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CESCE y CEPYME acuerdan trabajar juntos en la apertura de mercados y la prevención de la morosidad

6 de junio, 2017

Desarrollarán proyectos conjuntos también para la gestión de riesgos
CESCE y CEPYME acuerdan trabajar juntos en la apertura de mercados y la prevención de la morosidad
• Jaime García-Legaz y Antonio Garamendi rubricaron el convenio
Madrid, 24 de mayo de 2017.  cepyme.es
Los presidentes de CESCE Seguros de Crédito, Jaime García-Legaz, y de CEPYME, Antonio Garamendi, han firmado un convenio entre ambas entidades para colaborar de forma estable en el diseño y desarrollo de proyectos relativos a la prospección de mercados, la gestión de los riesgos y la prevención de la morosidad en las operaciones comerciales. La cooperación entre la aseguradora y la organización empresarial incluye también actuaciones en materia de información a las pequeñas y medianas empresas sobre sectores de actividad, mercados y países y la elaboración de estudios e informes sobre temas de interés para las pymes. CESCE, con el apoyo de CEPYME ofrecerá, además, asesoramiento integral y gratuito a las empresas en materia de Gestión del Crédito Comercial. Para hacer efectiva esta colaboración CESCE y CEPYME constituirán una Comisión Mixta de Coordinación de la que formarán parte representantes de cada una de las entidades en idéntica proporción

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El movimiento sindical lamenta que EEUU abandone el Acuerdo sobre el Clima

6 de junio, 2017

El movimiento sindical lamenta que EEUU abandone el Acuerdo sobre el Clima
La decisión de Trump de retirar a su país del Acuerdo de Paris es malo para la lucha contra el cambio climático, pero también es negativo para Estados Unidos porque va a ralentizar su desarrollo tecnológico, la eficiencia de su sistema energético y la creación de empleo.
02/06/2017. ccoo.es
CCOO considera que Europa y muchos otros países del mundo van a tener que seguir liderando el Acuerdo de Paris sobre cambio climático y realizar esfuerzos para lograr economías descarbonizadas en 2050.

Pero incluso en Estados Unidos no está claro que no se vayan a ir reduciendo las emisiones en el sector energético ya que las energías renovables tendrán cada vez una mayor penetración al haber alcanzado en muchos casos costes más reducidos que las convencionales. Además muchos estados y gobiernos locales han decidido ya planes de reducción de emisiones de CO2 para su industria, sector energético o transporte.

En lo que si tendrá efectos negativos muy claros es en la capacidad de financiación del Fondo verde para el clima para la ayuda a los países menos desarrollados y más vulnerables del que Estados Unidos era un contribuidor importante

El movimiento sindical internacional ha reaccionado rápidamente contra esta decisión. “La decisión de la administración de Trump de retirarse del Acuerdo de París dificulta la acción conjunta sobre el clima y pone en riesgo muchos puestos de trabajo”, ha dicho Sharan Burrow, Secretaria General de la Confederación Sindical Internacional (CSI).

Tambien los sindicatos norteamericanos agrupados en la AFL-CIO se oponen totalmente a la retirada de este acuerdo y seguirán instando a su Gobierno a permanecer en él y a poner en práctica los compromisos adquiridos en Paris. El presidente de la AFL-CIO, Richard Trumka, ha lamentado el intento de Trump de aislar a Estados Unidos del resto del mundo y el abandono de un futuro más limpio que impulsaría nuevos empleos.

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Los juzgados de cláusula suelo comienzan sin planificación de recursos y con riesgo de colapso

5 de junio, 2017

Los juzgados de cláusula suelo comienzan sin planificación de recursos y con riesgo de colapso
CSIF denuncia la caótica puesta en marcha de los juzgados de clausulas suelo

31 de Mayo de 2017 csif.es
Este jueves entró en vigor la puesta en marcha de los juzgados de cláusulas suelo y se desconocen los medios materiales y humanos, con riesgo de colapso ante los 200.000 expedientes que se avecinan

Desde CSIF, sindicato mayoritario en el sector, asistimos con preocupación a la falta de coordinación, al exceso de improvisación y la ausencia de claridad en la puesta en marcha de esta iniciativa.

Para CSIF es lamentable que se pongan en marcha estos Juzgados y no se sepan los medios materiales y personales que se ponen a disposición de los 54 Juzgados designados por el Consejo General del Poder Judicial el pasado 25 de mayo.

Desde CSIF asistimos con preocupación al triste espectáculo que están ofreciendo las diferentes administraciones e instituciones que lanzan propuestas sin el apoyo suficiente de medios materiales y personales, a otras que se rebelan contra la propuesta del Consejo y que, abiertamente, dicen que van a hacer lo que les dé la gana y a un tercer grupo que, ni ha hecho nada ni se le espera.

En este sentido, CSIF se pregunta si, en su momento, se evacuaron los trámites que el artículo 98.2 de la LOPJ establece, precisamente, para asegurar el acuerdo que permita la dotación de esos medios materiales y personales adecuados y suficientes para llevar a cabo la iniciativa: informe favorable del Ministerio de Justicia y trámite de audiencia a las Salas de Gobierno y a las CCAA con competencias

¿Qué dijeron cada uno de esas administraciones y órganos al respecto?. Si la contestación fue negativa, ¿Porqué se decidió ir adelante con la medida sabiendo que no contaba con apenas apoyo?. Y sobre todo en este contexto, ¿qué sentido tiene la declaración del pleno del Consejo de 23 de febrero en el sentido de que si no había medios suficientes, no se iba a aplicar la medida?. ¿Existen los medios o no existen?

Desde que se conoció la iniciativa CSIF solicitó que fuera cual fuera la medida que se tomara:

• Fuera el resultado de un análisis con datos objetivos sobre el incremento de carga de trabajo que conlleva la presentación de demandas sobre cláusulas suelo y de un estudio comparado frente a otras posibles alternativas pensando siempre en facilitar los trámites a los ciudadanos.
• Estuviera consensuada al máximo con todas las administraciones competentes en materia de Justicia, para que se asegurara la dotación de medios materiales y personales suficientes y adecuados, para afrontar el previsible incremento de la carga de trabajo que se va a experimentar por este motivo.
• Se convocaran las mesas de negociación para planificar esa dotación de medios materiales y personales tal y como exige el Estatuto Básico del Empleado público y poder dar respuesta adecuada a las diferentes situaciones que se pueden dar en relación, por ejemplo, con la existencia o no de la denominada nueva oficina judicial, las dotaciones previas de los Juzgados afectados, la selección de personal, la normativa de prevención y seguridad, etc…

Nada de esto se ha hecho y, hoy estamos como estamos. A la espera de una reunión de última hora el 31 de mayo para ver si se ponen de acuerdo tras cuatro meses mareando la perdiz. Y mientras tanto, los funcionarios no tienen ni idea de lo que tienen que hacer y de cuanta carga de trabajo van a tener que asumir a partir del 1 de junio y los ciudadanos siguen sin saber qué tratamiento se les va a dar a sus demandas.

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La economía española crece a un ritmo del 3% en el primer trimestre por la inversión y las exportaciones

5 de junio, 2017

La economía española crece a un ritmo del 3% en el primer trimestre por la inversión y las exportaciones
Jueves 25 de mayo de 2017 lamoncloa.gob.es
La economía española crece a un ritmo anual del 3% en el primer trimestre del año y del 0,8% intertrimestral, una décima más que el trimestre anterior, según los datos de la Contabilidad Nacional publicados por el INE. Se mantiene así el fuerte empuje de la actividad económica gracias en parte a la inversión, lo que se traduce en la creación de 435.000 empleos equivalentes a tiempo completo en el último año.
Se trata de un crecimiento más equilibrado, ya que el sector exterior aporta 0,8 puntos al PIB gracias a que las exportaciones aumentan a una tasa del 8,4%, la más elevada de los últimos seis años. España mantiene un elevado diferencial de crecimiento en relación a la zona euro y se aproxima ya al nivel máximo de PIB anterior a la crisis.

Tras los datos del primer trimestre del año, la economía española inicia el cuarto año de la recuperación económica. Lo hace a tasas del 0,8% intertrimestral y del 3% anual, lo que supone ocho trimestres seguidos con un avance igual o superior a este porcentaje. Se mantiene así el ritmo de la actividad económica al inicio de 2017 lo que, según los indicadores disponibles hasta el momento, también sucede durante el segundo trimestre, según una estimación prudente. De confirmarse esa tendencia, se cumpliría holgadamente la previsión del Gobierno contenida en el Programa de Estabilidad enviado a Bruselas, que estima un crecimiento medio anual del 2,7% en 2017.

Se mantiene de esta forma el diferencial de crecimiento favorable a España en relación a la media de la zona euro que, según los últimos datos de Eurostat, se ha situado en el 0,5% intertrimestral y el 1,7% interanual. Supera también los datos de crecimiento de los grandes países como Alemania (1,7% interanual y 0,6% intertrimestral), Francia (0,8% y 0,3%) o Italia (0,8% y 0,2%) y también del Reino Unido (2,1% y 0,3%). La velocidad del crecimiento español permite rozar en el primer trimestre del año el nivel de renta máximo previo a la crisis, volumen que se superará en el segundo trimestre, según apuntan los indicadores más recientes.

El crecimiento de la economía española tiene la demanda interna como principal motor (aporta 2,2 puntos), pero su composición se equilibra un poco más gracias a la aportación del sector exterior, positiva por cuarto trimestre consecutivo. El consumo de los hogares se modera medio punto en tasa anual, hasta el 2,5%, mientras que se estabiliza el consumo público (0,1%). La inversión gana dinamismo (3,8%, 1,6 puntos más), en especial, la destinada a bienes de equipo, que se acelera más de dos puntos, hasta alcanzar una tasa anual del 5%. La inversión en construcción se acelera 1,1 puntos, hasta el 3%. El sector exterior aporta 0,8 puntos, gracias a que las exportaciones crecen (8,4%) bastante por encima de las importaciones (6,4%), lo que refleja las ganancias de competitividad de la economía española.

El empleo avanza el 2,5%, dos décimas menos que el trimestre anterior, lo que supone la creación neta de 435.000 nuevos puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo en el último año. Teniendo en cuenta la evolución de la jornada media asociada, se produce una aceleración de tres décimas en la tasa anual de las horas efectivamente trabajadas, que se sitúa en el 1,8%. La remuneración de los asalariados pasa de crecer el 2,9% al 3,1% en tasa anual y la media por asalariado aumenta el 0,4%, frente al 0,1% del cuarto trimestre del pasado año. El coste laboral unitario se sitúa en el primer trimestre en el -0,1%.

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El Entorno Pre-Mercado inicia su andadura como referente de inversión para las startups españolas

4 de junio, 2017

El Entorno Pre-Mercado inicia su andadura como referente de inversión para las startups españolas
El comienzo del Entorno Pre-Mercado coincide con el Primer Investor’s Day, donde se han dado cita más de 150 inversores para conocer de primera mano las startups seleccionadas

bolsamadrid.es

El primer Entorno Pre-Mercado para startups, creado para potenciar su acceso a la inversión privada y conocer el funcionamiento del mercado bursátil, ya ha iniciado su andadura. Más de 150 inversores se han reunido hoy en la Bolsa de Valencia, donde tendrá la sede física, para conocer de primera mano a las tres primeras startups que lo conformarán (Biomar, Cuatroochenta y Housers). Coincidiendo con la hora de apertura del mercado bursátil ha comenzado la celebración del primer Investor’s Day, donde las tres startups han explicado a los inversores asistentes su trayectoria y planes de futuro.

En la presentación, Vicente Olmos, responsable del proyecto de BME y Presidente  de Bolsa de Valencia, ha resaltado “el papel de los mercados de capitales regulados como alternativa y complemento a otras fuentes de financiación, además de ofrecer a las empresas visibilidad, liquidez a los accionistas y una valoración de la empresa a precios de mercado, entre otras ventajas”, comentando que “El entorno Pre mercado es una iniciativa destinada a las empresas que, como nosotros, creen que la vía bursátil es una opción de financiación para sus proyectos empresariales, que se plantean esa posibilidad y que necesitan ayuda para superar las barreras de entrada en ellos.

Del mismo modo, Fernando Ibáñez, director del Comité de Dirección y Supervisión (CDS) del Entorno Pre-Mercado y representante por parte de la asociación nacional de business angels ha señalado que “el entorno Pre-Mercado arranca con tres empresas que, además, son excelentes oportunidades de inversión en sectores que están protagonizando la nueva revolución industrial: apps, fintech y biotech.”. En este sentido, Ibáñez ha recordado que “los proyectos que entran a formar parte del entorno han valorado especialmente la formación, experiencia y conocimientos que adquirirán antes de salir al mercado para asegurarse una evolución positiva dentro del mismo, así como la difusión y acceso a inversores privados que les va a reportar. Hoy estrenamos el Pre-Mercado con tres empresas, pero en los próximos meses incorporaremos más”.

Además, Tomás Guillén, presidente de Big Ban angels, ha presentado el Entorno Pre-Mercado y ha recordado la importancia que Big Ban angels da a este tipo de iniciativas “con una doble vertiente: ayudar a los inversores a buscar startups que realmente estén en una fase media de inversión y acercar a las startups a los mercados financieros, para que comiencen a conocer cómo se opera”.

Las tres participadas han explicado cuáles son sus planes actuales y de futuro y han detallado ante los inversores sus necesidades de inversión y financiación.

Biomar, a través de Antonio Fernández, su consejero delegado, ha explicado brevemente sus orígenes, mostrando la gran variedad de lugares del mundo que han ido recorriendo desde 1996, para formar su amplia y variada colección de microorganismos. A partir de esta colección, han lanzado proyectos en diversas áreas científicas, principalmente salud humana y agricultura. Gracias a una importante colaboración en esta última, algunos de los productos desarrollados por Biomar están muy cerca del mercado. “Esperamos recibir regalías por ventas mundiales a partir del 2020” ha recalcado Antonio Fernández. Además, los compuestos candidatos a fármaco en salud humana, entre los que destacan uno para el área de oncología y un neuroprotector, están mostrando resultados muy prometedores en las pruebas preclínicas, y se espera licenciarlos en los próximos años manteniendo parte de sus derechos. Otra de las buenas noticias de Biomar es la construcción de una nueva planta de producción, que se espera que esté a pleno rendimiento a partir de 2019, con la que podrán aprovechar su experiencia en fermentación y dar servicio a la creciente demanda de clientes en esta área. Fernández añadió, que “en Biomar tenemos un futuro muy prometedor gracias a nuestras tecnologías que nos permiten desarrollar productos innovadores, sostenibles y rentables”.

Cuatroochenta, por su parte,  se ha presentado como una compañía joven con 5 años de trayectoria que, nacida en el mercado del desarrollo de apps para móviles, “desarrolla soluciones tecnológicas para ayudar a clientes y socios a gestionar el canal digital para la consecución de sus objetivos, ya sea vender u optimizar procesos”, según ha explicado Alfredo R. Cebrián, CEO de la firma, que cuenta con oficinas en 7 países con sede central en el parque tecnológico de la Universitat Jaume I de Castellón, Espaitec. Tras exponer los cuatro principales modelos de negocio de la compañía (desarrollo de apps ad hoc, productos propios como Sefici y 480interactive, Revenue Share y participadas), Cebrián ha detallado que el valor de la compañía es de 10 millones de euros y el capital ofrecido del 10%, “con el objetivo de acelerar el crecimiento en la internacionalización y el desarrollo de proyectos” mediante la salida al mercado de valores en los próximos tres años.

