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La juez concluye la instrucción y propone juzgar al alcalde de Alicante por fragmentar contratos para adjudicar sin concurso público

8 de noviembre, 2017

Martes, 7 de noviembre de 2017  poderjudicial.es

La juez concluye la instrucción y propone juzgar al alcalde de Alicante por fragmentar contratos para adjudicar sin concurso público

La instructora del “caso Comercio” considera que el primer edil pudo cometer un delito de prevaricación. La magistrada propone también juzgar por prevaricación y usurpación de funciones al jefe de gabinete y a un asesor del alcalde

Autor:Comunicación Poder Judicial

El Juzgado de Instrucción 9 de Alicante ha concluido la instrucción del “Caso Comercio” por presuntas irregularidades en la contratatación en el Ayuntamiento de Alicante y propone juzgar al alcalde por un delito de prevaricación.

La juez propone, igualmente, juzgar al jefe de gabinete del primer edil y a otro asesor por los delitos de prevaricación y usurpación de funciones.

En un auto notificado hoy a las partes la instructora transforma las diligencias previas en procedimiento abreviado y deja la causa preparada para juzgar al alcalde, que entonces era también concejal de Comercio y a dos asesores. La magistrada mantiene que, entre los meses de noviembre y diciembre “se concertaron para eludir la convocatoria de concurso público y adjudicar de manera directa al menos 14 contratos sirviéndose para ello del fraccionamiento de los mismos y adjudicándolos como contratos menores.

Con su resolución, la jueza da trámite a la Fiscalía y a la acusación particular para que soliciten el archivo o la apertura de juicio oral, en cuyo caso deberá presentar el escrito de acusación especificando los hechos que imputa a cada uno de los encausados, los delitos de los que les considera autores y las penas que solicita para ello.

Excepcionalmente las acusaciones podrán solicitar también la práctica de nuevas diligencias.

La magistrada ha dictado hoy otra resolución en la que rechaza la petición de los dos asesores investigados para incorporar a la causa los expedientes de las Galas de Comercio de los años 2013 y 2014 porque “no son objeto de investigación en el presente procedimiento”

También desestima la solicitud para volver a llamar a declarar a dos testigos porque considera que las partes ya tuvieron “facultad y posibilidad de realizarle todas las preguntas y aclaraciones que tuvieron por conveniente en la fecha en la que se les tomó declaración en la sede de este juzgado”.

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La bolsa española negocia 64.661 millones de euros en octubre, un 47% más que en octubre 2016

8 de noviembre, 2017

La bolsa española negocia 64.661 millones de euros en octubre, un 47% más que en octubre 2016

2 de noviembre de 2017 bolsasymercados.es

•La negociación crece un 53% respecto a la de septiembre
•Durante el período enero-octubre el volumen de contratación se sitúa en 557.693 millones de euros
•El número de negociaciones en octubre crece un 47% respecto al mes precedente
•En octubre el volumen negociado en Derivados Financieros aumenta un 1,2% en comparación al mismo mes del año anterior
•En el MARF, el total de emisiones incluidas a negociación en octubre se sitúa en 460 millones de euros, un 27,8% superior al mismo mes del pasado año

Renta Variable

La Bolsa española ha negociado en Renta Variable durante el mes de octubre 64.661 millones de euros, lo que representa un crecimiento del 47% sobre el mismo mes de 2016 y un 53% más que en septiembre. El volumen de contratación acumulado al finalizar octubre se ha situado en 557.693 millones de euros, en línea con lo negociado  en el mismo período de 2016.

El número de negociaciones de octubre se ha situado en 5,2 millones, un 47% más que en el mes anterior y un 24% superior a la cifra registrada en el mismo mes de 2016. El número de negociaciones acumuladas hasta octubre asciende a 43,4  millones, un 4,7% inferior al registrado en el mismo período del ejercicio pasado.

En octubre, el volumen negociado en ETFs se ha situado en 721,4 millones de euros, un 176,2% más que en el mes anterior y un 146% superior al mismo mes de 2016.  El número de negociaciones en octubre se sitúa en las 13.022, lo que supone un 162% más que en el mes anterior y un 50% superior a la cifra registrada en el mismo mes de 2016.

El número de emisiones de warrants y certificados admitidas a negociación en los primeros diez meses de 2017 asciende a 5.181, un 12% menos que en el mismo periodo de 2016. La actividad del mercado de warrants y certificados hasta octubre alcanza los 395,9 millones de euros, un 35% menos que en el mismo periodo de 2016. Durante el mes de octubre, el efectivo negociado ha alcanzado 56,4 millones de euros, un 60,4% más que en el mes anterior y un 4,2% por encima del mismo mes de 2016.

Futuros y Opciones

El volumen negociado en octubre en el Mercado de Derivados de BME se ha situado en 3,4 millones de contratos, un 1,2% superior al registrado en el mismo mes de 2016.

En octubre ha destacado la negociación en los contratos de Derivados sobre el Índice IBEX 35.  El volumen negociado en Futuros sobre IBEX 35 Plus ha sido de 730.985 contratos y en los Futuros IBEX 35 Mini de 202.620, lo que supone un aumento del 45,1% y 42,6% respecto al mismo mes del año anterior.

La negociación de Opciones sobre IBEX 35 ha sido de 828.649 contratos, con un aumento del 309,8% respecto a octubre de 2016.  El volumen acumulado alcanza los 3,3 millones de contratos, lo que supone un incremento del 31,4% respecto al volumen acumulado en el mismo mes del año anterior.

Una señal positiva del Mercado de Derivados es la posición abierta ya que ésta aumenta respecto a octubre de 2016

Renta Fija

La negociación de Deuda Pública durante el mes de octubre en SENAF, la plataforma electrónica de Deuda Pública para mayoristas de BME, se situó en 12.078 millones de euros, un 46,3% superior a septiembre.

Las nuevas emisiones admitidas a cotización en el mercado de Deuda Privada durante el mes de octubre ascendieron a 15.692 millones de euros, lo que supone un incremento del 113,4% con relación al mismo mes del año anterior y totaliza un volumen anual de 98.054 millones de euros (-7,3%). Las admisiones de Deuda Pública totalizaron los 19.208 millones de euros, con un crecimiento del 6,9% respecto a igual período de 2016. El acumulado anual alcanza los 196.942 millones (+3,3%).

En el Mercado Alternativo de Renta Fija (MARF) el total de emisiones incluidas a negociación durante octubre se sitúa en 460 millones de euros, un 27,8% superior al mismo mes del pasado año. El saldo vivo en circulación a 31 de octubre del MARF ha sido de 2.347 millones de euros, con aumento del 34,3%, con relación a la misma fecha del año anterior.

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La CNMC propone introducir cambios en los números 902 para proteger a los usuarios

7 de noviembre, 2017

La CNMC propone introducir cambios en los números 902 para proteger a los usuarios

31 Oct 2017   cnmc.es
Telecomunicaciones nota de prensa

 

– Limitar el precio máximo de las llamadas a los 902 y las tarifas minoristas son algunas de las medidas que plantea la CNMC

– En paralelo, la Comisión ha iniciado varios expedientes sancionadores contra 5 empresas por retribuir presuntamente a las empresas que utilizan los 902

 

La CNMC (Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia) ha analizado en su informe (IFP/DTSA/422/15)  los problemas que presenta la numeración 902. Estos números son los que emplean habitualmente algunas compañías para ofrecer sus servicios de atención al cliente.

 

En su informe, la CNMC propone al Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital una serie de modificaciones para garantizar el cumplimiento de la normativa vigente  y mejorar la protección de los usuarios. De esta forma, la CNMC considera que se debería establecer un precio máximo para las llamadas a los números 902, limitar las tarifas minoristas y modificar la regulación para controlar que, a través de los 902, no se cobren tarifas superiores que las fijadas por la normativa.

 

Los números 902 técnicamente se conocen como “números de tarifas especiales sin retribución para el llamado”. Esto significa que la empresa a la que el usuario llama para recibir una información no recibe dinero por esa llamada. El usuario paga el coste íntegro de la llamada a su compañía telefónica.

 

Con frecuencia, las empresas contratan los 902 y de esta manera tienen centralizados sus servicios bajo el paraguas de un mismo número. La actual regulación nacional no establece que los servicios de atención al cliente se tengan que ofrecer a través de  una numeración concreta. Por ello, algunas empresas recurren a los 902.

 

En cuanto al precio de estas llamadas, en general resulta elevado, ya que no está incluido en las tarifas planas que son mayoritarias en los contratos de telefonía de los usuarios y eso permite que el operador fije el precio que considere oportuno. Por ejemplo, si se llama desde un fijo, el coste suele ser similar al de una llamada interprovincial,  mientras que si se hace desde un móvil, el coste se dispara.

 

Normativa de protección a los usuarios de 902

La CNMC se ha manifestado varias veces sobre los 902 con el fin de proteger a los usuarios de estas líneas de tarificación especial. Así en 2015, instó a  equiparar las llamadas del mismo ámbito geográfico e incluirlas en las tarifas planas, tanto en los teléfonos fijos como en los móviles (IPN/DTSA/007/15).

 

Por otra parte, recientemente, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dictó una  sentencia (marzo de 2017) que declaraba ilegales los números de teléfono con tarifas especiales que algunas compañías utilizan para su servicio post-venta. Además estableció que el coste de una llamada a una línea telefónica de atención al cliente no podrá exceder del coste de una llamada a una línea telefónica fija geográfica o móvil estándar.

 

Además, la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios (aprobada por el Real Decreto Legislativo 1/2007) también establece claramente “que el uso de tal línea no podrá suponer para el consumidor y usuario un coste superior a la tarifa básica, sin perjuicio del derecho de los proveedores de servicios de telecomunicaciones de cobrar por este tipo de Ilamadas”.

 

En paralelo, la CNMC ha iniciado varios expedientes sancionadores contra cinco empresas (Digital Virgo España, S.A., Colt Technology Services S.A.U., Eagertech 21, S.L.U., Masvoz Telecomunicaciones Interactivas, S.L. y Telecoming, S.A.) que presuntamente ofertaban a algunas empresas contratar sus números 902 con ellas y les ofrecían como retribución parte del cobro de la llamada facturada a los clientes. Ello supondría una infracción grave de la Ley General de Telecomunicaciones por el incumplimiento de las condiciones determinantes de las atribuciones y el otorgamiento de los derechos de uso de los recursos de numeración incluidos en los planes de numeración.

 

La incoación de estos cinco procedimientos no prejuzga el resultado final de la investigación. A partir del acuerdo de incoación, se inicia un periodo máximo de 12 meses para la instrucción de los expedientes y su resolución por la CNMC.

