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La Audiencia Nacional confirma su competencia para juzgar a la excúpula de los Mossos

24 de febrero, 2019

Viernes, 22 de febrero de 2019 poderjudicial.es

La Audiencia Nacional confirma su competencia para juzgar a la excúpula de los Mossos

La Sala, tras analizar la normativa al respecto y la diferente jurisprudencia, entiende que la atribución de la competencia en estas materias a un órgano centralizado y especializado es conforme a la Constitución

Autor:Comunicación Poder Judicial

La Sección Primera de la Sala Penal ha confirmado su competencia para juzgar a Josep Lluis Trapero, al exsecretario general de Interior de la Generalitat César Puig, el exdirector de los Mossos Pere Soler y a la intendente Teresa Laplana por los delitos de rebelión de los que la Fiscalía acusa a los tres primeros y de sedición a esta última, en relación con los sucesos del 20 y 21 de octubre de 2017 y por la jornada del 1 de octubre.

En un auto, los magistrados desestiman la falta de competencia de la Audiencia Nacional para el enjuiciamiento de este procedimiento planteada por la defensa de Puig, a la que se había adherido la de Soler y en la que el fiscal informó a favor de mantener la competencia del órgano central.

Las dos defensas que habían cuestionado la competencia consideraron que los delitos de rebelión y sedición no fueron incluidos por el legislador entre las materias atribuidas a la Audiencia Nacional que no son delitos contra la forma de gobierno, que es hoy una categoría vacía de contenido a descriminalizarse dichas conductas en el Código Penal de 1995 y que la Disposición transitoria de la Ley Orgánica 4/1988 solo atribuye competencia a este tribunal para conocer delitos de rebelión si fueran ejecutados por bandas armadas o elementos terroristas.

La Sala, tras analizar la normativa al respecto y la diferente jurisprudencia, entiende que la atribución de la competencia en estas materias a un órgano centralizado y especializado es conforme a la Constitución, y mantienen que el Tribunal Constitucional ya despejó cualquier duda sobre la constitucionalidad de la conexión de los delitos de terrorismo y rebelión en la sentencia 199/1987. Añade en este sentido que “el legislador puede decidir la determinación de competencias de acuerdo a los intereses de la justicia y asignar a un órgano judiciales centralizado la instrucción y enjuiciamiento de ciertos supuestos, en atención a su naturaleza materia, amplitud del ámbito territorial o trascendencia para el conjunto de la sociedad, sin que ello afecte a la prohibición de jueces de excepción”.

En su auto, los jueces consideran igualmente que la competencia para conocer de delitos de rebelión no está limitada a los cometidas por bandas armadas.

Una vez desestimada la cuestión de competencia, la Sala da traslado a las defensas para que presenten su escrito de conclusiones provisionales.

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USO reitera la necesidad de blindar las pensiones ante la ruptura del acuerdo del Pacto de Toledo

23 de febrero, 2019

USO reitera la necesidad de blindar las pensiones ante la ruptura del acuerdo del Pacto de Toledo
uso.es
21 febrero, 2019
Tras casi tres años de trabajos en la Comisión del Pacto de Toledo, cuando, según los portavoces de los diferentes grupos, parecía muy cerca el consenso final y la muy esperada presentación de las recomendaciones, hemos recibido la noticia de que se ha roto la posibilidad de acuerdo, posponiendo los trabajos a la próxima legislatura.

Desde USO, “lamentamos profundamente que una comisión, creada en 1995 con el objetivo de excluir de la lucha partidista el sistema público de protección social y aportar propuestas desde el máximo consenso posible, se vea afectada por la convocatoria de elecciones generales y el interés electoralista, que han provocado la ruptura de un consenso a partir del cual se estaba procediendo a la redacción de un borrador de las 21 recomendaciones para una futura reforma, ya muy avanzado”, expone Sara García, secretaria de Acción Sindical y Salud Laboral de USO.

En la propuesta de esas 21 recomendaciones se abordaban, entre otros temas: la revalorización de las pensiones y el mantenimiento del poder adquisitivo; la financiación del sistema vía impuestos; la necesidad de modernizar el sistema y la información que se da al ciudadano; mejorar la gestión; luchar contra el fraude; incentivar el empleo; revisar las prestaciones de viudedad y orfandad; adecuar el tratamiento fiscal de las pensiones; vigilar la protección de las mujeres, los discapacitados e inmigrantes; mejorar la eficacia y el control de las mutuas de trabajo; controlar el tratamiento presupuestario de los recursos públicos o hacer seguimiento de las reformas propuestas por la comisión parlamentaria.

Con la ley 23/2013, que regula el factor de sostenibilidad y la revalorización de las pensiones, desarrollo de la reforma de 2011, en vigor, “la revalorización de las pensiones a través del IPC queda de nuevo en el aire y a expensas de la voluntad política del gobierno de turno. Hay que recordar que el Real Decreto-ley 28/2018 garantizaba el incremento vinculado al IPC solo para 2019 y, en él, el gobierno se comprometía a adoptar las medidas necesarias para establecer, en el marco del diálogo social y de acuerdo con las recomendaciones de la Comisión Pacto de Toledo, un mecanismo de revalorización de las pensiones que garantice el mantenimiento de su poder adquisitivo. Esta situación, en las circunstancias actuales, no se va a poder producir, con lo que la incertidumbre y la inseguridad de los y las pensionistas aumenta al no saber qué criterio se va aplicar para revalorizar las pensiones a partir de 2020. Por esto, desde USO defendemos que, por encima de las medidas coyunturales o de las políticas variables de los diferentes gobiernos, es necesario una medida estructural que garantice el sistema público de pensiones como es su blindaje en la Constitución”, reivindica Sara García, quien a su vez es portavoz de la MERP.

El 17 de enero, la MERP, de la que USO forma parte, celebró un debate sobre el blindaje constitucional de las pensiones en el Congreso de los Diputados, con la participación de los portavoces del Pacto de Toledo. Allí les dejamos claro que el éxito de la MERP es conseguir unir a los diferentes grupos por un objetivo tan importante como es la defensa del sistema público de pensiones, así como nuestra reivindicación de blindarlas en la Constitución. El reto que les lanzamos a los portavoces de todos los grupos parlamentarios del Pacto de Toledo fue que hicieran lo mismo, que fueran capaces de superar sus diferencias con sentido de Estado y que se unieran con el objetivo de la defensa y la mejora de nuestro sistema de protección social.

Otra oportunidad perdida, que nos hace redoblar nuestros esfuerzos para seguir luchando en la calle y en las instituciones por el sistema público de pensiones, por las pensiones presentes y futuras y por el mantenimiento del poder adquisitivo de los pensionistas.

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El presidente del Gobierno presenta el paquete de medidas de energía y clima para la próxima década

22 de febrero, 2019

El presidente del Gobierno presenta el paquete de medidas de energía y clima para la próxima década
Intervención del presidente del Gobierno

lamoncloa.gob.es 20 de febrero de 2019

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez y la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, han presentado el paquete de medidas de energía y clima en un acto al que también han asistido las ministras de Hacienda, María Jesús Montero, de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio, y de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto.

Con las medidas presentadas hoy, el Ejecutivo quiere sentar las bases para la modernización de la economía española y posicionar a nuestro país como líder en las energías y tecnologías limpias que dominarán la próxima década. Los objetivos fundamentales son la creación de empleo, el desarrollo del medio rural, la justicia social, la mejora de la salud y el medio ambiente.

Las piezas clave que componen el marco regulatorio que el Ejecutivo aprobará este viernes en Consejo de Ministros son: el anteproyecto de Ley de Cambio Climático, el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030 y la Estrategia de Transición Justa. Tres pilares esenciales que permitirán que España cuente con un marco estable, predecible y certero para la descarbonización de su economía a 2050.

Pedro Sánchez y Teresa Ribera han defendido la necesidad de que España se posicione cuanto antes en innovación, tecnologías e industria punteras, en un proceso de transformación que ya está en marcha en todo el mundo, con el objetivo de maximizar las oportunidades que presenta y que sirva de palanca para la modernización y el progreso del país.

Más de trescientos mil nuevos empleos

Los análisis demuestran también que el conjunto de medidas que se pondrán en marcha con el paquete de Energía y Clima generarán más de 300.000 nuevos empleos en la próxima década, fundamentalmente ligados a los servicios, la industria y la construcción. El Gobierno fomentará que jóvenes, parados de larga duración y mujeres se beneficien de estas oportunidades, a través de políticas activas de empleo y formación profesional diseñadas específicamente para este fin.

Solo las inversiones en renovables en el sector eléctrico generarán entre 99.000 y 172.000 empleos durante la década, a raíz de los cuales se beneficiará principalmente la industria manufacturera (18%), la construcción (15%) y el comercio y reparación (13%) asociadas al sector renovable. Las inversiones en ahorro y eficiencia generarán entre 42.000 y 80.000 empleos en ese periodo, de los cuales 28.800 corresponderán a rehabilitación energética.

Con este programa el Gobierno crea un marco estable, que genera confianza y que promueve la inversión privada, las oportunidades de empleo y la modernización industrial. El programa de inversión generará oportunidades de negocio que superan los 200.000 millones de euros en la próxima década, de los cuales 47.000 millones corresponderán a inversión pública estatal, autonómica, local y europea. El Ejecutivo contempla la posibilidad de financiar parte de la inversión pública mediante la emisión de bonos verdes, un instrumento cada vez más utilizado, que permite acceder a una clase específica de inversores especializados y que señaliza el compromiso del emisor con la sostenibilidad medioambiental.

Crecimiento económico y seguridad energética

La ministra Teresa Ribera, durante su intervención en la presentación del anteproyecto de Ley de Cambio ClimáticoPool Moncloa / Fernando CalvoLas inversiones previstas en el marco de energía y clima y el ahorro en la factura energética permitirán aumentar el Producto Interior Bruto (PIB) de España entre 19.300 y 25.100 millones de euros en el periodo 2021-2030 (un aumento del PIB del 1,8% en 2030). Gracias al efecto de este paquete de medidas, la dependencia energética del país caerá un 15% en la década, pasando del 74% actual al 59%, lo que implica reducir las importaciones de combustibles fósiles por un valor de 75.379 millones de euros en la década, respecto a un escenario sin medidas.

En la actualidad, España importa casi el cien por cien de los combustibles fósiles que usa (petróleo, gas y carbón), lo que sitúa su grado de dependencia energética en un 74%, 20 puntos porcentuales por encima de la media comunitaria. Esta realidad no solo lastra la balanza de pagos, sino que afecta a la competitividad y a la seguridad energética.

Renovables y descarbonización

El paquete normativo del Gobierno prevé aumentar la generación eléctrica mediante renovables pasando del 40% actual al 74% en 2030 y al 100% en 2050, meta que permitirá cumplir los compromisos asignados por la UE y rubricados en el Acuerdo de París. Para ello, el Gobierno presentará un calendario de subastas previsibles que garantizarán una retribución adecuada y una hoja de ruta para el desarrollo de redes, sistemas de almacenamiento y gestión que permitan una adecuada integración en el sistema.

En el proceso de descarbonización de la economía tendrán un papel protagonista las medidas de reactivación y acompañamiento justo y solidario de zonas que han estado especialmente vinculadas a los combustibles fósiles, como las comarcas mineras. La Estrategia de Transición Justa optimizará, en estos territorios y en aquellos afectados por el cierre de centrales, las oportunidades de creación de actividad económica y empleo, vinculadas a la transición ecológica.

Acompañamiento al sector industrial

El paquete de Energía y Clima es una oportunidad para que las empresas españolas ocupen posiciones de liderazgo en el proceso de descarbonización de la economía global. Una parte significativa de la movilización de los más de  200.0000 millones de euros en inversiones estarán orientadas a este sector, lo cual permitirá un incremento de entre 48.000 y 53.000 empleos en industrias manufactureras en 2030.

El Gobierno, consciente de los retos del sector y de la importancia de medidas para su adaptación, activará un Plan de Acompañamiento Automoción, un Estatuto del Consumidor Electrointensivo y un marco de apoyo a la cogeneración en la industria. Para el Gobierno también es una prioridad la rehabilitación energética del parque edificado existente, ya que la edificación es responsable de casi un tercio del consumo energético del país. Además de criterios de eficiencia para nueva edificación, el plan prevé alcanzar el objetivo de rehabilitar, de media, más de 100.000 viviendas al año, así como, impulsar la renovación de los edificios públicos.

Sostenibilidad, eficiencia y participación

Pedro Sánchez, durante su intervención en la presentación del anteproyecto de Ley de Cambio Climático y Transición EnergéticaPool Moncloa / Fernando CalvoEl Gobierno acompaña el paquete de Energía y Clima, entre otros, con la elaboración de una futura Estrategia de movilidad sostenible, intermodal y conectada y una Mesa de Movilidad Sostenible, con el fin de avanzar hacia sistemas de movilidad más eficientes y sostenibles, que permitan reducir las emisiones del transporte, mejorar la calidad del aire y ser al mismo tiempo fiables, seguros y accesibles.

El paquete Energía y Clima también favorece la diversidad de actores, y permite proyectos ciudadanos participativos, para promover tanto la cohesión territorial y social, como la transición justa. Estas medidas también tendrán una incidencia muy positiva en la salud, ya que solo con la mejora de la calidad del aire se puede evitar la muerte de 2.222 personas en España en 2030 respecto a un escenario tendencial.

Las medidas presentadas por el Gobierno permitirán, además de una reducción de la factura eléctrica, establecer una Estrategia Nacional Contra la Pobreza Energética, con mecanismos de protección, como un bono social multicombustible, medidas de protección a los consumidores, sistemas de gestión automatizada y medidas estructurales que mejoren la eficiencia energética de los hogares vulnerables.

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La mejora de la calidad del aire, una prioridad del Gobierno

21 de febrero, 2019

La mejora de la calidad del aire, una prioridad del Gobierno

Miércoles 20 de febrero de 2019

lamoncloa.gob.es

El Ministerio de Sanidad va a desarrollar la Ley General de Salud Pública, que incluye un Plan de Salud y Medio Ambiente, en el que ya está trabajando en colaboración con el Ministerio de Transición Ecológica.
Las medidas de mejora de la calidad del aire tienen un efecto directo en la salud de las personas, más aún en las grandes ciudades. Así se puso de manifiesto en el evento de alto nivel para la Transición Ecológica sobre “La contaminación del aire y su impacto en la salud”, organizado conjuntamente por el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social y el Ministerio para la Transición Ecológica.

La ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, María Luisa Carcedo, ha destacado en la inauguración del acto que la mala calidad del medio ambiente y, en particular, de la contaminación del aire afecta a la salud. Según ha recordado, la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC, en sus siglas en inglés) indica que la contaminación del aire es un cancerígeno del Grupo 1, al mismo nivel que el tabaco. Carcedo ha recordado que para la Organización Mundial de la Salud (OMS) los factores ambientales son responsables del 20% de la mortalidad total y del 25% de la carga total de la morbilidad.

Por ello, el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social va a desarrollar la Ley General de Salud Pública “que, entre sus medidas, incluye la creación de una red de vigilancia de salud pública, de enfermedades transmisibles y no transmisibles, que están condicionadas por factores de riesgo ambientales y determinantes sociales”. Este ley, que se aprobó en 2011 pero cuya implementación quedó paralizada durante años, también establece la elaboración de un Plan de Salud y Medio Ambiente, que ahora mismo se está redactando “en estrecha cooperación con el Ministerio para la Transición Ecológica”, señaló.

Por su parte, la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, quien ha clausurado la jornada, ha hecho hincapié en que los ciudadanos nos están demandando estas medidas. “El Gobierno está comprometido con el bien común y es responsable y realista. Por eso, en el Marco de Energía y Clima que este viernes presentamos en el Consejo de Ministros, se diseña una estudiada senda de reducción de emisiones de 2020 a 2030 que nos permitirá reducir en un tercio las emisiones actuales de nuestro país, también en nuestras ciudades, mejorando la calidad del aire que respiramos”.

En este sentido, ha explicado que todas las administraciones “estamos interpeladas a mejorar la calidad del aire y, así, mejorar nuestra salud. Sin duda, una movilidad más sostenible y electrificada contribuirá a ello, pero las administraciones debemos acompañar a la ciudadanía con mejor transporte público, más zonas verdes, áreas de limitación de emisiones”.

Contaminación atmosférica, el nuevo tabaco

Ribera también se ha referido a la contaminación atmosférica como el nuevo tabaco y recordó que cuando en 2010 se amplió la prohibición de fumar a cualquier espacio se generó un importante debate en la ciudadanía y no tardaron en surgir argumentos en contra, que anunciaban significativas pérdidas económicas o esgrimían que la regulación menoscababa las libertades públicas.

Pasados los años, el balance que han hecho los sucesivos Gobiernos sobre la normativa ha sido más que positivo: la aceptación de la ley entre la ciudadanía es mayoritaria, se han reducido los ingresos hospitalarios vinculados al tabaquismo y el número de fumadores -aunque desciende lentamente- está en niveles no vistos en los últimos 30 años. “Lo mismo va a ocurrir con la contaminación atmosférica. Respirar no puede ser una actividad de riesgo”, insistió.

Durante el debate, María Neira, directora de Salud Pública y Medio Ambiente de la Organización Mundial de la Salud (OMS), señaló que la exposición a la contaminación del aire provoca siete millones de muertes prematuras cada año. En este sentido, destacó que “nuestra salud depende de forma importante de una transición a fuentes de energía limpia”. “Las soluciones existen: una planificación urbana que permita caminar, un transporte público asequible y sostenible, desincentivar el uso del coche privado, eficiencia energética en nuestros edificios y fuentes de energía renovables y limpias. Todo esto también es salud”, dijo.

