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La juez Carmen Lamela procesa al ex mayor de los Mossos Josep Lluís Trapero por dos delitos de sedición y uno de organización criminal

6 de abril, 2018

Jueves, 5 de abril de 2018 poderjudicial.es

La juez Carmen Lamela procesa al ex mayor de los Mossos Josep Lluís Trapero por dos delitos de sedición y uno de organización criminal

La magistrada de la Audiencia Nacional también acuerda el procesamiento del exdirector de los Mossos y de una intendente de ese cuerpo policial y del ex secretario general de Interior de la Generalitat de Cataluña

Autor:Comunicación Poder Judicial

La juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela ha acordado este jueves el procesamiento del ex mayor de los Mossos d´Esquadra Josep Lluís Trapero por un delito de organización criminal y dos delitos de sedición por los hechos ocurridos el 20 y 21 de septiembre frente a la Consejería de Economía en Barcelona y por la jornada del 1 de octubre.

La magistrada también procesa por organización criminal y un único delito de sedición, por el 1 de octubre, al ex director de los Mossos Pere Soler y al ex secretario general de Interior de la Generalitat César Puig. La instructora procesa, además, a la intendente Teresa Laplana por un delito de sedición, en su caso por los hechos del 20 y 21 de septiembre.

En su auto, Lamela detalla todos los indicios incriminatorios recabados durante la investigación que le permite concluir que los procesados pertenecen y han desempeñado sus actividades como miembros de una compleja y heterogénea organización unida por el propósito de lograr la secesión de la Comunidad Autónoma de Cataluña y su proclamación como república independiente, al margen de las vías legales “alterando de esta forma la organización política del Estado y con ello la forma de Gobierno, con clara contravención del orden constitucional y estatutario”.

Una organización criminal jerarquizada con Puigdemont en la cúspide

En el marco de una estrategia premeditada y perfectamente coordinada, la magistrada describe el reparto de papeles entre autoridades gubernamentales, parlamentarias y civiles para llevar a cabo la secesión. Con arreglo a ese plan común, Lamela se centra en la utilización ilegal de los Mossos, en especial en los actos acaecidos el 20 y 21 de septiembre de 2017 junto a la Consejería de Economía de Barcelona y el 1 de octubre durante la celebración del referéndum ilegal.

Los Mossos, según Lamela, se mantuvieron al margen de cualquier actuación desarrollada por la Policía y la Guardia Civil, con una conducta dirigida “a obstruir cualquier actuación que bloquease el plan estratégico hacia la independencia”, siguiendo una pauta anunciada previa y públicamente por los responsables políticos Joaquín Forn, Pere Soler y César Puig.

Respecto a la jornada del 1 de octubre, la juez argumenta y detalla el plan premeditado por la cúpula policial de los Mossos, comandada por Josep Lluís Trapero para evitar actuar y “enmascarada bajo los principios de actuación policial de proporcionalidad, congruencia y oportunidad, fue de total inactividad”.

Después de analizar las conductas investigadas, la juez concluye que Trapero, Soler y Puig formaban parte de una organización criminal donde los procesados obedecen a pautas de subordinación y trabajo en grupo bien definidas.

La juez recuerda los requisitos que exige este tipo penal y que son el de jerarquía, permanencia en el tiempo, coordinación y cooperación, reparto de tareas y planificación para concluir que los tres procesados integraban una organización jerarquizada “bajo una dirección común en cuya cúspide se encontraba el presidente de la Generalitat de Cataluña” (Carles Puigdemont), con carácter estable desde hace ya más de dos años, con asignación de tareas y con una confluencia estratégica perfectamente sincronizada de acuerdo con el plan de la organización criminal, que fue lo que “en suma permitió la celebración del referéndum ilegal el día 1 de octubre y la ulterior declaración de independencia aprobada por el Parlament de Catalunya el pasado 27 de octubre”.

Delitos de sedición

La magistrada considera que la actuación de los miembros del Cuerpo de los Mossos d´Esquadra los días 20 y21 de septiembre, así como su actuación el 1 de octubre encaja en el delito de sedición, como autores o cooperadores necesarios en comisión por omisión, al omitir, con incumplimiento de sus obligaciones legales de actuar, toda conducta dirigida a evitar lo que en definitiva aconteció ante la sede de Economía: que la muchedumbre, de forma pública, llegara a concentrarse tumultuosamente en el edificio y, “con la fuerza coactiva e intimidatoria que proporciona una multitud hostil a la posible acción policial, con el objeto de impedir o dificultar gravemente el cumplimiento de la orden judicial de registro”.

“Lejos de actuar –añade Lamela- se limitaron a aparentar la imposibilidad de tal cumplimiento a la vista del tumulto de personas concentradas en el edificio, cuando en realidad se trataba de una abierta negativa a las reiteradas peticiones de auxilio que recibieron procedentes de la Guardia Civil, en aras a proteger a la comisión judicial encargada de llevar a cabo los registro por orden judicial”.

En el caso de la jornada del 1-O, la actuación de los procesados no solo se limitó a no dar cumplimiento a la actuación judicial sino que fue más allá, “propiciando que sus planes de actuación fueran conocidos de antemano por los ocupantes de los colegios, facilitando de esta manera que estos pudieran preparar los escenarios que llevarían a los Mossos a no actuar, obstruyendo a los agentes policiales, dispuestos realmente a cumplir aquella orden judicial, espiando y controlando sus acciones”.

La magistrada recuerda la jurisprudencia sobre este delito que requiere un alzamiento, levantamiento o insurrección contra el normal funcionamiento de las instituciones y que no exige el empleo de la fuerza, pues es suficiente hacerlo al margen de las vías legales establecidas. Se trata de un delito de mera actividad, que se consuma por la simple acción de alzarse, aunque no se consigan los fines propuestos.

En los hechos investigados concurre, según Lamela, un dolo específico, que es el de la intención última por parte de los procesados de “romper la organización territorial del Estado”, en tanto que sus actos iban encaminados a declarar la independencia de una parte del territorio nacional, violando la legalidad constitucional, por lo que en este caso, concluye Lamela, “deben ser también considerados como delitos contra la forma de gobierno”.
Indicios recabados a lo largo de la instrucción

La juez detalla en su resolución los indicios de responsabilidad criminal a los que llega tras la práctica de diligencias a lo largo de la instrucción. En el caso de los hechos relativos a los días 20 y 21 de septiembre, señala las diligencias extendidas por la letrada de la Administración de Justicia tras los sucesos, así como el tráfico de llamadas en esos dos días. En total, según el auto, fueron 17 llamadas entre Trapero y el entonces presidente de la Assemblea Nacional Catalana (ANC), Jordi Sánchez, y 29 de Trapero con el que era conceller de Interior de la Generalitat, Joaquim Forn.

Por lo que se refiere a los hechos del 1 de octubre, la magistrada recoge las intervenciones telefónicas y la documentación intervenida en el domicilio de José María Jové, entre la que destaca el documento ENFOCATS que diseñó la hoja de ruta hacia la independencia y el papel que jugarían los distintos actores, entre ellos los Mossos.
La juez recoge también el informe de la Guardia Civil en relación con las comunicaciones que se llevaron a cabo a través de las conferencias de las diferentes Regiones Policiales en las que se constata que la víspera del día 1 de octubre ya se conocía el escenario que se iba a dar el día siguiente, donde puntos de votación designados por organizadores del referéndum de autodeterminación con el Gobierno catalán al frente, se encontrarían abiertos y ocupados por ciudadanos que no tenían intención de desalojarlos o cerrarlos de manera voluntaria.

Igualmente, se registran comunicados generales de las Salas regionales de Mando, a todos los indicativos de servicio, recordándoles la prioridad que es informar sobre movimientos de fuerzas de la Guardia Civil o de Policía nacional que observen, con indicación de vehículos, número de agentes y dirección que llevaban. “También ha podido comprobarse la existencia de cierta connivencia entre algunos responsables de puntos de votación con los agentes de los Mossos d’Esquadra que cubrían esos puntos, como por ejemplo, la que tuvo lugar en la Región de Girona, donde indicativos policiales llegaron a comunicar que los responsables de los punto de votación habían hablado con los agentes y les explicaban que la ‘estrategia que van a seguir si en ese centro se presentan las Fuerzas de Seguridad del Estado’, manifestándoles que les harían un pasillo para dejarles entrar y poder llegar hasta las urnas y que estas las habían atornillado a la mesa”, según dicho informe policial recogido en el auto.

Ojeadores civiles

Además, hay otros comunicados en los que los agentes indican a su central que han situado “ojeadores” (personas civiles) en un punto elevado que avisarían de la llegada de las Fuerzas de Seguridad. Igualmente se recogen comunicados en el sentido de que, ante actuaciones policiales de los Cuerpos de Seguridad del Estado, los agentes debían separarse de la zona para que no se les viera.

El auto también incorpora audios en los que se refleja toda la actividad desplegada desde la Dirección de los Mossos a fin de hacer “totalmente ineficaz” la intervención de los agentes el 1 de octubre y en los que se pone de manifiesto “la falta de previsión en la confección del dispositivo, la falta de planificación y las deficiencias que ya se manifestaron desde el inicio del servicio en cuanto a los indicativos que tenían asignados en cada centro de votación, lo que motivó el colapso de los operadores con la consiguiente sensación de descontrol percibida por los indicativos en servicio”. Igualmente consta cómo la entrada efectiva de servicio se realizó fuera de la hora prevista, a las 6 de la mañana, que en algún caso llegó a producirse pasada las 9 horas.

Código alternativo “Clave 21”

También se desprende del contenido de las comunicaciones la falta de colaboración con los demás cuerpos policiales puesto que “se ordena que no actúen, que no hagan nada, que se mantengan al margen, que no intervengan y que solo observen e informen y se sitúen en posición segura”.

Asimismo, continúa el auto, se ha descubierto la utilización de un código propio -“Clave 21”-, que consistía en la utilización de un canal alternativo –disponiendo cada dotación de un número de contacto al que llamar- para emitir informaciones o incidencias que no debían transmitir por la emisora corporativa, para lo cual se usaron tanto móviles particulares como corporativos.

De igual manera se constata, dice la juez, las vigilancias de las que fueron objeto policías y guardias civiles, incluso a los que iban de paisano. No se trata simplemente de informar de la actuación de los agentes “sino que se trataba de una auténtica vigilancia, siguiendo sus desplazamientos. Incluso desde la Sala se ordenaba a todas las patrullas que cesasen en sus comunicados para dar prioridad a la transmisión de información sobre estos extremos. De hecho, se produjeron más de doscientos comunicados en este sentido durante el transcurso de la jornada.

Por último, subraya el auto, las comunicaciones muestran que los indicativos de los Mossos se limitaron a decomisar las urnas o bien cuando se las entregaban voluntariamente los responsables de cada centro o una vez terminada la votación y realizado el recuento o cuando eran abandonas en la calle tras contar los votos. Incluso, apunta, las dotaciones, con las connivencias de los mandos, pactaban con los responsables de los puntos electorales la entrega de las urnas, de forma voluntaria, una vez realizado el recuento.

Las fotografías y los videos incorporados al procedimiento ponen de manifiesto, según Lamela, “la actitud de pasividad” de los Mossos en los colegios el 1 de octubre e incluso su complicidad con los componentes de las mesas y personas que con su presencia trataban de garantizar la celebración de las votaciones, “llegando incluso a actuar contra los agentes de policía nacional y guardia civil”.

La juez también recoge la declaración del coronel Diego Pérez de los Cobos –el mando designado para coordinar a todos los cuerpos policiales- en la que señaló que su impresión era que el operativo diseñado era el complemento perfecto para no cumplir con el auto del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, ya que las pautas partían de que si se daban determinada condiciones –si había mucha gente, si había menores o personas mayores, o si eran pacíficos- no se haría uso de la fuerza, por lo que se estaba se estaba configurando el escenario de que, de producirse, imposibilitaría la actuación de los Mossos y su justificación, escenario que se cumplió la mañana del día 1, por lo que “tenían la excusa perfecta para no actuar”.

En su auto, la juez también incorpora el testimonio de un testigo protegido que señaló que se les dio la orden genérica a todos los equipos para informar de los movimientos de Guardia Civil y Policía, así como la actitud de los Mossos a la llegada de los agentes del instituto armado a los colegios electorales de “total pasividad, incluso al ser agredidos los guardias por la gente congregada y de total alejamiento respecto de los guardias civiles, desoyendo sus peticiones de colaboración”.

También se refiere a las indicaciones que se dieron en los ‘briefings’ prohibiéndoles un gran número de acciones, entre ellas entrar a la fuerza o que no hicieran uso de la defensa, por lo que muchos agentes optaron por no llevarla.

Igualmente tiene en cuenta la magistrada el análisis de la documentación intervenida el 26 de octubre en el interior de tres vehículos camuflados de los Mossos con 36 cajas con abundante documentación para su destrucción y que ponen de manifiesto que desde la dirección del Cuerpo “se tenía perfecto conocimiento de los riesgos y movilizaciones previstas para el día 1 de octubre, por tanto de las medidas que eran necesarias adoptar, a todas luces diferentes de las que finalmente fueron adoptadas”.