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España mejora cuatro puestos en el ranking mundial ‘Doing Business’

6 de noviembre, 2017

31 de octubre de 2017 mineco.gob.es
España mejora cuatro puestos en el ranking mundial ‘Doing Business’
España pasa al puesto 28º en esta clasificación que mide los países con mejor clima de negocios para las pymes
El Banco Mundial premia las reformas llevadas a cabo desde 2012 y los avances en materia fiscal y de gobierno corporativo
España ha mejorado cuatro puestos, hasta el 28º, en el ranking de ‘Doing Business’ que elabora anualmente el Banco Mundial. El informe trata de recoger aspectos legales y administrativos esenciales que facilitan o entorpecen la creación y el desarrollo de empresas, principalmente de las pymes. Es la primera vez, desde que se inició en 2008 la elaboración de este indicador, que España se sitúa entre los 30 países con mejor clima de negocios. Queda por delante de países como Francia (31º), Holanda (32º), Suiza (33º), Japón (34º), Italia (46º) o Bélgica (52º). Este nuevo avance en la posición de España –ocupaba el puesto 44 en 2011- se explica por el esfuerzo reformador y favorable a los negocios, la producción y el empleo que se ha llevado a cabo en España en los últimos años.

Entre las reformas llevadas a cabo desde 2012, el Banco Mundial premia la mejora del gobierno corporativo de las sociedades de capital (ley 31/2014), que moderniza y mejora su gobernanza al reforzar el papel de la junta de accionistas en las decisiones empresariales; la reforma fiscal de 2014, que reduce el tipo impositivo del impuesto de sociedades y simplifica y facilita el cumplimiento de las obligaciones fiscales; la reforma concursal (entre 2011 y 2015), que ha permitido reducir el coste y la duración del procedimiento concursal o facilitar los mecanismos preconcursales (acuerdos de refinanciación y acuerdos extrajudiciales de pagos); y la mejora de la eficiencia del registro mercantil y de la Agencia Tributaria.

Como consecuencia, España ha mejorado la posición en varias áreas clave o índices individuales que se utilizan para elaborar el ranking. Por un lado, destaca la subida en el indicador sobre obtención de electricidad, con 36 puestos arriba. Obedece esencialmente a que este año se recogen mejor los procedimientos y coste que debe afrontar una empresa a la hora de obtener electricidad. A su vez, España mejora en el indicador de protección de inversores minoritarios, con 8 posiciones en el ranking; en el indicador de pago de impuestos, con 3 puestos, por la reducción en el porcentaje de beneficios gravados; y en el indicador de cumplimiento de contratos, con otras 3 posiciones, como consecuencia de la reducción de los costes judiciales de la ejecución de contratos.

‘Doing Business’ es una de las publicaciones anuales más importantes del Banco Mundial. La de este año, es su 15ª edición. Se centra principalmente en pequeñas y medianas empresas en diez áreas clave en la vida de un negocio: trámites y requisitos necesarios para el inicio del negocio, obtención de los permisos de construcción, los necesarios para el acceso al suministro eléctrico, los relativos al registro de la propiedad, al acceso al crédito, a la protección de los accionistas minoritarios, al pago de impuestos, al comercio transfronterizo, la resolución judicial de discrepancias entre las partes de un contrato, y la suspensión de pagos o la quiebra de la empresa.

La elección por el Banco Mundial de los respectivos índices se ha basado en el análisis de sus efectos sobre la innovación, la productividad, el crecimiento y el empleo, así como en la capacidad de realizar observaciones objetivas de sus características. Por ejemplo, en cada uno de estos ámbitos se cuantifica el tiempo, los trámites y el coste en el que incurre una empresa típica para conseguir lo que necesita para su actividad. En definitiva, la elección de los indicadores está basada en la incidencia que la seguridad jurídica, la simplicidad y transparencia de la normativa tienen sobre la actividad económica. También se hace un seguimiento de la normativa laboral, pero éste aspecto no figura en el índice global.

En estos diez ámbitos se mide lo que se llama ¨Distancia Hasta la Frontera¨, que mide la distancia en cada indicador hasta el país que mejor comportamiento tiene en cada índice. Sobre la base de los diez índices individuales se hace una clasificación mundial del clima de los negocios de los 190 países para los que se realiza la investigación.

Con este ranking se trata de influir para que los países adopten las reformas que faciliten la innovación, la productividad y el empleo, a la par que se lanza una señal a los inversores sobre las condiciones de contexto relativas a los proyectos de inversión. El análisis se realiza, para cada país, con base en el estudio de la normativa, pero también se tiene en cuenta en qué medida dicha normativa se refleja en la práctica empresarial.

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El Tribunal Supremo establece que los bancos pueden ser sancionados por cláusulas abusivas sin previa sentencia judicial

6 de noviembre, 2017

Viernes, 27 de octubre de 2017  poderjudicial.es

El Tribunal Supremo establece que los bancos pueden ser sancionados por cláusulas abusivas sin previa sentencia judicial

La Sala Tercera fija como doctrina que la Administración tiene potestad para sancionar en esos casos

Autor:Comunicación Poder Judicial

La Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo, del Tribunal Supremo ha fijado como doctrina legal que la Administración tiene potestad para sancionar la utilización de cláusulas abusivas en los contratos con consumidores y usuarios “sin necesidad de previa declaración judicial del orden civil” sobre la abusividad de dichas cláusulas. En una sentencia, el Supremo estima un recurso en interés de la Ley presentado por la Junta de Andalucía contra una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que anuló cuatro multas impuestas por la Secretaría General de Consumo andaluza a Unicaja por cláusulas abusivas.

La sentencia, de la que ha sido ponente la magistrada Pilar Teso, determina que la doctrina que había seguido el Tribunal Superior andaluz es errónea y gravemente dañosa para el interés general, al interpretar no sólo una Ley andaluza sino también el Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores. El TSJ andaluz entendió que la aplicación de las sanciones administrativas previstas por la Ley andaluza 13/2003 de Defensa de los Consumidores, cuando tipifican como infracción introducir cláusulas abusivas en contratos como préstamos hipotecarios o de apertura de cuentas y libretas de ahorro, necesita una previa declaración de que la cláusula es abusiva por parte de un Juzgado Civil.

Para el Supremo, “la doctrina que sienta la sentencia recurrida desapodera a la Administración de la potestad sancionadora en la materia de consumidores y usuarios, concretamente en una actividad tan sensible como la introducción de cláusulas abusivas. Dicho de otro modo, cuando la sentencia remite, para la fijación del carácter abusivo de las cláusulas, a una previa declaración de la jurisdicción civil, se está bloqueando la aplicación del catálogo de infracciones que describe el Texto Refundido Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, además de la Ley andaluza citada”.

Recuerda el Supremo que la Ley General para la Defensa de los Consumidores no impone “esa suerte de prejudicialidad civil que se infiere de la sentencia recurrida, para el ejercicio de la potestad sancionadora, toda vez que el ilícito administrativo que castiga, la introducción de cláusulas abusivas, es título suficiente para ejercer la potestad sancionadora”. Ello sin perjuicio, añaden los magistrados, de que, como es natural, la sanción impuesta pueda ser luego impugnada ante el orden jurisdiccional contencioso administrativo, que será el que se pronuncie sobre la legalidad de la sanción y por ello sobre el carácter abusivo de la cláusula, exclusivamente a esos efectos sancionadores.

El Supremo destaca además que la Directiva europea sobre cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores tampoco atribuye ese filtro al juez civil para el ejercicio de la potestad sancionadora.

El tipo de recurso empleado por la Junta, denominado “en interés de la Ley”, tiene la finalidad de impedir que resoluciones judiciales que expresan una doctrina errónea y gravemente dañosa para el interés general, se consoliden y reiteren en casos iguales o semejantes, según explica la sentencia. El Supremo subraya al respecto en su fallo que la doctrina legal fijada ahora por el alto tribunal es la que vincula a todos los jueces y tribunales inferiores en el orden contencioso-administrativo. Por otro lado, en este tipo de recursos en interés de Ley se respeta la situación jurídica particular derivada del fallo de la sentencia recurrida del TSJ andaluz, que anuló la multa de 81.000 euros impuesta a Unicaja Banco por cuatro infracciones muy graves por introducir cláusulas abusivas en diferentes contratos.

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El Gobierno reduce las comisiones y refuerza la transparencia de los créditos inmobiliarios

5 de noviembre, 2017

03 de noviembre de 2017 mineco.gob.es
El Gobierno reduce las comisiones y refuerza la transparencia de los créditos inmobiliarios
Se abaratan las comisiones de amortización anticipada de los préstamos a tipo variable, hasta anularse a partir de cinco años
Las comisiones por conversión de tipo variable a fijo se suprimen a partir del tercer año y se rebajan los gastos de notaría y registro
El hipotecado recibirá asesoramiento gratuito del notario sobre el contenido del contrato durante los siete días previos a la firma
Se amplía a nueve impagos o al 2% del capital el requisito para que la entidad financiera pueda iniciar la ejecución del préstamo
El Consejo de Ministros ha aprobado el Proyecto de Ley (PL) de Crédito Inmobiliario cuyo objetivo es reducir los gastos asociados a modificaciones en los contratos hipotecarios y reforzar la transparencia. La norma abarata las comisiones de cancelación anticipada de los préstamos a tipo variable hasta eliminarlas a partir de los cinco años de vigencia del contrato. La conversión de tipo variable a fijo no pagará comisión a partir del tercer año y se rebajarán los gastos de aranceles y notaría. Durante los siete días previos a la firma del contrato, el hipotecado deberá ser informado de su contenido y de la existencia de cláusulas potencialmente abusivas u opacas. Para que se pueda iniciar la ejecución de un préstamo hipotecario, deben haberse producido nueve impagos mensuales o del 2% del capital concedido, durante la primera mitad de la vida del préstamo.

La norma se envía ahora al Congreso para iniciar la tramitación parlamentaria y cuenta con un amplio consenso político. Es el resultado de la trasposición  de la Directiva europea sobre Contratos de crédito celebrados con los consumidores para bienes inmuebles de uso residencial, aunque en algunos aspectos va más allá con el objetivo de reforzar la seguridad jurídica y el equilibrio contractual entre prestamista y prestatario. En concreto, el PL incluye incentivos para la transformación de créditos hipotecarios que pasen de variables a fijos y es más ambicioso en cuanto al reforzamiento de los requisitos de transparencia. Además, la Directiva circunscribe el ámbito de aplicación a los consumidores, mientras que el PL aprobado lo amplía a los autónomos.

La rebaja de las comisiones que contempla la norma aprobada por el Consejo de Ministros se centra en las operaciones de cancelación anticipada y en la conversión de contratos a tipo variable que pasen a fijo. En el caso de la comisión de cancelación, los nuevos porcentajes se aplican a las hipotecas firmadas con posterioridad a la entrada en vigor la nueva Ley, mientras que las relativas a la conversión de variables a fijos afectan a los contratos hipotecarios vivos. También para los contratos en vigor se amplía a nueve cuotas mensuales impagadas o a una cuantía que supere el 2% del capital concedido el requisito para que la entidad financiera pueda iniciar la ejecución del préstamo durante la primera mitad de su vigencia. Durante la segunda mitad, el porcentaje es del 4% o de 12 cuotas mensuales impagadas.

La comisión de cancelación para los préstamos a tipo variable será cero a partir del quinto o del tercer año de vigencia del contrato, en función de lo que se hubiera pactado. En el primer caso (cinco años), el límite será del 0,25% del capital desembolsado anticipadamente. En el segundo (tres años) será del 0,50%. En la actualidad, estos porcentajes son del 0,50% de lo amortizado anticipadamente, si esta se produce dentro de los cinco primeros años de vida del contrato, o del 0,25% si se produce en un momento posterior. En el caso de los préstamos a tipo fijo, los porcentajes máximos que el PL establece serán del 4% de la cantidad anticipada si esta se efectúa en los 10 primeros años y del 3% si es con posterioridad. En la actualidad no existe límite legal alguno para los préstamos a tipo fijo.

