A I R E

     En, probablemente la más desafortunada de sus últimas decisiones, el Ministerio de Justicia dirigido por el Sr. Caamaño aprobó el Real Decreto 1612/2011 regulando parcialmente los aranceles de los registradores de la propiedad y mercantiles, así como de los notarios.

     Decreto que fue consecuencia de una demagógica campaña de la OCU, de la que se hizo eco la prensa y el gobierno, no se sabe si por la cercanía del proceso electoral. Decreto que, además de contravenir la ley 8/89 y excederse en su alcance interpretativo yendo más allá de las leyes 41/2007 y RD Ley 8/2010, provoca un importante daño económico a la profesión registral y debilita aún más los recursos económicos de los registros, llevando a muchos de ellos a una situación harto difícil. Registros que deberán ser subsidiados por el Colegio de Registradores, a través de las cuotas que a tal efecto pagamos lo que significa una nueva losa económica para todos, pues un registro no puede cerrarse, ni dejar de cumplir plazos y obligaciones legales.

     Los registros de la propiedad y mercantiles prestan en España un servicio de altísima calidad – como ha sido reconocido tanto por los gobiernos españoles como por las instituciones extranjeras – servicio que requiere de una mínima viabilidad económica para poder prestarse. Contra ello atenta el Real Decreto mencionado.

     Baste citar la red informática que permite que desde cada uno de los más de mil registros  se pueda facilitar información fiable, vía internet, en un lapso de tiempo – medido en minutos que no en horas o días – inalcanzable para otras instituciones, públicas o privadas, con el consiguiente ahorro de costes de transacción. Importante es el esfuerzo económico, de todos y cada uno de los registradores, que hacen posible la prestación de estos y otros servicios, igual que muy grande es el beneficio para los ciudadanos. Y todo ello, al igual que otras actuaciones, como la gratuita colaboración con las Administraciones, se financia a partir de los aranceles que satisfacen los usuarios de los registros, pues nada paga el Estado y nada repercute a los contribuyentes.

     Un servicio registral prestado en forma insuficiente es algo que no puede permitirse la sociedad española. Igualmente los registradores no podemos dejar caer el prestigio y reputación de una profesión, algo que corre serio peligro a medida que se acumulan las reducciones y bonificaciones, que inciden sobre la realidad de un sector inmobiliario azotado por una gravísima crisis. En una suerte de “tormenta perfecta” se unen la crisis inmobiliaria y las reducciones arancelarias contrarias a la ley.

     La defensa de la profesión registral, rasgo esencial de la Asociación Independiente de Registradores, para que ésta pueda prestar el servicio que corresponde a la sociedad española, nos ha llevado a impugnar – según acuerdo unánime de la Junta Directiva de la Asociación de 23 de diciembre - ante el Tribunal Supremo, el Real Decreto 1612/2011. En la esperanza de que los Tribunales corrijan el desafuero cometido por el anterior Ministerio de Justicia. 

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     19 meses en negativo
     24 enero 2012 | Agencias – La noticia en La Gaceta
     En noviembre de 2011 se constituyeron 28.113, una de las cifras más baja de toda la serie histórica, iniciada en 2003, ha informado este martes el Instituto Nacional de Estadística (INE).
     El número de hipotecas constituidas sobre viviendas cayó un 35,8% el pasado mes de noviembre en relación a igual mes de 2010, hasta situarse en 28.113, una de las cifras más baja de toda la serie histórica, iniciada en 2003, ha informado este martes el Instituto Nacional de Estadística (INE).
     Con este descenso interanual, las viviendas hipotecadas acumulan 19 meses de caídas. El descenso de noviembre es menos pronunciado que el de octubre, que superó el 43%.
     En los once primeros meses de 2011, las viviendas hipotecadas se redujeron un 32,3% respecto al mismo periodo de 2010. En tasa intermensual, las viviendas hipotecadas aumentaron un 26,7%, frente al descenso del 28% que experimentaron en octubre.
     El importe medio de las hipotecas constituidas sobre viviendas alcanzó en el undécimo mes del año pasado los 109.662 euros, un 4,5% menos que en igual mes de 2010, mientras que el capital prestado bajó un 38,7% en tasa interanual, hasta rozar los 3.083 millones de euros.
     En noviembre se constituyeron 45.491 hipotecas sobre fincas rústicas y urbanas (dentro de éstas últimas se incluyen las viviendas), cifra que supone un retroceso del 32,2% respecto a igual mes de 2010 y un aumento del 16,1% en tasa intermensual.
     El capital de los créditos hipotecarios concedidos bajó un 32,6% en el undécimo mes de 2011 en tasa interanual, hasta situarse en 5.561,4 millones de euros, en tanto que el importe medio de las hipotecas constituidas sobre el total de fincas ascendió a 122.255 euros, un 0,5% menos que en noviembre de 2010.
     Los bancos fueron las entidades que concedieron un mayor número de préstamos hipotecarios en noviembre, con el 56,5% del total, seguidas de las cajas de ahorro (27,5%) y otras entidades financieras (16%). En cuanto al capital prestado, las cajas de ahorros concedieron el 28,1% del total, los bancos el 56,8% y otras entidades financieras el 15,1%.
     Tipo de interés al 4,5%
     El tipo de interés medio en noviembre fue del 4,50%, lo que supone un aumento del 17,8% en tasa interanual y un aumento del 3,9% respecto al mes anterior.
     En noviembre, el tipo de interés medio de los préstamos hipotecarios de las cajas de ahorros fue del 4,54% y el plazo medio de 23 años. En cuanto a los bancos, el tipo medio de sus préstamos hipotecarios fue del 4,62% y el plazo medio de 20 años.
     El 94,9% de las hipotecas constituidas en el undécimo mes del año pasado utilizó un tipo de interés variable, frente al 5,1% de tipo fijo. Entre los variables, el Euríbor es el tipo de referencia más utilizado en la constitución de hipotecas, en concreto figura en el 89,4% de los nuevos contratos.
     Cambios en las condiciones hipotecarias
     En el undécimo mes del año pasado, el número total de hipotecas con cambios en sus condiciones fue de 28.031, con un descenso interanual del 8,8%. En el caso de viviendas, el número de hipotecas que modificaron sus condiciones fue de 15.370, un 14,2% menos que en noviembre de 2010.
     Atendiendo a la clase de cambio en las condiciones, en noviembre se produjeron 23.031 novaciones (o modificaciones producidas con la misma entidad financiera), con un descenso interanual del 6,1%.
     Por su parte, el número de préstamos que cambiaron de entidad (subrogaciones al acreedor) fue de 3.251, un 19,3% menos en tasa interanual. Por su parte, en 1.749 hipotecas cambió el titular del bien hipotecado (subrogaciones al deudor), lo que supone una bajada del 19,7%.
     De las 28.031 hipotecas con cambios en sus condiciones durante el mes de noviembre, el 38,3% se debieron a modificaciones en los tipos de interés.
     El porcentaje de hipotecas a tipo de interés fijo se redujo después del cambio de condiciones (desde el 2,7% hasta el 1,2% del total), ya que la mayoría de estos préstamos pasaron a estar referenciados a un tipo variable.
     Dentro de la estructura de tipos de interés, el Euríbor fue la principal referencia. El interés medio más bajo antes del cambio fue el correspondiente a Otros Tipos de Interés (3,70%), mientras que después del cambio el más bajo fue el IRPH de los bancos (4,11%).
     Tras la modificación de condiciones, el interés medio de los préstamos aumentó 0,08 puntos en las hipotecas a tipo fijo y se mantuvo en las hipotecas a tipo variable.
     Además, en noviembre se cancelaron registralmente 37.889 hipotecas, un 14,3% menos que en el mismo mes de 2010. Las hipotecas canceladas sobre fincas rústicas se redujeron un 3,8%, mientras que canceladas sobre fincas urbanas cayeron un 14,6%. Las cancelaciones de hipotecas constituidas sobre viviendas retrocedieron un 15,7% en tasa interanual.
     Por CC AA
     El número de fincas con hipoteca constituida por cada 100.000 habitantes fue mayor en La Rioja (174). Sólo dos comunidades registraron tasas de variación positiva, Navarra y País Vasco, con avances del 0,9% y del 0,7%, respectivamente. Las evoluciones más negativas se dieron en La Rioja (-54,4%) y Asturias (-53,1%).
     La comunidad autónoma con mayor importe medio hipotecado fue Asturias (212.633 euros), que presentó además la mayor tasa de variación interanual positiva (71,1%).
     Las comunidades en las que el número de fincas con cambios en sus condiciones por cada 100.000 habitantes fue mayor fueron Castilla-La Mancha (140) y Comunidad Valenciana (121). Las que tienen mayor número de hipotecas canceladas registralmente por cada 100.000 habitantes también fueron Baleares (166) y Castilla-La Mancha (130).

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     Las subastas extrajudiciales están en auge, mientras las hipotecas son cada vez más caras
     Consumo bancario: ejecuciones hipotecarias sin jueces
     José Sánchez Mendoza. La noticia en CapitalMadrid.com – En los últimos tiempos los tribunales están infligiendo algunos reveses al establishment bancario y sus abusos en las hipotecas, por lo que las entidades se afanan en compensar esta pérdida de poder en el plano extrajudicial. Y con gran eficacia: en los últimos dos años se ha quintuplicado el número de ejecuciones extrajudiciales, que los bancos utilizan para recuperar pisos de familias que no pueden pagarlos. En estos procedimientos, presididos por notarios, los entes financieros suelen llevarse la parte del león, aprovechando las lagunas en la legislación. Con las hipotecas encareciéndose cada vez más, es difícil saber hasta dónde puede llegar este fenómeno si no se le pone coto.
     Las subastas extrajudiciales son procesos contemplados por nuestra vetusta y parcheada normativa sobre hipotecas. El artículo 129 de la Ley Hipotecaria dispone que en la escritura de constitución de la hipoteca podrá válidamente pactarse un procedimiento ejecutivo extrajudicial para hacer efectiva la acción hipotecaria. Prevé tres subastas: por el 100% del valor de tasación la primera, por el 75% la segunda y “sin sujeción a tipo” la tercera. Es decir, que cualquier postor puede adjudicarse el piso a partir de cero euros.
     En un comunicado, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) ha denunciado que esto, en la práctica, significa que entidad se puede adjudicar la vivienda por un euro, “quedando la persona o familia afectada con la totalidad de la deuda de por vida”. La PAH ha denunciado que han empezado a llegar a su plataforma casos de subastas extrajudiciales, los cuales ha tildado de “un procedimiento aún más perverso, si cabe, que el de la ejecución judicial” porque se puede resolver más rápido, en sólo tres meses, y sin derecho a la justicia gratuita, dado su carácter extrajudicial.
 