Por último, Housers, que ha recibido el visto bueno de la Comisión del Mercado de Valores (CNMV) como Plataforma de Financiación Participativa (PFP), es la primera plataforma de “crowdfunding inmobiliario” en lograr dicha autorización. Este reconocimiento coincide con su segundo aniversario, Es la primera comunidad de inversión participativa en el sector inmobiliario, pues se constituyó en abril de 2015 y fue creada por dos emprendedores, el madrileño, Álvaro Luna y el valenciano Tono Brusola. En este tiempo, ha logrado casi 23 millones de euros de financiación colectiva para 92 inmuebles. La revalorización media de los inmuebles se sitúa en un 12,12 %. En la actualidad, Housers reúne a una comunidad de pequeños inversores de casi 43.000 usuarios. El 65% de los inversores que deciden invertir, repiten y diversifican su inversión en varios proyectos inmobiliarios de la plataforma online. La rentabilidad neta media está alcanzando el 3,63% sólo por el alquiler. A medio plazo prevé superar los 160.000 usuarios y llegar a los 90 millones de euros de financiación colectiva para la adquisición de 300 inmuebles en España, para su posterior alquiler y venta.

Además de disponer del espacio virtual y físico en la Bolsa de Valencia, las empresas incorporadas y sus accionistas recibirán la formación del funcionamiento de los mercados por parte de los profesionales de BME que les permita avanzar en el cumplimiento de los requisitos necesarios para financiarse a través de los mismos.

 

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Los Juzgados especializados en “cláusulas suelo” se ponen en marcha el 1 de junio en Balears

4 de junio, 2017

Martes, 30 de mayo de 2017  – poderjudicial.es

Los Juzgados especializados en “cláusulas suelo” se ponen en marcha el 1 de junio en Balears

La nueva competencia se atribuye a un Juzgado de Mallorca, dos de Menorca y uno de Eivissa

Autor:Comunicación Poder Judicial
El Boletín Oficial del Estado (BOE) de 27 de mayo 2017 ha publicado el acuerdo de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial sobre atribución de competencias para la nueva clase de registro relativa a: contratos de financiación con garantías reales inmobiliarias cuyo prestatario sea una persona física.

Competencia

Desde el punto de vista material, esta nueva clase de registro incluye las denominadas “cláusulas suelo”. Desde el prisma territorial la nueva competencia se atribuye territorialmente a un solo órgano para cada provincia, salvo en las Islas.

La competencia se asigna en exclusiva, de modo que la nueva clase de registro será repartida y asignada solamente a un órgano en cada caso.

Su carácter no excluyente supone que ese órgano (Juzgado de 1ª Instancia) seguirá asumiendo -además- las mismas clases de registro que tenía antes.

Carga

La nueva carga es difícil de predecir. Se ha verificado un cálculo aproximado basado en los asuntos registrados durante la anualidad 2016, a los que deberá añadirse una cifra incógnita sobre el aumento que -a partir de ahora- supondrán los asuntos de esta clase.

En consecuencia las medidas son de carácter provisional (desde el 1 de junio hasta el 31 de diciembre de 2017), sin perjuicio de su prórroga o modificación ulterior, siempre en función de la carga efectivamente resultante al final del período.

Con ellas se ha tratado de afrontar anticipadamente un aumento de magnitud desconocida, pero que en determinados lugares eventualmente podría llegar a ser importante, de forma que reciba una gestión y tratamiento procesal separado y especializado.

– Separado: para que el aumento de asuntos de esta clase no incida negativamente como lastre sobre la actual carga de los Juzgados de 1ª Instancia.

– Especializado: para que en la mayor medida posible la resolución de esta clase de asuntos responda al mismo criterio y se acentúe la seguridad incluso desde la primera instancia.

Órganos

Como se ha adelantado, la competencia provincial que ha sido aplicada con carácter general, no ha tenido aplicación en las islas. Dicha competencia se ha atribuido:

Para Eivissa:
-Juzgado de 1ª Instancia nº. 2

Para Menorca:
-Juzgado de 1ª Instancia nº.3 de Mahón.
-Juzgado de 1ª Instancia nº.1 de Ciutadella de Menorca.

A partir del día 1 de junio la clase de registro mencionada será repartida con el aludido carácter exclusivo (pero no excluyente de las restantes) a cada uno de ellos, sin perjuicio de la correspondiente compensación (por esta nueva carga asumida) con los restantes Juzgados de 1ª Instancia en cada uno de esos Partidos judiciales.

Para Mallorca
– Juzgado de 1ª Instancia nº. 17 de Palma.

Dado que el volumen mínimo (calculado en función de los asuntos registrados durante la anualidad 2016) se mueve en torno a los 500 asuntos/año, en lugar de compensación con los restantes de su clase en el mismo Partido judicial, se le ha asignado un refuerzo para que esta nueva clase de asuntos, ahora asumida por este órgano, no incida efectivamente sobre la llevanza de los restantes, para los que seguirá siendo competente.

Por el momento, y en espera de la evolución que experimente la nueva carga, el refuerzo establecido por el CGPJ consiste en:

– 1 juez en prácticas, que podrá ser en su momento sustituido por un Juez de Adscripción Territorial, o un Juez en comisión de servicios.
– 1 gestor
– 2 tramitadores
– 1 auxilio.

El problema de orden práctico, reiteradamente puesto de manifiesto en los sucesivos acuerdos de la Sala de Gobierno de este Tribunal Superior de Justicia, lo constituye la falta de espacio en el edificio donde tienen su sede los Juzgados de 1ª Instancia de Palma, actualmente pendiente de una remodelación que permita ubicar todo el refuerzo planteado por el CGPJ.

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EL TC estima parcialmente el conflicto de competencia del Gobierno contra el Decreto de la Generalitat que modifica la demarcación de los Registros en Cataluña

3 de junio, 2017

Tribunal Constitucional
Gabinete del Presidente
Oficina de Prensa
Nota informativa Nº 36/2017 tribunalconstitucional.es
EL TC estima parcialmente el conflicto de competencia del Gobierno contra el Decreto de la Generalitat que modifica la demarcación de los Registros en Cataluña
El Pleno del Tribunal Constitucional ha acordado, por unanimidad, declarar la inconstitucionalidad y nulidad de varios preceptos del Decreto de la Generalitat de Cataluña 69/2015, de 5 de mayo, por el que se modifica la demarcación de los registros de la propiedad, mercantiles y de bienes muebles de Cataluña. El Tribunal considera que los preceptos anulados exceden de la competencia “ejecutiva” de la Comunidad Autónoma y, en consecuencia, vulneran la competencia estatal sobre ordenación de los registros, que comprende la “íntegra regulación” de dicha materia. Ha sido ponente de la sentencia la Vicepresidenta del Tribunal, Encarnación Roca.
El contenido de la presente controversia es de naturaleza estrictamente competencial. A este respecto, la sentencia recuerda que el art. 149.1.8 CE atribuye al Estado competencia exclusiva en materia de “ordenación de los registros” e instrumentos públicos, entendiendo por registros fundamentalmente los referidos a materias de derecho privado, y no otros. En cuanto a las funciones que asumen las Comunidades Autónomas, explica que deben situarse en el ámbito de “la ejecución de las normas estatales”.
Según reiterada doctrina constitucional, la competencia estatal sobre “ordenación” de los registros públicos comprende “la íntegra regulación de la materia”, lo que incluye “cualesquiera normas, de rango legislativo o reglamentario” así como “aquellas medidas de ejecución que tengan su fundamento en la consecución de la unidad hipotecaria de tráfico inmobiliario”. Además, corresponde al Estado la “configuración de los registros” y la regulación relativa al régimen del personal.
La Comunidad Autónoma, por su parte, es titular de competencias de naturaleza “ejecutiva”, lo que implica “la adopción de las medidas de ejecución precisas para garantizar la plasmación o efectiva aplicación en su ámbito territorial de las normas estatales sobre demarcación registral”. Queda excluida de la competencia autonómica “la posibilidad de dictar una normativa propia o establecer un régimen jurídico diferenciado en la materia”.
La sentencia pone de manifiesto la aprobación por el Gobierno, en fechas recientes, del Real Decreto 195/2017, de 3 de marzo, de modificación de la demarcación de los Registros de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles. Dicha norma no sirve como parámetro de enjuiciamiento en este caso (únicamente lo son las reglas constitucionales y estatutarias de delimitación de competencias y su interpretación por la doctrina constitucional), pero sí debe tomarse en consideración por cuanto “resulta expresivo de los términos en los que el Estado ha entendido su propia competencia y, por tanto, también las autonómicas que se relacionan con ella”.
El Real Decreto 195/2017 plasma los criterios que la Dirección General de los Registros y del Notariado fijó por Acuerdo de 7 de noviembre de 2013 y establece que la Generalitat de Cataluña, en el ejercicio de sus competencias ejecutivas, tiene facultades para “la determinación concreta de los registros a reagrupar o agrupar”; “la determinación de los registros que por razones de organización territorial no deban amortizarse en casos excepcionales”; la “realización de las alteraciones de los distritos hipotecarios de acuerdo con el criterio general”; “la ampliación del número de plazas de registrador mercantil en su ámbito territorial conforme con los criterios estatales”; y “el nombramiento de registradores accidentales en los casos determinados por este real decreto”.
En su recurso, la Generalitat argumenta que la norma recurrida es legítima en cuanto se ajusta tanto al Real Decreto 172/2007 (vigente en el momento en que se aprobó el decreto autonómico impugnado) como a lo establecido en el citado Real Decreto 195/2017. Tal argumento, sin embargo, no puede ser atendido, pues lo determinante, explica el Tribunal, no es la coincidencia de algunos preceptos de la norma autonómica recurrida con las previsiones del Real Decreto de 2017, sino el hecho concreto de “si la Comunidad Autónoma es o no titular de la competencia para efectuar la presente regulación”.
Hechos los anteriores razonamientos, la sentencia analiza los preceptos impugnados y llega a la conclusión de que las previsiones contenidas en los arts. 1, 2, 3, disposición adicional 1ª y 2ª, un inciso de la disposición adicional 3ª, la disposición final 1ª, la disposición transitoria, la disposición final primera y el apartado dos de la disposición final segunda son inconstitucionales y nulos por invadir la competencia exclusiva que el art. 149.1.8 CE atribuye al Estado en materia de ordenación de los registros.
Madrid, 1 de junio de 2017.

Texto de la Sentencia. –

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Los ataques ‘ransomware’ y cómo protegerse

2 de junio, 2017

Los ataques ‘ransomware’ y cómo protegerse

18/05/2017 agpd.es

En un mundo cada vez más comunicado no queda más opción que conocer las amenazas y contar con las salvaguardas adecuadas.

En los últimos días han sido noticia los ataques informáticos que han sufrido varias empresas españolas y de todo el mundo. Los expertos hablan de un repunte de actividad en este tipo de amenazas, y cada día son muchos los ordenadores que se ven afectados por ellas. En este post vamos a ver qué son los ataques ransomware y cómo actuar ante ellos.

Los ataques ransomware

Un ataque ransomware o secuestro de información se produce cuando una organización criminal consigue que se ejecute un programa dañino en nuestro equipo, infectándolo. Para que un programa entre en nuestro ordenador y se ejecute, lo más fácil es que llegue a través de una página web, un correo electrónico o el intercambio o descarga de ficheros. En algunos casos, los programas maliciosos también se han propagado a través de pendrives, CDs de programas gratuitos o cualquier otro engaño que lleva a un usuario a introducir un dispositivo en su ordenador.

Esta infección va a consistir en que el programa atacante cifra los ficheros de datos del ordenador atacado, de manera que no serán accesibles hasta que se descifren de nuevo. Si el dueño del equipo atacado paga cierta cantidad en un tiempo dado, se le enviará la clave, podrá descifrar sus datos y recuperar la normalidad; si no lo hace, los datos quedarán inservibles o se borrarán definitivamente.

Para recibir los pagos sin ser identificados, los atacantes exigen una transferencia a una cuenta de otro país y en ocasiones el pago debe hacerse en una moneda no sujeta al control de ningún gobierno, como los Bitcoins u otras monedas virtuales (esta es una de las razones por el que el uso de las monedas virtuales se ha cuestionado desde su origen). El rescate no tiene por qué ser una cantidad elevada, puesto que los delincuentes saben que una pequeña cantidad fácil de pagar (varios cientos de dólares) multiplicada por múltiples infecciones de ordenadores les puede proporcionar un beneficio más seguro que una cantidad grande.

Algunos de los ataques ransomware más sofisticados no se conforman con atacar al ordenador que ha recibido el programa dañino, sino que presentan un comportamiento vírico, utilizando el equipo atacado como anfitrión para propagarlo a otros equipos cercanos de la misma red, o enviarlo por correo a los contactos. Aunque los ataques ransomware son relativamente antiguos, cada vez son más comunes y más sofisticados. Uno de los ataques más conocidos entre los particulares es el denominado ‘virus de la Policía’, donde el programa atacante muestra el logo de la policía y presenta el secuestro como una supuesta inmovilización y multa legal al usuario por visitar webs con contenidos para adultos.

El ataque ransomware del pasado 12 de mayo fue un ejemplo de cómo aprovechar una serie de vulnerabilidades para perpetrar un ataque complejo: el programa dañino se distribuye dentro de un fichero adjunto en un correo que un usuario abre y ejecuta. Este programa no solo secuestra los ficheros del ordenador atacado, sino que aprovecha una vulnerabilidad conocida pero no parcheada de las unidades de red local, y extiende el ataque a otros equipos de la misma. En ese momento la organización atacada no tiene un incidente aislado, sino que todo su parque de ordenadores puede estar secuestrado, y propagando el ataque a sus socios y clientes.

Por qué es efectivo

Los sistemas operativos, los navegadores y los antivirus de los ordenadores, así como los equipos de seguridad perimetral de las redes corporativas son cada vez más sofisticados para evitar intrusiones, pero su propia complejidad hace que cada día aparezcan nuevos agujeros de seguridad que son aprovechados por los atacantes. Prácticamente a diario los fabricantes de los sistemas publican actualizaciones y parches (actualizaciones parciales) que solucionan entre otros temas problemas de seguridad detectados por sus propios laboratorios o denunciados por otros usuarios o por centros de alerta (CERTS , del inglés Computer Emergency Response Team). Pero la producción y aplicación de estas vacunas no es instantánea, y en ese intervalo los sistemas están expuestos a amenazas que son incluso conocidas.

Cuando un fabricante tiene noticia de una debilidad en uno de sus sistemas que puede ser aprovechada para que un programa atacante penetre, sus laboratorios de seguridad intentan reproducir el problema y diseñar una solución lo más inocua posible para el comportamiento del sistema. Esta solución se prueba y se distribuye a los clientes registrados para que puedan aprovecharla. Además de las pruebas del fabricante, a veces las grandes corporaciones hacen sus propias pruebas antes de distribuir los parches para ver si son incompatibles con algunos de los programas que usa la organización. Así, cada día, los responsables de seguridad de una organización se enfrentan a múltiples amenazas: nuevos programas dañinos recién aparecidos, programas dañinos ya conocidos por los fabricantes y para los que se está diseñando la cura correspondiente; y programas dañinos para los que ya hay vacuna pero no se ha distribuido o no se ha implantado todavía por problemas de compatibilidad.