Los incentivos para la conversión a tipos de interés fijos en los préstamos inmobiliarios son superiores a los de las comisiones de cancelación. La comisión máxima será del 0,25% del capital pendiente de amortizar si la novación o subrogación del préstamo se produce durante los tres primeros años de vigencia del contrato y de cero si se produce con posterioridad. Además, se rebajan los aranceles de notarios y registradores que se corresponderían con los vigentes para un documento sin cuantía (unos 30 euros) y una inscripción mínima (unos 24 euros).

La Directiva contempla también la posibilidad de que el consumidor pueda solicitar en cualquier momento de la vida del préstamo la conversión -en euros o en la divisa en la que percibe la mayoría de los ingresos-, del crédito en moneda extranjera, y como tal se traslada a la normativa española. Se prohíben, por otra parte,  con carácter general, las denominadas ventas vinculadas, es decir, aquellas que obligan al consumidor a aceptar una serie de productos financieros como condición para obtener la hipoteca. Con la nueva norma, las entidades financieras deberán plantear al consumidor ofertas alternativas; es decir, con o sin productos asociados. En estas ventas combinadas, la entidad financiera informará de los distintos presupuestos, como una medida de transparencia obligatoria.

La mejora de la transparencia es uno de los pilares de la nueva Ley de Crédito Inmobiliario. En la fase precontractual, el prestamista  deberá entregar al cliente, con una antelación mínima de siete días respecto de la firma del contrato, documentación detallada sobre oferta vinculante para la entidad, sobre la existencia de cláusulas potencialmente sensibles, escenarios de evolución de cuotas en función de previsiones sobre tipos de interés y seguros asociados. Durante esos siete días previos a la firma del contrato, el notario asesorará de forma gratuita y verificará mediante acta que el consumidor ha recibido y comprende las consecuencias jurídicas y económicas del contrato que va a firmar. Esta es una condición necesaria para que el notario autorice la escritura.

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El 43% de conductores fallecidos en 2016 en accidentes de tráfico había consumido alcohol, drogas o psicofármacos

5 de noviembre, 2017

Ministerio de Justicia
Gabinete de Comunicación mjusticia.gob.es
De las 589 víctimas analizadas por el Instituto Nacional de Toxicología
El 43% de conductores fallecidos en 2016 en accidentes de tráfico había consumido alcohol, drogas o psicofármacos
Se mantiene la tendencia estable que se registra desde 2013
El 95% de los casos analizados corresponde a varones
30 de octubre de 2017.- El 43% de los conductores fallecidos durante el año pasado en siniestros de tráfico tanto en vías urbanas como interurbanas dio positivo en las pruebas de alcohol, drogas y/o psicofármacos, de un total de 589 muestras analizadas por el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses (INTCF). Estos datos recogidos en la última Memoria de Tráfico del Instituto, se sitúan en el mismo nivel del ejercicio anterior y mantienen la tendencia estable que se registra desde el año 2013.
Según esta Memoria, los resultados positivos en el consumo de alcohol, drogas y/o psicofármacos muestran una clara mayoría de varones (95%) frente a mujeres en los casos de personas que perdieron la vida en la carretera. En cuanto a la franja de edad, el 67% de conductores fallecidos con presencia de esas sustancias en su organismo se encontraba entre los 25 y los 54 años, entre los que predomina el grupo concreto de 45 a 54 años en el que se registra el 25% de los casos.
En relación con las sustancias consumidas por estos conductores, consideradas de forma individual sin tener en cuenta asociaciones entre ellas, el 29,5% de los casos analizados había tomado alcohol, mientras que la presencia de drogas se cifra en un 15,5% y la de psicofármacos en un 10,5%.
Respecto al consumo de drogas entre los fallecidos en accidentes de tráfico cuyas muestras se han analizado por el INTCF, la cocaína y el cannabis son las más frecuentes en un 48% de los siniestros. En caso de haberse detectado la presencia de una única droga en lugar de una asociación de las mismas, prevalece el cannabis en un 53%.
Por otra parte, en la Memoria también se muestra un estudio realizado sobre un total de 167 peatones fallecidos como consecuencia de estos siniestros. En este caso, el 31,7% de los fallecidos en un atropello daba muestra de haber consumido alguna de estas sustancias. También en estos casos los varones que dieron positivo en las pruebas de alcohol, drogas y/o psicofármacos (71,7%) superan ampliamente a las mujeres.
Los estudios del INTCF se basan en las solicitudes realizadas por parte de los distintos órganos judiciales de análisis de muestras remitidas por médicos forenses y desde los correspondientes Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Recogen los resultados de los estudios toxicológicos relativos a la presencia de alcohol, drogas de abuso y psicofármacos en las víctimas mortales analizadas y constituyen una información importante para la prevención de la siniestralidad vial.
Enlace a la memoria completa de 2016

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El Consejo de Estado pide mayor sosiego ante la reforma hipotecaria

4 de noviembre, 2017

El Consejo de Estado pide mayor sosiego ante la reforma hipotecaria

Xavier Gil Pecharromán

31/10/2017 – eleconomista.es

El Consejo de Estado considera en su informe sobre la Ley Reguladora de los Contratos de Crédito Inmobiliario, que actualmente elabora el Gobierno, que “habría merecido una tramitación más cuidada y sosegada dada la diversidad de intereses afectados, la necesidad de reducir la litigiosidad en el sector y la obligación de incorporar adecuadamente las previsiones europeas”.
A este respecto, el Consejo de Estado destaca en su informe, al que ha tenido acceso elEconomista, que no cabe duda de la relevancia de la regulación que contiene el anteproyecto de Ley, tanto desde la perspectiva de la protección de los prestatarios a los que se dirige, como desde el punto de vista de la articulación de un régimen jurídico específico para prestamistas e intermediarios del crédito inmobiliario.

Carácter imperativo

Considera un acierto que se regule el vencimiento anticipado como consecuencia de los impagos producidos en cuanto a una parte del capital del préstamo o de los intereses (artículo 15).

Así, se fijan con carácter imperativo los requisitos que han de concurrir para que proceda el vencimiento anticipado, distinguiendo según se haya alcanzado o no la mitad de la vida del contrato. Si no se ha superado, el vencimiento anticipado se producirá tras el impago de cuotas que conjuntamente superen el 2 por ciento de la cuantía del capital concedido; en la segunda mitad de vida del préstamo, el porcentaje será del 4 por ciento.

También se muestra de acuerdo con que se fije un imperativo del límite al interés de demora en el triple del interés legal del dinero vigente a lo largo del período en el que aquel resulte exigible, aplicable sobre el principal pendiente de pago (artículo 16). Considera el informe que el límite que se fije a los intereses de demora ha de respetar el criterio jurisprudencial consolidado, es decir, dos puntos por encima del interés remuneratorio pactado.

Se refiere el Pleno del Consejo a la especial atención que debe prestarse a las observaciones que se centran en el examen de la norma proyectada desde el punto de vista de su adecuación al Derecho europeo.

Información precontractual

Considera que el anteproyecto debe completarse en aquellos aspectos cuya regulación no contiene y respecto de los cuales se introduce esencialmente una habilitación al desarrollo reglamentario.

Han de incorporarse al texto proyectado, por tanto, las líneas esenciales del régimen jurídico aplicable a materias tan relevantes como las relativas a la información precontractual o a la tasa anual equivalente -para las cuales, además, se prevé un grado máximo de armonización en los términos del artículo 2 de la Directiva sobre contratos de crédito celebrados con los consumidores para bienes inmuebles de uso residencial -D 2014/17/UE-, a los requerimientos de información en materia de publicidad y para prestamistas e intermediarios a la evaluación de la solvencia o a la tasación de bienes inmuebles.

En la fase precontractual, se establecen diversas obligaciones de información para el prestamista, quien deberá entregar al potencial prestatario, con una antelación mínima de siete días, la documentación, entre la que se incluye, por ejemplo, una Ficha de Advertencias Estandarizadas (FiAE), en la que se informará al prestatario o potencial prestatario de la existencia de cláusulas o elementos especialmente sensibles.

Además, cuando el préstamo se formalice en escritura pública, se incluirá la advertencia al prestatario de la obligación de recibir asesoramiento personalizado y gratuito del notario designado para la elevación a público del contrato de préstamo, sobre el contenido y las consecuencias de la información contenida en la documentación.

Integración de otras normas

Dice el Consejo de Estado que sería conveniente abordar una revisión integral de todas las disposiciones normativas que inciden sobre la contratación inmobiliaria con personas físicas, para elaborar una única disposición legal que constituya su norma de cabecera; y se insiste en la oportunidad de proceder a la derogación de la Ley de contratación con los consumidores de préstamos o créditos hipotecarios y de servicios de intermediación -L2/2009, de 31 de marzo-, e integrar su contenido en el anteproyecto.

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La Audiencia Nacional confirma la prisión provisional de los presidentes de ANC y Ómnium Cultural

4 de noviembre, 2017

Viernes, 3 de noviembre de 2017  poderjudicial.es

La Audiencia Nacional confirma la prisión provisional de los presidentes de ANC y Ómnium Cultural

La Sala hará públicos los autos en los próximos días
La Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha confirmado este viernes la prisión provisional acordada por la juez de instrucción Carmen Lamela respecto de los presidentes de la Assemblea Nacional Catalana (ANC), Jordi Sànchez, y de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart.

Los cinco magistrados han adelantado el fallo, en el que desestiman los recursos planteados por las defensas de Sànchez y Cuixart una vez celebradas esta mañana las vistas de apelación.

En los próximos días, la Sala notificará los autos con los argumentos en los que se basa para confirmar la decisión adoptada por la magistrada Lamela el pasado 16 de octubre.

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La juez acuerda prisión incondicional para el exvicepresidente del Govern catalán Oriol Junqueras y siete exconsellers

3 de noviembre, 2017

Jueves, 2 de noviembre de 2017  poderjudicial.es

La juez acuerda prisión incondicional para el exvicepresidente del Govern catalán Oriol Junqueras y siete exconsellers

La magistrada considera que existe riesgo de fuga, de destrucción de pruebas y de reiteración delictiva

Autor:Comunicación Poder Judicial

La juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela, que instruye la causa contra catorce exmiembros del Govern de la Generalitat de Cataluña por delitos de rebelión, sedición y malversación, ha acordado este jueves el ingreso en prisión incondicional del exvicepresidente del Ejecutivo autonómico Oriol Junqueras y de los exconsellers Jordi Turull (Presidencia), Raül Romeva (Asuntos Internacionales, Relaciones Institucionales y Transparencia), Josep Rull (Territorio y Sostenibilidad), Dolors Bassa (Trabajo, Asuntos Sociales y Familia), Meritxell Borràs (Gobernación, Administraciones Públicas y Vivienda), Joaquim Forn (Interior) y Carles Mundó (Justicia).