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La Audiencia de Las Palmas confirma que la banca es quien debe pagar al notario, el Registro de la propiedad, la gestoría y la tasación del inmueble en las hipotecas

5 de abril, 2018

Miércoles, 4 de abril de 2018  poderjudicial.es

La Audiencia de Las Palmas confirma que la banca es quien debe pagar al notario, el Registro de la propiedad, la gestoría y la tasación del inmueble en las hipotecas

La Sala especializada para las islas orientales fija su doctrina, que sigue la más reciente jurisprudencia del Supremo. El cliente paga el impuesto de transmisiones patrimoniales, mientras los gastos de timbre corren a medias

Autor:Comunicación Poder Judicial

La Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Las Palmas, sala especializada en condiciones generales de la contratación en la provincia oriental canaria, dictó ayer martes 3 de abril la sentencia que establece la doctrina del Tribunal sobre cómo se reparten los gastos entre el banco y el cliente.

La sentencia de apelación, susceptible de recurso ante el Tribunal Supremo, estima parcialmente el recurso del Banco Popular Español contra la sentencia del Juzgado de Primera Instancia número 1 de Puerto del Rosario que el 15 de abril condenó a la entidad a abonar todos los gastos derivados de un préstamo hipotecario por considerarlos abusivos y, de acuerdo con la más reciente jurisprudencia del Supremo, establece el siguiente reparto:

El banco debe pagar la totalidad de los gastos de notario, del Registro de la Propiedad, de la Gestoría y de la tasación del inmueble.

El banco y el cliente pagan por mitad los gastos del timbre que se incluyen en la factura del notario.

El cliente prestatario es quien debe abonar el impuesto de Trasmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.

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Las Cámaras de Comercio españolas en el exterior cuentan con más de 8.700 empresas asociadas

5 de abril, 2018

Las Cámaras de Comercio españolas en el exterior cuentan con más de 8.700 empresas asociadas

Constituyen una red de 36 puntos de atención directa a las empresas en 34 países

26 de Marzo 2018 camara.es

El 68,4% de las cámaras organiza misiones comerciales directas, agendas comerciales y exposiciones de productos
El 87% tiene bolsas de empleo y más del 63% ofrecen asesoramiento en visados y permisos de trabajo
En 2016, las 36 cámaras manejaron un presupuesto de 9,75 millones de euros, cifra que creció un 4,2% en 2017

Las Cámaras de Comercio españolas en el exterior cuentan con más de 8.700 empresas asociadas

Madrid, 26/03/2018.- Un total de 8.767 empresas están asociadas a las cámaras oficiales de comercio españolas en el exterior, con una media de 243 socios por cámara de comercio. En los últimos cuatro años el número de socios ha aumentado un 15% y sólo en el 2017 el crecimiento fue superior al 10%, según revela el Mapa de Servicios de la Red de Cámaras Oficial de Comercio de España en el Exterior, elaborado por la Cámara de España.

España cuenta con 36 Cámaras de Comercio españolas en el exterior que constituyen una red de atención directa para exportadores e inversores españoles. Cubren 34 países en los cinco continentes. Son puntos de asesoramiento e información en los países destino y ofrecen una amplia variedad de servicios para ayudar a las empresas a acceder o consolidarse en un determinado mercado.

Según el estudio de la Cámara de España, más del 75% de las Cámaras en el exterior cuentan con más de 20 años de actividad, un 19% entre 5 y 20 años y un 5,4% han sido creadas en los últimos cuatro años.

Qué servicios ofrecen

El catálogo de servicios de la red de cámaras en el exterior es muy extenso y no solo contempla actividades de apoyo a la internacionalización, sino también gestión de impagos, formación, bolsas de empleo o apoyo logístico.

Así, según el estudio de la Cámara de España, el 68,4% de las cámaras ofrece a las empresas la posibilidad de organizar misiones comerciales directas, agendas comerciales y exposiciones de productos. El 89% de ellas ofrecen también información sobre clientes potenciales, un servicio muy demandado por la comunidad empresarial.

El 60,5% de la red ofrece también un completo catálogo de servicios formativos que incluyen cursos, seminarios y formación en prácticas. Un 87% cuenta, además, con bolsas de empleo y más del 63% ofrece asesoramiento en visados y permisos de trabajo.  El servicio de gestión de impagos, cada vez más demandado, es ofrecido por un 34% de la red.

Sobre los recursos humanos de las cámaras de comercio, el 78% de las plantillas de empleados son indefinidos, mientras que el 22% es temporal. La media se sitúa en 5 empleados fijos y 1,1 temporales por Cámara.

En cuanto a la financiación, las 36 cámaras contaron en 2016 con un presupuesto de 9,75 millones de euros, con un crecimiento presupuestario en los últimos cuatro años superior al 36%. En 2017, el incremento fue del 4,2%. Las aportaciones de los socios y el cobro de servicios suponen las vías principales de financiación.

Relación con la Cámara de España

La Cámara de Comercio de España mantiene un vínculo permanente con la red exterior de cámaras y, según establece la ley 4/2014, colabora con ellas en base a convenios de colaboración vigentes, promoviendo actividades conjuntas, intensificando el funcionamiento en red, generando mayor actividad a través de su participación en programas específicos, estrechando su colaboración con las Cámaras nacionales y dando a conocer sus servicios a la comunidad empresarial española.

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Capacidad para otorgar testamento por quien, según la sentencia que limita su capacidad de obrar, precisa de la intervención del curador para realizar actos de disposición.

4 de abril, 2018

Tribunal Supremo. Sala Civil. Gabinete Técnico

Sentencia 146/2018, de 15 de marzo. Casación 2093/2015

Capacidad para otorgar testamento por quien, según la  sentencia que limita su capacidad de obrar, precisa de la intervención del curador para realizar actos de disposición.

poderjudicial.es
El Pleno de la Sala Primera del Tribunal Supremo ha desestimado el recurso de casación interpuesto contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Asturias que, a su vez, había desestimado la demanda de impugnación de dos testamentos notariales otorgados por una mujer con discapacidad intelectual. El primer testamento fue otorgado antes de la sentencia de modificación judicial de la capacidad, pero cuando el Fiscal ya había instado el procedimiento, y el segundo con posterioridad a la sentencia que había sometido a la testadora a curatela para la realización de actos de disposición, sin referencia expresa a la facultad para otorgar testamento.
La sentencia recuerda que la finalidad de las normas que regulan la capacidad para otorgar testamento es garantizar la suficiencia mental del testador respecto del propio acto de testar y considera que, con independencia de cuál sea la causa de la discapacidad que da lugar a la modificación de la capacidad de obrar, el régimen del art. 665 CC (designación por el notario de dos facultativos que respondan de la concreta capacidad para testar) ofrece un cauce para que la persona con la capacidad modificada judicialmente pueda ejercer la facultad de testar.

La Sala entiende que puede otorgar testamento conforme a este precepto una persona que, de acuerdo con lo dispuesto en una sentencia de modificación de la capacidad de obrar, precisa de la intervención del curador para realizar actos de disposición. Se basa, para ello, en el principio de presunción de capacidad, que ya resultaba de nuestro ordenamiento y ha quedado reforzado por la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, y que implica que no cabe basar la falta de capacidad para testar ni por analogía ni por interpretación extensiva de otra incapacidad.
Por otro lado, valora que la disposición de bienes mortis causa no puede equipararse a los actos de disposición inter vivos, por su diferente naturaleza y caracteres y porque existe una regulación específica para el otorgamiento de testamento por las personas con discapacidad mental o intelectual. Al ser el testamento un acto personalísimo, ni el tutor como representante legal puede otorgar testamento en lugar de la persona con la capacidad modificada judicialmente ni el curador puede completar su capacidad cuando sea ella quien otorgue el testamento.
Con el fin de garantizar la suficiencia mental del testador, para el otorgamiento de testamento por la persona con la capacidad modificada judicialmente el art. 665 CC impone una garantía especial adicional que consiste en el juicio favorable a la capacidad para testar que deben emitir dos facultativos. Ello no impide que la aseveración notarial sobre el juicio del testador pueda ser desvirtuada, pero para ello son precisas pruebas cumplidas y convincentes.
En este caso, tras la valoración de todas las pruebas, no había quedado probado que la testadora careciera de capacidad para testar, ya que no que no existía  pronunciamiento previo en la sentencia de incapacitación y el notario se aseguró que, a su juicio, la testadora tiene la capacidad legal necesaria, contando con el juicio favorable de dos facultativos. La sentencia recurrida había valorado, además, junto a la opinión profesional del notario y de la médica de cabecera que atendió a la testadora durante catorce años, otro tipo de pruebas, como lo manifestado por la testadora en el previo procedimiento de modificación de su capacidad, la realización de otros actos jurídicos antes y después de la modificación judicial de la capacidad y la coherencia de la voluntad de dejar sus bienes a las personas que le prestaron su apoyo y en quien confiaba. Por todo ello, se desestima el recurso de casación.

Gabinete Técnico. Área Civil
Marzo, 2018

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Mi alma tiene prisa . Poema golosinas

3 de abril, 2018

Mi alma tiene prisa (Poema golosinas)

por Mário de Andarde
Lealtad con uno mismo.

Conté mis años y descubrí, que tengo menos tiempo para vivir de aquí en adelante, que el que viví hasta ahora…

Me siento como aquel niño que ganó un paquete de dulces: los primeros los comió con agrado, pero, cuando percibió que quedaban pocos, comenzó a saborearlos profundamente.

Ya no tengo tiempo para reuniones interminables, donde se discuten estatutos, normas, procedimientos y reglamentos internos, sabiendo que no se va a lograr nada.

Ya no tengo tiempo para soportar a personas absurdas que, a pesar de su edad cronológica, no han crecido.

Ya no tengo tiempo para lidiar con mediocridades.

No quiero estar en reuniones donde desfilan egos inflados.

No tolero a manipuladores y oportunistas.

Me molestan los envidiosos, que tratan de desacreditar a los más capaces, para apropiarse de sus lugares, talentos y logros.

Las personas no discuten contenidos, apenas los títulos.
Mi tiempo es escaso como para discutir títulos.

Quiero la esencia, mi alma tiene prisa…

Sin muchos dulces en el paquete…

Quiero vivir al lado de gente humana, muy humana.
Que sepa reír, de sus errores.
Que no se envanezca, con sus triunfos.
Que no se considere electa, antes de hora.
Que no huya, de sus responsabilidades.
Que defienda, la dignidad humana.
Y que desee tan sólo andar del lado de la verdad y la honradez.

Lo esencial es lo que hace que la vida valga la pena.

Quiero rodearme de gente, que sepa tocar el corazón de las personas…
Gente a quien los golpes duros de la vida, le enseñó a crecer con toques suaves en el alma.

Sí… tengo prisa… por vivir con la intensidad que sólo la madurez puede dar.

Pretendo no desperdiciar parte alguna de los dulces que me quedan…
Estoy seguro que serán más exquisitos que los que hasta ahora he comido.

Mi meta es llegar al final satisfecho y en paz con mis seres queridos y con mi conciencia.
Tenemos dos vidas y la segunda comienza cuando te das cuenta que sólo tienes una.
Mário de Andarde (Sao Paulo 1893 – 1945)
Poeta, novelista, ensayista y musicólogo
Fue uno de los fundadores del modernismo brasileño

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Un error cartográfico desplaza un metro la urbanización de O Rosal y bloquea las licencias

3 de abril, 2018

Un error cartográfico desplaza un metro la urbanización de O Rosal y bloquea las licencias

El Concello intentó salvar la situación con una corrección de errores rechazada por la Xunta – No se pueden abrir negocios ni construir
Cristina G.  –    Moaña   17.03.2018 | farodevigo.es
Los particulares o promotores que quieren abrir un negocio en un bajo o edificar en una de las parcelas libres de la macro urbanización de O Rosal, compuesta por 574 viviendas en 82.000 metros cuadrados y que se construyó con el boom inmobiliario del 2000, se están encontrando con la negativa del Concello para darles licencia. El motivo no es otro que un error cartográfico que desplazó, entre medio metro y un metro, toda la urbanización en los planos del Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) aprobado parcialmente en 2011 y definitivamente en diciembre de 2016.

El problema, ocurrido cuando la empresa redactora del PXOM realizó el volcado digital, no se ha podido salvar, como ha querido el Concello, tramitando una corrección de errores ante la Dirección Xeral de Urbanismo de la Xunta. Consideraba que esta solución iba a ser la más rápida y ágil.Pero el pasado día 5 de febrero entraba en el registro del Concello de Moaña la respuesta de Urbanismo, firmada por la directora xeral, Encarnación Rivas, denegando esa corrección de errores en el PXOM de Moaña respecto al ámbito del antiguo plan parcial del Rosal-Sur e informaba de que se debía de tramitar mediante una modificación puntual de urbanismo. Esta solución requerirá una tramitación mucho más larga, y mientras tanto, toda la urbanización, queda fuera de ordenación.

Ello implica que desde el Concello no se pueda dar licencia de apertura para negocios, cambios de licencias o permisos de construcción, como ya se ha dado el caso de una parcela que se quiere vender para edificar y de un local para abrir un negocio.

