incidencia en otras producciones. Todo ello, unido a los precios del petróleo y el elevado precio del gas, genera una gran incertidumbre en los mercados y la consiguiente volatilidad de las cotizaciones.
Por ello, tanto la Comisión Europea como los Estados miembros tienen que trabajar unidos, «como se ha hecho hasta ahora», y habilitar mecanismos de ayuda al sector para asegurar la viabilidad del sector y que el abastecimiento a los ciudadanos esté garantizado.
Planas ha expresado el compromiso de ambos países de seguir trabajando para lograr la autonomía de la Unión Europea en la producción de fertilizantes, ya que son un «elemento clave para nuestra agricultura y ganadería», opinión compartida por el ministro francés.
Asimismo, se ha referido a los efectos de la sequía, que afecta seriamente al 47% del territorio de la Unión Europea (según un informe de la Comisión Europea). A este respecto, Planas ha recordado que el Gobierno de España convocó el pasado 4 marzo la mesa de la sequía tras la que se han impulsado «medidas eficaces de respuesta» que aún siguen vigentes, como bonificaciones fiscales, medidas sociales y de liquidez, así como el impulso de obras hidráulicas. Un paquete valorado en 450 millones de euros.
El grupo de seguimiento de la sequía, creado en el marco de la reunión de la Mesa de la Sequía del pasado mes de marzo, ha estado intercambiando información relevante en relación a la situación actual desde que se creó. El ministro ha destacado que, en breve, se convocará una reunión de ese grupo de trabajo.
Para el ministro, «estamos en un momento nuevo, en el que hay que plantearse muchas estrategias relacionadas con el agua». El regadío sostenible es fundamental para la seguridad alimentaria. Ha recalcado la inversión de 2.150 millones de euros en los próximos 6 años para la modernización de regadíos. Es preciso hacer un uso racional y eficaz de este recurso tan necesario para la agricultura.
Compartir objetivos en la UE Durante la reunión, los dos ministros han intercambiado opiniones de cara a la próxima Presidencia española del Consejo de la Unión Europea, en el segundo semestre de 2023, un periodo que será fundamental para finalizar las propuestas legislativas que actualmente se encuentran en tramitación.
Entre las iniciativas normativas pendientes se encuentra el futuro reglamento de indicaciones geográficas. España y Francia comparten que las figuras de calidad diferenciada «son un instrumento fundamental de valorización de nuestros productos agroalimentarios».
De igual forma, en la reunión se han intercambiado puntos de vista sobre la propuesta de reglamento de uso sostenible de productos fitosanitarios, que la Comisión Europea publicó en junio de este año. El ministro entiende que «debemos progresar en el uso sostenible de la utilización de los productos fitosanitarios», pero de forma que los agricultores puedan disponer de sustancias alternativas y que se tenga en cuenta el principio de reciprocidad.
Para el ministro, es muy importante que todos aquellos productos importados en la Unión Europea hayan sido producidos en las mismas condiciones a las que tienen que someterse los agricultores y ganaderos europeos. Por eso, «tenemos que conseguir que en todas las negociaciones comerciales en curso se asegure ese elemento necesario de reciprocidad».
El gasto en pensiones se sitúa en el 11,8% del producto interior bruto (PIB)
A 1 de agosto, la nómina mensual de las prestaciones contributivas de la Seguridad Social ascendió a 10.856,9 millones de euros. El incremento interanual se sitúa en el 4,6% en términos homogéneos.
Distribución según clase de pensión Tres cuartas partes de la nómina de pensiones contributivas de agosto ha ido a pensiones de jubilación, en concreto, el 72,4%, es decir, 7.860,1 millones de euros. A pensiones de viudedad se han destinado 1.832,7 millones de euros, mientras que la nómina de las prestaciones por incapacidad permanente, por su parte, asciende a 985,3 millones; la de orfandad, a 150,5 millones de euros y las prestaciones en favor de familiares, a 28,4 millones.
De las 9.948.815 pensiones contributivas abonadas, un 0,9% más que en el mismo mes de 2021, 6.258.422 son de jubilación, 2.350.745 de viudedad, 951.986 de incapacidad permanente, 343.182 de orfandad y 44.480 en favor de familiares.
Si se tiene en cuenta el número de pensionistas, este se eleva a algo más de 9 millones de personas, de las cuales 4,6 millones son hombres pensionistas y 4,4 millones, mujeres. La proporción de pensiones por pensionista es de 1,1 prestaciones por persona. La pensión principal es la de jubilación para 6,1 millones de personas y la de viudedad lo es para 1,6 millones. Les siguen los perceptores de incapacidad permanente (946.478), orfandad (325.853) y favor de familiares (43.725).
Pensión media La pensión media del sistema asciende en agosto a 1.091,3 euros mensuales. Esta cuantía, que comprende las distintas clases de pensión (jubilación, incapacidad permanente, viudedad, orfandad y en favor de familiares), ha aumentado en el último año un 5,3%; en términos homogéneos, un 3,7%.
La pensión media de jubilación del sistema, por su parte, se sitúa en 1.256 euros. Por regímenes, la pensión media de jubilación procedente del Régimen General es de 1.404,4 euros al mes, mientras que la más baja la registra el Régimen de Autónomos, de 836,1 euros/mes. En la Minería del Carbón, la media de jubilación mensual se sitúa en 2.447,8 euros y es de 1.394,4 euros en el Régimen del Mar.
La cuantía media de las nuevas altas de jubilación en el sistema ascendió en el mes de julio de 2022 a 1.396,1 euros mensuales (último dato).
Por su parte, la pensión media de viudedad en vigor en agosto es de 779,6 euros al mes.
Complementos de brecha de género Con fecha 1 de agosto, 302.576 pensiones han percibido el complemento por brecha de género, de las que más del 93,2% son mujeres (281.955). El importe medio mensual de este complemento en la pensión es de 61,6 euros. De las 302.576 pensiones complementadas, el 21,3% corresponde a pensionistas con un hijo (64.401), que anteriormente no tenían acceso con el complemento de maternidad. Además, el 47,3% de los beneficiarios cuentan con dos hijos (143.209); el 20,1%, con tres (60.753) y con cuatro hijos, el 11,3% (34.213).