Contaminación química y ruido

Xavier Basagaña, experto en contaminación atmosférica y salud de ISGlobal, uno de los más importantes “think tanks” de salud global, dijo que sólo cumpliendo las guías internacionales en cuanto al nivel de actividad física, la contaminación atmosférica, el ruido y los espacios verdes en las ciudades, la mortalidad en las urbes se reduciría un 20 por ciento anual. “Esto significa que podemos hacer mucha prevención controlando estos factores relacionados con la contaminación atmosférica”, señaló.

En esta idea abundó Julio Díaz, experto de la Escuela Nacional de Sanidad, Instituto de Salud Carlos III, para quien “la contaminación atmosférica es algo más que contaminación química, existe también el ruido, que tiene un impacto en la salud, al menos, similar”.

La contaminación atmosférica no sólo produce mortalidad, sino que hay grupos de riesgo que sufren sus efectos. “No hablamos solo de niños y personas mayores, sino, por ejemplo, de mujeres embarazadas”, dijo el experto de la Escuela Nacional de Sanidad. Así, la contaminación atmosférica está detrás de 16% de los partos prematuros y del 13% de los partos de bajo peso. En cuanto a los niños, Basagaña detalló el resultado de algunos estudios realizados en colegios, que han concluido que la contaminación atmosférica afecta al neurodesarrollo de los niños.

Esta jornada se enmarca dentro del ciclo de eventos de alto nivel para la Transición Ecológica, que se inauguró los pasados 17 y 18 de enero y que reunió en Madrid a las principales voces que marcan la agenda global de cambio climático y desarrollo sostenible.

El próximo evento tendrá lugar el 27 de febrero, bajo el título “Energía renovable y transición energética”, y en él participarán Adnan Amin, director general de la Agencia Internacional de Energía Renovable (IRENA), Christiana Figures, ex secretaria ejecutiva de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, y Teresa Ribera, ministra para la Transición Ecológica.

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El presidente del Tribunal Constitucional resalta el papel de España en la UE y en la comunidad internacional como una de las democracias más consolidadas y abiertas del mundo

20 de febrero, 2019

Tribunal Constitucional
Gabinete del Presidente
Oficina de Prensa – tribunalconstitucional.es
Nota informativa nº 13/2019
El presidente del TC resalta el papel de España en la UE y en la comunidad internacional como una de las democracias más consolidadas y abiertas del mundo
El Presidente del Tribunal Constitucional, Juan José González Rivas, ha resaltado hoy el papel de España, miembro relevante y respetado de la Unión Europea y de la Comunidad Internacional, como una de las democracias más consolidadas y abiertas del mundo, en la apertura del 26º Congreso Mundial del Derecho, que se celebra en Madrid los días 19 y 20 de febrero.
España es un país “que ampara, valora y promueve su diversidad constitutiva” y su modelo de descentralización es un ejemplo para muchas otras naciones, ha explicado González Rivas. También ha destacado el alto grado de protección de los derechos y libertades, dado que es uno de los Estados de su entorno que menos condenas tiene por parte del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
Durante su intervención, ha explicado que proteger y alentar el pluralismo político es uno de los valores esenciales de la Carta Magna. Por ello, el Tribunal Constitucional, como principal defensor de la misma y para asegurar la convivencia en una sociedad plural, debe garantizar su supremacía normativa: “La Constitución nos ampara a todos, incluso a quienes disienten de ella, y por eso, ningún poder constituido puede pretender situarse por encima de la norma fundamental en un abierto y expreso desafío a la fuerza de obligar de la Constitución o del ordenamiento que sobre ella se levanta”.
El Presidente, en relación con el lema del Congreso, Constitución, democracia y libertad. El Estado de Derecho, garante de la libertad, ha reflexionado sobre la importancia del principio democrático, del principio de legalidad y de los derechos humanos, conceptos que forman un núcleo indisociable: “No hay democracia sin disfrute de los derechos humanos, pero tampoco puede haber tal disfrute sin un respeto escrupuloso a la ley democrática, en tanto que expresión de la propia democracia”.
“Estos tiempos de crecientes desigualdades exigen de nosotros el desafío de la mayor tolerancia y del mayor respeto mutuo, por lo que necesitamos confiar en ese derecho que abate y rebate el abuso y la tiranía y que garantiza las condiciones de una convivencia plural”, ha exhortado.
Finalmente, ha celebrado la concesión de la Medalla “Paz y Libertad” a SM El Rey D. Felipe VI: “La Corona, enmarcada en la Monarquía constitucional y parlamentaria como forma de Estado, y en tanto que símbolo de su unidad y permanencia, encarna precisamente estos éxitos de que les hablo”.
Madrid, 19 de febrero de 2019

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La CNMC inicia un expediente sancionador contra 25 empresas de servicios de consultoría y varios directivos de algunas de ellas

19 de febrero, 2019

La CNMC inicia un expediente sancionador contra 25 empresas de servicios de consultoría y varios directivos de algunas de ellas

14 febrero 2019  cnmc.es

nota de prensa Competencia

◦Investiga posibles prácticas anticompetitivas consistentes en un reparto del mercado nacional de servicios de consultoría.

La CNMC (Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia) ha incoado un expediente sancionador contra 25 empresas que desarrollan su actividad en el sector de los servicios de consultoría al observar indicios racionales de que han cometido infracciones prohibidas por el artículo 1 de la LDC y el artículo 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE). (S/DC/0627/18).

Estas consistirían en acuerdos o prácticas concertadas para el reparto del mercado de servicios de consultoría en diversas licitaciones principalmente públicas, aunque también habrían afectado a algunas privadas, en gran parte del territorio nacional. Concretamente, las empresas habrían presentado ofertas ficticias para concurrir de forma concertada a licitaciones entre los años 2009 y 2018.

Las empresas incoadas son: Abay Analistas Económicos, S.L., Altia Consultores, S.A., y su matriz Boxleo TIC, S.L., Bmasi Strategy, S.L., Competitividad Desarrollo e Innovación, S.L.U., Consultores de Políticas Comunitarias, S.L., Deloitte Consulting, S.L.U. y Deloitte Financial Advisory, S.L.U., y su matriz Deloitte Advisory, S.L., Gestiona XXI Consulting, S.L., Gizarpro, S.L., Idom Consulting, Engineering, Architecture, S.A.U., y su matriz Idom, S.A., Indra Sistemas, S.A., Innovisions 21, S.L., Oesia Networks, S.L. y su matriz Heisenberg 2014, S.L.,  Pa Consulting Services Limited Sucursal en España y su matriz Pa Consulting Services Limited, Pricewaterhousecoopers Asesores De Negocios, S.L., Red2Red Consultores, S.L., Regio Plus Consulting, S.L., T-Systems ITC Iberia, S.A.U. y su matriz T-Systems International GmbH, y 97S&F, S.L.

Asimismo, han sido incoados directivos de las empresas Bmasi Strategy, S.L., Deloitte Consulting, S.L.U., Idom Consulting, Engineering, Architecture, S.A.U, Innovisions 21, S.L, 97S&F, Pricewaterhousecoopers Asesores De Negocios, S.L,. Regio Plus Consulting, S.L. y Red2Red Consultores, S.L

La incoación del expediente se produce tras las inspecciones realizadas por la CNMC los días 23, 24 y 25 de octubre de 2018 (nota de prensa), en las sedes de las empresas del Grupo Deloitte (Deloitte, S.L., Deloitte Advisroy, S.L., Deloitte Financial Advisory, S.L.U. y Deloitte Consulting, S.L.U.), de Idom, S.A. y de Idom Consulting, Engineering, Architecture, S.A.U., de Pricewaterhousecoopers Asesores De Negocios, S.L y Pricewaterhousecoopers Compliance Services, S.L., y de Regio Plus Consulting.

El origen de las actuaciones de la CNMC se encuentra en la remisión, por parte de la Autoridad Vasca de Competencia, de la investigación realizada (103 PVA 04-52/17) por un posible reparto de contratos de servicios de consultoría licitados por la Administración autonómica del País Vasco y, en particular, la información obtenida en las inspecciones realizadas por esa autoridad, los días 11 y 12 de enero de 2017, en las sedes de varias empresas.

La CNMC recuerda a las partes el “deber de reserva y confidencialidad” al que están obligadas de acuerdo con el artículo 43 de la Ley 15/2007 de Defensa de la Competencia. Tal obligación de discreción está dirigida a proteger el proceso de investigación y de resolución del expediente sancionador.

La incoación de este expediente no prejuzga el resultado final de la investigación. Se abre ahora un periodo máximo de 18 meses para la instrucción del expediente y para su resolución por la CNMC.

Por otra parte, la CNMC cuenta con el Programa de Clemencia, que permite a las empresas que forman parte de un cártel beneficiarse de la exención del pago de la multa, siempre y cuando aporten elementos de prueba que posibiliten a la CNMC su detección, o de una reducción del importe de la multa que pudiera imponérsele, si aporta información con valor añadido significativo, en relación con una investigación ya iniciada por la CNMC.

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La contrarreforma laboral será un ‘empleicidio’

18 de febrero, 2019

La contrarreforma laboral será un ‘empleicidio’

ieemadrid.es

Artículo de opinión de José Luis Feito, Presidente del IEE, en la revista “Actualidad Económica” el 11 de febrero de 2019

Este año la economía española continuará creando empleo, si bien a menor ritmo que en 2018 y algo por debajo, y de peor calidad, del que se hubiera creado sin la intensa subida del salario mínimo y de las cotizaciones sociales. Mientras persista el ciclo económico expansivo, seguirá aumentando el empleo y reduciéndose el paro en mayor o menor medida. La enfermedad de nuestro mercado de trabajo no se manifiesta durante la etapa expansiva, en la que habitualmente creamos empleo más intensamente que los países de nuestro entorno, sino en la etapa descendente del ciclo, cuando destruimos mucho más empleo que ellos. Ambos fenómenos están interrelacionados. Esto es, en las recuperaciones creamos más empleo y tendemos a crecer más rápidamente que la mayoría de los demás países porque durante las recesiones nuestras pérdidas de empleo son mucho mayores que las suyas.

Esta es la relación clave para comprender nuestros males laborales y sobre la que hay que actuar para erradicarlos: la evolución del empleo y del paro durante la fase bajista del ciclo. Como veremos, la reforma laboral de 2012 actuó positivamente sobre esta relación, si bien no lo hizo con la suficiente amplitud como para impedir que volvamos a tener desplomes de empleo más pesados que los demás países en la próxima recesión. Por eso, sería deseable profundizar dicha reforma antes de que acontezca un cambio de ciclo. Si en lugar de seguir corrigiendo las imperfecciones de nuestro mercado de trabajo, o al menos mantener la situación actual, se ejecuta una contrarreforma laboral como la que pretenden los sindicatos y al parecer el Gobierno, se cometerá un colosal sinsentido, altamente costoso para el país en su conjunto y especialmente dañino para los trabajadores más vulnerables.

1. El origen del problema: el comportamiento del empleo y del paro en el inicio de la etapa recesiva.

Después de cinco años de vigorosa expansión económica e intensa creación de puestos de trabajo, a finales del pasado año el nivel de empleo aún era inferior al existente antes de la crisis y la tasa de paro todavía casi duplica la registrada en 2007. Nuestra tasa de empleo continúa siendo una de las más bajas de la UE, sensiblemente inferior a la media de dicho conjunto de países, mientras que nuestra tasa de paro duplica la media de las suyas. Nada de esto es imputable a carencia alguna del proceso expansivo. El problema reside en la desorbitada destrucción de empleo acaecida durante los años de crisis. Así, entre la primera parte de 2008, cuando comienza dicha crisis, y la primera parte de 2013, cuando se alcanza el fondo de la misma, el PIB registra una caída del orden del 7% y el nivel de empleo desciende alrededor de un 18%. Caídas de empleo de esta magnitud sólo se encuentran en los años de la Gran Depresión del pasado siglo, si bien los retrocesos del PIB de aquellos años fueron muy superiores al 7%, siendo aproximadamente proporcionales a la caída del empleo. Caídas del empleo equivalentes a dos a tres veces la caída del PIB es una singularidad en las estadísticas económicas mundiales. En la mayoría de los países de la OCDE, durante la gran recesión que se inició a finales de 2007, el empleo cayó algo menos o, a lo sumo, en similar proporción a como lo hizo el PIB.

Algunas pseudoexplicaciones de esa singularidad española, de esa caída estrepitosa del empleo por unidad de caída del PIB en las recesiones, la atribuyen a factores específicos de la crisis en España en comparación con otros países de la OCDE. Aparte de que los supuestos factores específicos de la crisis en España (v.g. crisis de las entidades de depósito y del sector de la construcción) también se dieron en otros países de la OCDE sin que las pérdidas de empleo fueran tan devastadoras, caídas porcentuales del empleo del orden de dos veces y medio la caída porcentual del PIB constituyen una evidencia clamorosa de instituciones laborales altamente deficientes y perniciosas para el empleo sean cuales sean las especificidades de la estructura productiva del país. Pero además, y esto desmonta cualquier intento de atribuir la singularidad de nuestra crisis al sector de la construcción (o a la mayor o menor incidencia de los contratos temporales), caídas del empleo de intensidad muy desproporcionada con las desaceleraciones o caídas del PIB también se produjeron en las dos anteriores recesiones de la economía española durante el pasado siglo: la de finales de los años setenta (cuando no existían los contratos temporales y el sector que más sufrió fue la industria) y la de comienzos de los años noventa (cuando los contratos temporales y el peso de la construcción eran menores). Si bien entonces las pérdidas totales de empleo fueron inferiores a las padecidas durante la gran recesión, como lo fue también la gravedad de aquellas recesiones, las caídas del empleo también fueron mucho más intensas que las caídas del PIB y los aumentos de la tasa de paro fueron igualmente desaforados, duplicándose el nivel existente antes de las correspondientes recesiones. Así pues, en las etapas de debilitamiento y caída de la actividad económica, se conjuran las principales deficiencias institucionales de nuestro mercado de trabajo para ocasionar destrucciones masivas de empleo y generar un paro muy elevado y permanente que cuesta mucho absorber cuando llega la expansión.

2. Los costes de despido y la estructura de la negociación colectiva, causas principales del problema.

Las principales características institucionales de nuestro mercado de trabajo que generan ese comportamiento diferencial del empleo y del paro en España durante las etapas recesivas son esencialmente dos: los desorbitados costes del despido y la ineficiente estructura de la negociación colectiva. Como veremos, los costes de despido efectivos en España y la rigidez de la negociación colectiva (la ausencia de flexibilidad interna), alcanzan se sitúan entre los más elevados de la OCDE. Los costes de despidos inusitadamente altos que se materializan en los estadios iniciales de la recesión aumentan los costes laborales disparatadamente y reducen la demanda de empleo con especial intensidad. Ponen en peligro la supervivencia de empresas que podrían afrontar la recesión si el coste de ajustar sus plantillas no fuera tan elevado y, sobre todo, reduce el excedente empresarial disponible para invertir y llevar a cabo los reajustes necesarios para recuperar los niveles de producción perdidos. Por último, fomentan la adopción de tecnologías encaminadas a sustituir trabajo por capital y cercenan el avance de los sectores intensivos en la utilización del factor trabajo. Puede resultar paradójico, pero la evidencia es innegable: los países con costes de despido más elevados terminan despidiendo más trabajadores que los países con costes de despido más reducidos (incluso contabilizando únicamente los despidos de trabajadores con contrato indefinido, los despidos en España han sido mayores que en casi cualquier otro país de la OCDE).

La legislación laboral que ampara la estructura de la negociación colectiva en España prima el recorte del empleo como mecanismo de ajuste ante caídas de las ventas de la empresa, cegando otras posibilidades de ajuste como la reducción de jornada o la movilidad geográfica y funcional de los trabajadores. Sobre todo, cuando se desencadena una pronunciada desaceleración de la actividad económica, impone a muchas empresas niveles de costes salariales que no pueden pagar dadas las condiciones de la demanda de sus productos y la productividad de sus trabajadores. La reacción de estas empresas es reducir todo lo posible su nivel de empleo a fin de disminuir sus costes laborales unidad de producto. Esto es, la imposición de condiciones laborales pactadas en convenios provinciales o sectoriales por empresas con una estructura de costes y productividad más sólidas que las de muchas otras empresas que no participan en la negociación de dichos convenios pero que se ven obligados a aceptarlos, provoca ajustes de empleo que, al menos en parte, se podrían haber evitado si estas otras empresas se hubieran descolgado del convenio.

