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25 de julio, 2017

Es curioso que hace tiempo cuando algún Notario recurría la calificación del Registrador, que trataba de impedir el acceso al registro de cláusulas abusivas, sostenía sin ningún miramiento que el único competente para dirimir la cuestión era el Juez y que el Registrador carecía de competencias en su función calificadora. El recurso notarial defendía los intereses de la entidad financiera, no los del consumidor.

 
Ahora dan un paso más. Ya no sólo el registrador, sino también el juez, carecen de competencia. Sólo la tiene el legislador.
Sobran los comentarios

 
Nos estamos refiriendo a la Resolución de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 19 de abril de 2006, en la que la nota de calificación del Registrador basada en la Ley General para la Defensa de Consumidores y Usuarios y en la Ley de Condiciones Generales de la Contratación, extendida en consideración a la posición más débil de la parte prestataria, fue recurrida por un Notario de Bilbao.

Este Notario dijo en su recurso: La cuestión no es pues si las cláusulas son nulas o válidas. Ello no debe ser el objeto de la discusión. Sino si el registrador puede arrogarse la competencia de apreciar la validez o nulidad de las cláusulas, cuando la misma no ha sido cuestionada por las partes judicialmente.
Por consiguiente, en nuestro caso, el Registrador incurre en una clara extralimitación de sus competencias, e invade lo que, constitucional y legalmente, está reservado a los Tribunales de Justicia. Es importante subrayar aquí que de lo que en este Fundamento de Derecho se trata es de combatir el intento de los Registradores, en cuanto funcionarios, de invadir la esfera competencial de los Jueces y Magistrados, hasta tal punto patente que las más recientes Resoluciones de la D.G.R.N se han visto obligadas a poner coto a tal pretensión. Baste citar por todas la Resolución de la D.G.R.N de fecha 14 de diciembre de 2004, BOE n.° 10, de 12 de enero de 2005. Y de ahí también la transcendencia -sic-de cortar tal arrogación de funciones. Por lo expuesto solicito se tenga por presentado este escrito, y formulado recurso contra la calificación del Registrador de la Propiedad n° 7 de los de Bilbao, y que se revoque en su integridad dicha calificación, y se declare: 1).- Su falta de competencia para pronunciarse sobre la legalidad de las disposiciones dictadas por los órganos de la Administración en el ejercicio de sus competencias. 2).- Su absoluta falta de competencia y facultades para pronunciarse sobre la legalidad de cláusulas en base a la Ley 26/1984 y 7/1998.

Estos argumentos fueron recogidos por la Dirección General de los Registros y del Notariado

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La Audiencia Nacional admite a trámite el recurso de la CNMC contra varias resoluciones del Instituto Gallego de la Vivienda y Suelo

24 de julio, 2017

La Audiencia Nacional admite a trámite el recurso de la CNMC contra varias resoluciones del Instituto Gallego de la Vivienda y Suelo

18 Jul 2017  cnmc.es
Unidad de Mercado

nota de prensa

◦Deniegan las subvenciones para la rehabilitación de fincas y edificios presentadas por comunidades de propietarios
◦La Xunta alega que los informes de evaluación de los edificios solo pueden estar firmados por un arquitecto o arquitecto técnico
◦Este requisito supone una restricción de la actividad de otros profesionales igualmente capacitados para elaborar esos informes

 

La Audiencia Nacional ha admitido a trámite el recurso interpuesto por la CNMC (Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia) contra varias resoluciones del Instituto Gallego de la Vivienda y Suelo, en las que deniega una subvención para la rehabilitación de varias fincas o edificios presentada por varias comunidades de propietarios de A Coruña.
La CNMC ha presentado este recurso de conformidad con lo previsto en el artículo 27 de la Ley 20/2013, de Garantía de la Unidad de Mercado. Previamente a la interposición del recurso, la CNMC requirió al Instituto Gallego de la Vivienda para que anularse las resoluciones.
El Instituto Gallego fundamenta su negativa a conceder la subvención en que el informe de evaluación del edificio no está firmado por un técnico competente -a estos efectos un arquitecto o un arquitecto técnico. Además, en dos casos, también deniega la subvención porque el proyecto de instalación de un ascensor no estaría firmado por un técnico competente (se considera también que solo lo son arquitectos o arquitectos técnicos.
Reserva de actividad a favor de los arquitectos

La CNMC entiende que esta interpretación de la normativa implica una reserva de actividad a favor de los arquitectos y arquitectos técnicos. Esta podría vulnerar los principios de garantía de la libertad de establecimiento y la libertad de circulación a los que se refiere la Ley, ya que no se justifica en la salvaguarda del interés general.

 

En enero de 2015, la CNMC publicó su “Informe sobre posibles reservas de actividad en el Informe de Evaluación de Edificios”. Además, de acuerdo con los procedimientos previstos en la Ley de Garantía de la Unidad de Mercado, la CNMC ha emitido varios informes en los que considera que las reservas de actividad, como las contenidas en la Ley de Ordenación de la Edificación (LOE), deben ser interpretadas de forma restrictiva, ya que se trata de excepciones al principio general de libertad de empresa y de libre competencia.
En consecuencia, la exclusión de determinados profesionales en función de su titulación académica, y no por su capacitación, constituye una restricción de acceso a la actividad económica que debería motivarse en la salvaguarda de alguna razón imperiosa de interés general (artículo 3.11 de la Ley 17/2009, de 23 de noviembre).
En la actualidad, hay pendientes en la Audiencia Nacional cinco procedimientos en los que la CNMC ha planteado la misma cuestión.

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El sector asegurador incrementa un 13,7% el volumen de primas

23 de julio, 2017

17 de julio de 2017 mineco.gob.es
El sector asegurador incrementa un 13,7% el volumen de primas
La mejora viene motivada por el ramo de Vida, que crece un 21,39%, aunque el de No Vida también aumenta un 7,5%
El ratio de solvencia global del sector se situó en 2,39 veces el SCR, de acuerdo con la nueva normativa Solvencia II
El volumen de primas devengadas del sector asegurador experimentó un crecimiento del 13,75% a cierre del año pasado, hasta los 57.073 millones de euros, tal y como se deprende del Informe de Seguros y Pensiones 2016 que ha hecho público hoy en su página web la Dirección General de Seguros y Planes de Pensiones.

Esta mejora del negocio ha venido motivada por el ramo de Vida, que ha experimentado un crecimiento del 21,39%, aunque el ramo de No Vida también ha registrado un buen comportamiento, con un aumento del 7,45%. Este importante crecimiento provoca que, por primera vez en los últimos años, crezca el porcentaje de primas sobre el PIB nacional alcanzando el 5,83%.

La actividad del sector asegurador durante 2016 ha estado marcada por la entrada en vigor de Solvencia II. Los cambios en la medida de la solvencia se plasman en el informe: se ofrecen datos de margen de solvencia hasta 2015 y datos de cobertura del capital de solvencia obligatorio para 2016. Por otra parte, desaparece el estado de cobertura de provisiones técnicas.

Pese a la entrada en vigor de esta nueva normativa más exigente, el ratio de solvencia global del sector se situó en 2,39 veces el SCR, con un exceso de 139% y un comportamiento alcista en los resultados trimestrales de 2016.

El resultado técnico-financiero mejora en comparación con el del año anterior tanto para el ramo de Vida (7,9% frente al 7,0% de 2015) como para No Vida (10,6% frente a 9,6% en 2015), en ambos casos motivado por la mejora en los resultados técnicos del negocio asegurador, y con empeoramientos en los resultados financieros por la menor rentabilidad de su cartera de inversiones debido al entorno de bajos tipos de interés. Ante este contexto las entidades están fortaleciendo el resultado técnico y logrando compensar los menores resultados financieros.

En relación a las inversiones, la renta fija pública continúa siendo la categoría de activos de mayor peso en el total (53,04%) y la renta fija privada estabiliza su participación en el total (21,72%) tras la reducción de su peso de los últimos años.

El patrimonio gestionado en planes y fondos de pensiones fue de 106.466 millones de euros en 2016, lo que supone un incremento del 2,37% frente al ejercicio precedente. Este crecimiento en patrimonio gestionado contrasta con la tendencia decreciente del número de cuentas de partícipes (descenso de 0,44%), que empezó en 2011. Por su parte, el patrimonio en seguros colectivos se situó en 26.585 millones de euros; en PPAs, 12.293 millones de euros; en Planes de Previsión Social Empresarial, 317 millones de euros; y en seguros de dependencia, 18 millones de euros. En total, 145.679 millones de euros que representan casi el 8% del ahorro financiero de las familias españolas.

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El Juzgado para cláusulas suelo de Valencia celebrará los primeros juicios en septiembre tras recibir casi 1.200 demandas en mes y medio

22 de julio, 2017

Domingo, 16 de julio de 2017  cgpj.es

El Juzgado para cláusulas suelo de Valencia celebrará los primeros juicios en septiembre tras recibir casi 1.200 demandas en mes y medio

Instancia 25 bis contará con un segundo juez en prácticas después del verano para agilizar la tramitación de las 40 causas que se reciben a diario. El juez decano reclama a la Conselleria tres funcionarios más para celebrar una media de 60 vistas a la semana a partir de septiembre

Autor:Comunicación Poder Judicial

El Juzgado de Primera Instancia 25 bis de Valencia, el llamado juzgado para cláusulas suelo, celebrará los primeros juicios en septiembre, tras recibir en mes y medio casi 1.200 demandas  relativas a litigios relacionados con las condiciones generales incluidas en contratos de financiación con garantías reales inmobiliarias cuyo prestatario sea una persona física.

El juzgado, creado el 1 de junio, ha señalado la primera audiencia previa para el día 11 de septiembre. En esta vista, según explica el juez decano de Valencia, Pedro Viguer, “se fija el objeto del litigio, las partes proponen prueba y el juez admite las que considera procedentes para resolver el pleito planteado. Si las partes proponen sólo prueba documental, y es previsible que en muchos casos sea así, el juicio quedaría visto para sentencia en esa vista. Si se propone otro tipo de prueba, habría que celebrar juicio otro día y nos iríamos a octubre”.