     Los notarios no opinan igual. José Ignacio González, notario y coordinador de las jornadas sobre las subastas extrajudiciales celebradas el 9 y 10 de mayo del año pasado en Canarias, afirmó en unas declaraciones recogidas en la página web del Consejo General del Notariado que este sistema posee ventajas satisfactorias tanto para el acreedor como para el deudor, además de incidir en la descongestión de los tribunales.
Para el experto, una de las ventajas de la citada fórmula extrajudicial es el tiempo que las partes implicadas ganan en este procedimiento, cuyos trámites suelen llevarse a cabo en una media de entre quince días y dos meses, con un máximo de cuatro meses. Sin embargo, un proceso abierto por vía judicial es más costoso y puede durar entre ocho y quince meses dependiendo del juzgado y del procedimiento. En este último supuesto y durante ese periodo los préstamos “están sujetos a unos intereses de demora que puede representar, según las entidades un 28 por ciento, que en una hipoteca de 120.000 euros pueden suponer hasta 40.000 euros de intereses”, apuntó.
     Sea como fuere, ni éste ni ninguno de los expertos cuyas declaraciones se recogen en la reseña del Consejo General del Notariado explican cómo atajar la injusticia cuando se llega a la tercera subasta y la entidad se adjudica el inmueble por el precio simbólico de un euro, como denuncia la PAH.
     Cada vez más caras
     Las subastas extrajudiciales suponen una ratonera más para el consumidor, que tiene que ver cómo los préstamos se convierten poco a poco en un producto de lujo. El índice de referencia euribor cae y los bancos disponen de liquidez gracias al regalo navideño del Banco Central Europeo (BCE) pero ni por esas se detiene la escalada de precios hipotecarios.
     Durante los últimos meses, las entidades han inflado los intereses, en algunos casos cerca de un 150%. Los diferenciales que añaden al euribor han pasado del 0,25% a comienzos de 2011 al 1% en la segunda mitad del año y hasta más del 3% en el arranque de 2012.
     La desconfianza y la escasa solvencia de la ciudadanía tiene mucho que ver en este aumento, aunque no tanto como las exigencias de solvencia que vienen de Bruselas, que obligan a los bancos a sanear sus balances. Lo consiguen prestando menos, entre otras cosas. El resultado es el de siempre: los usuarios pagando los platos rotos.

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     ¿Sirve este cierre para acabar con la llamada ‘piratería’ en la Red?
     ¿Para qué sirven en realidad las polémicas ‘ley Sinde-Wert’ y SOPA-PIPA?
     ¿Peligra la confianza en los servicios de almacenamiento en la ‘nube’?
     Pablo Romero | Madrid 21/01/2012 La noticia en El Mundo
     La operación policial que ha logrado cerrar el popular servicio de intercambio de archivos Megaupload y detener a sus responsables deja tras de sí una serie de interrogantes. La primera y más evidente cuestión es por qué han cerrado el servicio.
     El Departamento de Justicia de EEUU y el FBI han liderado la operación tras haber investigado Megaupload durante al menos dos años. Sus responsables están oficialmente acusados de conspiración de crimen organizado, cometer infracciones de derechos de autor de forma masiva, blanqueo de dinero y dos cargos criminales de violación de la propiedad intelectual.
     En la acusación, único documento oficial publicado hasta ahora, se pueden leer algunas de las principales pruebas aportadas para la puesta en marcha de esta operación, entre ellas algunas de las conversaciones ‘comprometedoras’ entre los detenidos. Mientras, en la Red proliferan los ataques y las amenazas, y Anonymous lideró un gran ataque coordinado para tumbar sitios web justo después de conocerse la operación.
     Los detenidos, ¿son héroes o villanos?
     El profesor y fundador de Meneame Ricardo Galli afirma, tras leer completa la acusación que “las evidencias son enormes y numerosas, independientemente del relato de ficción que contiene”. “No sólo eran unos ‘polizones’ (’free-riders’) de esa biblioteca global que defendemos muchos, también mintieron y aprovecharon hasta el último resquicio legal para obtener ganancias escandalosas y llevar un estilo de vida envidiable hasta por las estrellas de Hollywood”, destaca.
     “Algunos defendemos la libertad de expresión, otros sólo la usan en su propio beneficio”
     Galli se siente “decepcionado”. “Mientras algunos defendemos la libertad de expresión y compartir información”, comenta, “otros sólo la usan en su propio beneficio, y yo no defiendo este tipo de negocio porque no es ético, no es lógico, no es necesario y, por cierto, no tendría este volumen si hubiese una oferta legal adecuada”.
     De los responsables de Megaupload detenidos destaca por méritos propios su creador, Kim Schmitz (’Kim Dotcom’), un antiguo ‘hacker’ alemán residente en Nueva Zelanda, millonario y extravagante. El profesor del IE y experto Enrique Dans cree que “si se les juzgase por su aspecto y por lo que dicen de ellos la acusación, serían obviamente villanos”. “Si efectivamente hicieron algo ilegal, me parece perfecto que caiga sobre ellos el peso de la ley, aunque gracias al cielo antes de decidir si son héroes o villanos tiene que dárseles oportunidad de defenderse de dichas acusaciones, y abogados no les van a faltar”.
     ¿Qué es realmente Megaupload?
     Como comenta Sergio Rodríguez en su blog El Catalejo, desde 2005, cuando nació Megaupload, y prácticamente la actualidad, casi no había oferta para ver series y películas “con calidad, agilidad, en buenas condiciones y de pago” en Internet. “Sus responsables aprovecharon esta necesidad no cubierta para lanzar varios sitios de descarga y visualización de todo tipo de contenido”, comenta Rodríguez, y añade: “No buscaron acuerdos con los propietarios de las obras, sino una vía rápida: publicar sin consentimiento”.
     Enrique Dans reconoce que “obviamente había personas que lo utilizaban para guardar archivos con derechos de autor, de acuerdo. ¿Y?”. ”¿Justifica esto que el FBI entre como en las películas y cierre el servicio para todos los usuarios del mundo, norteamericanos o no?”, se pregunta. “¿Vamos a cerrar a partir de ahora cualquier servicio que algunos usuarios utilicen de una manera que no nos gusta? ¿Cerraremos Google porque hay usuarios que lo usan para buscar canciones, películas o pornografía infantil? ¿Cerraremos Dropbox porque hay personas que comparten películas? ¿Por qué no cerrar los bancos? Creo que hay clientes que los usan para blanquear dinero…”
     ¿Dónde está la industria?
     Las cifras que da la denuncia son de vértigo. El FBI estima que sumaba 150 millones de usuarios registrados, 50 millones de usuarios diarios y alrededor del 4% del tráfico de Internet, causó daños por 500 millones de dólares y ganó ‘ilegalmente’ 175 millones de dólares en publicidad y cuentas ‘premium’
     “Ellos no tienen un gasto de inversión. Y la difusión no puede canibalizar otros negocios”
     Si se mueve tanto dinero con este entramado, ¿por qué la industria de contenidos no está en este negocio? Responde José Manuel Tourné, director de la Federación para la Protección de la Propiedad Intelectual (FAP) y presidente de la Coalición de Creadores e Industrias de Contenidos. “Lo que pasa es que ellos no tienen un gasto de inversión”, afirma. “La difusión no puede canibalizar otros negocios preexistentes”, comenta, “de manera que quien quiera ir a ver una película a una sala de cine pueda hacerlo, así como alquilar una película en un videoclub o descargársela”.
     Tourné añade además que el cine “tiene que ser necesariamente de pago, por la sencilla razón de que a poca gente le gusta ver películas con cortes publicitarios”. Y recuerda que en estas condiciones no se puede competir con la descarga gratis. “Las tiendas ‘online’ han quebrado, recuerdo que Pixbox de Telefónica llegaba como mucho a registrar cinco alquileres por día”. Por último, recuerda que Internet, para la industria de contenidos, es “una oportunidad, no un enemigo”.
     “El problema es que los derechos de autor hace mucho ya que no retribuyen al autor”
     Por su parte, Enrique Dans cree que la industria debería proponer o facilitar “la creación de plataformas que tengan un catálogo completo, unas condiciones razonables, una ‘usabilidad’ adecuada y un precio disuasorio que de verdad responda a los costes implicados”. “Si eso estuviese disponible, las páginas de descargas se acabarían ellas solas, porque en realidad nadie ve bien que éstas se enriquezcan con los derechos de terceros sin retribuir a los creadores”, sostiene.
     “El problema es que los derechos de autor hace mucho ya que no retribuyen al autor”, concluye Dans.” Aquí nadie quiere proteger la cultura ni al creador, que esta sujeto a la explotación de los mismos sinvergüenzas que con la otra mano estrangulan el mercado”.
     ¿Sirve este cierre para ‘acabar con la piratería’?
     José Manuel Tourné cree que “es un paso más” para acabar con la llamada ‘piratería’, pero “quedan muchos por dar, sobre todo en España”. Y recuerda un caso parecido aquí contra Espal en el que se llegaron a cerrar servidores.
     Sin embargo, Ricardo Galli no opina igual. “Por supuesto que no va a acabar, hay muchos sitios similares a Megaupload, y hay otros mecanismos, como el P2P, que permiten compartir de forma distribuida y sin que dependa de una sólo empresa”, afirma, y añade: “Además, el problema de Megaupload fueron sus servidores, bienes y operaciones dentro de EEUU”.
     Más contundente si cabe se muestra Enrique Dans: “Si alguien de verdad lo piensa, que se lo haga mirar, porque o es torpe, o es tonto, o ambas cosas a la vez”. ¿Qué pasó desde que cerró Napster en el año 2000?, se pregunta. “Sin Megaupload, hay todavía cientos de métodos para intercambiar archivos, y cada vez que se cierra uno, aparecen quince más”, afirma, y advierte de que “la represión solo convierte a la industria del entretenimiento en blanco de la ira de los usuarios”.
     El abogado Carlos Sánchez Almeida explicaba esta semana en su blog Jaque perpetuo que “pese a afectar a millones de personas, el cierre de páginas como Megaupload no conseguirá evitar que los ciudadanos continúen compartiendo cultura a través de Internet”.
     Arcadi Espada, escritor, columnista y directores de Ibercrea, recordaba en unas declaraciones a El Cultural que “todo el que participa conscientemente de una infracción es infractor”. “Todos usamos diferentes herramientas para el trabajo o para el ocio y nada nos impide elegir las legales”, afirmaba.
     ¿La ‘ley Sinde-Wert’, para qué?
    “Cerrar páginas de enlaces y actuar contra el ‘hosting’ son medidas complementarias”
     Si se ha comprobado que se puede ordenar el cierre total de servicios de almacenamiento en red o ‘hosting’ (aunque sea de forma preventiva), que es donde están los materiales protegidos de forma ilícita, ¿para qué sirve entonces la llamada ‘Ley Sinde-Wert’, enfocada a perseguir los sitios web que enlazan a esos materiales?
     Enrique Dans recuerda que “la legislación vigente antes de la ley Sinde protegía perfectamente al creador, porque podía reclamar unas medidas cautelares y se ejecutaban en un tiempo muy rápido si estaban justificadas”. Y concluye: “Lo único que se hace es retirar a los jueces del proceso de decisión -porque a la industria del entretenimiento ‘no les gustaba’ lo que decían - y permitir que sea el propio Gobierno el que decide qué páginas se cierran y cuáles no, generando un sistema de censura que, además, no cuesta nada a quien denuncia y deja completamente indefenso al denunciado”.
     En cambio, José Manuel Tourné afirma que “cerrar páginas que facilitan el acceso (como páginas de enlaces) y actuar contra el ‘hosting’ son medidas complementarias”, y recuerda que la Ley Sinde plantea un procedimiento administrativo, más ágil, para poder actuar contra aquellos comportamientos que no son delito (”dado que el ánimo de lucro es considerado judicialmente como comercial”, se lamenta). “Se abren así más opciones para proteger la propiedad intelectual, penal, civil y administrativamente”.
     Por su parte, Ricardo Galli opina que “en el mejor de los casos sirve para cerrar sitios que apuntaban a ficheros pero ese no es el problema, sino las puertas que deja abiertas para el abuso”. El fundador de Meneame opina que con la ley Sinde-Wert podrían darse denuncias por violaciones de ‘copyright’ “sólo por venganza o para perjudicar a la competencia”.
     ¿Y para qué sirve entonces la SOPA?
     “Para convertir a los Estados Unidos en el superpolicía universal”, afirma Enrique Dans, y alerta de que con esa ley EEUU podrá “no sólo denunciar a una empresa que sea perfectamente legal en su país -caso Rojadirecta, por ejemplo- sino que, además, puede arrebatarle sus dominios, cortar el acceso de los ciudadanos norteamericanos a su página, y sancionar a las empresas que se publiciten en ella”.
     “En sus fundamentos”, recuerda Galli, “es similar a la ley Sinde-Wert, pero puede llegar aún más lejos”. Además, apunta que “EEUU tiene nodos de Internet que son imprescindibles en la Red, por lo que su alcance es global”.
     Por su parte, Tourné recuerda que el cierre de Megaupload ha sido posible al aplicar la legislación ‘antipiratería de 1998, la Digital Millenium Copyrihgt Act’. SOPA extiende la protección a la posibilidad de perseguir páginas de enlaces dentro y fuera de EEUU, y cree que es una legislación que se adapta a los tiempos que corren. “Ahora se ha podido cerrar Megaupload porque Nueva Zelanda ha colaborado, pero imagínate que un país en donde se encuentren los servidores no colabora; para eso está SOPA”, confirma.
     Es importante destacar que un día después de la redada contra Megaupload, y dos jornadas después de una gran protesta en la Red, el proyecto de ‘ley antipiratería’ estadounidense quedó pospuesto, según anunció su principal impulsor, el senador republicano Lamar Smith.
     ¿Peligra la ‘nube’?
     Hay quien dice que este cierre puede poner en peligro la computación en ‘nube’ y los servicios de almacenamiento remoto, dado que se cierra un servicio sin discriminar qué archivos son lícitos y cuáles ilícitos. De hecho, no se puede negar que hay ‘daños colaterales’ que sufren personas de todo el mundo que almacenan ahí archivos privados que no vulneran derechos de propiedad alguno y que los han perdido, a causa de una denuncia… en EEUU. ¿Qué pasa con mis documentos ‘legítimos’?
     “Se ha abierto un precedente convirtiendo al FBI en el brazo armado de la industria del entretenimiento”
     Galli afirma que este caso “crea un problema de inseguridad, se ha mostrado que es posible cerrar un sitio global, dejar sin ficheros a personas de otros países, y los datos personales que pueden obtener en manos de un Gobierno extranjero”. Y cree que “empresas como Dropbox tendrán que empezar a analizar cada fichero que se sube para asegurarse que no sea material con ‘copyright’, claramente una sobrecarga enorme que además genera desconfianza en sus clientes”.
     Enrique Dans va más allá. “Este cierre genera una inseguridad increíble al poner de manifiesto que servicios que estás usando para fines completamente lícitos y en los que estás poniendo archivos que son importantes para ti y para tu actividad pueden ser cerrados porque una empresa de entretenimiento opina que le perjudican, ya no porque la empresa sea infractora, sino porque otros usuarios lo son”. “No se trata de defender a Megaupload, esto ya lo harán sus abogados”, asegura. “Se trata de entender que hemos abierto un precedente completamente inaceptable, y que además se ha hecho convirtiendo al FBI en el brazo armado de la industria del entretenimiento”.
     Por su parte, y como representante de la industria de contenidos en España, Tourné afirma que el sector lamenta que todo esto tenga consecuencias para los dueños de los contenidos lícitos, aunque recuerda que tal uso lícito “era mínimo”. El presidente de la FAP afirma que en otros casos menos ‘claros’ no debería ser necesario cerrar sino “retirar aquellos contenidos ilícitos, que es también lo que dice la Ley Sinde”. ”Las medidas deben ser en cualquier caso proporcionales y debidamente eficaces”.