Las diferencias entre el funcionamiento de estas instituciones laborales en España y en la mayoría de los países de nuestro entorno son mayores de lo que puede parecer a simple vista. En cuanto a los costes de despido, como en cualquier otro país, el monto de las indemnizaciones difiere según sea el despido justificado por causas económicas o improcedente. Después de las reformas de 2010 y, sobre todo de la de 2012, los costes teóricos del despido en nuestro país, tanto por despido procedente como improcedente, se situaban por encima de la media de los países de la UE, pero no tanto como lo estaban antes de estas reformas. El problema estriba en que los costes efectivos del despido son muy superiores a los costes teóricos, (y lo eran aún más hasta la reforma de 2012), por las resoluciones judiciales que apenas admiten los despidos por causas económicas y tienden a juzgar la mayoría de los despidos como improcedentes. En la práctica, esto se traduce en conciliaciones y negociaciones que se cierran con costes de despido sensiblemente superiores a los teóricamente estipulados en los despidos por causas económicas y, por ende, muy superiores a los de la mayoría de los países de la OCDE. Con todo, la reforma de 2012 supuso, al menos, una mejora apreciable respecto a la situación anterior y, además de haber contribuido positivamente a la salida de la crisis, permitirá suavizar los costes, en términos de destrucción de empleo, de una nueva recesión. Eso sí, sin reformas adicionales, estos costes seguirán siendo superiores a los del promedio de países de la OCDE. Es innecesario añadir que si se lleva a cabo una contrarreforma, eliminando los avances conseguidos en la reforma de 2012 para paliar la incertidumbre de la tutela judicial o administrativa en los despidos colectivos y en los despidos por causas económicas, la destrucción masiva de empleo sufrida en la crisis (en cualquiera de las crisis que hemos padecido) se volverá a reproducir en el siguiente episodio recesivo. Además, la contrarreforma tendría un impacto negativo inmediato sobre las expectativas empresariales, que afectaría tanto a las inversiones nacionales como internacionales, con lo que se acortaría la expansión y se limitaría la creación de empleo.

En cuanto a la negoción colectiva, las características distintivas de la situación española frente a otros países son la cláusula erga omnes y, hasta la reforma de 2012, la práctica imposibilidad de ajustes a la baja de salarios y jornadas, dejando el recorte del empleo como único mecanismo de respuesta a la crisis. La cláusula erga omnes, establecida en el Estatuto de los trabajadores, impone la eficacia general de los convenios colectivos de ámbito superior a la empresa acordados por organizaciones sindicales y empresariales, con independencia de que dicho convenio sea acordado por un número mayor o menor de las empresas que operan en ese ámbito sectorial o provincial. Así, su contenido es de obligada observación para todas las empresas del sector o provincia, aunque la mayoría de dichas empresas no hayan participado en su negociación o tengan condiciones de costes y demanda que hagan desaconsejable aplicar el convenio. Como se ha dicho antes, esta rigidez impuesta a las empresas por la eficacia general de los convenios obliga a muchas de ellas en tiempos de crisis a efectuar ajustes de empleo mucho más intensos de los que ocurrirían si pudieran negociar condiciones salariales y de jornada diferentes a las del convenio. Esta rigidez, además, se veía acentuada por la ultraactividad de los convenios que estipulaba la vigencia de los convenios vencidos hasta su sustitución por un nuevo convenio.

La reforma de 2012 abrió la posibilidad del descuelgue de empresas de un convenio de ámbito superior cuando las circunstancias así lo aconsejarán. También limito el alcance de la ultraactividad mediante la acotación temporal de la vigencia de los convenios vencidos. Al igual que sucedía con la reforma de los costes de despido, estas medidas han contribuido positivamente a la salida de la crisis y permitirán reducir los costes de la próxima recesión. Sería deseable seguir avanzando en esta línea de reformas hasta conseguir que los convenios de ámbito superior a la empresa sean aplicables únicamente a las empresas que tácita o explícitamente se adhieran a los mismos, como ocurre en todos los países de la OCDE, además de potenciar la flexibilidad interna para ajustar jornadas y movilidad funcional cuando la caída de actividad así lo aconseje. Si no sólo no se progresa en esta dirección, sino que se eliminan las dosis de flexibilidad introducidas con la reforma de 2012 y se vuelve a la situación anterior a dicha reforma, antes o después volveremos a padecer los niveles de desempleo del pasado.

3. Conclusiones

La vibrante expansión económica y la intensa creación de empleo que estamos viviendo desde finales del 2013 no debe cegarnos y hacernos ignorar la realidad de las profundas distorsiones que siguen plagando el funcionamiento de nuestro mercado de trabajo. La economía española efectuó los ajustes impuestos por la crisis mediante una destrucción inaudita de empleo que, a su vez, acentuó la gravedad de la crisis, una destrucción que podría haber sido mucho menor si el mercado de trabajo se hubiera reformado antes y con mayor profundidad de lo que se hizo, acercando sus pautas de comportamiento a las vigentes en la mayoría de los países de la OCDE. El crecimiento del empleo y de la economía a lo largo de estos años están, en buena parte, siendo impulsados por los ajustes engendrados por aquellas masivas pérdidas de producción y empleo. La reforma del mercado de trabajo de 2012, al mejorar las expectativas empresariales y disipar el miedo a contratar, ha contribuido positivamente a la salida de la crisis, y permitirá afrontar mejor la próxima recesión. Sin embargo, en ausencia de medidas adicionales, será insuficiente para impedir que volvamos a sufrir mayores pérdidas de empleo por unidad de producto que los demás países cuando nos enfrentemos a una pronunciada desaceleración de la actividad económica. Una contrarreforma laboral sería un regreso al pasado, una operación desnortada para recomponer la mortífera maquinaría de destrucción masiva de empleo que tanto daño nos ha causado. Supondría, en suma, si se me permite autocitarme, cometer un empleicidio de enorme magnitud.

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La inflación se reduce dos décimas en enero, hasta el 1%

17 de febrero, 2019

15 de febrero de 2019

mineco.gob.es

La inflación se reduce dos décimas en enero, hasta el 1%

Continúa la moderación de los precios de la energía en línea con la evolución del petróleo y del gas

Se mantiene el diferencial de inflación favorable a España respecto a la zona euro
La tasa interanual del IPC general se situó en el 1% en enero, tras reducirse dos décimas, tal y como avanzó el INE a finales del mes pasado. Esta reducción está motivada por el avance más contenido de los precios de todos sus principales componentes.

Los precios de los productos energéticos moderaron en enero el ritmo de crecimiento interanual seis décimas, hasta el 1,5%, debido al descenso del -0,3% de los precios de carburantes y combustibles, en línea con el comportamiento del precio del petróleo y del gas. Por el contrario, el precio de la electricidad subió el 5,7% interanual, tasa superior en más de cinco puntos a la del mes anterior.

Los precios de la alimentación no elaborada aumentaron el 2,3% interanual, nueve décimas menos que en diciembre, destacando la caída del -3% de los precios del pescado fresco o refrigerado.

La inflación subyacente, que excluye los elementos más volátiles del IPC (alimentación no elaborada y productos energéticos), se sitúa en el 0,8% interanual, una décima menos que en diciembre del pasado año. Se ha moderado una décima el ritmo de crecimiento de sus tres componentes, alimentación elaborada, bebidas y tabaco, bienes industriales no energéticos (BINE) y servicios, situándose en el 0,4%, 0,1%, y 1,4%, respectivamente. Dentro de servicios destaca la caída del -2,8% de los precios de los paquetes turísticos.

En enero, la tasa interanual del IPC ha disminuido en 14 de las 17 comunidades autónomas respecto a la de diciembre, y se mantiene en Navarra, País Vasco y las Islas Baleares. Los mayores descensos se producen en Castilla-La Mancha (cinco décimas, hasta el 0,7%) y Canarias y Cataluña (cuatro décimas hasta el 1%, en ambos casos).

La tasa interanual del IPC a impuestos constantes se situó en enero en el 0,9%, una décima inferior a la del IPC general.

El INE ha publicado asimismo el IPC armonizado (IPCA) correspondiente al mes de enero, cuya tasa interanual se reduce dos décimas, hasta el 1%. La tasa adelantada por Eurostat para el conjunto de la zona euro se sitúa en dicho mes en el 1,4%, resultando un diferencial de inflación favorable a España de 0,4 puntos porcentuales.

 

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Declaración institucional del presidente del Gobierno

16 de febrero, 2019

Declaración institucional del presidente del Gobierno

La Moncloa, viernes 15 de febrero de 2019
lamoncloa.gob.es
Buenos días a todos y a todas. Gracias por acudir a esta comparecencia de prensa.

Quisiera comenzar esta intervención compartiendo con los españoles una íntima convicción, y es que una de las responsabilidades de la Presidencia del Gobierno es ofrecer a los españoles un horizonte. Un futuro que conquistar. Un modelo de sociedad que construir. Y hacerlo explicando las razones, los argumentos, los porqués del horizonte propuesto, de las decisiones que se toman desde el Ejecutivo.

Y esto es lo que pretendo hacer en esta declaración.

Hace casi nueve meses se abrió paso la primera moción de censura en la historia democrática en nuestro país. Los porqués que llevaron a hacerla prosperar los conocen todos los españoles y todas las españolas. El partido que entonces sustentaba al Gobierno fue condenado por financiación irregular y por enriquecimiento ilícito. Aún hoy se siguen investigando, y se siguen juzgando ante los tribunales las diversas ramificaciones de esa red de corrupción.

Hace casi nueve meses, España sufría un Gobierno que estaba más pendiente de defenderse ante los tribunales que de defender el interés general de los españoles. Un Gobierno acosado por la corrupción, y sumido en una parálisis legislativa. Un Gobierno que no atendía a las urgencias sociales que sufría y sufre buena parte de la ciudadanía de nuestro país.

La no asunción de responsabilidades políticas por el partido entonces en el Gobierno y, también, de su principal apoyo parlamentario llevó a que la mayoría del Congreso de los Diputados apoyara el cambio de Gobierno con una moción de censura. Y lo hizo legítimamente. Lo hizo al amparo del artículo 113 de la Constitución Española. Artículo que dota, –y quiero además volver a subrayarlo–, de legitimidad democrática y constitucional la conformación de un Gobierno salido de la moción de censura. Elegido por la mayoría de los escaños del Congreso de los Diputados que son elegidos, a su vez, por su voto por parte de los ciudadanos y ciudadanas en una democracia que, –no olvidemos–, es una democracia parlamentaria. Conviene recordarlo. Nunca olvidarlo.

Como conviene también recordar que este artículo constitucional exige que la naturaleza de la moción de censura sea constructiva. Y me parece importante quedarme y subrayar, aunque sea por unos segundos, esta característica. Tiene que ser constructiva, porque con ello se permite dotar de estabilidad, de certidumbre, de confianza a nuestro sistema político.

No se vota echar a nadie. Lo que se vota es la conformación de un nuevo Gobierno, con su programa de Gobierno. Y eso es lo que se produjo en junio del año pasado.

Esto es lo que hicimos: respetar la letra y el espíritu de la Constitución Española. Constituir otro Gobierno y ofrecer otra alternativa, otro horizonte, necesario, por otra parte, a nuestro país.

Nombramos un Gobierno de personas capaces, de personas que son referentes sociales y referentes también internacionales en sus ámbitos de responsabilidad. Un Gobierno, en definitiva, abierto. Un Gobierno no partidista. Un Gobierno dispuesto a consensuar con el diferente, –necesario en nuestro país: el consenso, el acuerdo, y no la crispación–. Un Gobierno con una clara vocación europeísta, de convicciones progresistas. Un Gobierno de izquierdas, con compromiso social, y con el mayor número de mujeres de todos los países de la OCDE sentadas en su Consejo de Ministros.

A todos ellos y a todas ellas les doy las gracias por su compromiso y por su trabajo tan intenso durante estos meses.

Un Gobierno que tenía una firme convicción: gobernar para la mayoría, unir a los españoles, y no enfrentarlos. Por encima de las ideologías, unir a los españoles. Dar una respuesta colectiva a los desafíos que como sociedad tenemos por delante: la digitalización y la revolución tecnológica, el empleo y el impulso empresarial, el cambio climático y la despoblación, la sostenibilidad de nuestro Estado de bienestar. La fortaleza de nuestras instituciones democráticas, y, singularmente, del Estado Autonómico, la igualdad de género, la lucha contra todo tipo de desigualdad y de exclusión social. La educación de nuestros hijos, la salud de nuestros seres queridos y las pensiones de nuestros mayores.

El horizonte hacia el que avanzar que propusimos entonces a los españoles se resume en tres ejes: el primero, la consolidación del crecimiento económico que tiene que ser respetuoso con el medio ambiente, y la creación de empleo digno. Ese es el primero de los ejes. El segundo, la reconstrucción de nuestro Estado de bienestar para redistribuir los frutos del crecimiento y, finalmente, reforzar nuestras instituciones democráticas.

Fruto de este intenso trabajo, y me gustaría, además, subrayarlo, porque es la primera vez que fructifica y prospera una moción de censura y, desde el minuto uno pusimos en marcha toda la maquinaria del Estado, no solamente para que España no se parara, sino que también reorientara muchas de sus políticas hacia opciones y políticas de contenido progresista y social. Fruto de ese intenso trabajo, en poco más de ocho meses de Gobierno y tras años de parálisis, se han aprobado en las Cortes Generales 13 Leyes y se han aprobado más de 25 Reales Decretos-ley. Se han traspuesto Directivas que dormían el sueño de los justos, y cuyo incumplimiento en la trasposición amenazaba al erario público. Y se ha recuperado la presencia europea e internacional de España, que hacía falta.

Para consolidar el crecimiento y la creación de empleo, que era el primero de los ejes, el Gobierno aprobó al principio un Plan de Empleo digno que ha transformado en contrataciones indefinidas más de 50.000 empleos precarios.

Se ha aumentado en un 22% el Salario Mínimo Interprofesional acercándonos a los objetivos marcados por la Carta Social Europea. Se mejoró el grado de protección del colectivo de los trabajadores autónomos, que representa a más de tres millones de hombres y de mujeres en nuestro país.

Se han movilizado, también, políticas y recursos económicos para los pequeños y medianos municipios y llenar de oportunidades laborales la España vacía. Se han impulsado medidas para la transición ecológica de nuestro sistema energético, fundamental, para luchar contra un desafío global, como es el del cambio climático. Se ha derogado el impuesto al sol. Se han comprometido recursos para luchar contra la pobreza energética.

Se aprobó también una nueva Ley Hipotecaria, se ha dinamizado el sector de la ciencia, que ha sido vilipendiado durante siete años de la anterior Administración. Se han impulsado las inversiones en infraestructuras que eran necesarias para nuestro país, y se ha reafirmado el compromiso no solamente de este Gobierno sino también del conjunto de la sociedad por la reindustrialización, el sector primario y la creación artística y cultural.

Esta política económica se complementó con un compromiso firme con el saneamiento de nuestras cuentas públicas, y el resultado de esta política económica, que es rigurosa, pero no exenta de compromiso social, ha hecho que el crecimiento económico en España sea robusto, mayor que el de las principales economías europeas, y que el año 2018 se haya cerrado con unas tasas de creación de empleo muy semejantes a las que teníamos en niveles precrisis en nuestro país.

El segundo objetivo era que los frutos de ese crecimiento se redistribuyeran a la mayoría social de nuestro país. España es un país que si tiene un problema fundamental es la desigualdad. La desigualdad social, la desigualdad de género, y, también, la desigualdad intergeneracional. Hay mucha gente joven que sufre la falta de oportunidades, la precariedad, y las dificultades para poder emanciparse. Por tanto, no es útil, ni es justo, un crecimiento que no se redistribuye ante el conjunto de la sociedad.

El objetivo, por tanto, que nos propusimos fue reconstruir el Estado del bienestar. Por ello, recuperamos la universalidad de la sanidad pública. Garantizamos el poder adquisitivo de las pensiones. Revertimos los recortes educativos, las becas. Impulsamos el pacto de Estado contra la violencia de género. Reconocimos el derecho a voto de 100.000 personas con discapacidad que no lo tenían reconocido. Impulsamos una nueva Ley de lucha y de protección de los menores ante cualquier caso de abuso o de violencia. Reforzamos los recursos en la lucha contra la pobreza infantil, que afecta al 28% de los niños y niñas en nuestro país.

Nos comprometimos con la Agenda 2030, y reforzamos la legislación civil y procesal en materia de discapacidad ante enfermedades, también, que afectan a personas de mayor edad.

Y el tercer objetivo consistió en reforzar nuestra democracia, nuestras instituciones. Lo que se dice que es la regeneración democrática. No solamente poniendo en pie un Gobierno abierto, un Gobierno ejemplar, poniendo fin a un Gobierno asediado, como he dicho antes, por la corrupción, sino que planteamos, también, garantizar una Radiotelevisión Española pública objetiva y plural. El impulso a la Memoria Histórica, y dar cumplimiento al mandato parlamentario, y mandato legal de la Ley de Memoria Histórica de exhumar al dictador del Valle de los Caídos.

La creación, también, de una nueva autoridad macroprudencial que supervise y dé respuesta a futuros desmanes en el sector financiero que tanto han afectado a la clase media y trabajadora en nuestro país. O el impulso de dos reformas constitucionales que han sido largamente pedidos y demandados por la sociedad y determinados colectivos.

Una reforma constitucional para acabar con los aforamientos de los políticos, y una reforma constitucional para dejar de hablar y de llamar a las personas con discapacidad o con distintas discapacidades “disminuidos físicos, psíquicos, o sensoriales” que es como ahora mismo está tasado en nuestra Constitución.

No quiero olvidar en este punto el refuerzo del Estado con la mayor Oferta Pública de Empleo de la década, que se ha puesto en pie durante estos ocho meses de Gobierno, y la subida salarial de los empleados públicos que ha hecho el Gobierno. Y, por supuesto el refuerzo del Estado autonómico impulsando las conferencias sectoriales entre el Gobierno y los distintos Gobiernos autonómicos recogidas en los Estatutos y que, desgraciadamente, durante estos últimos siete años habían sido abandonadas por el anterior Gobierno.