La magistrada también ha acordado el ingreso en prisión del exconseller de Empresa y Conocimiento Santiago Vila, que dimitió de su cargo horas antes de la votación el pasado 27 de octubre en el Parlament de Cataluña de la declaración de independencia, aunque éste saldrá en libertad si deposita la fianza de 50.000 euros que le ha sido exigida.

En todos los casos, las medidas acordadas por la juez son las solicitadas por el Ministerio Fiscal.

En el auto en el que decreta la prisión incondicional de los ochos primeros, Lamela considera que existe riesgo de fuga dada la gravedad de los delitos que se les imputan y las penas que llevan aparejadas y añade que “tampoco puede olvidarse el poder adquisitivo de los querellados, que les permite abandonar fácilmente el territorio español y subsistir en el extranjero. En este punto, basta recordar el hecho de que algunos querellados ya se han desplazado a otros países eludiendo las responsabilidades penales en las que pueden haber incurrido”.

“Se aprecia también alta probabilidad de que los querellados puedan proceder a ocultar, alterar o destruir fuentes de prueba, teniendo en cuenta los cargos que han ostentado hasta hace tan solo unos días en las principales instituciones del Govern de la Generalitat”, añade la juez.

La magistrada, por último, afirma que “existe alto riesgo de reiteración delictiva, teniendo en cuenta que las actividades delictivas descritas en esta resolución se han venido planificando y realizando de forma consciente por los querellados durante más de dos años (…), reincidiendo constantemente en actuaciones contrarias a las resoluciones del Tribunal Constitucional que los investigados conocían de forma personal y directa”.

En cuanto a Santiago Vila, Lamela señala que también aprecia riesgo de fuga y de destrucción de pruebas, pero dice que, “frente a los demás querellados, no se aprecia en el señor Vila riesgo de reiteración delictiva, teniendo en cuenta que él mismo desistió voluntariamente de proseguir con el proceso soberanista el día 26 de octubre de 2017, es decir, un día antes de que la DUI (Declaración Unilateral de Independencia) fuera votada en el Parlament, lo que pone de manifiesto su voluntad contraria a consumar el intento secesionista”.

Junqueras y los ocho exconsellers han prestado hoy declaración ante Lamela, que les había citado en calidad de investigados tras admitir a trámite la querella que la Fiscalía interpuso el pasado lunes contra ellos y contra los restantes exmiembros del Govern: el expresidente Carles Puigdemont y los exconsellers Antoni Comín (Salud), Clara Ponsatí (Enseñanza), Lluís Puig (Cultura) y Meritxell Serret (Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación), que no han comparecido en el tribunal.

2017-11-02 Auto Oriol Junqueras y 7 exconsejeros (1)

2017-11-02 auto Santiago Vila

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Elecciones a Decano y demás miembros de la Junta de Gobierno del Colegio Nacional de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles de España

2 de noviembre, 2017

COMUNICADO DE LA COMISIÓN ELECTORAL
La Comisión Electoral en su reunión de 30 de octubre de 2017, y conforme a lo dispuesto en el artículo 41 de los Estatutos Generales del Colegio (Real Decreto 483/1997, de 14 de abril), ha examinado las tres candidaturas presentadas para las elecciones convocadas para cubrir el cargo de Decano – Presidente  y demás Miembros de la Junta de Gobierno, habiendo acordado la aprobación de las mismas por reunir todas los requisitos exigidos.

La relación de candidatos de las listas cerradas presentadas y aprobadas es la que pasa a reseñarse, por el orden de entrada de las mismas en esta Corporación.

1ª Candidatura:
• Dª. María Emilia Adán García, Registradora de la Propiedad de Gandía número 1, para el cargo de Decano – Presidente.

• D. José Miguel Tabarés Cuadrado, Registrador de la Propiedad de Miranda de Ebro.

• D. Jorge Salazar García, Registrador Mercantil de Madrid III.

• Dª. María del Pilar Rodríguez Álvarez, Registradora de la Propiedad de Vilanova i La Geltrú número 2.

• D. Fernando Acedo – Rico Henning, Registrador de la Propiedad de Tarancón.

• Dª. Mercedes Ríos Peset, Registradora de la Propiedad de Valencia número 5.

• D. José María Ramírez – Cárdenas Gil, Registrador de la Propiedad de Sabadell número 2.

• D. Eduardo Entrala Bueno, Registrador de la Propiedad de Mojácar.

• Dª. Rocío Perteguer Prieto, Registradora de la Propiedad de Banyoles.

• D. José María de Pablos O’Mullony, Registrador de la Propiedad de Sevilla número 10.

• D. Enrique Maside Páramo, Registrador de la Propiedad de Amurrio.

• D. Manuel Ballesteros Alonso, Registrador Mercantil Central III.

2ª Candidatura:
• D. Gonzalo Aguilera Anegón, Registrador de la Propiedad de Denia número 1, para el cargo de Decano – Presidente.

• D. Antonio José Ramos Blanes, Registrador de la Propiedad de Torrevieja número 1.

• D. José Félix Merino Escartín, Registrador de la Propiedad de Madrid número 18.

• D. Juan María Díaz Fraile, Registrador de la Propiedad de Fuengirola número 1.

• D. Luis Antonio Gallego Fernández, Registrador de la Propiedad de Padrón.

• Dª. Nieves Ozámiz Fortis, Registradora de la Propiedad de Marbella número 4.

• D. Fernando José Carabaña Aguado, Registrador Mercantil y de Bienes Muebles de Navarra II.

• D. Igor Prieto García, Registrador de la Propiedad de Nájera.

• D. Óscar Germán Vázquez Asenjo, Registrador de la Propiedad de Lloret de Mar número 1.

• Dª. Ana del Valle Hernández, Registradora Mercantil y de Bienes Muebles de Cádiz I.

• D. Fernando Pedro Méndez González, Registrador de la Propiedad de Hospitalet número 4.

• Dª. Nuria Raga Sastre, Registradora de la Propiedad de Belmonte.

• Dª. María de las Mercedes Blázquez Reales, Registradora de Bienes Muebles de Alicante.

• Dª. Alicia Echevarría Pérez, Registradora de la Propiedad de Inca número 2.

3ª Candidatura:
• Dª. Sonsoles Rodríguez – Vilariño Pastor, Registradora de la Propiedad de San Martín de Valdeiglesias, para el cargo de Decano – Presidente.

• D. Luis María Stampa Piñeiro, Registrador Mercantil de Madrid VIII.

• D. Pablo Guillermo Durán de la Colina, Registrador de la Propiedad de Madrid número 33.

• Dª. María Isabel Lapuente Madrid, Registrador de la Propiedad de Almería número 2.

• Dª. Esther Sánchez Velilla, Registrador de la Propiedad de Orgaz.

• Dª. María Carolina Martínez Fernández, Registrador de la Propiedad de Vitoria – Gasteiz número 5

• D. Jesús María Martínez Rojo, Registrador de la Propiedad de Torrejón de Ardoz número 3.

• Dª. María Purificación Geijo Barrientos, Registrador de la Propiedad de Vigo número 3

• D. Javier Ángel González García, Registrador de la Propiedad de Burgo de Osma.

• D. Antonio Coll Orvay, Registrador de la Propiedad de Palma de Mallorca número 8.

Estas candidaturas podrán ser impugnadas ante la Comisión Electoral en el plazo de ocho días naturales a contar desde la presente remisión (artículo 41.1 párrafo 5º de los Estatutos).
Madrid, a 30 de octubre de 2017.

Francisco Javier Gómez Jené
Secretario de la Comisión Electoral

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La economía española crea más de medio millón de empleos y reduce en 600.000 el número de parados

2 de noviembre, 2017

26 de octubre de 2017 mineco.gob.es
La economía española crea más de medio millón de empleos y reduce en 600.000 el número de parados
La EPA del tercer trimestre sitúa la tasa de paro en el 16,38%, el nivel más bajo desde el inicio de la recesión
Se superan por primera vez desde hace ocho años los 19 millones de ocupados
La mayor parte el empleo se crea en el sector privado, casi todo es a tiempo completo y los indefinidos superan a los temporales
Los hogares con todos sus activos en paro bajan en 244.400 y crecen en 412.300 los que tienen todos ocupados
La economía española creó 521.700 empleos en el tercer trimestre respecto de un año antes y el paro se redujo en 589.100, según los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) que publica el INE. El aumento del empleo en el último año es del 2,82%, lo que significa que casi todo el crecimiento económico se traduce en nuevos puestos de trabajo. Se superan por primera vez en los últimos ocho años los 19 millones de ocupados. La mayor parte del empleo se crea en el sector privado, prácticamente todo es a tiempo completo y crece más el empleo asalariado indefinido que el temporal. El número total de parados se reduce hasta los 3,731 millones, la cifra más baja desde el inicio de la recesión, lo mismo que la tasa de paro, que disminuye en 2,53 puntos en el último año, hasta situarse en el 16,38% de la población activa.

Los nuevos resultados del mercado laboral superan las previsiones y son coherentes con la buena marcha de la economía. Según el último cuadro macroeconómico, la economía española crecerá en media anual en 2017 el 3,1%, una décima por encima de la anterior estimación. Prácticamente todo ese crecimiento se traslada a la creación de empleo, 521.700 en el último año, lo que demuestra la eficacia de las reformas, las mejoras de competitividad alcanzadas y la reducción de los desequilibrios macroeconómicos. Desde el mínimo nivel de empleo alcanzado durante la crisis (primer trimestre de 2014) se han creado más de dos millones de empleos netos y el número de parados ha bajado en 2,5 millones de personas desde el máximo registrado en el primer trimestre de 2013, mientras la tasa de paro se ha reducido 11 puntos.

En el tercer trimestre de este año se alcanzan los 19,049 millones de ocupados -cifra que no se lograba desde el mismo periodo de 2009-, tras aumentar en 235.900 el número de ocupados en relación al segundo trimestre. Este ritmo de creación de empleo para un tercer trimestre es el más alto de los últimos 12 años. En cuanto al paro, se reduce en 182.600 personas en el trimestre, hasta totalizar los 3,731 millones, la cifra más baja desde el cuarto trimestre de 2008. El paro bajó en los sectores de servicios e industria y subió en agricultura y construcción. Bajó el número de personas que perdieron su empleo hace más de un año en 114.900 y subió en 11.400 el de parados que buscan el primer empleo.

La creación de empleo del último año se ha concentrado en el sector privado, con 463.500 ocupados más, un 2,99% más que hace un año,  frente al aumento de 58.200 personas del empleo público (1,94%).        El 94,5% del empleo creado ha sido a tiempo completo (493.000 personas más) y el 5,5% restante, a tiempo parcial (28.700 más). Se ha creado empleo en todos los sectores, principalmente en servicios (301.700, el 57,8% del total). En industria ha subido en 139.400 ocupados, en construcción, en 47.400 y en agricultura, en 33.200. Los asalariados indefinidos aumentan en 299.300, frente a 202.700 los temporales. La tasa de temporalidad se sitúa en el 27,38%, 43 centésimas superior a la de un año antes, y se mantiene por debajo de los niveles precrisis.