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     El Gobierno tecnócrata pone en marcha un paquete de liberalizaciones para relanzar la economía italiana
     El Gobierno italiano intenta convencer a la City de que su programa es fiable
     Las reformas de Mario Monti despiertan a Italia
     Lucia Magi Bolonia 20 ENE 2012 - La noticia en El País
     Tras ocho horas de reunión, el ConsLa noticia en El Paísejo de Ministros italiano ha aprobado la segunda fase del plan de ajuste, un gran paquete de reformas estructurales que pretende eliminar los obstáculos que, según el primer ministro de Italia Mario Monti, han frenado en las últimas décadas el desarrollo del país: “Una competencia insuficiente y unas infraestructuras inadecuadas”.
     La reforma de Monti incluye la liberalización de sectores tan dispares, y tan poderosos, como los de transportes, energía y comercio, así como el recorte de los privilegios de profesionales como notarios, abogados o farmacéuticos. Algunos de los afectados, y en especial los taxistas, ya han anunciado una lucha frontal contra el ajuste.
     La reforma incluye la liberalización de sectores tan dispares, y tan poderosos, como los de transportes, energía y comercio
     Las medidas, contenidas en un único decreto ley, serán completadas la próxima semana con otra serie de disposiciones para simplificar la burocracia administrativa. Monti ha explicado que su Gobierno, empeñado en reducir el gasto público, demuestra con estas actuaciones que le preocupa sobremanera el crecimiento del país.
     A partir de ahora, los comercios podrán establecer libremente sus horarios y sus descuentos. De igual forma, las tarifas profesionales serán abolidas: cada abogado o cada notario podrá pactar el precio con el cliente. El Gobierno no solo pretende así abaratar la prestación de tales servicios, sino además permitir el acceso a profesiones, hasta ahora muy cerradas, a jóvenes licenciados. En este sentido, el Gobierno ha dispuesto un aumento del número de farmacias o la liberalización de la distribución de energía en búsqueda de una mayor competitividad.
     Entre los sectores afectados algunos son muy poderosos, como el del taxi que, desde antes de la aprobación de las medidas, tomó las calles de Roma en pie de guerra y protagonizó manifestaciones y huelgas salvajes.

…………………….

     La noticia en heraldo.es

     Además, el plan elimina las llamadas “tarifas profesionales”, tanto las mínimas como las máximas cantidades de dinero que el profesional debía exigir al cliente, y establece la ampliación a 500 nuevos miembros del cuerpo de notarios.
    El decreto ley, que deberá ahora someterse al examen de los partidos políticos en el Parlamento, crea además la figura del Tribunal para las Empresas y la Sociedad Simplificada para la Responsabilidad Limitada (SSRL). Este nuevo tipo de sociedades las podrán constituir los jóvenes de menos de 35 años sin intervención del notario y a partir de un solo euro de capital empresarial.

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     España en recesión
     22 enero, 2012 La noticia en minutodigital.com
     El número de españoles que han emigrado se ha incrementado un 21,9 por ciento desde el año 2008 conforme muestra el Censo de Españoles Residentes Ausentes (CERA), al que “muchos” emigrantes, además, no se llegan a apuntar. Sin embargo, los nuevos expatriados no se suman al tejido asociativo que compuso la “primera hornada” y que ahora está “en peligro de extinción”.
     Así lo ha explicado el presidente en funciones del Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior (CGCEE), Francisco Ruiz.
     Según ha explicado, los españoles que actualmente emigran a otros países son en su mayoría jóvenes “muy cualificados” que “no se sentirían representados” por estas entidades, aunque en su opinión, “tampoco es lo que buscan”, ya que sólo recurren a las asociaciones en demanda de empleo o de información sobre cursos para aprender la lengua del país al que van a emigrar, pero no para afiliarse.
     Con todo, ha señalado que esta nueva emigración “es un fenómeno muy joven todavía”, por lo que en su opinión, “es posible que si se incrementa y sobre todo, si se estabiliza” puedan surgir nuevas organizaciones e “incluso entrar en conflicto con las que se crearon hace mucho tiempo, que tienen otra perspectiva”.