La voluntad del Gobierno ha sido siempre la misma: la que ha caracterizado al Partido Socialista y a mi persona cuando he estado como líder de la oposición. Y, hoy, como presidente del Gobierno.

Nosotros, dentro de la Constitución y de la legalidad, estamos dispuestos a hablar, a dialogar, y a encontrar una solución. Dentro de la Constitución, todo. Fuera de la Constitución, nada.

Eso lo han sabido todos y cada uno de los Gobiernos autonómicos y lo sabe también la oposición. La única diferencia entre lo que ha ocurrido hoy y lo que ocurrió hace ocho meses, antes de la moción de censura, es que antes el Gobierno del Partido Popular contó con la lealtad institucional y el apoyo inequívoco del Partido Socialista Obrero Español, y de mi persona. En cambio, hoy, por desgracia, en estos ocho meses de Gobierno no hemos contado con la lealtad, no al Gobierno, sino al Estado, de la oposición conservadora.

Por tanto, consolidación del crecimiento y de la creación de empleo. Reconstrucción del Estado de bienestar, porque es importante crecer, pero sobre todo lo es redistribuir el crecimiento y mejorar la calidad democrática de nuestro país con las instituciones y, en particular con el Estado.

Y todo ello, insisto, se ha materializado en más de una veintena de Reales Decretos-leyes, y 13 Leyes que a mí me parece que han hecho mejorar a España, sin duda alguna. Que ha situado a nuestro país en mayores cotas de crecimiento, de justicia social y de ejemplaridad. Y todo ello, –insisto– en poco más de ocho meses.

Pero junto a lo logrado, –que ha sido mucho, y creo que ha sido importante para este país–, debo recordar lo bloqueado. Lo paralizado. Lo bloqueado y lo paralizado, no por una falta de mayoría parlamentaria, que existía, sino por una oposición que ha utilizado las instituciones con intereses partidarios. Por una oposición que no ha atendido a razones, que está alejada de los parámetros del sentido común, y de la moderación que se exige si uno quiere liderar la oposición. Que no ha antepuesto, en definitiva, el interés general. Habrá antepuesto otros intereses, pero desde luego no el interés general. Que ha bloqueado leyes importantes, muy importantes, en su tramitación en el Congreso de los Diputados. Muy importantes para el bienestar y la prosperidad de la ciudadanía, con independencia de a quién voten en los procesos electorales.

Se ha bloqueado, por ejemplo, la tramitación de la Ley de Eutanasia. Se ha bloqueado, también, la derogación de la Ley Mordaza. Se ha bloqueado también, la derogación de la Reforma Laboral. Se ha bloqueado también, la modificación del voto rogado para permitir la participación de los españoles que viven en el extranjero. Se han bloqueado también leyes importantes como la igualdad laboral, o la lucha contra la brecha salarial. Se ha bloqueado también la tramitación de la Ley sobre bebés robados. Las prácticas académicas universitarias externas. La pobreza energética, la protección a los desempleados. La sostenibilidad de nuestro sistema de pensiones para garantizar que no hay merma de poder adquisitivo de nuestros jubilados y jubiladas.

Todo esto se ha bloqueado, se ha paralizado no porque no hubiera una mayoría parlamentaria para poder sacarlo adelante, sino por el filibusterismo parlamentario del Partido Popular y de Ciudadanos que contaban con una mayoría en la Mesa del Congreso.

Y, finalmente, el bloqueo a la tramitación de unos Presupuestos sociales y quiero subrayarlo, unos Presupuestos sociales, después de siete años de injusticia social, de austeridad, de recortes del Estado de bienestar. Y como resultado de desigualdad y de falta de oportunidades para colectivos hoy más vulnerables como consecuencia de estos intereses partidarios.

Unos Presupuestos sociales que hubieran revitalizado, por citar algunos ejemplos, nuestro sistema nacional de dependencia, que ha sido abandonado durante siete años de Gobierno del Partido Popular, la protección por desempleo a los parados de larga duración de más de 52 años, las políticas de vivienda, y, sobre todo, las políticas de alquiler para que los jóvenes se pudieran emancipar mucho antes, a edad temprana. La educación, con un impulso a las becas. La Formación Profesional, el empleo juvenil, el impulso a la ciencia y el retorno del talento que ha salido como consecuencia de los recortes durante estos últimos años de crisis. La transición justa de nuestra economía apoyando aquellas comarcas que van a estar afectadas como consecuencia de ese desafío enorme que representa el cambio climático, y el cambio, en consecuencia, de nuestro sector energético. Unos Presupuestos que hubieran reducido también la carga fiscal para las pequeñas y medianas empresas.

En definitiva, unos Presupuestos buenos para los españoles. Buenos para los españoles y buenos para todos y cada uno de los territorios de nuestro país.

Con todos, sí quiero trasladar algunos mensajes a la ciudadanía española. Con todo, y pese a que no haya presupuestos, porque así lo ha decidido la oposición, quiero trasladar que la revalorización de las pensiones de nuestros jubilados, que ha sido comprometida por el Gobierno de España, que el alza del Salario Mínimo Interprofesional, y que el aumento del sueldo de los empleados públicos que ha aprobado el Gobierno de España con o sin Presupuestos están garantizados. Están garantizados. Este es el compromiso del Gobierno de España. Y vamos a cumplir con ese compromiso.

Después de casi nueve meses de avances y de transformaciones buenas para los ciudadanos el Gobierno esta semana, y España, también, esta semana nos hemos topado con un bloqueo en forma de rechazo de los Presupuestos más sociales de la última década en nuestro país. Y, por tanto, si son los más sociales, los más necesarios en nuestro país.

Y la disyuntiva que se nos plantea es clara, como Gobierno. Y a mí como presidente del Gobierno: o continuar gobernando con unos Presupuestos que no son los nuestros, y que incumplen las exigencias sociales que necesita nuestro país, o bien, creer, como creo, que España no tiene un minuto que perder. Que España necesita avanzar. No dar pasos hacia atrás. Que España necesita empezar todo su esfuerzo y todas las energías colectivas en abordar las grandes transformaciones que necesitamos si queremos construir la España que queremos.

Entre las dos opciones: no hacer nada y continuar sin Presupuestos o convocar y dar la palabra a los españoles, elijo la segunda.

España debe continuar avanzando. Debe continuar progresando, desde la tolerancia y el respeto. Desde la moderación y el sentido común. Excluyendo la política de la crispación. Creciendo y creando empleo de calidad, redistribuyendo la riqueza. Consolidando y reconociendo no los derechos y las libertades que hemos logrado durante estos últimos 40 años, sino también ampliando la capacidad y el perímetro de esos derechos y de esas libertades, fortaleciendo la cohesión social y la cohesión territorial como único garante para conservar y preservar la unidad de España.

Por este motivo, les anuncio que en ejercicio de las facultades que ostento como presidente del Gobierno de España y previa deliberación del Consejo de Ministros, he propuesto la disolución de las Cámaras y la convocatoria de Elecciones Generales para el día 28 de abril.

He comunicado a SM el Rey esta decisión, y, como saben, de acuerdo a lo establecido en el Art. 115 de la Constitución Española, tanto la propuesta de disolución de las Cortes, como la fijación de la fecha de celebración que les he anunciado a todos los españoles y españolas, se materializarán, como no puede ser de otra manera, mediante un Real Decreto-ley que será publicado en el BOE en tiempo y forma.

Estoy convencido de que es posible recuperar la política útil para la ciudadanía. De que es posible recuperar la tolerancia, el respeto, el sentido común, la moderación y dar la espalda a la crispación en nuestro país.

España es de sus ciudadanos, no pertenece a ningún partido político. Es de los españoles. España es suya. Y ahora, ellos y ellas deberán decidir si damos pasos hacia atrás o avanzamos para lograr la España que queremos.

En la próxima legislatura deberemos consolidar la España de la próxima década. Y de una nueva generación. La España que gobernarán los jóvenes, hombres y mujeres de hoy. La decisión, como siempre ha sido, está en las manos de las españolas y de los españoles. Ellos y ellas decidirán el futuro de España con su voto en las urnas, y lo que decidan siempre, siempre, siempre será un gran acierto.

Gracias.
P.- Ketty Garat, de Libertad Digital. ¿Qué tal presidente?, buenas tardes. Yo le quería preguntar muy directamente, ¿por qué no disuelve hoy directamente las Cortes? Quedan tres semanas hasta esa disolución, el 5 de marzo, para convocar elecciones el 28 de abril, y en ese tiempo se van a aprobar cuestiones simbólicas para este Ejecutivo, empezando, por hoy mismo, como la LOMCE, proyectos de ley que no van a ver previsiblemente la luz en esta legislatura, y que puede dar pie a la oposición a decir que usted está empezando la campaña electoral desde Moncloa, en este periodo. Por lo tanto, le pregunto muy directamente, ¿por qué no ha optado por la fecha del 11 de abril, que supondría disolver las Cortes hoy mismo? Gracias.

Presidente.- Gracias, Ketty. Siempre cuando toma uno una decisión siempre hay personas que pueden considerar que otra fecha fue mejor. Yo creo que esta es una buena fecha. Primero, porque es importante hablar de España. Y no mezclar debates. Cuando la derecha se manifiesta en Colon no está manifestándose en contra del independentismo en Cataluña, se está manifestando diciendo aquello de que quiere echar a Sánchez. Y, por tanto, el debate es otro. El debate es ¿qué España queremos? ¿Qué España defendemos?

Es evidente que la derecha, con sus tres partidos, defiende un tipo de España en la que no cabemos muchos, solamente caben ellos. Nosotros defendemos una España distinta, una España inclusiva, una España en la que caben todas y todos. Y creo que ese es el debate. El debate es hablar de nuestro país, de qué futuro queremos darle. Si queremos una España constitucional, orgullosa de sus derechos, de sus libertades, que hace las transformaciones para conquistar su futuro, o que vive de la añoranza de un tiempo pasado que nunca llegará y que no tuvo por qué ser mejor, al contrario. Y ese es el debate que hay que proponer desde los partidos políticos, a los españoles: ¿Qué España queremos? Y, desde luego, la nuestra creo durante estos casi diez meses que va a representar el mandato como presidente del Gobierno y de mi Gobierno ha sido bien clara: modernizar nuestra economía, crear empleo digno, redistribuir el crecimiento, ejercer la labor política de una manera humilde, noble, ejemplar, limpia y fortalecer nuestro Estado, en todos los ámbitos: desde las instituciones, respetando al Congreso de los Diputados, las Cortes Generales, a también el Estado Autonómico. Y ser firme en las convicciones, humilde en los planteamientos, pero también decido en la necesidad de ganar el futuro como país.

Hay muchos desafíos por delante. Los he dicho antes. No solamente están los urgentes, que son los sueldos y los empleos de los trabajadores y trabajadoras es también la educación de nuestros hijos y de nuestras hijas. Es la sanidad y cómo sostener el sistema público de pensiones. Son abrir debates que están vinculados con la revolución digital, con la reindustrialización, con el cambio climático, con qué tipo de democracia queremos. En definitiva, qué tipo de país queremos.

Unos plantean un país en el que solamente caben ellos. Nosotros defendemos un país en el que cabemos todos y todas. Esa es la gran diferencia entre la foto de la plaza de Colón y lo que defiende este Gobierno, ha defendido durante estos ocho meses y seguirá defendiendo en la campaña electoral.

P.- Carlos Cué de “El País”. Sí, muchas gracias. Presidente, usted siempre nos dijo que quería agotar la legislatura, no ha podido, han sido ocho meses y medio. Le quería preguntar si lo considera, de alguna manera, un fracaso personal y qué cree usted que podría haber hecho para alargar algo más la legislatura. En concreto, si se arrepiente, por ejemplo, de haber presentado los Presupuestos, que al final, es lo que ha precipitado todo esto.

Presidente.- Bueno, gracias, Carlos. Yo creo que un Gobierno lo que tiene que hacer es cumplir con su tarea. ¿Cuál es la tarea de un Gobierno? Aprobar leyes, gobernar, avanzar, y en el momento en el que no puede gobernar, avanzar porque las razones partidarias de otras formaciones lo que deciden es bloquear hasta incluso Presupuestos que son buenos para los españoles, o presupuestos que son buenos, en este caso, para Cataluña, entonces tomar decisiones.

Una de las tareas principales de un presidente del Gobierno y de un Gobierno, ¿cuál es?, presentar su proyecto de país en forma numérica, con las políticas sociales, independencia, sanidad, educación, en ciencia, en cambio climático, en transición energética, en dignidad laboral. En protección de las personas más débiles, de la pobreza infantil o de los desempleados de larga duración… Yo creo que es evidente.

Nosotros tenemos y teníamos que presentar nuestros presupuestos, y lo hicimos. Lo hicimos y, desgraciadamente, no salieron adelante. Pero también le digo: hay derrotas parlamentarias que son victorias sociales. La ciudadanía ha visto cuál es la hoja de ruta de este Gobierno, qué es lo que queremos para este país, y para este país lo que queremos es justicia social. Es igualdad, son libertades, es progreso, es dignidad laboral, es crecimiento, es modernización de nuestras estructuras de crecimiento. Es abordar las grandes transformaciones que exigen y necesita nuestro país. Y España no merece quedar varada por los intereses particulares y partidarios de unos y de otros, que solamente encuentran en la descalificación y en la crispación su forma de hacer oposición. Yo no voy a entrar en eso.

Nosotros, a reformar, a transformar y de manera humilde a pedir la confianza de los españoles y de las españolas, porque ellos son, al final, quienes van a decidir el futuro que quieren para su país. Insisto, lo que decidan bien decidido estará.

P.- Buenos días, presidente. Yolanda Mármol de “El Periódico”. Yo quería preguntarle, ¿cómo cree usted que puede afectar el juicio del ‘procés’ a la campaña en la que nos adentramos? Y no sé si usted personalmente se siente desencantado con la decisión final de los partidos independentistas o no.

Presidente.- Respecto a lo segundo, Yolanda, te diré que, en fin, el independentismo siempre ha sabido dónde está el Gobierno. Por mucho ruido, crispación, insultos de la oposición, es que, llevamos los debates al absurdo. En realidad, la oposición plantea debates que son, si me lo permiten, absurdos, por infantiles, porque si planteamos los argumentos de la derecha durante estos ocho meses, ¿eso qué significa: que la votación de presupuestos entre el Partido Popular, Ciudadanos, y los grupos independentistas que han propiciado tumbar estos presupuestos, también ha habido pactos ocultos? Lo digo en tono sarcástico.

Lo que ha habido es un Gobierno constitucional. Un Gobierno sustentado por un partido, el Partido Socialista Obrero Español, que es el único partido de todo el sistema político que pervive y firmó la Constitución de 1978.

Por tanto, siempre lo hemos dicho, fuera de la Constitución, nada; dentro de la Constitución, todo. Nosotros, y yo el primero, nunca renunciaré al diálogo. Nunca lo voy a hacer. Nunca renunciaré al diálogo, porque creo que en el diálogo podemos encontrar el camino para resolver nuestras desavenencias y, sin duda alguna, resolver la crisis territorial que también afecta a nuestro país.

Yo no soy amigo de mirar para otro lado, soy amigo de coger el toro por los cuernos, de abordar los desafíos. Para eso me pagan los españoles, para resolver los problemas, no agravarlos.

Los planteamientos que se están haciendo o que se hicieron en el pasado durante siete años en Cataluña ¿qué fue? ¿Negar la realidad? ¿Negar la evidencia? Los de ahora son, bueno, hasta incluso, más peregrinos, porque ya antes de plantear el diálogo y la Constitución están diciendo un 155 permanente. Es decir, perpetuar la crisis política y territorial en nuestro país.

Nosotros queremos defender el diálogo desde la Constitución, desde la legalidad, y eso lo vamos a seguir haciendo siempre, siempre, y siempre. Porque hay vías para resolver también esta crisis, como hay vías también para resolver la precariedad laboral. Y eso no tiene que hacerlo solamente el Gobierno, lo hace el Gobierno con los agentes sociales, como lo hemos hecho por ejemplo a la hora de plantear un plan de empleo para luchar contra la precariedad laboral, y que ha hecho que más de 50.000 puestos de trabajo que eran precarios, hoy sean indefinidos. O por ejemplo, la protección de los autónomos, es que gobernar es tejer alianzas, es consensuar, no confrontar, no crispar, no insultar.

La política, al menos como yo la entiendo es la de transformar desde la moderación, desde el sentido común y no desde la crispación.

Por tanto, desde ese punto de vista, ni una cosa ni la otra. Nosotros siempre hemos estado donde hemos estado, y, bueno, el resto tendrá que explicar el por qué han tenido que tumbar unos presupuestos que yo creo que eran una buena hoja de ruta también social para Cataluña.

Y respecto a la primera de sus preguntas, le diré que, desde luego, nosotros siempre hemos tenido una hoja de ruta clara, determinada. Creo que un Gobierno lo que tiene que hacer es lo que debe. ¿Qué se espera de un Gobierno? Pues que gobierne, que tome decisiones, que apruebe unos Presupuestos, y si esos Presupuestos no encuentran el apoyo parlamentario, pues habrá que pedir a los españoles la voz y el voto para que nos den una nueva mayoría parlamentaria que permita sacar adelante tantas urgencias sociales que durante siete años han sido postergadas. Llámeme clásico, pero sin Presupuestos uno no puede gobernar.