Viguer ha destacado la rapidez con la que el Juzgado de Valencia está tramitando las demandas por cláusulas suelo, vencimiento anticipado, intereses moratorios, gastos de formalización de hipoteca o hipotecas multidivisa, pero ha insistido en la necesidad de reforzar la plantilla con otro juez y tres funcionarios para que el servicio público que se presta a los ciudadanos no se resienta.

Esta petición, aprobada en la Junta de Jueces de 1ª Instancia celebrada el pasado 29 de junio, ha sido respaldada por la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia esta semana.
Dos jueces y sesenta vistas semanales

El Juzgado para cláusulas suelo nació con un juez en prácticas, un letrado de la Administración de Justicia (LAJ) y cinco funcionarios: dos gestores, dos tramitadores y un auxilio. Ha registrado una entrada de 1.200 causas en mes y medio, superando así el límite de 900 asuntos que fijó el Consejo General del Poder Judicial a partir del cual habría que reforzar el Juzgado. Por tal motivo, el decano de Valencia ha pedido otro juez y tres funcionarios más: dos tramitadores y un funcionario del cuerpo de auxilio, plantilla que considera suficientes hasta que se reciban 1.700 asuntos. Advierte, no obstante, de que “hay que estar muy atento a los número de entrada para ir solicitando los jueces, funcionarios y otros medios que se precisen progresivamente ya que el Juzgado puede hundirse en cuestión de semanas”.

A finales de septiembre, según las previsiones del CGPJ y coincidiendo con las primeras vistas ya señaladas, se incorporará un segundo juez en prácticas. Con dos jueces, el órgano, según el decano, deberá ser reforzado con tres funcionarios más: dos tramitadores para atender la entrada media de 40 demandas diarias y un funcionario más del cuerpo de auxilio para atender las 60 vistas o juicios que se celebrarán semanalmente. “Obviamente ello requiere utilizar dos salas con inevitables solapamientos de vistas que hacen imposible que un solo funcionario del cuerpo de auxilio pueda dar servicio para todos los juicios y vistas señalados”, explica el decano de los jueces de Valencia.

El triple de juicios ordinarios que en los otros 22 juzgados

El Juzgado especializado para las cláusulas suelo en Valencia, el 25 bis, ha recibido en mes y medio el triple de juicios ordinarios que el resto de los 22 Juzgados de Primera Instancia de la capital juntos. Así, mientras el 25 bis registró 1.182 demandas, en los otros 22 juzgados entraron, en conjunto, 399 demandas por juicios ordinarios.

Este tipo de procedimiento, el juicio ordinario, es aquel en el que se dilucidan pleitos por reclamaciones superiores a 6.000 euros y otras en función de la materia, cualquiera que sea su cuantía: condiciones generales de la contratación, derechos fundamentales, retractos, publicidad, competencia desleal, propiedad intelectual o industrial, impugnación de acuerdos sociales, arrendamientos, propiedad horizontal.

Nuevas reuniones de coordinación

El pasado 1 de junio se puso en marcha el plan de urgencia aprobado por el Consejo General del Poder Judicial ante el previsible aumento de litigios sobre cláusulas abusivas en escrituras hipotecarias como consecuencia de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) de 21 de diciembre de 2016 en relación con las cláusulas suelo.

El plan consiste en la especialización de Juzgados de Primera Instancia –uno por provincia en la península y uno en cada una de las principales islas de los archipiélagos canario y balear-, que desde entonces conocen, de manera exclusiva y no excluyente, de los litigios relacionados con las acciones individuales sobre condiciones generales incluidas en contratos de financiación con garantías reales inmobiliarias cuyo prestatario sea una persona física.

De los Juzgados especializados, el que más demandas ha ingresado en su primer mes de funcionamiento es el de Madrid, seguido por Barcelona y Valencia.
El Consejo General del Poder Judicial, que con carácter previo a la puesta en marcha del plan ya mantuvo reuniones con los presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia, con una representación de los jueces decanos y con las Administraciones –Ministerio de Justicia y Comunidades Autónomas con competencias transferidas en esta materia- para informarles de las medidas previstas y evaluar las posibles necesidades, ha continuado celebrando durante el mes de junio encuentros de coordinación.

Así, el 30 de junio los jueces decanos expusieron en la sede del Consejo cómo ha sido el funcionamiento de los Juzgados especializados en sus respectivos territorios durante el primer mes y evaluaron las medidas de refuerzo que podrán adoptarse después del verano. Los decanos han sido convocados a un nuevo encuentro el próximo mes de septiembre.

También en septiembre volverá a reunirse la comisión de coordinación CGPJ-Ministerio de Justicia-Comunidades Autónomas, que el pasado 31 de mayo ya celebró un primer encuentro durante el que las Administraciones se comprometieron a colaborar con el plan de urgencia.

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Declaración de UGT ante la situación en Venezuela

21 de julio, 2017

Declaración de UGT ante la situación en Venezuela
UGT | martes, 18 de julio de 2017 ugt.es

La Unión General de Trabajadores expresa su gran preocupación por la situación de permanente crisis política, institucional y humanitaria que sufre la población de Venezuela, en especial los trabajadores y trabajadoras.

En el último año, el nivel de conflictividad social y política en este país ha alcanzado la fatídica cifra de cien muertes por asesinato, que han costado la vida tanto a partidarios del gobierno y la oposición, como a personas que no tenían implicación alguna en el conflicto: trabajadoras y trabajadores, estudiantes, miembros de los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado, etc. Un nivel de violencia absolutamente inaceptable para la Unión General de Trabajadores, que hace suyo el comunicado emitido por la Confederación Sindical Internacional (CSI) y su regional de Las Américas (CSA).

Ningún sistema democrático puede permitir que se produzcan y enquisten actos de violencia de ese tipo, que sólo acaba pagando una clase trabajadora ya duramente castigada por los recortes sociales del Gobierno, y ninguno de estos actos puede quedar impune: las circunstancias y responsabilidades jurídicas y penales tienen que ser aclaradas.

Es evidente que la actual polarización política del país ha partido a su ciudadanía en dos bandos enfrentados, y que esta división está produciendo un drama social y humano injustificable en una tierra de inmensos recursos naturales. Para UGT es intolerable que, según datos estimados, 500.000 millones de dólares se hayan fugado del país (el propio Ejecutivo reconoce la huida de 300.000 millones) mientras los trabajadores y trabajadoras atraviesan situaciones de penuria laboral, sanitaria, alimentaria, etc. Todos los agentes sociales y políticos de Venezuela deben trabajar de manera conjunta para paliar la crisis y conseguir recuperar la paz y la estabilidad en el país.

En línea con lo propuesto por el sindicalismo internacional, y especialmente pensando en los millones de trabajadoras y trabajadores venezolanos que están sufriendo violencia, lesión de derechos y recortes sociales, desde UGT queremos alentar a las centrales sindicales de Venezuela afiliadas a la CSI para que, desde el ejercicio democrático y legítima defensa de la clase trabajadora, contribuyan a la pacificación del país y trabajen por la convivencia pacífica y respetuosa en libertad, democracia y respeto a los derechos humanos anclados en la Constitución venezolana.

Además, UGT hace un llamamiento al Gobierno venezolano y a las instituciones para que, con todos los medios democráticos disponibles, garanticen el derecho a la vida y el ejercicio de las libertades y derechos civiles y políticos (entre ellos el derecho a la manifestación pacífica o a la huelga), protejan a su ciudadanía e identifiquen y pongan a disposición de la justicia a los agentes y cuerpos de seguridad que hayan participado en violaciones de los Derechos Humanos, así como a los civiles que hayan promovido actos violentos que hayan ocasionado muertos, heridos o destruido bienes públicos y privados, al tiempo que recordamos al resto de actores políticos del país que el estímulo de vías inconstitucionales y la no condena explícita de la violencia no legitima ningún proyecto democrático y hace más difícil su consecución.

El sindicato demanda también a todas las fuerzas políticas del país americano, así como a las españolas, se esfuercen en trabajar de manera constructiva y contribuyan con su discurso a la convivencia democrática y no a fomentar el debate bronco.

UGT, por último, apela a la solidaridad sindical internacional dentro de la CSI y se pone a disposición de la CSA y de nuestras hermanas y hermanos venezolanos en la manera que estimen oportuna para, sin injerencia, contribuir al progreso del país y que éste redunde en beneficio de la clase trabajadora, y del desarrollo democrático, social, cultural y económico de Venezuela.

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El TC declara que varias partidas de la ley de presupuestos de la Generalitat son inconstitucionales si se destinan a financiar el referéndum sobre el “futuro político de Cataluña”