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     Europa Press 21/01/2012 – La noticia en el Economista
     Un 44% de los 9.580 nuevos autónomos extranjeros que se dieron de alta en el Régimen Especial del Trabajo Autónomo (RETA) en 2011 era chino, tras crecer en un 13,2%, hasta 4.256 personas, a lo largo del año, según un informe de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA).
     La organización presidida por Lorenzo Amor califica esta progresión de “imparable” y destaca que los chinos suponen ya el 17,5% de total de los autónomos extranjeros, por delante de los rumanos (11,1%), británicos (6,4%), marroquíes (5,8%), franceses (4,3%) y portugueses (3%).
     Así pues, rumanos y chinos suponen el 28,6% de los trabajadores por cuenta ajena foráneos, aunque otras nacionalidades también mayoritarias han aumentado de forma importante el número de trabajadores a lo largo del pasado año. Es el caso de los procedentes de Marruecos (+6,1%), Italia (+1,9%) y Argentina (+0,1%).
En el lado opuesto, se situaron los trabajadores procedentes de Portugal (-3,5%), Ecuador (-2,7%), Reino Unido (-2,2%), Alemania (-1,3%), Colombia (-2,1%) y Francia (-0,1%).
     La construcción, el sector más castigado
     Por otro lado, el informe de ATA señala que el sector de la construcción volvió a ser el más castigado durante el pasado año en términos de afiliación de autónomos extranjeros, a pesar de haber moderado mes a mes su caída, con un descenso total de 2.117 trabajadores (-6,7%). Junto con las actividades administrativas, fue el único sector que perdió autónomos extranjeros en 2011.
     Por el contrario, los sectores de actividad del comercio y hostelería fueron los que más empujaron el crecimiento de los autónomos, con el 82% de las nuevas altas a lo largo del año, hasta las 5.820 y las 2.045 personas, respectivamente.
     Asimismo, el informe pone de manifiesto que el 29,4% del total de los autónomos extranjeros se concentró en el sector del comercio, por delante la hostelería (19,7%) y la construcción (14,1%).

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      Madrid - 21/01/2012 -La noticia en Cinco Días

     El Gobierno ha puesto en marcha un proceso de análisis para proceder a la reducción del número de organismos reguladores, según anunció el viernes la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
     Indicó que se ha constituido un grupo de trabajo compuesto por representantes de distintos ministerios, incluidos Economía y Hacienda, para que elabore “en poco tiempo” un plan para reformar los órganos reguladores “simplificando al máximo el número”. Además, dijo que estos reguladores se moverán bajo los principios de profesionalidad y neutralidad.
Proliferación
     Sáenz de Santamaría afirmó que en los últimos tiempos ha habido una proliferación de órganos reguladores y recordó que la Ley de Economía Sostenible estableció la existencia de cuatro, la Comisión Nacional de Energía (CNE), la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT), la Comisión Nacional de la Competencia (CNC) y la Comisión del Sector Postal.
     Además, dijo, aparecieron después otros organismos como la Comisión Nacional del Juego, la del sector aeroportuario y el CEMA (del sector audiovisual). “El número se multiplicó en poco tiempo, cada uno con sus propios recursos y su propio personal”, dijo la vicepresidenta.
     En el turno de preguntas, Soraya Sáenz de Santamaría recordó que, según las previsiones del anterior Gobierno, la implantación del CEMA habría contado con un presupuesto de siete millones de euros. “Si no lo creamos, sería un ahorro”, dijo.

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     Europa Press – La noticia en El Economista
     El Ministerio de Industria, Energía y Turismo ha enviado a la Comisión Nacional de la Energía (CNE) un proyecto de real decreto en el que se establece que la facturación de los consumidores domésticos de luz se basará en la lectura real de los contadores, realizada cada dos meses.
     Con esta norma, el Gobierno acabará con el sistema aplicado desde septiembre de 2008, en virtud del cual el recibo de luz se paga mensualmente a pesar de que la lectura se realiza cada dos meses, de forma que una de las dos facturas se calcula a partir de estimaciones.
     Sistema impopular
     En un comunicado, Industria explica que, con la nueva medida, el Gobierno busca que el consumidor pague solo por lo que consume. Además, indica que los clientes que lo deseen podrán mantener el sistema de facturación mensual.
     El sistema todavía en vigor, señala Industria, ha generado un importante número de reclamaciones por parte de los consumidores debido a la complejidad asociada a las regularizaciones de los consumos.
     En caso de que el consumidor desee seguir con la facturación mensual, la lectura de la energía se seguirá realizando por la empresa distribuidora con una periodicidad bimestral y en los meses alternos en los que no haya lectura real se podrá facturar en función del procedimiento de estimación del consumo de energía eléctrica.
     También para facilitar la realización de facturaciones sobre los consumos reales, el proyecto de real decreto introduce la posibilidad de que los consumidores puedan aportar la lectura de su contador en el caso de imposible lectura por parte del distribuidor. Esta posibilidad de lectura del propio contador ya existe en otros suministros como el gas o el agua.

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     Andalucía legalizará más de 250.000 viviendas en suelo no urbanizable
     Xavier Gil Pecharromán  - 19/01/2012 La noticia en El Economista
     Está a punto de publicarse en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) el decreto que regulará la legalización de miles de viviendas construidas en suelo no urbanizable (se calcula extraoficialmente que puede superar las 250.000 viviendas), con el que la Junta de Andalucía solucionará el problema creado por la falta de control municipal y autonómico en el uso del suelo en los últimos años.
     “Para los afectados y sus abogados es, al menos, un buen inicio para tratar de regularizar en la mayoría de estos casos su situación, y así por ejemplo, poder tener acceso al suministro de luz y agua, poder solicitar obras de, al menos, mantenimiento del inmueble, y en general, salir de limbo jurídico donde hasta ahora se encontraban”, señaló ayer a elEconomista Alejandro Ponce de León, socio experto en derecho inmobiliario y urbanismo del bufete Triay & Triay España.
     Lo más destacable de esta situación lo constituyen las viviendas ilegales con más de cuatro años, con la infracción prescrita, que podrán ser consideradas como asimiladas a fuera de ordenación, que podrán mantener el estado actual, estarán autorizados a acceder a los servicios de luz, agua, gas y alcantarillado y tendrán acceso al Registro de la Propiedad, lo que supone que podrán ser vendidas sin peligro de que se anule la licencia y pueden ser finalmente derruidas.
     A las puertas de las elecciones
     Las normativa, a la que ha tenido acceso elEconomista, aprobada antes de las elecciones autonómicas previstas para el 25 de marzo, tan sólo deja fuera del proceso de legalización masivo a las viviendas construidas en las zonas de dominio público (las costas que pertenecen al Estado o zonas de carácter protegido), en zonas inundables (cauces de ríos) o que no han cumplido los cuatro años de existencia en que la Administración puede sancionar.
     El acceso al Registro de la Propiedad se logra gracias a las modificaciones introducidas a través del Decreto 1093/1997, de 4 de julio, a través del artículo 52, que regula las licencias de obra nueva para viviendas con la infracción administrativa ya prescrita. También, a través de la reforma de la Ley del Suelo, (RD 8/2001, de 1 de julio) se exculpa a las construcciones viejas de tener que presentar la licencia de primera ocupación, según han confirmado a elEconomista diversos registradores de la Propiedad consultados.
     En el caso de que una edificación declarada en situación de asimilado al régimen de fuera de ordenación hubiera accedido al Registro de la Propiedad con anterioridad a la entrada en vigor del Real Decreto 8/2001, de julio, sin mención expresa de las condiciones derivadas de este régimen, la Administración competente deberá hacerlo constar en el Registro de la Propiedad.
     Sin licencia de ocupación
     Estas viviendas, a pesar de su legalización por la Junta de Andalucía no podrán obtener la licencia de ocupación, siempre que tengan la infracción urbanística prescrita (por construirse sobre terreno no urbanizable o haber construido por encima del volumen autorizado, por poner un par de ejemplos).
     La nueva normativa permitirá el mantenimiento de la vivienda en las condiciones actuales siempre que la casa esté terminada y cumpla las exigencias establecidas de seguridad y viabilidad.
     El régimen de acceso a los servicios podrá ser autorizado cuando exista, de no ser así, deberán realizarlo en régimen de autoabastecimiento, asumiendo los costes y las infraestructuras básicas, tal y como sucederá con los asentamientos urbanísticos y ámbitos del hábitat rural diseminado.
     “Se intenta al menos, desde el reconocimiento de este tipo de inmuebles dar un encuadre jurídico a estas situaciones que permita avanzar en su tratamiento por parte de la Administración, si bien cada caso tendrá su propias particularidades, y de la aplicación práctica por cada Ente Local dependerá su eficacia”, explicó Ponce de León.
     El texto del decreto autonómico establece que el reconocimiento por el Ayuntamiento de que la edificación se encuentra en la situación de asimilado al régimen de fuera de ordenación se produce con la emisión de la resolución correspondiente, siguiendo el procedimiento que establece esta norma, en la que se debe incluir la especificación de forma expresa del reconocimiento de que “la edificación puede ser usada”.
     Edificaciones antiguas
     La propia norma considera relevante el tratamiento que se otorga a las edificaciones antiguas, en las que se incluyen las terminadas con anterioridad a la Ley 19/1975, de 2 de mayo, de reforma de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana. Se determina esta fecha por ser esta la Ley que estableció el régimen de licencia de las edificaciones en suelo no urbanizable que persiste aún en Andalucía.
     El régimen de estas viviendas, cuando no tengan licencia urbanística, siempre que sigan manteniendo en la actualidad el uso y las características de tipología que tenían a la entrada en vigor de esta Ley y no se encuentren en situación legal de ruina urbanística, debiendo los propietarios solicitar al Ayuntamiento la acreditación de su situación. Se pretende con ello, la clarificación de la situación jurídica de todas las edificaciones existentes en suelo no urbanizable.