Soluciones

No existe una protección absoluta para proteger un ordenador que intercambia ficheros con el exterior: siempre va a existir un grado de exposición mayor o menor a los programas dañinos, y es un riesgo que hay que gestionar.

En primer lugar, es preciso complicar todo lo posible el trabajo a los atacantes: se necesita contar con un buen diseño de seguridad de las redes de la organización y una buena concienciación de los usuarios. Los equipos deben tener versiones actualizadas y convenientemente parcheadas de los sistemas operativos, el software antivirus y el software de navegación. Esta actualización permanente exige, entre otros aspectos, tener al día los contratos de mantenimiento del software con los proveedores. La seguridad puede ser incómoda 364 días al año, pero puede ser vital el día 365 si la organización se ve comprometida.

En segundo lugar, hay que tener previsto el peor escenario: qué sucede si mi ordenador o los ordenadores de una parte de mi organización se ven atacados. Hay que tener un plan de actuación y estar en disposición de ejecutarlo. Este segundo aspecto es uno de los más difíciles de conseguir en muchas organizaciones, puesto que exige el compromiso de la dirección para, llegado el momento, tomar decisiones difíciles como parar la producción y comunicar que se ha producido el ataque.

El tercer lugar, una vez que el problema está controlado y no se está propagando, es el momento de analizar los daños y efectuar las reparaciones que sean posibles. En el caso del ransomware, son muchas las organizaciones que han conseguido revertir el secuestro de sus ordenadores sin pagar un rescate, que posiblemente sea la peor de las soluciones. En España, por ejemplo, podemos contar con la ayuda del INCIBE, que ofrece diversos servicios gratuitos. Por otro lado, algunas asociaciones como No more Ransom también trabajan para combatir este tipo de amenazas. Otra solución que siempre debería estar entre las posibles es la recuperación de una copia de seguridad de los datos una vez que el agujero de seguridad se ha cerrado. Para que esta solución sea aplicable se precisa realizar copias de seguridad con una periodicidad alta, y tener la certeza de que la recuperación de los datos copiados es posible (el sistema de copias de seguridad debe evolucionar con el resto de los sistemas de la organización y ser a la vez el más seguro de ellos).

En un mundo cada vez más comunicado no nos queda más opción que conocer las amenazas y tener las salvaguardas adecuadas. Es preciso considerar la seguridad desde el diseño de los sistemas y las redes de cualquier empresa u organización (nuestra red doméstica también es una organización importante). Es preciso proporcionar a los aspectos de seguridad un mantenimiento adecuado y sobre todo concienciar a los usuarios y a los responsables de la necesidad de cumplir las normas. En los momentos ‘tranquilos’ deben prepararse los planes de contingencia precisos para que sean efectivos en los momentos más ‘confusos’ de una compañía. Y por último deben contarse con una estrategia de copias de los datos para minimizar los daños de un eventual ataque.

La AEPD ayuda a las empresas y organizaciones a desarrollar sus políticas de seguridad orientadas principalmente a la protección de los datos personales. La  Guía de privacidad y seguridad en internet es un buen punto de partida para concienciar y explicar algunos conceptos clave a los usuarios finales. Por otra parte, la guía  Cómo gestionar una fuga de información en un despacho de abogados explica algunos principios de la seguridad de una forma muy clara para personas sin experiencia en sistemas de información.

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El TS condena a NCG Banco a devolver íntegras y con intereses dos cláusulas suelo anuladas por falta de transparencia

1 de junio, 2017

Martes, 30 de mayo de 2017

El TS condena a NCG Banco a devolver íntegras y con intereses dos cláusulas suelo anuladas por falta de transparencia

Autor:Comunicación Poder Judicial – poderjudicial.es

El Pleno de la Sala Primera del Tribunal Supremo ha desestimado el recurso de NCG Banco S.A. –ahora Abanca-, contra la sentencia que confirmó la nulidad de las cláusulas suelo de dos contratos de préstamo hipotecario, y condena a la restitución de todas las cantidades cobradas de más, más el interés legal desde la fecha de cada cobro hasta su completa satisfacción así como a recalcular y rehacer los cuadros de amortización de los préstamos hipotecarios.

Se adjunta nota de la Sala.

Tribunal Supremo
Sala Civil
Gabinete técnico
Sentencia de 25 de mayo de 2017, RC 2306/2014
Cláusulas suelo.
Nota informativa
El Pleno de la Sala Primera del Tribunal Supremo ha resuelto desestimar el recurso extraordinario por infracción procesal y el recurso de casación formulados por NCG Banco S.A. –ahora Abanca-, contra la sentencia de apelación que confirmó el fallo estimatorio de la demanda interpuesta en la que los demandantes solicitaban declaración de la nulidad de las cláusulas suelo insertas en dos contratos de préstamo hipotecario, y condena a la restitución de todas las cantidades cobradas de más en aplicación de las mismas, más el interés legal desde la fecha de cada cobro hasta su completa satisfacción así como a recalcular y rehacer los cuadros de amortización de los préstamos hipotecarios.
El juzgado de primera instancia apreció el carácter abusivo de las cláusulas, que debían tenerse por no puestas, en atención a la falta de reciprocidad por la total desproporción de la limitación al alza sin equivalencia económica entre las obligaciones asumidas por cada parte.
La Audiencia, en sentencia de 14 de abril de 2014, que confirma la dictada en primera instancia, sobre las cuestiones planteadas en apelación entendió, que las cláusulas controvertidas eran condiciones generales de contratación que no pasaban el control de transparencia de acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal Supremo contenida en las sentencias 406/2012, de 18 de junio y 241/2013, de 9 de mayo.
La sentencia de la Sala, reunida en Pleno, de la que ha sido ponente el magistrado D. Ignacio Sancho Gargallo, en primer término rechaza que proceda el sobreseimiento solicitado por la parte recurrente después de la STJUE 21 de diciembre de 2016, con base en la cosa juzgada material de la sentencia 241/2013 de 9 de mayo. La Sala considera que se trata de una cuestión nueva y que no existe el pretendido efecto de cosa juzgada material -entre acciones colectivas e individuales- de acuerdo con el análisis de la cuestión ya efectuado en la sentencia 123/2017, de 24 de febrero.
La Sala reitera que, de acuerdo con la sentencia, también de Pleno, 138/2015, de 24 de marzo, cuando la condición general es una cláusula suelo, por su contenido y por el contrato de préstamo hipotecario a largo plazo de interés variable, en el que está incorporada, la falta de transparencia provoca un desequilibrio sustancial en perjuicio del consumidor, objetivamente incompatible con las exigencias de la buena fe, consistente en la imposibilidad de hacerse una representación fiel del impacto económico que le supondrá obtener el préstamo con “cláusula suelo” en el caso de bajada del índice de referencia, lo que priva al consumidor de la posibilidad de comparar correctamente entre las diferentes ofertas existentes en el mercado. La Sala entiende que su jurisprudencia en cuanto parte de la base de que «la falta de transparencia no supone necesariamente que sean desequilibradas y que el desequilibrio sea importante en perjuicio del consumidor» (sentencia 241/2013, de 9 de mayo), se acomoda a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia contenida en la reciente STJUE de 26 de enero de 2017 (Banco Primus) que a la hora de aplicarse a un caso como el presente -cláusula que fija un suelo en un préstamo a interés variable- obliga a tener en cuenta que «el desequilibrio sustancial en perjuicio del consumidor, objetivamente incompatible con las exigencias de la buena fe» ha de venir referido como recogía la sentencia 222/2015, de 29 de abril, «al equilibrio subjetivo de precio y prestación, es decir, tal y como se lo pudo representar el consumidor en atención a las circunstancias concurrentes en la contratación».
La sentencia del Pleno de la Sala desestima también el motivo de casación referente al alcance retroactivo de la nulidad de la cláusula suelo, por tratarse de una cuestión no planteada en apelación y además resuelta por la STJUE de 21 de diciembre de 2016 (caso Gutiérrez Naranjo) y la jurisprudencia la Sala Primera del Tribunal Supremo a partir de la sentencia 123/2017, de 24 de febrero, de acuerdo con la que es correcta la condena a la devolución de las cantidades cobradas indebidamente en aplicación de la cláusula suelo. La Sala finalmente rechaza la pretensión de Abanca, formulada en trámite de alegaciones sobre la sentencia del TJUE, relativa a los intereses devengados por las cantidades que han de devolverse, en los términos fijados en la sentencia 123/2017, de 24 de febrero, en síntesis porque la restitución conforme al artículo 1303 CC incluye el pago de los intereses devengados por las respectivas prestaciones restituibles y fundamentalmente, por tratarse de una cuestión nueva no planteada con anterioridad por la parte recurrente, pudiendo haberlo sido.
Madrid, mayo de 2017
Área de civil del Gabinete Técnico del Tribunal Supremo.
Casación e infracción procesal núm.: 2306/2014
Ponente: Excmo. Sr. D. Ignacio Sancho Gargallo
Letrado de la Administración de Justicia: Ilmo. Sr. D. Luis Ignacio Sánchez Guiu
Tribunal Supremo – Sala de lo Civil -Pleno

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La Audiencia Nacional expresa su preocupación por el mal funcionamiento de las nuevas tecnologías en los órganos con Expediente Judicial Electrónico

31 de mayo, 2017

Martes, 30 de mayo de 2017 – poderjudicial.es

La Audiencia Nacional expresa su preocupación por el mal funcionamiento de las nuevas tecnologías en los órganos con Expediente Judicial Electrónico

La Sala de Gobierno urge al Ministerio de Justicia a poner remedio a la situación

Autor:Comunicación Poder Judicial

La Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional quiere expresar su profunda preocupación por el defectuoso funcionamiento de las nuevas tecnologías aplicadas a los distintos órganos jurisdiccionales en los que se ha implantado el Expediente Judicial Electrónico (EJE), por parte del Ministerio de Justicia.

Los defectos frecuentes en el sistema, tanto en las Sedes Judiciales como en los equipos de teletrabajo puestos a disposición de los Magistrados, inciden directamente en el trabajo de los Jueces y Magistrados y afectan al rendimiento de los órganos judiciales, además de provocar desánimo y frustración en los usuarios que no pueden proporcionar una respuesta rápida y de calidad a quienes intervienen en el procedimiento.

Estos problemas han sido puestos en conocimiento del Ministerio de Justicia y han dado lugar a numerosas incidencias remitidas al CAU, la mayor parte de las cuales no han sido resueltas o lo han sido tardíamente. También se han trasladado al Consejo General del Poder Judicial.

Además, los medios para la digitalización de expedientes empleados por la Administración no son, en general, compatibles con los existentes en la Audiencia, de modo que pierden sus propiedades de acceso y lectura digital al ser incluidos en el EJE, y las ventajas derivadas del uso de estas tecnologías.

Se considera urgente la adopción de medidas por parte del Ministerio de Justicia que pongan remedio a esta situación que, de prolongarse en el tiempo, abocaría a la paralización del trabajo en los órganos judiciales en los que, precisamente, aquél debería verse agilizado y racionalizado mediante el uso de unos medios tecnológicos y la asistencia precisa que en estos momentos no existen.

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Las exportaciones crecen un 14,1% y marcan el mejor trimestre de la historia

31 de mayo, 2017

23 de mayo de 2017 mineco.gob.es
Las exportaciones crecen un 14,1% y marcan el mejor trimestre de la historia
España exportó entre enero y marzo por 69.741 millones de euros
El déficit comercial se situó en 7.199 millones, un 45,6% más que un año antes
Las ventas al exterior evolucionan mejor que en la UE y en la zona euro
Las exportaciones españolas de mercancías en el periodo enero-marzo aumentaron un 14,1% sobre los mismos meses del año anterior y se situaron en 69.741 millones de euros, máximo histórico de la serie para este periodo y el mejor trimestre de la historia. Las importaciones subieron un 16,5%, hasta los 76.940 millones. Como resultado, el déficit comercial alcanzó los 7.199 millones de euros, un 45,6% más que un año antes. Las exportaciones españolas registraron mejor evolución que las del conjunto de la zona euro y la Unión Europea.

La tasa de cobertura -exportaciones sobre importaciones- se situó en el 90,6% (92,5% en enero-marzo de 2016).

En términos de volumen, las exportaciones subieron un 13,3%, ya que los precios, aproximados por los Índices de Valor Unitario, aumentaron un 0,8%; y las importaciones subieron un 8%, al subir los precios un 7,9%.

El saldo no energético arroja un déficit de 411 millones de euros (987 millones de euros de déficit en el acumulado hasta marzo de 2016) y el déficit energético se incrementó un 71,6%, hasta los 6.788 millones de euros (déficit de 3.956 millones en 2016).

La evolución de las exportaciones españolas entre enero y marzo fue mejor que la de las principales economías -con la excepción de Reino Unido (21,4%). En la zona euro, las exportaciones aumentaron un 9,5% y en la Unión Europea, un 9,7%. También crecieron en Francia (4,2%), Alemania (8,5%) e Italia (10%). Fuera de Europa, aumentaron las ventas exteriores de Japón (8,5%), EEUU (7,3%) y China (4,2%).

Sectores económicos

Los principales sectores experimentaron fuertes crecimientos en sus exportaciones. Los bienes de equipo (representan un 19,2% del total) se incrementaron un 10,5%; el sector del automóvil (17,6% del total) aumentó un 8,2%; y alimentación, bebidas y tabaco (17,2% del total) creció un 14,1%.

En importaciones, la consolidación de la recuperación económica explica el crecimiento de la mayoría de los sectores. Así, las de bienes de equipo (20,9% del total) crecieron un 15,2% interanual; las del sector automóvil (13,5% del total) ascendieron un 6,6%; las compras de manufacturas de consumo, un 4,1%; las de alimentación, bebidas y tabaco, un 9,7%; y las de bienes de consumo duradero un 5,7%.

Áreas geográficas

Las exportaciones dirigidas a la Unión Europea (67,1% del total) aumentaron un 13,1% en los tres primeros meses del año. Las ventas a la zona euro (52,4% del total) ascendieron un 13,6% y las destinadas al resto de la Unión Europea (14,7% del total) se incrementaron un 11,2%.

La recuperación en los países emergentes explica que las ventas a terceros destinos (32,9% del total) se incrementaran un 16,3% en este periodo, con aumentos generalizados a todas las zonas. Por áreas geográficas, el mayor crecimiento de las exportaciones españolas se registró en Asia excluido Oriente Medio (25,4%), Oceanía (22,5%), América del Norte(18,5%), América Latina (12,8%), África (11%) y Oriente Medio (6,2%). Por países, destacan los aumentos de ventas a mercados con gran potencial como China (36,6%), Canadá (21,7%), Estados Unidos (18,1%), Marruecos (17,8%) y México (8%).

Las comunidades autónomas con mayores crecimientos en sus exportaciones fueron Baleares (133,7%), Canarias (38,3%) y Murcia (31,1%). Los menores aumentos se dieron en Castilla y León (3,9%), Cantabria (5,9%) y Comunidad Valenciana (6,4%).