21 de julio, 2017

Tribunal Constitucional
Gabinete del Presidente
Oficina de Prensa tribunalconstitucional.es
Nota informativa Nº 49/2017
El TC declara que varias partidas de la ley de presupuestos de la Generalitat son inconstitucionales si se destinan a financiar el referéndum sobre el “futuro político de Cataluña”
El Pleno del Tribunal Constitucional, por unanimidad, y una vez concluida la tramitación del recurso de inconstitucionalidad presentado por el Gobierno el pasado 4 de abril, ha decidido estimar parcialmente dicho recurso, dirigido contra la disposición adicional 40 de la Ley de Cataluña 4/2017, de 28 de marzo, de Presupuestos de la Generalitat para 2017 y contra varias partidas presupuestarias referidas a “procesos electorales y consultas populares” y a “procesos electorales y participación ciudadana”. La sentencia, de la que ha sido ponente el Magistrado Pedro González-Trevijano, declara la inconstitucionalidad y nulidad de la disposición adicional 40; y señala que las partidas presupuestarias impugnadas “son inconstitucionales en el caso de que se destinen a la financiación del proceso referendario” al que se refiere la disposición adicional anulada.
El recurso del Gobierno se dirige contra la disposición adicional 40 de la ley impugnada, que dispone textualmente lo siguiente:
“1. El Gobierno, dentro de las disponibilidades presupuestarias para 2017, debe habilitar las partidas para garantizar los recursos necesarios en materia de organización y gestión para hacer frente al proceso referendario sobre el futuro político de Cataluña.
2. El Gobierno, dentro de las posibilidades presupuestarias, debe garantizar la dotación económica suficiente para hacer frente a las necesidades y los requerimientos que se deriven de la convocatoria del referéndum sobre el futuro político de Cataluña, acordado en el apartado I.1.2 de la Resolución 306/XI del Parlamento de Cataluña, con las condiciones establecidas en el dictamen 2/2017, de 2 de marzo, del Consejo de Garantías Estatutarias”.
Asimismo, se impugnan las partidas presupuestarias “GO 01 D/227.0004/132. Procesos electorales y consultas populares”; “DD 01 D/227.0004/132. Procesos electorales y consultas populares” y “DD 01 D/227.00157132. Procesos electorales y participación ciudadana”.
El Tribunal explica que la ley impugnada no contiene partidas presupuestarias que se destinen de forma específica a la financiación del proceso referendario al que se refiere en la disposición adicional 40. La denominación de las partidas presupuestarias impugnadas es, por el contrario, genérica e inconcreta.
Sin embargo, una interpretación sistemática de la ley impone concluir que “el Parlamento ha tenido que incluir dotaciones de crédito en dichas partidas presupuestarias destinadas a la financiación del referéndum sobre el futuro político de Cataluña”. Pues, por
el principio de “coherencia del legislador”, no parece factible que “el Legislador que en la Ley de Presupuestos dirige un mandato al Gobierno para que habilite, dentro de las disponibilidades presupuestarias del ejercicio, las partidas necesarias para hacer frente a los requerimientos económicos del proceso referendario, no recoja (…) en el estado de gastos las correspondientes autorizaciones de crédito destinadas a tal fin”.
Hecha la anterior consideración, el Tribunal señala que la generalidad de las rúbricas y de los contenidos de las partidas presupuestarias impugnadas “no permiten identificar qué concretas dotaciones pueden estar destinadas a la financiación del proceso referendario”. Por lo que existe la posibilidad de que también puedan destinarse “a la financiación de procesos electorales, consultas no referendarias y de participación ciudadana” respecto de las que la Comunidad Autónoma tiene competencia.
En conclusión, las partidas presupuestarias impugnadas “no merecen tacha alguna de inconstitucionalidad en la medida en que tengan por objeto sufragar los gastos que puedan generar estos procesos o consultas no referendarias”. Pero sí son merecedoras de reproche inconstitucional -por los mismos motivos que la disposición adicional 40- si se destinan a financiar gastos derivados de “la organización y convocatoria del referéndum” al que se refiere dicha la disposición adicional.
Madrid, 5 de julio de 2017

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La Dirección de los Registros y del Notariado supera las 400 resoluciones

20 de julio, 2017

La Dirección de los Registros y del Notariado supera las 400 resoluciones
Xavier Gil Pecharromán

15/07/2017 – eleconomista.es
Se han resuelto dudas sobre las cláusulas abusivas y concursos

Durante el periodo comprendido entre 2016 y 2017, la Dirección General de los Registros y del Notariado (DGRN) -a cuya cabeza se encuentra Javier Gómez Gálligo- ha dictado cerca de 400 resoluciones.
Buena parte de este trabajo se ha referido al convulso mundo hipotecario, pero también han tenido una atención especial las sucesiones, competencia judicial sobre embargos de bienes gananciales, aprovechamientos de aguas, derecho Mercantil y Concursal, propiedad horizontal o la transmisión de buques, entre otros muchos asuntos.

‘Cláusulas suelo’ e intereses

Así, en la resolución publicada el pasado 10 de noviembre de 2016 se plantea la cuestión de si es posible, dada la evolución del euribor y la existencia de eventuales intereses a favor del prestatario, el pacto de suelo cero en los intereses y la necesidad de declaración manuscrita del prestatario en estos casos.

En la resolución de 19 de octubre de 2016, se analiza la Sentencia del Tribunal Supremo de 3 de junio de 2016, que declaró nulos en los préstamos a consumidores los intereses de demora superiores en dos puntos a los ordinarios, y no sólo respecto de los préstamos o créditos autorizados con posterioridad a su fecha o a la de su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) u otro medio oficial , sino también respecto de préstamos o créditos anteriores a tales fechas, pudiendo ser calificado por el registrador de la propiedad cuando el título que las contenga, cualquiera que sea su fecha, se presenta para su inscripción.

Se plantea una importante cuestión de interpretación del artículo 671 de la Ley de Enjuiciamiento Civil en la Resolución de 21 de octubre de 2016. Este artículo no puede ser interpretado literalmente, ya que podría producir un resultado distorsionado, sino que, se ha de atender al espíritu y finalidad de la Ley 1/2013, de 14 de mayo, que fue la de aumentar la protección a los ejecutados en el caso de ejecución de su vivienda habitual.

La Dirección General de los Registros y del Notariado afirma que la redacción literal del artículo 671 ha de ser interpretada en el mismo sentido que la del artículo 670, es decir, que el ejecutante tiene derecho a pedir la adjudicación del inmueble por el 70 por ciento del valor de subasta, o si la cantidad que se le deba por todos los conceptos es inferior a ese porcentaje, por la cantidad que se le debe por todos los conceptos, siempre que esta cantidad sea superior al 60 por ciento de su valor de subasta.

Señala la DGRN que si se atiende a la literalidad del precepto podría ocurrir como en el caso del expediente que por ser la deuda inferior al 70 por ciento del valor de la subasta, se permita al acreedor adjudicarse la finca por el 60 por ciento y seguir existiendo un saldo a su favor o deuda pendiente a cargo del ejecutado que se ve privado de su vivienda habitual.

En la resolución de 24 de abril de 2017 se afirma que la ejecución hipotecaria no puede basarse en una tasación para subasta no inscrita.

Así, respecto de una prenda sobre licencia de taxi -tan importante para financiar su adquisición-, en la resolución de 10 de octubre de 2016 la admite en aquellos supuestos de autorización administrativa, bajo la condición de hacerse constar en el título de su constitución que para adjudicarse la licencia por parte del acreedor o para ser postor en la subasta, deberán cumplirse las exigencias establecidas en las normas municipales aplicables al caso.

Asuntos familiares

En asuntos de Derecho Civil, corcenientes a la familia, destaca el trabajo de la DGRN sobre quién es el juez competente para dictar embargos sobre bienes gananciales cuando el cónyuge del deudor está en situación concursal en resolución de 13 de octubre de 2016.

El criterio seguido en estos casos es que la anotación de embargo es competencia del juez del concurso. Además, la resolución de 20 de octubre de 2016 plantea la necesidad de que en el convenio regulador, el derecho de uso de la vivienda familiar debe fijar un plazo si no hay hijos menores, siguiendo el criterio marcado por el Tribunal Supremo en Sentencias de 18 y 29 de mayo de 2015.

En materias relativas al Derecho de Sucesiones, tanto de causantes sujetos al Código Civil, como a las legislaciones Civiles especiales de Galicia o del País Vasco.

En ambas Comunidades se han producido importantes modificaciones legislativas que están planteando múltiples cuestiones interpretativas, algunas de especial importancia en la vida familiar.

También se abordaron las sucesiones con elemento extranjero, sujetas al Reglamento Europeo de Sucesiones, desde agosto de 2015, y al Código Civil.

En el capítulo societario, no se puede dejar de señalar la Resolución de 11 de mayo de 2017, en la que se plantean los difíciles supuestos de reducción de capital, tanto en anónimas como limitadas, por amortización de las propias acciones.

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Los contratos temporales suben un 8,5% en junio

19 de julio, 2017

Los contratos temporales suben un 8,5% en junio

4 julio, 2017 uso.es

Las cifras de desempleo continúan en descenso, aunque éste se ha ralentizado un 26% con respecto al mismo mes de 2016. Junio ha dejado el paro registrado en 3.362.811 personas -3,6 millones si hablamos de demandantes de empleo no ocupados-, el paro ha bajado en 98.317 personas y la afiliación a la Seguridad Social ha aumentado en 87.692.

Sin embargo, la contratación temporal sigue su ascenso imparable. “Durante el mes de junio la contratación temporal ha aumentado un 8,5% con respecto a junio de 2016. A pesar de que formalizaron 2.089.520 contratos, tan sólo el 7,97% fueron indefinidos, y han empleado a 1,5 millones de trabajadores, con lo que la media entre número de contratos y personas empleadas ha sido de 1,40”, ha recalcado Joaquín Pérez, secretario de Comunicación y Formación de USO.

Y es que el mercado laboral no ha experimentado ningún cambio en términos de calidad, ya que sigue apostando por la temporalidad para crear empleo.

No hay más que echar un vistazo a los datos y analizar en qué actividades ha crecido la afiliación: hostelería, comercio, administrativos, actividades sanitarias e industria manufacturera, con contratos de muy poca duración en la mayoría de casos. En educación, como cada fin de curso, se han perdido casi 52.000 afiliados.

Desde USO continuaremos denunciando el abuso en los contratos de formación, tiempos parciales, el uso abusivo de prácticas no laborales o la figura fraudulenta del falso autónomo, y exigimos al Gobierno una acción decidida por la creación de empleo de calidad que permita salir del paro a los casi 4 millones de desempleados, aportándoles una estabilidad más que necesaria.

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La Administración del Estado destruye 14 empleos al día desde 2010 y se encuentra al borde del colapso

18 de julio, 2017

La Administración del Estado destruye 14 empleos al día desde 2010 y se encuentra al borde del colapso
Los últimos certifican la necesidad de un plan de choque para salvar esta Administración

12 de Julio de 2017  csif.es
La Administración General del Estado (ministerios, centros penitenciarios, Seguridad Social, Agencia Tributaria, entre otros) contaba con un total de 188.506 efectivos a enero de 2017, 2.352 menos que en el semestre anterior, según los últimos datos del Boletín Estadístico del personal de las Administraciones Públicas publicados por el Ministerio de Hacienda.
Los últimos datos también arrojan un descenso en las plantillas del personal al servicio de los ayuntamientos y diputaciones (-4.715) así como en las universidades (-2.261).
En lo que se refiere a la Administración del Estado, el último dato encadena 7 años consecutivos de descenso de personal, período en el que se han perdido 34.943 empleos, o lo que es lo mismo, se destruyeron 14 empleos al día desde 2010.
Además, el registro de personal vuelve a evidenciar el envejecimiento de las plantillas, de tal manera que ya solo queda un millar de jóvenes menores de 30 años, frente a 27.665 que se encuentran ya a las puertas de la jubilación.
Así, respecto al último semestre de 2016, se vuelven a producir descensos en las plantillas de los ministerios (-986); docencia no universitaria (-255), centros penitenciarios (-81), Seguridad Social (-160), Patrimonio Nacional (-9) y en la Agencia Tributaria (-861).