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     Cartagena
     Francisco Sáez critica que el Ayuntamiento no asuma la propiedad de la red pero autorice su uso como acceso a áreas residenciales
     20.01.12  E.R.K. | La noticia en laverdad.es
     La red de caminos rurales que discurren por el término municipal comienza a ser un callejón sin salida para la Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena. Sus más de 300 kilómetros no solo registran cada vez más un volumen de tráfico que nada tiene que ver con su uso agrícola, sino que también se ven afectados por la aparición de nuevas urbanizaciones y naves industriales que los modifican.
     Así ocurre, por ejemplo, en una zona sometida a un plan parcial residencial en La Palma, junto al recinto de la empresa de Fejima, como ya pasó con el de Novo Cathago, en San Ginés de la Jara, que contempla los caminos rurales como vías de servicio. «Pero esto también lo ha practicado la Administración del Estado, por ejemplo, en el Polígono Industrial de Los Camachos», explicó el presidente de los regantes, Francisco Sáez.
     Pese a las amargas quejas de la Comunidad, se trata de una causa perdida, según constató el concejal de Urbanismo, Joaquín Segado. El Ayuntamiento se aferra, para negar derecho alguno a los regantes, al hecho de que «no tienen la titularidad de esos caminos en el registro de la propiedad». Esto se deriva de que gran parte de la zona regable del término municipal no ha afrontado nunca una concentración parcelaria que deje claro registralmente dónde empiezan y acaban las parcelas, las zonas de servidumbre y los viales y quién ostenta los derechos de propiedad y uso, así como los deberes de mantenimiento de cada cosa.
     «En esas circunstancias, cuando los propietarios de una zona urbanizable presentan un plan parcial, lo que hacemos es seguir el procedimiento: llamar a todos los dueños de suelo que están registrados. Si la Comunidad de Regantes no aparece y quiere quejarse, debería recurrir al contencioso», indicó Segado.
     Sin embargo, la Comunidad se queja de que no se le adjudique la titularidad de la red de caminos y sí se le pidan responsabilidades sobre la siniestralidad que genera su mal estado, su deficiente señalización y su insuficiente diseño para asumir con un aceptable grado de seguridad el tráfico que circula por ella.
     «Cada vez que pasa algo en alguno de ellos, porque hay que repararlo o porque ha habido un accidente, se nos responsabiliza a nosotros», indicó Sáez. Así, han tenido que afrontar en los últimos años el creciente desembolso para indemnizar a los automovilistas que sufrían percances en los caminos.
     El aspecto que acaba de enfadar a los regantes es que las Administraciones públicas que autoricen desarrollos que se basan el uso de estos caminos como accesos principales y nadie asuma la titularidad que le niegan a la Comunidad de Regantes y haga por si mismo las obras de mejora que impidan los accidentes. El principal ejemplo es el Camino del Sifón.

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     Fallece Juan García-Granero, ex decano de los notarios
     R.E. Pamplona   19/01/2012 . La noticia en Diario de Navarra
     Juan García-Granero Fernández (Palencia, 9 de mayo 1924), decano del Colegio Notarial de Navarra en varias ocasiones, falleció ayer en Pamplona a los 87 años de edad. Gran parte de su carrera profesional, desde 1953 hasta su jubilación en 1994, la desarrolló en la capital navarra.
     Tercero de cuatro generaciones sucesivas de notarios, su primer destino profesional como notario fue Puente la Reina. Después de un breve paso por Villar del Arzobispo y Linares, recaló en Pamplona, su destino definitivo. Durante muchos años fue el notario más joven de Pamplona y al mismo tiempo, Decano. Entre sus logros destaca el haber sido uno de los autores de la Compilación del Derecho Privado Foral, o Fuero Nuevo de Navarra. Era padre de 7 hijos.

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     La noticia en lainformacion.com
     El Colegio de Registradores de España y el Consejo General de Colegios de Gestores Administrativos de España han suscrito un convenio de colaboración para el intercambio de documentación electrónica, informaron en un comunicado.
     Madrid, 19 enero 2012  (Europa Press)
     El Colegio de Registradores de España y el Consejo General de Colegios de Gestores Administrativos de España han suscrito un convenio de colaboración para el intercambio de documentación electrónica, informaron en un comunicado.
     El acuerdo, que ha sido rubricado por el decano-presidente del Colegio de Registradores, Alfonso Candau, y el vicepresidente del Consejo General y presidente del Colegio de Gestores de Alicante, Francisco Candela, facilitará la realización de actos de comunicación fehaciente.

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     Critican la figura de asimilado o fuera de ordenación en la que se quedan la mayoría de viviendas de la Axarquía a nombre de foráneos
     La noticia en La opinión de Málaga.  Los extranjeros propietarios de viviendas ilegales en la comarca de la Axarquía de Málaga han rechazado la figura de asimilado a fuera de ordenación que ha incluido la Junta en el decreto aprobado esta semana para regularizar las edificaciones construidas en suelo no urbanizable.

     El presidente de la asociación Save Our Homes Axarquía (SOHA) –Salvemos Nuestros Hogares, en español–, el británico Philip Smalley, ha manifestado a Efe que la mayoría de las miles de viviendas ejecutadas por residentes foráneos en esta comarca se verá afectada por esta fórmula que las deja «en un limbo».

     «El asimilado como fuera de ordenación no nos da ninguna garantía jurídica, porque en un futuro pueden hacer lo que quieran con nuestras viviendas», señaló Smalley, que tampoco está de acuerdo con que sean los propios ayuntamientos que otorgaron las licencias lo que tengan ahora la responsabilidad de decidir los derribos.

     Asamblea
     La figura del reconocimiento como asimilado o fuera de ordenación está reservada para construcciones no adecuadas a la ley y al planeamiento, que no pueden obtener licencia de ocupación y en las que ha prescrito la infracción.
     Este procedimiento, de competencia municipal, incluye tanto la prescripción como la tolerancia del uso si cumplen las exigencias de seguridad y habitabilidad; el acceso a los servicios de suministro al menos en régimen de autoabastecimiento, y la inscripción en el registro de la propiedad con esas condiciones.

     Smalley, que es concejal del PA en el Ayuntamiento de La Viñuela, ha lamentado que el decreto «haya cambiado poco» desde su borrador y que no se hayan tenido en cuenta las exigencias del colectivo al que representa.

     «Necesitamos estudiar en profundidad el decreto para ver cómo va a afectarnos y plantear actuaciones contra el mismo», ha precisado el presidente de SOHA, que celebrará a final de este mes su asamblea anual, en la que estarán representadas unas 400 familias de multitud de nacionalidad, principalmente británicas.

     En la Axarquía malagueña, el Gobierno andaluz ha identificado 12.760 viviendas irregulares en veintidós municipios, de las que más de 11.000 pueden beneficiarse del reciente decreto de regularización.

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     “No se puede gastar más allá de los límites que tengan en su presupuesto”, advierte el ministro de Hacienda a las administraciones. Justifica la medida en la necesidad de imponer “rigor” en la gestión de los gobiernos
     Y. González - Madrid 18/01/2012 La noticia en público.es
     El Gobierno pretende que a los responsables políticos que gasten más allá de sus respectivos presupuestos se les exija responsabilidades penales. Eso es, al menos, lo que este miércoles anunció el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, en una entrevista concedida a la cadena SER.
     Un día después de reunirse con los consejeros de Economía y Hacienda de las diferentes comunidades autónomas en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera, el titular de Hacienda avanzó que la Ley de Transparencia que el Gobierno presentará en los próximos meses incluirá la exigencia de “responsabilidades penales para los gestores públicos, ya sean políticos o nombrados por políticos”, que gasten más allá de lo establecido en las cuentas. Desde el Grupo Parlamentario Popular se matizaría después que los castigos tendrán que materializarse en el Código Penal.
     “No puede gastar más allá de los límites que tenga en su presupuesto […] porque está falseando la contabilidad pública en primer lugar. Igual que un gestor privado tiene que hacer frente a responsabilidades penales si falsea las cuentas de su empresa, y sobre todo si esa empresa está cotizando”, intentó establecer un paralelismo.
     “Lo que estamos haciendo en definitiva es que haya un rigor en la gestión de un Gobierno”, resumió Montoro, que cargó contra “las facturas en el cajón, la falta de transparencia” y la acumulación de deudas que después se vuelven impagables”.
     El ministro insistió en la idea de que con medidas como estas pretende que los responsables públicos sean coherentes en la gestión. Así, apuntó que si un Ejecutivo quiere gastar más, “que lo haga subiendo los impuestos a los ciudadanos” y que sean después estos los que juzguen con su voto en las elecciones.
     Alonso apunta a que habrá que concretar los castigos en el Código Penal
     Mala praxis
     Fuentes del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas precisaron que se trata de castigar a los gestores que cometan mala praxis presupuestaria. Las mismas fuentes destacaron que la Constitución recoge el principio de estabilidad presupuestaria. Los que de manera reiterada gasten sin tener presupuesto para ello estarán incumpliendo el principio constitucional. La ley exigirá responsabilidad penal a los políticos y a los gestores nombrados por los políticos, es decir, gestores de entes públicos o empresas públicas, según Hacienda, además de a los gestores de presupuestos estatales, autonómicos y locales.
     Desde junio de 2011 el PP controla 11 de las 17 comunidades autónomas. Algunas de ellas, tradicionalmente en manos del PP, como Murcia y País Valencià, están entre las más endeudadas de España.
     En el ámbito local, el Ayuntamiento más endeudado de España, el de Madrid, también está en manos del PP. Su deuda roza los 7.000 millones y a su frente está Ana Botella desde que su predecesor, Alberto Ruiz-Gallardón, asumió la cartera de Justicia el pasado 22 de diciembre.
     En posteriores declaraciones, esta vez a Onda Cero, Montoro añadió que la comunidad autónoma o Ayuntamiento que no cumpla puede quedar inhabilitada durante algún tiempo. Es decir, que pretende trasladar las sanciones vigentes en Europa al sistema institucional español. Ello implica un castigo económico a la Administración correspondiente en primer término y en segundo la inhabilitación. Este último asunto fue tratado la tarde del martes en la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera.
     La propuesta de Montoro sobre las responsabilidades penales para los gestores que despilfarran generó cierto revuelo en el resto de partidos por su encaje y por la escasa concreción del ministro y de otros dirigentes conservadores. Por ello, el PP salió a defender que se trata de una iniciativa que ya estaba incluida en el programa electoral con el que concurrieron a las generales del 20 de noviembre de 2011. En él los conservadores prometieron reforzar “las responsabilidades y sanciones a los gestores públicos que incumplan las reglas de estabilidad presupuestaria”.
     El Partido Popular insinuó esta iniciativa en su programa electoral
     Asimismo, Montoro ya avanzó el asunto de las responsabilidades penales el 29 de agosto pasado en otra entrevista radiofónica.
Precisamente, al “compromiso electoral” del PP respecto a esta iniciativa apeló este miércoles el portavoz de los conservadores en el Congreso, Alfonso Alonso, cuando se le preguntó por el anuncio del ministro.
     Matizaciones
     Alonso matizó que esta propuesta tendrá que precisarse en el Código Penal. “El Gobierno tendrá que concretar cómo lleva adelante esta reforma, pero no se pueden pedir responsabilidades penales al margen de lo que establezca el código”, declaró.
     “Hay que exigir cada vez más responsabilidad a quienes administran el dinero de todos, sin descartar responsabilidades penales para aquellos que asuman gastos sin respaldo presupuestario”, declaró el portavoz del PP en la Cámara Baja en sintonía con Montoro minutos antes de presidir una reunión con quienes fueron cabeza de lista provinciales por su partido el 20-N.
     En esta cita, Alonso puso sobre la mesa que el traspaso de poderes no fue tan ejemplar como en un primer momento se aseguró desde el PP. Todo a cuenta de que, según el Gobierno, los socialistas les insistieron en una cifra de déficit del 6% cuando se ha disparado más de dos puntos. “Abandonaron pues el barco, dejándolo a la deriva y sin dar la señal de socorro”, subrayó.