Este complemento de brecha, vigente desde febrero de 2021, consiste en una cuantía fija, tras la revalorización aplicada en 2022, de 28 euros al mes por hijo, que se aplica desde el primer hijo, a diferencia del complemento de maternidad anterior. Se solicita a la vez que se solicita la pensión.
Clases Pasivas Por su parte, la nómina mensual de pensiones de Clases Pasivas ascendió a 1.318,73 millones de euros en el mes de julio de 2022, último dato disponible.
El número de pensiones en vigor ascendió a 683.331, 12.410 pensiones más que en el mismo mes del año anterior (1,85% de variación anual).
El Régimen de Clases Pasivas del Estado incluye fundamentalmente al personal militar y al personal civil de la Administración General del Estado, de la Administración de Justicia, de las Cortes Generales y de otros órganos constitucionales o estatales, así como a los funcionarios transferidos a las comunidades autónomas.
La CNMC advierte que el proyecto de ley sobre propiedad industrial otorgaría monopolios a invenciones farmacéuticas sin garantizar su carácter innovador
23 Ago 2022
Promoción de Competencia
Aconseja evitar discriminaciones entre operadores en materia de solicitudes provisionales de patentes y bonificaciones en las tasas. Propone revisar los requisitos para ejercer de agente de la propiedad industrial y la reserva de actividad en los servicios de traducción.
La CNMC ha publicado el informe sobre el anteproyecto de ley que modifica las tres normativas que regulan la propiedad industrial: la ley de marcas, la de patentes y la de protección jurídica del diseño industrial (IPN/CNMC/024/22). El objetivo es adaptarlas a la realidad actual y dotar de una mayor claridad y seguridad jurídica a los usuarios del sistema de propiedad industrial.
Valoración de la CNMC
La CNMC considera que la regulación de la propiedad industrial no sólo debe tener en cuenta los intereses de los titulares de estos derechos, sino también los efectos negativos del exceso de su protección. La normativa debe encontrar el equilibrio entre estos dos factores y ajustarse a los principios generales de necesidad, proporcionalidad y no discriminación.
En su informe, la CNMC valora positivamente que las tres leyes se modifiquen de forma conjunta, ya que de esta manera se consigue una mayor coherencia, uniformidad y consistencia entre ellas. También considera positiva la reducción de las cargas administrativas en los diseños industriales.
La CNMC ya había analizado estas tres leyes en informes anteriores y señala que no se ha seguido la recomendación realizada en 2018 sobre la legitimación de los licenciatarios no exclusivos en la ley de marcas (IPN/CNMC/022/18). En concreto, en ese informe, la CNMC propuso que la normativa fuera más flexible y legitimara al licenciatario que se considerara perjudicado, incluso cuando su licencia no le autorizara expresamente a emprender acciones legales por una violación del derecho de marca.
Recomendaciones
En cuanto al contenido del anteproyecto, la CNMC recomienda:
Replantear la figura de los “modelos de utilidad”, que reconocen el derecho de explotar en exclusiva una invención, ya que su uso permite la concesión de monopolios a invenciones que no cumplen con los niveles de exigencia propios de las patentes. También, se pide reevaluar la aplicación de los modelos de utilidad en el sector farmacéutico, al ser un mercado donde la innovación es crucial y en el que suelen plantearse problemas de competencia.
Extender a todos los operadores, públicos y privados, la posibilidad de realizar solicitudes provisionales de patentes, salvo que existan razones imperiosas de interés general que justifiquen su uso restringido. Además, se recuerda la posibilidad de acudir a bancos de pruebas regulatorios o sandboxes para contrastar posibles mejoras regulatorias.
Fundamentar mejor las cuantías de las tasas y revisar el alcance subjetivo de las bonificaciones para evitar beneficiar a operadores según sean de titularidad pública o privada.
Reconsiderar los requisitos exigidos para ejercer de agente de la propiedad industrial y la reserva de actividad de estos profesionales en la prestación de servicios de traducción.
La CNMC es el organismo independiente regulador de los mercados que garantiza y promueve una competencia efectiva. Este informe se emite a solicitud del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, en ejercicio de las competencias consultivas de la CNMC en aplicación del artículo 5.2 de la Ley 3/2013, de 4 de junio, de creación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.
El 64,9 por ciento de las personas que han obtenido protección temporal en nuestro país son mujeres, mientras que el 35,5 por ciento tiene menos de 18 años.
España ha superado las 138.000 protecciones temporales a refugiados por la guerra de Ucrania cuando se cumplen este miércoles seis meses desde el inicio del conflicto bélico. Desde su activación el pasado 10 de marzo y hasta las 15.00 horas de este martes, la Oficina de Asilo y Refugio (OAR) del Ministerio del Interior y la Policía Nacional han tramitado y concedido en concreto un total de 138.370 protecciones a los refugiados ucranianos en nuestro país.
Este dato sitúa a España entre los países europeos que más protecciones ha concedido a ciudadanos y residentes en Ucrania. Todo ello es posible gracias al mecanismo puesto en marcha de urgencia por el Gobierno español el 10 de marzo para dar cumplimiento del acuerdo de la Unión Europea, con el que, por primera vez en la historia, se autorizaba la aplicación de la Directiva de Protección Temporal.
Se puso en marcha entonces un mecanismo ágil y sencillo que otorga a los refugiados la protección temporal en un plazo máximo de 24 horas desde la solicitud. El procedimiento se inicia en las comisarías de la Policía Nacional repartidas por todo el territorio nacional y en los centros de recepción habilitados, donde funcionarios de la Policía Nacional, apoyados por intérpretes, se encargan de tomar los datos identificativos a los ciudadanos ucranianos. Esta solicitud es posteriormente tramitada por la Oficina de Asilo y Refugio del Ministerio del Interior y resuelta en el plazo máximo de 24 horas.
Todas las protecciones temporales tramitadas conllevan el permiso de residencia y, para los mayores de edad, de trabajo. Además, en virtud de lo establecido por la Dirección General de Tráfico, los desplazados que obtienen la protección temporal pueden utilizar legamente sus permisos de conducir en España al menos durante un año.
Comunidad Valenciana (34.649), Cataluña (31.347), Madrid (20.716), y Andalucía (19.728) son las comunidades autónomas en las que se han tramitado y concedido más protecciones temporales.