Situación por departamentos
La situación por el déficit de personal ya está teniendo sus consecuencias en diferentes ámbitos:

•Seguridad Social. Cierre de oficinas por falta de personal. La Seguridad Social pierde un empleado público cada cuatro días desde 2012 (un total de 333), bien porque se han jubilado, bien porque se han trasladado a otro destino por el deterioro de las condiciones laborales.

•Privatización de la gestión de datos sensibles como son las vidas laborales o la tarjeta sanitaria europea.

•SEPE. Incremento de la carga de trabajo (1.700 expedientes/gestiones/consultas al año por persona, 300 por encima de la marca idónea que establece la propia Administración para realizar una correcta atención al ciudadano). Estamos en una media de 10 minutos de atención al ciudadano por cada expediente tramitado. Además, se afrontan situaciones de inseguridad en el puesto de trabajo. En los próximos 5 años, previsiblemente se jubilará el 40 por ciento de la plantilla.

•Oficinas de renovación del DNI. En las grandes ciudades hay una demora de hasta dos meses para pedir cita.

•Ministerio de Defensa. Privatizaciones. El mantenimiento de vehículos blindados está en manos privadas. El Centro Militar de Farmacia de la Defensa, recientemente trasladado a Colmenar Viejo, aún no se ha podido poner en marcha por falta de personal.

•Dirección General de Tráfico. Se están mermando las plantillas a un ritmo alarmante. En estos momentos hay 924 vacantes sin cubrir, lo que se traduce en menos funcionarios en ventanilla, esperas, colas, malestar y quejas de los ciudadanos. Además, se ha mermado la plantilla de examinadores de tal manera que hay provincias donde solo hay un examen práctico al mes.

•CSIC. Reducción de las plantillas de investigadores. Abuso de la contratación de personal interino.

•Agencia Estatal de Meteorología. Las oficinas meteorológicas de aeropuertos y de defensa se han visto afectadas igualmente por el déficit de personal. El nivel de jubilación está entre 80 y 100 personas al año y el déficit de personal se suple con incremento de horas de trabajo y personal interino de menor cualificación. Hay oficinas meteorológicas que solo están atendidas por interinos y una misma persona funcionaria se tiene que hacer cargo de la jefatura de varios centros.

•Instituto Nacional de Estadística. Desde 2012 no hay oferta de empleo público, lo que ha provocado el consecuente envejecimiento de plantillas. Hay provincias como Cuenca, Lérida, Guadalajara o Ávila que están bajo mínimos. La Administración contrata personal fijo discontinuo fuera de los periodos de campaña para puestos estructurales, como refuerzo, que en nuestra opinión supone un fraude de ley.

Ante esta situación, CSIF propone:

– Eliminar de manera definitiva la tasa de reposición e impulsar un plan de choque específico para la Administración General del Estado, con un Plan Integral de Recursos Humanos que analice las carencias y determine la oferta de empleo público necesaria sin tasa de reposición. Ya hemos dado un primer paso con la oferta de empleo público extraordinaria, pero es preciso dar nuevos pasos.
– Planificar las expectativas de la vida laboral para cubrir las necesidades en el tiempo para que no se produzcan desequilibrios.
– Negociación efectiva de la Relación de Puestos de Trabajo.
– Recuperar el poder adquisitivo perdido desde 2010, con un plan de revisión salarial a varios años.
– Garantizar la carrera profesional y la movilidad.
– Reservar actos administrativos que deben ser desempeñados por empleados públicos investidos de autoridad, que garanticen con su independencia los derechos de la ciudadanía.
– Detener el proceso de privatización.

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UGT presenta su Plan de Choque por el Empleo para los mayores de 50 años al grupo parlamentario socialista

17 de julio, 2017

UGT presenta su Plan de Choque por el Empleo para los mayores de 50 años al grupo parlamentario socialista
UGT | miércoles, 12 de julio de 2017 ugt.es
La Secretaria de Políticas Sociales, Empleo y Seguridad Social, Mª Carmen Barrera, ha afirmado que UGT ha aprovechado el encuentro que han mantenido hoy con el grupo parlamentario socialista para exponerles y presentarles el Plan para mayores de 50 años, elaborado por el sindicato y que actualmente “estamos negociando con el Gobierno, en la mesa de diálogo social sobre el Plan de Choque para el Empleo. Son un colectivo que necesita medidas urgentes, puesto que el recorte en sus pensiones alcanza hasta el 60% y son personas que están abocadas a una pobreza inminente”.

Asimismo, en este encuentro, se ha trasladado “la preocupación de UGT por la situación del Fondo de Reserva de la Seguridad Social”. Barrera ha señalado que precisamente mañana se celebrará una reunión de la Comisión de Seguimiento del Fondo de Reserva de la Seguridad Social, en el Ministerio de Empleo,  en la que UGT expondrá al Gobierno su preocupación por el crédito de 10.200 millones que ha introducido, de manera unilateral y de espaldas al diálogo social. Un crédito incluido en el proyecto de los Presupuestos Generales del Estado y sobre el que el Gobierno no ha dado ninguna explicación a los sindicatos y tampoco ha expuesto cómo va a quedar la situación de déficit de la Seguridad Social”.

Tras la reunion con la ejecutiva del PSOE en el Congreso se acordó establecer grupos de trabajo sobre una agenda común de temas, con asuntos prioritarios como las pensiones o la situación de las desempleados de más de 50 años. El objetivo es dar contiunidad a un compromiso de trabajo común.

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La inflación se reduce al 1,5% por la caída de los precios de la energía

16 de julio, 2017

La inflación se reduce al 1,5% por la caída de los precios de la energía
Jueves 13 de julio de 2017 lamoncloa.gob.es
El Índice de Precios de Consumo (IPC) aumentó en junio de 2017 un 1,5% interanual, cuatro décimas menos que en mayo, según las cifras publicadas por el Instituto Nacional de Estadística (INE), coincidentes con la adelantada a finales del pasado mes.
Esta evolución se explica por la desaceleración de los precios energéticos, en particular, de los carburantes y lubricantes y, en menor medida, de la electricidad, así como por el menor ritmo de crecimiento de los precios de la alimentación no elaborada. En sentido contrario, los precios de los servicios, de la alimentación elaborada y de los bienes industriales no energéticos (BINE) se aceleraron. En términos intermensuales, el IPC ha registrado una tasa de variación nula en junio de 2017, frente a la subida del 0,5% en el mismo mes de 2016.

Los precios de los productos energéticos aumentaron un 3,7% interanual, 4,6 puntos menos que en mayo. Esta evolución se explica por la desaceleración de los precios de los carburantes y lubricantes, que pasaron del 4,9% interanual en mayo al 0,4% en junio y, en menor medida, de los precios de la electricidad, que moderaron el ritmo de crecimiento 7,8 puntos, hasta el 8,4% interanual. Por su parte, los precios del gas se aceleraron 1,7 puntos, hasta el 10%.

Los precios de la alimentación crecieron el 0,9% en junio, tres décimas menos que en mayo. La inflación de la alimentación no elaborada se situó en el 1,4%, 1,4 puntos por debajo de la del mes precedente, destacando la evolución de los precios de las frutas frescas, que pasaron de crecer el 3,2% en mayo a caer el 2,6% en junio y, en menor medida, de las legumbres y hortalizas frescas, que se desaceleraron 2,3 puntos, hasta el 1%. Los precios de la alimentación elaborada, bebidas y tabaco aumentaron el 0,7% en junio, tres décimas más que en mayo.

La inflación subyacente (que excluye la alimentación no elaborada y la energía, que son los elementos más volátiles del IPC) aumentó dos décimas en junio, hasta el 1,2%, debido a la aceleración de todos sus componentes, principalmente los servicios y, en menor medida, la alimentación elaborada y los BINE. Los servicios se aceleraron dos décimas, hasta el 1,9%, como consecuencia de la evolución de los precios de turismo y hostelería, que pasaron del 2,4% interanual en mayo al 3% en junio y, en menor medida, del transporte público interurbano, cuyos precios se aceleraron 2,7 puntos, hasta el 3,5%. Por su parte, los BINE aumentaron en junio el 0,2%, una décima más que en mayo.

En términos intermensuales, el IPC ha registrado una tasa de variación nula en junio de 2017, frente al crecimiento del 0,5% registrado en el mismo mes de 2016. Por componentes, los precios de los servicios aumentaron un 0,5%, frente al aumento del 0,3% en junio de 2016; los de los BINE disminuyeron un 0,3%, al igual que en junio de 2016; los de la alimentación registraron una variación nula, frente al aumento del 0,2% de un año antes; y los precios de los productos energéticos retrocedieron un 0,9%, tras el incremento del 3,5% de junio del año pasado.

Dentro del grupo de alimentación, los precios de los alimentos no elaborados registraron en junio de 2017 una tasa intermensual del -0,5% (0,9% en el mismo mes de 2016) y los de los alimentos elaborados, del 0,2% (-0,1% un año antes).

La tasa interanual del IPC disminuyó en junio en todas las comunidades autónomas. La menor caída respecto a la tasa de mayo se registró en Canarias (tres décimas, hasta el 1,7%), y las restantes comunidades experimentaron descensos de cuatro o cinco décimas.

La tasa interanual del IPC a impuestos constantes se situó en junio en el 1,5%, al igual que la del IPC general.

El INE ha publicado asimismo el IPC armonizado (IPCA) correspondiente al mes de junio de 2017, cuya tasa de variación interanual se sitúa en el 1,6%, cuatro décimas inferior a la de mayo. Por su parte, la tasa adelantada por Eurostat para el conjunto de la zona euro se situó en junio en el 1,3%, una décima inferior a la del mes anterior, resultando un diferencial de inflación para España respecto a la zona euro de 0,3 puntos, tres décimas inferior al de mayo.

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Duros a cuatro pesetas

15 de julio, 2017

Santiago Rusiñol, intentó vender duros a cuatro pesetas en las Ramblas  de Barcelona.

Nadie le creyó y volvió con todos sus duros a casa.

Por qué no lo intentó con acciones de un banco?