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     Una empresa pidió que le devolvieran la propiedad al haber transcurrido medio año desde su retención
     V. C. M. Paterna. La noticia en Levante EMV
     La Dirección General de los Registros y del Notariado ha desestimado el recurso presentado por una inmobiliaria a la que el registrador de la propiedad de Paterna negó la cancelación de una anotación preventiva de embargo que se había practicado como medida cautelar por impago a la Agencia Tributaria. El Ministerio de Justicia da la razón al registro de la propiedad paternero al considerar que no ha transcurrido el plazo de cuatro años que establece la Ley Hipotecaria para cancelar el embargo.
     El conflicto entre ambas partes surge por la ley que debe regir en este tipo de actuaciones. Según la inmobiliaria dueña del inmueble embargado se debe aplicar la Ley Tributaria, y según el registrador, la Ley Hipotecaria. Atendiéndose a la primera, la inmobiliaria pidió en junio de 2011 la cancelación de una anotación preventiva de embargo y su prórroga anotadas en diciembre de 2008 y junio de 2009. Según la empresa, la vigencia de los actos de la Agencia Tributaria es de seis meses, por lo que, cuando la firma pidió la cancelación de los embargos, estos habían prescrito hace tiempo. En su recurso, la inmobiliaria asegura que, transcurrido medio año, otros registros de la propiedad de Valencia sí han cancelado “por caducidad” otras anotaciones preventivas trabadas sobre sus bienes cuyo embargo también había sido ordenado por Hacienda.
     El registrador de Paterna deniega la cancelación del embargo porque, a su juicio, no existe en la Ley Tributaria norma alguna referida al Registro de la Propiedad que establezca la caducidad del embargo, por lo que se debe aplicar el plazo que establece la Ley Hipotecaria, que es de cuatro años. La Dirección General desestima el recurso y confirma la calificación tras señalar que, si bien el embargo preventivo de bienes debe durar seis meses porque sí se contempla en la Ley Tributaria, la anotación preventiva del embargo no se contempla en esta ley.

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     Habrá financiación a cambio de planes de saneamiento
     17.01.2012 C.R./La noticia en Expansión.com
     El Gobierno podrá intervenir a las Comunidades Autónomas y ayuntamientos que no cumplan los objetivos de déficit, dentro del pacto que ha alcanzado el ejecutivo con los responsables autonómcios. Además, el Estado ofrecerá una línea de financiación ICO a las comunidades autónomas para que puedan atender pagos a proveedores.
     Cristóbal Montoro ha anunciado que el Gobierno y las comunidades autónomas han alcanzado hoy un “compromiso de Estado” por el equilibrio presupuestario y por la eliminación del déficit público. El pacto incluye sanciones para las regiones incumplidoras.
     Bajo estas sanciones, el Gobierno podrá intervenir aquellas CCAA y ayuntamientos de manera temporal que se desvíen de forma excesiva del objetivo de déficit. Tal y como ha explicado el ministro, la “intervención” consistiría en que la Administración se encargaría “junto a la comunidad autónoma o ayuntamiento de elaborar el plan de reequilibrio” presupuestario para cumplir con el objetivo.
     Según ha explicado el titular de Hacienda ante los medios de comunicación tras la reunión la primera reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) del Gobierno de Mariano Rajoy, el Ejecutivo envía a Bruselas y a los mercados una señal de que España “vuelve a convertirse en un socio fiable dentro del euro”.
     Líneas ICO para regiones en apuros Al mismo tiempo, el responsable de la política fiscal del Gobierno ha confirmado que ofrecerá a las Comunidades Autónomas líneas de crédito ICO para obtener financiación con la que podrán afrontar el pago a proveedores. Sin embargo, la ayuda tendrá una contrapartida por parte de los gobiernos autonómicos que recurran a esta vía de financiación, ya que estarán sujetas a planes de saneamiento.
     Montoro ha explicado que estas medidas no supondrán un incremento del déficit, mejorarán la liquidez de las comunidades.
     Grupo de trabajo
     Por otro lado, Montoro ha convocado a las comunidades autónomas para crear un grupo de trabajo en el que se analice la futura Ley de Estabilidad Presupuestaria y poder llegar a un acuerdo entre todos. El primer encuentro sería la próxima semana.
     Así se lo han confirmado a Expansión.com fuentes autonómicas en el transcurso de la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera, que preside hoy el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro.
     Montoro ha pedido a las CCAA un esfuerzo para cumplir los objetivos de déficit, sobre todo después de que las administraciones autonómicas los hayan incumplido este año: frente al 1,3% del PIB fijado para 2011, cerrarán el año con un déficit de 2,7%, lo que supone una desviación de unos 15.000 millones de euros.
     Limites de gasto
     El ministro les ha dado cuenta del proyecto de Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria que el Gobierno remitirá en breve a las Cortes y de las medidas de ajuste puestas en marcha para controlar el déficit, que apoyará a las comunidades autónomas que cumplan con el déficit público, pero también sancionará a las que no lo hagan.
     Estos límites de gasto tendrán que ajustarse a la regla adaptada de la normativa europea que el Gobierno incluirá en la Ley, con la que se pretende imponer una serie de normas a las comunidades para que no incumplan sus objetivos de déficit, informa Europa Press.
     Una vez fijado el techo de gasto, cada comunidad podrá elaborar libremente sus presupuestos y decidir a qué dedica cada partida. Si luego hay desviaciones, entrarán en juego mecanismos correctores para reorientar los objetivos y habrá sanciones si es necesario.
     Los mecanismos correctores pueden concretarse en reducciones mínimas y obligatorias referenciadas al PIB en los presupuestos de las administraciones responsables. Las sanciones, por su parte, tendrán en cuenta los criterios de reincidencia y gravedad, aunque no se conoce el tipo de ‘castigo’ por el que finalmente optará el Gobierno.
     De hecho, Montoro dijo la pasada semana que una de las opciones es limitar los anticipos que el Gobierno central concede a las comunidades autónomas, tal y como contempla el reglamento europeo, aunque tampoco quiso especificar el método del Gobierno.
     La misma ley obligará a todas las administraciones a presentar equilibrio presupuestario o superávit al finalizar el periodo transitorio que marca la reforma de la Constitución (a partir del año 2020), de forma que el déficit estructural no podrá superar el 0,4% del PIB y la deuda no podrá superar el 60% del PIB regional, salvo en situaciones excepcionales.
     Con la futura Ley, el Gobierno persigue tres objetivos: garantizar la sostenibilidad de todas las administraciones, fortalecer la confianza en las posibilidades de España y cumplir los compromisos que se han asumido con Bruselas y que se tendrán que asumir. Es por eso que se ha incluido el concepto ’sostenibilidad’ en el nombre de la Ley, porque se trata de una norma que tiene que buscar medidas a medio y largo plazo y no solo responder a una situación coyuntural.

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     La noticia en El Confidencial Digital. El sector financiero ha solicitado al Gobierno tiempo para llevar a cabo el plan de saneamiento. Consideran que es imposible lograr en seis meses sanear balances, cerrar sucursales, provisionar más ladrillo y alcanzar el 9% de capital de primera calidad.
     Mariano Rajoy quiere que la ‘limpia’ en los bancos quede cerrada en junio, pero tendrá que ser flexible, según las patronales del sector, a las que ha consultado El Confidencial Digital. Recuerdan que las prisas en las reconversiones “son peligrosas”.
El sector bancario y las cajas/bancos empiezan a ponerse nerviosos con las prisas del Gobierno Rajoy y las exigencias de saneamiento a plazo fijo, no más allá de junio próximo.
     Tanto en AEB como en CECA ven al Ejecutivo con una ‘urgencia’ que no explica y unas exigencias poco realistas en el manejo de plazos. El desconcierto es tanto mayor  “porque  el nuevo Gobierno, al menos el equipo económico cuando se encontraba en la oposición, estaba muy informado: conoce al dedillo el sector financiero y las soluciones, y piden cosas difíciles”.
     Otra cosa, comentan, es que se trate de un mensaje ‘político’ para dar sensación de contundencia y calmar a los mercados.
     Exigencia de Bruselas
     Bancos y cajas no excluyen que se trate de una exigencia de Bruselas o de Merkel y Sarkozy, pero en cualquier caso advierten de que “acelerar fusiones, cerrar sucursales y despedir empleados, aflorar activos dañados y provisionar no se hace en seis meses”.
     Por poner un ejemplo, las cajas han necesitado más de un año para despedir a más de 16.000 empleados, entre un 12 y 15% de sus plantilla, con salidas voluntarias y pactadas, las más rápidas, sin utilizar medidas traumáticas, las más largas y conflictivas.
     El ladrillo en el zapato
     Sólo en el sector inmobiliario, las entidades tienen 173.000 millones en situación comprometida, y provisionados  el 36%.
     El mayor problema está en el suelo para el que el Gobierno no quiere hacer un banco malo, o un vehículo donde aparcar ese problema, en espera de la recuperación. Rajoy desecha esa solución, con lo cual añade otro problema a las entidades, que tendrán que provisionar cada año un porcentaje de activos dañados nuevo, si no se reactiva el sector inmobiliario.
     Un calendario realista de provisiones
     Por lo que se refiere a la recapitalización, tres cuartos de lo mismo: no pueden ir a los mercados en este momento y solo cabe cambiar emisiones de preferentes por acciones.
     Y en cuanto a las fusiones, además de complicadas, llevan un trabajo muy arduo. Y  “una cosa es llegar a un acuerdo y otra ejecutar una fusión, con todas sus consecuencias”. Se cita el caso del Sabadell, que se ha comido cuatro bancos en su vida, y ahora una caja, y nunca tardó menos de un año en la digestión.
     Bancos y cajas llevan calendarios de saneamiento distintos y las prisas del Gobierno les están incomodando. Creen, en fin, que el plan que plantea no se puede cumplir

