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PGE 2016: electoralistas e insolidarios

     PGE 2016: electoralistas e insolidarios

     UGT | martes, 4 de agosto de 2015 ugt.es
     UGT considera que los Presupuestos Generales del Estado para 2016, que inician hoy su trámite parlamentario, obedecen a una estrategia de carácter electoral, se sustentan en una recuperación económica ficticia, priorizan el déficit y la consolidación fiscal, no corrigen los principales desequilibrios de nuestro país y son terriblemente insolidarios. Las personas desempleadas son las más castigadas: pues la reducción de las prestaciones está más ligada a la disminución de la tasa de  cobertura y la bajada intensa y continuada de las prestación media que a la  reducción del paro (tal y como evidencian los datos). UGT considera que frente a esta política económica que genera precariedad, desigualdad y pobreza es preciso un nuevo modelo en el que se prime el empleo estable y de calidad, se refuerce la protección social de las personas y se potencie un sistema productivo que favorezca un crecimiento sostenible y duradero.

     La presentación de los Presupuestos Generales del Estado hoy ante el Congreso de los Diputados por el Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas no difiere de lo que ya adelantó el viernes pasado el Presidente del Gobierno. Se continúa con la política de consolidación económica y se establece un límite de gasto no financiero de 123.394 millones de euros, un 4,4% menos que en 2015, fundamentado en la reducción de la carga de deuda, por evolución de tipos, y en la reducción de aportaciones al Servicio Público de Empleo «como consecuencia de la reducción del desempleo».

     Hoy mismo han salido los datos de paro registrado y se ha visto cómo la reducción de las prestaciones está más ligada a la disminución de la tasa de cobertura y la bajada intensa y continuada de la prestación media, que a la reducción del desempleo. Parece mentira que una política insolidaria como es la que se ha seguido con la protección por desempleo, que ahora tiene que ser la que cargue con la reducción de gastos y de déficit, se intente vender como un éxito del Gobierno.

     El escenario macroeconómico que presentaba el Gobierno el pasado 10 de julio, en el que se enmarcan los Presupuestos Generales del Estado para 2016, muestra una estrategia política con un marcado carácter electoral, y que se sustenta en una recuperación económica ficticia que, según diferentes previsiones, irá desinflándose en el futuro:

     Para este año 2015 queda fijado un aumento del PIB del 3,3% y del 3% en 2016. En cuanto a empleo, se calcula terminar el año con un crecimiento de empleo (en puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo) del 3,0%, dato que se repetiría para 2016. De este modo, la tasa de paro terminaría en 2015 en el 22% y en 2016 en un 19,7%.

     Pero los datos difundidos por la propia Comisión Europea en términos de empleo distan de los del Gobierno: en 2015 la tasa de desempleo quedará aún en un 22,4% y en 2016 en un 20,5%. Un escenario en el que la creación de empleo no llega a consolidarse ni en 2016 ni en los siguientes ejercicios. Es difícil aceptar que se logren crecimientos mayores del empleo y caídas de la tasa de paro más pronunciadas con tasas de crecimiento del PIB previsiblemente más bajas.

     Por tanto, la «milagrosa» recuperación de la economía española no pasará de este año electoral, lo que nos lleva a confirmar que el Ejecutivo sustenta sus cuentas públicas en un escenario irreal, que trata de camuflar con fines electoralistas.

     Sin embargo, para que el objetivo de déficit de 2016 sea alcanzable, se tiene que producir el objetivo de déficit de 2015, y a la luz de la evolución de la ejecución de ingresos de 2015, esa realidad no está garantizada: en 2015 se presupuestó un incremento de ingresos por impuestos directos y cotizaciones sociales de 3,9%. En el ámbito del Estado, el avance de liquidación de los ingresos por impuestos directos se sitúa un 5% por debajo de lo presupuestado. Resulta un poco difícil creer en un incremento para 2016 de un 6,8% en los impuestos directos, que además si se calculan sobre el presupuesto del 2015 suponen un 1,5%.

     Junto a las permanentes bajadas de impuestos, que desequilibran cada vez más el sistema tributario, la principal «medida» de lucha contra el fraude parece ser la publicación de obligados tributarios morosos, tratando de hacer confundir las situaciones económicas de dificultad con la evasión fiscal.

     Por tanto, habrá que seguir con la senda del ajuste presupuestario vía gasto, pues al no esperarse un aumento por recaudación, es de presumir que el gasto público sobre el PIB siga en descenso, adelgazando aún más el ya debilitado sector público español. Y, por supuesto, el gasto en el que ha de apoyarse la consolidación fiscal es el gasto social: mientras el gasto en operaciones no financieras disminuye un 3%, si se excluyen las aportaciones a SEPE, FOGASA y Seguridad Social, este gasto se incrementa un 2,6%.