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El CBP ha permitido a 45.697 familias reestructurar la deuda hipotecaria o la dación en pago

14 de julio, 2017

10 de julio de 2017 mineco.gob.es
El CBP ha permitido a 45.697 familias reestructurar la deuda hipotecaria o la dación en pago
Cerca de 79.000 deudores en riesgo de exclusión se han beneficiado de las medidas antidesahucios del Gobierno
El Código de Buenas Prácticas (CBP)  ha permitido que un total de 45.697 familias hayan podido beneficiarse de una reestructuración de su deuda hipotecaria. En los más de cinco años de vigencia del CBP se han realizado 38.595 reestructuraciones de deuda pendiente, 7.095 daciones en pago y 7 quitas. En el conjunto de 2016, se han llevado a cabo 14.730 operaciones a través del CBP, un 2% más que el año anterior, según la información remitida al Congreso por la Comisión de Control del CBP. De esta cifra, 13.669 operaciones corresponden a reestructuraciones de deuda y 1.060 a daciones en pago.

El CBP, junto con el Fondo Social de Viviendas (FSV) y la suspensión de los lanzamientos hipotecarios, forma parte del conjunto de medidas impulsado por el Ejecutivo desde el inicio de la X Legislatura con el objetivo de hacer frente al problema de los desahucios. En total, 78.798 familias se han beneficiado de estas medidas destinadas a colectivos en riesgo de exclusión: 45.697 al CBP, el FSV ha permitido la asignación 9.062 viviendas (cierre 2016) y se han suspendido 24.039 lanzamientos a través de la moratoria hipotecaria (febrero 2017).

Según la información remitida al Congreso, se observa una reducción de las solicitudes de reestructuración de deuda a través del CBP en correlación con el impulso de la economía española. En total, en el segundo semestre de 2016 se han recibido 9.239 solicitudes frente a las 17.306 del primer semestre. De estas, se han realizado 5.223 operaciones, de las que 4.806 han sido reestructuraciones de deuda y en 417 casos, dación en pago.

Las Comunidades Autónomas que mayor número de solicitudes registraron en el último semestre del año fueron Andalucía, Cataluña y Comunidad Valenciana. Los deudores de estas regiones son los que más uso han hecho del CBP desde 2015. El tipo de interés medio de los préstamos de las familias solicitantes se situó en el 2,13% frente al 2,98% del primer semestre de 2015 y el tramo de deuda en el que se encuentran la mayoría de los solicitantes se sitúa entre 100.000 y 150.000 euros.

El CBP se firmó en marzo de 2012 con la práctica totalidad de las entidades con actividad hipotecaria en España, hasta 93 en la actualidad. El Gobierno impulsó este Código de adhesión voluntaria pero de cumplimiento obligatorio durante dos años para las entidades firmantes. El objetivo es dar solución a las familias con dificultades para hacer frente al pago de sus deudas hipotecarias, bien por encontrarse en situación de desempleo o ausencia de ingresos.

Los deudores hipotecarios incluidos en el ámbito de protección del Real Decreto-ley son los titulares de préstamos o créditos con garantía hipotecaria, que se encuentran con dificultades sobrevenidas para hacer frente a los pagos de sus préstamos, por cuanto los miembros de su unidad familiar no tienen rentas derivadas del trabajo o actividades económicas y las cuotas a pagar superan el 50% o 40% de sus ingresos. El Real Decreto-ley prevé que puedan solicitar una reestructuración de su deuda, una reducción de la misma de modo que disminuya el importe de sus cuotas o, en último término, entregar la vivienda quedando cancelada la deuda.

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El CGPJ y la AEPD colaborarán en las inspecciones de órganos judiciales en materia de protección de datos

13 de julio, 2017

Jueves, 6 de julio de 2017  poderjudicial.es

El CGPJ y la AEPD colaborarán en las inspecciones de órganos judiciales en materia de protección de datos

En el supuesto de ficheros jurisdiccionales, la AEPD prestará asistencia a los órganos inspectores del CGPJ ante la posible comisión de una infracción de la normativa de protección de datos. Cuando se trate de inspecciones relativas a ficheros no jurisdiccionales, el CGPJ prestará su colaboración a la Agencia Española de Protección de Datos

Autor:Comunicación Poder Judicial

El convenio establece mecanismos de cooperación entre ambas instituciones para el desarrollo de investigaciones por posible infracción de la normativa de protección de datos
El convenio establece mecanismos de cooperación entre ambas instituciones para el desarrollo de investigaciones por posible infracción de la normativa de protección de datos

El presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, y la directora de la Agencia Española de Protección de Datos, Mar España, han suscrito hoy un convenio de colaboración entre la AEPD y el CGPJ en las diversas tareas que, como autoridades de control, deben llevar a cabo y, en especial, sobre la inspección de órganos judiciales en materia de protección de datos.

El convenio establece mecanismos de cooperación entre ambas instituciones para el desarrollo de investigaciones por posible infracción de la normativa de protección de datos.

El Consejo General del Poder Judicial es la institución competente en relación con los tratamientos de datos efectuados con fines jurisdiccionales en ficheros de esta naturaleza, mientras que los tratamientos de datos no jurisdiccionales y sus correspondientes ficheros son competencia de la Agencia Española de Protección de Datos.

En el supuesto de ficheros jurisdiccionales, el CGPJ notificará a la AEPD su intención de iniciar una inspección a un determinado órgano judicial para investigar si existe una posible infracción del derecho a la protección de datos. Los inspectores del CGPJ realizarán la visita de inspección acompañados de inspectores de la AEPD, que prestarán la asistencia técnica requerida, sin que ello suponga asunción de ninguna competencia en la materia.

De igual manera, cuando se trate de ficheros no jurisdiccionales, la AEPD comunicará al CGPJ su intención de inspeccionar un determinado órgano judicial ante una posible infracción de la normativa de protección de datos. Los inspectores de la Agencia Española de Protección de Datos llevarán a cabo la inspección acompañados de inspectores del CGPJ.

En caso de que existieran indicios suficientes que determinaran la apertura de un expediente por la posible participación de un miembro de la Carrera Judicial en la infracción de la normativa de protección de datos, la incoación y tramitación del mismo corresponderá en exclusiva al CGPJ.

El Convenio suscrito hoy recoge igualmente la colaboración entre ambas instituciones en la elaboración de Códigos de buenas prácticas para Usuarios de los Sistemas de Información de la Administración de Justicia, que ayuden a cumplir con las obligaciones de responsabilidad activa que introduce el Reglamento General de Protección de Datos.

Finalmente, el texto recoge el desarrollo de actuaciones conjuntas en materia de formación sobre normativa española y comunitaria de protección de datos, en especial el Reglamento General (UE) 2016/679 y la Directiva de la Unión Europea relativa a la protección de datos de personas físicas en los ámbitos policial y judicial penal.

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La Audiencia de Las Palmas obliga al banco a pagar la totalidad de los gastos de notario y registro de una hipoteca

12 de julio, 2017

Martes, 11 de julio de 2017  cgpj.es

La Audiencia de Las Palmas obliga al banco a pagar la totalidad de los gastos de notario y registro de una hipoteca

Según el tribunal, tanto la formalización de la escritura ante notario como la inscripción registral se efectúan en el exclusivo interés del Banco

Autor:Comunicación Poder Judicial

La Audiencia de Las Palmas ha anulado los gastos de notaría y registro de la propiedad en la constitución de una hipoteca firmada con Bankia.

La sentencia de la Sección Cuarta – que es la competente para resolver los recursos de apelación sobre condiciones generales de la contratación- señala que son nulas “las cláusulas de los préstamos hipotecarios que atribuyen a los clientes el pago de la totalidad de los gastos de Notaría y de Registro de la Propiedad”, detallando que el banco debe reintegrar a los clientes no la mitad sino todos los gastos que éstos hayan abonado por dichos conceptos.

“Dado que tanto la formalización de la escritura pública ante notario como la inscripción de la garantía hipotecaria en el Registro de la Propiedad se efectúan en el exclusivo interés del Banco, es éste quien debe correr con dichos gastos”, añade la sentencia.

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Un juzgado de Vitoria obliga a Iberdrola a anular una cláusula abusiva de sus contratos

11 de julio, 2017

Jueves, 6 de julio de 2017  poderjudicial.es

Un juzgado de Vitoria obliga a Iberdrola a anular una cláusula abusiva de sus contratos

Incluida en los contratos de suministro de energía eléctrica y gas natural, la cláusula obligaba a contratar un servicio “adicional” de reparación a domicilio de electrodomésticos

Autor:Comunicación Poder Judicial

El Juzgado de lo Mercantil número 1 de Vitoria ha condenado a Iberdrola a eliminar una cláusula que utiliza en los contratos de suministro de energía eléctrica y gas natural para contratar un servicio “adicional” de reparación a domicilio de electrodomésticos.

La Unión de Consumidores de Euskadi denunció la existencia de esta cláusula que hace referencia a la “contratación del servicio de protección eléctrica hogar” porque, si bien se puede contratar marcando una X en la casilla en la casilla del contrato de suministro de electricidad, gas natural o ambos, la baja de este servicio se desvincula del contrato de suministro. Así, la cláusula ahora impugnada establecía que la baja en el suministro no implicaba la desactivación del servicio de reparación.

La juez ha considerado que esta cláusula es “abusiva” porque “ limita u obstaculiza” los derechos del consumidor causando “importantes desequilibrios de derechos y obligaciones de las partes del contrato”.

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Fátima Báñez destaca que se han recuperado ya 7 de cada 10 empleos destruidos por la crisis

11 de julio, 2017

Acto conmemorativo del 30 aniversario de CONFESAL

Fátima Báñez destaca que se han recuperado ya 7 de cada 10 empleos destruidos por la crisis

Martes 4 de julio de 2017 lamoncloa.gob.es

La ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, ha destacado que los datos de paro y afiliación a la Seguridad Social del mes de junio, conocidos hoy, “son los mejores datos de empleo de la serie histórica, tanto en términos absolutos como porcentuales” y confirman que “estamos en la buena dirección porque marcan el mejor primer semestre de la historia”.

La ministra de Empleo y Seguridad Social, que ha participado en el acto conmemorativo del 30 aniversario de la Confederación Empresarial de Sociedades Laborales (CONFESAL), ha afirmado en su intervención que “el paro nunca se ha reducido tanto y tan intensamente” y que la creación de empleo se sitúa “en máximos”.