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     4.000 arquitectos han emigrado por trabajo desde el inicio de la crisis
     El desplome del mercado inmobiliario obliga a los profesionales a salir de España
     Economía - 09/01/2012 – La noticia en La Vanguardia
     El desplome que ha sufrido el sector inmobiliario ha obligado a un 7,5% de los arquitectos españoles a marcharse de España para ejercer su profesión. Según los datos de una encuesta entre los profesionales realizada por el Sindicato de Arquitectos, la imposibilidad de encontrar trabajo ha llevado a marcharse a cerca de 4.000 profesionales desde el inicio de la crisis. “Se van sobre todo los jóvenes recién licenciados, que aquí no encuentran nada y que fuera, en cambio están muy bien valorados por su buena formación y por su versatilidad”, explica Ignacio Bisbal, secretario general del sindicato. Y muchos otros estudian esta opción: el 65% de los encuestados asegura que no le importaría marcharse.
     Los arquitectos emigran sobre todo para encontrar mejores condiciones laborales (35%) y poder desarrollarse profesionalmente (26%), frente a la situación de gran precariedad que vive el colectivo en España: el salario medio de los arquitectos es aquí de 15.842 euros, mientras que los que trabajan fuera, aun siendo muy jóvenes, cobran de media 24.564 euros, un 55% más. “La mayoría trabaja en Europa, en especial Francia, Alemania y Reino Unido, porque en los países de la UE se reconoce la validez del título español. En otros países, en cambio, hay que convalidarlo. Así y todo, hay muchos que se han ido a Brasil, donde son muy buscados por el boom que vive el sector de la construcción”.
     Junto a la emigración, con la continuidad de la crisis ha aumentado el número de profesionales que dejan su oficio y buscan empleo en otros sectores (un 14% de los titulados). Según Bisbal, “muchos profesionales trabajaban como falsos autónomos y por tanto tienen derecho a cobrar el paro, mientras que otros han agotado la prestación. Como en el sector no hay trabajo, si necesitaban ingresos han tenido que buscar trabajo en otra cosa”.
     Estos dos factores han permitido reducir el paro en el sector hasta sólo el 26,7% de los profesionales, aunque Bisbal advierte que la cifra oculta la verdadera realidad del sector: “Muchos arquitectos son profesionales liberales, con su propio despacho, y aunque ahora no tienen encargos no lo han cerrado”.
     Los arquitectos sufren el desplome del sector inmobiliario –de 920.000 viviendas visadas en el 2006 se ha pasado a sólo 60.000 este año, un 93% menos– y un sistema educativo sobredimensionado: cada año salen 3.000 nuevos licenciados de las escuelas de arquitectura, aunque España, con 60.000 licenciados, tiene ya un arquitecto por cada 800 habitantes, casi el doble que la media europea, que es de uno por cada 1.500. “Es una profesión que necesita una reconversión, adecuando la estructura empresarial y también abriendo nuevas vías de negocio”, sostiene.
     La falta de actividad inmobiliaria y la gran oferta de profesionales explica que el 60% de los arquitectos que tienen empleo haya visto caer sus ingresos, en su mayoría en más de un 20%, de forma que un 18% de los profesionales no llega a mileurista; otro 17% gana entre 15.000 y 21.000 euros, y sólo un 6,2% cobra más de 27.000 euros anuales.

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     Medio Ambiente justifica que quiere “poner en valor” el litoral y dar “seguridad jurídica”
     El ministerio estudia alargar las concesiones y autorizar nuevos usos en primera línea
     El Gobierno prepara una “simplificación de la normativa ambiental” para agilizar trámites
     Rafael Méndez Madrid 13 ENE 2012 - La noticia en El Pais
     La actual Ley de Costas, vigente desde 1988 sin apenas modificaciones, tiene los días contados. La norma, que delimita el uso público del litoral, sufrirá una “reforma muy profunda” para “poner en valor” el litoral, según ha anunciado el ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, en su primera comparecencia sobre medio ambiente. Lo ha hecho en la toma de posesión de altos cargos del departamento y su discurso destilaba una idea: que el medio ambiente no puede frenar el desarrollo económico. En esa línea ha anunciado que “simplificará trámites ambientales” y potenciará el turismo en parques nacionales.
     En la oposición, el PP ya votó en el Congreso y el Senado para suavizar la Ley de Costas y Rajoy sentenció hace un año: “Nos gustan los chiringuitos”, que se habían convertido en un símbolo de la utilización política de la ley. La idea del ministerio es estudiar cómo alargar concesiones y autorizar nuevos usos en la costa, aunque el departamento insiste en que es pronto para conocer cómo quedará la ley.
     Personalidades relevantes del PP como Pío García Escudero, Jaime Mayor Oreja y José Manuel García-Margallo habían mantenido la pasada legislatura reuniones con los afectados por los deslindes y las expropiaciones de la Ley de Costas y FAES, la fundación del PP, estaba preparando documentación sobre cómo se debería reformar.
     Aunque el programa electoral del PP no citaba una modificación de la ley, Cañete ha anunciado hoy una reforma legal a fondo para “poner en valor el litoral” para “armonizar el desarrollo económico con la decida protección de los recursos naturales”.
     Fuentes del departamento explican que la norma ha creado un grave problema de inseguridad jurídica, que se trata de una ley muy compleja con aplicaciones distintas según el sitio. Además, hay presiones de países como Reino Unido o Alemania y quejas de eurodiputados extranjeros porque hay miles de extranjeros afectados.
     La norma, que el Ejecutivo de Aznar no tocó, fija el uso público de toda la playa, pero no establece una distancia concreta sino que usa conceptos geográficos. Así, son de dominio público “las playas o zonas de depósito de materiales sueltos, tales como arenas, gravas y guijarros, incluyendo escarpes, bermas y dunas, tengan o no vegetación” y hasta donde hayan llegado los mayores temporales conocidos.
     Sin embargo, el trámite para trazar la línea de la zona pública, el deslinde, aún no ha concluido. Según los afectados, eso y la falta de control han hecho que mucha gente comprara su casa sin que ni el notario ni el banco les advirtiera de que estaba en dominio público y que como mucho podían tener una concesión de uso para 30 años, pero no una propiedad, por lo que tampoco pueden vender. Los ecologistas sostienen que cualquiera que se hubiera informado ya sabía que había una Ley de Costas y con preguntar se habría evitado problemas.
     En lugar de reformar la ley, el PP podía haber optado por suavizar la aplicación. Un cambio legal es extremadamente complejo porque en los más de 20 años desde la aprobación ha habido expropiaciones y derribos de cientos de propiedades, y sus dueños ahora podrían pedir compensaciones al Estado.
     El Gobierno socialista ya intentó un pequeño cambio legal a través de la Ley de Navegación Marítima pero encalló en el Congreso. Ahora, con este cambio, lo previsible es que se alarguen las concesiones de uso, ya que miles de ellas caducan en 2018, algo que sería “dramático”, según el equipo de Arias Cañete. Además, estudiarán si se autorizan nuevos usos en el litoral, actualmente limitado a pequeños chiringuitos desmontables.
     Además, Arias Cañete ha anunciado una “simplificación de la normativa ambiental” para “agilizar trámites” y que no se frene la inversión. El ministerio tiene un atasco en las declaraciones de impacto ambiental que a veces duran años.
En la línea de reducir las trabas ambientales, Arias Cañete también ha anunciado que quiere potenciar “las actividades turísticas en los parques nacionales”.
     Como sus predecesores, el ministro ha anunciado su intención de alcanzar un “pacto nacional” del agua. El anhelado pacto puede ahora ser más viable puesto que el PP también gobierna en Extremadura, Castilla-La Mancha, Murcia, Aragón y la Comunidad Valenciana, regiones clave para solucionar el déficit hídrico del Levante.

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     Subida por dos años para compensar el déficit público- La noticia en diario abierto
     Las nóminas de febrero deberán recoger ya las nuevas retenciones del IRPF tras el incremento aprobado por el Gobierno, según publica en su página web la Agencia Tributaria.
     Hacienda recuerda que el real decreto-ley aprobado el pasado 30 de diciembre establece un gravamen complementario a la cuota íntegra estatal en el IRPF, que resulta de aplicación en los periodos impositivos 2012 y 2013. En consonancia con ello, se establece un incremento de las retenciones e ingresos a cuenta sobre los rendimientos del trabajo que se cuantifica mediante la aplicación de una escala específicamente aprobada a tal efecto.
     En esta nota informativa, la Agencia Tributaria aclara que las retenciones sobre las nóminas de enero se practicarán de acuerdo con el IRPF anterior a la subida, pero que a partir del mes de febrero se calcularán con la nueva escala, que contempla un incremento del 0,75% para las rentas inferiores a los 17.707,20 euros anuales y que se incrementa progresivamente hasta un aumento del 7% a partir de 300.000 euros.
     De esta forma, el incremento del impuesto no se concentrará únicamente en el mes de febrero, sino que se distribuirá a lo largo de los once meses restantes (febrero a diciembre) de 2012.
     El modo de cálculo de las nuevas retenciones se podrán efectuar automáticamente, a partir del 1 de febrero de 2012, en la nueva versión del programa de ayuda que próximamente se publicará en la página web de la Agencia Tributaria.