El 64,9 por ciento de las personas que han obtenido esta protección temporal son mujeres (89.832). Por franja de edad, el 35,5 por ciento tiene menos de 18 años, el 24,7 por ciento tienen entre 19 y 35 años, el 33,2 por ciento tienen entre 36 y 64, y el 6,6 por ciento tienen más de 65 años.
El Colegio de Registradores, en su Estadística Registral Inmobiliaria del segundo trimestre de 2022 analiza, entre otros, el comportamiento que refleja las tendencias actuales de los españoles en la compra de viviendas mediante la proporción de pisos frente a viviendas unifamiliares, o de compraventas en capitales frente a su provincia. Se incluye también un informe de precios medios, adicional al tradicional índice Case & Shiller de precios aplicado a España.
Precios medios de las compraventas de vivienda inscritas
El precio medio de la vivienda sigue mostrando incrementos significativos tanto en sus resultados trimestrales como interanuales. Los 1.957 €/m² del segundo trimestre suponen un incremento del 2,4% con respecto al trimestre precedente, originado sobre todo por el crecimiento en vivienda usada (3,4%), mientras que la vivienda nueva desciende ligeramente, el 0,7%. En este sentido, conviene tener presente que escasamente dos de cada diez compraventas corresponden a vivienda nueva y en bastantes ocasiones recogen acuerdos de compraventa con una antelación media de dos años, por lo que no siempre recogen el comportamiento actual del mercado, siendo por tanto más representativa la evolución de los precios de la vivienda usada. Los resultados anualizados, más estructurales, muestran que, para el conjunto de España, los 1.894 €/m² de precio medio han supuesto un incremento interanual del 7,4%, originado por la mayor fuerza de la vivienda usada (9,5%), mientras que la vivienda nueva registra un aumento mucho más moderado del 1,6%, en sus precios.
Por CC.AA., en el segundo trimestre, los mayores precios medios se localizaron en Baleares (3.180 €/m2), Madrid (3.169 €/m2), País Vasco (2.787 €/m2) y Cataluña (2.427 €/m2). En sentido opuesto, los precios más bajos se registraron en Extremadura (796 €/m2) y Castilla La Mancha (830 €/m2), únicas comunidades por debajo de los 1.000 euros por m2.
Compraventas inscritas Entre abril y junio se inscribieron en los registros de la propiedad 163.909 compraventas de vivienda, con un ligero descenso del 0,2% sobre el trimestre anterior.
En vivienda nueva se han registrado 27.879 compraventas (un descenso del 13,7% sobre el trimestre anterior). La vivienda usada registró 136.030 operaciones, con un incremento trimestral del 3,1%. Los datos acumulados de los últimos doce meses muestran 626.345 compraventas de vivienda inscritas, la mayor cifra desde el tercer trimestre de 2008, superando ampliamente los resultados anteriores a la crisis sanitaria que mostraban poco más de 520.000 compraventas anuales.
Compras de extranjeros La demanda extranjera registra su nivel máximo de los últimos diez años. En el segundo trimestre ha alcanzado el 14,7%, con lo que se acumulan cinco trimestres consecutivos de crecimiento, superando el nivel del 13%, habitual en los últimos años. Los británicos vuelven a encabezar los resultados, con un 9,8%, seguidos por alemanes (9,1%), franceses (6,6%), marroquíes (4,9%), belgas (4,9%) y rumanos (4,9%).
Los resultados de compras de extranjeros por comunidades autónomas han estado encabezados por Baleares (34,7%), Canarias (34,2%) y Comunidad Valenciana (27,7%).
Pisos y viviendas unifamiliares Durante el segundo trimestre del año, respecto a la proporción de pisos y viviendas unifamiliares, las compraventas de vivienda se han desagregado en un 80,8% de vivienda colectiva (pisos) y un 19,2% de vivienda unifamiliar (máximo histórico del 22,5% en el cuarto trimestre de 2020).
En cuanto a los datos de los últimos doce meses, el peso de los unifamiliares se sitúa en el 19,7%, por lo que su disminución hasta el 19,2% en el último trimestre, hace que la proporción entre ambas modalidades, que se encontraba estabilizada en el 80% para pisos y el 20% para unifamiliares, muestre una paulatina tendencia de vuelta a los resultados previos a la pandemia, que históricamente no llegaban al 18% de cuota de las viviendas unifamiliares.
Proporción de compraventas de vivienda en capitales frente al total de su provincia. En el segundo trimestre del año, tomando las ocho principales capitales, hay un cierto equilibrio, por lo que cuatro de ellas han ganado peso relativo con relación a su provincia sobre los resultados del trimestre anterior y otras cuatro lo perdieron, continuando la moderación de la tendencia de cambio producida al comienzo de la pandemia. La evolución histórica de las ocho mayores capitales de provincia por número de habitantes muestra como en los últimos años se ha reducido el peso relativo en compraventas de vivienda en la mayoría de ellas con respecto al total de su provincia. Tomando, por ejemplo, las cuatro grandes capitales de provincia, Madrid ha registrado en el segundo trimestre un peso del 50,5%, siendo que a mediados de 2015 superaba el 55% de las compraventas de la provincia. En Barcelona el peso es del 24,6% y a mediados de 2014 alcanzaba el 36,1% de las compraventas de la provincia. Valencia mostró un peso del 27,8% y a finales de 2016 estaba en el 37,3%. Por último, Sevilla registra el 39,9% de las compraventas de vivienda de la provincia, mientras que a finales de 2016 superaba el 50%. Si comparamos la evolución del segundo trimestre con el mismo periodo del año anterior, se observa un incremento en el peso de las principales capitales, excepto en Málaga, Palma y Zaragoza.
Datos del mes de junio Se incluyen a continuación datos de la Estadística Registral Inmobiliaria correspondiente al mes de junio, siguiendo con la serie mensual puesta en marcha desde 2020, en cuanto a compraventas e hipotecas inscritas, mediante la comparación de datos con el mismo mes del año anterior. El número de compraventas totales, con incrementos significativos en los últimos meses, vuelven a mostrar subidas en junio, aunque más moderados, con una subida del 6,8% respecto a junio de 2021. De las 96.216 operaciones realizadas en junio de 2021, se pasaron a las 102.748 en junio de este año, un aumento de más de 6.500 operaciones. De igual forma, se produjo un fuerte incremento de las compraventas de vivienda, del 18,3%, sobre junio de 2021. Se han inscrito este mes 54.481 operaciones, frente a las 46.072 del mismo periodo del año anterior, un aumento de más de 8.400 compraventas.
