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La Cámara de España mejora su previsión de crecimiento del PIB para 2019

1 de julio, 2019

Contabilidad Nacional Primer Trimestre 2019
cámara.es
La Cámara de España mejora su previsión de crecimiento del PIB para 2019
El crecimiento para el conjunto de 2019 podría situarse en el 2,2%, creándose 398.000 puestos de trabajo
La inversión y la construcción mantienen el vigor, frente a la caída de la productividad laboral y el estancamiento de la industria
Es imprescindible reducir el endeudamiento de la economía española y avanzar en reformas que aumenten la productividad en un entorno con elementos de incertidumbre
Madrid, 28/06/19.- La economía española continuó el tono expansivo durante el primer trimestre de 2019, con un avance del 0,7% respecto al trimestre anterior, de acuerdo a los datos de Contabilidad Nacional Trimestral publicados por el Instituto Nacional de Estadística.
De este modo, el ritmo de crecimiento del PIB de la economía española en los últimos doce meses fue del 2,4%, sustancialmente por encima del promedio comunitario y de la zona euro.
Un rasgo significativo de la trayectoria reciente es el comportamiento positivo del empleo durante el trimestre, con un aumento en el número de ocupados del 2,8% interanual (2,6% en el trimestre precedente). Una tasa superior al propio avance del PIB y que revela la capacidad del mercado de trabajo español para trasladar el dinamismo de la actividad productiva a la creación de empleo. En términos absolutos, se han creado 510.000 puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo en los últimos doce meses. En particular, destaca el aumento de la ocupación en el sector de la construcción, marcando una tasa de incremento interanual en el trimestre del 11,3%.
El aspecto menos positivo es el descenso de la productividad de la economía española, que en el caso de la productividad por hora efectivamente trabajada, encadena cuatro trimestres consecutivos de ritmos interanuales negativos.
Perspectivas
Los datos anteriores ponen de manifiesto el dinamismo de la economía española en un entorno de incertidumbre como el actual, tanto en el ámbito interno, como externo.
El entorno económico internacional no invita al optimismo. El crecimiento mundial podría ser inferior al previsto en un primer momento, que ya era moderado. Un síntoma de esta probable ralentización adicional han sido los mensajes de los principales bancos centrales, indicando una posible suavización de sus políticas de subidas de tipos. Entre las causas de este menor crecimiento de la economía mundial se encuentran las tensiones comerciales entre las principales potencias, un panorama geopolítico complicado con impacto directo en el precio del petróleo o la solución final que se dé al Brexit.
A lo anterior hay que añadir un panorama interno, donde las negociaciones para la formación de gobierno se están prolongando en exceso, en un entorno económico difícil que requiere cuanto antes medidas para controlar el déficit público, reducir la deuda y afrontar las reformas estructurales necesarias para incrementar la productividad de la economía y garantizar el bienestar a largo plazo.
La Cámara de Comercio de España prevé una cierta ralentización de la actividad económica a partir del segundo trimestre del año. A pesar de ello, el crecimiento para el conjunto de 2019 podría situarse en el entorno del 2,2%, mejorando las previsiones anteriores en dos décimas porcentuales. El número de ocupados (medidos en términos de empleo equivalente a tiempo completo) podría incrementarse también un 2,2% durante este año, 398.000 puestos de trabajo adicionales respecto a 2018. Por su parte, la tasa de paro podría bajar del 14% por primera vez desde 2008, hasta situarse en el 13,8% de la población activa.
Motores del crecimiento
La trayectoria descrita se sustenta en el mantenimiento del pulso de la demanda interna, aunque con un perfil de paulatina ralentización, y en un sector exterior que retoma su aportación positiva. Con mayor nivel de detalle, el gasto en consumo final ha moderado su crecimiento en el trimestre, aumentando a una tasa del 1,6% respecto al primer trimestre de 2019 (2,0% en trimestre anterior). En su lugar, la formación bruta de capital fijo ha acelerado su dinamismo en el trimestre (variación interanual del 4,7%, 0,3 décimas más que en el anterior trimestre), especialmente la inversión en maquinaria y bienes de equipo (incremento del 7,2%, 4,4 puntos por encima de la variación del anterior trimestre).
La contribución positiva del sector exterior responde a un estancamiento de las exportaciones (variación interanual del 0,0% en el trimestre, un punto porcentual por debajo del trimestre precedente) y a la caída de las importaciones de bienes y servicios (-0,5%, frente al avance del 1,7% en el anterior trimestre).
Por ramas de actividad, destaca el vigor del sector de la construcción, con un aumento del 6,6% en el primer trimestre respecto al mismo periodo del año 2018, aunque con un perfil temporal de suave ralentización; así como a la atonía del sector industrial (variación interanual del 0,1%).

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Guardia Civil. Bahía de Santander

30 de junio, 2019
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Brechas de seguridad de datos personales: qué son y cómo actuar

30 de junio, 2019

Brechas de seguridad de datos personales: qué son y cómo actuar

aepd.es

En esta entrada del blog pretendemos aclarar qué es una brecha de seguridad de datos personales, cómo debe una organización prepararse para afrontarlas, qué hacer si sucede y en qué casos hay que notificar a la AEPD y a los afectados.

I. ¿QUÉ ES UNA BRECHA DE SEGURIDAD DE DATOS PERSONALES?

Para saber actuar ante una brecha de seguridad, lo primero es saber qué es y ser capaz de detectarlas e identificarlas.

Una brecha de seguridad es un incidente de seguridad que afecta a datos de carácter personal. Este incidente puede tener un origen accidental o intencionado y además puede afectar a datos tratados digitalmente o en formato papel. En general, se trata de un suceso que ocasione destrucción, pérdida, alteración, comunicación o acceso no autorizado a datos personales.

II. ¿QUÉ HACER?

ANTES: el responsable de tratamiento debe estar preparado para esta posibilidad, debe establecer quién y qué acciones se ejecutarán en caso de producirse. Para ello, lo primero es ser consciente de qué datos personales se están tratando, con qué medios y los riesgos que puede haber. Así, una parte muy importante es implementar mecanismos que permitan detectar las brechas de seguridad de datos de carácter personal.

SI SUCEDE: el responsable de tratamiento debe poner en marcha el plan de actuación, concretando tareas específicas que permitan resolver la brecha, minimizar sus consecuencias y evitar que vuelva a suceder en el futuro.

Además, cuando se sufre una brecha de seguridad se debe recabar una serie de información que será muy útil para decidir qué medidas tomar y qué acciones se emprenderán para cumplir los objetivos anteriores y para valorar la necesidad de notificar a la autoridad de control y afectados.
Medio por el que se ha materializado la brecha, es decir, qué ha ocurrido: se ha perdido un dispositivo con datos personales, se ha producido un robo, se han publicado datos personales por error o se ha enviado a un destinatario equivocado, un ransomware ha cifrado un dispositivo, se ha producido una intrusión no autorizada en un sistema de información con datos personales, un empleado ha sido víctima de phishing, etc.
Origen de la brecha, si ha sido interna o externa y su intencionalidad.
Categorías de datos: si son datos básicos como credenciales o datos de contacto o si bien son categorías especiales como puedan ser datos de salud.
Volumen de datos afectados, tanto en número de registros afectados como en número de personas afectadas.
Categorías de afectados: clientes, empleados, estudiantes, abonados, pacientes, etc. Es importante identificar si se trata de colectivos vulnerables.
Información temporal de la brecha: cuándo se inició, cuándo se ha detectado y cuándo se resolvió o resolverá la brecha de seguridad.

III. NOTIFICACIÓN A LA AEPD Y COMUNICACIÓN A LOS AFECTADOS

Ante el suceso de una brecha de seguridad, el responsable de tratamiento debe valorar las posibles consecuencias sobre los afectados y su severidad. Una brecha de seguridad puede producir daños en la reputación de los afectados, limitar sus derechos, producir pérdidas financieras, discriminación, etc. y además puede producir estos efectos con diferentes grados de severidad, por lo que debemos pensar en los beneficios que aporta el que los afectados sean conscientes que se esa brecha ha tenido lugar.

Para realizar esta valoración correctamente es de suma importancia tener el registro de actividades de tratamiento y el análisis de riesgo previamente elaborado y actualizado.

Si la brecha de seguridad constituye un riesgo para los derechos y las libertades de las personas se debe notificar ante la AEPD en un plazo máximo de 72 horas desde que se tenga constancia a través del enlace habilitado en la Sede electrónica.

En cualquier caso, en la línea de proactividad y transparencia que marca el RGPD siempre es recomendable notificar ante la AEPD una brecha de seguridad en los datos personales que sufra un responsable del tratamiento.

Para rellenar el formulario es muy útil tener de antemano clara la información relevante para la brecha que se ha destacado anteriormente.