Los datos de los datos de empleo conocidos, procedentes del registro de la Seguridad Social y el Servicio Público de Empleo Estatal (SPEE), apuntan un descenso del paro del 9,19 % en el primer semestre del año, con 340.163 parados menos y la creación de 584.052 empleos, un 29,25% más que en el mismo período del pasado año. “Son los mejores datos de empleo de la serie histórica, tanto en términos absolutos como porcentuales”, remarcó la ministra quien aseguró que ya se han recuperado 7 de cada 10 empleos destruidos por la crisis.

En su intervención, la ministra destacó otros dos datos: el crecimiento de la contratación indefinida y la recuperación de femenino destruido por la crisis. Así, la contratación indefinida, que aumentó en junio un 12,17% encadena 41 meses de incrementos sucesivos.  “En estos meses se ha consolidado el período más largo de incrementos sucesivos de contratación indefinida y se ha recuperado”.

En cuanto al empleo femenino, Báñez aseguró que ya “se ha recuperado todo el empleo femenino destruido durante la crisis” y hoy, con 8.506.468 mujeres ocupadas, “hay más mujeres trabajando que nunca”.

Báñez, que clausuró el acto, felicitó a la Confederación de Sociedades Laborales, por estos 30 años de andadura y destacó que la Economía Social se ha convertido, por derecho propio, en Marca España, por “su capacidad de crear y de mantener empleo”. “Con la vuelta al crecimiento, la economía social ha demostrado que puede ser también un motor de creación de empleo de calidad”, afirmó la ministra, quien destacó que la destrucción de empleo en las cooperativas fue 7 puntos y medio inferior al conjunto de fórmulas empresariales.

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La inserción indebida en ficheros de morosidad y la contratación irregular concentran más del 65% de las sanciones impuestas por la AEPD

10 de julio, 2017

La inserción indebida en ficheros de morosidad y la contratación irregular concentran más del 65% de las sanciones impuestas por la AEPD

Estas áreas, de gran importancia para los ciudadanos, suponen respectivamente un 21,5% y 11,3% de las resoluciones sancionadoras de la Agencia.

Madrid, 29 de junio de 2017. agpd.es

La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha publicado hoy su Memoria 2016, que recoge de forma exhaustiva las actividades realizadas por esta institución, las tendencias más destacadas, las decisiones y procedimientos más relevantes del año, y un análisis de los retos presentes y futuros en materia de protección de datos.

El año 2016 fue especialmente relevante por tres motivos: la aprobación del Reglamento General de Protección de Datos, que será aplicable el 25 de mayo de 2018, el impulso y desarrollo de las 113 actuaciones recogidas en el Plan Estratégico 2015-2019 de la AEPD y la sentencia del TJUE que declaró inválida la Decisión de Puerto Seguro.

La AEPD ha puesto en marcha el 88% de las 84 iniciativas previstas en el Plan estratégico para 2016. Entre las medidas más significativas del Plan destacan, entre otras, la creación de la Unidad de Evaluación y Estudios Tecnológicos, la Unidad de Admisión, el servicio de atención especializado en cuestiones relacionadas con el tratamiento de datos de menores y los materiales y recursos para fomentar un uso seguro de internet.

Durante el año 2016 tuvieron entrada 10.523 denuncias y reclamaciones de tutela de derechos (7.935 denuncias y 2.588 reclamaciones). Mientras que las denuncias se han reducido un 6,53% respecto al año anterior, las reclamaciones se han incrementado un 24,30%.

En cuanto a la naturaleza de las denuncias tramitadas, son relevantes los casos de inclusión indebida en ficheros de morosidad y contratación irregular. Uno de los objetivos prioritarios de la Agencia es garantizar los derechos de los ciudadanos en estos casos, infracciones que suponen respectivamente un 21,5% y 11,3% de las resoluciones sancionadoras realizadas por la Agencia en 2016. La inserción indebida en los ficheros de morosidad y la contratación irregular aglutinan más del 65% del importe global de sanciones impuestas por la Agencia.

El incremento en el número de reclamaciones de tutela de derechos presentadas ante la Agencia constata la creciente preocupación por parte de los ciudadanos -ya apuntada en años anteriores- para que aquellos que tratan su información personal dejen de hacerlo cuando así lo solicitan. El derecho de cancelación ha sido un año más el derecho más reclamado (63% del total), refiriéndose a la inclusión indebida en ficheros de solvencia casi el 25% de las reclamaciones planteadas. La mayoría de ellas se producen porque el ciudadano niega la existencia de la deuda que se inscribe en los ficheros por parte, sobre todo, de compañías de telecomunicaciones o de empresas que compran créditos.

En la gestión de las denuncias hay que destacar el descenso en un 22% respecto a 2015 de las denuncias inadmitidas (aquellas que no dan lugar a actuaciones posteriores). Ello se refleja también en el incremento en un 23% de los expedientes iniciados en el año 2016 (2.826 frente a 2.293), lo que implica la realización de un número mayor de actuaciones investigadoras.

Por otro lado, la Agencia retomó en el año 2016 las inspecciones sectoriales de oficio, con la realización, entre otras, del Plan de Inspección sectorial de sanidad, la inspección del Sistema de Información de Visados y Schengen.

En relación con las infracciones declaradas en 2016 hay que destacar el incremento en un 16,7% de los procedimientos de apercibimiento respecto a 2015 y una reducción del 21% en el número de infracciones con sanción económica (560). En relación con la utilización del apercibimiento frente a la imposición de sanciones hay que señalar que son muchas las ocasiones en las que los hechos investigados permiten a la Agencia apercibir al denunciado (con frecuencia pymes y particulares) en lugar de imponer una sanción, exigiéndole la corrección de la conducta y la adopción de medidas. El importe global de sanciones económicas (14.190.173 euros), por su parte, ha subido un 3,48% respecto a 2015.

En el caso de las Administraciones Públicas, en 2016 se han resuelto 56 procedimientos de infracción, correspondiendo 23 a la Administración Local, 20 a la Autonómica, 10 a la Administración General del Estado y 3 a otras entidades de derecho público.

En cuanto a las sentencias de la Audiencia Nacional recaídas en los recursos interpuestos contra resoluciones de la AEPD, de las 74 sentencias dictadas en 2016, un 78% confirmaron los criterios de la Agencia en cuanto al fondo del asunto, el porcentaje más elevado desde 2005.

En 2016 se atendieron casi 237.000 consultas planteadas por los ciudadanos a través de diferentes canales (+8,5% respecto a 2015). Los temas más consultados en esta área están relacionados con la inscripción de ficheros ante la AEPD, comunidades de vecinos o videovigilancia. Respecto a las consultas telefónicas y presenciales sobre el ejercicio de derechos, más de la mitad (53,34%) fueron sobre el derecho de cancelación, a las que hay que se sumar un 26,56% que solicitaron información específica sobre el denominado derecho al olvido.

El área específica de la Agencia para potenciar la comunicación con los menores, padres y profesores (Canal Joven) ha atendido cerca de 700 consultas, en su mayor parte planteadas por padres, miembros de la comunidad educativa, servicios sociales y sanitarios.

El año 2016 finalizó con más de 4,5 millones de ficheros inscritos en el Registro General de Protección de Datos (+9,8%). De ellos, el 96,41% (4.348.454) son ficheros de titularidad privada y el 3,59% (161.892) de titularidad pública.

En lo relativo a transferencias internacionales de datos, en 2016 tuvo lugar la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que declaró inválida la Decisión de Puerto Seguro. Como consecuencia ello, se produjo un importante incremento de las solicitudes de autorización basadas en la aportación de garantías contractuales, recibiéndose 737 solicitudes durante 2016 frente a las 128 que se registraron en 2015, un incremento de un 475%. Las autorizaciones concedidas por la Agencia aumentaron un 362%, pasando de 108 en 2015 a 499 en 2016.

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Cuatro pasos para deshacerte de tu móvil de forma segura

9 de julio, 2017

Cuatro pasos para deshacerte de tu móvil de forma segura

19/06/2017 agpd.es

Si has decidido vender tu ‘viejo’ móvil o se lo vas a ceder a algún amigo o familiar para que lo reutilice te facilitamos las claves para evitar que su próximo dueño pueda acceder a la información que contiene sobre ti

Llevas tiempo utilizando tu móvil y ha llegado el momento de cambiarlo por otro. El teléfono ha sido un accesorio de gran importancia en tu vida: lo has utilizado para acceder a tus redes sociales y a tu correo; has hecho fotografías y vídeos; te has descargado archivos; has utilizado aplicaciones de mensajería instantánea; has sincronizado tu dispositivo con tu pulsera de actividad o con tu cámara fotográfica o de vídeo, etc.

Ahora has decidido vender tu ‘viejo’ móvil o se lo vas a ceder a algún amigo o familiar para que lo reutilice, pero es más que probable que no quieras que esa persona pueda acceder a tus correos electrónicos o a tus redes sociales o que pueda ver las fotografías o conversaciones que contiene tu dispositivo.

Cambiar las contraseñas de servicios como el correo electrónico o las redes sociales puede ser una solución, aunque no es la mejor. Algunas apps para leer el correo electrónico permiten acceder a los mensajes que ya habían sido descargados en el dispositivo con anterioridad al cambio de la contraseña, por lo que cambiar la contraseña evitará que tu viejo dispositivo acceda a los mensajes nuevos pero no a los que ya habías leído. El cambio de las contraseñas puede ser útil cuando has cedido tu dispositivo a otra persona sin tener en cuenta los pasos que recomendamos en este post, pero no evitará que alguien pueda acceder a la información que ya contenía el dispositivo.