La reducción del paro asciende a 589.100 personas en el tercer trimestre respecto de un año antes, con lo que se supera el medio millón de desempleados menos anuales, ritmo que se mantiene en los últimos cuatro años. Este descenso se reparte entre todos los sectores, principalmente en servicios y construcción. El número de parados que perdieron su empleo hace más de un año se reduce en 417.500 y disminuye en 45.900 entre los que buscan el primer empleo. La tasa de paro baja en 84 centésimas respecto del trimestre anterior, hasta el 16,38%, la más baja desde el cuarto trimestre de 2008. En los últimos 12 meses, el número de hogares con todos sus miembros activos en paro se ha reducido en 244.400, hasta los 1,193 millones, y los que tienen todos sus activos ocupados ha aumentado en 412.300.

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Solidaridad. Atentado en Manhattan

1 de noviembre, 2017

Bandera United States Of America 

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La juez Lamela admite la querella por rebelión contra los exmiembros del Govern catalán y cita al expresidente Puigdemont para el jueves

1 de noviembre, 2017

Martes, 31 de octubre de 2017  poderjudicial.es

La juez Lamela admite la querella por rebelión contra los exmiembros del Govern catalán y cita al expresidente Puigdemont para el jueves

El resto de los querellados, todos ellos exconsellers del Gobierno autonómico, también declararán entre el jueves y el viernes

Autor:Comunicación Poder Judicial

La juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela ha admitido a trámite la querella de la Fiscalía por delitos de rebelión, sedición y malversación de fondos públicos contra el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y otros 13 ex miembros del Govern catalán.

En un auto notificado este martes, en el que se declara competente para investigar los hechos, la magistrada acuerda como primera diligencia citar a los 14 querellados, en calidad de investigados, para el próximo jueves, 2 de noviembre, y viernes, 3 de noviembre, a las 9 horas ( ambos días) para declaración y la posterior celebración del artículo 505 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal a fin de valorar la adopción de medidas cautelares de carácter personal.

Además de las citaciones, Lamela acuerda fijar a los 14 querellados una fianza de 6.207.450 euros con apercibimiento de embargo si no la depositan en el plazo de 3 días. La juez ordena también que se incorporen a la causa las copias de diferentes acuerdos adoptados por el Parlament en los últimos meses, así como los últimos decretos del Govern en relación con el proceso secesionista de Cataluña.

En su auto, la magistrada explica que, conforme al relato expuesto por el fiscal en su querella, los hechos investigados iban dirigidos a proclamar una República catalana independiente de España en una conducta que va encaminada o dirigida a romper la organización territorial del Estado, por lo que puede encajar en una manera de atentar contra la forma actual de gobierno de España, y por tanto, sería competencia de la Audiencia Nacional, tal y como bien recogido en el artículo 65.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial sobre las competencias de este tribunal.

Lamela recuerda que esta fase inicial, de admisión de una querella, no constituye todavía un acto de imputación judicial y que sin perjuicio de la futura precisión acerca de la existencia de pruebas para los delitos imputados, se trata exclusivamente “de establecer en primer lugar si, a los efectos de admisión a trámite de la querella puede ser exclusivo el carácter delictivo de las conductas imputadas a los querellados y, en segundo lugar, si existen indicios de que tal conducta efectivamente ha sido ejecutada”.

Teniendo en cuenta estas dos condiciones, la juez concluye que del relato del fiscal se desprende que los querellados “urdieron una estrategia de la que habría de ser todo el movimiento secesionista, perfectamente organizada, y con reparto de papeles entre las autoridades gubernamentales, parlamentarias y asociaciones independentistas ( ANC y Omnium) que llevaron a la celebración del referéndum ilegal el día 1 de octubre y a la declaración de independencia aprobada en el Parlamento el pasado 27 de octubre”.

Además, considera que la querella del fiscal expone de manera “seria, racional y lógica, los motivos que llevan al Ministerio Fiscal a efectuar su provisional calificación como delito de rebelión que absorbería los delitos de sedición, desobediencia y prevaricación”. Por ello, sin perjuicio de la calificación jurídica que finalmente pueda otorgarse, la juez admite la querella en los términos planteados por el Ministerio Público.

Una estrategia diseñada por los querellados

La magistrada explica en su escrito que procede incorporar la querella a la causa donde ya se investiga por sedición a los presidentes de ANC y Omnium teniendo en cuenta que los hechos hasta ahora investigados “se encuadran dentro de todo el proceso secesionista que se describe en el escrito de querella y que las personas investigadas en los mismos formaban parte de las estructuras básicas integradas en esa estrategia diseñada y ejecutada por los ahora querellados”.

Contra el auto cabe interponer recurso de reforma ante la juez y apelación ante la Sala.

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El instructor de la causa contra la Mesa del Parlament en el Tribunal Supremo cita a los querellados para el próximo jueves

1 de noviembre, 2017

Martes, 31 de octubre de 2017  poderjudicial.es

El instructor de la causa contra la Mesa del Parlament en el Tribunal Supremo cita a los querellados para el próximo jueves

Carme Forcadell y otros cinco exmiembros de la Mesa de la Cámara autonómica comparecerán en calidad de investigados

Autor:Comunicación Poder Judicial

El magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo Pablo Llarena, instructor de la querella que la Fiscalía ha presentado por delitos de rebelión, sedición y malversación contra la presidenta del Parlament de Cataluña, Carme Forcadell, y cinco exmiembros de la Mesa de la Cámara autonómica, ha citado a estos para tomarles declaración el próximo jueves 2 de noviembre a partir de las 9:30 horas.

En una providencia notificada hoy, el magistrado instructor –que ha señalado también el viernes 3 de noviembre para la toma de declaraciones- recuerda a los querelllados que les cita en calidad de investigados y que deben comparecer con abogado.

La decisión del instructor se produce después de que, esta misma mañana, la Sala de admisiones del Tribunal Supremo haya dictado un auto en el que declara su competencia para instruir, y en su caso, enjuiciar, por los delitos de rebelión, sedición y malversación a la expresidenta del Parlament de Cataluña Carme Forcadell y a otros cinco exmiembros de la Mesa de la Cámara, todos ellos objeto de querella por parte de la Fiscalía por su actuación en lo relativo al proceso secesionista en esta Comunidad Autónoma. Conforme al turno establecido, el tribunal ha designado como instructor de la causa a Pablo Llarena.

En una resolución dictada por unanimidad, la Sala de admisión señala además que hace extensiva su competencia, para el caso de que el magistrado instructor lo considere oportuno, respecto de aquellas otras causas penales actualmente en tramitación y que puedan referirse a hechos inescindibles respecto de los que han sido inicialmente atribuidos a los querellados.

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El Fiscal General del Estado explica las querellas en relación con Cataluña

31 de octubre, 2017

30 octubre 2017  fiscal.es
El Fiscal General del Estado explica las querellas en relación con Cataluña
El Fiscal General del Estado, José Manuel Maza, ha comparecido ante los medios de comunicación para dar cuenta de las querellas presentadas contra el Govern de la Generalitat y la mesa del Parlamento de Cataluña.

José Manuel Maza ha explicado las querellas en estos términos:

<< Como Fiscal General del Estado les doy cuenta de que en la mañana del día de hoy, el Ministerio Fiscal, en cumplimiento de sus funciones constitucionales de promoción de la acción de la Justicia, en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público, ha interpuesto sendas querellas por delitos de rebelión, sedición, malversación y conexos, contra los principales responsables políticos de la Generalitat de Cataluña, que con sus decisiones y actos a lo largo de estos dos últimos años han producido una crisis institucional que culminó con la declaración unilateral de independencia realizada, con total desprecio a nuestra Constitución, el pasado 27 de octubre.

La querella contra los miembros del Govern se ha interpuesto ante la Audiencia Nacional, que es la competente para conocer de los delitos imputados, ya que los querellados no ostentan la condición de aforados al haber sido cesados en sus cargos.

A su vez, la querella contra los miembros de la Mesa del Parlament que, con sus acuerdos, posibilitaron la tramitación de los proyectos esenciales para el desarrollo y la culminación del proceso independentista, se ha interpuesto ante el Tribunal Supremo, al conservar la mayoría de los querellados el aforamiento dada su condición de miembros de la Diputación Permanente del Parlament de Cataluña.

En sendas querellas se solicita, como es lógico, que sean citados los querellados para prestar declaración y posterior comparecencia en orden a la eventual solicitud de medidas cautelares, atendiendo a la gravedad de los hechos y de los delitos imputados.

A partir de ahora, la Fiscalía continuará ejerciendo sus funciones desde la imparcialidad y con estricta observancia de lo dispuesto en la Ley, para garantizar el respeto al Estado de Derecho, al orden constitucional y a nuestro sistema de convivencia, gravemente afectado por las conductas que motivan las querellas.>>

Querella rebelión

Querella Tribunal Supremo

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El Tribunal Supremo se declara competente para investigar por rebelión a los exmiembros de la Mesa del Parlament de Cataluña

31 de octubre, 2017

Martes, 31 de octubre de 2017  poderjudicial.es

El Tribunal Supremo se declara competente para investigar por rebelión a los exmiembros de la Mesa del Parlament de Cataluña

El instructor de la causa será el magistrado de la Sala Segunda Pablo Llarena

Autor:Comunicación Poder Judicial

La Sala Segunda del Tribunal Supremo ha dictado este martes un auto en el que declara su competencia para instruir, y en su caso, enjuiciar, por los delitos de rebelión, sedición y malversación a la expresidenta del Parlament de Cataluña Carme Forcadell y a otros cinco exmiembros de la Mesa de la Cámara, todos ellos objeto de querella por parte de la Fiscalía por su actuación en lo relativo al proceso secesionista en esta Comunidad Autónoma. Conforme al turno establecido, el tribunal designa como instructor de la causa al magistrado de la propia Sala Pablo Llarena Conde.

En una resolución dictada por unanimidad, la Sala de admisión señala además que hace extensiva su competencia, para el caso de que el magistrado instructor lo considere oportuno, respecto de aquellas otras causas penales actualmente en tramitación y que puedan referirse a hechos inescindibles respecto de los que han sido inicialmente atribuidos a los querellados.

En el auto, del que ha sido ponente el presidente de la Sala Segunda, Manuel Marchena, el Tribunal Supremo acepta su competencia ante el aforamiento que Forcadell y otros cuatro de los querellados mantienen por ser miembros de la Diputación Permanente del Parlament catalán, y ante el hecho de que, según sostiene la Fiscalía en su querella al referirse a los aspectos internacionales del proceso soberanista, parte de los hechos imputados se han producido fuera del territorio de la Comunidad Autónoma catalana.

“El carácter plurisubjetivo del delito de rebelión hace perfectamente explicable, a la hora de valorar la verdadera entidad de cada una de cada una de las aportaciones individuales, un reparto de cometidos en el que la coincidencia en la finalidad que anima la acción –la declaración de independencia de Cataluña- tolera contribuciones fácticas de muy distinto signo y, precisamente por ello, ejecutadas en diferentes puntos geográficos”, señala el tribunal, que añade que el delito de rebelión adquiere una incuestionable vocación territorial proyectada sobre el conjunto del Estado.

