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Proyecto Curtis en España: el BEI debe pronunciarse sobre la solicitud de revisión de ClientEarth

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Tribunal General de la Unión Europea

Comunicado de prensa n.º 10/21

Luxemburgo, 27 de enero de 2021

Sentencia en el asunto T-9/19

ClientEarth/Banco Europeo de Inversiones (BEI)

Proyecto Curtis en España: el BEI debe pronunciarse sobre la solicitud de revisión de ClientEarth

El Tribunal General anula la decisión del BEI por la que se declaró inadmisible la solicitud de revisión del acuerdo de su Consejo de Administración

El proyecto de construcción en el municipio de Curtis, en Galicia, de una central de biomasa de producción de electricidad, denominado proyecto Curtis, logró una adjudicación de proyectos de energías renovables organizada por España en 2016. El promotor del proyecto Curtis se puso en contacto con los servicios del Banco Europeo de Inversiones (BEI) para entablar conversaciones sobre la posibilidad de obtener financiación por parte de este.
Mediante un acuerdo adoptado el 12 de abril de 2018 («acuerdo controvertido»), el Consejo de Administración del BEI aprobó la propuesta de financiación por un importe máximo de 60 millones de euros. El 9 de agosto de 2018, ClientEarth, una ONG dedicada a la protección del medio ambiente, presentó ante el BEI una solicitud de revisión interna del acuerdo, de conformidad con el Reglamento Aarhus (1) y la Decisión 2008/50. (2)
Mediante escrito de 30 de octubre de 2018, el BEI informó a ClientEarth de que se había denegado su solicitud de revisión interna del acuerdo controvertido. Indicó que la consideró inadmisible debido a que dicha solicitud no se refería a un acto que pudiese ser objeto de revisión interna, es decir, un «acto administrativo» en el sentido del Reglamento Aarhus («acto impugnado»).

ClientEarth interpuso un recurso contra la decisión del BEI ante el Tribunal General.

ClientEarth invoca dos motivos en apoyo de su recurso. Mediante su primer motivo, reprocha al BEI que, al adoptar el acto impugnado, aplicase erróneamente, con respecto al acuerdo controvertido, determinados requisitos exigidos para que un acto pueda ser calificado de «acto administrativo» en el sentido del Reglamento Aarhus. El segundo motivo se refiere al incumplimiento de la obligación de motivación.
Mediante su sentencia de hoy, dictada en formación ampliada, el Tribunal General señala, en primer lugar, que por lo que respecta a los dos motivos de anulación invocados en apoyo del recurso, el segundo se refiere a un vicio sustancial de forma aplicable al acto impugnado, a saber, la obligación de motivar dicho acto, mientras que el primero, basado en errores de apreciación en la aplicación del Reglamento Aarhus de que adolece el acto impugnado, se refiere a la legalidad de este.

En este contexto, el Tribunal General recuerda que el juez de la Unión no puede ejercer un control sobre el fondo de un acto si la motivación de dicho acto no es suficiente en un punto esencial del razonamiento que determinó la elección de su autor. Por lo tanto, debe comprobar la suficiencia de la motivación del acto antes de abordar el motivo relativo a su fundamento.

El Tribunal General declara que la motivación que figura en el acto impugnado era suficiente para permitir a ClientEarth conocer las razones por las que el BEI había denegado por inadmisible la solicitud de revisión interna del acuerdo controvertido que aquella le había dirigido y para permitirle impugnar el fundamento de esa motivación en el marco del primer motivo del recurso. En consecuencia, el Tribunal General desestima por infundado el segundo motivo, relativo al incumplimiento de la obligación de motivación.

El Tribunal General aborda a continuación el primer motivo del recurso, basado en errores de apreciación en la aplicación del Reglamento Aarhus. Recuerda, entre otros extremos, que cuando ha tenido que interpretar las disposiciones de directivas que aplican a los Estados miembros las exigencias del Convenio de Aarhus, el juez de la Unión ha manifestado que el objetivo perseguido por el legislador de la Unión consistía en facilitar al público interesado «un amplio acceso a la justicia», y que ese objetivo formaba parte, en términos más generales, de la voluntad del legislador de la Unión de preservar, proteger y mejorar la calidad del medio ambiente, y de hacer que el público desempeñe un papel activo a tal fin. Por consiguiente, estima que, aun cuando las partes en el Convenio de Aarhus tuvieran cierto margen de discreción en la aplicación de dicho Convenio, debería adoptarse, no obstante, un enfoque muy protector para con la eficacia y los objetivos de ese Convenio en el contexto de las obligaciones de aplicación que incumben a los Estados miembros.