La evolución de las hipotecas constituidas continúa mostrando una tendencia de crecimiento, con incrementos persistentes hasta junio. En número de hipotecas totales, se han registrado 52.588 operaciones frente al 48.374 de junio de 2021, lo que supone un incremento del 8,7%, una diferencia positiva de más de 4.200 operaciones. En cuanto a las hipotecas de vivienda, de las 35.779 operaciones de junio del año pasado, se han pasado a las 39.778 de este mes, un 11,2% de incremento de casi 4.000 operaciones más. Por tanto, la evolución de las hipotecas muestra una tendencia de incremento en junio, aunque más moderada que en el caso de las compraventas.
Seis detenidos en Alicante por extorsionar a propietarios de viviendas turísticas después de ocuparlas
La banda logró apropiarse de hasta 62.000 euros tras amenazar a los dueños con permanecer en las viviendas
Fijaban una cuota fija de desocupación en 14.000 euros para cada vivienda que ocupaban
Seis detenidos en Alicante por extorsionar a propietarios de viviendas turísticas después de ocuparlas
La Guardia Civil ha detenido a los miembros de un grupo delincuencial que estafaba a propietarios de inmuebles en alquiler para corta estancia en Villajoyosa. La operación se inició cuando los agentes tuvieron constancia de una persona que estaba siendo extorsionada por los huéspedes de su vivienda vacacional, que habían ocupado la propiedad y le pedían 14.000 euros para marcharse.
A lo largo de la investigación, los agentes comprobaron que no se trataba de algo aislado, sino de una trama. El grupo localizaba viviendas en alquiler para corta estancia de tipo vacacional y contactaban con los propietarios haciéndose pasar por una familia interesada en pasar un fin de semana o varios días.
Una vez que ocupaban la vivienda, se negaban a irse ni a abonar ningún importe por el uso de la vivienda. Entonces amenazaban a los propietarios a cambio de montantes muy elevados -14.000 euros-, diciéndoles que si les pagaban, se marcharían y su vivienda no sufriría mayores desperfectos.
En presencia de los propietarios, los miembros de la banda golpeaban y destrozaban el mobiliario para que supieran que iban en serio. Sin embargo, incluso habiendo accedido a la extorsión, los autores no se marchaban. La banda ha conseguido apropiarse de 62.000 euros de las víctimas.
La líder de la banda era la que realizaba el contacto con los propietarios y recibía las llaves. Hacía con ellos un contrato verbal. Posteriormente, cuando llegaba el momento de dejar la vivienda, alegaba que ella había alquilado para larga temporada. Era entonces cuando empezaba el turno de su marido, uno de los principales encargados de materializar las amenazas y extorsiones.
Las viviendas usurpadas eran ocupadas de forma constante por los miembros del grupo que a su vez las cedían a otros familiares, garantizándose que siempre hubiera gente en las casas y evitar así ser desalojados.
Se les imputan los delitos de estafa, apropiación indebida, extorsión, daños y pertenencia a grupo criminal. Han sido puestos a disposición del Juzgado de Instrucción número 2 de Villajoyosa, que ha decretado el ingreso en prisión de cuatro de los principales miembros de la banda.
Las exportaciones españolas de mercancías, con datos de comercio declarado de Aduanas, aumentaron un 24,8% en el periodo enero-junio de 2022 respecto al mismo periodo del año anterior y alcanzaron los 190.919 M€, máximo histórico para el periodo. Las importaciones también crecieron un 40,7% hasta los 222.882 M€, máximo histórico.
Para la secretaria de Estado de Comercio, Xiana Méndez: «El comercio exterior español sigue mostrando gran dinamismo, superior al de la mayoría de países de nuestro entorno. La evolución de las exportaciones españolas en el último mes de junio muestra un muy buen comportamiento que alcanza a todos los sectores».
De hecho, el crecimiento interanual de las exportaciones españolas del primer semestre (24,8%) fue superior al registrado por la UE-27 (21,8%) y la zona euro (22,3%). También es superior al registrado por Francia (20,1%), Reino Unido (16,1%), Alemania (13,3%) e Italia (22,4%). Fuera de Europa, también crecieron las ventas de EE. UU. (20,3%), China (13,2%) y Japón (15,2%).
El saldo no energético arrojó un déficit de 6.069,4 M€ y el déficit energético alcanzó los 25.894 M€.
«Las importaciones aumentaron en mayor medida debido al efecto de los productos energéticos, así como por la consolidación en la recuperación de la demanda interna. Además, el encarecimiento de los productos, motivado principalmente por el alza de la energía, sigue siendo la principal causa del déficit. Esto hace que se mantenga el déficit comercial similar al de los meses anteriores», explica Méndez.
La tasa de cobertura -cociente entre exportaciones e importaciones- se situó en el 85,7%. En términos de volumen, las exportaciones crecieron un 6,6%, ya que los precios, aproximados por los Índices de Valor Unitario, también subieron un 17,1%. Las importaciones subieron un 17,7%, pues los precios crecieron un 19,5%.
Las principales contribuciones positivas a la tasa de variación anual de las exportaciones del acumulado en el primer semestre de 2022 provinieron del sector de productos químicos, productos energéticos, semimanufacturas no químicas y alimentación, bebidas y tabaco (contribución de 2,5 puntos). Ningún sector contribuyó negativamente.
Las exportaciones dirigidas a la Unión Europea (62,4% del total) crecieron un 26,1% en los seis primeros meses del año. Las ventas a la zona euro (54,8% del total) aumentaron un 25,4% y las destinadas al resto de la Unión Europea (7,6% del total), ascendieron un 31,3%.
Las ventas a terceros destinos (37,6% del total) subieron un 22,8% en este periodo, con incrementos de las exportaciones a América Latina (35%), América del Norte (30,3%), Oriente Medio (24,3%), África (22,1%) y Asia excluido Oriente Medio (2,6%).
Las comunidades autónomas con mayores crecimientos en sus exportaciones fueron Canarias, Illes Balears y la Comunidad de Madrid (44,5%).