P.- Buenos días, señor Sánchez. May Mariño de Servimedia. Después de esta debilidad parlamentaria que es la que finalmente ha tumbado su Gobierno, ¿volvería a reeditar los pactos con los que sí llegó a La Moncloa? , y ¿qué le parece el veto de Ciudadanos? ¿Si usted tiene algún tipo de veto contra alguna formación? Gracias.

Presidente.- Bueno, yo May, permíteme que simplemente discrepe del calificativo, porque, hombre, este es un Gobierno que en ocho meses ha aprobado 25 Reales Decretos-leyes. Que ha desbloqueado la tramitación de 13 leyes en el Congreso de los Diputados. Por cierto, ninguna en contra de los intereses de la mayoría social de este país. Da igual a quien voten esos españoles. Y creo que es positivo revertir los recortes en educación. Creo que es positivo para todos los españoles recuperar la universalidad de la sanidad pública. Creo que es positivo para los españoles reconocer el derecho al voto de más 100.000 personas con discapacidad que no lo tenían. Creo que es positivo para los españoles mejorar los grados de protección de colectivos vulnerables, por ejemplo, de los niños, que sufren pobreza infantil. Y todo eso ha contado con mucho respaldo parlamentario, no solamente, de los independentistas, también de las otras formaciones políticas. Por tanto, creo que nosotros hemos sido coherentes. Dijimos que veníamos a gobernar, y hemos gobernado.

Resulta que la oposición por otras razones que nada tienen que ver con los intereses de los españoles, y los intereses, en este caso, de los catalanes, refiriéndome, en particular, a formaciones independentistas, han decidido que no: que si no se habla de autodeterminación pues entonces los parados de más de 52 años en Cataluña pues no tienen derecho a recuperar el Subsidio al Desempleo, que las mujeres, en su mayoría, que cuidan de sus familiares dependientes no tienen derecho a recuperar la cotización a la Seguridad Social porque hay que hablar de autodeterminación. Bueno, eso tendrán que ser los ciudadanos en Cataluña quienes digan si eso es positivo o no para la sociedad catalana.

Nosotros hemos gobernado para todos. Para todos los españoles y españolas. Vivan donde vivan. Desde luego, con convicciones progresistas, un Gobierno de izquierdas y un partido que se siente en los parámetros de la social democracia y del socialismo, pero con mirada amplia. Y a partir de ahí, pues nosotros, lógicamente, hemos gobernado, y otros tendrán que dar explicaciones de por qué no han permitido que este país tenga una ley de eutanasia. No se haya podido lograr un acuerdo que permita la sostenibilidad del sistema público de pensiones. O reformar el sistema de desempleo para los parados de larga duración en nuestro país. Tendrán que explicarlo. Van a tener tiempo. Les ha llegado el momento. Nosotros lo haremos también humildemente.

Respecto a los vetos, bueno, en fin, todas estas cosas. A mí me sorprende que me pongan a mí un cordón sanitario y no se lo pongan a la ultraderecha, pero bueno. Esto ya… cada cual elige los amigos con los que ir.

P.- Buenos días, presidente. Marisol Hernández de “El Mundo”. Yo quería preguntarle por si no teme a la desmovilización de la izquierda que puso de manifiesto en las últimas elecciones andaluzas, si no le preocupa esta circunstancia, y no ve inconveniente que la campaña electoral se desarrolle, la primera semana se desarrolle en plena Semana Santa. Y, luego, en la línea de la pregunta de mi compañera, cómo piensa usted conformar esta nueva mayoría absoluta, si lo haría de nuevo con los independentistas o aspira a hacerlo con Ciudadanos.

Presidente.- Vamos a ver. ¿Por qué no dejamos primero que hablen los españoles? Yo creo que es importante. Hacemos un ejercicio, defendemos nuestras propuestas y después, en función de cuáles sean las mayorías parlamentarias… Lo que es importante es no restar legitimidad a las mayorías parlamentarias que es lo que se ha hecho.

En este país, durante estos ocho meses se han escuchado cosas que a mí me parece que son muy peligrosas. Calificar a un presidente de “ilegítimo”. Calificar a un presidente de “golpista”. Calificar a un presidente de ser una persona que claudica, que se humilla… Cuando he sido líder de la oposición, lo único que puede decir el expresidente Rajoy en la cuestión catalana es que estuve a su lado. Yo no me he encontrado a la oposición a mi lado. Se ha vuelto a perpetuar esta suerte de agravio territorial secular que tiene la derecha cuando está en la oposición de que los socialistas vendemos la patria y ellos garantizan la patria.

Lo curioso es que la Declaración Unilateral de Independencia y los dos referéndums se hicieron con el Partido Popular en el Gobierno.

Por tanto, yo creo que lo importante es acudir con humildad a la cita de las urnas con moderación, con sentido común, con firmes convicciones y, desde luego, apelando a la movilización, no de la izquierda, sino de toda la ciudadanía. Nos estamos jugando mucho en estas elecciones. Nos estamos jugando el futuro de nuestro país, que no es poco. Fíjese si no es poco, que en estos Presupuestos han ido muchos colectivos que al no verse recuperada la dependencia o al no verse recuperado el subsidio de desempleo de mayores de 52 años han lamentado y mucho que no hayan prosperado estos presupuestos.

Por tanto, toda elección es importante, y ésta, sin duda alguna, es mucho más. Y nosotros apelaremos a la movilización y a la máxima participación, porque eso también dará no solamente una legitimidad parlamentaria, sino una legitimidad social al resultado que emane de las urnas.

Pero, insisto, lo he dicho al final de mi intervención: Lo que decidan los españoles bien decidido estará. Bien decidido estará.

Y respecto a una pregunta que Yolanda me había comentado antes que no he podido responder en relación con el ‘procés’. Yo creo que es importante reivindicar la democracia en un momento en el que vamos a ir a las urnas. Y reivindicar la democracia ¿qué es? Pues que la Justicia va por un lado, hace su trabajo. Y la política hace el suyo. Y ahora mismo la política necesita salir de este bloqueo en el que lo han sumido los extremos, y, en particular, una oposición conservadora, que, insisto, no ha mirado por el interés de los españoles. Ha mirado por su interés.

Por tanto, también en eso, pues, hay que salir al campo y explicarse, dar las razones y eso es lo que nosotros vamos a hacer en esta campaña electoral, que empezará en tiempo y forma. Y hasta entonces, lo único que les traslado es que lógicamente, el Gobierno va a trabajar hasta el último minuto. Vamos a trabajar hasta el último minuto de la legislatura.

Y a todos ustedes, pues, ha sido un placer verles, como medios de comunicación, y espero que nos sigamos viendo durante mucho tiempo.

Gracias.

(Transcripción editada por la Secretaría de Estado de Comunicación)

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El ICO mejora las condiciones de las Líneas ICO 2019 para adaptarse a las necesidades de financiación de empresas, pymes y autónomos

15 de febrero, 2019

12 de febrero de 2019

mineco.gob.es

El ICO mejora las condiciones de las Líneas ICO 2019 para adaptarse a las necesidades de financiación de empresas, pymes y autónomos

Se financian las actividades empresariales y las inversiones en todos los plazos y se simplifica la tramitación

La secretaria de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, Ana de la Cueva, ha presidido la firma de los convenios de colaboración de las Líneas ICO 2019 entre el presidente del Instituto de Crédito Oficial (ICO), José Carlos García de Quevedo, y los representantes de las principales entidades financieras.

En este evento han participado las diez entidades de crédito más activas en la concesión de préstamos ICO durante el ejercicio pasado: Bankia, Bankinter, Abanca, Banco Sabadell, BBVA, Caixabank, Santander, Unicaja, Caja Rural de Teruel e Ibercaja.

Las Líneas ICO financian la actividad de autónomos, pymes, empresas y emprendedores tanto en España (Línea ICO Empresas y Emprendedores, Línea ICO Crédito Comercial) como en el exterior (Línea ICO Internacional, Línea ICO Exportadores, Línea ICO Canal Internacional).

Las Líneas este año presentan mejoras en sus condiciones para adaptarse de una forma más eficiente a las necesidades de financiación de las empresas:
Las Líneas ICO 2019 financian actividades empresariales –tanto inversión como liquidez- en plazos comprendidos entre 1 y 20 años.
Se amplían los períodos de carencia al cliente para las operaciones formalizadas a un plazo superior a 10 años, ofreciendo la opción de 3 años de carencia del capital. De esta forma se permite a las empresas una mayor adecuación de los plazos de financiación a sus planes comerciales y de expansión.
Se implantan medidas para simplificar la tramitación, los procedimientos y la gestión de las operaciones.
Por lo que respecta a los procesos de control y verificación de las Líneas ICO, se introducen mejoras y se evoluciona hacia modelos alineados con homólogos europeos.
Se mantienen líneas especializadas, entre otras, la Línea ICO-Sociedad de Garantía Recíproca que completan la oferta de productos.

Con todas estas mejoras el ICO flexibiliza y adapta las características de sus Líneas a las necesidades financieras de las empresas y autónomos para favorecer su crecimiento, actividad e inversiones en España y su internacionalización en terceros mercados.

Líneas ICO 2018

Las Líneas ICO han financiado más de 41.440 operaciones por importe aproximado de 2.500 millones de euros en 2018. Una vez que las entidades financieras han normalizado su oferta de crédito y las empresas disponen de mayor liquidez, el ICO ha centrado su estrategia en aportar valor añadido a la financiación empresarial, apoyando actividades que sostengan el crecimiento económico, la creación de empleo y el posicionamiento de las empresas en el exterior.

Las Líneas ICO destacan por su gran capilaridad. Del total de la financiación y operaciones realizadas en 2018, más de 1.600 millones de euros han sido distribuidos en créditos suscritos por empresas con menos de 50 trabajadores. El número de préstamos concedidos a empresas de menos de 10 trabajadores representa el 65% del total de operaciones, si tenemos en cuenta también a las empresas de hasta 50 empleados, el porcentaje se eleva hasta más del 90%.

Las Líneas de Mediación ICO también son de utilidad para empresas de entre 50 y 250 trabajadores. Este tipo de empresas han formalizado el 10% de las operaciones realizadas en 2018, por un importe superior a 700 millones de euros.

Por regiones, las Comunidades Autónomas más activas en préstamos ICO fueron Cataluña, donde se distribuyó el 18% del total, seguida de Galicia (12%), Andalucía (10,4%), la Comunidad Valenciana (10,3%) y Madrid (9,3%)

Cabe señalar que el 41,5% del total de préstamos dispuestos en 2018 corresponden a las Líneas destinadas a impulsar tanto la actividad exportadora de las empresas como su internacionalización.

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El pleno del TC declara inconstitucionales y nulas las Resoluciones del Parlamento de Cataluña que proponían investir presidente a Puigdemont

14 de febrero, 2019

Nota informativa nº 10/2019 tribunalconstitucional.es
Adelanto de parte dispositiva
El pleno del TC declara inconstitucionales y nulas las Resoluciones del Parlamento de Cataluña que proponían investir presidente a Puigdemont
El Pleno del Tribunal Constitucional ha decidido por unanimidad estimar la impugnación de disposiciones autonómicas presentada por el Gobierno contra la resolución del presidente del Parlamento de Cataluña que proponía a Carles Puigdemont como candidato a la presidencia de la Generalitat y la que convocaba sesión plenaria para celebrar la de investidura.
El fallo de la sentencia dice así:
“Estimar la impugnación de disposiciones autonómicas (título V LOTC) promovida por el Gobierno y, en consecuencia:
Declarar la inconstitucionalidad y nulidad de las resoluciones del presidente del Parlamento de Cataluña de 22 de enero de 2018, por la que se proponía la investidura de don Carles Puigdemont i Casamajó como candidato a presidente del Gobierno de la Generalitat de Cataluña, publicada en el “Boletín Oficial del Parlamento de Cataluña”, núm. 3, de 23 de enero de 2018, y de 25 de enero de 2018, por la que se convocaba sesión plenaria el 30 de enero de 2018, a las 15:00 horas, en la parte que se refiere a la inclusión en el orden del día del debate del programa y votación de investidura del diputado don Carles Puigdemont i Casamajó, publicada en el “Boletín Oficial del Parlamento de Cataluña” núm. 5, de 26 de enero de 2018.
Publíquese esta Sentencia en el “Boletín Oficial del Estado”.
En los próximos días se notificará la sentencia y se elaborará una nota de prensa más extensa.
Madrid, 12 de febrero de 2019

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La economía española mejora su competitividad precio en el último trimestre de 2018

13 de febrero, 2019

Índice de Tendencia de Competitividad

La economía española mejora su competitividad precio en el último trimestre de 2018

Lunes 11 de febrero de 2019
lamoncloa.gob.es
La moderada evolución de los precios en España mejora la competitividad frente a los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

Según los datos hechos públicos hoy, el Índice de Tendencia de Competitividad (ITC) calculado con el Índice de Precios de Consumo (IPC), la competitividad precio de la economía española mejoró en el cuarto trimestre del 2018 frente a la OCDE y a los países de la zona euro.

En el último trimestre del año 2018, el ITC frente a la OCDE disminuyó un 0,5% debido a la mejora de la competitividad española por una evolución de los precios en España más moderada que en el resto de los países miembros y a pesar de una ligera apreciación del euro frente a las principales monedas de esta zona.

Si comparamos con la UE-28, la competitividad de España disminuyó (el ITC subió un 0,1%) debido a la apreciación del euro frente a las divisas de aquellos países comunitarios que no pertenecen a la zona euro, mientras que el índice de precios se redujo un 0,3%. Por el contrario, frente a los países de la zona euro se ganó competitividad (0,2%).

En relación con los países BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica), el ITC subió un 2,5% interanual en el cuarto trimestre. La pérdida de competitividad frente a esta zona se debió al aumento del tipo de cambio en un 3,6%, mientras que el índice de precios disminuyó un 1,0%.

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El presidente del Tribunal Constitucional resalta en la República Dominicana la importancia de la justicia constitucional para la protección de la democracia y los derechos humanos

12 de febrero, 2019

Tribunal Constitucional
Gabinete del Presidente
Oficina de Prensa
Nota informativa Nº 8/2019 tribunalconstitucional.es
El presidente del TC resalta en la República Dominicana la importancia de la justicia constitucional para la protección de la democracia y los derechos humanos
El Presidente del Tribunal Constitucional (TC), Juan José González Rivas, ha participado en la Conferencia Mundial de Justicia Constitucional, en la que ha resaltado “la importancia de la justicia constitucional como elemento clave para la democracia, la protección de los derechos humanos y el Estado de Derecho”.
En este encuentro, celebrado en Santo Domingo (República Dominicana) los pasados 7 y 8 de febrero, han participado más de cien representantes de órganos constitucionales de todo el mundo.
González Rivas ha presidido la Decimocuarta Reunión de la Mesa Ejecutiva de la Conferencia, en la que han estado presentes el Presidente del Tribunal Constitucional de la República Dominicana, Milton Ray Guevara y el Presidente de la Comisión de Venecia, Gianni Buquicchio. En ella, entre otros asuntos, se ha avanzado hacia la organización del 5º Congreso Mundial de Justicia Constitucional, que tendrá lugar en Argelia.
Durante su estancia, el Presidente del TC ha podido constatar las excelentes relaciones entre República Dominicana y España, “dos naciones hermanas que comparten y ensalzan su historia, su cultura y sus valores comunes”. Con motivo de los intensos y estrechos vínculos tanto en el plano económico, cultural como de cooperación, ha mantenido encuentros bilaterales con el Presidente del país, Danilo Medina, el Presidente de la Suprema Corte Justicia, Mariano Germán Mejía y con el Procurador General, Jean Alain Rodríguez.
Asimismo fue recibido por el Pleno de Magistrados del Tribunal Constitucional de Republica Dominicana, encabezado por Ray Guevara, en la sede de la institución, la cual tuvo la oportunidad de visitar. González Rivas ha manifestado la voluntad del TC español de profundizar en la cooperación en materia de justicia constitucional con el organismo dominicano, con el que colabora desde su nacimiento y con el que firmó el pasado 23 de septiembre de 2015 un Convenio de cooperación, instrumento que el Presidente considera “un buen marco para seguir avanzando en este sentido.”
Madrid, 11 de febrero de 2019

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El Colegio de Registradores pone a disposición de la Fiscalía General del Estado el Registro de Titularidades Reales

11 de febrero, 2019

El Colegio de Registradores pone a disposición de la Fiscalía General del Estado el Registro de Titularidades Reales

enero 23, 2019  Notas de prensa – registradores.org

◾La fiscal general destaca que es un instrumento de extraordinaria utilidad para la investigación de los fiscales
◾La decana de los registradores resalta la importancia de los fiscales en el Estado de derecho

23.01.19.- La decana del Colegio de Registradores de España, María Emilia Adán, y la fiscal general del Estado, María José Segarra, han firmado una adenda al convenio entre ambas instituciones por la que el Ministerio Fiscal accederá a la titularidad real de entidades inscritas en los registros mercantiles, una información clave en las investigaciones relacionadas con la lucha contra el blanqueo de capitales y otras actividades como el narcotráfico, el contrabando o el terrorismo.

Convenio con Fiscalía General del Estado

Así, los órganos del Ministerio Fiscal podrán realizar tres tipos de consultas: sobre los titulares reales de una sociedad, sobre sociedades de las que una persona física es titular real y sobre sociedades de las que una sociedad se encuentra en la cadena de control de un titular real.

