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Un Estado miembro de destino de un servicio de venta en línea de medicamentos no sujetos a prescripción médica no puede prohibir que farmacias establecidas en otros Estados miembros que vendan dichos medicamentos recurran al servicio remunerado de optimización en motores de búsqueda y comparadores de precios

Prensa e Información

Tribunal de Justicia de la Unión Europea

Comunicado de prensa n.° 121/20

Luxemburgo, 1 de octubre de 2020

Sentencia en el asunto C-649/18

A/Daniel B y otros

Un Estado miembro de destino de un servicio de venta en línea de medicamentos no sujetos a prescripción médica no puede prohibir que farmacias establecidas en otros Estados miembros que vendan dichos medicamentos recurran al servicio remunerado de optimización en motores de búsqueda y comparadores de precios

Por el contrario, siempre que se cumplan determinadas condiciones, el Estado miembro de destino puede limitar la publicidad, prohibir la oferta promocional de medicamentos y exigir la inclusión de un cuestionario de salud en el proceso de pedido de medicamentos en línea

A, sociedad neerlandesa que explota una oficina de farmacia establecida en los Países Bajos y un sitio web destinado específicamente a la clientela francesa, se enfrenta a Daniel B, UD, AFP, B y L («Daniel B y otros»), profesionales que explotan oficinas de farmacia y asociaciones que representan los intereses profesionales de los farmacéuticos establecidos en Francia, en un litigio que tiene por objeto la promoción por parte de A de su sitio web entre la clientela francesa mediante una campaña publicitaria en distintos soportes y de amplia difusión. Los medicamentos comercializados a través de dicho sitio web disponen de autorización de comercialización en Francia y no están sujetos a prescripción médica.

La campaña publicitaria llevada a cabo se basaba en la inclusión de folletos publicitarios en paquetes expedidos por otros operadores de venta a distancia (método denominado en francés «asilage») y en el envío de publicidad por correo postal. Asimismo, A publicó en su sitio web ofertas promocionales consistentes en aplicar un descuento sobre el precio total del pedido de medicamentos cuando este supere un determinado importe y recurrió a un servicio remunerado de optimización en motores de búsqueda.

Daniel B y otros presentaron una demanda ante el tribunal de commerce de Paris (Tribunal de lo Mercantil de París, Francia) en la que solicitaron, en particular, el resarcimiento por los daños que consideran haber sufrido como consecuencia de la competencia desleal que, a su juicio, había ejercido A al haberse beneficiado indebidamente del incumplimiento de la normativa francesa en materia de publicidad y de venta de medicamentos en línea. Dicho Tribunal concluyó que al distribuir más de tres millones de folletos publicitarios fuera de su oficina de farmacia, A había atraído a la clientela francesa a través de medios contrarios a la dignidad de la profesión farmacéutica, incurriendo de ese modo en actos de competencia desleal.

La cour d’appel de Paris (Tribunal de Apelación de París, Francia), que actualmente conoce del litigio, planteó una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia con el fin de saber si las disposiciones de la Directiva sobre medicamentos para uso humano (1) y de la Directiva sobre el comercio electrónico (2) autorizan a un Estado miembro a imponer en su territorio a los farmacéuticos que son nacionales de otro Estado miembro de la Unión normas específicas relativas a la prohibición de atraer a la clientela mediante procedimientos y medios considerados contrarios a la dignidad de la profesión, a la prohibición de incitar a los pacientes a un consumo abusivo de medicamentos y a la obligación de respetar las buenas prácticas en la dispensación de medicamentos, exigiendo la inclusión de un cuestionario de salud en el proceso de pedido de medicamentos en línea y prohibiendo el recurso al servicio remunerado de optimización en motores de búsqueda y comparadores de precios.

En su sentencia de hoy, el Tribunal de Justicia establece, de entrada, que un servicio de venta en línea de medicamentos, como el que es objeto de controversia, puede constituir un servicio de la sociedad de la información en el sentido de la Directiva sobre el comercio electrónico.