Datos del mes de junio de 2022 En el mes de junio las exportaciones españolas de mercancías subieron un 26,6% sobre el mismo mes de 2021, hasta los 34.949 M€, máximo histórico del mes. Las importaciones ascendieron un 41,1% en términos interanuales hasta los 40.343 M€, máximo histórico para cualquier mes.
Como resultado, en junio de 2022 se registró un déficit de 5.394 millones. La tasa de cobertura se situó en el 86,6%. El saldo no energético arrojó un déficit de 489 M€ y el déficit energético llegó a 4.905 M€.
El aumento de las exportaciones en junio de España (26,6%) es de mayor magnitud que el registrado por la UE-27 (21,6%) y la zona euro (22,0%). También es mayor al registrado por Alemania (14,6% interanual), Francia (16,4%), Italia (21,2%) y Reino Unido (20,1%). En el resto del mundo, las exportaciones de los Estados Unidos aumentaron un 23,6% interanual, las de China un 22,0% interanual y las de Japón un 19,3% interanual.
En junio de 2022, las exportaciones a la Unión Europea representaron el 60,4% del total (62,9% en junio de 2021) y se incrementaron un 21,5% interanual. Las dirigidas a la zona euro ascendieron un 19,4% y las destinadas al resto de la UE crecieron un 37,9%. De los principales socios, destacan los incrementos de ventas a Portugal (33%), Alemania (17,5%), Francia (16,3%) e Italia (15,2%). Finalmente, las exportaciones a países terceros (no-UE) supusieron un 39,6% del total y subieron un 35,3% interanual y las ventas a Reino Unido aumentaron un 27,2%.
Medio millón de viviendas no reciben la velocidad mínima exigible de conexión a Internet
18 agosto 2022
Persiste la brecha digital territorial en España: la mitad de inmuebles sin una conectividad funcional a internet (al menos, 30 Mbps de velocidad) se concentran en Galicia, Andalucía y Castilla y León. UGT exige agilizar las políticas para dotar a todas las viviendas del país de una conectividad a 100 Mbps en menos de un año, tal y como recoge la Ley General del Telecomunicaciones.
España cuenta con una de las mejores redes de fibra óptica del mundo – incluyendo la tercera mejor red rural de Europa- pero todavía casi medio millón de viviendas no disponen de una cobertura funcional de conexión a Internet. Una cifra que aumenta hasta 635.527 unidades inmobiliarias, se si tiene en cuenta cualquier construcción que precise de conectividad, como negocios y locales.
Estos datos, proporcionados por el Ministerio de Economía para este año 2022, suponen el incumplimiento de la Agenda Digital para Europa que obligaba a todos los Estados Miembros de la Unión a ofrecer, al menos, 30 Mbps de velocidad a toda su población en el año 2020. Si bien, es justo indicar que solo los estados isleños de Malta y Chipre consiguieron tal objetivo y que España, con un 95% de cobertura de dicha velocidad, es uno de los que más cerca se han quedado (Francia se quedó en un 65% y Polonia en un 75%).
Si se amplía la mirada hasta los 100 Mbps, la velocidad mínima de conexión a Internet estipulada por la recientemente aprobada Ley General de Telecomunicaciones, y que deberá estar garantizada en un año, el número de viviendas que están desconectadas aumenta hasta las 583.00 (776.000 si se tienen en cuenta todos los tipos de unidades inmobiliarias).
La mitad de este porcentaje de inmuebles sin una conectividad funcional se concentra en las CCAA de Galicia, Andalucía y Castilla León. Entre las provincias que aglutinan más inmuebles sin cobertura, hay tres gallegas (Ourense, A Coruña y Lugo), seguidas de Tarragona y Alicante.
UGT exige al Gobierno unas políticas más decididas para acabar con esta brecha digital territorial. Las medidas puestas en marcha hasta la fecha llegan tarde, y si queremos dotar a todas las viviendas del país de una conectividad a 100 Mbps en menos de un año, los esfuerzos tanto económicos como procedimentales deberán aumentar exponencialmente.
Asimismo, el sindicato recuerda que este esfuerzo puede resultar baldío sino se acompaña de medidas de formación en competencias digitales y de dotación de medios (ordenadores y bonos sociales de conectividad) a las personas actualmente excluidas del mundo digital.
El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) ha publicado hoy en el Boletín Oficial del Estado (BOE) la resolución que fija las condiciones de venta y uso de los abonos gratuitos de Cercanías, Rodalies y Media Distancia Convencional y de los títulos multiviaje de alta velocidad con un 50% de descuento. Así, el texto aprobado describe, entre otros puntos, la fianza a depositar por cada abono, el número mínimo de viajes requerido, los recorridos válidos o los plazos de utilización de los abonos en función del tipo de servicio ferroviario.
Y es que el Gobierno ha aprobado dos reales decretos (RDL 11/2022, de 25 de junio y RDL 14/2022, de 1 de agosto) para bonificar el transporte ferroviario de cercanías y media distancia convencional y alta velocidad a los usuarios recurrentes para ayudar hacer frente al alza de los precios como consecuencia de la guerra en Ucrania, y para fomentar el transporte público y reducir el uso del vehículo privado, lo que contribuirá a disminuir nuestra dependencia energética y nuestra huella de carbono.
En suma, un nuevo esfuerzo del gobierno para garantizar la movilidad cotidiana de nuestros ciudadanos en una situación extraordinaria derivada de la invasión rusa a Ucrania y sus consecuencias en el coste de vida.
Desde el pasado 8 de agosto, los usuarios pueden registrarse en la web y aplicaciones de Renfe para darse de alta y recibir las comunicaciones oportunas de la puesta a la venta de los abonos gratuitos de Cercanías, Rodalies y Media Distancia Convencional, que se podrán adquirir a partir del 24 de agosto y tendrán vigencia entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de 2022.
En el caso de los nuevos bonos de alta velocidad y los abonos Avant, el periodo de uso se amplía un mes, hasta el 31 de enero de 2023, y también se podrán comprar entre el 24 de agosto y el 31 de diciembre de 2022.
Abono gratuito de Cercanías Todos los clientes podrán obtener este abono en las taquillas, máquinas autoventa y mediante la aplicación (APP) de Renfe Cercanías, excepto en los núcleos de ancho métrico y de ancho convencional de Asturias y Santander, donde sólo lo podrán adquirir físicamente. La APP generará un código QR que descargará en el móvil y que se podrá utilizar para cruzar directamente los tornos en los núcleos de Cercanías de Madrid, Málaga, Murcia / Alicante, Valencia y Zaragoza.