Si además entraña un alto riesgo deberá comunicarse sin dilación indebida a los afectados a través del medio que se suela utilizar para comunicarse con ellos, con un lenguaje claro y sencillo. Esto permitirá que los afectados puedan reaccionar cuanto antes y tomar las medidas oportunas, porque en dicha comunicación se les deberá explicar claramente lo sucedido y las medidas recomendadas para que puedan minimizar o eliminar las consecuencias negativas que pueda tener la brecha sobre ellos.

En el caso que la brecha la sufra un encargado del tratamiento, este debe informar al responsable del tratamiento, que tendrá que valorar si notifica ante la AEPD y comunicar a los afectados. En todo caso, los detalles sobre las responsabilidades de responsable y encargado ante una brecha de seguridad deben quedar expresamente detalladas en el contrato mediante el cual se establece el encargo del tratamiento.

Independientemente de si se ha notificado a la AEPD o no, o si se ha informado a los afectados, debemos llevar un registro de las brechas de seguridad que suframos, en el que se justifique las decisiones que se han tomado. Este documento puede ser exigible en cualquier momento por parte de la AEPD.

IV. CONCLUSIONES

Con el marco establecido por el Reglamento General de Protección de Datos y la Ley Orgánica 3/2018 se promueve una cultura para la gestión diligente de los datos personales por parte de los encargados y responsables del tratamiento. Por un lado, esta nueva cultura de tratamiento de brechas de seguridad debe permitir minimizar el impacto sobre los afectados, estableciendo mecanismos para que puedan ser conscientes y puedan tomar medidas. Por otro lado, tan importante como solucionar una brecha de seguridad y minimizar las consecuencias sobre los afectados, es aprender de ella, y determinar qué ha fallado en los procedimientos de gestión de la información. Para ello, forma parte del principio de responsabilidad proactiva documentar en detalle la brecha y las acciones tomadas para gestionarla y prevenirla en el futuro.

Para ampliar información sobre cómo actuar ante una brecha de seguridad y qué aspectos deben estar planificados con anterioridad, puedes consultar nuestra Guía de gestión y notificación de brechas de seguridad.

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Cazaminas M34

29 de junio, 2019
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El número de empresas concursadas se mantiene estable

29 de junio, 2019

El número de empresas concursadas se mantiene estable

Junio 20, 2019 Notas de prensa – registradores.org

◾Anuario de la Estadística Concursal 2018 del Colegio de Registradores
◾Disminuyen los pasivos afectados y se sitúan por debajo de los 7.000 millones de euros
◾El sector de la construcción e inmobiliario mejora y ya supone menos del 40% del total de la deuda concursada

20.06.’19.- En 2018 el número de concursos se mantiene estable alrededor de los 3.600, con una disminución del total de pasivos incursos en dicho procedimiento (-7,9%). La concursada típica pertenece al sector servicios (no inmobiliarios), inicia el procedimiento con doce años de edad, tiene contratados 6 empleados y un pasivo cercano a los 400.000 euros (frente a los casi 600.000€ de 2015, o los 900.000€ de 2014).

Son algunas de las conclusiones del Anuario Concursal 2018 del Colegio de Registradores, cuyo informe completo se puede consultar en el siguiente enlace: http://www.registradores.org/portal-estadistico-registral/estadisticas-mercantiles/estadistica-concursal/

La situación financiero patrimonial en la que se encuentran las sociedades que inician el procedimiento (voluntario en el 94% de los casos) sigue estando bastante deteriorada: más del 66% tiene pérdidas, y aproximadamente un 70% necesitaría 25 o más años para atender sus deudas con los recursos que genera (el 55,6% no genera recursos positivos).

De nuevo tan solo alrededor de un 15% tendría capacidad financiera suficiente para cumplir un convenio aprobado dentro de los límites marcados por la Ley concursal (quita del 50% y espera de 5 años en términos generales).

Las sociedades del ciclo de la construcción suponen un 25,8% del total de la muestra (30,1% en 2016, 27,3% en 2017), perteneciendo al sector de servicios no inmobiliarios el 59,4% de las concursadas.

Reasignación de recursos y recuperación del crédito

En 2018, ya consolidada como una característica estructural del procedimiento, y con una tendencia creciente, la opción habitual tras la fase común es la liquidación (94,3% de los casos). Y en más de 1.150 casos se produce la conclusión del concurso simultáneamente a su apertura por insuficiencia de recursos para costear el procedimiento.

Se confirma que las sociedades que inician la fase de convenio, así como las que finalmente logran el acuerdo en 2018 son patrimonialmente más grandes, a la vez que reflejan mayores cifras de negocio.

En relación a las expectativas de cobro de los acreedores ordinarios (y siempre bajo el supuesto de cumplimiento íntegro de los pagos), la mediana en 2018 ha sido del 47,6% del pasivo (47,1% en 2017, y 46,2% en 2016), ascendiendo al 75,8% en el caso de propuestas anticipadas de convenio, esto es, sin necesidad de celebración de junta de acreedores.

Duración del concurso

Diferenciando por tipo de tramitación, en los concursos abreviados la fase sucesiva (liquidación o convenio) se inicia en menos de un año en el 62,3% de los casos (61,6% en 2017, 57,6% en 2016), mientras que en los ordinarios es un 54,6%, lo que supone una mejora evidente respecto a 2017 (38,5%). Sea cual sea la tramitación, el procedimiento es típicamente más rápido en el caso de los concursos voluntarios (solicitados por el deudor).

En 2018 se ha estimado que el concurso típico abreviado tarda 937 días en concluir (990,5 en 2017), mientras que los ordinarios requieren de 2.009 días (1.698 en 2017). La mayor parte de este tiempo se consume en la fase de liquidación, siendo ajeno por tanto a cuestiones procesales.

Ciclo de la Construcción

En un escenario de estabilidad en el número de sociedades concursadas, el ciclo de la construcción representó el 25,8% de la muestra, cifra inferior a las de los años anteriores (27,3% en 2017, 30,1% en 2016, 32,8% en 2015, 35% en 2014, 41,1% en 2013). Del total de pasivos afectados en 2018 (6.800 millones, frente a los cerca de 7.500 de 2017 o los 8.200 de 2015), la construcción no alcanza ni el 40% de ese importe, (45,6% del total en 2017).

En 2018, de nuevo, las sociedades que desarrollan actividades inmobiliarias son las que presentan peor imagen; sólo un 8,9% (14,8% en 2017) tendría capacidad para devolver sus deudas en 10 años o menos y un 52,6% (45,8% en 2017) presenta fondos propios negativos.

Acuerdos Extrajudiciales de Pagos

Desde su introducción en 2013 hasta la reforma de 2015, el ámbito subjetivo del Acuerdo Extrajudicial de Pagos se limitó a empresarios personas físicas (incluidos los trabajadores autónomos) y a personas jurídicas. La reforma de 2015 añadió a personas naturales no empresarios. En cualquier caso, se trata de un procedimiento de renegociación pensado para deudores insolventes con pasivo estimado inicial no superior a los cinco millones de euros.

Durante 2018 se registraron un total de 10 solicitudes de Acuerdos Extrajudiciales de Pago realizadas por personas jurídicas. Así pues, se puede decir que es un número muy reducido, especialmente si se tienen en cuenta los 1.146 nuevos expedientes que afectaron a 1.394 personas físicas a lo largo de ese mismo año.

Las personas jurídicas solicitantes del Acuerdo Extrajudicial de Pagos ofrecieron una imagen financiera similar e incluso peor que las concursadas (el 66,7% registran pérdidas, un 40% poseen fondos propios negativos, y la mitad no podrían reducir su deuda en ningún caso).

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La Puebla de Montalbán

29 de junio, 2019
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Pantano de Riaño. León

28 de junio, 2019
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Los empleados públicos son 2.578.388, un 0,2% menos que en el semestre anterior

28 de junio, 2019

Los empleados públicos son 2.578.388, un 0,2% menos que en el semestre anterior

Lunes 24 de junio de 2019

lamoncloa.gob.es

El 19,70% de los empleados públicos pertenece a la Administración pública estatal, el 51,94% a las Comunidades autónomas, el 22,32% a las Entidades locales y un 6,05% a las Universidades públicas.

El número total de empleados en el conjunto de las administraciones públicas es de 2.578.388, un 0,2% menos que en el semestre anterior, según el Boletín estadístico del personal al servicio de las administraciones públicas correspondiente a enero de 2019, que publica el Ministerio de Política Territorial y Función Pública.

Por administraciones públicas, en relación con el semestre anterior, el personal ha aumentado un 0,44% en las entidades locales, mientras que ha descendido un 0,14% en las comunidades autónomas y un 0,93% en la Administración Pública Estatal.

Dentro de esta última, el descenso ha sido más acusado, con 197.576 empleados públicos ahora frente a los 202.030 del semestre anterior, un 1,72% menos, en la Administración General del Estado (personal de los ministerios sin contar integrantes de las Fuerzas Armadas, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, Administración de Justicia y organismos específicos).