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     Solicita que presenten la documentación necesaria para poder acogerse al decreto aprobado por el Consejo de Gobierno de la Junta
     12.01.12 - La noticia en Sur - San Roque
     Ante la aprobación por el Gobierno andaluz de un decreto sobre viviendas ilegales, el alcalde, Juan Carlos Ruiz Boix, ha animado a los propietarios de este tipo de inmuebles (la mayor parte de ellos ubicados en El Albarracín) a que faciliten en la Delegación Municipal de Urbanismo la documentación necesaria para poder regularizarlas. Indicó que «según el plan de inspección aprobado hace más de un año, contamos con información de unas 500 viviendas, pero sabemos que el número total supera las mil».
     Así, detalló que «en el caso de El Albarracín, el próximo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) incluirá un plan especial para la regularización de esa zona. La previsión es que se van a reconocer la inmensa mayoría de las viviendas ahora ilegales, quedando sólo excluidas las que fije la misma normativa de la Junta de Andalucía, como las que se ubiquen en zonas inundables o en terrenos naturales protegidos. Pero si no tenemos datos sobre estas casas no podremos incluirlas en ese plan especial».
     «Obviamente los propietarios que en su día decidieron construir en zonas no urbanizables y que ahora verán como la administración reconoce la existencia de estas casas, tendrán que colaborar para que se pueda llevar a cabo la urbanización y la puesta en marcha de las infraestructuras básicas que reclaman, como redes de saneamiento y pluviales o alumbrado público. Si queremos que el coste de esta colaboración se distribuya de una manera justa entre todos los beneficiarios de estos servicios, es necesario contar con la información completa», concluyó.
     El decreto aprobado establece tres situaciones distintas: edificaciones aisladas, asentamientos urbanísticos y hábitat rural diseminado. En los dos últimos casos, le corresponde al Ayuntamiento, a través del PGOU, el establecimiento de las condiciones y procedimientos de legalización, siempre que los propietarios asuman los costes de urbanización e infraestructuras básicas.
     Respecto a las viviendas aisladas, se diferencian las que son legales o legalizables de las que son ilegales. En el caso de estas últimas, la norma introduce también la distinción entre las que ha prescrito la posibilidad de ejercer acciones disciplinarias y otras donde dicha prescripción no puede darse «por estar ubicadas en suelos protegidos o inundables o por no haber transcurrido los cuatro años exigidos para que la Administración actúe o porque se mantenga el proceso judicial abierto». En el caso de que se demuestre la prescripción del delito o infracción, se tolerará el uso residencial «pero se debe demostrar que las condiciones de seguridad o habitabilidad de la vivienda».
     De este modo, según los casos, las viviendas que puedan acogerse al procedimiento tendrán la posibilidad bien de obtener una licencia de ocupación o un reconocimiento de acuerdo con la situación jurídica de ‘asimiladas fuera de ordenación’, que les permita mantener el estado actual y el acceso a servicios.
     La licencia de ocupación la podrán obtener las edificaciones que se encuentren en conformidad con el planeamiento y reúnan unas condiciones mínimas; las que no son compatibles con el planeamiento pero lo fueron en el momento de su construcción, y todas las que se edificaron antes de 1975 si mantienen el uso y las características y no se encuentran en ruína. Esta licencia posibilita su inscripción en el Registro de la Propiedad y la prestación de servicios por parte de suministradoras.
     Por su parte, la figura del reconocimiento asimilado a fuera de ordenación está reservada para construcciones no adecuadas a la Ley y al planeamiento, que no pueden obtener licencia de ocupación y en las que ha prescrito la infracción.
     Este procedimiento, de competencia municipal, incluye la prescripción y la tolerancia del uso si cumplen las exigencias de seguridad y habitabilidad; el acceso a los servicios de suministro al menos en régimen de autoabastecimiento, y la inscripción en el Registro de la Propiedad.

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     Alemania, en perspectiva negativa
     Austria correr la misma suerte que Francia pero no así Alemania, Luxemburgo o Finlandia, que conservan la máxima solvencia pero pasan a tener “perspectiva negativa”
     14/01/2012 – La noticia en Finanzas.com
     La agencia de medición de riesgo Standard & Poor’s (S&P) anunció hoy la rebaja en dos escalones de la deuda de España, Italia, Portugal y Chipre, y en un escalón la calificación de la de Francia, Austria, Malta, Eslovaquia y Eslovenia.

     “Las acciones de hoy son fruto de nuestra creencia de que las iniciativas políticas tomadas por los líderes europeos en las últimas semanas pueden ser insuficientes para atajar totalmente el estrés sistemático en la zona euro”, dijo la agencia de calificación en un comunicado.
     El anuncio se produce en una jornada en la que múltiples medios de todo el mundo adelantaron la noticia, que incluso fue confirmada por el Gobierno de Francia, un país que pierde, al igual Austria, la máxima calificación crediticia de “AAA” que hasta ahora le otorgaba Standard & Poor’s.
     La agencia atribuye estas decisiones a cinco factores: las restrictivas condiciones del crédito, el incremento de las primas de riesgo para un amplio grupo de países, un intento simultáneo de “desapalancamiento” de los gobiernos y las familias, los pronósticos de débil crecimiento en la zona y una “amplia y prolongada disputa” entre los líderes europeos para solventar esos problemas.
     El resultado de esos factores es la rebaja de nueve de los dieciséis países de la zona euro que S&P había puesto bajo revisión para una posible degradación, mientras que ha mantenido intactas las notas de Alemania, Bélgica, Estonia, Finlandia, Irlanda, Luxemburgo y Holanda.
     Mientras tanto, la calificación de la deuda de Francia y Austria pasa de la matrícula de honor “AAA” al sobresaliente alto “AA+”, la de España pasa del sobresaliente bajo “AA-” al notable “A”, y la de Eslovenia pasa desde “AA-” hasta “A+” o notable alto.
     La deuda de Italia ha sido degradada desde “A” hasta “BBB+” o aprobado alto, la de Malta de “A” hasta “A-”, la de Eslovaquia desde “A+” hasta “A”, la de Chipre desde “BBB” o aprobado hasta “BB+” y la de Portugal desde “BBB-” o aprobado bajo hasta “BB”, lo que supone que esos dos últimos países entran en “territorio basura”.
     “Los resultados de la cumbre europea del 9 de diciembre, y las consiguientes declaraciones de los líderes europeos, nos llevaron a creer que el acuerdo alcanzado no haya sido un paso suficiente ni tenga alcance para acabar con los problemas financieros de la eurozona en su totalidad”, manifiesta la agencia de calificación.
     La firma detalla que los acuerdos de esa reunión no proveen con suficientes recursos adicionales o de una flexibilidad operativa suficiente para reforzar las operaciones de rescate en Europa o extender de forma suficiente el apoyo a los países con mayores presiones de los mercados.
     El pasado 5 de diciembre, la agencia puso bajo revisión para una posible rebaja la nota que de la deuda de 15 de los 17 países de la zona euro, que se sumaron al análisis que ya había iniciado sobre la calificación de Chipre.
     Esa decisión incluía a las seis naciones de la eurozona que hasta entonces gozaban de la máxima calificación de “AAA”: Alemania, Francia, Holanda, Austria, Finlandia y Luxemburgo, pero finalmente sólo Francia y Austria han perdido esa nota.
     El 6 de diciembre, la agencia anunció que la revisión de la nota “AAA” que otorga al Fondo Europeo de Estabilidad Financiera (FEEF), al que podría degradar hasta en dos escalones, y un día más tarde llevó su amenaza al conjunto de la Unión Europea, a la que también podría rebajar su matrícula de honor.
     La agencia también puso bajo revisión ese día la nota de algunos de los mayores bancos de la zona euro, entre ellos el alemán Deutsche Bank y los franceses Societé Générale y BNP Paribas.

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     Con el nuevo decreto de la Junta de Andalucía, la mayoría de la casas podrán ser regularizadas y podrán inscribirse en el Registro de la Propiedad
     12.01.12 - José M. Liébana. La noticia en El Ideal - Jaén
     De cada diez viviendas construidas en suelo no urbanizable, ocho serán regularizadas, una se podrá legalizar y la obra deberá ser demolida por estar en suelo protegido o inundable. Así lo anunció ayer la consejera de Obras Públicas, Josefina Cruz, después de que el Consejo de Gobierno andaluz aprobara el decreto que intenta regular la situación de estas viviendas, 5.000 en el entorno de la capital jienense y 250.000 en toda Andalucía, y poner fin a lo que denomina un «fenómeno del pasado». Todos los municipios de la provincia han visto crecer estas viviendas en suelo no urbanizable. Aparte de la capital, abundan también en Baeza, Úbeda, Cazorla, Quesada o La Iruela.
     El decreto de regularización aprobado contempla mecanismos para la legalización o el reconocimiento de estas viviendas, en el marco de la LOUA (Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía) y en función de sus circunstancias físicas y jurídicas particulares.
     En resumen. Las viviendas que tengan los servicios básicos (luz, agua y depuración, sobre todo) se podrán legalizar como una parte más de la ciudad. Para las que no tengan estos servicios, que son la gran mayoría, estará la figura jurídica de vivienda ‘asimilada a la de fuera de ordenación’, es decir, que no serán legalizadas - al menos hasta que no tengan los servicios, pagados por los propietarios - , aunque se reconocerá su existencia. Ello permitirá a sus dueños obtener la licencia de primera ocupación e inscribir el bien en el Registro de la Propiedad. En otras palabras, tener existencia jurídica y abandonar el limbo. Figura que no se podrá aplicar a la minoría restante por estar en zonas inundables o en suelos protegidos, es decir, por estar en situación de ilegalidad.
     Los Puentes
     De ahí que ayer saliera a la palestra el presidente de la Unidad de Gestión Vecinal Puentes de Jaén, Antero Jiménez, para rechazar el decreto por «perjudicial» para los cuatro núcleos residenciales (Puente Nuevo, Puente Tablas, Puente de la Sierra y Puente Jontoya), según declaró a Europa Press.
     Tras una primera lectura lo tachó de «demasiado general». «Todo el Puente de la Sierra sería inundable sin entrar a analizar qué partes lo son realmente, que era en lo que se estaba trabajando con el nuevo deslinde y el encauzamiento», comentó. «Si antes las viviendas eran alegales, es decir, estaban fueran de regulación, ahora las convierte directamente en ilegales, con lo que viene a agravar la situación», dijo.
     También señaló que el decreto es un «atentado a la autonomía municipal», ya que, en su opinión, «deben ser los ayuntamientos» los que atiendan la situación de estas construcciones e incorporarlas al PGOU. Y consideró «insultante» que «se toma a todos por infractores». «Dice que los gastos (de urbanización) correrán a cargo de los infractores. Por lo visto, lo somos todos. Puede haber algunos que lo sean, pero, por ejemplo, el Puente de la Sierra, con huertas y casas, existe antes de que los redactores de la norma hubieran nacido», añadió Jiménez, quien no obstante habló de analizar más en profundidad el decreto.
     «Que lo lea bien. No creemos alarma. El decreto mejora la situación porque regula y clarifica», contestó el delegado de Obras Públicas, quien anunció la celebración de unas jornadas de trabajo para la semana que viene, a la que invitarán a todos los alcaldes y a los representantes vecinales, para que técnicos y responsables de su consejería explique el decreto aprobado ayer.
     Rafael Valdivielso añadió que el mismo será una herramienta para que el Ayuntamiento pueda regularizar. De hecho, dijo, los consistorios tendrán que determinar si las viviendas tienen unas condiciones mínimas de habitabilidad y seguridad. Aunque quiso dejar claro que no se trata de una legalización indiscriminada y que «lo que sea ilegal seguirá siendo ilegal», en referencia a aquellas viviendas construidas en terreno inundable o protegido (cultural o medio ambientalmente).
     La consejera
     «En muchos casos la viviendas eran ilegales, pero el delito ya ha prescrito, por lo que el decreto supone un ejercicio para adaptar la realidad física a la jurídica. Se trata de acotar un fenómeno del pasado que se ha venido desarrollando durante muchos años», declaró en Sevilla la consejera de Obras Públicas.

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