No hay que olvidar que O Rosal fue la gran urbanización de Moaña que supuso el crecimiento del casco urbano por la zona noroeste y hoy en día es parte de su centro neurálgico en donde está el Concello, la piscina municipal, el hotel de 4 estrellas y su Spa y está junto a los dos institutos.

El problema empezó a detectarse el año pasado cuando desde el Registro de la Propiedad, a raíz de la ley 13/2015 se empezó a exigir para la inscripción de inmuebles, la aportación de las coordenadas del sistema universal UTM para confirmar que no supone invasión de caminos públicos. En el caso de esta urbanización, empezaron a detectarse problemas de invasión cuando el levantamiento topográfico de los particulares interesados en un local o en una parcela no coincidía con el del PXOM. Se confirmó un desplazamiento de las alineaciones oficiales de los edificios en dirección suroeste.

Lo que hizo el Concello, buscando una solución, fue trazar en la cartografía, como alineación oficial, la que realmente marcan los edificios y pedir su corrección de tal forma que se cambiara la línea oficial -de color negra- por otra roja -que marca la posición real de los inmuebles-. El gobierno llevó a pleno esa propuesta de corrección en octubre de 2017 y se aprobó por unanimidad para tramitarla ante Urbanismo de la Xunta. Previamente la había presentado a los partidos en una comisión de seguimiento del PXOM.

El concejal de Urbanismo, Odilo Barreiro, explica que para la aprobación definitiva del PXOM, se había optado por incorporar el plan parcial del Rosal al Planeamiento, pero desde la Xunta se aconsejó, aunque no de forma escrita, hacerlo como suelo urbano consolidado y fue en esa cartografía cuando hubo la traslación de ese medio metro o metro en las alineaciones. Añade que lo que se acordó fue tramitar en la Xunta una solución como corrección de rrores, a través de un acuerdo plenario. primero se llevó a comisión de seguimiento del PXOM a principios de octubre de 2017 y dos semana más tarde a pleno.

Sobre la tramitación de la modificación puntual, Odilo barreiro espera que no se prolongue en el tiempo.

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El Banco Europeo de Inversiones financiará 1.200 millones de euros para proyectos de I+D+i

2 de abril, 2018

El BEI financiará 1.200 millones de euros para proyectos de I+D+i
22 de marzo de 2018 mineco.gob.es
Este acuerdo supone la mayor operación de apoyo a la ciencia y la innovación realizada por el Banco Europeo de Inversiones
La ciencia española recibirá 1.200 millones de euros del Banco Europeo de Inversiones (BEI). El ministro de Economía, Industria y Competitividad, Román Escolano, ha anunciado este acuerdo en su primera visita al Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), donde ha afirmado que es el mayor proyecto en la historia del BEI en el ámbito de la ciencia y la innovación.

El ministro, que se ha reunido con el equipo directivo del CSIC y ha conocido proyectos científicos de interés, ha explicado que los proyectos movilizarán una inversión total de 2.486 millones de euros, de los cuales el 48% será financiado por el BEI. Los fondos se destinarán a actividades e inversiones intangibles en I+D+i llevadas a cabo por la Agencia Estatal de Investigación, los Organismos Públicos de Investigación (OPIS) y las Infraestructuras Científicas y Técnicas Singulares (ICTS).

La firma de este acuerdo (aprobado por el Consejo de Administración del BEI) asegurará gran parte de la financiación del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad a la I+D+i hasta 2020 en unas condiciones financieras muy ventajosas. Con esta operación, el BEI doblaría prácticamente el importe de las inversiones concedidas con anterioridad en materia de I+D+i en España (de 625 millones en 2012 y de 515 millones en 2014).

Los fondos aportados por el BEI se distribuirán en diferentes áreas de conocimiento: Biología, Química y Ciencias de la Tierra; Ingeniería y Tecnología; Agricultura; Física, Matemáticas y Astronomía; Ciencias Sociales y Humanidades, y Ciencias de la Salud.

Esta operación se enmarca en el programa InnovFin, una iniciativa lanzada por el Grupo del Banco Europeo de Inversiones en cooperación con la Comisión Europea en el marco del programa de investigación e innovación de la UE, Horizonte 2020. El préstamo del BEI proporcionará financiación a actividades de I+D+i encaminadas a mejorar la competitividad de la economía española, facilitando la inversión en proyectos que contribuyen a alcanzar los objetivos de la política científica y de innovación de la UE.

Banco Europeo de Inversiones

El BEI es el órgano financiero de los 28 países de la UE. Se financia en  los mercados de capital en condiciones ventajosas como consecuencia de su elevada calificación crediticia (AAA) y canaliza los fondos a proyectos destinados a potenciar la ciencia y la innovación, modernizar las infraestructuras, optimizar el suministro de energías o mejorar las condiciones medioambientales a un tipo de interés muy competitivo.

El Banco Europeo de Inversiones ha financiado dos operaciones en el ámbito de la I+D+i en España. En 2012 concedió un préstamo soberano de 625 millones de euros para financiar inversiones de I+D+i llevadas a cabo por OPIs e ICTS en el periodo 2012-2014. Y en 2014, un préstamo por 515 millones de euros para financiar convocatorias de ayudas para proyectos de I+D+i recogidas en el Plan Estatal de Investigación Científica, Técnica y de Innovación 2013-2016.

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Domingo de Resurrección

1 de abril, 2018

Domingo de Resurreccion

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Alfa y Omega

31 de marzo, 2018

Alfa y Omega

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El encuentro. León

30 de marzo, 2018

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Los registradores exigirán el ‘titular real’ a las empresas

29 de marzo, 2018

Los registradores exigirán el ‘titular real’ a las empresas
Xavier Gil Pecharromán

27/03/2018 – eleconomista.es
Los Registros Mercantiles exigirán este año, junto con el depósito de cuentas anuales de cada sociedad mercantil, que aquellas que tengan una titularidad real a favor de personas físicas, de forma directa o indirecta, de más del 25 por ciento de su capital social, presenten una declaración a cerca de ella.
Así se establece en la Orden JUS/319/2018, de 21 de marzo, por la que se aprueban los nuevos modelos para la presentación en el Registro Mercantil de las cuentas anuales de los sujetos obligados a presentarlas, publicada ayer en el BOE y que hoy entra en vigor.

En general se entiende por titular real a la persona o personas físicas que posean o controlen, directa o indirectamente, un porcentaje superior al 25 por ciento del capital o de los derechos de voto de una persona jurídica, o que por otros medios ejerzan el control, directo o indirecto, de la gestión de una persona jurídica. Si el control es indirecto por medio de persona jurídica debe indicarse su identidad.

En ejercicios sucesivos este formulario solo deberá ser cumplimentado si se han producido cambios en la titularidad real. Esta nueva exigencia de control viene motivada por la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo, y se centran en un formulario en el que debe manifestarse la identificación del titular real.

Prevención del blanqueo

Se trata de una de las piezas clave en los sistemas de prevención del blanqueo de capitales y de la lucha contra el terrorismo, saber quiénes son las personas físicas que están realmente detrás de las transacciones que son objeto de análisis por parte de los sujetos obligados a aplicar la normativa preventiva.

La mayoría de las sociedades tiene hasta el 31 de marzo para preparar sus cuentas anuales, pues por regla general el ejercicio termina el 31 de diciembre, puesto que el artículo 253 del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, establece que los administradores de la sociedad están obligados a formular, en el plazo máximo de tres meses contados a partir del cierre del ejercicio social, las cuentas anuales, el informe de gestión y la propuesta de aplicación del resultado, así como, en su caso, las cuentas y el informe de gestión consolidados.

Las empresas deberán acompañar este año, además de la identificación del titular real, el Informe sobre Información no financiera.

Se insertan dos nuevas casillas entre las destinadas a identificar los documentos contables para indicar si se ha efectuado el depósito del Informe sobre Información no financiera en caso de que la empresa obligada decida emitir, en relación con estas materias, un informe separado del Informe de gestión, así como el depósito de la Declaración de identificación del titular real.

Hasta el momento, el Notariado era quien venía poniendo a disposición de las autoridades de lucha contra el blanqueo la Base de Datos de Titular Real, elaborada desde 2012 con la información procedente del Índice Único Informatizado Notarial.

También, como novedad, se modifican las circunstancias que permiten la utilización del modelo abreviado. Los modelos estarán disponibles en formato PDF, editable en la página web del Ministerio de Justicia. Asimismo, en dicha web están disponibles en formato bilingüe con las lenguas cooficiales propias de las comunidades autónomas.

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El juez admite la personación de Puigdemont y de dos exconsellers de la Generalitat en la causa por el proceso secesionista de Cataluña

29 de marzo, 2018

Martes, 27 de marzo de 2018 poderjudicial.es

El juez admite la personación de Puigdemont y de dos exconsellers de la Generalitat en la causa por el proceso secesionista de Cataluña

Una vez detenido el expresidente del Govern y estando tramitándose las órdenes de detención relativas a los otros investigados.

Autor:Comunicación Poder Judicial

El magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena ha dictado este martes una providencia en la que acuerda tener por personado al expresidente de la Generalitat de Cataluña Carles Puigdemont en la causa que sigue en el alto tribunal por el proceso secesionista de Cataluña, por lo que dará traslado de lo actuado hasta ahora a su procurador.

Llarena también ha aceptado la personación de los exconsellers Clara Ponsatí y Lluis Puig. Los tres solicitaron al juez personarse el pasado 20 de marzo pero el juez lo denegó el viernes 23 en atención a no haber sido hallados y no encontrarse a disposición de este tribunal.

Ahora, el magistrado considera que sí procede aceptar la personación al haber sido detenido Puigdemont en Alemania el pasado día 25 como consecuencia de la orden de detención emitida contra él, y al estar tramitándose las relativas a los otros dos investigados.

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UGT y CCOO reclaman una gestión eficiente y sostenible de los recursos hídricos

28 de marzo, 2018

UGT y CCOO reclaman una gestión eficiente y sostenible de los recursos hídricos
UGT | jueves, 22 de marzo de 2018 ugt.es

• Según la ONU, más de 650 millones de personas viven sin suministro de agua potable y más de 1.800 millones utilizan una fuente de agua contaminada

• España es uno de los países que más está sufriendo las consecuencias del cambio climático, con el aumento de periodos de sequía o el incremento de fenómenos climáticos extremos

• Para UGT y CCOO, resulta imprescindible un gran Pacto del Agua, con la participación de las organizaciones sociales, que asegure el suministro, que incluya planes de actuación destinados a paliar el efecto de la sequía y establezca una gestión eficiente del agua

Hoy 22 de marzo se conmemora el Día Mundial del Agua con el lema “La respuesta está en la naturaleza”. El agua es un elemento esencial para el desarrollo sostenible. Una correcta gestión de los recursos hídricos es clave para reducir la pobreza, crear empleo verde y decente y aumentar la sostenibilidad ambiental.

La celebración de este año se centra en cómo la propia naturaleza puede ayudarnos a superar los desafíos relacionados con el agua en el siglo XXI. El cambio climático está empezando a provocar alteraciones asociadas a los recursos hídricos en todo el Planeta: inundaciones, sequías prolongadas, contaminación del agua…, que se ven agravadas debido a la degradación de la cubierta vegetal y del suelo. Por ello, cuando descuidamos nuestros ecosistemas estamos a la vez, dificultándonos el acceso a los recursos hídricos. En este sentido las soluciones naturales pueden dar respuesta a estos desafíos, a través, por ejemplo, de la reforestación y una adecuada gestión de los bosques, de la restauración de los humedales, etc. En definitiva, hay que devolver el equilibrio al ciclo del agua.

En la actualidad, según Naciones Unidas, más de 650 millones de personas viven sin suministro de agua potable cerca de su hogar y más de 1.800 millones de personas utilizan una fuente de agua contaminada por materia fecal. El agua no potable, acompañado por unas infraestructuras deficientes, es el causante de casi 850.000 muertes al año. En pleno Siglo XXI, estos dramáticos datos no se deben ni se pueden consentir.

Desde UGT y CCOO entendemos que urge actuar frente a estos datos con políticas globales y concretas en aras a cumplir los Objetivos de Desarrollo Sostenible (entre los que se incluyen el fin de la pobreza, hambre cero, salud y bienestar o agua limpia y saneamiento).

Centrándonos en nuestro país, España es uno de los países que más va a sufrir (y que ya está sufriendo) las consecuencias del cambio climático. El aumento de periodos de sequias unido al aumento de episodios de fenómenos climáticos extremos, producirán la degradación de los ecosistemas marinos y terrestres, así como graves afecciones en la actividad económica. En especial, sobre la agricultura, el turismo y la industria. Ejemplo de ello es el último periodo de sequía que estamos sufriendo. Según los datos oficiales, en noviembre los embalses españoles alcanzaron su nivel más bajo en los últimos 22 años con el 37,3 % de su capacidad total.

Es necesario pues, establecer una gestión eficiente del agua, así como planes de actuación con medidas destinadas a paliar el efecto de la sequía. No podemos esperar únicamente a que nos salven las precipitaciones. Para ello, tanto CCOO como UGT hemos propuesto al Gobierno la creación de una Comisión Interministerial para estudiar la situación de la sequía en España y sus consecuencias en el empleo y en desprotección de los trabajadores.