En este contexto, el Tribunal General concluye que el concepto de «medida de alcance individual» adoptada «conforme al Derecho medioambiental», recogido en el Reglamento Aarhus, debe interpretarse de manera amplia, en el sentido de que no se limita únicamente a las medidas de alcance individual adoptadas sobre la base de una disposición de Derecho derivado que contribuya a la consecución de los objetivos de la Unión en materia medioambiental, tal como se establecen en el artículo 191 TFUE, apartado 1, sino que se refiere a cualquier medida de alcance individual sujeta a los requisitos del Derecho derivado de la Unión que, con independencia de su fundamento jurídico, tenga por objeto directamente la consecución de los objetivos de la política de la Unión en materia de medio ambiente.

A este respecto, el Tribunal General examina si el acuerdo controvertido puede analizarse como una medida de alcance individual. Considera que, en tanto en cuanto declaraba que el proyecto Curtis cumplía los criterios de carácter medioambiental establecidos por el BEI para poder optar a una financiación por su parte, el acuerdo controvertido era efectivamente una medida de alcance individual adoptada «conforme al Derecho medioambiental» en el sentido del Reglamento Aarhus.

El Tribunal General recuerda que el procedimiento administrativo de revisión interna previsto en el Reglamento Aarhus abre la vía a un recurso judicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea que, en virtud de ese mismo Reglamento, debe interponerse «de conformidad con las disposiciones pertinentes del Tratado [FUE]» y, por lo tanto, en principio, observando los requisitos establecidos en el artículo 263 TFUE. Habida cuenta del vínculo existente entre el concepto de acto que surte «efecto jurídicamente vinculante y externo», en el sentido del Reglamento Aarhus, y el de acto que produce efectos jurídicos frente a terceros, en el sentido del artículo 263 TFUE, en aras de la coherencia general, es razonable interpretar el primero de conformidad con el segundo.

De ello se desprende que, aun cuando no constituía ―como sostiene el BEI y como manifestaba en su escrito de 13 de abril de 2018 al promotor del proyecto Curtis― un compromiso jurídico en cuanto a la concesión del préstamo a la entidad ad hoc, ya que quedaban por auditar otros aspectos técnicos, económicos y financieros del proyecto, el acuerdo impugnado surtía, sin embargo, ciertos efectos jurídicos definitivos frente a terceros, en particular frente al promotor de dicho proyecto, en la medida en que hacía constar que el citado proyecto era apto para ser financiado por el BEI habida cuenta de sus aspectos medioambientales y sociales, permitiendo así al promotor tomar las siguientes medidas necesarias para formalizar el préstamo que debía recibir. Atendiendo a esos aspectos medioambientales y sociales, la decisión subsiguiente del Comité de Dirección de conceder el préstamo, tras haber hecho la auditoría del proyecto Curtis sobre los demás aspectos que quedaban por examinar, únicamente podía considerarse, a lo sumo, una decisión de mera ejecución.

Pues bien, el procedimiento de revisión interna establecido en el Reglamento Aarhus debía versar precisamente sobre los aspectos medioambientales, y la solicitud de revisión interna presentada por ClientEarth cuestionaba en particular la evaluación, por el BEI, de la sostenibilidad del proyecto Curtis y de su contribución a la consecución de los objetivos de la política medioambiental de la Unión. Así pues, dicha solicitud se refería, al menos en parte, a los efectos jurídicos definitivos producidos frente a terceros por el acuerdo controvertido.

1 Con objeto de aplicar el Convenio de Aarhus en el ordenamiento jurídico de la Unión, el Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea adoptaron el Reglamento (CE) n.º 1367/2006, de 6 de septiembre de 2006, relativo a la aplicación, a las instituciones y a los organismos [de la Unión Europea], de las disposiciones del Convenio de Aarhus sobre el acceso a la información, la participación del público en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en materia de medio ambiente (DO 2006, L 264, p. 13; «Reglamento Aarhus»).
2 Decisión 2008/50/CE de la Comisión, de 13 de diciembre de 2007, por la que se establecen las disposiciones de aplicación del Reglamento [Aarhus] en lo que respecta a las solicitudes de revisión interna de actos administrativos (DO 2008, L 13, p. 24).
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