Sobre los delitos denunciados en la querella, la Sala explica que el fiscal alude a la existencia de un delito de rebelión con una extensa argumentación encaminada a justificar la concurrencia de violencia. Para el alto tribunal, “será a lo largo de la instrucción cuando los hechos imputados, a la vista de las diligencias de investigación acordadas por el instructor confirmen o desmientan su realidad. Y será entonces cuando pueda precisarse (…) si esos actos son susceptibles de integrar las exigencias del tipo previsto en el artículo 472 del Código Penal o, por el contrario, han de ser subsumidos en los artículos 477 y 17.1 del Código Penal, que castigan la conspiración para la rebelión, delito en el que, por definición, los elementos del tipo proyectado no llegan a tener realidad al no superar los conspiradores la fase propiamente preparatoria”.

Sobre la extensión de la investigación, la Sala dice que es el instructor, en el desarrollo de su investigación, el que debe poner de manifiesto la procedencia o improcedencia de reclamar para el Supremo, como sugiere el fiscal, el conocimiento de aquellos hechos inicialmente tramitados en otros órganos jurisdiccionales, “pero que presenten una naturaleza inescindible respecto de los que aquí van a ser investigados y, en su caso, enjuiciados”.

Los querellados, aparte de Carme Forcadell, son los exmiembros de la Mesa del Parlament catalán Lluís Maria Corominas, Lluís Guinó, Anna Simó, Ramona Barrufet, y Joan Josep Nuet. Este último no es miembro de la Diputación Permanente del Parlament disuelto el pasado viernes, pero la Fiscalía lo ha incluido en la querella por entender que su actuación está asociada a la del resto. El Supremo ha asumido también la competencia de investigarle.

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Dura Lex sed Lex

30 de octubre, 2017

dura lex sed lex

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La CNMC conmemora los 10 años de aplicación de la Ley de Defensa de la Competencia (LDC

30 de octubre, 2017

La CNMC conmemora los 10 años de aplicación de la Ley de Defensa de la Competencia (LDC)

24 Octubre 2017
nota de prensa Competencia cnmc.es

◦En pleno debate sobre la modificación de la LDC, la CNMC impulsa un proceso de reflexión y autocrítica para mejorar su funcionamiento.
◦Se reforzará el análisis económico y jurídico para robustecer las resoluciones y el análisis de los informes periciales durante la instrucción de los expedientes.
◦Se creará una unidad de inteligencia económica para reforzar la investigación de oficio, especialmente en materia de contratación pública.
◦Se publicarán unas indicaciones provisionales sobre el cálculo de multas en aras de una mayor trasparencia.
◦Funcionarios de la CNMC podrán participar como peritos ante los tribunales para reforzar la defensa de las resoluciones de la CNMC en el proceso de revisión judicial.

 

La CNMC (Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia) ha celebrado hoy la “Jornada Anual de Competencia 2017: 10 años de aplicación de la Ley 15/2007 de Defensa de la Competencia”, en pleno debate sobre la modificación de esta Ley para dotar a la sociedad española de una norma más eficaz y que permita a la CNMC realizar un mejor trabajo.

 

Actualmente, la CNMC está inmersa en un proceso de reflexión y autocrítica sobre cómo enfocar los retos externos e internos a los que se enfrenta para garantizar la mayor eficacia de las actuaciones de la Autoridad de Competencia. La CNMC reitera que la independencia del poder político (competencias, recursos humanos y financieros) y económico es esencial para su buen funcionamiento.

 

Revisión judicial de los casos

En el caso de la revisión judicial, a la vista de las recientes sentencias de la Audiencia Nacional, la CNMC centrará su actuación en la interposición de recursos de casación cuando sea necesario. Entre 2015 y 2016, más de un 85% de los casos revisados por el Tribunal Supremo en 2015 y 2016 confirmaron el fondo de las resoluciones de la CNMC.

 

Además, la CNMC reforzará la solidez jurídica y económica de sus propuestas y de las resoluciones (análisis económico e informes periciales) para facilitar su revisión ante los jueces. Cuando sea oportuno, funcionarios de la CNMC participarán como peritos en las vistas orales.

 

Asimismo, publicará las directrices que deberán seguir las empresas a la hora de presentar sus informes, reforzará la Asesoría Jurídica y los departamentos de instrucción. Por otra parte, se va a proponer la creación de una unidad de inteligencia económica, al estilo de las existentes en otras autoridades de competencia europeas, para fomentar la investigación de oficio mediante técnicas estadísticas, que incluyen la detección de conductas a través del análisis de los datos, especialmente en el ámbito de la contratación pública (screening y data mining).

 

Revisión de las multas

Después de la sentencia de 2015 del Tribunal Supremo que anulaba la comunicación de multas, la CNMC ha revisado el sistema de fijación de multas y lo ha adaptado a las exigencias de dichas sentencias. De esta forma, con el fin de mejorar el sistema y dotarlo de mayor transparencia, la CNMC publicará próximamente unas indicaciones provisionales sobre el cálculo de multas.

 

Una vez asentadas estas indicaciones, igual que se hizo con el Programa de Clemencia, se aprobará una comunicación formal con directrices para que las empresas tengan mayor seguridad jurídica cuando afrontan un expediente sancionador.

 

Por otra parte, la CNMC ya ha empezado a incluir en sus propuestas de resolución la propuesta de multa, que permitirá a la empresa imputada disponer de un trámite de alegaciones sobre la multa ante el propio Consejo, y evitará que el debate se plantee por primera vez ante la Audiencia Nacional cuando se recurra un expediente.

 

Transparencia y rendición de cuentas

La CNMC  tiene previsto que próximamente el Consejo de la CNMC celebre vistas orales con cierta regularidad en aquellos asuntos que lo merezcan, contribuyendo a reforzar la transparencia y rendición de cuentas de las actuaciones de la institución.

 

Además, el Departamento de Control Interno de la CNMC ha preparado un modelo de mapa de riesgos en la contratación pública con la finalidad de conseguir más eficiencia en la utilización de los recursos públicos.

 

10añosLDC

Desde la aprobación de la Ley de Defensa de la Competencia en el año 2007, se han desarticulado más de 60 cárteles, que han afectado a casi todos los sectores de la economía española (telecomunicaciones, productos lácteos, pañales para adultos, desvíos ferroviarios, la recogida de residuos urbanos, automóviles, etc.)

 

La CNMC ha velado por que todas las empresas, también las más poderosas, cumplieran con las reglas del juego, con el control de las fusiones empresariales. La promoción de la Competencia ha sido esencial para impugnar las normas de las AAPP (alojamientos turísticos, las concesiones de transporte, etc.) que entorpecen el buen funcionamiento de los mercados. Su actividad, se ha centrado, además, en mejorar la eficiencia en la contratación pública para evitar las manipulaciones de las licitaciones y en la creación de una “cultura de la competencia” en España.

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Las empresas exportadoras mejoran sus perspectivas de actividad y de empleo para el próximo trimestre

29 de octubre, 2017

Las empresas exportadoras mejoran sus perspectivas de actividad y de empleo para el próximo trimestre
Martes 17 de octubre de 2017 lamoncloa.gob.es

Encuesta de Coyuntura de la Exportación – Tercer trimestre 2017

Las empresas exportadoras mejoran sus perspectivas sobre evolución de la cartera de pedidos a tres meses, si bien empeora en el trimestre actual, como consecuencia de la menor actividad en verano, y también a doce meses. Así lo refleja el Indicador Sintético de Actividad Exportadora (ISAE), que se situó en 20,2 puntos en el tercer trimestre del año (3,2 puntos menos que en el primer trimestre del año).
El ISAE es un indicador compuesto que resume la información proporcionada por las empresas entrevistadas sobre la evolución de su cartera de pedidos de exportación en el trimestre de referencia y las perspectivas a tres y doce meses. Este indicador puede oscilar entre -100 y +100. Los valores positivos indican una mejor percepción de la actividad exportadora y/o de las previsiones.

El ISAE se compone, a su vez, de tres indicadores simples (balance de cartera de pedidos del trimestre actual, de perspectivas a tres meses y de perspectivas a doce meses) que se construyen por la diferencia entre el porcentaje de las empresas que prevén evoluciones al alza y las que lo hacen a la baja.

En línea con los factores estacionales asociados al verano, el indicador balance del trimestre actual se sitúa en 13,8 puntos desde los 20,9 puntos del trimestre anterior, mientras que las perspectivas a tres meses aumentan casi siete puntos, hasta los 25,2 (18,5 en el segundo trimestre). Por último, las expectativas a doce meses descienden algo más de tres puntos, hasta 36,9.

Con respecto a los precios de exportación y el margen de beneficio comercial de las exportaciones, se refuerza la percepción de estabilidad como característica dominante en las expectativas de evolución de ambos indicadores.

Los tres factores más citados como influencia positiva son la evolución de la demanda externa (41,7%), los recursos humanos adecuados a la actividad exportadora (24,3%) y la competencia en calidad (19,5%). Los más mencionados como influencia negativa son la competencia internacional en precios (54,4%), el precio de las materias primas (51,7%) y el tipo de cambio (40,3%). Respecto al anterior trimestre, desciende la percepción negativa del precio de las materias primas, mientras que aumenta notablemente la del tipo de cambio.

Atendiendo a la evolución del empleo o plantilla contratada en tareas de exportación, la percepción es menos favorable que la del trimestre anterior. El indicador de contratación a tres meses (8,5 puntos) aumenta 1,2 puntos, mientras que los indicadores para el trimestre actual (8,3 puntos) y para los próximos doce meses (15,6 puntos) descienden respectivamente 1,6 puntos y 0,4 puntos sobre el periodo anterior. También desciende 6,5 puntos el indicador balance referido al grado de dedicación de la plantilla en tareas de exportación.

En relación con los destinos de exportación, las perspectivas a tres meses son más favorables para la mayoría de los destinos. Mejoran todos ellos, excepto Latinoamérica, Asia y Oceanía. Por el contrario, el valor del indicador balance actual de la cartera de pedidos desciende en todas las zonas, excepto en Norteamérica y Latinoamérica.

Los principales destinos de exportación para los próximos doce meses son Francia (40,8%), Alemania (40,6%), Italia (21,8%), EEUU (20,3%), Portugal (18,7%), Reino Unido (18%), México (11,5%), China (9,6%) y Marruecos (9,5%).

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La madrugada del domingo 29 de octubre finaliza el horario de verano

29 de octubre, 2017

La madrugada del domingo 29 de octubre finaliza el horario de verano
Jueves 26 de octubre de 2017
lamoncloa.gob.es

El próximo fin de semana finaliza el horario de verano que comenzó el pasado mes de marzo con el objetivo de aprovechar mejor la luz solar en las actividades cotidianas. La finalización supone retrasar los relojes una hora, es decir, a las 03:00 horas volverán a ser las 02:00 horas.

Según un estudio realizado por la Comisión Europea, esta medida tiene impactos positivos no solo sobre el ahorro energético, sino sobre otros sectores como el transporte, las comunicaciones, la seguridad vial, las condiciones de trabajo y los modos de vida, la salud, el turismo o el ocio.

El cambio horario se remonta a la década de los setenta, cuando se produjo la primera crisis del petróleo y algunos países decidieron adelantar sus relojes para poder aprovechar mejor la luz natural del sol y consumir así menos electricidad en iluminación.