Por otro lado, el Gobierno inició hace unos meses, un proceso de información sobre su propuesta de Pacto Político del Agua. UGT y CCOO comparten con el Gobierno la necesidad de abordar un gran Pacto del Agua, pero éste debe ser enfocado desde un punto de vista social y contar con el respaldo y la participación de las organizaciones sociales y de los partidos políticos, asegurando que el acuerdo perdure en el tiempo y que no esté sometido a vaivenes políticos.

Para CCOO y UGT durante el proceso del debate del Pacto Social por el Agua es necesario abordar los siguientes temas:

– Reconocer por Ley de la resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU), que reconoce el derecho al agua potable y al saneamiento como un derecho humano esencial para el pleno disfrute de la vida y de todos los derechos humanos (A/RES/64/292).

– Redimensionar los diferentes usos del agua, siendo para ello una de las referencias científicas el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) que en sus distintos informes ya vienen avisando de los efectos del cambio climático en la menor disponibilidad del recurso del agua.

– Poner en marcha una política de inversión en I+D+i para actualizar los conocimientos sobre los recursos disponibles y su estado (tanto los acuíferos, como la capacidad de almacenar agua en las infraestructuras existentes).

– Elaborar un catálogo que contemple los caudales ecológicos mínimos y los distintos ecosistemas de cada Demarcación. El impacto que generará el cambio climático sobre el agua dulce va a implicar un alto riesgo de cambio (abrupto e irreversible), tanto en su composición como estructura, lo que redundará en una pérdida significativa de biodiversidad y de capital natural.

– Mejorar la calidad del agua cumpliendo con la legislación europea y nacional para acabar con la contaminación del agua, eliminando los vertidos de productos químicos y materiales peligrosos.

– Crear bancos de agua públicos que regulen las concesiones de uso y gestión del agua. La gestión del agua no puede depender de los intereses privados.

– Considerar la reutilización y la desalación del agua como un recurso más en la gestión del agua.

– Reformar las cuencas hidrográficas para democratizar la gestión y cumplir con las nuevas funciones que el desarrollo económico, social y ambiental exigen.

– Democratizar los órganos de participación en la gestión del agua, dimensionándolos a la actual demanda de participación de la sociedad.

– Integrar el concepto de Transición Justa, así como la creación de empleo verde y de calidad como pilar básico del Pacto.

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El Consejo General del Poder Judicial aprueba el informe sobre el Anteproyecto de Ley de Secretos Empresariales

28 de marzo, 2018

Jueves, 22 de marzo de 2018 poderjudicial.es

El CGPJ aprueba el informe sobre el Anteproyecto de Ley de Secretos Empresariales

El texto aboga por introducir, como requisito para considerar secreto empresarial una información, la existencia de un interés legítimo de su titular para evitar su divulgación. El Consejo advierte de que los pactos de confidencialidad no pueden afectar a la experiencia, capacidad y conocimientos adquiridos por un trabajador durante su permanencia en la empresa, porque afectaría a su desarrollo profesional

Autor:Comunicación Poder Judicial

El Pleno del Consejo General del Poder Judicial ha aprobado hoy el informe sobre el Anteproyecto de Ley de Secretos Empresariales, con la que se incorpora al ordenamiento jurídico español la Directiva UE 2016/943 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2016, relativa a la protección de los conocimientos técnicos y la información empresarial no divulgados (secretos comerciales) contra su obtención, utilización y revelación ilícitas.

El objetivo de la norma europea es paliar la falta de armonización existente en los ordenamientos de los Estados miembros de la Unión Europea en la definición y protección de los secretos comerciales, identificados con los conocimientos técnicos (know how) y la información empresarial, articulando las medidas, remedios y procedimientos a través de los que se ha de dispensar tal protección por los tribunales de justicia del orden jurisdiccional civil.

El informe aprobado hoy, del que ha sido ponente la vocal Mar Cabrejas, considera que la trasposición de la Directiva podría efectuarse sin necesidad de articular una nueva ley, introduciendo las modificaciones exigidas por la norma europea en las españolas vigentes, en particular en la Ley de Enjuiciamiento Civil y en la Ley de Competencia Desleal, al estimar que se produce cierto solapamiento normativo en tanto que la violación de los secretos empresariales constituye un acto desleal que cae dentro del ámbito material de esta última.

El Anteproyecto considera secreto empresarial cualquier información relativa a cualquier ámbito de la empresa -incluido el tecnológico, industrial, comercial, organizativo o financiero- que sea secreta –en el sentido de que no es generalmente conocida por las personas pertenecientes a los círculos en que normalmente se utilice el tipo de información en cuestión ni fácilmente accesible para ellas-, tenga un valor empresarial precisamente por ser secreta y haya sido objeto de medidas razonables por parte de su titular para mantenerla en secreto.

El Consejo considera, sin embargo, que esta definición es imprecisa y que el criterio para determinar cuándo una información debe ser considerada secreto empresarial “debería girar en torno a la existencia de un interés legítimo (de su titular) para mantenerla confidencial y una expectativa legítima de que se preserve dicha confidencialidad”.

El informe añade que ese interés legítimo, en línea con lo señalado por el Tribunal Supremo al interpretar el artículo 13.1 de la Ley de Competencia Desleal, debe residir en el valor competencial de la información, es decir, en la ventaja que otorga a su titular sobre sus competidores y que, por ello, se esfuerza en conservar, evitando su divulgación. El CGPJ considera asimismo que “la facilidad o no del acceso a la información (…) debe venir referida a los competidores, actuales o potenciales”.

Distinción entre secreto empresarial y conocimientos del trabajador

El texto aprobado por el Pleno  también considera que sería conveniente que el Anteproyecto “ofreciera pautas normativas para identificar lo más objetivamente posible la información y los conocimientos técnicos que integran el concepto de secreto empresarial frente a los conocimientos, experiencias y competencias del trabajador sobre los que no ha de pasar el deber de reserva”.

En este sentido, el órgano de gobierno de los jueces señala que numerosos casos de utilización y revelación ilegítima de secretos empresariales se producen en el marco de las relaciones laborales –tanto durante su desarrollo como a su extinción- y que si bien el deber de reserva o confidencialidad del trabajador durante la relación laboral es consustancial al deber de buena fe que debe presidir ésta, la obligación de confidencialidad -y más si se concibe permanentemente- puede ser inconciliable con el derecho a la libertad de trabajo.

Así, para determinar qué conocimientos y experiencia adquiridos por el trabajador durante el tiempo que dura su relación con un empresario pueden ser puestos al servicio de otro una vez extinguida la relación con el primero, “cabe considerar que integran el acervo del trabajador aquellos conocimientos que, incluso recayendo sobre la información empresarial, las técnicas, los procedimientos, el know how o los conocimientos técnicos capaces de integrar el concepto de secreto empresarial, se encuentran tan estrechamente vinculados a la experiencia, capacidad y conocimientos del trabajador que, de no poder utilizarse, se impediría o limitaría excesivamente el desarrollo de su actividad profesional”, dice el Consejo.

Protección del secreto empresarial durante el procedimiento judicial

El Anteproyecto establece que los jueces y tribunales podrán, de oficio o previa solicitud motivada de una de las partes, adoptar medidas concretas para preservar la confidencialidad de la información que pueda constituir secreto empresarial y haya sido aportada a un procedimiento judicial, entre ellas la restricción a un número limitado de personas del acceso a los documentos o a las vistas en las que pueda revelarse esa información.

Esas restricciones, además, pueden mantenerse en vigor incluso después de haber concluido el proceso judicial y en tanto que la información constitutiva del secreto empresarial no haya pasado a ser de dominio público. Eso incluye la publicidad parcial del texto de la sentencia, eliminando u ocultando los pasajes que contengan información que pueda constituir secreto empresarial.

El CGPJ considera que estas medidas de confidencialidad se encuentran dentro de la esfera de excepciones del principio de publicidad de las actuaciones procesales que contempla el artículo 120.1 de la Constitución Española y el artículo 232.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y cuentan con el marco legal habilitante exigido por esos preceptos.

El Anteproyecto, por otra parte, deja fuera de la protección que dispensa la Ley la obtención, utilización o revelación de un secreto empresarial que haya tenido lugar en ejercicio del derecho a la libertad de expresión e información constitucionalmente reconocido, incluido el respeto a la libertad y al pluralismo de los medios de comunicación. También será lícita la revelación de un secreto empresarial que tenga como finalidad “descubrir, en defensa del interés general, alguna falta, irregularidad o actividad ilegal”.

Fijación de la indemnización por violación del secreto empresarial

El informe aprobado por el Pleno advierte de que el prelegislador no concreta en la norma los elementos para la fijación de la indemnización de los daños y perjuicios causados por la violación del secreto empresarial, y propone adaptar a esta materia los criterios establecidos en la Ley de Patentes, que incluyen los gastos de investigación en los que se haya incurrido para obtener pruebas de la comisión de la infracción, las consecuencias económicas negativas (beneficios que el titular habría obtenido de no existir la infracción o beneficios obtenidos por el infractor), o la cantidad que el infractor hubiera debido pagar al titular del secreto empresarial por la concesión de una licencia.

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Las exportaciones aumentan un 6,5% y marcan máximos históricos

27 de marzo, 2018

21 de marzo de 2018 mineco.gob.es
Las exportaciones aumentan un 6,5% y marcan máximos históricos
España exportó en enero por valor de 22.830 millones de euros
Las exportaciones españolas de mercancías aumentaron en enero un 6,5% respecto al mismo mes del año anterior y alcanzaron los 22.830 millones de euros, máximo histórico de la serie para el mes de enero. Las importaciones crecieron un 8,9%, hasta los 26.765 millones, también en record histórico. Como resultado, el déficit comercial se situó en 3.935 millones, un 25,5% más que en el mismo mes de 2017. Con la serie desestacionalizada y corregida del efecto calendario, los incrementos serían del 3,1% para las exportaciones y del 5,1% para las importaciones.

La tasa de cobertura -exportaciones sobre importaciones- se situó en el 85,3% (87,2% en enero de 2017). En volumen, las exportaciones crecieron un 4,5%, ya que los precios, aproximados por los Índices de Valor Unitario, crecieron un 1,9%; y las importaciones se incrementaron un 6,5%, ya que los precios subieron un 2,3%.

El saldo no energético arrojó un déficit de 1.124 millones de euros, (-855 millones en enero de 2017); y el déficit energético aumentó un 23,3%, hasta los 2.811 millones de euros (-2.280 millones en 2017).

Las exportaciones españolas crecieron en menor porcentaje que en la zona euro (9%), Unión Europea (8,1%), Italia (9,5%), Alemania (8,6%), Francia (8%), y Japón (12,3%). En cambio, los incrementos en Reino Unido (3%) y EEUU (6,2%) fueron menores.

Todos los sectores experimentaron crecimientos en sus exportaciones. En particular, los principales sectores fueron los bienes de equipo (representan un 17,9% del total) y ascendieron un 4,3%; alimentación, bebidas y tabaco (16,8% del total) creció un 0,4%; el automóvil (16% del total) aumentó un 3,3%; productos químicos (14,7% del total) subió un 8,6%; y manufacturas de consumo (11,1% del total) se incrementó un 24,2%.

Las principales contribuciones al crecimiento de las exportaciones provinieron de los sectores de manufacturas de consumo (contribución de 2,3 puntos), productos químicos (contribución de 1,2 puntos), bienes de equipo (contribución de 0,8 puntos) y semimanufacturas no químicas (contribución de 0,8 puntos).

El crecimiento de las importaciones se explica por el aumento de la demanda interna y por el incremento de las compras al exterior de productos energéticos. Los ascensos se registraron en todos los sectores: bienes de equipo (18,7% del total) subieron un 3,7% interanual; productos energéticos (16,8% del total), un 15,1%; productos químicos (15,1% del total), un 13,1%; y automóvil (12,7% del total), un 9,7%.

Las exportaciones dirigidas a la UE (68% del total) crecieron un 6,7% interanual en enero pasado. Las ventas a la zona euro (53,2% del total) aumentaron un 6,1% y las destinadas al resto de la UE (14,8% del total), un 8,9%. De entre nuestros principales socios, los mayores aumentos correspondieron a Portugal (17,6%), Reino Unido (6,4%), Alemania (5,7%) y Francia (3,2%). En el resto de Europa, las ventas a Turquía y a Rusia se incrementaron un 12,4% y 16,3%, respectivamente.

Las ventas a terceros destinos (32% del total) crecieron un 6% en este periodo, con aumentos de las exportaciones a todas las grandes zonas excepto a Oriente Medio (-9,8%). Subieron las ventas a Oceanía (45,6%), América Latina (16,3%), África (9,1%), América del Norte (0,8%) y Asia excluido Oriente Medio (0,7%).