A continuación te indicamos los cuatro pasos que debes de tener en cuenta para despedirte de tu móvil evitando que su próximo dueño pueda acceder a la información que contiene sobre ti:
1. El primer paso para deshacerte de tu viejo dispositivo es realizar una copia de seguridad (ficha 1). Vas a borrar toda la información que contiene y, por lo tanto, guardar durante un tiempo una copia de todo lo que has ido almacenando podría ser útil para evitar que pierdas archivos. Es recomendable hacer copias de seguridad en la nube o en otro dispositivo, aquí te dejamos algunos motivos que pueden ayudarte a entender la utilidad de esta recomendación.
2. Ya has realizado la copia de seguridad y ahora debes eliminar toda la información personal que contiene tu dispositivo. El primer paso para limpiar el dispositivo es restaurar o restablecer los valores de fábrica. Esta opción te da la posibilidad de eliminar el contenido personal del dispositivo. No obstante, algunos dispositivos dejan parte de esta información sin eliminar y conviene que hagas la comprobación que te sugerimos en el siguiente paso. Verifica con el explorador de archivos que toda tu información personal ha sido eliminada (algunos dispositivos móviles no disponen de explorador de archivos pero puedes utilizar el explorador de archivos de tu ordenador conectando tu viejo dispositivo a tu ordenador con un cable USB).
3. Verifica con el explorador de archivos que toda tu información personal ha sido eliminada (algunos dispositivos móviles no disponen de explorador de archivos pero puedes utilizar el de tu ordenador conectando el móvil con un cable USB).

Para asegurarte que toda tu información personal ha desaparecido, elimina las siguientes carpetas:

a. Carpetas cuyo nombre esté relacionado con las apps que has utilizado, apps de tus redes sociales, correo electrónico, productos que hayas utilizado (pulsómetros, pulseras de actividad, equipos de sonido, automóvil, etc.) Incluso cuando estas carpetas no contengan información, el nombre de las apps puede dar información sobre tu persona: redes sociales que utilizas, cámaras fotográficas que has utilizado, dispositivos en general, vehículo que posees, etc. Toda esta información habla de ti, de tu nivel económico, de tus redes sociales y, en general, sobre tu forma de vida y la de tu entorno (amigos y familiares).

b. Busca una carpeta que se denomina download o descargas. En ocasiones algunos dispositivos móviles no eliminan el contenido de esta carpeta cuando restauras los valores de fábrica. Puede ocurrir que hayas descargado algún informe médico o bancario y cedas esta información a otra persona sin ser consciente de esta situación. Asegúrate que esta carpeta está vacía.

c. Revisa si aún quedan fotografías o vídeos que no deseas que sean vistos por otras personas. Habitualmente las cámaras de los dispositivos guardan este contenido en una carpeta que se denomina DCIM, pero puedes hacer búsquedas de imágenes o vídeos por el dispositivo para asegurarte que has eliminado todas tu imágenes y vídeos.

Si la información que has almacenado en tu dispositivo es extremadamente confidencial, deberás valorar si quieres utilizar un programa de borrado seguro que evite que alguien pueda recuperar la información que has eliminado.  Aquí puedes consultar cómo obtener información sobre la forma de realizar el borrado seguro del contenido de tu dispositivo.
4. Has eliminado todo el contenido de tu dispositivo pero te recomendamos seguir un último paso. Algunas redes sociales o servicios de correo electrónico guardan información de los dispositivos que utilizas y esta información puede estar vinculada a tu persona, por lo que es recomendable que revises la configuración de tus redes sociales y servicios de correo electrónico eliminando los dispositivos que ya no utilizas.

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La primera jornada de la Escuela de Verano del Poder Judicial se centra en el Tribunal de Justicia de la UE

8 de julio, 2017

Miércoles, 5 de julio de 2017  poderjudicial.es

La primera jornada de la Escuela de Verano del Poder Judicial se centra en el Tribunal de Justicia de la UE

La vocal del CGPJ Nuria Díaz ha destacado la necesidad de una relación fluida entre el Tribunal Europeo y los jueces nacionales para el buen funcionamiento de la UE

Autor:Comunicación Poder Judicial
La vocal del Consejo General del Poder Judicial y presidenta de la Red Europea de Consejos de Justicia de la Unión Europea, Nuria Díaz Abad, ha abordado en una mesa redonda enmarcada en la Escuela de Verano del Poder Judicial “las luces y sombras” del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. La vocal ha expuesto en esta primera jornada los factores a tener en cuenta en el impacto de la jurisprudencia del TJUE en el Derecho interno y “la necesidad de una relación fluida entre el Tribunal Europeo y los jueces nacionales para el buen funcionamiento de la UE”. Otra de las necesidades expuestas ha sido que la resolución de asuntos importantes para unEstado miembro se realice en una sala compuesta por tres jueces procedentes de Estados miembros distintos.

Ha intervenido a continuación Daniel Sarmiento, profesor titular de Derecho Administrativo y de la Unión Europea de la Universidad Complutense y antiguo letrado del TJUE, quien ha afirmado que “el Tribunal de Justicia de la Unión Europea se ha convertido en uno de los protagonistas indiscutibles del panorama judicial”. Para Sarmiento, “esta irrupción no es casual, sino el resultado de un lento pero constante proceso de familiarización de los jueces y magistrados españoles con las herramientas de comunicación del Tribunal de Justicia”. Según el profesor, la creciente importancia del TJUE se debe al aumento significativo de competencias asumidas por la Unión Europea durante los últimos años. “El resultado es positivo, pues la jurisprudencia del Tribunal de Justicia proporciona seguridad jurídica en todos los Estados miembros y fortalece el cumplimiento del Derecho de la Unión en todo su territorio. Sin embargo, también ha provocado tensiones, alguna crisis e incluso propuestas de reforma como reacción a los problemas causados por la institución”, ha afirmado.

Javier Borrego, exjuez del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y abogado del Estado ante el Tribunal de Cuentas, ha pronunciado la conferencia La globalización de la Justicia en España: su principio con el Consejo de Europa y su posible final. En su ponencia ha tratado el origen de la comunicación e interdependencia entre los tribunales españoles y los externos. Para este experto, la posición de los tribunales nacionales en esta realidad globalizada puede resumirse en cuatro posibles conductas: “somos maestros, alumnos, compañeros o simplemente pasamos”. Borrego ha concluido la ponencia con una referencia a la seguridad jurídica, “muy necesaria ante la globalización de la Justicia”.

El primer curso de la Escuela de Verano se celebra en el pazo de Mariñán (Bergondo) hasta este viernes.

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El Tribunal Supremo establece como criterio general que el banco condenado por cláusulas abusivas pague las costas judiciales de todo el proceso

7 de julio, 2017

Jueves, 6 de julio de 2017  poderjudicial.es

El Tribunal Supremo establece como criterio general que el banco condenado por cláusulas abusivas pague las costas judiciales de todo el proceso

La Sala Primera argumenta que si el consumidor, a pesar de ganar el litigio, tuviera que pagar sus gastos en las primeras instancias se produciría un efecto disuasorio

Autor:Comunicación Poder Judicial

La Sala Primera del Tribunal Supremo, reunida en Pleno, se ha pronunciado por primera vez sobre la imposición de costas de las instancias anteriores tras la estimación del recurso de casación interpuesto por un particular, con la consiguiente obligación de restitución de la totalidad de las cantidades cobradas de más en virtud de la cláusula suelo declarada nula, con completo efecto
retroactivo, tras ajustar la sala su doctrina a la del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

La sentencia, de la que ha sido ponente el presidente de la Sala, Francisco Marín Castán, aborda la cuestión de la imposición de costas sustancialmente desde el principio de efectividad, toda vez que el cambio de jurisprudencia de la sala se basa esencialmente en el pronunciamiento de la STJUE de 21 de diciembre de 2016 (Gutiérrez Naranjo), que a su vez se funda en el derecho de los consumidores a no estar vinculados por una cláusula abusiva.

La norma general en la imposición de costas es el principio de vencimiento, de modo que la no imposición de costas al banco demandado supondría en este caso la aplicación de una salvedad a dicho principio en perjuicio del consumidor. Si el consumidor, a pesar de vencer el litigio, tuviera que pagar sus gastos en las instancias, se produciría un efecto disuasorio inverso, para que los consumidores no promovieran litigios por cantidades moderadas.

Además, la actividad procesal del banco demandado pretendió, más allá de invocar a su favor la anterior doctrina jurisprudencial, intentar su suspensión por prejudicialidad civil, negar por completo la obligación de restitución, y oponerse a la admisión antes y después de tener conocimiento del contenido de la STJUE de 21 de diciembre de 2016.

La sentencia cuenta con el voto particular de tres magistrados, fundado en el cambio sobrevenido de jurisprudencia y las serias dudas de hecho o de derecho que ello ha producido, así como en la ausencia de afectación del principio de efectividad.

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La AEPD analizará el cumplimiento de la protección de datos en servicios financieros y en la contratación telefónica y por internet

6 de julio, 2017

La AEPD analizará el cumplimiento de la protección de datos en servicios financieros y en la contratación telefónica y por internet

La finalidad de las inspecciones de oficio realizadas por la AEPD es elevar el nivel de protección de los ciudadanos analizando para ello cómo tratan sus datos las organizaciones.

(Madrid, 28 de junio de 2017). agpd.es

La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha acordado el inicio de dos planes sectoriales de oficio centrados, el primero de ellos, en el sector de las entidades financieras, y al que se suma otro que analizará las contrataciones realizadas de forma telefónica y a través de internet.

Las inspecciones de oficio realizadas por la AEPD, que no tienen carácter sancionador sino preventivo, analizan el cumplimiento de la normativa de protección de datos en sectores o áreas específicas para obtener una visión integral y conjunta que permita detectar deficiencias y realizar las recomendaciones correspondientes de manera transversal. La finalidad es elevar el nivel de protección de los ciudadanos analizando para ello cómo tratan sus datos las organizaciones.

Servicios financieros

El plan sectorial sobre servicios financieros tiene como base las denuncias que recibe la Agencia relacionadas con el sector de la actividad crediticia, que suponen un tercio del total de las casi 8.000 que se presentan anualmente y que ponen de manifiesto que con frecuencia se descuidan las garantías en materia de protección de datos de los afectados.

Las organizaciones involucradas son las entidades financieras, pero también aquellas que dan soporte o participan en actividades de crédito. Además, se evidencia la expansión del mercado de los microcréditos, con plataformas que utilizan soportes digitales y mecanismos de autenticación a través de internet que presentan retos no sólo en la forma de identificar a los usuarios sino en la forma en la que se tratan esos datos.