Datos del mes de marzo

En el mes de marzo, las exportaciones de mercancías aumentaron un 16,9% sobre el mismo mes de 2016, hasta los 26.225 millones de euros. Se trata de la cantidad más alta exportada en un solo mes.

Las importaciones en marzo de 2017 crecieron un 19,1% en términos interanuales, hasta los 27.684 millones de euros. Como resultado, en marzo de 2017 se registró un déficit de 1.458 millones de euros, un 83,3% más que en el mismo mes de 2016. La tasa de cobertura se situó en el 94,7%, 1,1 puntos porcentuales por encima de la de marzo de 2016.

El saldo no energético arrojó un superávit de 529 millones de euros (superávit de 514 millones de euros en marzo de 2016) y el déficit energético aumentó un 51,7%.

La evolución de las exportaciones de España en marzo es mejor que la registrada en la zona euro (12,4%) y en la Unión Europea (12,9%), y también mejor que las exportaciones de Alemania (10,8%), Francia (9,5%) e Italia (14,5%). En Reino Unido (+25,5%) tuvieron una mejor evolución. Fuera de la UE, aumentaron las exportaciones de China (12,3%), Japón (12%) y Estados Unidos (8,1%).

Sectores económicos

En marzo, las principales contribuciones al crecimiento de las exportaciones provinieron de bienes de equipo (aportación de 3,2 puntos), alimentación, bebidas y tabaco (2,6 puntos), productos energéticos (2,3 puntos) y productos químicos (2,2 puntos). El único sector que contribuyó negativamente, aunque de forma muy ligera, fue el de otras mercancías (contribución de -0,1 puntos).

Áreas geográficas

En marzo de 2017, las exportaciones a la Unión Europea representaron el 65,9% del total (67,2% en marzo de 2016) y se incrementaron un 14,5%. Las dirigidas a la zona euro subieron un 15,6% y las destinadas al resto de la UE lo hicieron un 10,9%. De los principales socios, destacan los incrementos de ventas a Italia (23,4%), Alemania (14,2%), Francia (11,6%), mientras que las dirigidas al Reino Unido (1,2%) tuvieron una evolución más moderada.

El superávit comercial de España con la Unión Europea se situó en los 1.881 millones de euros en marzo de 2017 (superávit de 1.627 millones de euros en marzo de 2016). Con la zona euro, el saldo comercial registró un superávit de 1.028 millones de euros (superávit de 821 millones de euros en el mismo mes del año anterior). Por su lado, el déficit comercial con los países extracomunitarios se incrementó un 37,8% respecto a marzo de 2016, hasta los 3.339 millones de euros.

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El Tribunal Supremo reconoce que una empresa disuelta mantiene su personalidad jurídica ante la reclamación de deudas pendientes

30 de mayo, 2017

Lunes, 29 de mayo de 2017  – poderjudicial.es

El Tribunal Supremo reconoce que una empresa disuelta mantiene su personalidad jurídica ante la reclamación de deudas pendientes

La inscripción de la escritura de extinción de una sociedad conlleva la pérdida de la personalidad jurídica pero la conserva frente a reclamaciones pendientes

Autor:Comunicación Poder Judicial

Una sentencia de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo ha unificado doctrina en relación con la capacidad de una sociedad disuelta y liquidada, una vez cancelados los asientos registrales, para ser parte en un proceso de reclamación de deudas sobrevenidas.

La Sala sostiene que la inscripción de la escritura de extinción conlleva, en principio, la pérdida de la personalidad jurídica de la sociedad, pero afirma que conserva esta personalidad frente a reclamaciones pendientes basadas en pasivos sobrevenidos.

La sentencia resuelve el problema planteado por la propietaria de un piso que, cinco años después de su compra, reclamó a la empresa que se lo vendió, cuando ya estaba disuelta, liquidada y con la escritura de extinción inscrita en el Registro, que reparase los defectos en la instalación del terrazo de la vivienda. La Sala de lo Civil anula la sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia y confirma la del juzgado de primera instancia que estimó la demanda de la propietaria obligando a la sociedad a realizar las obras de reparación o al pago del coste de la misma y al de una vivienda de alquiler.

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Cómo decapitar la hidra: El FMI lucha contra la corrupción

29 de mayo, 2017

Cómo decapitar la hidra: El FMI lucha contra la corrupción
Por Alistair Thomson

blog-dialogoafondo.imf.org

La corrupción —el abuso de un cargo público para enriquecerse— es un monstruo de muchas cabezas. En muchos países, se trata de un fenómeno generalizado, pero son pocos los casos que salen a la luz y aun menos los que culminan en una condena. La magnitud global, sin embargo, es enorme: según algunas estimaciones, USD 1 billón cambian de manos cada año debido a sobornos, y esa es solo una de las facetas de la corrupción. Las cifra exacta constituye un tema de debate, pero la importancia del problema es indiscutible.

La carga recae desproporcionadamente en los sectores marginados. La corrupción drena las arcas del Estado y lastra el crecimiento económico de diversas maneras. Al igual que otros analistas, los economistas del FMI han examinado los vínculos entre la corrupción y el aumento de la mortalidad infantil, así como la disminución del gasto en educación y atención de la salud, que golpean con especial dureza a los pobres. En otras palabras, la corrupción exacerba la desigualdad, y provoca un efecto en cascada: la interacción entre una y otra alimenta el populismo, de acuerdo con un análisis publicado hace poco por el grupo de lucha contra la corrupción Transparency International.

“Cuando la corrupción es sistémica, dificulta la movilización de la inversión por parte de los gobiernos”, afirmó Sean Hagan, Consejero Jurídico del FMI, ante la Red Parlamentaria Mundial en ocasión de las Reuniones de Primavera de la institución. La corrupción socava las instituciones y los sistemas financieros, desalienta la inversión externa y distorsiona los flujos internacionales de capital. Estos riesgos para el crecimiento económico y la estabilidad financiera son precisamente lo que lleva al FMI a colaborar con los países miembros para mejorar las instituciones públicas y los marcos jurídicos, como lo señaló el año pasado un análisis del personal técnico sobre los costos y los antídotos contra la corrupción.

Son varios los flancos críticos en los que el FMI ataca la corrupción:
•Cuando resulta esencial hacerlo, los expertos jurídicos y financieros del FMI brindan asesoramiento específico sobre la lucha contra la corrupción en los informes del Artículo IV –las radiografías anuales de cada economía nacional– y los programas de crédito. Los programas concebidos para países que enfrentan retos específicos ofrecen asistencia técnica y capacitación para los funcionarios públicos, con especial atención al blanqueo de fondos generados por la corrupción. Ese aspecto forma parte también de cada evaluación del sector financiero, que se han comprometido a realizar quinquenalmente los países del G20 que representan alrededor de 85% de la economía mundial.
•Nuestros expertos fiscales y financieros ayudan a los países a mejorar la gestión financiera pública, la recaudación de impuestos y la transparencia del gasto público, de modo que congresales y ciudadanos puedan exigir al gobierno una rendición de cuentas. Hemos creado herramientas como la Evaluación de la Transparencia Fiscal (FTE), la Herramienta Diagnóstica de Evaluación de la Administración Tributaria (TADAT) y la Evaluación de la Gestión de la Inversión Pública (PIMA), y colaborado con el Banco Mundial y otros socios para establecer el Marco de Responsabilización Financiera y del Gasto Público (PEFA) y la Evaluación del Desempeño de la Gestión de la Deuda (DeMPA).
•El FMI aporta sus conocimientos, su experiencia y su alcance mundial a iniciativas internacionales como la iniciativa de transparencia en las industrias extractivas y el grupo de trabajo del G20 contra la corrupción.
•Nuestros especialistas en estadísticas ayudan a los países miembros a mejorar la calidad de los datos económicos nacionales y su divulgación, entre otras cosas mediante el establecimiento de normas internacionales, que contribuyen a la gobernanza y la transparencia.
•Los expertos del FMI ayudan a los bancos centrales a mejorar los mecanismos de gobernanza, los controles internos y la transparencia. Por ejemplo, en Albania y Bangladesh, se han afianzado los controles para evitar nuevos robos en los bancos centrales. Cuando otorgamos un crédito, nuestros especialistas financieros llevan a cabo una “evaluación de salvaguardias” para cerciorarse de que el banco central receptor administra los fondos velando por su seguridad y la rendición de cuentas.

Estos esfuerzos están dando fruto. Kenya, Indonesia y Ucrania, por ejemplo, han fortalecido sus marcos legislativos de lucha contra la corrupción y las funciones de ejecución legislativa con ayuda del FMI. Retuvimos desembolsos que debía recibir Malí en 2014 debido a la compra de un nuevo avión presidencial que ocurrió fuera del presupuesto, poniendo en marcha una auditoría que desembocó en la cancelación de otros contratos problemáticos y la adopción de procedimientos de presupuestación y contratación más estrictos. En 2016, suspendimos los créditos a Mozambique a la espera de mejoras de la auditoría y la transparencia tras descubrir un endeudamiento externo por más de USD 1.000 millones. A escala internacional, atacamos el problema de empresas y fideicomisos utilizados para ocultar la identidad de los verdaderos propietarios de activos y cuentas incorporando las normas formuladas por el Grupo de Acción Financiera Internacional a nuestra labor regular contra el lavado de dinero, con lo cual facilitamos la identificación y el rastreo de los frutos de la corrupción.

A pesar de todos estos avances, el mensaje rotundo de los países miembros en las Reuniones de Primavera de abril fue: “¡Sigan adelante!” Como lo pusieron de manifiesto los casos recientes de Corea y Brasil, los actos de corrupción pueden llegar a los altos niveles de gobierno y las oportunidades para cometerlos y ocultarlos en beneficio propio evolucionan constantemente en una era de rápidos avances tecnológicos.

La enorme carga que representa la corrupción, y la amenaza que plantean grupos terroristas internacionales como el del Estado Islámico (ISIS, por sus siglas en inglés) y Al Qaeda, que se nutren de fondos ilícitos, ilustran la urgencia de esta empresa. “Es imperativo que el FMI se coloque a la cabeza de la lucha contra la corrupción”, declaró Stephen Mnuchin, Secretario del Tesoro estadounidense.

La corrupción no se detiene, pero nosotros tampoco. El FMI se está planteando cómo encarar la corrupción y otras dimensiones de la gobernanza a pedido de los miembros el año pasado. Estamos analizando cómo estrechar los lazos con otros organismos; por ejemplo, aprovechando la experiencia de los expertos de Transparency International para fortalecer nuestras evaluaciones de la transparencia fiscal.

Si no se le ponen riendas, la corrupción es como la hidra, aquella figura mitológica dotada de la virtud de regenerar dos cabezas cuando se le cortaba una. En colaboración con los miembros y otros socios, estamos empeñados en seguir adelante: el lastre que la corrupción representa para el crecimiento mundial, tanto de las economías como de los ciudadanos, significa que la tarea es prioritaria.

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La AEPD publica dos documentos que recogen las obligaciones del Reglamento de Protección de Datos para las AAPP

28 de mayo, 2017

La AEPD publica dos documentos que recogen las obligaciones del Reglamento de Protección de Datos para las AAPP

La Agencia Española de Protección de Datos quiere fomentar que estas entidades conozcan las implicaciones prácticas de la nueva normativa, de forma que puedan tomar las medidas necesarias.
• ‘El impacto del RGPD sobre la actividad de las AAPP’ sintetiza en 15 puntos los aspectos que deben tener establecidos el 25 de mayo de 2018
• ‘El Delegado de Protección de Datos en las AAPP’ recoge la posición, las funciones y las cualidades profesionales de una figura que será obligatoria para las administraciones

(Madrid, 19 de mayo de 2017). agpd.es

La Agencia Española de Protección de Datos ha publicado dos documentos que contienen un conjunto de medidas que las Administraciones Públicas deberán tener implantadas el 25 de mayo de 2018, fecha en la que será aplicable el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD). La Agencia quiere fomentar que estas conozcan las implicaciones prácticas de la nueva normativa, de forma que puedan tomar las medidas necesarias para cumplir con las previsiones establecidas en la misma, ya que el Reglamento supone una gestión distinta de la que se viene empleando.

El documento ‘El impacto del RGPD sobre la actividad de las AAPP’ sintetiza en 15 puntos los aspectos más relevantes que deben estar establecidos cuando el Reglamento sea de aplicación. En muchos casos, los efectos de la nueva normativa van a ser los mismos que para cualquier otro responsable o encargado pero, en algunas áreas, existen especificidades que deben ser tenidas en cuenta por el sector público.

La necesidad de identificar con precisión las finalidades y la base jurídica de los tratamientos que realizan, con exigencias adicionales en el caso de los datos especialmente protegidos; ofrecer a los ciudadanos una información más amplia de la que actualmente se ofrece y hacerlo de forma concisa, transparente y con un lenguaje claro; establecer mecanismos sencillos para que los ciudadanos puedan ejercer sus derechos; realizar análisis de riesgos de todos los tratamientos de datos que lleven a cabo y revisar las medidas de seguridad establecidas; establecer un registro de actividades y designar a un Delegado de Protección de Datos, entre otros puntos, son algunos de los aspectos recogidos en el texto.

En este sentido, el segundo documento está centrado en ‘El Delegado de Protección de Datos en las Administraciones Públicas’. El Reglamento establece como obligatoria la designación de esta figura en el caso de autoridades u organismos públicos. En consecuencia, la designación de los DPD en el ámbito público debería producirse con antelación al 25 de mayo de 2018.

La regulación del Delegado de Protección de Datos que establece el Reglamento es válida tanto para entidades privadas como para autoridades y organismos públicos, si bien hay algún aspecto en el que existen disposiciones diferenciadas para el sector público y, en todo caso, el perfil del DPD puede presentar particularidades. El documento recoge de manera sistemática la posición y las funciones del DPD puntualizando los aspectos propios de las administraciones, además de abordar las cualidades profesionales que debe tener esta figura.

Ambos documentos se suman a los recursos de ayuda que la Agencia ya tiene disponibles en su sección específica sobre el Reglamento para ayudar a las entidades, tanto públicas como privadas, a adaptarse a los cambios que incorpora y cumplir así con sus obligaciones.

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El CGPJ aprueba la especialización de 54 juzgados para conocer de los litigios por las cláusulas suelo

27 de mayo, 2017

Jueves, 25 de mayo de 2017  poderjudicial.es

El CGPJ aprueba la especialización de 54 juzgados para conocer de los litigios por las cláusulas suelo

A partir del 1 de junio, asumirán los asuntos de este tipo y otros relacionados con vencimiento anticipado, intereses moratorios, gastos de formalización de hipoteca o hipotecas multidivisa que se registren en su provincia. Jueces en prácticas de la 67 promoción de la Escuela Judicial comenzarán a resolver esta clase de litigios desde ese mismo día en los juzgados especializados de quince grandes ciudades

Autor:Comunicación Poder Judicial

La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial ha aprobado hoy, por 6 votos a 2, la especialización de un total de 54 juzgados de Primera Instancia –uno por provincia en la península y uno en cada una de las principales islas de los archipiélagos canario y balear-, que a partir del próximo 1 de junio conocerán, de manera exclusiva y no excluyente, de los litigios relacionados con las condiciones generales incluidas en contratos de financiación con garantías reales inmobiliarias cuyo prestatario sea una persona física.