Por países destacan los aumentos de exportaciones a mercados como Argentina (68,9%), Australia (49,9%), Nigeria (34,3%), Egipto (32,1%), México (29,9%), Taiwán (27,9%), Argelia (26,1%), Marruecos (9,9%), Canadá (2,8%) o Estados Unidos (0,6%). Se redujeron las ventas a Emiratos Árabes (-36,7%), Arabia Saudí (-18,2%), Singapur (-17,3%), Corea del Sur (-16,3%), India (-11,3%) o Hong-Kong (-8,3%).

Las comunidades autónomas con mayores crecimientos en sus exportaciones fueron Baleares (46,4%), Galicia (34,5%) y Extremadura (17,4%). Los mayores descensos se dieron en Asturias (-28,6%), Murcia (-8,4%) y Cantabria (-5%).

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El Tribunal Constitucional desestima el recurso de súplica de Jordi Sánchez y rechaza de nuevo su petición de excarcelación

27 de marzo, 2018

Tribunal Constitucional
Gabinete del Presidente
Oficina de Prensa
Nota informativa nº 32/2018 tribunalconstitucional.es
El TC desestima el recurso de súplica de Jordi Sánchez y rechaza de nuevo su petición de excarcelación
El Pleno del Tribunal Constitucional, por unanimidad, ha desestimado el recurso de súplica presentado por Jordi Sánchez contra la decisión, adoptada el pasado 7 de marzo, de denegar su excarcelación. Sánchez había solicitado al Tribunal que suspendiera cautelarmente su situación de prisión provisional con el fin de poder asistir, el día 9 de marzo, a la sesión en la que el Parlamento de Cataluña tenía previsto celebrar el debate sobre su investidura como Presidente de la Generalitat.
En una resolución dictada hoy, el Pleno explica que, según reiterada doctrina constitucional, la suspensión cautelar de las resoluciones judiciales recurridas en amparo es una “medida provisional de carácter absolutamente excepcional”. De hecho, suspender los efectos de las resoluciones dictadas por jueces y tribunales “supone una injerencia de la jurisdicción constitucional en las decisiones adoptadas por la jurisdicción ordinaria” que, si bien puede producirse, “ha de ser abordada con cautela para evitar que este Tribunal desempeñe funciones que le están constitucionalmente vedadas”. La suspensión cautelar de esas resoluciones, señala el Tribunal, puede acordarse sólo excepcionalmente, y cuando exista riesgo de que los derechos fundamentales objeto del recurso de amparo puedan sufrir un daño irreparable.
En este caso concreto, los derechos cuya protección Sánchez reclama al Tribunal mediante el recurso de amparo presentado el 22 de noviembre de 2017 son el derecho a la libertad y el derecho a la tutela judicial efectiva. Por tanto, son únicamente estos derechos los que el Tribunal debe examinar antes de decidir si procede o no acordar la suspensión cautelar de los autos de prisión recurridos en amparo.
Si el recurrente, advierte el Pleno, “con posterioridad a la interposición del amparo, ha visto condicionado el ejercicio de otros derechos fundamentales, por ejemplo el de participación política del art. 23 CE a consecuencia de la medida de prisión provisional, ha de denunciar dicha vulneración sobrevenida ante la jurisdicción ordinaria y después, en el oportuno proceso de amparo”. Es decir, dentro del presente proceso de amparo, Sánchez no puede denunciar que la negativa a excarcelarle vulnera su derecho de participación política, pues cuando se acordó su ingreso en prisión provisional “el recurrente en amparo no era siquiera candidato a las elecciones al Parlamento de Cataluña”.
El Tribunal afirma que, con su pretensión, el recurrente no sólo ignora “la interpretación restrictiva” que debe hacerse respecto de la suspensión cautelar de las resoluciones judiciales; también olvida que la negativa del Tribunal Supremo a concederle un permiso extraordinario para poder acudir a la sesión de investidura es una decisión que “aúnpuede ser objeto de recurso tanto en vía jurisdiccional como mediante recurso de amparo ante este Tribunal Constitucional, siempre que se agote la vía judicial previa”.
“La pretensión del recurrente de utilizar el recurso de súplica frente a la denegación de suspensión de medidas cautelares en el presente recurso de amparo, para abrir una suerte de recurso de amparo en paralelo es, sencillamente, inviable”, concluye el Tribunal. De hecho, supondría alterar las normas procesales que rigen por igual para todos los recurrentes.
El Tribunal explica, además, que en este caso no procede levantar la medida cautelar de prisión provisional porque supondría otorgar el amparo de forma anticipada. De hecho, dejar en suspenso ahora la prisión provisional equivaldría a corregir la decisión del órgano judicial; y la corrección de esa medida provisional es, precisamente, lo que se discute en este proceso de amparo.
Además, la suspensión cautelar de la prisión provisional “negaría toda virtualidad” a los fines perseguidos por esta medida, que la jurisprudencia de este Tribunal ha reconocido como “constitucionalmente legítimos” y “congruentes” con el objetivo de evitar el riesgo de fuga, la obstrucción a la acción de la justicia y la reiteración delictiva..
Por último, el Pleno rechaza que la decisión del Tribunal Supremo de mantener la prisión provisional sea una mera confirmación de los autos dictados por la Audiencia Nacional, únicos que han sido objeto de este recurso. Se trata “de resoluciones distintas, independientes y autónomas, que responden a argumentaciones propias de cada órgano jurisdiccional y que, por tanto, no pueden considerarse equivalentes tal y como alega el recurrente en amparo, ni pueden tenerse como objeto implícito del presente recurso de amparo”.
Madrid, 22 de marzo de 2018

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Comunicado de la Comisión Permanente del CGPJ. 25 de marzo de 2018

26 de marzo, 2018

Domingo, 25 de marzo de 2018 poderjudicial.es

Comunicado de la Comisión Permanente del CGPJ

Autor:Comunicación Poder Judicial

La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, reunida hoy en sesión extraordinaria, ha aprobado la siguiente declaración:

“En el día de hoy, la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial ha tenido conocimiento del ataque producido en las inmediaciones de una las residencias del Magistrado del Tribunal Supremo, D. Pablo Llarena Conde, en una localidad de Cataluña. Y asimismo también ha tenido noticia de actuaciones similares que se han producido en las sedes judiciales de diversas localidades de Cataluña.

Ante estos hechos, la Comisión Permanente del Consejo:

1. Considera que estas acciones entrañan una manifiesta coacción sobre el Magistrado y su familia que atentan contra el ejercicio de las funciones que tiene encomendadas como miembro y servidor del Poder Judicial.

2. Ha procedido a dar cuenta de estos hechos al Ministerio del Interior a fin de que se adopten las medidas necesarias para la protección del Magistrado agredido y de su familia, así como de los restantes Jueces y Magistrados en Cataluña.

3. Ha puesto estos hechos en conocimiento de la Fiscalía General del Estado para que se proceda a la investigación de los delitos que pudieran haberse cometido.

4. Hace una llamada a la sensatez y la calma a la ciudadanía en Cataluña para que cualquier discrepancia que mantenga con el contenido de las resoluciones judiciales se exprese por cauces civilizados y dentro de la Ley, en la convicción de que solo en la Ley y con respeto a la Ley es posible expresar la discrepancia; pero advierte que, en todo caso, amparará y defenderá la independencia del Poder Judicial y de quienes lo ejercen en Cataluña”.

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El Tribunal Superior de Justicia de Madrid recuerda a los jueces que deben evitar en los desahucios que los menores de edad queden desprotegidos

26 de marzo, 2018

Miércoles, 21 de marzo de 2018 poderjudicial.es

El TSJ de Madrid recuerda a los jueces que deben evitar en los desahucios que los menores de edad queden desprotegidos

Estima parcialmente el recurso presentado por una mujer que reside de manera ilegal en una vivienda propiedad del IVIMA

Autor:Comunicación Poder Judicial

La Sección Octava de la Sala de Lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha estimado parcialmente el recurso presentado por una mujer que reside de manera ilegal en una vivienda propiedad del IVIMA y ha ordenado al juez que autorizó la entrada en el domicilio para llevar a cabo el desalojo que rectifique la parte dispositiva del auto e incluya en éste cautelas encaminadas a evitar situaciones de desprotección ante la eventual presencia de menores en la familia, con la advertencia de que se informe a los servicios sociales correspondientes para recabar su necesaria colaboración.

Con su decisión, los jueces, según se refleja en la sentencia, se apartan “respetuosamente” de la doctrina del Tribunal Supremo y señalan que el juicio de ponderación que se ha de adoptar en los supuestos de presencia de menores en los desalojos no afecta a la decisión de entrada, sino a la manera en que la administración debe ejecutar la misma.

El Tribunal Supremo, en un caso similar, ordenó al juzgado retrotraer las actuaciones al momento anterior a la solicitud de desalojo por parte del IVIMA para no lesionar la debida protección jurídica de los derechos e intereses de los menores de edad en el proceso de desahucio, y ordenó también que se dictase una resolución suficientemente motivada que ponderase su situación personal, social y familiar, en la que, sin entrar en juicio acerca de la aplicación del principio de proporcionalidad, se respondiera, teniendo en cuenta los datos y elementos disponibles, sobre la afectación de los derechos e intereses de los menores afectados por la decisión judicial.

La Sala del TSJ de Madrid entiende, sin embargo, que las circunstancias personales de precariedad y necesidad, por “muy atendibles que puedan ser en los ámbitos propios de los servicios sociales asistenciales de la administración”, no pueden servir para paralizar la concesión de entrada solicitada, ya que esta circunstancia convertiría al juez que tramita el asunto “no en un juez garante de la inviolabilidad del domicilio y de la ejecutividad del acto, sino en un juez revisor del acto mismo, alterando el sistema de ejecutividad de los actos administrativos”, al que sólo se le permitiría adoptar medidas en orden a la ejecución de entrada tendentes a la protección efectiva del menor.

En el asunto presente, se trata de una mujer que reside en una vivienda propiedad del IVIMA con una hija menor de edad, nacida en el año 2002, sobre la que perdió el derecho de uso tras el fallecimiento de su marido en 2004 al extinguirse la relación contractual.

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El juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena acuerda la prisión provisional incondicional de Turull, Rull, Romeva, Bassa y Forcadell

26 de marzo, 2018

Viernes, 23 de marzo de 2018 poderjudicial.es

El juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena acuerda la prisión provisional incondicional de Turull, Rull, Romeva, Bassa y Forcadell

Por riesgo de fuga y de reiteración delictiva

Autor:Comunicación Poder Judicial

El magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo Pablo Llarena ha acordado este viernes el ingreso en prisión provisional incondicional de los exconsellers del Govern de la Generalitat de Cataluña Jordi Turull, Josep Rull, Raül Romeva y Dolors Bassa y de la expresidenta del Parlament catalán Carme Forcadell.

El juez ha tomado esta decisión una vez celebradas laa comparecencias del artículo 505 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal después de haberles procesado por un delito de rebelión y, en el caso de los cuatro exconsellers, también de malversación.

En los autos de prisión, el juez aprecia un grave riesgo de fuga en los encausados derivado de la grave punción a la que se enfrentan por su eventual responsabilidad penal por rebelión, en un momento en el que las sospechas que se plasmaban al inicio del proceso son hoy indicios racionales y firmes de la posible perpetración de unos hechos que presentan una determinada consideración delictiva y de la participación que en ellos han podido tener los procesados.

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Condenan a una empresa a indemnizar a una trabajadora que cobró menos que sus compañeros varones por el mismo trabajo

25 de marzo, 2018

Viernes, 23 de marzo de 2018 poderjudicial.es

Condenan a una empresa a indemnizar a una trabajadora que cobró menos que sus compañeros varones por el mismo trabajo

La Sala de lo Social del TSJA confirma la sentencia de un Juzgado de lo Social que había condenado a la empresa por discriminación salarial por razón de sexo

Autor:Comunicación Poder Judicial

La Sala Social del Tribunal Superior de Justicia con sede en Málaga ha confirmado íntegramente la sentencia de un Juzgado de lo Social que condenó a una empresa a indemnizar con 35.000 euros a una trabajadora que los demandó por cobrar menos que sus compañeros varones por el mismo trabajo. La trabajadora alegó una vulneración del derecho de igualdad y no discriminación al percibir una retribuciones inferiores a las que se le abonan a los otros responsables de departamento de la empresa demandada, todos ellos varones.

El Juzgado de lo Social número 2 de Málaga condenó a la empresa demandada a restituir el derecho de la trabajadora a percibir el salario del resto de responsables de departamento y condenó a la empresa a abonar la indemnización de 35.000 euros por el concepto de los daños y perjuicios sufridos por tal improcedente comportamiento empresarial.

La sentencia del TSJA recoge que la trabajadora, durante los años 2010 a 2017 “ha percibido unas retribuciones sustancialmente inferiores a la de los otros responsables de departamento, habiendo llegado a dicha conclusión el Magistrado de instancia tras analizar los diferentes recibos de salarios y justificantes de retribuciones”.

La trabajadora demandó a la empresa al sentirse discriminada salarialmente respecto de sus compañeros de trabajo varones que ostentaban el mismo puesto de trabajo de responsable de departamento.