Asimismo, generará un código de siete dígitos con el que se podrá obtener el abono en soporte físico o bien cargarlo en el que ya disponga el cliente en las taquillas o las máquinas autoventa de los núcleos de Cádiz, San Sebastián, Bilbao, Sevilla y Barcelona. En cualquier caso, en las estaciones de estos núcleos Renfe dispondrá de personal de apoyo que podrán leer el código QR para facilitar el acceso directo de los viajeros con abono.
Las condiciones generales de uso y adquisición son:
Validez desde el 1 de septiembre (o la fecha de compra si es posterior) hasta el 31 de diciembre de 2022. Un abono distinto por cada Núcleo de Cercanías. Válido para viajes ilimitados entre cualquier origen y destino. El cliente abonará 10 euros, en concepto de fianza, que será reembolsado si se alcanza la recurrencia mínima establecida de 16 viajes en los cuatro meses de vigencia del abono. La fianza de cada abono se devolverá siempre que se cumplan las condiciones indicadas. En caso de no cumplir con los viajes mínimos, el importe de la fianza será considerado como una indemnización y no será devuelto al viajero Al importe de la fianza se le podrá aplicar, exclusivamente, el descuento de Familia Numerosa. Abono gratuito de Media Distancia Convencional Los usuarios podrán obtener su abono gratuito en las máquinas autoventa y taquillas de las estaciones y formalizar su viaje en máquinas autoventa, taquillas, web y aplicación de Renfe. Durante los cuatro meses que estarán vigentes los nuevos abonos recurrentes, se suspenderá la venta de los abonos habituales, que mantendrán la vigencia con la que han sido comprados. Los viajeros podrán solicitar la devolución de la parte proporcional.
Las condiciones generales son:
Validez desde el 1 de septiembre (o la fecha de compra si es posterior) hasta el 31 de diciembre de 2022. Un abono distinto por cada trayecto origen/destino. Válido para viajes ilimitados entre el origen y destino solicitado por el cliente, en ambos sentidos. El cliente deberá abonar un importe de 20 euros, en concepto de fianza, que será reembolsado si se alcanza la recurrencia mínima establecida. La fianza de cada abono se devolverá siempre que se realicen 16 viajes o más en el periodo de validez indicado. En caso de no cumplir con los viajes mínimos, el importe de la fianza será considerado como una indemnización y no será devuelto al viajero. Al importe de la fianza se le podrá aplicar, exclusivamente, el descuento de Familia Numerosa. En lo que se refiere a la fianza, en la línea de Media Distancia Villarrubia-Córdoba-Rabanales-Alcolea se aplicará la estipulada para los títulos de Cercanías (10 euros). La fianza también será de 10 euros entre cualquiera de las estaciones que configuran los núcleos de Rodalies de Lleida, Tarragona y Girona. Tanto en Media Distancia Convencional como en Cercanías y Rodalies, y siempre que se cumplan las condiciones fijadas, la devolución de la fianza se realizará de forma automática, sin solicitud previa, en el caso de que se haya abonado con tarjera de crédito. Si se ha depositado en efectivo, se deberá solicitar por el cliente en las taquillas o las oficinas de atención al cliente de Renfe.
Abonos Avant Los servicios Avant OSP (obligación de servicio público) van a contar con un descuento del 50% para los usuarios recurrentes, que se aplica a todos los títulos multiviaje Avant (Abono Tarjeta Plus, Tarjeta Plus 10 o Tarjeta Plus 10-45), que se vendan entre el 24 de agosto y el 31 de diciembre de 2022 para ser utilizados desde el 1 de septiembre y hasta el 31 de enero de 2023. Los abonos vendidos con anterioridad cuyos viajes se utilicen durante el periodo de vigencia de los descuentos, podrán solicitar la devolución del 50% de cada viaje realizado en ese periodo a través de los canales de postventa de Renfe. Los descuentos de familia numerosa y otros organismos se aplicarán tras la rebaja del 50%.
Condiciones específicas para cada abono Avant:
Abono Tarjeta Plus (30-50): 3 meses de validez y 60 días para su uso desde la fecha de viaje de la primera formalización. No podrán ser utilizados con posterioridad al 31 enero 2023. Tarjeta Plus 10 Normal y Estudiante: 30 días para la primera formalización y 20 días para su uso desde la fecha de viaje de esta formalización. Uso hasta el 31 de enero de 2023. Tarjeta Plus 10-45: Periodo de validez y utilización 45 días desde la fecha de compra, incluida esta. No podrán ser utilizados tras el 31 de enero de 2023. Nuevos títulos multiviaje de alta velocidad Renfe Viajeros comercializará un nuevo abono recurrente en determinadas rutas, con las siguientes características:
El Abono será nominativo y corresponderá a un origen/destino en trayectos en los que el menor tiempo de viaje sea inferior a 100 minutos, no sea un trayecto declarado obligación de servicio público – AVANT y no se encuentre en líneas con Acuerdos Marco de capacidad firmados. Podrá ser adquirido entre el 24 de agosto y el 31 de diciembre de 2022 para ser utilizado entre el 1 de septiembre de 2022 y 1 de enero de 2023. Válido para 10 viajes, en ambos sentidos, entre el origen y destino solicitado. Su periodo de utilización será de 30 días para la primera formalización, y 20 días para su uso desde la fecha de viaje de esta formalización. Se comercializará con un 50% de descuento sobre la tarifa de la Tarjeta Plus 10 Normal Avant para el Origen/ Destino seleccionado y categoría estándar. Al cliente se le presentará el precio del Bono Avant con el 50% del descuento ya aplicado. Se aplicará el descuento de Familia Numerosa. Los abonos se podrán adquirir en las taquillas y máquinas autoventa de las estaciones, en la web de Renfe y en agencias.