Descenso y envejecimiento de los empleados públicos de la AGE

En la Administración General del Estado (AGE), además, el descenso de los últimos diez años ha reducido el número de empleados públicos de 238.851 a 197.576, un 17,3% menos.

Este descenso de empleados públicos es uno de los motivos por los que la semana pasada se convocaban 8.102 plazas en la Administración General del Estado, una oferta que dará lugar a unos procesos selectivos sin precedentes, que concentrarán aproximadamente a 200.000 aspirantes.

También es la primera medida que se adopta, tras realizarse por primera vez este año una metodología plurianual para optimizar la Oferta de Empleo Público y afrontar el envejecimiento de las plantillas, con una media de edad hoy de 52 años en la Administración General del Estado y con unas previsiones de jubilación de la mitad de los empleados públicos (casi 70.000) en diez años.

Personal del conjunto de las Administraciones públicas por tipología:

En la Administración Pública estatal:

Las Comunidades autónomas dan trabajo a más de la mitad de los empleados públicos

Los 2.578.388 empleados públicos se reparten en 507.830 (19,70%) de la Administración Pública Estatal, y dentro de esta, la Administración General del Estado (ministerios) solo representa el 7,66% de todos los empleados públicos en España.

Las comunidades autónomas, con 1.339.111 de empleados públicos, representan el 51,94% del conjunto. Las entidades locales, con 575.405 empleados públicos, el 22,32%, y el personal de universidades, con 156.042 trabajadores, el 6,05%.

Más mujeres que hombres

De los 2.578.388 empleados públicos que trabajan en las administraciones públicas españolas, 1.451.022 son mujeres (56,27%) y 1.127.366 son hombres (43,72%).

En la Administración Pública Estatal, hay más hombres, 349.062 (68,73%), que mujeres, 158.768 (31,26%). Pero si se tiene en cuenta el personal de los ministerios y se excluye la Administración de Justicia y FFAA y FCSE (colectivos muy masculinizados tradicionalmente), el personal, 197.576 personas, está integrado por 102.544 mujeres (51,9%) y 95.032 hombres (48,09%).

En las comunidades autónomas, más del doble son mujeres, 932.431 (69,63%), frente a 406.680 hombres (30,37%).

Las entidades locales cuentan con 575.405 empleados públicos, de los que 289.879 son mujeres (50,38%) y 285.526 hombres (49,62%).

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Por la ruta del Cares

27 de junio, 2019
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La AIReF estima que la iniciativa legislativa popular de ingresos mínimos mejoraría la distribución de la renta en un 4% y reduciría la pobreza extrema en un 28%, con un coste fiscal entre 7.200 y 9.800 millones de euros

27 de junio, 2019

26/06/2019 airef.es
Presentación del Estudio Los Programas de Rentas Mínimas en España
La AIReF estima que la iniciativa legislativa popular de ingresos mínimos mejoraría la distribución de la renta en un 4% y reduciría la pobreza extrema en un 28%, con un coste fiscal entre 7.200 y 9.800 millones de euros
• La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal realiza una serie de propuestas para mejorar el diseño de la prestación planteada en la ILP desde el punto de vista de su eficacia, institucionalidad y eficiencia
• Para mejorar la eficacia, la AIReF plantea establecer la renta del hogar como requisito principal para el acceso a la prestación, focalizando la ayuda en la pobreza severa
• Además, sugiere eliminar los requisitos relativos a la situación laboral de los potenciales beneficiarios y hacer la prestación compatible con el empleo
• Para mejorar el diseño institucional, propone simplificar el sistema de rentas mínimas evitando el solapamiento entre las prestaciones de diferentes administraciones
• Para asegurar la eficiencia, plantea encuadrar su puesta en marcha en un plan presupuestario a medio plazo que permita compensar el incremento estructural del gasto
La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) presentó hoy el Estudio ‘Los Programas de Rentas Mínimas en España’, solicitado a la institución en marzo de 2018 tras las recomendaciones reiteradas del Consejo Europeo sobre la necesidad de fortalecer la última red de prestaciones económicas para conseguir mayores avances en la reducción de la pobreza y después de que el Parlamento tomara en consideración la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para establecer una prestación de ingresos mínimos a propuesta de CCOO. y UGT. En el Estudio, la AIReF estima que la ILP de ingresos mínimos mejoraría la distribución de la renta en un 4% y reduciría la pobreza extrema en un 28%, con un coste fiscal entre 7.200 y 9.800 millones de euros.
Más información: www.airef.es email: comunicacion@airef.es Tel.: +34 918 252 087
Para hacer el análisis, la AIReF ha empleado diferentes métodos de evaluación como la revisión documental, análisis descriptivos, modelos econométricos y modelos de simulación de programas sociales. Esto ha permitido realizar una evaluación ex post de los programas ya existentes que sirve, además, como base para la evaluación ex ante de la propuesta de la ILP para plantear propuestas que mejoren su diseño.
El estudio concluye que en España existe un sistema de ingresos mínimos fraccionado y que presenta disparidades territoriales, puesto que las rentas mínimas de las CCAA son el único instrumento no categórico que ofrece protección frente al riesgo general de pobreza. Adicionalmente, se observan unos niveles reducidos de eficacia en términos de redistribución, lo que también implica poca efectividad a la hora de reducir las tasas de pobreza. Por otra parte, la AIReF constata que este sistema implica un desincentivo a la participación en el mercado laboral, que se mitiga en aquellos casos que permiten compatibilizar prestación y empleo.
La AIReF ha evaluado la ILP teniendo en cuenta que su objetivo principal es reducir el porcentaje de la población que vive bajo el umbral de pobreza severa, que se define como el 30% de la mediana de renta disponible. En España, en 2017, este porcentaje suponía 355 euros al mes para un individuo o 746 euros al mes para un hogar de 2 adultos y 2 niños.
En su análisis, la AIReF ha identificado algunas debilidades en el diseño de la ILP desde el punto de vista de su eficacia, institucionalidad y eficiencia. Desde el punto de vista de la eficacia, la ILP permite mejorar la distribución de la renta en un 4% y reducir un 27,6% la tasa de pobreza extrema. Esta tasa, que actualmente se sitúa en un 7%, bajaría al 5% con la aplicación de la ILP, pero seguiría por encima de la media de la tasa de pobreza severa de los países de la UE (3,5%).
La AIReF considera que la falta de focalización en el objetivo principal, materializada en los requisitos para acceder a la prestación, dificulta obtener una reducción mayor de la pobreza severa. La necesidad de estar inscrito de manera ininterrumpida como demandante de empleo al menos durante los 12 meses anteriores a la solicitud supone identificar pobreza con desempleo de larga duración, lo que excluye a potenciales beneficiarios en situación de pobreza extrema, al tiempo que supone un desincentivo a reincorporarse al mercado laboral. Además, la combinación de límites de renta individuales con límites de renta por hogar para percibir la prestación impide focalizar la prestación en los colectivos más vulnerables.
La AIReF también identifica debilidades en el diseño institucional de la prestación. Por un lado, resulta evidente el solapamiento que se produciría con programas actuales tanto a nivel nacional como con los programas de rentas mínimas autonómicos. Por otra parte, existe una falta de integración con otras políticas como las sociales desarrolladas por las corporaciones locales, lo que también puede elevar el riesgo de non take-up. Por último, la propuesta no define los sistemas de gestión, seguimiento y evaluación, que resultan fundamentales para establecer un proceso de mejora continua de todas las políticas públicas.
Desde el punto de vista de la eficiencia, la AIReF considera que la prestación de la ILP tiene un coste fiscal estimado para 2017 de más de 7.200 millones de euros, con riesgo de que aumente a 9.800 millones por el posible efecto llamada. Además, en situaciones de crisis graves y prolongadas, el coste podría alcanzar los 11.000 millones. Este coste fiscal debe contextualizarse dentro de la situación actual de déficit estructural de las administraciones públicas en España, superior a 2 puntos de PIB y de un nivel de deuda cercano al 100% del PIB. En este contexto, la AIReF considera que la creación de una nueva prestación debería enmarcarse en una estrategia fiscal a medio plazo que asegure la sostenibilidad de las administraciones públicas.
Propuestas
A partir de estas conclusiones, la AIReF realiza una serie de propuestas orientadas a solventar los problemas de diseño detectados. Para mejorar la eficacia de la prestación, propone establecer como requisito principal para el acceso a la prestación la renta del hogar, estableciendo tramos de renta por hogar para los hogares pobres, pero focalizando la ayuda en la pobreza severa. Además, sugiere eliminar los requisitos relativos a la situación laboral de los potenciales beneficiarios, hacer la prestación compatible con el empleo y evitar discontinuidades en la cuantía de la prestación, alcanzando un equilibrio entre la equidad y la sencillez en el diseño.
Para mejorar el diseño institucional de la prestación, la AIReF plantea simplificar el sistema de rentas mínimas, evitando el solapamiento entre las prestaciones de diferentes administraciones. Además, propone asegurar la complementariedad con otras políticas activas de empleo y la prestación de servicios sociales complementarios, establecer una ventanilla única a través de los trabajadores sociales de las corporaciones locales, implementar un sistema integrado de información de servicios sociales y conectado al Sistema de Información de Empleo (SISPE) y establecer como requisito la inscripción en la Agencia Tributaria para agilizar trámites y reducir el riesgo de fraude.
Finalmente, para asegurar la eficiencia y coherencia con la situación fiscal de España, la AIReF propone encuadrar la puesta en marcha de esta iniciativa en un plan presupuestario a medio plazo que permita compensar el incremento estructural del gasto. Asimismo, sugiere asegurar el seguimiento y la evaluación continua del programa para asegurar su eficacia y eficiencia.
Ejemplos
A modo ilustrativo, la AIReF incluye en su Estudio dos ejemplos de lo que supondría la aplicación de estas propuestas, teniendo presente que hay múltiples opciones y que corresponde al ámbito democrático de decisión determinar el diseño final de la prestación de acuerdo con las preferencias sociales.
La primera opción focaliza la prestación en los hogares más pobres sin establecer requisitos con respecto al empleo y plantea una prestación con dos tramos. Si los ingresos por hogar se encuentran por debajo del 20% de la mediana, los beneficiarios percibirían una prestación equivalente al 80% del IPREM y un complemento por hijo a cargo de 1.200 euros al año, con un máximo de tres hijos. Si los ingresos varían entre el 20% y el 60% de la mediana, los potenciales beneficiaros percibirían solo el complemento por cada hijo cargo. La aplicación de este ejemplo afectaría a 1,8 millones de hogares, mejoraría la distribución de la renta en un 4% y reduciría la tasa de pobrez severa un 60,4%, con un coste fiscal de 5.500 millones, que se reduciría en 2.000 millones por la supresión de duplicidades.
La segunda opción, que parte de los mismos requisitos que la primera, intenta corregir los saltos que se producen en las cuantías percibidas estableciendo continuidad en la prestación. Los hogares con ingresos por debajo del 30% de la mediana percibirían una ayuda decreciente desde el 80% hasta el 10% del IPREM y un complemento por hijo a cargo de 1.680 euros al año. Los hogares con ingresos que oscilen entre el 30% y el 60% del IPREM percibirían una asignación por hijo a cargo de 1.200 euros al año. En este caso, la puesta en marcha de una iniciativa con estas características beneficiaría a 1,8 millones de hogares, mejoraría la distribución de la renta en un 4,2% y reduciría la tasa de pobreza severa un 46%, con un coste fiscal de 5.500 millones, que se reduciría en 2.000 millones por la supresión de duplicidades.
En ambos ejemplos se evitaría el efecto llamada y se sustituirían las prestaciones existentes nacionales y autonómicas por la nueva propuesta, permitiendo a las comunidades autónomas complementar la prestación tanto en términos de cobertura como de generosidad. Además, los dos sistemas reducirían la tasa de pobreza severa por debajo de la media de la UE.