La sentencia señala que “no toda desigualdad de trato supone una infracción del contenido del artículo 14 de la Constitución Española, sino tan sólo las que introduzcan una diferencia entre situaciones que puedan considerarse iguales, sin que se ofrezca y posea una justificación objetiva y razonable para ello, pues, como regla general, el principio de igualdad exige que a iguales supuestos de hecho se apliquen iguales consecuencias jurídicas”.

Así, se recoge que la trabajadora durante los años 2014, 2015 y 2016 ha percibido unas retribuciones sustancialmente inferiores a la de los otros cuatro responsables de departamento de la empresa demandada, todos ellos varones, pues en el año 2014 la demandante percibió un total de 37.897, 60 euros, mientras que el resto de sus compañeros de idéntica categoría percibieron una retribuciones comprendidas entre los 39.622,56 euros y los 41.122,64 euros, incrementándose dichas diferencias en el año 2015 (la actora percibió 37.897, 60 euros frente a los 42.022 € de sus compañeros) y en el año 2016 (38.047 euros de la actora frente a 43.650,04 euros de uno de sus compañeros y 48.950,12 euros de los tres restantes).

Asimismo, prosigue la sentencia, “consta probado que la cantidad abonada a la actora en concepto de incentivo era inferior a la satisfecha al resto de los responsables de departamento, existiendo unas diferencias que en los dos últimos años ha llegado a superar los 2000 euros”.

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La inversión extranjera en España alcanzó los 36.122 millones de euros, un 0,7% más que en 2016

24 de marzo, 2018

20 de marzo de 2018 mineco.gob.es
La inversión extranjera en España alcanzó los 36.122 millones de euros, un 0,7% más que en 2016
La inversión se sitúa en máximos desde 2008
La inversión extranjera en España en 2017 alcanzó los 36.122 millones de euros, la cifra más alta desde 2008 y un 0,7% superior a la de 2016, según los datos del Registro de Inversiones Extranjeras (RIE) de la Secretaría de Estado de Comercio. En términos netos, la inversión extranjera se situó en 24.545 millones de euros, un 12,3% menos que en 2016. Las cifras de flujos de inversión directa suelen ser muy volátiles ya que una sola operación de envergadura puede alterar significativamente al alza o a la baja las comparaciones, por lo que es pertinente contrastarlas con medias de los últimos años. Así, la comparación con la media de los últimos cinco años refleja un aumento de la inversión bruta del 25,6% y del 18,7% en términos netos.

La inversión productiva extranjera (descontadas las ETVE -entidades de tenencia de valores extranjeros- que son financieras y no generan efectos económicos reales significativos) experimentó un descenso del 7,2% hasta los 23.758 millones en términos brutos. En neto se situó en 12.323 millones, un 36% menos que un año antes. La inversión bruta en ETVE alcanzó 12.365 millones, con un crecimiento del 20,6%, debido sobre todo a tres operaciones puntuales que equivalen al 73% de la inversión total en este tipo de entidades.

La disminución de la inversión productiva neta se explica por el incremento de las desinversiones en un 80,1%. Parte importante de este ascenso corresponde a una única operación de venta de una participación en una compañía por parte del inversor extranjero a una sociedad española, pero en realidad este movimiento accionarial no tiene impacto negativo en la economía puesto que no supone reducción de la actividad empresarial. Lo mismo ocurre con la mayoría de las ventas registradas en el año.

Las inversiones extranjeras para nuevas aportaciones a empresas por parte de los inversores extranjeros (constituciones y ampliaciones), que son las que tienen impacto sobre el empleo, suponen el 78,7% de la inversión productiva bruta y aumentaron un 52%. La adquisición de empresas ya constituidas supone el 21,3% restante y descendió un 62%.

Los principales países inversores son Luxemburgo (20,9%), Alemania (13,6%), Reino Unido (13,1%), Estados Unidos (10,7%) y Francia (9,7%). Entre los cinco concentran el 68% del total. EEUU dejó de ser el primer inversor (caída del 50,1%) y pasó a ocupar la cuarta posición. Suiza aumentó sus inversiones un 347,8% respecto a 2016, debido al efecto de una sola operación.

Por regiones, los países de la OCDE, que acaparan el 93,1% de las inversiones, registraron un descenso del 5,3%. También cayeron las inversiones procedentes de áreas como Latinoamérica (66,7%), América del Norte (52,8%) y Asia y Oceanía (76,8%). Las inversiones procedentes de la UE (que concentran el 70,2%), aumentaron un 18,7% y las de África lo hicieron un 344,8%, debido fundamentalmente a dos inversiones.

Los principales sectores de destino de la inversión productiva fueron actividades inmobiliarias (13,2% del total), suministro de energía eléctrica y gas (10,3% del total), servicios financieros (7%), telecomunicaciones (6,7%) y comercio al por mayor (6,4%). Estas cinco rúbricas acaparan casi la mitad de la inversión del año.

La Comunidad de Madrid, con 14.521 millones (61,1% del total y aumento del 24,7%); Cataluña, con 3.093 millones (13% del total y un descenso del 39,8%) y País Vasco, con 2.616 millones (11% del total y un aumento del 70,8%) concentran el 85,1% de la inversión productiva. Cataluña volvió al segundo puesto que había perdido en el tercer trimestre debido a una recuperación de la inversión entre octubre y diciembre pasados (910 millones), a pesar de que fue prácticamente la mitad de la registrada en el mismo periodo de 2016 (1.764 millones). El peso de la inversión en Cataluña respecto al conjunto del país ha pasado del 20,1% en 2016 al 13% en 2017. Si la comparación se lleva a cabo con la inversión media de los últimos cinco años, la caída registrada en 2017 alcanza el 23,9%.

Inversión española en el exterior

En 2017 la inversión española en el exterior alcanzó los 30.736 millones de euros, un 42% menos que en 2016. En neto, se situó en -2.606 millones de euros, un 106,5% menos que un año antes. La inversión productiva bruta alcanzó los 19.761 millones de euros, un 47% menos, y en términos netos se situó en -9.856 millones, un 137,8% menos que en 2016. La caída de la inversión neta se debe fundamentalmente a una operación de reestructuración societaria de un grupo extranjero por la que una sociedad española absorbe una filial en el exterior, liquidando por tanto su inversión.

El destino principal de la inversión productiva española bruta fue EEUU, que, a pesar de registrar una caída del 45% respecto a 2016, incrementó su porcentaje relativo sobre el total hasta el 14,2% (desde el 13,7%). Le siguió Francia, con 2.795 millones y una cuota que pasó del 1,2% al 14,1%. La tercera posición la ocupó México, que recibió 1.567 millones de euros (643 en 2016), lo que representa un 8,7% del total. Destacó el incremento de las inversiones en Colombia (216,6%) y en Portugal (115,6%) así como la caída de las dirigidas a Irlanda (77,5%) y Reino Unido (93,6%).

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El Tribunal Supremo desestima los recursos de Joaquim Forn y Jordi Sànchez contra su prisión provisional

24 de marzo, 2018

Jueves, 22 de marzo de 2018 poderjudicial.es

El Tribunal Supremo desestima los recursos de Joaquim Forn y Jordi Sànchez contra su prisión provisional

La Sala Segunda coincide con el magistrado instructor, Pablo Llarena, en que existe riesgo de reiteración delicitiva

Autor:Comunicación Poder Judicial

La Sala Segunda, de lo Penal, del Tribunal Supremo ha dictado dos autos en los que acuerda desestimar los recursos de apelación planteados por el exconseller de Interior catalán Joaquim Forn y por el expresidente de la Assemblea Nacional de Catalunya (ANC) Jordi Sànchez contra su situación de prisión provisional. En ambos casos, la Sala comparte con el juez instructor Pablo Llarena que existe riesgo de reiteración delictiva que motiva la decisión.

En el auto relativo a Joaquim Forn, el tribunal indica, en primer lugar, que el recurrente mostró una especial determinación en la ejecución de los hechos delictivos que se le imputan, “cuya organización y ejecución se prolongó durante un periodo cercano a los dos años”, “hechos entre los que se encuentran aquellos que se orientaban a a incitar a los ciudadanos a votar en un referéndum ilegal como paso previo a la independencia a pesar de la oposición evidente del Estado, y a permitir el enfrentamiento físico de los ciudadanos con las fuerzas policiales que trataban de asegurar el cumplimiento de la ley”.

Como segundo punto, la Sala recuerda que Forn ocupó entonces un cargo de especial responsabilidad como conseller de Interior, desde el cual se impulsaron y cometieron los hechos que indiciariamente se consideran delictivos, lo que le convertía en uno de los referentes de sus partidarios, “situación que previsiblemente recuperaría en caso de obtener la libertad provisional”.

En tercer lugar, la Sala considera un hecho notorio que, en este momento, no existen indicios claros de que aquellos que cometieron los hechos que se investigan hayan abandonado definitivamente la voluntad de enfrentamiento directo con el Estado con la finalidad de obtener la independencia, lo cual aumenta las posibilidades de reiteración delictiva.

Por último, la Sala tiene en cuenta la gravedad de los hechos y la intensidad correlativa del posible daño a los bienes jurídicos protegidos, por lo que el interés público aconseja el aseguramiento de tal protección aunque sea sacrificando la libertad individual del recurrente.

En relación con la posición mantenida por el fiscal, que solicitó en la vista del recurso la libertad bajo fianza de 100.000 euros de Forn, el tribunal señala que en su exposición el Ministerio Público se limitó a señalar en primer lugar que no existía riesgo de reiteración delictiva lo que no acompañó de argumento alguno de sentido contrario a los desarrollados por la propia Fiscalía en el informe de alegaciones por escrito presentado el 19 de febrero ante la Sala, en el que, conocidas ya las manifestaciones del recurrente sobre su abandono de la actividad política y su renuncia al escaño, asumió el criterio del instructor y solicitó la confirmación del auto recurrido.

En segundo lugar, el fiscal mencionó una enfermedad del recurrente “cuya existencia –destaca el auto—no consta a esta Sala, y que no fue alegada ni documentada por la defensa”. El tribunal, teniendo en cuenta estos dos aspectos, concluye que no se aprecian razones derivadas de las mencionadas alegaciones que puedan ser consideradas suficientes para rectificar el criterio del instructor, “sin perjuicio de que el mismo, en momentos posteriores, pueda valorar esos aspectos en relación con todos los demás que resulten de la instrucción de la causa y de la eventual modificación de las circunstancias concurrentes para adoptar en cada momento la resolución que resulte a su criterio procedente”.

En relación con el recurso presentado por Jordi Sànchez, la Sala afirma que en este caso “resulta evidente que la magnitud de los indicios y la apariencia de buen derecho, junto con una motivación precisa permiten concluir que la decisión adoptada fue respetuosa con los derechos a la presunción de inocencia, la tutela judicial efectiva, el juicio de proporcionalidad inherente a la gravedad de los delitos y sus penas y el derecho a la libertad, pues ponderaba adecuadamente, en una resolución motivada, los derechos a la libertad provisional y a la presunción de inocencia con los fines constitucionalmente legítimos con los que un Estado de Derecho protege la paz pública, el orden social y la seguridad democrática que está en la base de su propia pervivencia. El respeto a la ley que los investigados despreciaron con sus actuaciones criminales ha sido precisamente el que ha presidido el dictado de esta resolución, que solo sobre el presupuesto de fundadas razones sacrificaba los derechos invocados”.

Del mismo modo, la Sala niega que se hayan vulnerado los derechos a la libertad ideológica y a la participación en asuntos públicos del recurrente. “No existen presos políticos en esta causa, sino políticos que están presos por haber cometido indiciariamente delitos gravísimos de rebelión y sedición entre otros, donde, no existiendo víctimas individualizadas, son atacados los bienes jurídicos colectivos protegidos. Pretendían, con violencia, absolutamente imprescindible para consumar sus propósitos de sustitución de la legalidad constitucional por otra distinta y espuria, segregar de España un aparte de su territorio. Y ese es un gravísimo delito contra la Constitución española”.

“Con arreglo a ello, resulta evidente, por tanto, que respecto del investigado -en el plano indiciarlo propio de este momento- desde su posición de influencia en las movilizaciones multitudinarias y su compromiso de integrarse en una candidatura que proclama el objetivo de restablecer la dinámica política que condujo a las actuaciones de las que nacen las responsabilidades que este proceso penal contempla y que desembocó en la aplicación del artículo 155 de la Constitución, el juicio de reiteración delictiva surge nítido”, señala el auto.

Añade que es así “en atención a los parámetros exigidos por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de previsible continuación prolongada de actos punibles, gravedad de los perjuicios sufridos por las víctimas con la crisis política, económica, y constitucional abierta en Cataluña por el intento de segregación violenta de ese territorio de la unidad nacional, la personalidad del acusado como icono (la calificación del Instructor como “carismático”, sin duda se refiere simplemente al sentido dado por el Diccionario de la Real Academia, como “dotado de un don”) de asociaciones expertas en movilizaciones populares, la perturbación del orden público provocada por la infracción penal, la experiencia y el grado de capacidad del imputado para facilitar la repetición de los actos delictivos, o las exigencias del interés público en atención a la particulares circunstancias del caso”.

