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Rumasa ofreció como aval la misma finca hasta a tres acreedores distintos

Javier Romera / Ginés Cañabate 23/02/2011 – El Economista

Los acreedores de Nueva Rumasa pueden encontrarse con una desagradable sorpresa cuando intenten embargar a la compañía ante la falta de pagos.
La familia Ruiz-Mateos tiene fincas hipotecadas hasta cuatro veces -es el caso, por ejemplo, de una de Clesa en Alicante, que se encuentra gravada con un crédito a favor de Royal Bank of Scotland, otro de Santander y dos más de Caja General de Granada- y, en algunos casos, ha ofrecido incluso como garantía los mismos activos hasta a tres acreedores distintos.
Según consta en los Registros de la Propiedad, hay casos especialmente llamativos, que dificultarán el cobro de los saldos pendientes. Es lo que ocurre, por ejemplo, con una finca en Jaén. Existe una anotación de embargo judicial a favor de Banesto por una deuda de la empresas de flanes y postres Dhul, otras dos ejecuciones administrativas por parte de la Tesorería General de la Seguridad Social y un cuarto embargo por una deuda de Inversiones Radó, una sociedad que vendió unos establecimientos hoteleros en Canarias a los Ruiz-Mateos y que todavía no ha cobrado.
Garantías en disputa
Radó se disputa precisamente también otra finca en Granada, propiedad de Dhul, que ha sido sometida ya a una ejecución hipotecaria por parte de Cajasol.
Pero, por si fuera poco, esta propiedad, que ha sido embargada ya por Gesudema y la Tesorería General de la Seguridad Social, está sujeta también a otra hipoteca de La Caixa. Son garantías múltiples que fuerzan a los acreedores a darse prisa si quieren cobrar su dinero.
Consciente ya de esta situación, el pasado 17 de febrero, el director general de la Tesorería General de la Seguridad Social, Javier Aibar, aseguró que «en la medida en que nosotros observemos que tenemos otros competidores por la vía judicial tendremos que tratar de anticiparnos y realizar un mayor número de embargos».
Y es que la Seguridad Social está compitiendo por los cobros pendientes con los bancos, las cajas, empresas de leasing, de bienes de equipos, firmas de seguros e incluso energéticas.
José María Ruiz Mateos (hijo), consejero delegado de la empresa, explicó ayer a este periódico, sin embargo, que el hecho de ofrecer los mismos avales a distintos acreedores o hipotecar varias veces la misma finca «es una práctica completamente normal en el mercado y no hay ningún tipo de problema al respecto». Además, insiste en que «no es algo que ocurra en todos los casos».
Expertos jurídicos consultados por este periódico explican que en el caso de que haya que ejecutar las garantías, siempre tendrá prioridad la entidad que haya concedido la primera hipoteca o, en su caso, tenga el primer aval.
Los demás deberán esperar. Con una deuda financiera de más de 700 millones y con varios activos embargados ya por impagos a la banca y a la Tesorería General de la Seguridad Social, Nueva Rumasa se enfrenta también a la posible pérdida de la totalidad de sus acciones en Cacaolat, las marcas Clesa, Cacaolat, La Levantina, Letona y Royne; las cuentas pendientes de cobro con Carrefour, Dia, Alcampo, El Corte Inglés y Mercadona, saldos pendientes de Hacienda y hasta las cabezas de ganado de una explotación.
El juzgado número 67 de Madrid, que ha decretado el embargo de activos por 36 millones de euros para hacer frente a una hipoteca con Royal Bank of Scotland -el proceso está paralizado de forma cautelar ante una demanda de oposición de la familia Ruiz-Mateos- y ha fijado una lista de bienes susceptibles de ejecución para el pago.
Entre ellos, figuran además de estos activos, hasta quince fincas, que están hipotecadas varias veces y que han sufrido ya, en algunos casos, algún tipo de embargo.
El hecho de que se decreten susceptibles de embargo estos activos, muy por encima del valor real de la deuda, obedece precisamente a que algunos de ellos están puestos en garantía no sólo en uno sino en varios créditos y pasivos pendientes.
En el propio auto, «estimando que los bienes designados no son suficientes para el fin de la presente ejecución» se ordena a la empresa que ponga sobre la mesa «bienes y derechos suficientes» para hacer frente.


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