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Pedro Sánchez inaugura la línea de Alta Velocidad que une Madrid con Antequera y Granada

27 de junio, 2019

La duración del viaje se reduce a poco más de tres horas

Pedro Sánchez inaugura la línea de Alta Velocidad que une Madrid con Antequera y Granada

Estación de Granada, martes 25 de junio de 2019

25/06/19 lamoncloa.gob.es

El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, ha abogado por una política de infraestructuras basada en la seguridad, la movilidad como derecho, la digitalización, la sostenibilidad y la integración con Europa. Sánchez ha destacado, además, el liderazgo de España en ingenieria civil aplicada al desarrollo de grandes infraestructuras.

El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, ha puesto en servicio la línea de Alta Velocidad que une Madrid, Antequera y Granada, una ciudad, ha dicho, «que ha esperado, probablemente durante demasiado tiempo, la llegada de la Alta Velocidad y su retorno a la red ferroviaria».

El jefe del Ejecutivo ha partido de la estación de Madrid Puerta de Atocha a las 09:15 horas, acompañado por el ministro de Fomento en funciones, José Luis Ábalos, el secretario de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, Pedro Saura, la presidenta de Adif, Isabel Pardo, y el presidente de Renfe, Isaías Táboas. La primera parada del viaje se ha realizado en torno a las 11:30 horas en la estación Santa Ana de la localidad malagueña de Antequera, donde se han incorporado a la comitiva el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno y el alcalde de Antequera, Manuel Barón. El tren ha llegado alrededor de las 12:30 horas a la estación de AVE de Granada, donde Pedro Sánchez ha descubierto una placa conmemorativa.

«Hoy Granada le gana una batalla al tiempo y la distancia», ha afirmado el presidente del Gobierno en funciones al término del viaje. «Es una victoria que supone más empleo, más turismo y más desarrollo económico, no solo para la ciudad, también para la provincia, para Andalucía y para el país», ha añadido.

Sánchez ha sostenido que cada euro invertido en infraestructuras «tiene una traducción directa en prosperidad y futuro para la sociedad en su conjunto» y que, con su incorporación a la red ferroviaria de Alta Velocidad, Granada podrá aprovechar al máximo su historia y su patrimonio universal.

Proyectos seguros, sostenibles y estratégicos

En su intervención, el jefe del Ejecutivo en funciones ha señalado que una política de infraestructuras moderna debe apoyarse en cuatro grandes pilares: la seguridad en los desplazamientos, la movilidad como derecho y elemento de cohesión social y territorial, la digitalización y la incorporación de los últimos avances tecnológicos para lograr una movilidad inteligente, y la lucha contra el cambio climático, en línea con los compromisos recogidos en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y el Acuerdo de París.

El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, saluda al presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel MorenoPool Moncloa/Borja Puig de la Bellacasa»Tenemos que minimizar la contribución del transporte y la movilidad a las emisiones de gases de efecto invernadero», ha dicho Sánchez, quien ha apelado a la responsabilidad de todas las administraciones, «porque los retrocesos que algunos defienden en este ámbito tienen un coste dramático».

El presidente ha defendido la importancia de los proyectos estratégicos, con un impacto directo en la productividad. A esta filosofía, ha indicado, obedece el compromiso del Gobierno con los corredores Mediterráneo y Atlántico. El Corredor Mediterráneo, ha subrayado, es una infraestructura de carácter estratégico para España, especialmente en lo relativo al tráfico de mercancías, y «por encima de todo, una apuesta decidida por la integración europea, por Europa como espacio económico de prosperidad, pero también como proyecto de convivencia entre países que comparten historia, valores, principios, aspiraciones».

España, líder en ingeniería civil

Pedro Sánchez ha elogiado la contribución de los profesionales que han diseñado y planificado la nueva línea de Alta Velocidad y la de quienes «han tendido con sus manos, físicamente, las traviesas y los raíles». Gracias a todos ellos, ha asegurado, España es líder en ingeniera civil aplicada al desarrollo de grandes infraestructuras, como refleja el hecho de que cinco grupos españoles figuran entre los diez primeros en la clasificación de grupos empresariales de concesiones de infraestructuras de transporte del mundo en 2017.

El presidente ha animado a los empresarios de Granada a encarar el futuro con ambición y optimismo. «Hoy Granada, como cantó Lorca, desafía la leyenda del tiempo para acortar distancias, para unir pueblos y para multiplicar las oportunidades de una ciudad que merecía la llegada de este día», ha manifestado.

Ahorro de tiempo y mejoras en prestaciones y accesibilidad

A partir del 26 de junio, tres trenes Ave por sentido conectarán Granada y Madrid, con una oferta diaria de unas 2.000 plazas. La duración del viaje oscilará entre las tres horas y cinco minutos y las tres horas y 19 minutos; respecto al servicio Altaria Madrid-Granada, el ahorro de tiempo aproximado es de una hora y veinte minutos.

El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, durante el viaje inaugural de la nueva línea de alta velocidad.Pool Moncloa/Borja Puig de la BellacasaLa llegada de la Alta Velocidad a Granada se traduce, además, en trenes con más prestaciones y servicios -como conexión wifi en todo el recorrido-, aumento de las plazas disponibles y mayor fiabilidad. También implica un salto cualitativo en materia de accesibilidad, ya que estos trenes son plenamente accesibles y van a contar con el servicio de atención a personas con movilidad reducida.

La nueva conexión entre Granada y Madrid incluye otras ciudades andaluzas como Loja, Puente Genil y Córdoba, así como Ciudad Real. Además, Renfe restablece desde el 26 de junio la conexión directa entre Granada y Barcelona con un tren Ave diario por sentido, lo que suma otras 730 plazas a la oferta de Alta Velocidad desde la capital granadina.

Coincidiendo con el inicio de la venta de billetes, Renfe ha lanzado una oferta promocional para viajar entre Madrid y Granada por un precio de 35 euros, y de 45 euros para los recorridos con origen o destino Barcelona.