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El Tribunal Supremo establece que el pago del impuesto por la constitución de las hipotecas incumbe al prestatario

23 de marzo, 2018

Miércoles, 21 de marzo de 2018 poderjudicial.es

El Tribunal Supremo establece que el pago del impuesto por la constitución de las hipotecas incumbe al prestatario

El Pleno de la Sala Primera notifica la sentencia cuyo fallo adelantó el pasado 28 de febrero en la que resuelve dos recursos sobre el pago del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados

Autor:Comunicación Poder Judicial

El Pleno de la Sala Primera, de lo Civil, del Tribunal Supremo, ha estudiado este miércoles dos recursos relativos a reclamaciones de consumidores contra cláusulas de escrituras de préstamo con garantía hipotecaria que les atribuían todos los gastos e impuestos generados por la operación.

En concreto, el alto tribunal discutía únicamente lo relativo al pago del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.

Los magistrados estiman en parte los recursos y establecen que: a) por la constitución del préstamo, el pago incumbe al prestatario, de acuerdo a la jurisprudencia constante de la Sala III del propio Supremo; y b) por el timbre de los documentos notariales, el impuesto correspondiente a la matriz se abonará por partes iguales entre prestamista y prestatario, y el correspondiente a las copias, por quien las solicite.

El fallo ha sido comunicado ya a los procuradores de las partes. El texto íntegro de las sentencias se dará a conocer en los próximos días.

La nota informativa facilitada por la Sala Primera señala lo siguiente:

“El Pleno de la Sala Primera del Tribunal Supremo ha deliberado y resuelto en el día de hoy dos recursos de casación en relación con sendas reclamaciones de consumidores contra cláusulas de sus escrituras de préstamo con garantía hipotecaria, que les atribuían el pago de todos los gastos e impuestos generados por la operación.

El tribunal ha partido de su propia jurisprudencia sobre la abusividad de una cláusula que, sin negociación y de manera indiscriminada, atribuye en todo caso el pago de los gastos e impuestos al consumidor, a pesar de que la ley, según los distintos supuestos, hace una distribución de los mismos.

En los casos concretos sometidos a enjuiciamiento, en el Tribunal Supremo se discutía ya únicamente lo relativo al pago del impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados. El tribunal ha estimado en parte los recursos de casación interpuestos por los consumidores afectados y ha establecido que sobre dicho impuesto deben distinguirse diversas situaciones:

a) Por la constitución del préstamo, el pago incumbe al prestatario. Sobre este particular, se remite a la jurisprudencia constante de la Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo, del Tribunal Supremo, que ha establecido que el sujeto pasivo del impuesto es el prestatario.

b) Por el timbre de los documentos notariales, el impuesto correspondiente a la matriz se abonará por partes iguales entre prestamista y prestatario, y el correspondiente a las copias, por quien las solicite”.

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El Colegio de Registradores y CEOE refuerzan su colaboración

23 de marzo, 2018

registradores.org
21.03.18.-

El director de Relaciones Institucionales del Colegio de Registradores de España, Fernando Acedo-Rico, y la secretaria general de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales, Ana Plaza Arregui han renovado el convenio de vinculación de la institución registral con la CEOE, ampliando además la colaboración entre ambas. Este convenio se enmarca dentro de la política de relaciones institucionales con todos los organismos de su ámbito que la actual Junta de Gobierno está intensificando como uno de sus ejes de actuación.

Así, el Colegio de Registradores formará parte del Consejo Asesor del Presidente y podrá participar en todos los Órganos Consultivos de CEOE, entre los que están, por ejemplo, la Comisión de Infraestructura y Urbanismo, la de Mercado Interior o la de la Unión Europea.

Además de la participación en los actos, eventos y viajes organizados por la CEOE, entre los nuevos ámbitos de colaboración también se incluye el intercambio de documentación que le permitirá al Colegio de Registradores el acceso a los documentos e informes elaborados por CEOE, cuya información pueda afectar de forma directa a la actividad desarrollada por la institución registral o sus colegiados.

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El instructor en el Tribunal Supremo de la causa por el proceso secesionista de Cataluña notificará el próximo viernes el auto de procesamiento

22 de marzo, 2018

Miércoles, 21 de marzo de 2018 poderjudicial.es

El instructor en el Tribunal Supremo de la causa por el proceso secesionista de Cataluña notificará el próximo viernes el auto de procesamiento

El magistrado Pablo Llarena cita para las 10:30 horas de ese día a todas las partes personadas para comunicarles la resolución

Autor:Comunicación Poder Judicial

El magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena ha dictado este miércoles una providencia en la que cita para el próximo viernes 23, a las 10:30 horas, a todas las partes personadas en la causa que instruye en relación con el proceso secesionista de Cataluña para notificarles el auto de procesamiento.

Llarena ha citado a la misma a seis de los investigados –la expresidenta del Parlament Carme Forcadell; los exconsellers del Govern Jordi Turul, Raül Romeva, Josep Rull y Dolors Bassa; y la secretaria general de Esquerra Republicana de Catalunya Marta Rovira- acompañados de letrado “a fin de practicar la comparecencia prevista en el artículo 505 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal”.

Ese precepto se refiere a la convocatoria por parte del juez o tribunal de una audiencia “en la que el Ministerio Fiscal o las partes acusadoras podrán interesar que se decrete la prisión provisional del investigado o encausado o su libertad provisional con fianza”.

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La jueza procesa por prevaricación al alcalde de Alicante por el despido de la cuñada del portavoz de la oposición

22 de marzo, 2018

Miércoles, 21 de marzo de 2018 poderjudicial.es

La jueza procesa por prevaricación al alcalde de Alicante por el despido de la cuñada del portavoz de la oposición

La instructora archiva la causa respecto del concejal de Recusos Humanos. Entiende que actuó de manera “arbitraria” y con una “evidente, patente, flagrante y clamorosa desviación de poder”

Autor:Comunicación Poder Judicial

El Juzgado de Instrucción número dos de Alicante ha finalizado la instrucción y ha dictado auto de procedimiento abreviado en la causa abierta para investigar al alcalde del municipio, Gabriel Echávarri, por el despido irregular de una trabajadora del Consistorio, cuñada del portavoz de la oposición en el Ayuntamiento.

La instructora encuentra indicios de la comisión de un delito de prevaricación en la actuación del primer edil y considera que despidió a la funcionaria interina “como represalia” por ser cuñada del portavoz municipal del Partido Popular, Luis Barcala, que días antes le había denunciado por supuesto fraccionamiento de contratos

En su auto, la magistrada considera que no hay duda de que el alcalde “ordenó el despido inmediato de “la cuñada de Barcala”, sin hacer mención alguna a la causa por la cual debía ser cesada” un día después de que el concejal de la oposición interpusiera la denuncia por fraccionar contratos, hechos por lo que Echávarri también ha sido procesado en otra causa instruida por otro juzgado.

Añade la resolución que existen indicios de que el Decreto de cese de la funcionaria “obedece únicamente a la voluntad del alcalde en una evidente, patente, flagrante y clamorosa desviación de poder, dando apariencia de legalidad a su voluntad que se erige como fuente del derecho”. Explica que Echávarri actuó de forma “arbitraria”, y “para dar forma jurídica a la orden recibida los técnicos elaboran un Decreto de cese, indicando como causa del mismo realizaba trabajos para el Centro de las Artes y en La Lonja de Pescado, destino distinto a aquel para el que había sido nombrada con ocasión de la puesta en marcha del Museo de Arte Contemporáneo de Alicante (MACA) y Las Cigarreras y en ese momento se dedicaba a preparar las exposiciones en el Centro de las Artes y en La Lonja de Pescado.

En cuanto al concejal responsable del área de Recursos Humanos, Carlos Giménez, la jueza considera que no ha quedado suficientemente acreditado que cometiera el delito por el que se le investigaba y acuerda el sobresemiento provisional de la causa.

La magistrada concluye que el concejal actuó “movido por la preeminencia orgánica del Alcalde respecto a él y por dictamen de los técnicos del Ayuntamiento, no habiendo tenido más intervención que la firma del Decreto que fue dictado por orden directa” del primer edil alicantino.

Con el auto dictado por Instrucción 2 y notificado hoy a las partes, la jueza acaba la investigación, transforma las diligencias previas en procedimiento abreviado y le comunica a las partes que se abre plazo para que pidan la apertura de juicio oral, presenten los escritos de acusación en los que concretarán delitos y penas, o bien soliciten el archivo de la causa. En este trámite y de manera excepcional acusaciones y defensa pueden solicitar la práctica de nuevas diligencias.

Con esta resolución, que puede ser recurrida ante la Audiencia provincial, el asunto queda listo para el juicio si alguna de las acusaciones personadas lo solicitan.

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Unai Sordo advierte de que seguirán las movilizaciones si no se cambian las políticas y se produce un reparto del crecimiento económico más justo

21 de marzo, 2018

Unai Sordo advierte de que seguirán las movilizaciones si no se cambian las políticas y se produce un reparto del crecimiento económico más justo

Centenares de miles de personas se han manifestado en todo el país
“Hoy, ya, se pueden tomar medidas para mejorar los ingresos del sistema y revalorizar las pensiones para que las personas pensionistas no pierdan poder adquisitivo. Es perfectamente posible.”

Marzo trae vientos de movilización. Si el 8 de marzo el grito de igualdad de las mujeres resonó en las calles con más fuerza que nunca, este 17 de marzo son los pensionistas los que han vuelto a alzar la voz para exigir una mayor subida de las pensiones, según el incremento de los precios, y defender el sistema público de pensiones.
17/03/2018. ccoo.es

Ciudadanos y ciudadanas de todas las edades, pero muy mayoritariamente pensionistas y jubilados, han recorrido las calles de más de cien localidades contra la subida de las pensiones de solo el 0,25%, lo que supone una nueva pérdida de poder adquisitivo en 2018. Además, los objetivos de CCOO, UGT con estas movilizaciones incluía derogar la reforma que impuso el Gobierno del PP en 2013, especialmente la fórmula de revalorización de las pensiones y el llamado factor de sostenibilidad, y mejorar significativamente los ingresos del sistema público de pensiones.

En declaraciones a los medios de comunicación por la mañana antes del comienzo de la manifestación en Madrid, que se ha desarrollado bajo una intensa lluvia, que por momentos ha sido nieve, y con una masiva asistencia que ha desbordado las calles del recorrido previsto, el secretario general de CCOO, Unai Sordo, ha señalado que los centenares de miles que están saliendo hoy a la calle constituyen “un auténtico aguacero” de trabajadores y pensionistas que tiene que ser atendido por parte del Gobierno”.

Para el secretario general de CCOO, si el Gobierno sigue sin escuchar lo que sucede en las calles y no toma medidas para fomentar un reparto de la riqueza más justo “va a provocar un estallido social, va a haber una creciente movilización”. En su opinión, como se ha visto hoy, han reaccionado los pensionistas, pero va a salir a la calle mucha más gente que los jubilados y pensionistas. “Va a salir a las calles la gente joven también porque no se trata solo de cuanto suben las pensiones este año, sino que se trata también de garantizar las pensiones futuras”, aseguró.

En este punto Unai Sordo se dirigió al Gobierno demandando que haga propuestas, y que restablezca los consensos del Pacto de Toledo que rompieron con la reforma de 2013. Tras exigir que se revierta la reforma de 2013, una reforma que “acarreará en las próximas décadas una caída brutal de las pensiones en España”, subrayó que “Hoy, ya, se pueden tomar medidas para mejorar los ingresos del sistema y revalorizar las pensiones para que las personas pensionistas no pierdan poder adquisitivo. Es perfectamente posible, es cuestión de voluntad política, de querer salirse de la lógica de los recortes, del empobrecimiento de la mayoría social”, señaló.

En caso contrario, el secretario general de CCOO advirtió de que los sindicatos están dispuestos a seguir con el proceso de movilizaciones para cambiar la orientación de las políticas. “No no nos vale el crecimiento sin distribución. El crecimiento o es justo, o es inclusivo, o equitativo, se reparte la riqueza, o no le vale a la sociedad española”, concluyó.

La manifestación de Madrid concluyó en la plaza junto al Museo Reina Sofía donde los artistas Miguel Ríos, Ana Belén, Víctor Manuel y María Botto leyeron un manifiesto firmado por CCOO, UGT y más de 200 organizaciones y personalidades del mundo de la cultura que pide el blindaje de las pensiones en la Constitución para garantizar ahora y en el futuro unas pensiones dignas.

En el transcurso de la segunda manifestación celebrada en Madrid en defensa del sistema público de pensiones, en la que también ha participado el sindicato, Unai Sordo ha señalado que “CCOO, junto con los distintos movimientos sociales que estamos convocando estas enormes movilizaciones en toda España, queremos decir que el sistema de pensiones es viable y que el gobierno tiene un problema social de primera magnitud si no atiende estas reivindicaciones”. “Hay que cambiar las políticas, hay que revalorizar las pensiones para que no pierdan poder adquisitivo, hay que derogar la reforma de 2013 y hay que garantizar la futura viabilidad de las pensiones”, ha reiterado el secretario general de CCOO, manifestando que “es posible hacerlo, es una cuestión de voluntad política y si el Gobierno no atiende a razones va a tener que atender al reclamo y al clamor que se va a hacer, que ya se está haciendo, desde las calles de este país”.