La fiscal general del Estado, María José Segarra, ha destacado que se trata de “un instrumento de extraordinaria utilidad para la investigación de los fiscales”, y ha recordado que la cooperación con los registradores se remonta al año 2006, primero con la Fiscalía Antidroga, luego con la Fiscalía Anticorrupción y más tarde con el resto de la Fiscalía General.

Por su parte, la decana del Colegio de Registradores, María Emilia Adán, ha agradecido el trabajo de los fiscales en relación a la persecución de los delitos y el restablecimiento de la legalidad: “Sois el cimiento de un Estado de derecho”, ha dicho.

Hay que señalar que el Registro de Titularidades Reales se adapta a las necesidades contra el blanqueo, es reglado, con pleno respeto a la protección de datos, actualizado y sin costes adicionales. Además, es fundamental la interconexión del Registro con los países de la Unión Europea, a través del proyecto BRIS, en el que se integra el Registro Mercantil español.

Los registradores de la propiedad y mercantiles son sujetos obligados en la normativa de prevención antiblanqueo, motivo por el cual el Colegio de Registradores creó hace tres años el Centro Registral Antiblanqueo (CRAB), que recibe cada año más de 16.000 alertas procedentes de los registros sobre posibles casos de blanqueo de capitales y colabora estrechamente con el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales (SEPBLAC).

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El 28 por ciento de la titularidad real de las empresas está en manos de mujeres

10 de febrero, 2019

El 28 por ciento de la titularidad real de las empresas está en manos de mujeres

febrero 4, 2019  Notas de prensa – registradores.org

◾Según una estadística elaborada por el Colegio de Registradores con los datos del Registro de Titularidades Reales
◾Entre las mujeres que son titular real en España, el 85 por ciento lo son de forma directa, según datos del Registro Mercantil

04.02’19.- El Colegio de Registradores de España ha elaborado una estadística de género con la finalidad de conocer el porcentaje de mujeres que son titulares reales de las empresas. Según estos datos que se recogen en el Registro Mercantil, el 85 por ciento de mujeres son titulares reales directas, esto es, la persona física que en último término posee o controla directamente un porcentaje superior al 25 por ciento del capital.

Siguiendo con los datos de la estadística, las mujeres con titularidades reales indirectas son el 4 por ciento. Respecto a titulares reales asimiladas el 9 por ciento son mujeres y en sociedades de la cadena de control son el 2%.

Estos datos se refieren a mujeres de nacionalidad española y están recogidos en la presentación de cuentas anuales de 2017. Por diferencia de sexos, según la estadística llevada a cabo por el Colegio de Registradores, el 28 por ciento de 1.247.340 titularidades reales son mujeres, y el 71 son hombres.

El nuevo registro contiene la información completa y actualizada sobre las titularidades reales de las sociedades mercantiles, es decir, sobre las personas físicas que ostentan el control de la empresa de manera directa o indirecta. Dicha información proviene del Registro Mercantil en el que, desde este año y según determina la Orden 319/2018 del Ministerio de Justicia, las sociedades tienen la obligación de incluir la identificación del titular real en la presentación de sus cuentas anuales.

Dicha Orden Ministerial da respuesta a las Directivas (UE) 2018/843 y 2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo de 20 de mayo de 2015, relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo.

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El gasto de los turistas internacionales creció un 3,3% en 2018, hasta los 89.856 millones, con un 1,1% más de llegadas

9 de febrero, 2019

Datos de FRONTUR y EGATUR del INE

El gasto de los turistas internacionales creció un 3,3% en 2018, hasta los 89.856 millones, con un 1,1% más de llegadas

Viernes 1 de febrero de 2019  lamoncloa.gob.es

España recibió el año pasado 82,8 millones de turistas internacionales, un 1,1% más respecto al mismo periodo de 2017, mientras que su gasto se incrementó un 3,3% hasta los 89.856 millones de euros. Son datos de las encuestas de Movimientos Turísticos en Frontera (FRONTUR) y de Gasto Turístico (EGATUR) que elabora el Instituto Nacional de Estadística.

En diciembre visitaron nuestro país 4,4 millones de turistas, lo que supone un aumento del 9,7%, y tuvieron un gasto de más de 5.000 millones de euros, un 11,4% más. Su gasto medio diario fue de 137 euros, lo que representa un incremento del 7,9%.

La secretaria de Estado de Turismo, Isabel Oliver, asegura que “estas excelentes cifras confirman, una vez más, la fortaleza de España como destino turístico líder, y son fruto del trabajo conjunto de la Administración y el sector privado. Este año continuaremos trabajando con ahínco para incrementar aún más la rentabilidad de la actividad turística y para mantener la competitividad de nuestro país”.

Llegada de turistas

Además de los 82,8 millones de turistas internacionales, en 2018 accedieron a España 41,2 millones de excursionistas, un 3,6% más que el año anterior.

Los principales mercados emisores fueron Reino Unido, con 18,5 millones de turistas internacionales, Alemania, con 11,4 millones, y Francia, con más de 11,3 millones. Entre el resto de países de residencia cabe destacar los crecimientos experimentados por Estados Unidos, con un aumento cercano al 12%, Portugal (+9,8%) y Rusia (+6,3%).

Cataluña fue en 2018 la comunidad autónoma que más visitantes internacionales recibió con más de 19 millones, seguida de Baleares, con 13,8 millones, y Canarias, con 13,7 millones. Destaca también el incremento experimentado por la Comunidad de Madrid, que superó los 7 millones de visitantes, un 6,3% más que en 2017.

Incremento del gasto

De enero a diciembre el gasto medio por turista alcanzó los 1.086 euros, un 2,2% más que en 2017, mientras que el gasto medio diario aumentó un 7,4%, hasta los 146 euros.

Las Comunidades Autónomas de destino principal con mayor gasto total fueron Cataluña (con 20.606 millones de euros, un 7,2% más que el año anterior), Canarias (con 17.118 millones y un aumento del 2%) y Baleares (con 14.826 millones y un incremento del 1,6%).

En cuanto a los países emisores, el que más gasto realizó en 2018 fue Reino Unido, con 17.976 millones de euros (+2,8%), seguido de Alemania, con 12.002 millones (-1,9%) y Francia, con 7.385 millones (+4,7%).

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El número total de desempleados se sitúa en 3.285.761

8 de febrero, 2019

El número total de desempleados se sitúa en 3.285.761

El paro registrado se reduce en enero en 190.767 personas respecto al mismo mes del año anterior

Lunes 4 de febrero de 2019 lamoncloa.gob.es
En enero de 2019 el paro registrado en las oficinas de los Servicios Públicos de Empleo se ha reducido en 190.767 personas respecto al mismo mes del ejercicio anterior, con un ritmo de reducción interanual del 5,49%.
El número de parados registrados en el mes de enero de 2019 ha subido en 83.464 en relación con el mes anterior. En valores relativos, el incremento del paro es de un 2,61%.

Así, la cifra total de desempleados se sitúa en 3.285.761. En enero de 2018 el paro subió en 63.747 parados en relación al mes anterior.

En términos desestacionalizados, el paro sube en 3.292 personas.

El desempleo masculino se sitúa en 1.360.448 personas, al aumentar en 23.204 (1,74%) y el femenino en 1.925.313, al incrementarse en 60.260 (3,23%) en relación al mes de diciembre. Si lo comparamos con enero de 2018, el desempleo masculino baja en 115.031 (-7,8%) personas, y el femenino se reduce en 75.736 (-3,78%).

Respecto a los jóvenes, el desempleo de los menores de 25 años ha bajado en términos interanuales un 4,01%. En enero se incrementa en 10.252 personas (4,15%) en relación con el mes anterior, mientras que entre las personas de 25 y más años el paro sube en 73.212 (2,48%).

El paro registrado sube en las 17 comunidades autónomas, principalmente en Andalucía (19.996), Madrid (11.308) y Comunidad Valenciana (9.369).

Por sector económico de procedencia de los trabajadores, el paro registrado se ha reducido en Construcción, en 6.896 (-2,48%) y en el colectivo sin empleo anterior, en 1.346 personas (-0,5%). Por el contrario, se incrementa en Agricultura, en 4.920 (3,55%), en Industria, en 1.202 (0,42%) y en Servicios en 85.584 (3,84%).

Número total de contrataciones

El número total de contratos registrados durante el mes de enero ha sido de 1.858.077. Lo que supone un incremento de 108.166  (6,18%) sobre el mismo mes del año 2018. De ellos, 181.348 eran contrataciones indefinidas y 1.676.729 eran contratos temporales.

Respecto a la contratación indefinida, en enero se han registrado 181.348 contratos de carácter indefinido, lo que supone un incremento de 8.395 (4,85%) sobre igual mes del año anterior.
Los contratos indefinidos de enero se dividen, en cuanto a la duración de la jornada, en 115.706 a tiempo completo y 65.642 a tiempo parcial.

En enero se han firmado 323.194 contratos con trabajadores menores de 25 años, de los que 23.445 (el 7,25%) eran contratos indefinidos. Los contratos indefinidos firmados por menores de 25 años se han incremento respecto al mismo mes del año anterior en un 7,16%.

Prestaciones

La tasa de cobertura del sistema de protección por desempleo ha sido en el mes de diciembre del 60,4%, lo que supone un aumento de 1,83 puntos porcentuales en relación a diciembre de 2017.

Los beneficiarios de prestaciones por desempleo en diciembre han sido 1.835.488, un 3,1% menos respecto al mismo mes del año anterior.

El importe de la nómina a diciembre de 2018 ha sido de 1.524,4 millones de euros, un 2,1% más que en el mismo mes del ejercicio anterior.

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En los últimos doce meses la Seguridad Social incorpora 537.269 afiliados más

7 de febrero, 2019

El Sistema se sitúa en 18.819.300 afiliados medios en el último mes

En los últimos doce meses la Seguridad Social incorpora 537.269 afiliados más

Lunes 4 de febrero de 2019 lamoncloa.gob.es

El número medio de afiliados a la Seguridad Social registró en enero una cifra total de 18.819.300, tras crecer en los últimos doce meses en 537.269 trabajadores. Se trata de la cifra más alta de afiliados en un mes de enero desde 2008.
Como es habitual, enero refleja el impacto del fin de la campaña navideña y baja en 204.865 ocupados, con un retroceso más intenso en los sectores del Comercio y la Hostelería.

Se trata de un  descenso más acusado que en enero de 2018, si bien es cierto que este pasado mes de diciembre fue el de mayor crecimiento de trabajadores de los últimos 11 años y que elevó la cifra de afiliados por encima de los 19 millones.

Si se descarta el componente estacional, la afiliación crece en este primer mes en 38.179 personas, en línea con la tendencia de los últimos meses.

El comportamiento de la afiliación en el mes de enero refleja una tendencia similar a la media de los últimos años. De 2009 a 2019 la pérdida media del número de ocupados en el mes de enero ha sido de 230.646.

Respecto a 2018

En relación al año pasado, el Sistema ganó 537.269 trabajadores, el 2,94%, destacando el buen comportamiento del Régimen General, que incorpora 496.562 (3,30%). El crecimiento alcanza el 3,58% si hablamos del Régimen General propiamente dicho (sin Agrario ni Hogar).

En el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos hay que señalar que la tasa aumentó un 1,27%, lo que se traduce en un crecimiento de 40.480 personas. El Régimen del Mar creció el 1,63%  (981) y el Carbón registró un descenso de 753 (-31,37%).

En términos anuales, la afiliación creció en todas las Comunidades Autónomas. Destacan en cifras absolutas los incrementos de Madrid (116.942), Andalucía (94.829), Cataluña (94.512) y Comunidad Valenciana (64.560).

Respecto a diciembre

El Régimen General registró un descenso de 182.808 personas  en enero (-1,16%), hasta situarse en 15.522.075 ocupados.

En enero, la afiliación bajó en términos absolutos principalmente en Comercio, Reparación de Vehículos de Motor y Motocicletas, con -39.131 ocupados, Hostelería (-38.246), Actividades Administrativas y Servicios Auxiliares, con -36.650 y Administración Pública y defensa, Seguridad Social Obligatoria (12.746) y Actividades Sanitarias y Servicios Sociales, con -10.075.

En cuanto al Sistema Especial Agrario por cuenta ajena del Régimen General gana 1.062 afiliados medios, hasta situarse ahora en 812.344 personas. Por su parte, el Sistema Especial del Empleados del  Hogar decreció en 3.048  y ahora alcanza los 407.587 ocupados.

El Régimen de Autónomos cuenta con 3.234.373 personas, tras decrecer en 20.291 en el último mes. Respecto al Régimen Especial del Mar, descendió en 1.415 ocupados hasta situarse en 61.204 ocupados. Finalmente, el Carbón está constituido por 1.648 afiliados medios tras descender en 351 personas.

Por CCAA, el número de afiliados en enero bajó en mayor medida en Madrid (-31.138), Comunidad Valenciana (-30.555), Andalucía (-22.633) y Galicia (-13.737).

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La Audiencia Nacional rechaza el incidente de nulidad de la causa contra los acompañantes de Carles Puigdemont por delito de encubrimiento

6 de febrero, 2019

Lunes, 4 de febrero de 2019 poderjudicial.es

La Audiencia Nacional rechaza el incidente de nulidad de la causa contra los acompañantes de Carles Puigdemont por delito de encubrimiento

Los mossos recurrieron la decisión del Juzgado Central de Instrucción 6 al entender que los hechos que se investigan tuvieron lugar en territorio de la República Federal Alemana y no se dan los requisitos de perseguibilidad previstos en el artículo 23.3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial

Autor:Comunicación Poder Judicial

La Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha rechazado el incidente de nulidad presentado por los dos mossos de Esquadra investigados junto al empresario J.M.M. y J.L.A., por delito de encubrimiento en relación con  la ayuda y asistencia prestada a Carles Puigdemont cuando fue detenido en Alemania en marzo del año pasado a raíz de una euro-orden activada dos días antes por el juez instructor de la causa del Procés, Pablo Llarena.

Los dos mossos recurrieron la decisión del Juzgado Central de Instrucción 6 en la que desestimaba el incidente de nulidad, que presentaron al entender aquellos que los hechos que se investigan tuvieron lugar en territorio de la República Federal Alemana y no se dan los requisitos de perseguibilidad previstos en el artículo 23.3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial para que pueda conocer de los mismos, pues no se ha formulado querella por la Fiscalía ni constituyen delito en Alemania.

Después de analizar el mencionado artículo, los jueces señalan que los hechos investigan la naturaleza de la ayuda y asistencia que prestaban a Puigdemont cuando fue detenido en Alemania para que eludiera la causa que se siguiera en el Tribunal Supremo y para sustraerse a la busca y captura acordada. “Por lo tanto se habrían cometido también en territorio español”, señala la Sala, pues al menos los dos mossos y J.L.A. “habían partido de España para reunirse con Puigdemont en Bélgica, los dos primeros, y en Helsinki el segundo”.

Se trata, explica el auto, de dos mossos en activo que se desplazaron desde Barcelona a Bélgica mientras disfrutaban de permiso “para prestar la asistencia que necesitare”. El tercero, que ocupaba el cargo de asistente técnico de Presidencia y Comisario de Relaciones Internacionales de la Diputación de Barcelona, se desplazó a Helsinki para estar junto a él en un acto en la universidad y decidió acompañarle por carretera hasta Bélgica, continúa la resolución, “en el viaje que aquel emprendía para presentarse ante las autoridades judiciales de dicho país, en lugar de volver a España en el vuelo que tenía comprado Helsinki-Barcelona”.

“Cuando se iniciaron las actuaciones había indicios de que los investigados podrían haber actuado con abuso de funciones públicas -dada su pertenencia a la policía autonómica catalana y cargo en la Diputación Provincial de Barcelona- para ayudar al sr. Puigdemont a sustraerse a la acción de la Justicia española, habiendo iniciado los hechos ejecutivos del delito de encubrimiento en España, lo que haría innecesaria la concurrencia de los requisitos de perseguibilidad establecidos en el artículo 23 de la LOPJ”, afirma la Sala.

Añade el Tribunal, que de acuerdo con lo establecido por el Tribunal Supremo sobre el  principio de ubicuidad, “el delito se comete en todas las jurisdicciones en las que se haya realizado algún elemento del tipo”, y será el juez que primero haya iniciado actuaciones el competente para su instrucción, en este caso, el Juzgado Central  6 de la Audiencia Nacional.

“Entre tanto, se puede recabar la información precisa acerca de la punibilidad de los hechos en Finlandia, Dinamarca o Alemania para el caso de demostrarse en la investigación abierta que ninguno de los actos ejecutivos del encubrimiento fue realizado en España”, destaca el auto.

Apunta la Sala que también la Fiscalía podría interponer una querella de considerarlo procedente, si bien el hecho de que iniciara diligencias de investigación que cesó para remitírselas al juzgado de instrucción y de que haya venido sosteniendo la acción penal a lo largo de todo el procedimiento, “evidencian su voluntad de que el proceso continúe hasta sentencia y hacen la función de dicho acto procesal”.