     En cuanto a la Seguridad Social, se mantiene la política de subvencionar las cotizaciones, en detrimento de los ingresos, mientras se amenaza con la imposibilidad de mantener las pensiones. Es decir, se seguirá tirando del Fondo de Reserva, un mecanismo establecido para emergencias, como financiación de la minoración de ingresos derivada de la política de subvencionar empleos precarios a través del sistema.

     Además, en cuanto a la política de prestaciones sociales, los PGE determinan el IPREM para 2016, que se mantiene en los mismos términos del pasado ejercicio, lo cual también redundará en una peor cobertura social. Además, este IPREM supone una vulneración de la legislación vigente, ya que se ha establecido unilateralmente y sin consulta, cuando la ley obliga a consultar a los interlocutores sociales.

     Los datos muestran unos presupuestos de la Seguridad Social aferrados al ajuste del gasto y el control del déficit, que siguen sin apostar por mejorar la protección que dispensa el Sistema y que continúan sin una postura decidida por la adopción de medidas destinadas a incrementar los ingresos de la Seguridad Social, que proporcionen estabilidad y sostenibilidad a medio y largo plazo.

     Por ello resulta aún más electoralista afirmar que es política social una subida de las pensiones de un 0,25%, especialmente cuando todas las previsiones de precios para 2016 se sitúan muy por encima.

     Para los empleados públicos los PGE de 2016 contemplan una subida del 1%.Para UGT se trata de un aumento mínimo, insuficiente para recuperar la capacidad perdida durante los años de recesión, no cubre las expectativas de UGT ni subsana de ninguna manera una pérdida de poder adquisitivo.

     Además, la tasa de reposición se establece en el 100% solo en servicios esenciales. La Oferta Pública de Empleo, aunque cubrirá las vacantes, está muy lejos de remediar la sangría de los últimos cuatro años. El Gobierno del PP ha destruido 400.000 empleos públicos, contribuyendo a hacer aún más acuciante el problema del paro en nuestro país y el deterioro tanto de la calidad del empleo como de los servicios prestados a la ciudadanía.

     Desde UGT advertimos de la preocupación que nos genera el hecho de que  el Ejecutivo trate de vender un escenario futuro increíble, muy lejos de la realidad que viven los ciudadanos y los trabajadores en nuestro país, y porque sobre este escenario se diseña toda la política económica de un Gobierno para un año en el que otro Gobierno será el Ejecutivo.

     Pero lejos de rectificar, se mantiene en su posición, ignorando la actual situación de España, amenazada por la nube de la crisis griega, las fuertes incertidumbres sobre la unidad europea y la aún débil demanda de consumo en España por la caída de las rentas.

     El sindicato apuesta por una reforma integral de la fiscalidad, con un IRPF más justo y con mayor capacidad recaudatoria, donde las rentas del trabajo y del capital tengan el mismo tratamiento, con una acción decidida contra el fraude fiscal, y que sirva para poner las bases de un nuevo sistema productivo, ya que nos encaminamos hacia un sistema basado en bajos costes laborales en el que prima el empleo precario, temporal y a tiempo parcial.

     Asimismo, aboga por cambiar los parámetros de la actual política económica nacional revitalizando la demanda y el empleo de calidad, priorizando el gasto público y fijando una política salarial pública acorde con la necesaria reactivación económica.

     El escenario real que se dibuja hoy en España exige la reactivación del consumo de las familias, indispensable para recuperar el crecimiento sostenido en nuestro país, que permita crear empleo y recobrar los niveles de renta perdidos. Y para ello, urge la creación de empleo de calidad y la mejora de los salarios de los trabajadores, en el marco del III Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva 2015-2017, firmado por los Agentes Sociales el 8 de junio de 2015.

     Ello exige que se acompañe el esfuerzo con planes de choque específicos. A través de un impulso de las políticas activas y los servicios públicos de empleo, con recursos excepcionales para la formación y el empleo, especialmente de los colectivos en peores condiciones, es decir, parados de larga duración, jóvenes y mayores de 45 años. Asimismo se debe extender la protección por desempleo de forma que ningún trabajador se quede sin cobertura.

     En definitiva, UGT apuesta por unos PGE centrados en las personas y el empleo, que permitan una salida más equilibrada y más justa de la crisis y con reformas de calado para hacer la economía española más competitiva y más sostenible a largo plazo, basada en la mejora de la productividad y el valor añadido, la generación de empleo de calidad y la mejora de nuestro Estado de Bienestar.


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