El CGPJ lleva así a efecto el plan de urgencia en el que empezó a trabajar el pasado mes de febrero para hacer frente al previsible aumento de litigios sobre cláusulas abusivas en escrituras hipotecarias como consecuencia de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) de 21 de diciembre de 2016 en relación con las cláusulas suelo.
El plan estará inicialmente en vigor del 1 de junio al 31 de diciembre de 2017, pero podrá prorrogarse en caso necesario.

Ámbito y materia de competencia de los juzgados especializados

El acuerdo aprobado hoy por la Comisión Permanente atribuye a los juzgados especializados, en virtud de lo previsto en el artículo 98.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, la competencia para conocer -en el territorio de la provincia o isla en la que tengan su sede- de los asuntos que ingresen a partir del 1 de junio relacionados con las condiciones generales incluidas en contratos de financiación con garantías reales inmobiliarias cuyo prestatario sea una persona física.

Estos asuntos se refieren, entre otros, a cláusulas suelo, vencimiento anticipado, intereses moratorios, gastos de formalización de hipoteca o hipotecas multidivisa.

En las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla no es necesaria la especialización de juzgados, por tratarse de partidos judiciales únicos, pero los asuntos de esta clase serán asumidos por un único órgano mediante la modificación de las normas de reparto

La fecha de entrada en vigor de la especialización coincide con la conclusión de los cuatro meses que suman los plazos establecidos en el Real Decreto-ley 1/2017, de medidas urgentes de protección de consumidores en materia de cláusulas suelo, para que las entidades de crédito adoptaran las medidas necesarias para dar cumplimiento a sus previsiones y para que el consumidor y la entidad llegaran a un acuerdo o se tuviera por concluido el procedimiento extrajudicial.

Flexibilidad y gradualidad en la aplicación de medidas

A medida que se vayan conociendo las cifras de ingreso de asuntos en los órganos especializados, el Consejo General del Poder Judicial hará una valoración ajustada de las necesidades, de manera gradual y flexible, que será inmediatamente comunicada al Ministerio de Justicia y a las Comunidades Autónomas con competencia en esta materia. Ello permitirá acomodar los medios personales y materiales de cuya dotación son responsables estas Administraciones a las necesidades que vayan surgiendo en el desarrollo del plan de urgencia, con la necesaria flexibilidad.

Así, el plan contempla distintas medidas de refuerzo para los juzgados especializados, en función de la entrada de asuntos de la clase objeto de especialización y teniendo en cuenta que estos órganos judiciales continuarán conociendo de todos los procedimientos actualmente pendientes ante los mismos hasta su conclusión.

En aquellos territorios con menor entrada de asuntos, será el titular del juzgado el que asuma el conocimiento de la materia, adoptándose las medidas de compensación y refuerzo que resulten necesarias, como la exención parcial de reparto de determinada clase de asuntos, la liberación de sustituciones no voluntarias y el apoyo de los letrados de la Administración de Justicia y funcionarios que sean precisos.

Si el ingreso de asuntos es superior, el órgano judicial podrá contar con un “juzgado bis” servido por uno o más jueces de refuerzo, así como con los letrados de la Administración de Justicia y funcionarios que se necesiten, lo que se determinará en las evaluaciones mensuales que se irán realizando.

Jueces de refuerzo

En un primer momento, serán los 65 jueces en prácticas de la 67 promoción de la Escuela Judicial, que han recibido formación específica sobre la materia para reforzar sus conocimientos y garantizar menores tiempos de respuesta, quienes realicen preferentemente estas funciones de refuerzo en los órganos especializados.

No obstante, en el caso de que los presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia consideren que en los juzgados especializados no existe carga de trabajo suficiente, estos jueces realizarán funciones de refuerzo transversal en el resto de los órganos de la provincia, resolviendo los asuntos de esta naturaleza que hubieran tenido entrada antes del 1 de junio.

La distribución de jueces en prácticas por Comunidades Autónomas es la siguiente: 11 en Andalucía, 2 en Asturias, uno en Baleares, uno en Canarias, uno en Cantabria, 5 en Castilla y León, 4 en Castilla-La Mancha, 6 en Cataluña, 9 en la Comunidad Valenciana, 2 en Extremadura, 5 en Galicia, 8 en Madrid, uno en Murcia, 4 en Navarra y 5 en el País Vasco.

En aquellos territorios donde no haya disponibilidad de jueces en prácticas y sea necesario adscribir un juez de refuerzo, se podrá adscribir a un Juez de Adscripción Territorial (JAT), a un juez sustituto u ofrecer una comisión de servicio.

Ya hay refuerzos adscritos en quince grandes ciudades

Los juzgados especializados de quince grandes ciudades ya cuentan con un juez en prácticas adscrito como refuerzo, que desde el 1 de junio comenzará a resolver los asuntos de la materia objetos de especialización.

Los órganos judiciales que contarán desde el inicio con este refuerzo son los de Málaga, Sevilla, Zaragoza, Las Palmas de Gran Canaria, Valladolid, Toledo, Barcelona, Alicante, Valencia, A Coruña, Vigo, Palma, Madrid, Murcia y Bilbao.
En el resto del territorio nacional, los jueces de refuerzo se incorporarán a partir del 1 de julio, en función de la entrada de asuntos que se registre en cada órgano especializado. En tanto se lleve a cabo la adscripción del juez en prácticas, el titular del juzgado será quien resuelva los incidentes urgentes.

Evaluación mensual del plan

Las medidas contempladas en el plan de urgencia serán evaluadas mensualmente por el CGPJ, el Ministerio de Justicia y las Comunidades Autónomas con competencias en esta materia, con el objetivo de revisar la eficacia de las mismas y la necesidad de aportación de los medios personales y materiales responsabilidad de estas Administraciones.

La primera de esas reuniones de coordinación se producirá el próximo miércoles día 31, en la víspera de la entrada en vigor del plan.

Listado de juzgados especializados

Andalucía:
– Juzgado de Primera Instancia 7 de Almería
– Juzgado de Primera Instancia 2 de Cádiz
– Juzgado de Primera Instancia 9 de Córdoba
– Juzgado de Primera Instancia 9 de Granada
– Juzgado de Primera Instancia 6 de Huelva
– Juzgado de Primera Instancia 2 de Jaén
– Juzgado de Primera Instancia 18 de Málaga
– Juzgado de Primera Instancia 10 de Sevilla

Aragón:
– Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 5 de Huesca
– Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 3 de Teruel
– Juzgado de Primera Instancia 12 de Zaragoza

Asturias:
– Juzgado de Primera Instancia 6 de Oviedo

Baleares:
– Juzgado de Primera Instancia 10 de Palma (Mallorca)
– Juzgado de Primera Instancia 2 de Ibiza (Ibiza)
– Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 3 de Mahón (Menorca)
– Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 1 de Ciutadella (Menorca)

Canarias:
– Juzgado de Primera Instancia 1 de Arrecife (Lanzarote)
– Juzgado de Primera Instancia 6 de Las Palmas de Gran Canaria (Gran Canaria)
– Juzgado de Primera Instancia 1 de San Cristóbal de La Laguna (Tenerife)

Cantabria:
– Juzgado de Primera Instancia 2 de Santander

Castilla y León:
– Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 2 de Ávila
– Juzgado de Primera Instancia 4 de Burgos
– Juzgado de Primera Instancia 7 de León
– Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 2 de Palencia
– Juzgado de Primera Instancia 9 de Salamanca
– Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 1 de Segovia
– Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 4 de Soria
– Juzgado de Primera Instancia 4 de Valladolid
– Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 6 de Zamora

Castilla-La Mancha:
– Juzgado de Primera Instancia y Mercantil 3 de Albacete
– Juzgado de Primera Instancia y Mercantil 4 de Ciudad Real
– Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 4 de Cuenca
– Juzgado de Primera Instancia y Mercantil 4 de Guadalajara
– Juzgado de Primera Instancia y Mercantil e Instrucción 1 de Toledo

Cataluña:
– Juzgado de Primera Instancia 50 de Barcelona
– Juzgado de Primera Instancia 3 de Girona
– Juzgado de Primera Instancia 6 de Lleida
– Juzgado de Primera Instancia 8 de Tarragona

Comunidad Valenciana:
– Juzgado de Primera Instancia 5 de Alicante
– Juzgado de Primera Instancia 6 de Castellón
– Juzgado de Primera Instancia 25 de Valencia

Extremadura:
– Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 2 de Mérida (Badajoz)
– Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 5 de Cáceres

Galicia:
– Juzgado de Primera Instancia 7 de A Coruña
– Juzgado de Primera Instancia 2 de Lugo
– Juzgado de Primera Instancia y Mercantil 4 de Ourense
– Juzgado de Primera Instancia 14 de Vigo (Pontevedra)

La Rioja:
– Juzgado de Primera Instancia 6 de Logroño

Madrid:
– Juzgado de Primera Instancia 101 de Madrid

Murcia:
– Juzgado de Primera Instancia 11 de Murcia

Navarra:
– Juzgado de Primera Instancia 7 de Pamplona

País Vasco:
– Juzgado de Primera Instancia 5 de Vitoria-Gasteiz
– Juzgado de Primera Instancia 8 de Donostia-San Sebastián
– Juzgado de Primera Instancia 11 de Bilbao

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El TC anula parcialmente la regulación del impuesto estatal sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana

26 de mayo, 2017

Tribunal Constitucional
Gabinete del Presidente
Oficina de Prensa – tribunalconstitucional.es
Nota informativa Nº 32/2017
El TC anula parcialmente la regulación del impuesto estatal sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana
El Pleno del Tribunal Constitucional ha acordado por unanimidad declarar la inconstitucionalidad y nulidad de los arts. 107.1, 107.2 a) y 110.4 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo. El Tribunal considera que el impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana vulnera el principio constitucional de capacidad económica en la medida en que no se vincula necesariamente a la existencia de un incremento real del valor del bien, “sino a la mera titularidad del terreno durante un periodo de tiempo”. Ha sido ponente de la resolución el Magistrado Andrés Ollero.
La sentencia reitera la doctrina establecida por el Tribunal en las sentencias 26/2017 y 37/2017, referidas, respectivamente, al establecimiento de este mismo impuesto en los territorios históricos de Gipuzkoa y Álava. En dichas resoluciones, el Tribunal llegó a la conclusión de que el establecimiento por el legislador de impuestos que graven el incremento del valor de los terrenos urbanos es constitucionalmente admisible siempre y cuando aquellos respeten el principio de capacidad económica (art. 31.1 CE); asimismo, señaló que, para salvaguardar dicho principio, el impuesto no puede en ningún caso gravar actos o hechos que “no sean exponentes de una riqueza real o potencial”.
El Pleno explica que el objeto del impuesto regulado por la norma estatal ahora cuestionada es el incremento del valor que pudieran haber experimentado los terrenos durante un determinado intervalo de tiempo; sin embargo, el gravamen no se vincula necesariamente a la existencia de ese incremento, sino “a la mera titularidad del terreno durante un periodo de tiempo computable entre uno (mínimo) y veinte años (máximo)”. Por consiguiente, añade la sentencia, “basta con ser titular de un terreno de naturaleza urbana para que se anude a esta circunstancia, como consecuencia inseparable e irrefutable, un incremento de valor sometido a tributación que se cuantifica de forma automática mediante la aplicación al valor que tenga ese terreno a efectos del impuesto sobre bienes inmuebles al momento de la transmisión, de un porcentaje fijo por cada año de tenencia, con independencia no solo del quantum real del mismo, sino de la propia existencia de ese incremento”.
Es decir, el solo hecho de haber sido titular de un terreno de naturaleza urbana durante un determinado periodo temporal implica necesariamente el pago del impuesto, incluso cuando no se ha producido un incremento del valor del bien o, más allá, cuando se ha producido un decremento del mismo. Esta circunstancia, explica el Tribunal, impide al ciudadano cumplir con su obligación de contribuir “de acuerdo con su capacidad económica (art. 31.1 CE)”.
Por todo ello, el Tribunal declara la inconstitucionalidad y nulidad de los arts. 107.1, 107.2 a) y 110.4 de la ley cuestionada, pero “solo en la medida en que no han previsto excluir del tributo las situaciones inexpresivas de capacidad económica por inexistencia de incrementos de valor”. A partir de la publicación de la sentencia, corresponde al legislador, en su libertad de configuración normativa, llevar a cabo “las modificaciones o adaptaciones pertinentes en el régimen legal del impuesto que permitan arbitrar el modo de no someter a tributación las situaciones de inexistencia de incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana”.
Madrid, 17 de mayo de 2017.

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El precio de la vivienda aumenta un 7,7% anual durante el primer trimestre

26 de mayo, 2017

El precio de la vivienda aumenta un 7,7% anual durante el primer trimestre

Notas de prensa – registradores.org
De enero a marzo se inscribieron 113.738 compraventas de vivienda, el resultado más elevado desde el primer trimestre de 2011
Las nuevas hipotecas a tipo fijo de interés protagonizaron cuatro de cada diez operaciones

17.05.’17.- El precio de la vivienda, calculado a través del Índice de Precio de la Vivienda de Ventas Repetidas (según metodología Case & Shiller aplicada a España), en el primer trimestre amplifica la tendencia de los últimos trimestres mostrando un incremento anual del 7,7% y del 4,1% sobre el trimestre anterior. El ritmo de crecimiento de los últimos trimestres acumula un descenso del índice del 22,8% desde los niveles máximos en 2007.

Compraventas inscritas

Según la Estadística Inmobiliaria del Colegio de Registradores correspondiente al primer trimestre, cuyo informe completo se puede consultar en el siguiente enlace: http://www.registradores.org/portal-estadistico-registral/estadisticas-de-propiedad/estadistica-registral-inmobiliaria, entre enero y marzo se inscribieron en los registros de la propiedad 113.738 compraventas de vivienda, suponiendo el resultado trimestral más elevado desde el primer trimestre de 2011. Con respecto al trimestre precedente, el aumento ha sido del 21,8%. En datos interanuales la tendencia positiva se mantiene: con relación al mismo trimestre de 2016 se ha producido un incremento del 14,4%.

Los datos interanuales acumulados al primer trimestre confirman también esta tendencia creciente, mostrando que en los últimos doce meses se han inscrito 418.054 operaciones, aumentando en 14.311 operaciones con respecto a los resultados interanuales acumulados del trimestre anterior.

La vivienda nueva en esta ocasión, contrariamente a la tendencia de los últimos años, ha acompañado el crecimiento general, habiendo correspondido al 18% del total inscrito, con un importante crecimiento intertrimestral del 27,5%, al inscribirse 20.490 compraventas, mientras que la vivienda usada se incrementó el 20,6% sobre el trimestre anterior, alcanzando las 93.248 operaciones (82,0% del total inscrito).
Compras de extranjeros

El peso de compra de vivienda extranjera se mantiene bastante estable durante el primer trimestre en términos relativos, al presentar una tasa del 13,1% sobre el total de compraventas inscritas. Esto ha dado lugar a cifras en torno a 15.000 compraventas trimestrales. En términos interanuales acumulados se alcanza un 13,3% de compra por extranjeros, en máximos históricos, dando lugar a unas cifras de más de 55.000 compras de vivienda anuales realizadas por extranjeros.