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“CCOO denuncia que mientras el empleo aumenta la precariedad y la temporalidad sigue avanzando”

5 de febrero, 2019

“CCOO denuncia que mientras el empleo aumenta la precariedad y la temporalidad sigue avanzando”
Aunque los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) cierran 2018 en su mínimo desde hace una década, la secretaria de Empleo y Cualificación Profesional de CCOO, Lola Santillana, advierte que “no nos debemos dejar nublar por estos datos porque la estadística señala que la precariedad, los contratos temporales, la jornada parcial y los falsos autónomos siguen creciendo”. “Se deben modificar de forma inmediata los aspectos más lesivos de la reforma laboral que hemos acordado con el Gobierno”.
29/01/2019. ccoo.es
Lola Santillana ante los datos de la EPA del 4º trimestre de 2018
Según los datos el cuarto trimestre de 2018 hay más población trabajando con contrato temporal o a jornada parcial que un año antes: hay 4,4 millones de personas con un contrato temporal y 2,9 millones trabajando a jornada parcial (la mayoría de forma involuntaria). La tasa de temporalidad se sitúa en el 27% (la tasa más alta en un cuarto trimestre desde 2008) y la jornada parcial afecta al 16% de la población asalariada. En términos interanuales el empleo temporal aumenta en 167.000 personas y la población ocupada a jornada parcial aumenta en 89.000 personas

Lola Santillana ha advertido que la EPA confirma que más de la mitad de las personas desempleadas son parados de larga duración y que la tasa de jóvenes en desempleo es del 34%, por lo que ha exigido que “las prácticas no laborales deben tener un contrato”.

Además, ha señalado que la Mesa de Diálogo Social debe abordar las propuestas de CCOO para que la pobreza y el desempleo dejen de tener cara femenina ya que actualmente el crecimiento en el empleo se produce fundamentalmente en los hombres.

Por último, Lola Santillana ha denunciado que la ocupación está aumentando gracias al empleo público “a este país le falta un compromiso serio de los empresarios por la inversión y la creación de empleo”, ha concluido.

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El empleo creció un 3% en 2018, la tasa más elevada de los tres últimos años

4 de febrero, 2019

29 de enero de 2019

mineco.gob.es

El empleo creció un 3% en 2018, la tasa más elevada de los tres últimos años

En 2018 el número de ocupados aumenta en 566.200 personas y se sitúa por encima de los 19,5 millones
La creación de empleo se acelera en el cuarto trimestre, registrando el mayor incremento en ese periodo desde principios de 2016
El paro disminuye en más de 462.000 personas, el 12,28% en tasa interanual y se sitúa en el 14,45%, con un descenso de 2,1 puntos en el último año
El número de hogares con todos sus activos en paro disminuye en 157.100 y aumenta en 355.400 el de hogares con todos sus activos ocupados

 

El empleo creció un 3% en 2018, la tasa más elevada de los tres últimos años y superior al crecimiento económico previsto, lo que pone de manifiesto la solidez de la economía española y su capacidad para generar empleo.

Al cierre de 2018 se superaron los 19,5 millones de ocupados, tras aumentar 566.200 en el último año, según los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) publicados hoy por el Instituto Nacional de Estadística (INE). La creación de empleo se aceleró en el cuarto trimestre, registrándose el mayor incremento desde principios de 2016.

El empleo asalariado aumentó en 531.000 personas en este periodo, con un mayor protagonismo de la contratación indefinida, con 363.700 personas frente a la temporal, con 167.300. Asimismo, en estos doce meses el empleo a tiempo completo ha subido en 476.800 personas, reduciéndose el número de empleos a tiempo parcial involuntarios en 80.200.

Por sectores, se crea empleo principalmente en Servicios, con 428.100 ocupados más, seguido de Construcción, con 136.300 y Agricultura, con 4.900. Por el contrario, el sector Industrial registra en el último año 3.000 ocupados menos.

La creación de empleo en 2018 ha sido generalizada en todas las Comunidades Autónomas. Destaca la positiva evolución de Andalucía, con 118.600 ocupados más, la Comunidad de Madrid con 108.600 y Cataluña, con 75.000.

Por sexo se acelera la creación de empleo tanto entre hombres como entre las mujeres, con tasas de crecimiento similar del 3% y 2,9% respectivamente.

El paro se reduce al 14,45% en 2018

El desempleo se reduce en 462.400 personas en los últimos doce meses, situándose en 3.304.300. En el cuarto trimestre de 2018 el paro ha caído a una tasa interanual del 12,28%. Con esta reducción la tasa de paro desciende más de dos puntos en el último año y se sitúa en el 14,45%, la menor desde finales de 2008.

La tasa de paro femenina sigue siendo mayor, situándose en el 16,26% frente al 12,87% de la masculina, reduciéndose ambas más de dos puntos en el último año.

Baja el paro en todos los sectores, principalmente en servicios (64.100 parados menos), seguido de agricultura (-25.900), construcción (-19.200) e industria (-2.900).

En este periodo el paro desciende en 281.100 personas entre los que perdieron su empleo hace más de un año y se reduce en 69.300 entre las personas que buscan su primer trabajo.

En el último año, el número de hogares con todos los activos en paro se ha reducido en 157.100, mientras que los que tienen a todos sus miembros ocupados ha aumentado en 355.400.

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El Tribunal Supremo rechaza poner en libertad a los encausados por el ‘Procés’ y descarta que su caso sea equiparable al del disidente turco Selahattin Demirtas

4 de febrero, 2019

Lunes, 28 de enero de 2019 poderjudicial.es

El Tribunal Supremo rechaza poner en libertad a los encausados por el ‘Procés’ y descarta que su caso sea equiparable al del disidente turco Selahattin Demirtas

En un nuevo auto, refuerza las razones que justifican la prisión y señala las diferencias entre la situación que afecta a los líderes del ‘Procés’ y la del disidente turco amparado por el TEDH Selahattin Demirtas

Autor:Comunicación Poder Judicial

El Tribunal del llamado ‘caso Procés’ ha rechazado las peticiones de libertad o de medidas alternativas solicitadas en sus escritos de defensa por los nueve procesados que permanecen en prisión. Equiparaban su situación a la del líder político turco Demirtas, a quien el Tribunal de Estrasburgo ha dado la razón en una reciente sentencia dictada en noviembre de 2018. En línea con esta sentencia, las defensas de los acusados entendían que la Sala Segunda no había motivado suficientemente la no adopción de medidas alternativas a la prisión preventiva.

La resolución que hoy ha sido notificada descarta ese déficit de motivación: “Sostener que la Sala no se ha pronunciado acerca de la suficiencia de posibles medidas alternativas a la prisión -argumentan los magistrados-, sólo puede ser resultado de una lectura precipitada de resoluciones dictadas con anterioridad. En efecto, en nuestro auto de fecha 26 de julio de 2018, en respuesta a la solicitud de sustitución de la prisión preventiva por fórmulas menos gravosas, como las comparecencias apud acta, el control telemático, o la vigilancia policial, se decía textualmente: «las firmas diarias pueden dejar de ser diarias en el instante en el que el firmante decide emprender la fuga. El control policial puede relajarse o presentar fallos involuntarios que permitan la huida. Los dispositivos de rastreo telemático atenúan su eficacia en un ámbito territorial en el que rige la libertad de fronteras y la libre circulación de personas, por más que su utilización permitiría conocer el itinerario seguido por el procesado para sustraerse al llamamiento para el juicio oral».

Infraestructura en el extranjero que intensifica el riesgo de fuga

Para el Tribunal Supremo el riesgo de fuga sigue siendo intenso: “es un hecho notorio la existencia fuera del territorio español de estructuras de poder organizadas, puestas al servicio de aquellos procesados que han tomado la determinación de sustraerse al llamamiento de esta Sala. De hecho algunas autoridades y miembros actuales del Gobierno y el Parlamento de Cataluña -como han publicitado ampliamente los medios de comunicación- se han desplazado para mantener reuniones con las personas integrantes de tales estructuras, algunas de ellas también procesadas en esta causa y declaradas en rebeldía. Esta realidad intensifica claramente el riesgo de fuga, pues pone de manifiesto la existencia de cierta infraestructura en el extranjero -con presencia, insistimos, de procesados en esta causa ya huidos de la justicia- que podría facilitar la fuga de los procesados”.

El auto dictado hoy recuerda que la doctrina de Estrasburgo para valorar el riesgo de fuga exige ponderar la existencia de «contactos en el extranjero» que puedan facilitar la huida.

El caso Demirtas no es comparable al de los presos del ‘Procés’

Rechaza la Sala la comparación entre la situación de los políticos catalanes presos y la del opositor turco a que se refiere el Tribunal Europeo: “conviene destacar, por otra parte, un dato que singulariza y distingue las dos situaciones que las defensas, en su legítimo discurso impugnativo, pretenden igualar. El Sr. Demirtas era un líder opositor cuyo encarcelamiento -sin entrar en otro orden de consideraciones acerca de las notas definitorias del sistema jurisdiccional turco y de la pervivencia de preceptos penales difícilmente conciliables con el Convenio de Roma- podía llegar a implicar una ruptura de la legitimidad democrática”.

Sigue razonando el Tribunal Supremo: “los hechos que delimitan el objeto de la presente causa especial no se atribuyen por el Fiscal, el Abogado del Estado y la acusación popular a líderes de la oposición. Antes al contrario, la mayor parte de los procesados eran líderes políticos integrados en el Gobierno de una comunidad autónoma en la que asumían la máxima representación del Estado en ese ámbito territorial. No expresaban, por tanto, la silenciada voz discrepante frente a una política hegemónica que se impone sin contrapesos. Los políticos cautelarmente privados de libertad, cuya situación las defensas identifican con el cautiverio del Sr. Demirtas, se hallaban plenamente integrados en las estructuras de ejercicio del poder autonómico. La pretendida equiparación entre las medidas cautelares que afectan a los procesados y el encarcelamiento del opositor turco que está en el origen de la sentencia del Tribunal Europeo, es contemplada por la Sala como una respetable estrategia defensiva, pero carente de viabilidad por la falta de similitud con los hechos que van a ser objeto de enjuiciamiento. No existe persecución por las ideas. No se criminaliza una ideología. De hecho, la ideología que con tanta legitimidad democrática profesan los recurrentes, sostiene ahora al mismo gobierno autonómico y está presente en las instituciones de las que la mayoría de los procesados formaban parte. No está en cuestión una forma de pensar, una concepción rupturista de las relaciones entre los poderes del Estado. El día a día de la actividad política enseña la libertad con la que esas ideas son defendidas en las instituciones y en los foros nacionales e internacionales de debate político”.

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El cobarde sólo amenaza cuando está a salvo. Goethe

3 de febrero, 2019

Goethe

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La Sala del TS que enjuiciará el caso del ‘Procés’ notifica el auto de admisión de prueba y fija para el 12 de febrero el inicio de la vista

2 de febrero, 2019

Viernes, 1 de febrero de 2019  poderjudicial.es

La Sala del TS que enjuiciará el caso del ‘Procés’ notifica el auto de admisión de prueba y fija para el 12 de febrero el inicio de la vista

El tribunal admite entre los testigos al expresidente del Gobierno Mariano Rajoy y al expresidente de la Generalitat de Cataluña Artur Mas

Autor:Comunicación Poder Judicial

El Tribunal Supremo ha dictado hoy el auto en el que se pronuncia sobre la pertinencia de las pruebas propuestas por las acusaciones y defensas, en la llamada ‘causa del Procès’. Entre los centenares de testigos que el Tribunal acepta figura el expresidente del gobierno, Mariano Rajoy, la exvicepresidenta Soraya Sáez de Santamaría, el exministro de Hacienda Cristóbal Montoro, el expresidente de la Generalitat Artur Mas, el lehendakari Iñigo Urkullu, el actual presidente del Parlament de Cataluña, Roger Torrent, diputados como Gabriel Rufián y Joan Tardá, la excoordinadora general del PDeCAT Marta Pascal, la alcaldesa de Barcelona Ada Colau y el exdelegado de Gobierno en Cataluña, Enric Milló. Además comparecerán también como testigos ciudadanos que resultaron lesionados en los hechos enjuiciados, así como agentes de policía y guardias civiles que también sufrieron heridas.

Por otro lado, la Sala rechaza testificales como la del Rey porque lo prohíbe expresamente el artículo 411 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Tampoco ha admitido el testimonio del jefe de la Casa Real, Jaime Alfonsín, al no admitir nuestro sistema el «testigo por sustitución».

Tampoco ha sido declarada pertinente la declaración propuesta por la acusación popular de Alfredo Pérez Rubalcaba, al venir referido su testimonio a hechos anteriores a la consulta de 2014. También han sido excluidos Carles Puigdemont y algunos de los procesados que están declarados en rebeldía en el mismo proceso. En su auto la Sala razona que la condición de parte pasiva del proceso, declarada en rebeldía y todavía no enjuiciada, es manifiestamente incompatible con el deber de declarar y la obligación de decir verdad que asume todo testigo.

Entre los testigos descartados por el Tribunal Supremo se incluye a Pilar Rahola, al estimar los magistrados que «…son prescindibles las valoraciones de la testigo propuesta».

Se rechaza también la prueba propuesta como testigo de Ignacio Cosidó, actual portavoz del Senado por el PP. En la resolución se indica que las dudas vertidas sobre la imparcialidad del presidente del tribunal de enjuiciamiento ya fueron hechas valer por las defensas en el incidente de recusación tramitado ante la Sala del 61 del Tribunal Supremo, incidente rechazado por unanimidad de los magistrados que integran esa Sala especial.

No ha sido declarada pertinente la prueba pericial de Derecho internacional propuesta por Oriol Junqueras y Raül Romeva, encaminada a que un relator internacional y un experto independiente explicaran al Tribunal Supremo «el alcance actual y significado del derecho de autodeterminación». Los magistrados justifican el rechazo de esa pericial razonando que «La Sala no acepta una prueba encaminada a explicar a sus integrantes el alcance y significado de un derecho cuyo contenido material se obtiene a partir de las declaraciones internacionales suscritas por España y de la dogmática que se ha ocupado de su estudio. Hacer depender de la opinión de dos juristas -cuya neutralidad y preparación no se cuestiona- la conclusión acerca de la legalidad internacional del derecho a decidir, supone quebrar de forma irreparable el significado de la función jurisdiccional».

Juicio televisado en directo

Tampoco ha aceptado el Tribunal Supremo la testifical de relatores de Naciones Unidas, expertos en derechos humanos, premios nobel o intelectuales como Noam Chomsky y Paul Preston. Los magistrados argumentan que «las valoraciones personales de relatores, premios nobel, lingüistas, o historiadores –algunos de ellos de un incuestionable peso intelectual y autores de una obra que merece la admiración y el reconocimiento colectivo- son prescindibles cuando son llamados a juicio para opinar «…sobre los hechos objeto de acusación». En el proceso penal el testigo es examinado sobre los hechos de los que tiene conocimiento directo o referencial; el perito dictamina acerca de una materia en la que hay que aportar nociones científicas, técnicas o artísticas. No existe en nuestro sistema una figura procesal para identificar al declarante invitado a juicio para ofrecer sus valoraciones personales sobre los hechos».

El auto que hoy ha sido notificado fija en dos el número de plazas que cada uno de los procesados podrá reservar para familiares y allegados: «el mero cálculo combinado de las dimensiones de la Sala de Plenos del Tribunal Supremo, el número de procesados y las acreditaciones que se solicitan, impone la conveniencia de esa restricción que, además, se justifica por la necesidad de que la presencia de terceros en la Sala -en eso consiste precisamente el contenido real de la garantía constitucional de publicidad- no esté exclusivamente vinculada al núcleo familiar de los procesados».

Otra de las propuestas probatorias solicitadas por las defensas era la presencia de observadores nacionales e internacionales para garantizar el respeto a los derechos humanos de los procesados. El Tribunal Supremo rechaza esa posibilidad con el siguiente razonamiento: «La Sala coincide plenamente con la defensa a la hora de subrayar la importancia de observadores que conviertan su presencia en un sano elemento de fiscalización del ejercicio democrático de la función jurisdiccional. Precisamente por ello ha autorizado -superando así restricciones históricas todavía vigentes en la mayoría de los países de nuestro entorno- que las sesiones del juico sean televisadas en directo y mediante streaming en la web. La consecuencia inmediata es que todo ciudadano que quiera convertirse en observador, nacional o internacional, del desarrollo del juicio podrá hacerlo. Y no en el limitado número de cinco que sugiere la defensa. No existirá, por tanto, límite numérico alguno para el seguimiento permanente y sin interrupción de las sesiones del juicio mediante señal de televisión en directo o en streaming. La Sala opta así por una fiscalización incondicionada de todas y cada una de las sesiones del plenario. Se eluden los problemas que se derivarían de la falta de acreditación, por aquellos a quienes las partes atribuyen la condición de observadores imparciales, de un estatuto de neutralidad e independencia económica respecto de sus proponentes».

Se acepta también una amplísima prueba documental así como la emisión de numeroso material multimedia propuesto por acusaciones y defensas.

El juicio dará comienzo el día 12 de febrero.

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El CGPJ nombra a Celso Rodríguez Padrón nuevo presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid

1 de febrero, 2019

Jueves, 31 de enero de 2019  poderjudicial.es

El CGPJ nombra a Celso Rodríguez Padrón nuevo presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid

Actualmente destinado en la Audiencia Provincial de Madrid, fue secretario general del CGPJ de 1999 a 2013

Autor:Comunicación Poder Judicial

El Consejo General del Poder Judicial, en su sesión plenaria de hoy, ha nombrado al magistrado Celso Rodríguez Padrón nuevo presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, cargo vacante tras renuncia del anterior presidente, Francisco Javier Vieira Morante, quien ha pasado a desempeñar un nuevo puesto judicial.