UGT reclama una mejora de la Ley de Empleo para acabar con el drama de las personas en paro de larga duración
19 agosto 2022
Según los datos de la EPA, 1,5 millones de personas llevan más de un año buscando un empleo y más de 600.000 lo hacen desde hace más de cuatro años. Para UGT, es imprescindible mejorar esta ley para impulsar unas políticas activas de empleo más eficaces, que se adapten a la realidad específica de cada persona y lograr una rápida reinserción laboral
La Unión General de Trabajadoras y Trabajadores denuncia que, a pesar de los excelentes datos de paro registrados mes a mes, fruto de la reforma laboral negociada por los agentes sociales y el Gobierno en 2021, las personas en paro de larga duración continúan viviendo un drama en nuestro país. Personas que no están bajo el amparo de esta reforma, ya que se mantienen fuera del sistema laboral, y que, según los datos de la EPA del primer trimestre del 2022, se contabilizaban en 1.504.200 personas que llevaban más de un año buscando empleo, mientras que 613.498 llevaban más de cuatro años. Se trata de una cifra alarmante, sobre todo si tenemos en cuenta que, según la última Encuesta de Condiciones de Vida (2021), hasta un 58,6% de las personas desempleadas se encuentra en riesgo de pobreza o exclusión social.
Lejos de mejorar la situación, según los datos del segundo trimestre de la EPA, el porcentaje de personas en desempleo que lleva más de un año buscando un trabajo ha aumentado en 0,4 puntos, hasta el 47,8% de las personas desempleadas, creciendo también (2 puntos) el número de personas que llevan buscando empleo más de dos años (32,7%), algo que asienta una tendencia negativa. Además, las demandas de empleo de personas desempleadas de larga duración (superior a un año) suponen el 8,95% de las colocaciones, pese a que suman casi el 48% de las personas paradas registradas, y solo un 3,14% del total de esas colocaciones se produjo por una oferta publicada en los Servicios Públicos de Empleo, mostrando la clara correlación negativa entre tiempo en desempleo y posibilidad de encontrarlo.
Políticas Activas de Empleo más eficaces
Para UGT, la solución ante este drama social está clara: resulta imprescindible mejorar en el trámite parlamentario una Ley de Empleo insuficiente y que se ha aprobado sin diálogo social, mediante el impulso de Políticas Activas de Empleo más eficaces, que se adapten a la realidad específica de cada persona y logren una rápida reinserción laboral para todas ellas. Para ello, resulta fundamental que la nueva Ley de Empleo establezca un proceso de evaluación de estas políticas, así como un incremento de la financiación, hasta niveles adecuados y suficientes, junto a criterios vinculantes para su aplicación en los distintos territorios del país.
En este sentido, UGT denuncia que de los dos instrumentos de las políticas activas de empleo (servicios y programas), los primeros prácticamente no se realizan a pesar de que son básicos (los cimientos) sobre los que deberían descansar los segundos. Los servicios de empleo son esenciales para saber las necesidades de cada una de las personas desempleadas y las necesidades de empleo del tejido productivo. Sin ellos, no hay forma de conocer qué acciones de reciclaje se necesitan, qué personas tienen un perfil adecuado o no para el empleo y por qué, y qué tipo de empleos están demandando las empresas. En consecuencia, su carencia está en la base de la ineficaz intermediación laboral.
Para el sindicato, es imprescindible mejorar esta ley para que las personas paradas de larga duración, sin posibilidad desde hace tiempo de obtener un empleo, atrapadas en una espiral que no sólo compromete su supervivencia económica (algo ya de por si grave), sino que daña su salud mental, merma su papel en la sociedad y, por ende, su dignidad, lo consigan. Los desempleados de larga y muy larga duración están fuera del sistema, expulsados de la sociedad, con el sentimiento permanente de no ser válidos, de ser prescindibles e, incluso, de ser invisibles, y esto no se puede tolerar. Una sociedad justa, inclusiva y desarrollada, no puede asumir una cifra de más de dos millones de personas sin la esperanza de un desarrollo digno de su Estado de Bienestar.
El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) ha suscrito con la Junta de Andalucía el convenio para la ejecución del Plan Estatal para el acceso a la vivienda 2022-2025 durante los próximos cuatro años, en el que Mitma destina 246.753.000 euros.
El convenio fue firmado ayer por el secretario general de Agenda Urbana y Vivienda, David Lucas, y la consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda de la Comunidad Autónoma de Andalucía, Marifrán Carazo.
Su suscripción garantiza la continuidad de las ayudas del ya finalizado Plan Estatal de Vivienda 2018-2021 y el Plan Estatal para el Acceso a la Vivienda 2022-2025. Para ello, la Junta de Andalucía podrá convocar las ayudas con cargo al Plan Estatal 2022-2025 con efectos desde el 1 de enero de 2022.
El Plan Estatal 2022-2025 cuenta con cuatro tipos de programas que pretenden facilitar el acceso a una vivienda digna, incrementar la oferta de viviendas en alquiler, erradicar la infravivienda y el chabolismo y mejorar la accesibilidad, y, finalmente, sufragar seguros de protección de las rentas del alquiler a los propietarios.
El importe que el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana tiene previsto destinar a las comunidades autónomas en programas de ayudas del Plan Estatal 2022-2025 asciende a 1.443 millones de euros en sus cuatro años de vigencia.
Hasta la fecha, en total se han suscrito catorce convenios con las comunidades autónomas de Andalucía, Aragón, Canarias, Cataluña, Extremadura, Galicia, La Rioja y Comunidad Valenciana, Islas Baleares, Cantabria, Castilla y León, Castilla-La Mancha, y las ciudades de Ceuta y Melilla. El total que Mitma ha comprometido con estos catorce convenios asciende a 1.102.452.000 euros
Los compromisos financieros que el Ministerio asume para los cuatro años de vigencia se reflejan en la siguiente tabla:
UGT denuncia el incremento de la vigilancia algorítmica en España
05 agosto 2022
Según datos de Eurofound de 2020, las empresas españolas son líderes europeas en vigilancia algorítmica de sus empleados
Los datos del estudio Employee monitoring and surveillance: The challenges of digitalisation, publicado por la Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y de Trabajo (organismo público dependiente de la UE), revelan que hasta el 40% de las empresas españolas estarían usando algoritmos para la monitorización de la actividad laboral y para evaluar el desempeño diario de las personas trabajadoras. Datos proporcionados por las propias compañías y que habrán aumentado con la explosión del trabajo a distancia. Sólo hay que comprobar el incremento de la facturación en los proveedores de este tipo de soluciones informáticas, en máximos históricos en todo el mundo.