Protección del medio ambiente y del patrimonio arqueológico

Adif, el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias, ha invertido 1.675 millones de euros para la puesta en marcha de la nueva línea, incluyendo los trabajos de remodelación de las estaciones de Granada y Loja. Las ayudas europeas suman casi 725 millones, lo que supone un 43% de la inversión.

En la ejecución de la línea, además de cumplirse con la Declaración de Impacto Ambiental, se ha valorado el grado de integración de las obras en su entorno y la eficacia de las medidas ambientales adoptadas, como los proyectos de rehabilitación agronómica y paisajística. También ha sido fundamental el seguimiento e investigación de yacimientos arqueológicos.

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New York. Oculus

26 de junio, 2019
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La Ley de Contratos de Crédito Inmobiliario, que hoy entra en vigor, refuerza la función de los registradores en el control de las cláusulas abusivas

26 de junio, 2019

La Ley de Contratos de Crédito Inmobiliario, que hoy entra en vigor, refuerza la función de los registradores en el control de las cláusulas abusivas

junio 17, 2019 Notas de prensa – registradores.org

◾La nueva Ley impulsa el Registro de Condiciones Generales de la Contratación para luchar contra las cláusulas abusivas e incrementar la transparencia y la seguridad en la contratación de préstamos hipotecarios
◾A las escrituras otorgadas a partir de hoy, se les exigirá el cumplimiento de la nueva Ley
◾Los Registradores manifiestan su compromiso con la aplicación de la nueva Ley

17.06.19.- La Ley de Contratos de Crédito Inmobiliario, que hoy entra en vigor, impulsa el Registro de Condiciones Generales de la Contratación como instrumento al servicio de prestamistas y prestatarios para incrementar la transparencia y la seguridad jurídica en la contratación de préstamos y créditos hipotecarios.

Será obligatorio por parte de los prestamistas el depósito en el Registro de Condiciones Generales de la Contratación de los modelos y formularios de los préstamos y créditos hipotecarios con anterioridad a su comercialización. También deberán remitirse al Registro de Condiciones Generales de la Contratación, obligatoriamente y para su inscripción, las ejecutorias que recojan sentencias firmes dictadas en acciones colectivas o individuales por las que se declare la nulidad, cesación o retractación de condiciones generales abusivas.

Cualquier ciudadano podrá acceder, sin ningún coste, al Registro de Condiciones Generales de la Contratación para consultar los modelos y formularios depositados. El acceso será telemático. Si el depósito es de un modelo tendrá asignado un número de identificador único para facilitar su consulta. En la web de consulta del Registro de Condiciones Generales de la Contratación se ha implementado una búsqueda por Código de Identificador Único del Depósito.

A las escrituras otorgadas a partir de hoy se les exigirá el cumplimiento de la nueva Ley. Por el contrario, a las escrituras otorgadas antes del 17 de junio pero no presentadas aún en el Registro, no se les aplicará la nueva normativa.

Desde el Colegio de Registradores existe la decidida voluntad de colaborar con todos los agentes involucrados en la aplicación de esta ley.

El Colegio de Registradores inicia hoy una campaña en redes sociales para dar a conocer al ciudadano las principales novedades de la ley de contratos de crédito inmobiliario.

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Ruta del Cares

25 de junio, 2019
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Unai Sordo pide un gobierno estable con un programa progresista que aborde la situación sociolaboral

25 de junio, 2019

Unai Sordo pide un gobierno estable con un programa progresista que aborde la situación sociolaboral

Esta mañana se ha celebrado una asamblea general en la sede de CCOO de Madrid en la que el secretario general de CCOO, Unai Sordo, ha asegurado que “hace falta una mayoría parlamentaria fuerte y estable con un programa progresista para afrontar debates estratégicos en materia sociolaboral”. En este sentido, cree necesaria la apertura de una agenda social para corregir las reformas laborales de los últimos años, consolidar un modelo social digno y abordar políticas estratégicas como la formación, la implantación de la digitalización y la transición ecológica, entre otras.

20/06/2019.

ccoo.es

Ante los afiliados y afiliadas de CCOO que han asistido a la asamblea, Unai Sordo ha afirmado que CCOO pedirá en las reuniones que mantendrá la próxima semana con el Partido Socialista y Unidas Podemos “que hagan una lectura adecuada sobre los resultados de las elecciones generales y autonómicas ya que ha sido la movilización de los trabajadores y las trabajadoras la que han frenado al tripartito de la derecha”.

Unai Sordo ha asegurado que a pesar de que haya un gobierno progresista, las reformas prioritarias para el sindicato (laborales, pensiones, fiscal…) “vamos a tener que pelearlas porque están impulsadas desde el ámbito europeo y se hicieron para permanecer”. Sin embargo, CCOO va a seguir exigiendo “que se cumplan los compromisos adquiridos en la última legislatura como devolver la prevalencia del convenio de empresa al sectorial o la limitación de la ultractividad de los convenios”.

Aunque se ha mostrado dispuesto a participar en un debate sobre la reforma del Estatuto de los Trabajadores, Unai Sordo ha advertido que “no será posible si antes no se corrigen los aspectos centrales de la actual legislación laboral y de la reforma de 2012 para abrir un marco de negociación más amplio, con mayor perímetro de reformas a negociar, que suponga una derogación del resto de los aspectos de las reformas laborales, que mejore las condiciones de trabajo y regule la subcontratación”.

Respecto a las pensiones, el secretario general de CCOO ha pedido la derogación de la reforma de pensiones del año 2013. «En un futuro habrá más pensionistas, con pensiones más altas y cobrándolas durante más años» y esto va a suponer «un dato muy serio sobre el incremento de gasto, de más de 3 puntos del PIB». Desde CCOO planteamos «mejorar la estructura de ingresos, como las cotizaciones de los autónomos así como introducir recursos de los PGE para evitar que las cuantías caigan en un 30%”.

Unai Sordo ha abordado la política fiscal asegurando que “en nuestro país se pagan 8 puntos menos de PIB que la media de la Unión Europea por lo que se dejan de recaudar 90.000 millones de euros al año”. Por ello, pide a los partidos de la derecha que “dejen de hacer demagogia con la bajada de impuestos” y lanza un mensaje muy claro “hay que subir los impuestos a las rentas más altas, no sólo a los multimillonarios sino que debemos bajar en umbral porque hay que mantener el sistema público.

Por último, Unai Sordo ha hecho un llamamiento a los delegados y delegadas que han asistido a la asamblea para hacer un esfuerzo militante y organizativo porque “la gente debe saber que el sindicato integra a todos los trabajadores y trabajadoras, independientemente de su situación laboral” y les ha recordado que en estas elecciones sindicales CCOO sigue aumentando su representación, con más de 95.000 delegadas y delegados elegidos, y está a punto de alcanzar un millón de afiliados y afiliadas, que cotizan todos los meses, “seguimos siendo la primera fuerza sindical de nuestro país”.

En la asamblea también ha intervenido el secretario general de CCOO de Madrid, Jaime Cedrún, para exigir la consolidación de un modelo social digno, impulsar la negociación colectiva, incrementar los salarios, sobre todo los más bajos, y garantizar el cumplimiento del SMI.

Cedrún ha terminado su intervención afirmando que “Madrid es la locomotora de nuestro país por lo que necesita un gobierno estable y ha pedido que se respeten los resultados electorales y se deje gobernar al partido más votado”.

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Paso del río Cares entre Asturias y León

24 de junio, 2019
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El Gobierno aprueba el Plan Técnico de la TDT, clave para el desarrollo de las redes 5G en España

24 de junio, 2019

21 de junio de 2019

El Gobierno aprueba el Plan Técnico de la TDT, clave para el desarrollo de las redes 5G en España
mineco.gob.es
El Consejo de Ministros ha aprobado hoy un real decreto por el que se liberará la banda de 700 MHz del espectro radioeléctrico que actualmente ocupa la televisión digital terrestre para dejar espacio a la tecnología 5G
El proceso de Segundo Dividendo Digital habrá concluido antes del 30 de junio de 2020, cumpliendo con el calendario establecido por la Unión Europea
Se mantendrá la oferta de canales existentes en la actualidad. Los canales tendrán hasta el 1 de enero de 2023 para evolucionar a alta definición
Las comunidades de vecinos afectadas por el cambio de frecuencias dispondrán de subvenciones para costear la adaptación de sus sistemas de recepción colectivos

El Consejo de Ministros ha aprobado hoy dos reales decretos para facilitar el desarrollo de las redes 5G en España. Con el primer real decreto se aprueba un nuevo Plan Técnico Nacional de la televisión digital terrestre (TDT) y se regula la liberación del Segundo Dividendo Digital. El segundo real decreto regula la concesión directa de subvenciones destinadas a compensar los costes derivados de la adaptación de los sistemas colectivos de recepción de los servicios de comunicación audiovisual.