A continuación, indica que, con independencia del soporte físico o electrónico a través del cual se lleve a cabo, una actividad publicitaria como la efectuada por A constituye un elemento accesorio e indisociable del servicio de venta en línea. Por consiguiente, en virtud de la Directiva sobre el comercio electrónico, el Estado miembro de destino de un servicio de venta en línea de medicamentos no sujetos a prescripción médica no puede, en principio, restringir la libre circulación de los servicios de la sociedad de la información de otro Estado miembro, en relación con dicha actividad, salvo si esa restricción está justificada por determinados objetivos de interés general. A este respecto, el Tribunal de Justicia recuerda que la restricción derivada de la aplicación de la legislación nacional que prohíbe, con carácter general y absoluto toda publicidad utilizada por los profesionales de la salud para promover sus actividades de atención sanitaria, excede de lo necesario para proteger la salud pública y la dignidad de una profesión regulada. Por tanto, corresponde a la cour d’appel de Paris comprobar si la prohibición controvertida no lleva a impedir que el prestador de servicios de que se trata en este caso realice cualquier tipo de publicidad fuera de su oficina de farmacia, con independencia del soporte o de la intensidad. El Tribunal de Justicia observa que, si así fuera, la citada prohibición iría más allá de lo necesario para garantizar la consecución de los objetivos perseguidos.

Respecto a la prohibición de hacer ofertas promocionales relativas a la concesión de un descuento sobre el precio total del pedido de medicamentos cuando este supere determinado importe, el Tribunal de Justicia pone de relieve que la Directiva sobre el comercio electrónico no se opone, en principio, a que el Estado miembro de destino aplique esa prohibición, siempre que tenga por objeto impedir el consumo excesivo o inadecuado de medicamentos. No obstante, precisa que la prohibición debe estar regulada de manera suficiente y, en particular, solo debe tener por objeto medicamentos y no simplemente productos parafarmacéuticos, extremo que corresponde comprobar al órgano jurisdiccional remitente.
En cuanto atañe a la cumplimentación con carácter previo de un cuestionario de salud en línea a fin de validar el primer pedido de medicamentos realizado por un paciente en el sitio web de una oficina de farmacia, el Tribunal de Justicia observa que esta medida puede tener un efecto disuasorio en los pacientes que deseen comprar medicamentos en línea. No obstante, el Tribunal de Justicia recuerda que ya ha declarado que la multiplicación de los elementos interactivos existentes en Internet que deben ser utilizados por el cliente antes de que pueda realizar una compra de medicamentos es una medida aceptable, menos restrictiva de la libertad de circulación de mercancías que una prohibición de venta en línea de medicamentos. En consecuencia, estima que la normativa francesa de que se trata no va más allá de lo necesario para garantizar el logro del objetivo de salud pública perseguido.

Sobre la prohibición de que las farmacias que vendan dichos medicamentos recurran al servicio remunerado de optimización en motores de búsqueda y comparadores de precios, el Tribunal de Justicia considera que esta prohibición puede restringir las posibilidades de una farmacia de darse a conocer entre la potencial clientela que resida en otro Estado miembro y para promover el servicio de venta en línea que propone a dicha clientela y que, por tanto, debe ser examinada como una restricción de la libre prestación de servicios de la sociedad de la información. El Tribunal de Justicia señala que, si bien el Gobierno francés ha alegado que esa medida está justificada por la voluntad de garantizar una distribución equilibrada de las oficinas de farmacia en el conjunto del territorio nacional, dicho Gobierno no ha aportado la prueba, cuya carga le incumbe, de que sea adecuada para garantizar dicho objetivo y necesaria desde esa perspectiva. Por consiguiente, el Tribunal de Justicia estima que un Estado miembro de destino de un servicio de venta en línea de medicamentos no sujetos a prescripción médica no puede prohibir que las farmacias que vendan dichos medicamentos recurran al servicio remunerado de optimización en motores de búsqueda y comparadores de precios, a menos que se acredite debidamente ante la cour d’appel de Paris que esa normativa es adecuada para garantizar la consecución de un objetivo de protección de la salud pública y que no va más allá de lo necesario para alcanzar dicho objetivo.

1 Directiva 2001/83/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de noviembre de 2001, por la que se establece un código comunitario sobre medicamentos para uso humano (DO 2001, L 311, p. 67), modificada por la Directiva 2011/62/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2011 (DO 2011, L 174, p. 74).
2 Directiva 2000/31/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2000, relativa a determinados aspectos jurídicos de los servicios de la sociedad de la información, en particular el comercio electrónico en el mercado interior («Directiva sobre el comercio electrónico») (DO 2000, L 178, p. 1).
www.curia.europa.eu


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