El cambio horario y su finalización vienen impuestos por la Directiva Europea 2000/84/CE, relativa a las disposiciones sobre la hora de verano. La directiva obliga a aplicar un régimen horario de verano y un calendario común para las fechas y horas a las que debe comenzar y finalizar dicho horario en todos los Estados miembros. La directiva no prevé la posibilidad de que un Estado miembro no decida aplicar el régimen de la hora de verano.

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Vergüenza ajena

28 de octubre, 2017

vergüenza ajena

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Bajo la carpa

27 de octubre, 2017

Lona

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El Tribunal Supremo rechaza la petición de Unidos Podemos de suspensión cautelar de las órdenes de Hacienda sobre Cataluña

27 de octubre, 2017

Jueves, 26 de octubre de 2017  poderjudicial.es

El Tribunal Supremo rechaza la petición de Unidos Podemos de suspensión cautelar de las órdenes de Hacienda sobre Catalunya

El pasado 27 de septiembre, la Sala Tercera rechazó la suspensión cautelarísima de dichas órdenes al no haberse acreditado las circunstancias de especial urgencia exigidas por la ley para adoptar una medida como la solicitada, sin oír a las partes y en 48 horas

Autor:Comunicación Poder Judicial

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha rechazado la petición de senadoras y senadores del Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En ComúPodem-Em Marca de suspender de forma cautelar la Orden del Ministerio de Hacienda, de 20 de septiembre, por la que se declara la no disponibilidad de créditos en el Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Cataluña para el 2017, y otra Orden, de 15 de septiembre, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos por el que se adoptaron medidas en defensa del interés general y en garantía de los servicios públicos fundamentales en la Comunidad Autónoma de Cataluña.

En un auto, notificado esta mañana, la Sección Cuarta de la Sala Tercera concluye que no se ha acreditado que la ejecución del acto administrativo impugnado pueda hacer perder la finalidad legítima del recurso presentado contra dichas órdenes, dejándolo vacío de contenido.

En este sentido, afirma, que la pérdida de la finalidad legítima del recurso exige una valoración ponderada y suficientemente motivada de todos los intereses en conflicto, siendo evidente que la Sala no puede hacer esa evaluación desde el momento en que, frente a los intereses públicos que de manera profusa y detallada se exponen en los actos impugnados, la parte recurrente no hace ningún esfuerzo por concretar los perjuicios irreversibles que alega en su recurso.

La Sala indica que si lo que se pretende con la medida cautelar es la tutela del derecho de los recurrentes, como representantes de la soberanía popular, a debatir en sede parlamentaria una materia que, en su opinión, correspondería a la competencia del Senado de acuerdo con el artículo 155 de la Constitución, “no se ve ni se explica” cómo la adopción de la medida cautelar puede contribuir a asegurar esa indemnidad si nunca conllevaría la celebración del debate parlamentario que se dice hurtado.

El pasado 27 de septiembre, la Sala Tercera rechazó la suspensión cautelarísima de dichas órdenes solicitada por la recurrente al no haberse acreditado las circunstancias de especial urgencia exigidas por la ley para adoptar una medida como la solicitada –sin oír a las partes y en 48 horas- y menos aún las situaciones irreversibles alegadas por la formación política.

 

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El Supremo rechaza la suspensión cautelarísima del acuerdo Consejo Ministros sobre art. 155 pedida por la Generalitat

27 de octubre, 2017

Jueves, 26 de octubre de 2017  poderjudidical.es

El Supremo rechaza la suspensión cautelarísima del acuerdo Consejo Ministros sobre art. 155 pedida por la Generalitat

La Sala señala que no concurren las exigencias para otorgar esta medida al no apreciarse las circunstancias de especial urgencia que requiere la Ley

Autor:Comunicación Poder Judicial

La Sala III, de lo Contencioso-Administrativo, del Tribunal Supremo ha acordado hoy denegar la petición, planteada tanto por la Generalitat de Catalunya como por los miembros del Govern catalán en un recurso conjunto, de suspender el acuerdo del Consejo de Ministros del pasado 21 de octubre, al considerar que se trata del “acto de iniciación de un procedimiento constitucional, el del artículo 155 de la Norma Fundamental, que se dirige al Senado y que en el momento actual sólo se ha iniciado y no produce por ello los efectos jurídicos ‘ad extra’ que sostiene la parte recurrente”.

La medida solicitada era la llamada ‘suspensión cautelarísima’, en la que, alegando especial urgencia, no se da audiencia a las otras partes, y que el tribunal debe resolver en el plazo de 48 horas desde la presentación del recurso.

En sus autos, la Sala argumenta que “en este momento cautelar, y sin prejuzgar lo que pueda acordarse con posterioridad, entendemos patente que la Sala carece de jurisdicción para obstaculizar o impedir el ejercicio por el Senado de sus funciones constitucionales, por lo que no procede acceder a la medida solicitada”.
En la misma línea, el tribunal dice que sin prejuzgar en esta fase cautelar lo que en su día se acuerde, “las alegaciones que se formulan sobre ‘periculum in mora’ tienen carácter prematuro, se refieren a un procedimiento netamente constitucional y no administrativo, y en todo caso, no serían irreversibles en el supuesto de una sentencia estimatoria”.

La Sala concluye que no concurren las exigencias para otorgar esta medida cautelarísima al no apreciarse las circunstancias de especial urgencia que requiere la Ley para adoptar este tipo de medidas, “dada la naturaleza constitucional del procedimiento y su carencia de efectos en este momento”.

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Los Estados miembros no pueden imponer a las sociedades que desean trasladar su domicilio social a otro Estado miembro una obligación de liquidación

26 de octubre, 2017

curia.europa.eu
Prensa e Información
Tribunal de Justicia de la Unión Europea
Comunicado de prensa n.º 112/17
Luxemburgo, 25 de octubre de 2017
Sentencia en el asunto C-106/16
Polbud — Wykonawstwo sp. z o.o.
Los Estados miembros no pueden imponer a las sociedades que desean trasladar su domicilio social a otro Estado miembro una obligación de liquidación
El traslado del domicilio social de una sociedad sin que se produzca el traslado de su domicilio efectivo está comprendido en la libertad de establecimiento protegida por el Derecho de la Unión
Polbud es una sociedad constituida en Polonia. Mediante un acuerdo adoptado en 2011, la junta general extraordinaria de socios de la mencionada sociedad decidió trasladar su domicilio social a Luxemburgo. Del mencionado acuerdo no resulta que también fuesen trasladados a Luxemburgo el lugar de la dirección empresarial y el ejercicio efectivo de la actividad económica de Polbud.
Sobre la base de este acuerdo el inicio del procedimiento de liquidación se anotó en el Registro Mercantil polaco y se designó a un liquidador.
En 2013, el domicilio social de Polbud se trasladó a Luxemburgo. Polbud pasó a ser «Consoil Geotechnik Sàrl», sociedad sometida al Derecho luxemburgués. Además, Polbud presentó una solicitud de cancelación de su inscripción en el Registro Mercantil polaco ante el Tribunal Registral polaco. Su solicitud fue rechazada por éste.
Polbud interpuso recurso contra esta resolución. El Sąd Najwyższy (Tribunal Supremo de Polonia), que conoce del asunto en casación, pregunta en primer lugar al Tribunal de Justicia si la libertad de establecimiento es aplicable al traslado únicamente del domicilio social de una sociedad constituida con arreglo al Derecho de un Estado miembro al territorio de otro Estado miembro, en caso de que dicha sociedad sea transformada en una sociedad regida por el Derecho de este otro Estado miembro sin que se traslade su domicilio efectivo. Seguidamente, el Sąd Najwyższy pregunta si la legislación polaca que supedita la cancelación de la inscripción en el Registro Mercantil a la disolución de la sociedad al término de un procedimiento de liquidación es compatible con la libertad de establecimiento.
En su sentencia dictada hoy, el Tribunal de Justicia subraya en primer lugar que el Derecho de la Unión reconoce la libertad de establecimiento a toda sociedad constituida de conformidad con la legislación de un Estado miembro y cuya sede social, administración central o centro de actividad principal se encuentre dentro de la Unión. Esa libertad comprende en particular el derecho de la sociedad a transformarse en una sociedad sometida a la legislación de otro Estado miembro.
En el presente asunto, la libertad de establecimiento otorga a Polbud el derecho a transformarse en una sociedad regida por el Derecho luxemburgués siempre que cumpla los requisitos para la constitución definidos por la legislación luxemburguesa y, en particular, el criterio adoptado por Luxemburgo para establecer los puntos de conexión de una sociedad con su ordenamiento jurídico nacional.
Por otra parte, el Tribunal de Justicia considera que una situación en la que una sociedad constituida de conformidad con la legislación de un Estado miembro desea transformarse en una sociedad sometida al Derecho de otro Estado miembro, respetando el criterio adoptado por el segundo Estado miembro para establecer los puntos de conexión de una sociedad con su ordenamiento jurídico nacional, está comprendida en la libertad de establecimiento, aun cuando esa sociedad ejerza lo fundamental, incluso la totalidad, de sus actividades económicas en el primer Estado miembro. El Tribunal de Justicia recuerda, a este respecto, que el hecho de establecer el domicilio (social o efectivo) de una sociedad de conformidad con la legislación de un Estado miembro con el fin de disfrutar de una legislación más ventajosa no constituye un abuso en sí mismo. Así, la decisión de trasladar a Luxemburgo únicamente el domicilio social de Polbud, sin que ese traslado afecte al domicilio efectivo de la sociedad no puede, por sí misma, significar que ese traslado quede excluido de la libertad de establecimiento.
El Tribunal de Justicia afirma en segundo lugar que, si bien está autorizada en principio a trasladar su domicilio social a un Estado miembro distinto de Polonia sin perder su personalidad jurídica, con arreglo al Derecho polaco, una sociedad polaca como Polbud sólo puede obtener la cancelación de su inscripción registral tras haber sido liquidada. A este respecto, el Tribunal de Justicia señala que, con arreglo al Derecho polaco, las operaciones de liquidación incluyen la terminación de las operaciones en curso, el cobro de los créditos, el cumplimiento de las obligaciones y la liquidación del patrimonio social, la satisfacción o garantía de los derechos de los acreedores, la presentación del balance final relativo a dichas operaciones así como el nombramiento de una persona encargada de la custodia de los libros y documentos de la sociedad en liquidación. El Tribunal de Justicia considera que, al exigir la liquidación de la sociedad, la legislación polaca puede obstaculizar o incluso impedir la transformación transfronteriza de una sociedad. Dicha legislación constituye, por tanto, una restricción a la libertad de establecimiento.
Esta restricción puede estar justificada, en principio, por razones imperiosas de interés general, como la protección de los intereses de los acreedores, de los socios minoritarios y de los trabajadores. Sin embargo, la legislación polaca prevé la obligación de liquidar con carácter general, sin tener en cuenta el riesgo real de causar un perjuicio a esos intereses y sin que sea posible optar por medidas menos restrictivas que puedan salvaguardarlos. Según el Tribunal de Justicia, esa obligación va más allá de lo necesario para alcanzar el objetivo de protección de los mencionados intereses.
Por último, respecto al argumento del Gobierno polaco conforme al cual esta legislación está justificada por el objetivo de la lucha contra las prácticas abusivas, el Tribunal de Justicia declara que la legislación polaca es desproporcionada porque la obligación general de llevar a cabo un procedimiento de liquidación equivale a establecer una presunción general de que existe un abuso.
NOTA: La remisión prejudicial permite que los tribunales de los Estados miembros, en el contexto de un litigio del que estén conociendo, interroguen al Tribunal de Justicia acerca de la interpretación del Derecho de la Unión o sobre la validez de un acto de la Unión. El Tribunal de Justicia no resuelve el litigio nacional, y es el tribunal nacional quien debe resolver el litigio de conformidad con la decisión del Tribunal de Justicia. Dicha decisión vincula igualmente a los demás tribunales nacionales que conozcan de un problema similar.
Documento no oficial, destinado a los medios de comunicación y que no vincula al Tribunal de Justicia.