El Segundo Dividendo Digital es un proceso clave para permitir el despliegue de redes 5G, mediante la liberación de la banda de 694-790 MHz (en adelante, banda 700 MHz) del espectro radioeléctrico, que en la actualidad está parcialmente ocupada por la TDT. Se trata de un proyecto de ámbito europeo regulado por la Decisión (UE) 2017/899 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de mayo de 2017, que tiene como objetivo garantizar un enfoque coordinado del uso de esta banda en la Unión Europea.

La liberación del Segundo Dividendo Digital finalizará antes del 30 de junio de 2020, cumpliéndose de este modo con el calendario establecido por la Unión Europea y con la hoja de ruta publicada por el Ministerio de Economía y Empresa el 29 de junio de 2018. El Gobierno convocará una licitación pública para asignar esa banda a los operadores de forma que la misma pueda estar disponible para ofrecer servicios de 5G antes del 30 de junio de 2020.

Apuesta por el 5G

A partir de esa fecha, la banda de 700 MHz estará disponible para la prestación de servicios asociados a la telefonía móvil de quinta generación, dentro del Plan nacional 5G. Se mantiene así la apuesta de situar a España entre los países líderes en el desarrollo de esta tecnología, que impulsará la competitividad del tejido empresarial y facilitará la aparición de innovaciones disruptivas, en línea con lo planteado en la Agenda del Cambio.

El nuevo Plan Técnico Nacional de la TDT aprobado en el Consejo de Ministros identifica los canales radioeléctricos utilizados actualmente por la televisión y los sustituye por unos nuevos canales radioeléctricos en una banda inferior (470-694 MHz).

El Plan Técnico mantiene sin cambios la actual oferta de canales de televisión digital terrestre. Cada múltiple digital, cualquiera que sea su ámbito de cobertura, tendrá capacidad para integrar hasta cuatro canales de televisión en alta definición.

El real decreto por el que se aprueba el nuevo Plan Técnico Nacional establece también el procedimiento técnico para proceder al citado trasvase de canales, así como las condiciones para su continuidad, e incluye las especificaciones técnicas de las emisiones de televisión digital terrestre en alta definición y ultra alta definición.

Se establece una fecha límite -1 de enero de 2023- en la que todos los canales de televisión deberán evolucionar a alta definición y se contempla la adaptación tecnológica de los aparatos receptores de televisión digital terrestre. Transcurrido el plazo de nueve meses desde la entrada en vigor del real decreto, se establece la obligación para todos los aparatos que se pongan en el mercado español de incluir la capacidad de recibir emisiones con la tecnología de transmisión de señales DVB-T2, además de las emisiones en alta definición. Los de mayor tamaño deberán ser compatibles con las emisiones en ultra alta definición e incorporar capacidad de conexión a banda ancha y servicios interactivos HbbTV.

Ayudas públicas

El cambio de frecuencias de la TDT implicará en los próximos meses una adaptación de las instalaciones de recepción en la mayor parte del territorio nacional, del mismo modo que sucedió en 2015 con el proceso de liberación de la banda de 800 MHz (Primer Dividendo Digital). Quedarán excluidas de esta adaptación las viviendas individuales, donde únicamente se deberán resintonizar los televisores.

El Consejo de Ministros ha aprobado un real decreto de ayudas que regula la concesión directa de subvenciones por valor de 150 millones de euros para las comunidades de propietarios para la adaptación de las instalaciones de recepción de televisión. Las cuantías de la subvención oscilan entre 104,3 € y 677,95 €, en función de la infraestructura previamente instalada.

El Gobierno tiene como objetivo minimizar el impacto del proceso sobre los ciudadanos, al igual que sobre los operadores y el conjunto de prestadores de servicios de comunicación audiovisual, que han estado en todo momento informados del mismo. El despliegue se desarrollará en coordinación plena con los países vecinos, no sólo con los pertenecientes a la Unión Europea, sujetos al mismo proceso, también con Marruecos y Argelia.

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La CNMC aconseja revisar la obligación de mantener las cabinas telefónicas dentro del servicio universal

24 de junio, 2019

La CNMC aconseja revisar la obligación de mantener las cabinas telefónicas dentro del servicio universal

20 Jun 2019 cnmc.es

◦Se continúa observando una disminución de la demanda del servicio de cabinas y un incremento en los costes incurridos por su prestación.

La CNMC ha propuesto de nuevo que se revise la obligación de mantener las cabinas dentro del servicio universal. (INF/DTSA/059/19)

En un informe elaborado a petición de la Secretaría de Estado para el Avance Digital (SEAD), la CNMC ha analizado la situación competitiva de los elementos que integran el servicio universal para identificar en qué casos su prestación podría no quedar asegurada mediante el libre mercado. Este informe es un paso previo a la licitación que debe realizar la SEAD de cara a la prestación del servicio universal a partir del 1 de enero de 2020.

Mediante Resolución del Secretario de Estado para el Avance Digital, el 12 de marzo de 2019, se determinó el cese de la obligatoriedad de dos de las prestaciones incluidas dentro del servicio universal: las guías telefónicas y el servicio de consulta sobre números de abonado. En cambio, sí que siguen integrando estos servicios:
La conexión a red pública de comunicaciones electrónicas.
La prestación del servicio telefónico disponible al público.
La prestación de una oferta suficiente de teléfonos públicos de pago (cabinas).

El servicio universal está recogido en la Ley General de Telecomunicaciones y garantiza que todos los ciudadanos tengan acceso a una serie de servicios “con independencia de su localización geográfica, con una calidad determinada y a un precio asequible”. Esto incluye llevar la red de telecomunicaciones a cualquier punto del país, incluidas las zonas no rentables.

Respecto a las cabinas telefónicas, la CNMC señala que se ha producido una disminución en el número, el tráfico cursado y los ingresos unitarios por cabina de manera generalizada en todo el territorio nacional. A la vista de esta tendencia, de las decisiones adoptadas en otros países de la UE (algunos, como Francia, Bélgica, Dinamarca y Estonia han ido suprimiendo el elemento del servicio universal de cabinas) y de la actual regulación del Código Europeo de las Comunicaciones Electrónicas (que ya no las incluye dentro del SU), la CNMC sugiere, al igual que ya hizo en su informe de 2016, revisar la conveniencia de mantener el carácter obligatorio de la prestación de este servicio como una de las obligaciones del servicio universal.

Por otra parte, la CNMC considera que tanto la conexión a la red pública de comunicaciones electrónicas como la prestación del servicio telefónico disponible al público no quedan aseguradas mediante el libre mercado ya que, si bien la cobertura de estos servicios es muy elevada, no se puede afirmar que quede garantizada su prestación en todo el territorio nacional y, por tanto, estaría justificado su mantenimiento como componentes del servicio universal.

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Astrolabio

23 de junio, 2019
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España exportó entre enero y abril por valor de 95.778 millones

23 de junio, 2019

España exportó entre enero y abril por valor de 95.778 millones

Informe de comercio exterior enero-abril de 2019

Comercio | 21/06/2019 mincotur.gob.es

Las importaciones se incrementan hasta los 106.847 millones de euros, un 1,9%

Crecieron las exportaciones de bienes de equipo, alimentación, bebidas y tabaco y productos químicos
Nota de prensa completa [pdf] 173,46 KB

Las exportaciones españolas de mercancías alcanzaron los 95.778 millones de euros en el periodo enero-abril de 2019, aumentando un 0,9% respecto al mismo periodo del año anterior, según los datos de comercio declarado por Aduanas. Por otro lado, las importaciones se incrementaron un 1,9% hasta los 106.847 millones de euros.

La tasa de cobertura –cociente entre exportaciones e importaciones- se situó en el 89,6% y el saldo comercial de los cuatro primeros meses del año ofrece un déficit de 11.069 millones de euros, un 10,9% superior al registrado en el mismo periodo de 2018. En términos de volumen, las exportaciones se redujeron un 1,0%, ya que los precios, aproximados por los Índices de Valor Unitario, aumentaron un 1,9%. Las importaciones descendieron un 0,6%, pues los precios subieron un 2,5%.

El saldo no energético arrojó un déficit de 3.088 millones de euros (déficit de 1.390 millones de euros en el acumulado hasta abril de 2018) y el déficit energético disminuyó un 7,1%, hasta los 7.981 millones de euros (déficit de 8.594 millones en 2018).

El crecimiento de las exportaciones españolas entre enero y abril es inferior al de la UE-28 (4,0% interanual) y la zona euro (3,6%), aunque superior al crecimiento de las exportaciones de Estados Unidos (0,5%). Disminuyeron las de China (-0,2%) y Japón (-3,5%). Entre los principales sectores crecieron las exportaciones de bienes de equipo (4,6% interanual), alimentación, bebidas y tabaco (4,5%) y productos químicos (4,4%) mientras que disminuyeron las del sector del automóvil un 6,9%.