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El 98,3 por ciento de las más de 9.000 sentencias dictadas en 2017 por los juzgados especializados en cláusulas abusivas fueron favorables al cliente

20 de marzo, 2018

Viernes, 16 de marzo de 2018 poderjudicial.es

El 98,3 por ciento de las más de 9.000 sentencias dictadas en 2017 por los juzgados especializados en cláusulas abusivas fueron favorables al cliente

En 22 de las 50 provincias españolas, el cien por cien de las resoluciones notificadas el año pasado fueron estimatorias. El número de sentencias dictadas, que entre el 1 de julio y el 30 de septiembre fue de 1.230, se incrementó hasta las 8.096 en el último trimestre del año. El total de asuntos ingresados en estos órganos judiciales en el segundo semestre de 2017 fue de 138.156, a los que hay que sumar los casi 16.000 recibidos entre el 1 y el 30 de junio

Autor:Comunicación Poder Judicial

El 98,3 por ciento de las 9.326 sentencias dictadas el año pasado por los Juzgados de Primera Instancia especializados en acciones individuales sobre condiciones generales incluidas en contratos de financiación con garantías reales inmobiliarias cuyo prestatario sea una persona física fueron favorables al cliente.

Así lo revelan los datos contenidos en el anexo sobre cláusulas suelo que la Comisión Nacional de Estadística Judicial acordó incorporar a los boletines estadísticos el año pasado y que los letrados de la Administración de Justicia comenzaron a cumplimentar en el tercer trimestre de 2017. El primer plan de urgencia sobre cláusulas abusivas había entrado en funcionamiento un mes antes, el 1 de junio.

El plan consistía en la especialización de un total de 54 juzgados de Primera Instancia –uno por provincia en la península y uno en cada una de las principales islas de los archipiélagos canario y balear- para conocer de manera exclusiva y no excluyente de esta clase de asuntos, que se refieren, entre otros, a cláusulas suelo, vencimiento anticipado, intereses moratorios, gastos de formalización de hipoteca o hipotecas multidivisa.

La información recogida muestra que el número de sentencias dictadas por los juzgados especializados entre el 1 de julio y el 30 de septiembre, teniendo en cuenta que los órganos judiciales se dedicaron fundamentalmente a la tramitación de las demandas ingresadas y que el mes de agosto es inhábil en la jurisdicción civil, fue de 1.230, de las que el 99, 3 por ciento fueron estimatorias.

La cifra de resoluciones notificadas se incrementó notablemente en el siguiente trimestre, el último del año, alcanzando las 8.906, de las que el 98,1 por ciento fueron favorables al cliente.
El total de asuntos ingresados en los juzgados especializados en el segundo semestre de 2017 fue de 138.156. A esta cifra hay que añadir los 15.801 que tuvieron entrada entre el 1 y el 30 de junio, periodo que queda fuera del recogido en los boletines estadísticos.

Un cien por cien de sentencias estimatorias en 22 provincias

La información recogida refleja asimismo que en 22 de las 50 provincias españolas el porcentaje de sentencias favorables al cliente fue del cien por cien en 2017.

Así, todas las resoluciones dictadas el año pasado fueron estimatorias en Albacete, Ávila, Barcelona, Badajoz, Cantabria, Castellón, Córdoba, Girona, Huelva, Huesca, Lugo, Lleida, Málaga, Murcia, Navarra, Palencia, Salamanca, Santa Cruz de Tenerife, Segovia, Soria, Toledo y Zamora.

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La nueva ‘APP’ de la Agencia Tributaria permitirá a más de 4.850.000 contribuyentes presentar su declaración de la Renta ‘en un clic’

19 de marzo, 2018

Anticipación de servicios de asistencia de Renta 2017

La nueva ‘APP’ de la Agencia Tributaria permitirá a más de 4.850.000 contribuyentes presentar su declaración de la Renta ‘en un clic’

Jueves 15 de marzo de 2018 lamoncloa.gob.es

Renta 2017
Ministerio de Hacienda y Función Pública

Los contribuyentes que el año pasado confirmaron sin cambios su Renta en una oficina de la AEAT, recibirán desde una carta con los datos fiscales, la casilla 450 para obtener el número de referencia e información sobre el plan ‘Le Llamamos’ de confección telefónica de declaraciones mediante llamadas al contribuyente.
La Agencia Tributaria pone a disposición de los contribuyentes una nueva aplicación móvil que, a partir del próximo 4 de abril, permitirá presentar la Renta 2017 ‘en un solo clic’ para las declaraciones más sencillas (se estima un colectivo de beneficiarios de al menos 4.850.000 contribuyentes) y también será una potente herramienta de asistencia para el resto de declarantes, al facilitar la obtención del número de referencia, la visualización de los datos fiscales y la recepción de mensajes ‘push’ con información de interés como el momento de la emisión de su devolución.

Se estima que, potencialmente, la nueva ‘APP’ podrá ser descargada en más de 44 millones de teléfonos móviles, permitiendo a los contribuyentes acceder a los servicios de la Agencia Tributaria desde cualquier ubicación y en cualquier momento, con lo que se simplifica a los ciudadanos la gestión de sus trámites más frecuentes.

La APP está disponible desde hoy en los ‘markets’ de Google y Apple para todos los teléfonos móviles (y tabletas, en su caso) que funcionen con Android e iOS. Adicionalmente, por razones de seguridad, su utilización para servicios personalizados como la gestión y presentación de declaraciones de Renta exige que el terminal cuente con un sistema de bloqueo de pantalla activado.

Una vez descargada la aplicación, para acceder a los servicios personalizados el contribuyente deberá identificarse mediante el número de referencia, que se podrá obtener por tres vías: con la casilla 450 de la declaración del año anterior, el NIF y su fecha de validez; o bien mediante ‘Clave PIN’ o certificado electrónico. A continuación, le aparecerá el número de referencia -que quedará almacenado en la aplicación para usos posteriores- y podrá aceptar la recepción de mensajes ‘push’ en la APP.

Presentación ‘en un clic’

En el caso de las declaraciones más sencillas, aquellas en las cuales la Agencia dispone de información suficiente para su presentación directa, los contribuyentes, una vez que verifiquen los datos, podrán presentar la Renta en un solo clic.

Para estas declaraciones, si el contribuyente quiere hacer alguna modificación, o incorporar algún dato adicional, la APP le ofrece la opción en el propio terminal accediendo a Renta Web. A continuación, puede finalizar el proceso en el propio móvil, dado que la aplicación se mantendrá en segundo plano para que el contribuyente pueda volver y presentar la declaración.

Al resto de perfiles de contribuyentes, los que necesariamente tienen que aportar información para poder presentar, la aplicación les derivará desde un principio a Renta Web.

La APP admite hasta 20 perfiles de usuario, cada uno con su número de referencia, lo que permitirá la confección y presentación de declaraciones de familiares y allegados, y también el cálculo de la opción más favorable entre declaraciones individuales y conjuntas.

Adelanto de servicios de asistencia

La puesta en funcionamiento de la nueva APP se combina con el adelanto, también, de otros servicios de asistencia que la Agencia Tributaria ha decidido este año anticipar para que el contribuyente pueda prepararse con más tiempo y, si así lo desea, estar en disposición de presentar su declaración desde el primer día a través de internet, cauce de presentación que el pasado año ya utilizaron el 88% de los contribuyentes.

Así, desde hoy mismo todos los contribuyentes podrán solicitar su número de referencia y visualizar en la página web de la AEAT (www.agenciatributaria.es) y en la APP sus datos fiscales.

También desde hoy comienzan los envíos postales a un colectivo de 860.000 contribuyentes que el pasado año acudieron a una oficina de la Agencia, pero se limitaron a confirmar sin cambios la propuesta de declaración que les había confeccionado la AEAT.

Estos contribuyentes, que presumiblemente en la mayoría de casos podrán presentar su Renta de manera sencilla desde el primer día y, en su caso, obtener antes la devolución que les corresponda sin esperar a la asistencia presencial en mayo y junio, recibirán desde hoy una carta con sus datos fiscales, la casilla 450 para obtener el número de referencia y la información de los servicios de asistencia.

Plan ‘Le Llamamos’

A estos contribuyentes se les indicará también la posibilidad de aprovechar, al igual que todos los que cuenten con perfil de asistencia telefónica, el denominado plan ‘Le Llamamos’.

Este plan, que junto con la APP es la gran novedad de la campaña, ya tuvo el pasado año un antecedente en forma de plan piloto, que se extiende ahora a un amplio colectivo de contribuyentes y se abre el primer día de campaña, el 4 de abril, mediante un sistema de cita previa que puede solicitarse a partir del mismo día 4 de abril.

Las citas se facilitarán en tramos de 15 minutos, entre las 9 y las 20.30 horas, según la disponibilidad del contribuyente, que deberá tener a disposición la información necesaria para realizar la declaración en el momento acordado para recibir la llamada de la Agencia.

Con la combinación de estas dos nuevas herramientas, la APP y el plan ‘Le Llamamos’, así como con las continuas mejoras en Renta Web y el resto de servicios telemáticos tradicionales, se prevé que, de manera natural, se reduzca el número de contribuyentes que necesitan atención presencial para confeccionar y confirmar su declaración, de manera que se podrá ir dedicando mayores esfuerzos en la asistencia en oficinas para rentas más complejas.

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Mejorar el poder adquisitivo de las personas, mejorará la calidad del consumo

18 de marzo, 2018

Mejorar el poder adquisitivo de las personas, mejorará la calidad del consumo
UGT | jueves, 15 de marzo de 2018  ugt.es

•UGT hace un llamamiento a los trabajadores y trabajadoras a que conozcan y ejerzan sus derechos como consumidores.
•Denuncia que es el poder judicial y no el Gobierno, quien está respondiendo a las demandas de la sociedad en materia de consumo.
•Exige una política específica y diferenciada para el consumo y beneficios sociales para la población más desfavorecida y más golpeada por la crisis.
Mucho se ha avanzado desde que, allá por los años 50 del pasado siglo, se comenzase a hablar del consumidor como sujeto de derechos y surgiese un incipiente movimiento consumista que aquí en nuestro país llegaría más tarde, pero queda camino por recorrer. El Día Mundial de los Derechos de los Consumidores es una jornada reivindicativa en la que los ciudadanos en general y los trabajadores en particular, demandamos nuestros derechos como consumidores. Unos derechos que no son estáticos sino dinámicos, en consonancia con los tiempos que nos toca vivir y luchar.
La Unión General de Trabajadores quiere aprovechar esta jornada para hacer un llamamiento a los trabajadores y trabajadoras en su condición de consumidores y recordarles que tienen derechos que les protegen y que deben ejercitarlos y reconocer con ello la relevancia social que dicha protección tiene como instrumento al servicio de un desarrollo económico y social justo, equitativo y sostenible en el tiempo.
Las decisiones de consumo de los trabajadores y trabajadoras se han visto modificadas tras las pérdidas de poder adquisitivo de los salarios, las pensiones y las prestaciones sociales y debido a que el empleo que se genera está mal remunerado y es de muy baja calidad. Por ello el sindicato considera que es absolutamente necesario mejorar el poder adquisitivo de los salarios para garantizar un crecimiento económico sostenible, una mayor renta disponible y con ello reducir las desigualdades sociales y la pobreza.
Nuestros gobernantes, parecen ir a remolque en materias de protección al consumidor,  teniendo que ser los tribunales de justicia quienes a través de sus sentencias reconozcan y amparen esta materia: cláusulas suelo, vencimiento anticipado de las hipotecas, plusvalías, devolución de los gastos hipotecarios…etc. Está teniendo que ser el poder judicial el que está respondiendo a las demandas de la sociedad, no el Gobierno.
UGT subraya que resulta primordial que se implementen medidas legislativas que fomenten beneficios sociales desde el consumo para la población más desfavorecida, tales como la supresión de comisiones y gastos bancarios para aquellas familias y trabajadores que perciban una pensión o prestación de naturaleza no contributiva o asistencial o bien el que se aplique un IVA superreducido (4%) para productos de higiene íntima femenina o en los pañales de bebés, entre otras.
El sindicato entiende que es el momento de reivindicar una política específica y diferenciada para el consumo y demanda que esta materia deje de depender únicamente del Ministerio de Sanidad, limitando esta materia al ámbito sanitario. El consumo es algo más, por eso UGT aboga por una política singularizada, con poder ejecutivo y más si tenemos en cuenta el volumen de reclamaciones (más de un millón) y los sectores económicos afectados (telecomunicaciones, consumo colaborativo, protección de datos, bancos, aseguradoras, compañías suministradoras de luz, agua, gas, etc.).
Hay que defender la presencia institucional de los agentes sociales en los órganos de representación de los Consejos de Consumidores, tanto a nivel estatal como en el conjunto de las comunidades autónomas y entidades locales, e impulsar los cambios normativos necesarios para reorganizar y redefinir el consumo y los nuevos hábitos de consumo, mediante políticas globales, teniendo las políticas de consumo carácter transversal dentro de las Administraciones Públicas y exigiendo de éstas una mayor implicación y coordinación.

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