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Aristóbulo de Juan, Joaquín Trigo, Antoni Brunet y el programa “Valor afegit” de TV3, Premios IEF 2017 a la Excelencia Financiera

25 de octubre, 2017

Aristóbulo de Juan, Joaquín Trigo, Antoni Brunet y el programa “Valor afegit” de TV3, Premios IEF 2017 a la Excelencia Financiera

20/10/2017 iefweb.org
El próximo lunes 6 de noviembre, el Instituto de Estudios Financieros (IEF) entregará los X Premios IEF a la Excelencia Financiera en reconocimiento a la trayectoria profesional y a la académica, a la implicación en divulgación financiera, así como a la transparencia en comunicación.

La ceremonia, que tendrá lugar en el edificio de Foment del Treball (Via Laietana, 32, 08003 Barcelona), empezará a les 19h con la entrega de los premios, los diferentes parlamentos y un pequeño homenaje a los premiados de las 10 ediciones, para acabar con un cóctel a las 20.15h. Los premiados recibirán una pieza única del prestigioso escultor Enric Pladevall.

LOS PREMIADOS
Los premiados de esta X edición se han hecho públicos justo hoy.
Son los siguientes:

 

 
Premio IEF a la Excelencia en la Carrera Profesional

Aristóbulo de Juan, antiguo director general del Banco de España y del Banco Mundial además de ser un importante analista de la crisis bancaria.

 

 
Premio IEF a la Excelencia Financiera a la Carrera Académica

Joaquín Trigo, profesor universitario, autor de más de 21 libros y antiguo ejecutivo de Foment del Treball i del Instituto de Estudios Económicos (IEE).

 

 
Premio IEF a la Excelencia Financiera en Divulgación

“Valor afegit”, programa de TV3 per su tarea divulgadora durante los últimos 14 años.

 

 
Premio IEF a la Excelencia Financiera en Comunicación (Jurado de prensa)

Antoni Brunet, responsable de comunicación de Cellnex, una de las empresas principales de infraestructuras de telecomunicaciones a Europa.

LOS JURADOS: PROFESIONAL Y DE PRENSA
Durante el mes de julio de este año, dos jurados formados por personalidades del mundo económico y del mundo de la prensa económica, han deliberado los premiados de la X edición de los Premios IEF:

 

 
Jurado profesional

Generalitat de Catalunya Sr. Pere Aragonès, secretario de Economía. Presidente Patronato IEF y presidente Jurado
AED (Asociación Española de Directivos) Sr. Xavier Gangonells, director general
Col·legi d ?Economistes de Catalunya Sr. Joan B. Casas, decano
EFPA España (Asociación Española de Asesores y Planificadores Financiero- Patrimoniales) Sr. Carlos Tusquets, presidente
Foment del Treball Nacional, Sr. Joan Pujol, secretario general
IEAF, Institut Español de Analistas Financieros, Cirus Andreu, presidente de la delegación de Catalunya
PIMEC (Micro, petites i mitjanes empreses de Catalunya), Sr. Josep Gonzalez, presidente
Societat Catalana d’Economia, Sr. Eduard Arruga, presidente
IEF (Institut d ?Estudis Financers), Sr. Josep Soler, director general. Secretario del Jurado

 

 
Jurado prensa económica

TV3, Albert Closas, Presidente del Jurado
APIEC (Asociación de Periodistas de Información Económica de Cataluña), Agustí Sala, presidente
Ara, Alex Font, redactor responsable de economía
Economía Digital, Manuel Manchón, director general
El Confidencial, Marcos Lamelas, responsable de economía
El Periódico de Cataluña, Olga Grau, redactora responsable de economía
Europa Press, Anna Cristeto, delegada en Cataluña
Expansión, José Orihuel, responsable de redacción
Inversión, Rafael Rubio, presidente del comité editorial
L’Econòmic, Francesc Muñoz, subdirector
La Vanguardia, Eduard Magallon, redactor de finanzas
IEF (Instituto de Estudis Financers), Josep Soler, director general. Secretario del Jurado

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El presidente del TS y del CGPJ: ”Quienes creemos en la convivencia dentro de la diferencia demandamos que se respeten la Ley y el Estado de Derecho”

24 de octubre, 2017

Lunes, 23 de octubre de 2017  poderjudicial.es

El presidente del TS y del CGPJ: ”Quienes creemos en la convivencia dentro de la diferencia demandamos que se respeten la Ley y el Estado de Derecho”

Carlos Lesmes ha inaugurado en Sevilla las primeras Jornadas de mediación CGPJ-Consejo General de la Abogacía Española. “La historia nos enseña que no hay nunca excesos inocuos en la convivencia de los países y de las sociedades”, dice el presidente del Poder Judicial en referencia a Cataluña

Autor:Comunicación Poder Judicial

El presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, ha dicho hoy, tras expresar su “preocupación y desasosiego” por la situación que se vive en Cataluña, que “quienes creemos en la convivencia dentro de la diferencia, quienes juzgamos que la pluralidad, la diversidad, son patrimonio irrenunciable de las sociedades avanzadas (…), necesitamos, demandamos, que se respeten la Ley y el Estado de Derecho como garantía de esa riqueza que supone la heterogeneidad”.

Lesmes, que ha inaugurado en la sede del Colegio de Abogados de Sevilla las primeras Jornadas de mediación organizadas conjuntamente por el órgano de gobierno de los jueces y el Consejo General de la Abogacía Española, ha señalado que “la historia nos enseña (…) que no hay nunca excesos inocuos en la convivencia de los países y de las sociedades” y ha subrayado que “es el imperio de la Ley, base del Estado de Derecho, el dique de contención de esos excesos”.

“Cuando la retórica se alía para manipular emociones, se abre un inquietante camino que no sabemos a dónde puede conducir” y que corre el riesgo de “convertirse en la conculcación de los derechos individuales y colectivos por aquellos que han abierto ese camino, muchos de los cuales ostentan responsabilidades públicas”, ha añadido el presidente del Poder Judicial, que ha recordado que España “es hoy una sociedad abierta, amante de los elementos que conforman toda pluralidad cultural, ideológica y geográfica dentro del Estado”.

Difundir la mediación

Durante su intervención en la inauguración de las Jornadas, el presidente del TS y del CGPJ ha explicado que en junio de 2016 el órgano de gobierno de los jueces y el Consejo General de la Abogacía suscribieron un convenio de colaboración para impulsar la mediación como fórmula de solución de conflictos y ha dicho que la necesidad de difundir este sistema “no es caprichosa”, sino que nace de la pertenencia de España a las Naciones Unidas, al Consejo de Europa y a la Unión Europea, que ha aprobado importantes directivas en esta materia.

“A día de hoy, no puede dudarse de que los sistemas alternativos de resolución de conflictos forman parte del sistema de justicia al igual que la jurisdicción, a la que completan y dotan de calidad al permitir adaptar la resolución judicial al caso concreto, reforzando y haciendo realidad valores como la equidad y la igualdad”, ha señalado Lesmes.

El presidente del Poder Judicial ha considerado que se está produciendo un cambio de paradigma –donde el anterior binomio conflicto/jurisdicción se sustituye por el de conflicto/sistema adecuado de solución- del que jueces y abogados deben ser protagonistas, “pues de ello depende la paz social y, en definitiva, la salud y el bienestar de nuestra democracia”.

Por su parte, el Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla, Lorenzo del Río, destacó que la mediación es también hacer justicia y forma parte de la tutela judicial efectiva. En este sentido, abundó en que “la mediación no es un sistema alternativo a la Administración de Justicia, sino complementario”.

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Principio de legalidad

23 de octubre, 2017

Principio de legalidad

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La AIReF avala las previsiones del escenario macroeconómico pero advierte de un impacto relevante en el crecimiento por la incertidumbre sobre Cataluña

23 de octubre, 2017

La AIReF avala las previsiones del escenario macroeconómico pero advierte de un impacto relevante en el crecimiento por la incertidumbre sobre Cataluña

18/10/2017 airef.es
•Las hipótesis básicas que sustentan el escenario macroeconómico se consideran factibles y reflejan unos riesgos derivados del entorno exterior equilibrados. Además, el impacto de la incertidumbre asociada a la situación en Cataluña incorporado a las previsiones oficiales, entre 3-4 décimas del PIB, es prudente y parece contemplar un escenario en el que la crisis institucional sea de relativa corta duración

•La realización de previsiones macroeconómicas en un entorno de inestabilidad política como el actual resulta particularmente compleja y se enfrenta a retos metodológicos que hacen que la incertidumbre asociada a las previsiones sea superior a un ejercicio en condiciones normales

•Con estos condicionantes, la AIReF ha estimado que el componente común para el conjunto de la economía española del shock de incertidumbre tiene un impacto entre 0,4 y 1,2 puntos porcentuales del PIB en 2018, dependiendo del grado de permanencia del escenario estresado, por lo que el escenario oficial presenta riesgos a la baja

•Este efecto se traduciría en un deterioro del saldo presupuestario (entre 2 y 5 décimas), a través de unos menores ingresos y el efecto denominador del PIB, lo que a su vez comprometería el cumplimiento del déficit previsto en el Plan para 2018 (2,3% del PIB, una décima por encima del objetivo fijado), reduciendo su factibilidad

•Los riesgos a la baja, además, se materializarán si junto al componente común se incluye el componente idiosincrático asociado a la perturbación en la actividad de Cataluña, que conllevaría también efectos negativos para el resto de España
La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) avala las previsiones del escenario macroeconómico del Gobierno para el Proyecto del Plan Presupuestario 2018, según el Informe publicado hoy, y considera que “el escenario macroeconómico del Gobierno es realista en su conjunto”. No obstante, la AIReF advierte en el Informe del impacto de la incertidumbre sobre Cataluña y apunta a una corrección significativa a la baja de la senda inercial de PIB, así como a un deterioro asociado de las finanzas públicas. Según la AIReF, el impacto del componente común para el conjunto de la economía española del shock de incertidumbre en 2018 se estima entre 0,4 y 1,2 puntos porcentuales de PIB, dependiendo del grado de permanencia del escenario estresado. A ello, podría añadirse el impacto idiosincrático solo sobre Cataluña, que también repercutiría en el conjunto de la economía española.

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