Por su lado, las importaciones se incrementaron en los sectores de bienes de equipo (5,5% interanual), productos químicos (5,7%) y sector automóvil (0,1%), mientras que disminuyeron las de productos energéticos (- 4,2%).

Las exportaciones dirigidas a la Unión Europea ascendieron un 0,6% en los cuatro primeros meses del año. Las ventas a la zona euro cayeron un 0,1% y las destinadas al resto de la Unión Europea subieron un 3,3%.

El aumento fue mayor en las ventas a terceros destinos, que subieron un 1,6% en este periodo, con incrementos de las exportaciones a América del Norte (13,6%), África (6,5%) y Asia excluido Oriente Medio (5,2%). Por el contrario, retrocedieron las destinadas a Oceanía (-18,8%), Oriente Medio (-13,7%) y América Latina (-3,7%).

Datos del mes de abril

En el mes de abril, las exportaciones españolas de mercancías aumentaron un 3,8% sobre el mismo mes de 2018. En términos desestacionalizados subieron un 4,4% en tasa interanual. Las importaciones cayeron un 2%. La tasa de cobertura se situó en el 93,9%, 5,2 puntos porcentuales más que en abril de 2018.

Las principales contribuciones al crecimiento de las exportaciones provinieron de los sectores de bienes de equipo (contribución de 1,6 puntos), productos energéticos (1,3 puntos), alimentación, bebidas y tabaco (0,8 puntos) y manufacturas de consumo (0,4 puntos). Por el contrario, el único sector que contribuyó negativamente de forma significativa a las exportaciones del mes fue el sector automóvil (-0,9 puntos).

En abril de 2019, las exportaciones a la Unión Europea subieron un 4,7%. De los principales socios, destacan los incrementos de ventas a Portugal (9,0%), Francia (7,0%), Reino Unido (6,7%), Alemania (4,9%) e Italia (4,6%). Las exportaciones a países terceros (no-UE) supusieron un 34,1% del total y se incrementaron un 2,0% interanual.

El informe completo y la nota metodológica se pueden consultar en esta dirección web:

http//www.comercio.gob.es/es-ES/comercio-exterior/estadisticas-informes/Paginas/Informes-de-Comercio-Exterior.aspx

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Hospital de Maudes. Madrid

22 de junio, 2019
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Tres empresas españolas, destacadas en el G20 de Japón por sus buenas prácticas

22 de junio, 2019

mincotur.es
Tres empresas españolas, destacadas en el G20 de Japón por sus buenas prácticas
Sus proyectos empresariales en Méjico, Benin y Brasil disponen de la financiación del Fondo para la Internacionalización de la Empresa Española
Reyes Maroto afirma el compromiso de España con la igualdad de género como palanca esencial para avanzar hacia un comercio inclusivo
11.06.19. Tres empresas españolas han sido destacadas por sus buenas prácticas en el marco de la iniciativa “Good Business and Policy Examples for Sustainable and Inclusive Growth through Trade and Investment” de la presidencia japonesa del G20 de ministros de Comercio y Economía Digital, celebrado el pasado fin de semana en Tsukuba (Japón).
En la sesión sobre “Promoción del comercio y la inversión que contribuya al crecimiento sostenible e inclusivo”, la ministra de Industria, Comercio y Turismo en funciones, Reyes Maroto mencionó tres casos de éxito de empresas de capital español que operan de acuerdo a principios de crecimiento sostenible e inclusivo. Los tres proyectos empresariales disponen de la financiación del Fondo FIEM (Fondo para la Internacionalización de la Empresa Española).
Fuerza y Energía Limpia de Tizimín ha desarrollado un parque éolico que comercializa energía en territorio mejicano. Siemens GAMESA ha suministrado los molinos de aerogeneración. Sus excelentes resultados tendrán continuidad con una segunda fase y otros proyectos en el país, que se beneficia porque este tipo de energía contribuye a reducir la contaminación.
Quantis Global ha acordado con el ministerio de Educación de Benin el suministro de ordenadores y conexiones por satélite de alta capacidad a trescientas escuelas. Asimismo, serán instalados sistemas de producción de energía fotovoltaica en aldeas rurales que no disponen de electricidad.
Gracias a esta iniciativa, las niñas y los niños de esas áreas pueden recibir clase vía Internet y de manera inclusiva.
Everis Aeroespacial y Defensa ha instalado un millar de simuladores de conducción en autoescuelas de Brasil. Las clases se desarrollan en esos simuladores, lo que reduce el coste para los estudiantes y disminuye no solo la polución en las ciudades, sino también el riesgo de accidentes.
Reyes Maroto afirmó el compromiso del Gobierno con la igualdad de género como palanca esencial para avanzar hacia un comercio inclusivo y el apoyo a la inclusión de capítulos específicos en las negociaciones de Acuerdos de Libre Comercio por parte de la Unión Europea. Asimismo, destacó que España está introduciendo capítulos sobre defensa de los derechos laborales, la lucha contra la corrupción y el cambio climático y la responsabilidad corporativa en sus negociaciones de acuerdos bilaterales presentes y futuros.

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Fontibre

21 de junio, 2019
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La ministra de Justicia alerta sobre la normalización de los discursos del odio y la banalización del racismo, la xenofobia y el machismo

21 de junio, 2019

La ministra de Justicia alerta sobre la normalización de los discursos del odio y la banalización del racismo, la xenofobia y el machismo

20 de junio de 2019 mjusticia.gob.es

La ministra de Justicia, Dolores Delgado, ha participado hoy en la clausura del proyecto ‘Somos Más, contra el odio y el radicalismo’, en un acto en el que ha alertado sobre los riesgos de normalizar los discursos de odio que proponen determinadas formaciones políticas que rechazan visiones integradoras, suponen riesgos para la estabilidad de la Unión Europea y conducen a la banalización del racismo, la xenofobia y el machismo como monedas de cambio para acceder al poder.

Delgado, que considera que la educación es el vehículo fundamental de prevención y sensibilización antes estos fenómenos, ha recordado algunas de las medidas fruto del compromiso de su departamento en la lucha contra el discurso del odio, como la reforma del Código Penal y otras leyes que han situado a nuestro país en la vanguardia a nivel de tipificación penal en la lucha contra estos delitos. Igualmente, la ministra de Justicia se ha referido a la labor de la Fundación Pluralismo y Convivencia para promover la libertad religiosa en un marco de diversidad y convivencia y el contacto con diversas empresas tecnológicas, como YouTube, Microsoft, Facebook o Twitter para combatir la narrativa terrorista y el discurso del odio en Internet.

La campaña ‘Somos Más, contra el odio y el radicalismo’ tiene como objetivo principal prevenir y sensibilizar sobre el discurso del odio y la radicalización violenta y cuenta con la participación del ministerio de Justicia y de los ministerios de Interior; Educación, Cultura y Deporte; Empleo y Seguridad Social y del de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Además, involucra a instituciones como la Red Aware (Alliance of Women Against Radicalization and Extremism), la Federación de Empleados y Empleadas de los Servicios Públicos de UGT, la ONG Jóvenes y Desarrollo y la empresa Google, a través de la iniciativa global ‘Youtube Creators for Change’.

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Desde el Castillo de San Cristóbal. Puerto Rico

20 de junio, 2019
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La AIReF constata un amplio margen de mejora en la gobernanza y eficacia de las políticas activas de empleo