Celso Rodríguez Padrón ha obtenido el apoyo de 14 de los 21 miembros del Pleno. La magistrada Gemma Gallego ha obtenido 5 votos y un voto el magistrado Jesús Gavilán. Se ha producido un voto en blanco.

El nombramiento de presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid es el primero de los nombramientos discrecionales que el pleno del CGPJ efectúa tras la última reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que estableció la obligatoriedad de una mayoría cualificada de tres quintos de los miembros del pleno del CGPJ para los nombramientos de magistrados del Tribunal Supremo y de presidentes de la Audiencia Nacional y de los Tribunales Superiores de Justicia.

El nuevo presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid ingresó en la carrera judicial en 1988, siendo su primer destino como juez el juzgado de primera instancia e instrucción de Valverde del Camino, en la provincia de Huelva.

Ascendió a magistrado en 1990, siendo destinado al juzgado de primera instancia 35 de Barcelona, desde donde se trasladó en septiembre de 1991 al juzgado de instrucción 4 de Vigo.

Desde enero de 1995 a septiembre de 1998, Rodríguez Padrón fue Letrado al servicio del Consejo General del Poder Judicial, en la Sección de Selección de la Escuela Judicial.

Se reincorporó al servicio activo en la Carrera Judicial, pasando a ocupar plaza en el juzgado de instrucción 4 de Sevilla, plaza que había obtenido en concurso de traslado en mayo de 1997.

El 2 de junio de 1999, el Pleno del Consejo General del Poder Judicial le nombró Secretario General del CGPJ, cargo en el que permaneció hasta diciembre de 2013.

Desde esa fecha, Celso Rodríguez Padrón es magistrado de la Audiencia Provincial de Madrid, en el orden penal.

Ha sido representante del Poder Judicial español en numerosos encuentros internacionales (Encuentro Iberoamericano de Consejos de la Judicatura, Asamblea General de la Red Europa de Consejos del Poder Judicial…) y en condición de experto ha participado en programas internacionales de apoyo y fortalecimiento de distintos poderes judiciales de Europa e Iberoamérica (Bulgaria, Albania, Centroamérica…)

Ha sido profesor contratado de la asignatura Práctica Procesal en la Universidad Europea de Madrid y profesor en los cursos de práctica jurídica (Practicum) de la Universidad Autónoma de Madrid y de la Universidad San Pablo-CEU.

Ha pronunciado más de cincuenta conferencias y ha colaborado en una treintena de publicaciones jurídicas. Es autor del libro “La conformación del Poder Judicial”.

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El TC avala que los actos de aviso y de notificación de resoluciones judiciales tienen distinto régimen jurídico

31 de enero, 2019

Tribunal Constitucional
Gabinete del Presidente
Oficina de Prensa – tribunalconstitucional.es
Nota informativa nº 3/2019
El TC avala que los actos de aviso y de notificación de resoluciones judiciales tienen distinto régimen jurídico
El Pleno del Tribunal Constitucional ha decidido por mayoría desestimar la cuestión de inconstitucionalidad presentada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, con sede en Valladolid, contra el último inciso del párrafo tercero del art. 152.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (redacción incorporada por el artículo único, apartado diecisiete, de la Ley 42/2015, de 5 de octubre) que señala “(…) La falta de práctica de este aviso no impedirá que la notificación sea considerada plenamente válida”. Este precepto es de aplicación supletoria en el orden jurisdiccional social por remisión de la normativa procesal laboral.
La sentencia, cuyo ponente ha sido el Magistrado Ricardo Enríquez, explica que “el acto de comunicación y el aviso, que carece de la garantía de autenticidad, discurren bajo dos regímenes jurídicos distintos que no permiten ser confundidos”.
El tribunal castellano leonés planteó la cuestión de inconstitucionalidad por posible vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE) en cuanto desvincula la validez de la notificación de un acto de comunicación ya practicada con el incumplimiento de la obligación que tiene a su vez el órgano judicial de enviar un aviso al destinatario para que sepa que se ha producido dicha notificación.
El caso estudiado por la Sala Social era el siguiente: un graduado social facilitó a un juzgado una dirección de correo electrónico para recibir el aviso de que se le había comunicado una resolución judicial, pues así consta en el art. 152.2 de la LEC cuando dice “el destinatario podrá identificar un dispositivo electrónico, servicio de mensajería simple o una dirección de correo electrónico que servirán para informarle de la puesta a su disposición de un acto de comunicación, pero no para la práctica de notificaciones”. Merced a esa confianza el graduado social prescindió de consultar su buzón del sistema LexNET al que se le remitió la notificación de la sentencia y no pudo presentar el correspondiente recurso de suplicación porque se le había pasado el plazo al desconocer dicha notificación.
El Tribunal Constitucional explica que “el aviso representa un acto procesal efectuado por la oficina judicial, de carácter accesorio, que ayuda o facilita el conocimiento del hecho de haberse practicado un acto de comunicación, pero a cuyo acceso efectivo el aviso no coadyuva sino que exige la utilización del canal electrónico habilitado para el profesional”.
La sentencia tampoco acepta el argumento del TSJ de Castilla y León cuando dice que la utilización cotidiana por los profesionales de la justicia del sistema LexNET entraña una carga “desproporcionada”. En este sentido, el Tribunal señala que “no se alcanza a ver qué obstáculo legal para el bienestar de procuradores, graduados sociales o abogados, puede suponer que el legislador sustituya el régimen presencial diario en la recepción de los actos de comunicación imperante antaño, por otro de naturaleza electrónica al que puede accederse desde diversos dispositivos y en lugares diferentes, para comodidad de la persona, protegido dicho acceso con una serie de garantías dentro de la plataforma habilitada”.
La sentencia cuenta con un voto particular formulado por el Magistrado Juan Antonio Xiol Ríos, quien considera que se debería haber declarado la inconstitucionalidad y nulidad del último inciso del párrafo tercero del art. 152.2 LEC. A su juicio, la norma cuestionada es irrazonable y arbitraria, generando una indefensión prohibida por el art. 24.1 CE, ya que establece la potestad del ciudadano de solicitar del órgano judicial que se le avise por correo electrónico de la remisión de un acto de comunicación, imponiendo una correlativa obligación del órgano judicial de proceder a realizar dicho aviso, pero, de manera incoherente, hace recaer los perjuicios que origina el incumplimiento de esa obligación sobre el ciudadano que padece la anomalía, al establecer que en cualquier caso, y aunque no se haya verificado el aviso por parte del órgano judicial, el acto de notificación tendrá plena validez.
Madrid, 25 de enero de 2019

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El TC declara inconstitucional y nula la creación del registro electrónico de voluntades anticipadas de Cataluña

30 de enero, 2019

Tribunal Constitucional
Gabinete del Presidente
Oficina de Prensa – tribunalconstitucional.es
Nota informativa nº 2/2019
El TC declara inconstitucional y nula la creación del registro electrónico de voluntades anticipadas de Cataluña
El Pleno del Tribunal Constitucional ha declarado inconstitucional y nulo el art. 10 de la Ley del Parlamento de Cataluña 10/2017, que introduce la disposición adicional tercera del libro IV del Código Civil de Cataluña, por la que se crea y regula el Registro electrónico de voluntades digitales. La sentencia, cuyo ponente ha sido el Magistrado Andrés Ollero, señala que “se trata de un registro jurídico de derecho privado, que solo puede ser establecido por el Estado, al amparo de su competencia exclusiva en materia de ordenación de los registros e instrumentos públicos (art. 149.1.8 de la Constitución)”.
La resolución judicial explica que el Registro electrónico de voluntades digitales “no aparece configurado como un mero instrumento registral de carácter administrativo, ligado a la competencia sustantiva en materia de derecho civil que la comunidad autónoma tiene estatutariamente asumida”. Se trata, por el contrario, “de un registro público privado en el que han de inscribirse para su validez los documentos de voluntades digitales, en defecto de disposiciones de última voluntad”.
Los preceptos impugnados por el Gobierno de Rajoy de la Ley autonómica 10/2017 permitían a los ciudadanos con vecindad civil catalana ordenar el destino de su patrimonio digital en caso de muerte no sólo mediante testamento, codicilo o memoria testamentaria sino también en ausencia de esas disposiciones de última voluntad, por medio del documento de voluntades digitales, que despliega efectos jurídicos sustantivos sobre las relaciones privadas en virtud de su inscripción en dicho registro.
Por tanto, el Tribunal subraya que “la normativa impugnada excede de la competencia meramente ejecutiva que la Comunidad Autónoma ostenta (art. 147 EAC) en relación con los registros públicos de derecho privado a que se refiere el art. 149.1.8 de la Constitución”.
En consecuencia, “su ordenación es competencia exclusiva del Estado”.
El Pleno, en consecuencia, declara inconstitucionales y nulos los siguientes preceptos:
– La redacción del art. 6 de la ley al art. 411.10.3, letra b) del libro cuarto del Código Civil “Si la persona no ha otorgado disposiciones de última voluntad, un documento que debe inscribirse en el Registro electrónico de voluntades digitales”.
– Del art. 8, en cuanto a la redacción dada al art. 421.24.1 del libro cuarto del mismo
Código, en el inciso “y, en defecto de estos instrumentos, en un documento de voluntades digitales, el cual necesariamente debe especificar el alcance concreto de su actuación. Este documento debe inscribirse en el Registro electrónico de voluntades digitales”.
– Del art. 11, que añade al mismo Código la disposición final quinta del libro cuarto.
– De la disposición final primera.
La sentencia cuenta con un voto particular formulado por la Magistrada Encarnación Roca quien considera que la naturaleza de este tipo de registro es administrativa y que la Generalitat de Cataluña ostenta competencia legislativa para crearlo y ordenarlo. En su opinión, “el hecho de que la eficacia de las voluntades digitales se produzca después de la muerte de la persona y que a tales disposiciones se les denomine de manera semejante a las testamentarias no significa que tengan tal naturaleza testamentaria, ni que deban custodiarse en un registro civil de los que contempla el art. 149.1.8 CE”. Es más “incluso en el caso de que sí que la tuviera, no genera ningún problema de relación o coexistencia porque la ley catalana establece la incompatibilidad entre ambos instrumentos y limita la eficacia del documento de voluntades digitales a la falta de testamento”.
Madrid, 23 de enero de 2019

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El director general para la Memoria Histórica se reúne con la presidenta de la Fundación Pablo Iglesias

29 de enero, 2019

El director general para la Memoria Histórica se reúne con la presidenta de la Fundación Pablo Iglesias

28 de enero de 2019  mjusticia.gob.es

Beatriz Corredor con Fernando Martínez
 
El director general para la Memoria Histórica, Fernando Martínez, con la presidenta de la Fundación Pablo Iglesias, Beatriz Corredor

El director general para la Memoria Histórica, Fernando Martínez, ha mantenido hoy un encuentro con la presidenta de la Fundación Pablo Iglesias, Beatriz Corredor, y el coordinador de actividades culturales de dicha formación, Óscar Martín, con motivo de la programación de actos de conmemoración de los 80 años del exilio republicano español que prepara el Gobierno. Por parte del Ministerio, han asistido a la reunión, la directora de División de Coordinación Administrativa y Relaciones Institucionales de la Dirección General de Memoria Histórica, Socorro Prous, y Eduardo Ranz, asesor de la ministra de Justicia.

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Концертные вариации на тему русской народной песни «Валенки». “Valenki”

29 de enero, 2019

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La Audiencia Nacional confirma la sanción de 200.000 euros a Òmnium por tratar datos ideológicos para la encuesta del 9-N

29 de enero, 2019

Viernes, 25 de enero de 2019 poderjudicial.es

La Audiencia Nacional confirma la sanción de 200.000 euros a Òmnium por tratar datos ideológicos para la encuesta del 9-N

El tribunal considera probado que trataron datos personales de ideología y que eran unos datos sensibles o especialmente cualificados que requieren un reforzamiento de la prestación del consentimiento de su titular para ser objeto de tratamiento

Autor:Comunicación Poder Judicial

La Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional ha confirmado la multa de 200.000 euros que impuso la Agencia de Protección de Datos a la entidad Òmnium Cultural por vulnerar la Ley de Protección de Datos, al tratar datos ideológicos de los ciudadanos catalanes en una gran encuesta realizada los meses previos a la consulta del 9 de noviembre de 2014. El Tribunal rechaza el recurso presentado por Òmnium contra la sanción porque considera probado que trataron datos personales de ideología y que eran unos datos sensibles o especialmente cualificados que requieren un reforzamiento de la prestación del consentimiento de su titular para ser objeto de tratamiento.

Los hechos ahora analizados se remontan a los meses de octubre y noviembre de 2014, cuando las entidades ANC y Òmnium promovieron la campaña “Ara és l’ Hora” para realizar una encuesta que denominaron ‘gigaencuesta’ en todo el ámbito de Cataluña y que afectaba a 3 millones de domicilios.

Para realizar la encuesta se habilitó un formulario de 6 preguntas que comenzaba con “Si Cataluña fuera un estado tendría entre 8.000 y 16 .000 millones de euros más, ¿Cómo piensa que se debería gastar?”, la segunda pregunta empezaba declarando que “si construimos un país nuevo estará en nuestras manos decidir cómo deben ser los servicios públicos”; en la tercera, con carácter previo: “construir un nuevo país nos permitiría partir de cero y renovar la democracia”. Y la última pregunta, “¿Irá a votar el día 9 de noviembre?” con tres posibles respuestas: “A) iré a votar y ya tengo decidido mi voto; b) Iré a votar y ya decidiré mi voto y C) no iré a votar”.

30.000 voluntarios realizaron las encuestas “puerta a puerta”

La sentencia de la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso recoge como la gigaencuesta se desarrolló por dos vías: por correo postal y a través de 30000 voluntarios que se dividieron por áreas geográficas, con visitas “casa a casa” organizadas por municipios, distritos y zonas. Los encuestadores, explican los jueces, “cumplimentaban los formularios de aquellos ciudadanos que así lo deseaban. Si los encuestados no abrían la puerta o no querían o no podían responder pero se apreciaba “receptividad”, se preveía la posibilidad de entregar el folleto o depositarlo en el marco de la puerta para que dichos encuestados lo remitieran por correo”.

Para efectuar el registro de los datos, Òmnium creó un fichero y era el destinatario de las respuestas recibidas tanto por correo como por los voluntarios, que se entregaban en los 20 locales que tenía la entidad repartida por toda Cataluña. Finalizada la encuesta en cada ámbito geográfico, la documentación se procedía a su mecanización a través de una aplicación facilitada por ANC.

La Agencia de Protección de Datos abrió una inspección y accedió a la aplicación informática desarrollada donde figuraban un total de 82.814 encuestas, que incluían tanto respuestas como datos personales de los encuestados. Las encuestas en papel almacenadas incluían un resumen, cumplimentado a mano, donde figuraba “el número de puertas que no abren, o que no quieren hacer la encuesta, además de la lista de edificios a visitar (calle, número y total de puertas). Figuran además una serie de anotaciones manuscritas referentes a cada una de las viviendas visitadas con indicaciones concretas (no irá a votar, no es legal, no interesa, no quiere atender, no abren, dejar a la encuesta, no quieren hacerla…)”.

La AEPD concluyó que se había producido una vulneración del artículo 7.2 de la LOPD, tipificada como muy grave en el artículo 44.4b) de la citada Ley.

Se trataron datos personales de ideología, con posibilidad de identificar a los encuestados

En línea con la Agencia de Protección de Datos y después de analizar la normativa nacional y europea el tribunal concluye que Òmnium sí hizo un tratamiento de datos de los encuestados que permitía asociar los datos a un domicilio concreto, “por lo que se puede llevar a cabo la identificación sin grandes esfuerzos y no es posible apreciar la disociación en los términos previstos”. Frente al argumento de los recurrentes de que no se realizó fichero alguno, el tribunal considera que sí se realizaron criterios de archivo que posibilitaban la localización de los datos personales, “información que además fue obtenida con la finalidad de ser conservada para permitir su utilización posterior, según se expone en el propio formulario/ encuesta”.

Òmnium en su recurso también planteaba la ausencia de datos de ideología. Un argumento que tampoco comparte LA Sala, al considerar acreditado que para rellenar el cuestionario había que partir previamente y aceptar implícitamente “el posicionamiento ideológico que deriva de tal formulario, que no es otro que el favorable a la independencia de Cataluña respecto del Estado español”
La encuesta, según la Sala, se inclina claramente a favor de una concreta posición ideológica, “cuál es la independencia de Cataluña, con la necesariamente ha de estarse conforme pues en otro caso no es posible contestar la misma, o al menos en su integridad”.

Por todo ello, el tribunal concluye que sí se podía conocer si el encuestado apoyaba o no el proceso independentista y por tanto, se ha realizado un tratamiento de datos personales de ideología por parte de Òmnium que por ser especialmente sensibles, la ley requiere un reforzamiento a la hora de prestar el consentimiento del titular para ser objeto de tratamiento.

La sanción correspondiente por infracción muy grave se encontraría comprendida entre los 300.001 euros y los 600.000 euros. La Sala considera proporcionada la cifra de 200.000 fijada por la Agencia de Protección de Datos que tuvo en cuenta que cuando Òmnium y ANC fueron requeridos para que dejaran de utilizar ilícitamente los datos recabados las dos entidades eliminaron la información y, además, tras el requerimiento de la Agencia, separaron en las encuestas la parte relativa a las respuestas y la referida a los datos personales del encuestado y su consentimiento.

La sentencia puede ser recurrida en casación ante el Tribunal Supremo.

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