Por nacionalidades, continúan encabezando la clasificación los británicos con un 14,5% de las compras realizadas, aunque su caída continuada durante los últimos trimestres (en el trimestre anterior representaron el 16,4% de las operaciones extranjeras) los lleva a su mínima cuota histórica sobre el total de compraventas extranjeras. Los franceses ascienden a la segunda posición con un 9,6%, seguidos de alemanes con un 7,7%, con un 6,9%, suecos con un 6,3%, e italianos con un 6,1%. Estas seis primeras nacionalidades concentran más de la mitad del total de compras de vivienda por extranjeros.
Impagos hipotecarios

Según el informe de la Estadística Registral Inmobiliaria, que también se puede consultar en el Portal de Precios de Vivienda (http://www.preciosdevivienda.es/registradores.html) las certificaciones de vivienda por inicio de ejecución de hipoteca del primer trimestre continúan reduciéndose, alcanzando las 8.758, con una reducción trimestral del 8,1% (9.533 en el cuarto trimestre), situándose en mínimos desde su inclusión en el estudio, representando un descenso del 20,9% sobre el mismo período de 2016.

El 61,5% de estas certificaciones corresponde a personas físicas, frente al 38,5% de personas jurídicas. En cuanto a la nacionalidad, el 93,1% de las certificaciones ha correspondido a nacionales y el 6,9%, a extranjeros.

Durante el primer trimestre, se inscribieron 1.918 daciones en pago sobre viviendas, aumentando un 27,3% sobre el trimestre anterior, aunque con relación al mismo trimestre de 2016, la reducción ha sido del 27,9%. El 81,5% de las daciones en pago ha correspondido a personas físicas, frente al 18,5% de personas jurídicas. Con relación a la nacionalidad, el 88% de las daciones en pago ha sido de nacionales, frente al 12% de extranjeros.
Características del crédito hipotecario

El endeudamiento hipotecario por vivienda ha presentado un incremento del 3,6% sobre el trimestre anterior, alcanzando los 116.182 €.

La contratación a tipo de interés fijo continuó la intensa subida de trimestres anteriores, hasta alcanzar el 38,7% del total de los nuevos contratos frente al 31% del trimestre anterior, nuevo máximo de la serie histórica. Ello deja los índices variables en su cifra más baja y, especialmente, al euribor, que fue la referencia en el 60,3% del total de los créditos.

La cuantía media de los tipos de interés iniciales de los nuevos créditos ha descendido ligeramente hasta situarse en el 2,3% desde el 2,4% del trimestre anterior.
Los plazos de contratación de los nuevos créditos hipotecarios se mantienen básicamente estables, con un ligero incremento del 0,7% sobre el trimestre anterior, y una duración media de 23 años y 4 meses en el primer trimestre de 2017.

La accesibilidad en la compra de vivienda mostró un ligero deterioro: la cuota hipotecaria mensual media en el primer trimestre se ha situado en 536 €, con un incremento intertrimestral del 2,2%, mientras que el porcentaje de dicha cuota con respecto al coste salarial se incrementa hasta el 28,3% (27,6% en el trimestre anterior).

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El TSJCV propone un protocolo de actuación frente a ataques informáticos

24 de mayo, 2017

Jueves, 18 de mayo de 2017  poderjudicial.es

El TSJCV propone un protocolo de actuación frente a ataques informáticos

Convocará una reunión extraordinaria de la comisión mixta con la Conselleria, con participación de jueces y letrados de la Administración de Justicia. La imposibilidad de acceder a aplicaciones informáticas del Ministerio obligó a posponer juicios rápidos y otras actuaciones judiciales

Autor:Comunicación Poder Judicial

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) ha propuesto la convocatoria de una reunión extraordinaria de la comisión mixta con la Conselleria de Justicia para la elaboración de un protocolo de actuación frente a eventuales ataques informáticos para minimizar su incidencia en el funcionamiento de los órganos judiciales.

Así lo acordó ayer la Sala de Gobierno del Alto Tribunal Valenciano, en el transcurso de una reunión celebrada ayer en la que se analizaron las disfunciones registradas en los juzgados de la Comunidad desde el pasado 15 de mayo como consecuencia de las medidas de seguridad (paradas informáticas) adoptadas por los técnicos de la Dirección General de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de la Administración Autonómica.

La Sala ha expresado su “gran preocupación” por la situación generada en los órganos judiciales en general y, especialmente, en los juzgados en funciones de guardia, algunos de los cuales tuvieron que posponer la celebración de juicios rápidos o prorrogar detenciones ante la imposibilidad de acceder al Sistema de Registros Administrativos de Apoyo a la Administración de Justicia (siraj) y al Registro Central de Penados y Rebeldes, aplicaciones informáticas del Ministerio de Justicia en las que se anotan medidas cautelares, sentencias y órdenes de protección de maltratadas y en las que se consultan los antecedentes penales.

El TSJCV considera necesario aprobar un protocolo de actuación, para lo cual propone una convocatoria extraordinaria de la comisión mixta, con la participación de magistrados, jueces, letrados de la Administración de Justicia y representantes de la Conselleria de Justicia, Administración Pública, Reformas Democráticas y Libertades Públicas de la Generalitat Valenciana.

La Sala de Gobierno del TSJCV, en su reunión de ayer, ha manifestado su agradecimiento a los técnicos de la DGTic por el “intenso trabajo” realizado para el restablecimiento del servicio, así como a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y a los jueces decanos, letrados de la Administración de Justicia y a los funcionarios por su colaboración en la minimización de efectos y normalización del servicio.

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La competitividad-precio de la economía mejora frente a la OCDE en el primer trimestre de 2017

24 de mayo, 2017

10 de mayo de 2017 mineco.gob.es
La competitividad-precio de la economía mejora frente a la OCDE en el primer trimestre de 2017
La competitividad-precio de la economía española frente a la OCDE mejoró en el primer trimestre de 2017, según el Índice de Tendencia de la Competitividad (ITC) calculado con el Índice de Precios de Consumo (IPC), aunque también refleja un empeoramiento con respecto al conjunto de la UE, debido fundamentalmente a la depreciación de la libra (el Reino Unido es con diferencia el principal socio comercial de la UE no zona euro) y, de forma más moderada, también frente a la zona euro.

Si bien el IPC es la referencia más usual para analizar la evolución de los precios, muchos de los productos y servicios que recoge o no son exportables o su peso en las exportaciones es muy residual. Por ello se usan también los Índices de Valor Unitario (IVUs), una referencia más fiel de los precios de la exportación porque computa exclusivamente productos y servicios vendidos al exterior, ponderados por su peso en el conjunto de las exportaciones. Los IVUs se demoran más que el IPC, por lo que los datos que se ofrecen con esa referencia son del trimestre anterior.

ITC calculado con IPC

Los datos del primer trimestre de 2017 reflejan que la competitividad-precio de España frente a la zona euro empeoró ligeramente (el ITC subió un 1%),tras trece trimestres consecutivos de mejoras y uno más, el último, de estabilidad, porque el aumento de los precios españoles fue ligeramente superior al registrado en media por el resto de países miembros. También se perdió competitividad frente a los países de la UE que no forman parte del euro, debido fundamentalmente al tipo de cambio consecuencia de la depreciación de la libra en el primer trimestre del año.

Frente a la OCDE, la competitividad mejoró (-0,3%), debido también a la depreciación del euro, que compensa el mayor incremento de precios en España y se encadenan así cuatro trimestres de ganancia de competitividad frente a esta zona. Esta mejora se da sobre todo frente a países de la OCDE que no forman parte de la Unión Europea.

En relación con los BRICS (Brasil, Rusia, India y China) el ITC cayó un 4,2% interanual, confirmando y reforzando la tendencia iniciada en el último trimestre de 2016 después de tres trimestres de pérdidas de competitividad. La mejora se produjo por la apreciación de las monedas de estos países frente al euro, que así corrigen parte de las caídas que habían sufrido en el año anterior.

ITC calculado con IVUs

En el acumulado de 2016 se ganó competitividad frente a la zona euro, destino del 50% de nuestras mercancías, mientras que se registró un deterioro frente a los países de la UE que no forman parte del euro, debido a la evolución de los tipos de cambio. También empeoró la competitividad frente a la OCDE, por la vía de los precios y, en menor medida, por la vía del tipo de cambio.

En el último trimestre de 2016 la evolución fue un reflejo de lo sucedido a lo largo del año. El ITC calculado con Índices de Valor Unitario mejora frente a la zona euro (caída del 0,3%) y empeora frente al conjunto de la Unión Europea. Esta pérdida de competitividad se produjo exclusivamente por la apreciación del euro ya que los precios de exportación españoles cayeron más que la media de los precios de exportación del resto de países de la UE-28.

Frente a los países de la OCDE, el ITC creció un 0,5% en el último trimestre de 2016, sobre todo por el aumento en el índice de tipos de cambio, y fundamentalmente debido a los países de la UE que no forman parte del euro (otra vez, como consecuencia de la evolución de la libra).

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Los tribunales de un Estado miembro pueden controlar la legalidad de las solicitudes de información fiscal dirigidas por otro Estado miembro

23 de mayo, 2017

curia.europa.eu
Prensa e Información
Tribunal de Justicia de la Unión Europea
Comunicado de prensa n° 53/17
Luxemburgo, 16 de mayo de 2017
Sentencia en el asunto C-682/15
Berlioz Investment Fund SA/Directeur de l’administration des contributions directes
Los tribunales de un Estado miembro pueden controlar la legalidad de las solicitudes de información fiscal dirigidas por otro Estado miembro
Dicho control se limita a verificar que la información solicitada no parezca carecer manifiestamente de toda pertinencia previsible respecto a la investigación fiscal de que se trate
En 2014, en el marco del examen de la situación fiscal de la sociedad francesa Cofima, la Administración tributaria francesa dirigió a la Administración tributaria luxemburguesa una solicitud de información relativa a la sociedad matriz luxemburguesa de Cofima, Berlioz Investment Fund. A petición de las autoridades tributarias luxemburguesas, Berlioz aportó toda la información solicitada, salvo los nombres y direcciones de sus socios, el importe del capital poseído por cada uno de ellos y su porcentaje de participación. Según Berlioz, no era previsible que esta información fuera pertinente para el examen efectuado por la Administración tributaria francesa.
Como consecuencia de la negativa de Berlioz a facilitar la citada información, la Administración tributaria luxemburguesa le impuso en 2015 una sanción tributaria de 250 000 euros. Berlioz interpuso recurso contencioso-administrativo ante los tribunales luxemburgueses con objeto de que se anularan la sanción pecuniaria y la decisión de requerimiento (es decir, la decisión de las autoridades luxemburguesas por la que se le requería que aportara la información controvertida). En primera instancia, el tribunal administratif de Luxembourg (Tribunal Contencioso-Administrativo de Luxemburgo) redujo la sanción pecuniaria a 150 000 euros, pero rechazó comprobar la procedencia de la decisión de requerimiento. A este respecto, dicho tribunal se basó en la Ley luxemburguesa a tenor de la cual es posible solicitar la anulación o la reducción de la sanción pecuniaria, pero no la anulación de la solicitud de intercambio de información y de la decisión de requerimiento.
Berlioz interpuso entonces recurso de apelación ante la Cour administrative de Luxembourg (Tribunal Supremo de lo Contencioso-Administrativo de Luxemburgo), considerando que se había violado su derecho a la tutela judicial efectiva, garantizada por la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE. Por su parte, la Cour administrative de Luxemburgo planteó varias cuestiones prejudiciales al Tribunal de Justicia para que determine, en particular, si aquélla puede examinar la procedencia de la decisión de requerimiento y, por tanto, de la solicitud de información de las autoridades francesas en la que se basa la mencionada decisión.
En su sentencia dictada hoy, el Tribunal de Justicia declara, para empezar, que la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE es aplicable, puesto que, para imponer una sanción pecuniaria a Berlioz por su negativa a facilitar la información solicitada, las autoridades tributarias luxemburguesas aplicaron la Directiva de la Unión relativa a la cooperación administrativa en el ámbito de la fiscalidad. 1
Por otro lado, el Tribunal de Justicia considera que el juez nacional que conoce de un recurso contra una sanción pecuniaria impuesta a un administrado por no atender la decisión de requerimiento debe poder examinar la legalidad de esta última para que se respete el derecho a la tutela judicial efectiva, consagrado en la Carta.
A continuación, el Tribunal de Justicia recuerda que esa decisión de requerimiento sólo se ajusta a la legalidad cuando la información solicitada es «previsiblemente pertinente» para las necesidades de la inspección fiscal en el Estado miembro que la solicita. En efecto, según los propios términos de la Directiva, la obligación que incumbe a las autoridades tributarias de un Estado miembro de cooperar con las autoridades tributarias de otro Estado miembro se extiende únicamente a la comunicación de información «previsiblemente pertinente». Así, los Estados miembros no pueden emprender investigaciones aleatorias ni solicitar información que probablemente no sea pertinente para la situación fiscal del contribuyente de que se trate. Es cierto que han de determinar la información que consideren que van a necesitar. Sin embargo, no pueden solicitar información que no tenga pertinencia alguna para la investigación en cuestión, y el destinatario de una decisión de requerimiento debe poder invocar ante un juez la falta de conformidad de la solicitud de información con la Directiva y, consecuentemente, la ilegalidad de la decisión de requerimiento resultante de ello.
El Tribunal de Justicia añade que las autoridades del Estado requerido (en este caso, las autoridades tributarias luxemburguesas) no deben limitarse a comprobar sumaria y formalmente la regularidad de la solicitud de información, sino que también deben asegurarse de que la información solicitada no carece de toda pertinencia previsible para las necesidades de la inspección fiscal, habida cuenta de la identidad del contribuyente a que se refiere la inspección y de la finalidad de ésta. Asimismo, el juez del Estado requerido (en el presente caso, el juez luxemburgués) debe poder ejercer el control de la legalidad de la solicitud. Pero únicamente debe verificar que la decisión de requerimiento se basa en una solicitud de información suficientemente motivada relativa a información que no parece carecer manifiestamente de toda pertinencia previsible para la inspección fiscal de que se trate.
Por último, el Tribunal de Justicia considera que, para poder ejercer el control jurisdiccional, el juez debe tener acceso a la solicitud de información y a cualquier otro dato complementario que las autoridades del Estado requirente hayan podido transmitir a las autoridades del Estado requerido. El Tribunal de Justicia añade que el secreto de la solicitud de información puede oponerse, en cambio, al administrado, y que éste no dispone por tanto de un derecho de acceso a la totalidad de dicha solicitud. No obstante, a fin de que su causa sea oída de manera equitativa, el administrado debe tener acceso a la información esencial de la solicitud de información (a saber, la identidad del contribuyente de que se trate y el objetivo fiscal para el que se pide la información), pudiendo el juez aportarle algunos otros datos si estima que esa información esencial no es suficiente.
1 Directiva 2011/16/UE del Consejo, de 15 de febrero de 2011, relativa a la cooperación administrativa en el ámbito de la fiscalidad y por la que se deroga la Directiva 77/799/CEE (DO 2011, L 64, p. 1).
NOTA: La remisión prejudicial permite que los tribunales de los Estados miembros, en el contexto de un litigio del que estén conociendo, interroguen al Tribunal de Justicia acerca de la interpretación del Derecho de la Unión o sobre la validez de un acto de la Unión. El Tribunal de Justicia no resuelve el litigio nacional, y es el tribunal nacional quien debe resolver el litigio de conformidad con la decisión del Tribunal de Justicia. Dicha decisión vincula igualmente a los demás tribunales nacionales que conozcan de un problema similar.
Documento no oficial, destinado a los medios de comunicación y que no vincula al Tribunal de Justicia.
El texto íntegro de la sentencia se publica en el sitio CURIA el día de su pronunciamiento

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Pedro Sánchez gana las primarias a la Secretaría General del PSOE

22 de mayo, 2017

Pedro Sánchez gana las primarias a la Secretaría General del PSOE
Mario Jiménez compareció para proclamar los resultados

22/05/2017 psoe.es

El responsable de Organización y portavoz de la Comisión Gestora, Mario Jiménez, ha comparecido en la sala de prensa del PSOE pasadas las 22:30 horas y ha anunciado que, con el 90’53% del censo escrutado -que representan a más de 170.000 militantes-, el resultado  de las elecciones primarias ha sido el siguiente:

•Pedro Sánchez ha conseguido el 49,8% de los votos, más de 67.500 votos, que lo convierten en el próximo Secretario General del PSOE.