20 de junio, 2019

12 062019 airef.es
La AIReF constata un amplio margen de mejora en la gobernanza y eficacia de las políticas activas de empleo
• La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal estima entre 6.100 y 6.500 millones de euros la partida de gasto que se destina en España a Políticas Activas de Empleo
• La AIReF propone identificar los programas servicios e itinerarios más eficaces para hacer una asignación eficiente de los recursos públicos
• Apuesta por incorporar la evaluación como práctica habitual para poder tomar decisiones basadas en la evidencia
• Sugiere incorporar incentivos orientados al cumplimiento de objetivos en la asignación de recursos en la Conferencia Sectorial y en las retribuciones de los responsables de orientar y formar a los demandantes de empleo
• Plantea diseñar una estrategia que involucre a los agentes locales, ya que la dimensión local en España es limitada
• Propone incorporar al Sistema Nacional de Empleo (SNE) la mejora del acceso a los datos, incrementar su calidad y adecuar la arquitectura tecnológica
La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) presentó hoy el tercer Estudio del proceso de revisión del gasto, conocido como Spending Review, que ha realizado por primera vez en España un organismo independiente basándose en datos, la evidencia empírica y las experiencias más exitosas a nivel nacional e internacional. El tercer proyecto se ha centrado en la evaluación del gasto público en Políticas Activas de Empleo (PAE). La AIReF constata un amplio margen de mejora en la gobernanza y la eficacia de estas políticas.
En el Estudio la AIReF afirma que no es fácil cuantificar con exactitud la partida destinada a las Políticas Activas de Empleo. Según los cálculos realizados por AIReF, en 2017 se dedicaron entre 6.100 y 6.500 millones de euros a estas políticas. A través de la revisión de su diseño estratégico, el mapa de los flujos financieros, su eficacia, la estructura de costes de las oficinas públicas de empleo (OPE) y el análisis de la experiencia internacional, que ha resultado muy relevante en la identificación de buenas prácticas, se presenta una visión global del funcionamiento de las PAE en España y una serie de propuestas basadas en la evidencia y en el análisis comparado.
El estudio ha sido elaborado a partir de distintas fuentes de información –presupuestaria y de detalle de los demandantes de empleo y participantes en las PAE, entre otras– y es el resultado de aplicar diferentes metodologías de evaluación, como la revisión documental, la entrevista y el enfoque causal utilizando grupos de control. Además, se ha elaborado una taxonomía de los servicios públicos de empleo autonómicos basado en la última evaluación EVADES junto con criterio experto, apreciándose sustanciales diferencias en la calidad del servicio entre comunidades autónomas.
Respecto a los datos utilizados, se ha tenido acceso a la información presupuestaria del Servicio Público Empleo (SEPE) y de las comunidades autónomas para el año 2017, además de información relevante de los costes de las OPE. Por otro lado, se ha accedido a los datos de demandantes de empleo y participantes en PAE para el período 2012-2017. Estos datos suministrados por el SEPE han sido complementados, por primera vez, por parte de la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) con datos de la vida laboral.
Sin embargo, la AIReF constata que los datos suministrados han sido insuficientes y de una calidad mejorable. La evaluación completa de la eficacia de las políticas activas por comunidad autónoma no ha sido posible y se optado por la evaluación del programa estatal Programa de Recualificación Profesional (PREPARA) y del servicio 14A de Aragón, una comunidad autónoma con buenos indicadores de calidad del servicio y cuyos registros permitieron el análisis.
Asimismo, ante la ausencia de suficientes datos para calcular indicadores de costes de las oficinas públicas de empleo (OPE) se procedió alternativamente a redactar una guía práctica para la evaluación de eficiencia en las OPE. Su adopción generalizada permitirá en un próximo futuro la evaluación de los costes de las OPE vinculados a las políticas activas de empleo. Adicionalmente, se ha realizado un estudio piloto de evaluación de la eficiencia en las oficinas de empleo de Aragón.
Para conocer el desarrollo del diseño e implementación de estas políticas se ha llevado a cabo una encuesta a todos los agentes implicados: SEPE, Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS), comunidades autónomas y agentes sociales, como sindicatos y patronal.
Hallazgos
Una vez aplicadas las distintas metodologías de evaluación a la información disponible, la AIReF concluye que existen claras deficiencias que ponen en cuestión la calidad del gasto en PAE y considera necesario identificar qué programas, servicios e itinerarios son más eficaces para poder hacer una asignación eficiente de los recursos públicos.
Además, constata que los objetivos del reparto de fondos a través de la Conferencia Sectorial no están claramente definidos y que en las últimas décadas han ido cambiando sin haber valorado su eficacia. Asimismo, la institución asegura que la trazabilidad del gasto es insuficiente para poder conocer los flujos de principio a fin y que los criterios contables no están normalizados, lo que hace España se aleje de las mejores prácticas internacionales.
La evaluación específica del programa PREPARA revela que no ha habido mejora en la salida al mercado laboral de sus participantes, fundamentalmente durante los seis meses que dura la prestación.Finalmente, la AIReF concluye que los datos y los sistemas de información son muy heterogéneos, de calidad mejorable e impiden el análisis con la amplitud pretendida inicialmente.
Propuestas
A partir del análisis de estos hallazgos y de la experiencia internacional, AIReF incluye en el Estudio 27 propuestas, aunque considera prioritario actuar sobre cinco ámbitos para poner el foco en las necesidades del desempleado y la eficacia de los servicios prestados y mejorar los sistemas y calidad de la información.
En concreto, la AIReF propone implementar herramientas de perfilado y propuestas de itinerarios adecuados, que detecten las necesidades de los demandantes, según sus características, con el objetivo último de prestar el servicio más adecuado: la vinculación real de oferta y demanda de empleos.
Además, sugiere incorporar la evaluación como práctica habitual para poder tomar decisiones basadas en la evidencia, y poner el foco en la eficacia de las PAE para que la orientación y la formación mejoren la empleabilidad de los individuos. La AIReF plantea también incorporar incentivos orientados al cumplimiento de objetivos en la asignación de recursos en el reparto en Conferencia Sectorial y en las retribuciones de los responsables de orientar y formar a los demandantes de empleo.
Finalmente, propone diseñar una estrategia que involucre a los agentes locales ya que, la dimensión local, básica en las buenas prácticas internacionales, en España es limitada. Y sugiere incorporar al Sistema Nacional de Empleo (SNE) la mejora del acceso a los datos, incrementar su calidad y adecuar la arquitectura tecnológica.

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De Majadahonda hacia el cielo

19 de junio, 2019
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El Ministerio de Economía y Empresa saca a consulta pública la Orden Ministerial para adaptar la información estadística y contable de los fondos de pensiones a la normativa europea

19 de junio, 2019

17 de junio de 2019

mineco.gob.es


El Ministerio de Economía y Empresa saca a consulta pública la Orden Ministerial para adaptar la información estadística y contable de los fondos de pensiones a la normativa europea

El proyecto de Orden Ministerial cuya tramitación se inicia con la fase de consulta pública tiene como objetivo mejorar la información que las entidades gestoras de fondos de pensiones deben remitir de forma periódica a las autoridades nacionales y europeas

El Ministerio de Economía y Empresa ha iniciado la tramitación, mediante consulta pública, de un proyecto de Orden Ministerial en la que se establecen los modelos de información cuantitativa que deben remitir las entidades gestoras de fondos de pensiones. El objetivo de la norma es adaptar los actuales requerimientos de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones a las nuevas obligaciones de información que las gestoras han de suministrar también a la Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación y al Banco Central Europeo.

La nueva norma permitirá unificar toda la información que las entidades gestoras de fondos de pensiones deben remitir a las autoridades nacionales y europeas para cumplir con las obligaciones establecidas en la normativa de la Unión Europea. De esta forma se podrá enviar toda la información de forma conjunta y se evitarán las duplicidades.

El plazo de consulta pública finaliza el próximo 2 de julio

Consulta Pública Orden Ministerial

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Paseando por San Juan. Puerto Rico

18 de junio, 2019
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España avanza en el proceso de digitalización y se mantiene por encima de la media de la Unión Europea

18 de junio, 2019

11 de junio de 2019

mineco.gob.es

España avanza en el proceso de digitalización y se mantiene por encima de la media de la Unión Europea

El Índice de Economía y Sociedad Digital publicado hoy por la Comisión Europea destaca la fortaleza de nuestro país en servicios públicos digitales y en conectividad
España incrementa su puntuación y su ventaja con respecto a la media comunitaria

La Comisión Europea ha publicado hoy el Índice de Economía y Sociedad Digital (DESI, por sus siglas en inglés), que compara anualmente la evolución digital de los 28 países que conforman la Unión Europea. En esta edición, España mantiene la posición 11 del ránking aunque con un incremento de la puntuación y de la ventaja con respecto a la media comunitaria. Nuestro país ocupa un lugar destacado entre el grupo de principales economías europeas, superada por el Reino Unido y por encima de Alemania, Francia e Italia.

El informe DESI está compuesto por cinco grandes indicadores: conectividad, capital humano, uso de internet, integración de la tecnología digital y servicios públicos digitales. Cada uno de estos indicadores, a su vez, se calcula a partir de la media ponderada de una serie de variables o subindicadores, con datos de 2018, 2017 y 2016.

España se mantiene a la cabeza de los países europeos más avanzados en materia de servicios públicos digitales. El informe de la Comisión refleja que España escala dos posiciones, hasta el cuarto puesto de la clasificación. Nuestro país destaca asimismo en el indicador de conectividad, donde mejora un puesto, hasta el 9º lugar, lo que nos sitúa por encima de la media de la UE. Esta posición se logra a pesar de que ninguna de las variables empleadas mide de forma específica el despliegue de la fibra óptica, en el que España ocupa una posición de liderazgo.

El tercero de los indicadores donde España obtiene un resultado significativo es el de integración de la tecnología digital, con el 10º puesto. En cuanto al uso de servicios de internet, España ocupa el 11º lugar, el mismo que los dos años anteriores, aunque con una subida en la puntuación. Por último, en el ámbito del capital humano nuestro país se sitúa en el puesto 17º, al igual que los dos años precedentes.

La mejora del capital humano es un objetivo preferente para el Gobierno. Promover el avance científico y tecnológico y apostar por la formación y el capital humano son dos prioridades de su hoja de ruta de reformas, la Agenda del Cambio, que busca ajustar la formación a los requerimientos del mercado laboral, en particular reforzando las habilidades digitales, científicas y tecnológicas.

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