Es llamativo que un tejido productivo como el español, con un grado escaso de digitalización y cifras ridículas de empleo tecnológico en comparación con el resto de la UE, lidere el aspecto más oscuro de la digitalización, ya que la media europea de empresas que emplea este tipo de vigilancia no alcanza el 30% y países como Alemania, Francia o el Reino Unido (15, 25 y 26%, respectivamente), se quedan lejos de los niveles de intrusión de las empresas españolas.
Proteger el derecho a la intimidad
Este tipo de prácticas suponen una clara vulneración de derechos fundamentales de las personas trabajadoras, puesto que afecta a su privacidad e intimidad; añadiendo que, en una abrumadora mayoría de los casos, las empresas no cumplen con los requisitos exigidos de proporcionalidad, idoneidad, necesidad e información previa para poner en marcha este tipo de vigilancia.
En virtud de los derechos que proporciona la denominada ley rider, en cuanto a recibir información sobre el uso de estas herramientas informáticas en las empresas, y conforme a la jurisprudencia existente, UGT exigirá el cumplimiento estricto de las normas legales aplicables, implicando para ello tanto a la Inspección de Trabajo como a los Juzgados de lo Social.
El sindicato no va a permitir este tipo de abusos que vulneran el derecho a la intimidad de las personas trabajadoras.
Detenidas cuatro personas que formaban un entramado empresarial con sociedades pantalla y fondos de inversión extranjeros que eludían el control financiero y tributario
Los dos principales investigados son socios-administradores de una mercantil española que está construyendo un centro comercial de lujo en la isla de Tenerife
Se servían de ingeniería fiscal-contable, empresas pantalla, despachos de fiducia y fondos de inversión extranjeros, financiándose con fondos originarios de Rusia que hacían llegar a Tenerife con paraísos fiscales y territorios de nula tributación
Se han registrado los domicilios de los investigados y dos empresas mercantiles en Tenerife, interviniéndose numerosa documentación de tipo económico, dinero en efectivo y dispositivos de telefonía e informática
Operación conjunta de la Guardia Civil y la Agencia Tributaria
Detenidas cuatro personas que formaban un entramado empresarial con sociedades pantalla y fondos de inversión extranjeros que eludían el control financiero y tributario
La Guardia Civil y la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), en el marco de la operación “Isla Sorna” desarrollada en Tenerife ha detenido a cuatro personas, de nacionalidad rusa y española, que habrían eludido sus obligaciones tributarias y fiscales ante la Hacienda Pública española.
Se les atribuye los delitos de blanqueo de capitales, delitos contra la Hacienda Pública, administración desleal, falsedad documental y suplantación de identidad. Estas personas se servían de ingeniería fiscal-contable, sociedades y fondos de inversión extranjeros, empresas pantalla y despachos de fiducia para financiarse con fondos originarios de Rusia que hacían llegar a Tenerife a través de paraísos fiscales y territorios de nula tributación eludiendo toda responsabilidad fiscal y tributaria.
La presente investigación se inició a principios del año 2018 cuando la Guardia Civil detectó que una empresa española se había estado financiando previamente a través de préstamos privados sin elevar a público otorgados por ciudadanos de origen ruso. Previamente, unos meses antes esta empresa había comprado los terrenos de una antigua sala de fiestas ubicada en Tenerife con el fin de reconvertirlos en un centro comercial de lujo.
Utilización de paraísos fiscales y territorios de nula tributación
El desarrollo conjunto de la investigación llevada a cabo por la Guardia Civil y la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) permitió conocer que esta empresa española, para iniciar su proyecto de reconversión, tuvo que recurrir a fondos de inversión y sociedades extranjeras, de capital ruso y peculio de dudosa procedencia con el fin de obtener la financiación necesaria. Para ello recurrieron a fuentes de financiación a través de sociedades nacionalizadas en Australia, Luxemburgo e Islas Vírgenes Británicas, lugar este último en donde una de las sociedades prestamistas se encontraba vinculada a un despacho de fiducia, asociado a multitud de sociedades pantalla de tipo “vehicular”.
A través del empleo de dichas sociedades pantalla habrían logrado préstamos hipotecarios por importes superiores a los 23 millones de euros, algunos de ellos con intereses de hasta el 25 %.
A su vez, el análisis económico efectuado hasta la fecha ha podido determinar la utilización de un circuito para la introducción de fondos en España, concretamente en Tenerife, compatible con las fases del blanqueo de capitales atendiendo a los criterios establecidos por la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales. Gracias a la práctica de un sistema de “ingeniería fiscal” conseguían devenir posteriormente estas operativas, con el objetivo de evitar en última instancia el pago de impuestos a la administración tributaria.
Con esta investigación, de carácter económico-financiero y fiscal, se ha conseguido esclarecer un entramado empresarial que durante años habría eludido toda responsabilidad fiscal y tributaria en perjuicio de la Hacienda Pública
Fase de explotación de la operación Isla Sorna
En total se han practicado seis registros, cuatro de ellos en domicilios de los investigados y dos en empresas mercantiles de Tenerife, interviniéndose numerosa documentación de tipo económico (contabilidad y facturación principalmente), dinero en efectivo, así como dispositivos de telefonía, informática y electrónica.
Además, por parte del Juzgado que dirige la investigación se acordó la anotación preventiva de bloqueo y disposición de bienes muebles e inmuebles, por importe total aproximado de 45 millones de euros, para garantizar las posibles responsabilidades civiles y pecuniarias.
La operación ha sido desarrollada conjuntamente por el Grupo de Información de la Comandancia de la Guardia Civil de Santa Cruz de Tenerife y la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), habiendo sido dirigida por el Juzgado de Instrucción núm. 3 de Arona en coordinación con la Fiscalía Anticorrupción de Santa Cruz de Tenerife.
En la fase de investigación se ha contado con el apoyo y colaboración de la Jefatura de Información: Unidad Central Especial n°3 (UCE3), Subgrupo de Investigación Económica (SIE) y Área Técnica. Además, han participado en esta fase de explotación la Unidad de Seguridad Ciudadana Comandancia (USECIC), el Servicio Aéreo de la Guardia Civil, la Sección de Información de la Zona de Canarias, el SEPRONA de Playa de las Américas y Seguridad Ciudadana de Playa de las Américas y Santa Cruz de Tenerife.