•Susana Díaz ha obtenido el 40,2% de los votos, esto es, más de 54.500 votos.

•Patxi López obtuvo el apoyo del 10,2% de los militantes, lo que implica haber recibido el voto de más de 13.580 militantes.

A las largo de las próximas horas se completará el escrutinio hasta llegar al 100%, y será la Comisión de Ética y Garantías quien verifique y ratifique el resultado con las actas que le hagan llegar todas las agrupaciones.

En su comparecencia, Mario Jiménez ha agradecido a toda la militancia del PSOE “su comportamiento ejemplar y compromiso democrático, que ha hecho grande este proceso” de primarias. También tuvo palabras de gratitud para los 12.000 miembros del partido que han hecho que la jornada transcurra con absoluta normalidad y se haya ejercido el voto con todas las garantías, así como a los 5.000 interventores que han velado por el proceso en nombre de las tres candidaturas.

Como destacó Jiménez, las primarias celebradas hoy han sido un “proceso limpio, transparente, sin incidencias reseñables, que dan una idea de la talla democrática, única, del PSOE, el partido con más trayectoria democrática en nuestro país”.

Patxi López

Tras Mario Jiménez, ha intervenido Patxi López que –tras expresar su “enhorabuena” a Pedro Sánchez, le ha deseado “toda suerte de aciertos porque mañana, con él a la cabeza, tenemos que empezar a trabajar para recuperar al mejor Partido Socialista”.

“Ya ha acabado el proceso interno y ahora nos esperan ahí fuera la sociedad española para volver a ser esa referencia de la izquierda que necesita este país”, añadió.

Susana Díaz

Por su parte, Susana Díaz quiso mostrar su agradecimiento “a todos los compañeros y compañeras del PSOE que han participado de manera masiva en estas elecciones primarias, porque es un síntoma de participación, de democracia y de transparencia de nuestro partido, que como siempre, está a la vanguardia en el conjunto del país”. También quiso agradecer su apoyo a todos aquellos que han apoyado su candidatura, especialmente en Andalucía, donde ha recibido el apoyo del 64% de los socialistas andaluces, que han valorado las políticas socialistas que está llevando a cabo el PSOE en esta tierra.

Díaz, que  avanzó que ya ha trasladado la enhorabuena al secretario general electo, aseguró que “todos los compañeros y compañeras que representamos este proyecto colectivo vamos a arrimar el hombro y nos vamos a poner a disposición de lo que el Partido necesite de nosotros” y siempre con el objetivo que el PSOE “tiene que ser la alternativa de gobierno en España y que para serlo defendemos ese proyecto coherente y autónomo que los ciudadanos necesitan”.

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El Tribunal General de la UE desestima el recurso del Landeskreditbank Baden-Württemberg contra su sujeción a la supervisión directa del BCE

21 de mayo, 2017

Tribunal General de la Unión Europea
Comunicado de prensa nº 54/17 curia.europea.eu
Luxemburgo, 16 de mayo de 2017
Sentencia en el asunto T-122/15
Landeskreditbank Baden-Württemberg — Förderbank/ BCE
El Tribunal General de la UE desestima el recurso del Landeskreditbank Baden-Württemberg contra su sujeción a la supervisión directa del BCE
La decisión del BCE de clasificar este banco público alemán como «entidad significativa» fue conforme a Derecho
El Landeskreditbank Baden-Württemberg — Förderbank es el banco de inversiones y desarrollo del Land de Baden-Wurtemberg (Alemania), al cual pertenece íntegramente su capital. El valor de sus activos es superior a 30 000 millones de euros.
El Landeskreditbank interpuso un recurso ante el Tribunal General de la Unión Europea contra la decisión del Banco Central Europeo (BCE) de clasificarlo como «entidad significativa». Dicha clasificación supone que la entidad bancaria recurrente queda sometida a la supervisión directa del BCE en el marco del Mecanismo Único de Supervisión (MUS). 1 En cambio, las entidades clasificadas como «menos significativas» se someten esencialmente a la supervisión directa de las autoridades nacionales dentro del MUS.
El Landeskreditbank considera, en particular, que, dado su bajo perfil de riesgo, 2 una supervisión ejercida por las autoridades alemanas 3 ofrecería una protección suficiente al objetivo de estabilidad financiera, por lo que debería ser reclasificada como entidad «menos significativa».
Mediante su sentencia de hoy, el Tribunal General, en Sala ampliada, desestima el recurso del Landeskreditbank.
El Tribunal General precisa que la supervisión directa de las entidades «menos significativas» ejercida por las autoridades nacionales en el marco del MUS no implica el ejercicio de una competencia autónoma, sino el ejercicio de forma descentralizada de una competencia exclusiva del BCE.
El Tribunal General recuerda que, de acuerdo con la normativa pertinente, 4 salvo que se den circunstancias particulares, un banco será clasificado como «entidad significativa» y, por tanto, quedará sometido a la supervisión directa del BCE, entre otros supuestos, 5 cuando el valor de sus activos supere los 30 000 millones de euros.
Según el Tribunal General, sólo puede decidirse no aplicar esa clasificación si concurren circunstancias de hecho específicas que determinen que la supervisión prudencial directa por las autoridades nacionales permitiría conseguir los objetivos y realizar los principios de la normativa pertinente con mayor eficacia, en particular la necesidad de garantizar la aplicación coherente de normas de supervisión estrictas,.
El Tribunal General señala al respecto que el Landeskreditbank no alegó que las autoridades alemanas podrían conseguir tales objetivos y realizar tales principios con mayor eficacia, sino que se limitó a tratar de demostrar que la supervisión ejercida por dichas autoridades era suficiente.
NOTA: Contra las resoluciones del Tribunal General puede interponerse recurso de casación ante el Tribunal de Justicia, limitado a las cuestiones de Derecho, en un plazo de dos meses a partir de la notificación de la resolución.
NOTA: El recurso de anulación sirve para solicitar la anulación de los actos de las instituciones de la Unión contrarios al Derecho de la Unión. Bajo ciertos requisitos, los Estados miembros, las instituciones europeas y los particulares pueden interponer recurso de anulación ante el Tribunal de Justicia o ante el Tribunal General. Si el recurso se declara fundado, el acto queda anulado y la institución de que se trate debe colmar el eventual vacío jurídico creado por la anulación de dicho acto.
Documento no oficial, destinado a los medios de comunicación y que no vincula al Tribunal General.
El texto íntegro de la sentencia se publica en el sitio CURIA el día de su pronunciamiento
1 El MUS está integrado por el BCE y las autoridades nacionales competentes.
2 Según el Landeskreditbank, su bajo perfil de riesgo viene determinado por el hecho de que es imposible que, en la práctica, caiga en una situación de insolvencia.
3 El Landeskreditbank menciona, al respecto, el Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin) (Autoridad Federal de Supervisión Financiera de Alemania), el Bundesbank (Banco central de Alemania) y el Ministerio de Finanzas del Land de Baden-Wurtemberg.
4 Reglamento (UE) n.º 1024/2013 del Consejo, de 15 de octubre de 2013, que encomienda al BCE tareas específicas respecto de políticas relacionadas con la supervisión prudencial de las entidades de crédito (DO 2013, L 287, p. 63), y Reglamento (UE) n.º 468/2014 del BCE, de 16 de abril de 2014, por el que se establece el marco de cooperación en el MUS entre el BCE y las autoridades nacionales competentes y con las autoridades nacionales designadas (DO 2014, L 141, p. 1).
5 La evaluación del carácter significativo de una entidad bancaria responde a tres criterios principales alternativos: el tamaño de la entidad, la importancia de ésta para la economía de la UE o de un Estado miembro participante y el carácter significativo de las actividades transfronterizas desarrolladas por la entidad.

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La inflación se eleva al 2,6% por los servicios turísticos y la energía

20 de mayo, 2017

La inflación se eleva al 2,6% por los servicios turísticos y la energía
Viernes 12 de mayo de 2017 lamoncloa.gob.es

 

El Índice de Precios de Consumo (IPC) aumentó en abril de 2017 un 2,6% interanual, tres décimas más que en marzo, según las cifras publicadas por el Instituto Nacional de Estadística (INE), tasa coincidente con la adelantada por el INE a finales del pasado mes.
En este comportamiento destaca especialmente la subida de los precios de los servicios turísticos, afectados por la fecha de la celebración de la Semana Santa, que este año ha transcurrido en abril, a diferencia del año pasado, cuando tuvo lugar íntegramente en marzo. Por tanto, se trata de una subida transitoria. En términos intermensuales, el IPC ha crecido un 1% en abril, frente a la subida del 0,7% en el mismo mes de 2016.

Los precios de los productos energéticos aumentaron en abril un 12% interanual, tres décimas más que en marzo. Esta evolución se explica por el mayor ritmo de crecimiento de los precios de la electricidad (pasaron del 12,5% interanual en marzo al 16,2% en abril) y, en menor medida, del gas (se aceleraron más de cinco puntos, hasta el 6,6%), parcialmente compensados por la desaceleración de los precios de los carburantes y lubricantes, de 1,3 puntos, hasta el 11,5%.

Los precios de la alimentación crecieron el 1,2% en abril, dos décimas menos que en marzo. La inflación de la alimentación no elaborada se situó en el 3,4%, nueve décimas por debajo de la del mes precedente, como consecuencia de la evolución de los precios de las frutas frescas (se desaceleraron 5,3 puntos, hasta el 5%). Los precios de la alimentación elaborada, bebidas y tabaco aumentaron el 0,2% en abril, una décima más que en marzo, destacando el comportamiento de aceites y grasas, que pasaron de caer el 0,7% en marzo a crecer el 0,5% en abril.

La inflación subyacente (que excluye la alimentación no elaborada y la energía, que son los elementos más volátiles del IPC) aumentó tres décimas en abril, hasta el 1,2%, debido a la notable aceleración de los precios de los servicios y, en menor medida, de la alimentación elaborada, parcialmente compensados por el menor ritmo de crecimiento de los precios de los bienes industriales no energéticos (BINE). Los servicios se aceleraron un punto, hasta el 2,1%, destacando especialmente la evolución de paquetes turísticos, cuyos precios pasaron de una práctica estabilidad en marzo (0,1%) a crecer el 20,9% en abril. Este comportamiento se debe al efecto calendario de la Semana Santa, que en 2017 se ha celebrado en abril, mientras que en 2016 se celebró en marzo. Por su parte, los precios de los BINE se desaceleraron tres décimas, hasta el 0,3%, destacando el comportamiento de los precios de vestido y calzado, que pasaron de crecer el 0,8% en marzo a hacerlo el 0,3% en abril.

En términos intermensuales, el IPC ha registrado una tasa de variación del 1% en abril de 2017, frente al crecimiento del 0,7% registrado en el mismo mes de 2016. Por componentes, los precios de los productos energéticos subieron un 0,5%, tras el aumento del 0,2% de un año antes; los de los servicios crecieron un 0,8%, tras el retroceso del 0,2% en abril de 2016; los de los BINE crecieron un 2,5%, tres décimas menos que en abril del año anterior; y los de la alimentación retrocedieron el 0,1%, frente al crecimiento de la misma magnitud en abril de 2016.

Dentro del grupo de alimentación, los precios de los alimentos no elaborados registraron en abril de 2017 una tasa intermensual del -0,4% (0,5% en el mismo mes de 2016), mientras que los de los alimentos elaborados subieron un 0,1% (variación nula un año antes).

La tasa interanual del IPC aumentó en abril en todas las comunidades autónomas. La mayor subida respecto a la tasa de marzo se registró en la Comunidad de Madrid (seis décimas, hasta el 2,5%), y las menores, todas ellas de una décima, correspondieron a Extremadura (2%), Cantabria (2,6%), Castilla-La Mancha (2,7%) y Galicia (2,8%).

La tasa interanual del IPC a impuestos constantes se situó en abril en el 2,6%, al igual que la del IPC general.

El INE ha publicado asimismo el IPC armonizado (IPCA) correspondiente al mes de abril de 2017, cuya tasa de variación interanual se sitúa en el 2,6%, superior en medio punto a la de marzo. Por su parte, la tasa adelantada por Eurostat para el conjunto de la zona euro se sitúa en abril en el 1,9%, cuatro décimas por encima de la del mes anterior, resultando un diferencial de inflación para España respecto a la zona euro de 0,7 puntos, una décima superior al de marzo.

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La jueza suspende el acuerdo del ayuntamiento encaminado a inmatricular dos iglesias de Zaragoza

19 de mayo, 2017

Miércoles, 17 de mayo de 2017  poderjudicial.es

La jueza suspende el acuerdo del ayuntamiento encaminado a inmatricular dos iglesias de Zaragoza

El auto dictado invalida un apartado del acuerdo alcanzado por el Ayuntamiento en el que se decidía emprender acciones para cambiar la titularidad registral de dos iglesias de Zaragoza, La Seo y Santa María Magdalena

Autor:Comunicación Poder Judicial

La jueza del Juzgado Contencioso Administrativo nº 5 de Zaragoza ha dictado al mediodía de hoy un auto de medida cautelar por el que suspende el apartado primero del acuerdo de 27 de marzo del Ayuntamiento de Zaragoza en el que se decretaba que “se ejercitasen acciones administrativas y judiciales de dominio y de posible nulidad y rectificación registral practicada al respecto de la Catedral de San Salvador (La Seo) y de la Iglesia Parroquial de Santa María Magdalena en Zaragoza a favor del Arzobispado de Zaragoza con la finalidad de dilucidar y proteger el dominio y la utilización pública de los citados bienes”.

La magistrada ha acordado dicha medida cautelar al no existir, tal y como establecen las disposiciones legales en materia de Régimen Local, un dictamen jurídico previo al ejercicio de cualquier acción por parte de las corporaciones locales.

Expresa en su resolución que el informe presentado por el Ayuntamiento no contiene un solo razonamiento explícito sobre la viabilidad de lo que se pretende llevar a cabo. “Tampoco consta en ese informe – explica- el más mínimo indicio relativo a los posibles de derechos que pudiera ostentar el Ayuntamiento de Zaragoza sobre los referidos templos, para plantear las acciones que se mencionan en el Acuerdo”.

Sobre el informe jurídico, exigido por la ley y que debe acompañar este tipo de acuerdos, aclara que su finalidad es que la corporación se encuentre adecuada y debidamente asesorada sobre la procedencia y viabilidad de la acción que se pretende.

