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Un abogado irá a la cárcel por ayudar a un cliente a defraudar a Hacienda

Xavier Gil Pecharromán – 18/06/2010 El Economista
El abogado Gabriel Feliú Vidal ha sido condenado por el Juzgado Penal Número 4 de Palma de Mallorca a una pena de tres años y diez meses de prisión, así como a una multa de 600.000 euros y con seis meses de privación de libertad sustitutoria en caso de impago de dicha multa. También se le aplica la pena complementaria de inhabilitación para ejercer como abogado y se le condena en costas.
La sentencia de 30 de mayo de 2010, emite esta condena en respuesta a su papel como cooperador necesario en un delito consumado contra la Hacienda Pública, «al utilizarse mecanismos de ocultación para que no se pueda averiguar la identidad del verdadero responsable del obligado tributario», que era un cliente no residente fiscalmente en España del bufete.
El cliente también es condenado en este caso como autor material del delito, a un año de prisión, ya que se le aplica las atenuantes de reparación del daño, confesión y colaboración con la Administración de Justicia. Además, se le impone una multa de 135.400 euros con cuatro meses de privación de libertad sustitutoria en caso de impago de la multa y se le condena al pago de las costas del proceso.
También se condena a una tercera persona como cómplice del delito a un años y tres meses, multa de 135.400 euros y condena a afrontar las costas del litigio.
Cooperador necesario
El magistrado-juez, Sobrino Fernández, ponente de la sentencia, afirma que cabe entender que la «conducta y participación en los hechos, a pesar de no ser el autor material y directo del delito, por lo ya expuesto, sino un cooperador necesario, pero autor al fin y al cabo, se considera la más grave y que merece un mayor reproche punitivo».
La sentencia considera probado que el cliente del Bufete Feliú, de nacionalidad sueca, trasladó en 2002 su residencia desde su país natal a al Emirato ́rabe de Dubai, lugar en el que fijó el centro de sus negocios y actividades laborales y su domicilio.
El autor del delito quería invertir parte de sus ganancias a través de la adquisición de un inmueble en Mallorca y para venderlo después. Una vez encontrado el inmueble que quería comprar, el Letrado, le asesoró sobre la forma jurídico-fiscal de llevar a cabo estas a operaciones y «asimismo que consiguiese eludir el pago de todos o parte de los impuestos que correspondería pagar en España.
Así, Feliú explicó a su cliente que podía constituir una sociedad en un paraíso fiscal y después crear una sociedad de las denominadas offshore en España, de forma que la sociedad extranjera estuviese participada por la sociedad offshore, consiguiendo así una opacidad jurídica y fiscal, y evitando saber quién estaba detrás de la sociedad.
En ejecución de esta plan, el cliente constituyó una sociedad, con domicilio social en las Islas Vírgenes Británicas, considerado como un paraíso fiscal. Posteriormente, el propio abogado y el declarado cómplice en el delito, constituyeron la sociedad offshore, mediante escritura pública, actuando Feliú en nombre y representación de su cliente y el cómplice en su propio nombre, aunque de forma aparente, designándose, a efectos meramente formales a este último como administrador único de la sociedad.
El capital social era de 3.100 euros, dividido en 100 participaciones, suscritas en su totalidad por el ciudadano sueco. El cómplice, por su parte, era un mero testaferro de Feliú y estaba al tanto de la finalidad última de la constitución de la sociedad, recibiendo una cantidad de dinero no determinada del abogado por sus servicios. La intervención del testaferro y su nombramiento como administrador único de la offshore buscaba dar mayor opacidad a la operación.
Arquitectura tributaria
Por otro lado, mediante escritura pública notarial, la sociedad representada Feliú, compró la vivienda por 300.506,05 euros. A continuación, se llevó a cabo una ampliación de capital de la sociedad en 102.300 euros, mediante escritura pública, ante el mismo notario, en 102.300 euros, mediante 3.300 nuevas participaciones suscritas todas por la citada sociedad offshore. Con ello, el nuevo capital resultante de la ampliación ascendía a 105.400 euros.
Una vez encontrados los compradores de la vivienda, ciudadanos ingleses, se realizó una nueva ampliación de capital, mediante compensación de créditos. Los créditos compensados son el préstamo de 332.103 euros que la offshore tenía con la sociedad del ciudadano sueco, motivado por los fondos aportados por el único titular de las participaciones a la sociedad para comprar el inmueble
Así, se suscriben 10.713 nuevas participaciones, suponiendo el nuevo capital un total de 437.503 euros.
Feliú impuso a los compradores que la compraventa del inmueble, se hiciese mediante la adquisición de las participaciones de la sociedad del sueco. Para ello, compran a la sociedad offshore, representada por Feliú la totalidad de las participaciones sociales de su cliente, abonando el comprador 437.503 euros, mediando escritura pública. También, se firma el mismo día otra escritura pública por la que se cambia el administrador de la sociedad del sueco, pasando a ser, a partir de dicha fecha, el comprador.
El verdadero precio pagado fue de 875.000 euros, precio que figura en un contrato privado de opción de compra y arras penitenciales. En este caso, el juez ha considera más correcto aplicar el levantamiento del velo para saber quién estaba detrás de cada sociedad.
864 sociedades investigadas
El litigio es una pieza separada de la llamada Operación Relámpago en la que se investigaron, entre otros delitos, blanqueo de capitales y delitos contra la Agencia Tributaria, en la que han quedado encartados tanto Feliú como otros miembros de su bufete.
En el registro del despacho de Feliú intervinieron, además de las Fuerzas de Seguridad del Estado, inspectores de Hacienda y miembros del Ministerio Fiscal y se intervino documentación sobre 864 sociedades offshore. instrumentales para ocultar la identidad de sus auténticos titulares.


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