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Condenado un hombre por estafar a una mujer al simular que alquilaba un apartamento en Benidorm

19 de mayo, 2017

Viernes, 12 de mayo de 2017  – poderjudicial.es

Condenado un hombre por estafar a una mujer al simular que alquilaba un apartamento en Benidorm

La sentencia señala que el acusado no tenía intención de alquilárselo, sino que su propósito era “enriquecerse con el dinero así obtenido”

Autor:Comunicación Poder Judicial

Un hombre acusado de estafar a una vecina de Zaragoza, al simular que le alquilaba un apartamento en Benidorm que no pretendía arrendarle, ha sido condenado a un año y ocho meses de prisión por la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Zaragoza. El acusado ha mostrado su conformidad y ha reconocido los hechos durante el juicio. La Sala ha ordenado al encausado que haga entrega de la cantidad defraudada, que se encuentra consignada, a la perjudicada en concepto de responsabilidad civil.

Los magistrados consideran probado en la sentencia que el acusado Manuel C. J., condenado en cuatro ocasiones anteriores por estafa, insertó un anuncio en la página web “multianuncios” ofreciendo el alquiler de un apartamento en Benidorm que no pretendía arrendar. Fue en el mes de mayo de 2016, cuando una vecina de Zaragoza, María Esther S. M., se interesó por el apartamento y realizó una trasferencia de 200 euros a la cuanta indicada por el encausado.

Según señalan el Tribunal, María Esther S. M nunca pudo disfrutar del alojamiento, ya que el acusado no tenía intención de alquilárselo, sino que su propósito era “enriquecerse con el dinero así obtenido”.

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Justicia equipara al notario inglés y al español en el Registro

17 de mayo, 2017

Justicia equipara al notario inglés y al español en el Registro
Xavier Gil Pecharromán

16/05/2017 – eleconomista.es
Un poder otorgado en el extranjero lleva implícito el ‘juicio de equivalencia’

El juicio de suficiencia de un poder otorgado en el extranjero, por parte de un notario del Reino Unido, lleva implícito el juicio de equivalencia, según establece la Dirección General de los Registros y del Notariado, en resolución de 17 de abril de 2017 -publicada en el BOE del 28 de abril de 2017-.
Esta nueva aclaración doctrinal, que ampara la admisión del recurso del notario británico frente a la negativa del registrador, deja en suspenso el contenido de la doctrina establecida en la resolución de 14 de septiembre de 2016, al determinar que “si hay una expresa declaración de suficiencia para el acto o negocio concreto que se autoriza, esta debe implicar la de equivalencia necesariamente”.

En esa resolución, justifica el Centro Directivo, no se afirmaba que el poder cuestionado no fuera equivalente al de un notario español, sino que lo que se adecía era que en ese supuesto el notario británico se había limitado a legitimar la firma, sin que esta legitimación pudiera equiparse al documento público del artículo 1280.5 del Código Civil

Ahora, la DGRN, determina que el notario no tiene por qué mencionar el juicio de equivalencia, ni justificar los motivos por los que estima que se dan las condiciones materiales para la equivalencia del documento público extranjero, bastando la mera indicación de las condiciones formales del mismo.

Como el registrador no puede solicitar que se aporte o transcriba el poder, éste no tiene forma de comprobar la corrección del juicio de equivalencia notarial que se le presenta implícito, sin motivar y sin documento adjunto.

La doctrina de la DGRN señala que si “el registrador disintiera de la equivalencia declarada por el notario deberá motivarlo expresa y adecuadamente”.

Pero insiste en que dicho disentimiento resulta imposible si el registrador no puede conocer el poder ni tampoco los motivos en que el notario fundamenta el juicio de equivalencia material, salvo en el caso en que el notario autorizante, aun no estando obligado, exprese su juicio de equivalencia o aporte o transcriba el poder en su escritura.

Para que el registrador tenga elementos para corregir el juicio de equivalencia, pero no en otro caso, dice la DGRN: “Si el notario autorizante del instrumento público tiene conocimiento del mismo y desea facilitar su más eficaz circulación, nada impide que incorpore al mismo su juicio de equivalencia, evitando así los inconvenientes y retrasos inherentes cuando así no ocurre”.

Y concluye que el acceso a bases de datos jurídicas de otros Estados miembros facilita a notarios y registradores la motivación adecuada de su decisión, facilitando el tráfico jurídico de bienes y servicios en un entorno en el que la existencia de un elemento de extranjería es un elemento normal del negocio jurídico.

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Catalá reafirma la necesidad de trabajar en un plan de acción integral para una reforma estructural de la Justicia

16 de mayo, 2017

Conferencia magistral en la Jornada de la Fundación Lex Forum en Denia

Catalá reafirma la necesidad de trabajar en un plan de acción integral para una reforma estructural de la Justicia
Sábado 13 de mayo de 2017 lamoncloa.gob.es
El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha clausurado este viernes en la localidad alicantina de Denia la Jornada Nuevo proceso penal: un reto compartido, organizada por la Fundación Lex Forum e inaugurada por la subsecretaria del Ministerio, Áurea Roldán. En su intervención, el titular de Justicia ha propuesto un plan de acción integral de reforma estructural de la Justicia basado en una serie de medidas centradas en cinco líneas de acción como son las procesales, dotacionales, organizativas, culturales y tecnológicas.

Catalá, que ha reconocido la necesidad histórica de una Justicia más rápida en nuestro país, ha destacado la conveniencia de replantear el actual sistema procesal para superar modelos agotados. Para lograrlo, apuesta por una nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal propia del siglo XXI que contemple la dirección de la investigación por parte del Ministerio Fiscal, con un juez de garantías que tutele los derechos fundamentales.

Ese modelo, según Catalá, acabaría con los juicios prolongados durante años que dañan la imagen de  la Justicia, dejando atrás el sistema inquisitivo para implantar el modelo acusatorio que da todo el protagonismo al juicio oral. Además, se mejorarían las garantías de la defensa con la participación de las partes en la fase de investigación y se simplificarían procedimientos y recursos.

Eso implicaría acelerar la extensión de la red de oficinas fiscales para conseguir mayor proximidad a la investigación, aprovechar las infraestructuras existentes y evitar la movilidad geográfica de los funcionarios de las nuevas fiscalías. En cuanto a los juzgados que en la actualidad tienen funciones instructoras, el ministro ha asegurado el mantenimiento y la garantía de los derechos laborales de sus trabajadores.

Rafael Catalá ha recordado que estos cambios supondrían una reforma paralela del Estatuto Fiscal que conciliaría el principio de autonomía con el de unidad de actuación, remarcando la imparcialidad y sometimiento exclusivo a la ley. Además, incidiría en la potestad normativa del Ministerio Fiscal, prohibiendo las órdenes verbales de manera que estas se publiquen en un diario oficial, otorgando mayor protagonismo al Consejo Fiscal y a las Juntas de Fiscalía, facilitando la discrepancia jurídica de forma transparente y haciendo que se resuelva por un órgano colegiado y regulando mérito y capacidad para el acceso a puestos discrecionales.

En cuanto al proceso civil, el ministro ha señalado la necesidad de separarlo de todo lo que le resta operatividad, simplificando trámites en las comunicaciones y notificaciones en las que las tecnologías electrónicas han demostrado su utilidad.

Respecto a la dotación de recursos, Catalá se ha referido a los esfuerzos presupuestarios ya realizados por el Gobierno que han servido para crear 16 plazas de magistrados para la segunda instancia penal, dar estabilidad laboral a los trabajadores de la Administración de Justicia y aprobar un total de 1.140 medidas de refuerzo judicial. Recursos que volverán a crecer en 2017 gracias a que el presupuesto del Ministerio de Justicia asciende un 7,7%, hasta alcanzar los 1.700 millones de euros, y por tercer año consecutivo.

Igualmente, la Oferta de Empleo Público reforzará las plantillas con 100 plazas de jueces y fiscales, así como con 3.000 puestos en Cuerpos de la Administración de Justicia.

Reformas organizativas

En relación con las necesarias reformas organizativas, el ministro apuesta una vez más por el máximo diálogo con los agentes implicados para realizar una distribución adecuada de las cargas de trabajo, paliando las situaciones de sobrecarga y compensando aquellas en las que exista una infrautilización de recursos.

En este sentido, destaca la necesidad de reforzar la Oficina Judicial y Fiscal, cuya implantación ya ha supuesto un incremento del 31% en el número de sentencias resueltas y una apuesta decidida por la especialización, que se ha hecho realidad en la atención prestada al posible impacto de las sentencias sobre cláusulas suelo y, a su juicio, debería extenderse a la especialización de la Fiscalía.

Los cambios culturales hacen referencia a las nuevas formas de abordar y resolver los conflictos, puesto que se ha demostrado que no siempre la mejor respuesta está en los tribunales. Catalá ha destacado el trabajo de los profesionales en materia de mediación, arbitraje o jurisdicción voluntaria para resolver diferencias mediante diálogo y acuerdo. En este ámbito, la Ley de Jurisdicción Voluntaria ya ha permitido dejar al margen de los tribunales más de 320.000 asuntos.

Por último, Catalá se ha referido a la transformación digital de la Justicia que permitirá mejorar los tiempos de respuesta y el aumento de la calidad del servicio. El ministro apuesta por completar esa transformación tecnológica que actualmente ya ha permitido alcanzar los 100 millones de comunicaciones electrónicas.

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Cinco años de inhabilitación para el exalcalde y cuatro concejales de Alcora (Castellón) por prevaricación en la concesión de la redacción del PGOU

15 de mayo, 2017

Miércoles, 10 de mayo de 2017  poderjudicial.es

Cinco años de inhabilitación para el exalcalde y cuatro concejales de Alcora (Castellón) por prevaricación en la concesión de la redacción del PGOU

El juez considera que Javier Peris y los cuatro ediles adjudicaron el contrato a una empresa sin seguir los principios de publicidad, concurrencia, igualdad y no discriminación

Autor:Comunicación Poder Judicial

El Juzgado de lo Penal número 1 de Castellón ha condenado al exalcalde de Alcora, Javier Peris, y a cuatro concejales del equipo de gobierno en 2004 a cinco años de inhabilitación para empleo público por las irregularidades cometidas en el proceso de adjudicación del contrato para la redacción del Plan General de Ordenación Urbana del municipio (PGOU). El juez les considera autores de un delito de prevaricación administrativa.

Según el relato de hechos probados, Javier Peris, alcalde del municipio en 2004, decidió iniciar la elaboración de un nuevo PGOU para Alcora y organizó, junto a otros cuatro concejales, un plan para lograr la adjudicación de su elaboración a una empresa concreta, ANFAB S.L., “ignorando los intereses públicos que tenían a su cargo y persiguiendo anteponer el contenido de su voluntad a cualquier otra consideración”. La sentencia explica que los ediles “perseguían única y exclusivamente dotar de apariencia de legalidad y rigor a dicha decisión y excluir a cualesquiera otros competidores”.

El juez recuerda que en mayo de 2007 el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Castellón anuló del Decreto de alcaldía de Alcora por el que contrataba los servicios de consultoría y asistencia en la elaboración del PGOU con la primera empresa, y se lo adjudicaba a otra mercantil candidata, por inadecuación del objeto social de la primera.

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Nota informativa sobre los ciberataques a varias compañías

14 de mayo, 2017

Nota informativa sobre los ciberataques a varias compañías
No afecta ni a la prestación de servicios, ni a la operativa de redes, ni al usuario de dichos servicios
minetad.gob.es
12.05.17. Tras la confirmación de diversos ciberataques a compañías españolas, el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital, a través del Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe), está trabajando con las empresas afectadas con el objetivo de solucionar cuanto antes la incidencia.
Por la información disponible hasta el momento, el ataque ha afectado puntualmente a equipos informáticos de trabajadores de varias compañías. Por tanto, no afecta ni a la prestación de servicios, ni a la operativa de redes, ni al usuario de dichos servicios.
El ataque, un malware del tipo ramsonware, actúa sobre la vulnerabilidad de los componentes de ofimática de los PCs. Tras instalarse en el equipo, bloquea el acceso a los ficheros del ordenador afectado y pide un rescate. No compromete la seguridad de los datos ni se trata de una fuga de datos.
Desde el Incibe, en coordinación con las diferentes administraciones, se ha elaborado un diagnóstico de lo ocurrido en las empresas afectadas. El instituto está ofreciendo ayuda para solucionar los problemas y se asesora a otras compañías en una labor de prevenión para que no se vean afectadas por este ataque.
Los equipos de respuesta a incidentes cibernéticos nacionales están en contacto con las organizaciones afectadas, así como el Centro Nacional para la Protección de las Infraestructuras Crítica La alerta con detalles se puede consultar en las direcciones de los blogs corporativos de Incibe:
Alerta CERTSI:
https://www.certsi.es/alerta-temprana/avisos-seguridad/oleada-ransomware-afecta-multitud-equipos
Alerta ciudadanos:
https://www.osi.es/es/actualidad/avisos/2017/05/importante-oleada-de-ransomware-afecta-multitud-de-equipos
Alerta empresas:
https://www.incibe.es/protege-tu-empresa/avisos-seguridad/importante-oleada-ransomware-afecta-multitud-equiposs del Ministerio del Interior.

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El Ministerio del Interior evalúa el impacto que la oleada de ransomware ha tenido en los servicios esenciales de España

13 de mayo, 2017

El Ministerio del Interior evalúa el impacto que la oleada de ransomware ha tenido en los servicios esenciales de España

Viernes 12 de mayo de 2017  lamoncloa.gob.es

Ministerio del Interior

El Centro Nacional para la Protección de las Infraestructuras Críticas (CNPIC) ha activado el protocolo de comunicación con los operadores críticos españoles y el de gestión de incidentes, a través de los Centros de Respuesta a Incidentes Cibernéticos nacionales. El incidente no ha afectado a los servicios esenciales, que se siguen proporcionando normalmente a la sociedad.
El CNPIC (Centro Nacional para la Protección de las Infraestructuras Críticas), organismo dependiente de la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior, ha confirmado que se han producido distintas infecciones masivas, tanto de equipos personales como de organizaciones, de un malware del tipo ransomware que cifra y bloquea el acceso a los ficheros de los ordenadores afectados, solicitando un rescate para poder recuperar la información. Además, estas infecciones podrían propagarse a otros ordenadores de la red, con el riesgo que ello conlleva.

El Centro de Respuesta a Incidentes Cibernéticos de Seguridad e Industria, coordinado por el propio CNPIC y por el Instituto Nacional de Ciberseguridad del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital, ha asegurado que, hasta el momento, la provisión de los servicios esenciales (energía, transporte, servicios financieros, servicios TIC, etc…) no se ha visto afectada. No obstante, el protocolo de comunicación y de gestión de incidentes con los más de 100 operadores que ya forman parte del Sistema de Protección de Infraestructuras Críticas se mantiene activo y en alerta, a la espera de nuevos datos.

Toda esta información se está viendo complementada con las aportaciones del CERT del Centro Criptológico Nacional, en lo que respecta a las posibles afecciones al sector público. De la misma manera, los hechos susceptibles de delito que puedan ser conocidos a partir de la información manejada por el CNPIC se trasladarán a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado a efectos de la oportuna investigación y persecución del delito.

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