Contratación a distancia

En cuanto al plan sectorial de oficio sobre contratación a distancia de productos y servicios (de forma telefónica y a través de internet), hay que tener en cuenta que un 40% de los españoles realiza compras online de forma habitual, según datos del Ministerio de Energía Turismo y Agenda Digital, y que España es el cuarto país de Europa en utilización de la Red para la compra de productos.

Los grandes sectores económicos, entre los que se incluyen las compañías de telecomunicaciones, entidades aseguradoras o comercializadoras de suministros energéticos, están inmersos en procesos de explotación de las nuevas tecnologías para la contratación de productos y servicios. La Agencia considera que un adecuado desarrollo e implantación de estos nuevos modelos de negocio debe ser compatible con los derechos fundamentales de los ciudadanos.

En último término, uno de los objetivos de estos dos planes será el de recomendar la adopción de medidas que aporten las suficientes garantías a los consumidores en cuanto a la protección de sus datos personales lo que, a su vez, redundará en un servicio de mayor calidad, de forma que la sencillez y agilidad que caracteriza la contratación y gestión de los productos se haga sin menoscabo de las garantías y requerimientos que la normativa sobre protección de datos impone.

Ambas inspecciones sectoriales evaluarán, asimismo, cómo se están adaptando las empresas que operan en estos sectores a los requisitos legales establecidos en el nuevo Reglamento General de Protección de Datos, que será aplicable el 25 de mayo de 2018. Con la realización de estas inspecciones, la Agencia quiere fomentar un cumplimiento más eficaz del derecho a la protección de datos, especialmente en ámbitos o sectores con un gran impacto en los ciudadanos, un objetivo recogido en su Plan estratégico 2015-2019.

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La bolsa española negocia en junio 73.206 millones de euros, el mejor mes desde abril 2016

5 de julio, 2017

La bolsa española negocia en junio 73.206 millones de euros, el mejor mes desde abril 2016
bolsamadrid.es
•El volumen negociado en Bolsa es un 18% más que en mayo y un 11,1% más que en el mismo mes de 2016
•El número de negociaciones de junio se ha situado en 4,8 millones, un 1% más que en mayo
•El volumen negociado en Derivados Financieros en junio aumenta un 94% respecto al mes anterior
•En el MARF las nuevas emisiones en junio se sitúan en 483 millones de euros, un 165% superior al mismo mes del año pasado

Renta Variable

El volumen de contratación en junio se ha situado en 73.206 millones de euros, un 18% más que en mayo y un 11,1% más que en el mismo mes de 2016. Se trata del mejor mes desde abril de 2016. BME ha negociado en Renta Variable durante los seis primeros meses del año 364.867 millones de euros, un 6,4% menos que en el mismo período de 2016.

El número de negociaciones acumuladas hasta junio asciende a 26,6 millones, un 11,6% inferior al registrado en el mismo período del ejercicio pasado. El número de negociaciones de junio se ha situado en 4,8 millones, un 1% más que en mayo.

El efectivo acumulado hasta junio en el segmento de Fondos Cotizados (ETF) ha sido de 2.292 millones de euros, un 38,7% inferior al contabilizado en igual periodo del ejercicio anterior. En junio, el volumen negociado se ha situado en 376,3 millones de euros, un 14,4% menos que en el mes anterior.

El número de emisiones de warrants y certificados admitidas a negociación en el primer semestre de 2017 asciende a 2.584, un 35% menos que en el mismo periodo de 2016.

La actividad del mercado de warrants y certificados hasta junio alcanza los 243,5 millones de euros, un 38,3% menos que en el mismo periodo de 2016. Durante el mes de junio, el efectivo negociado ha alcanzado 36,9 millones de euros, un 3,2% más que en el mes anterior y un 50,7% menos que en el mismo mes de 2016.

Futuros y Opciones

El volumen negociado en junio en el mercado de Derivados se ha situado en 5,39 millones de contratos, un 94% por encima del registrado en el mes anterior.

En junio ha destacado la negociación en Derivados sobre Índices. Se han negociado 504.996 Futuros IBEX 35 y 153.697 Futuros Mini IBEX, lo que supone un aumento del 6% y 15,7% respectivamente respecto al mes anterior. La negociación en Opciones sobre IBEX 35 aumentó un 17,6% con 339.242 contratos negociados.

Los Futuros sobre Acciones han negociado 6.450.512 contratos en el primer semestre, y las Opciones sobre Acciones han negociado 10.309.071 contratos, lo que supone incrementos del 7,8% y 2,4% respecto al mismo periodo del año anterior.

En el mes de junio cabe destacar el aumento de posición abierta de los Futuros IBEX 35 e IBEX Mini respecto al mismo periodo del año anterior, que se ha situado en 98.885 y 9.052 contratos respectivamente, lo que supone un aumento de 7,9% y 11,1% superior al registrado en junio 2016.

Renta Fija

La negociación en el Mercado de Renta Fija de BME durante el mes de junio fue de  10.460 millones de euros, un 6,9% inferior al mes anterior. La cifra acumulada al cierre del primer semestre alcanzó los 60.840 millones de euros.

En el Mercado Alternativo de Renta Fija (MARF) las emisiones incluidas a negociación durante el mes de junio se sitúan en 483 millones de euros, un 165% superior al mismo mes del año pasado. El acumulado del año se eleva hasta los 2.057 millones de euros, lo que representa un incremento del 96% con relación a igual periodo de 2016. El saldo en circulación, a cierre de junio, del MARF fue de 2.299 millones de euros, con aumento del 59% con relación a la misma fecha del año pasado.

La negociación de Deuda Pública a lo largo de los seis primeros meses del año en SENAF, la plataforma electrónica de Deuda Pública para mayoristas de BME, se situó en 81.590 millones de euros, un 8,4% inferior al mismo periodo del año 2016

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Los Juzgados especializados en cláusulas suelo han ingresado casi 16.000 demandas en un mes

4 de julio, 2017

Lunes, 3 de julio de 2017  poderjudicial.es

Los Juzgados especializados en cláusulas suelo han ingresado casi 16.000 demandas en un mes

De mantenerse este ritmo, el número de demandas sobre condiciones generales de la contratación que se registraría en un año natural ascendería a 192.245. El Juzgado de Madrid, con 2.803, es el que más demandas ingresó en junio; seguido por Barcelona, con 1.033; y Valencia, con 834. El CGPJ mantendrá en septiembre nuevas reuniones de coordinación con los jueces decanos y con las Administraciones para evaluar la marcha del plan y estudiar las necesidades

Autor:Comunicación Poder Judicial

El número de demandas presentadas durante el mes de junio en los Juzgados de Primera Instancia especializados en los litigios relacionados con las acciones individuales sobre condiciones generales incluidas en contratos de financiación con garantías reales inmobiliarias cuyo prestatario sea una persona física fue de 15.801.

La cifra incluye las demandas presentadas en los órganos judiciales de forma electrónica a través de LexNET en doce de las trece Comunidades Autónomas que tienen implantado este sistema -Andalucía, Aragón, Asturias, Baleares, Canarias, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura, Galicia, Madrid, Murcia y La Rioja- y en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. Esa información ha sido facilitada al Consejo General del Poder Judicial por el Ministerio de Justicia.

En la Comunidad Valenciana se ha optado por ofrecer las cifras facilitadas por el Tribunal Superior de Justicia, ya que un elevado número de demandas se presenta por otras vías.

Finalmente, la información correspondiente a las cuatro Comunidades Autónomas que no tienen LexNET –Cantabria, Cataluña, Navarra y el País Vasco- ha sido también proporcionada por los respectivos Tribunales Superiores de Justicia.

La proyección a un año natural del dato ofrecido hoy supondría que, de mantenerse el actual ritmo de entrada, el número de demandas sobre esta materia ingresadas en los Juzgados especializados en doce meses sería de 192.245.

El pasado 1 de junio se puso en marcha el plan de urgencia aprobado por el Consejo General del Poder Judicial ante el previsible aumento de litigios sobre cláusulas abusivas en escrituras hipotecarias como consecuencia de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) de 21 de diciembre de 2016 en relación con las cláusulas suelo.

El plan consiste en la especialización de Juzgados de Primera Instancia –uno por provincia en la península y uno en cada una de las principales islas de los archipiélagos canario y balear-, que desde entonces conocen, de manera exclusiva y no excluyente, de los litigios relacionados con las acciones individuales sobre condiciones generales incluidas en contratos de financiación con garantías reales inmobiliarias cuyo prestatario sea una persona física.

Estos asuntos se refieren, entre otros, a cláusulas suelo, vencimiento anticipado, intereses moratorios, gastos de formalización de hipoteca o hipotecas multidivisa.

De los Juzgados especializados, el que más demandas ha ingresado en su primer mes de funcionamiento es el de Madrid, con 2.803. Le siguen el de Barcelona, con 1.033; y el de Valencia, con 834.

En los Juzgados especializados de otras provincias como Jaén, Málaga, Sevilla, Zaragoza y Bizkaia se han registrado más de 500 demandas.

Nuevas reuniones de coordinación

El Consejo General del Poder Judicial, que con carácter previo a la puesta en marcha del plan ya mantuvo reuniones con los presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia, con una representación de los jueces decanos y con las Administraciones –Ministerio de Justicia y Comunidades Autónomas con competencias transferidas en esta materia- para informarles de las medidas previstas y evaluar las posibles necesidades, ha continuado celebrando durante el mes de junio encuentros de coordinación.

Así, el pasado viernes 30 de junio los jueces decanos expusieron en la sede del Consejo cómo ha sido el funcionamiento de los Juzgados especializados en sus respectivos territorios durante el primer mes y evaluaron las medidas de refuerzo que podrán adoptarse después del verano. Los decanos han sido convocados a un nuevo encuentro el próximo mes de septiembre.

También en septiembre volverá a reunirse la comisión de coordinación CGPJ-Ministerio de Justicia-Comunidades Autónomas, que el pasado 31 de mayo ya celebró un primer encuentro durante el que las Administraciones se comprometieron a colaborar con el plan de urgencia.

 

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El Pleno del CGPJ expresa su preocupación por la pérdida de derechos de los jueces en materia de permisos y retribuciones

3 de julio, 2017

Viernes, 30 de junio de 2017  poderjudicial.es

El Pleno del CGPJ expresa su preocupación por la pérdida de derechos de los jueces en materia de permisos y retribuciones

El órgano de gobierno de los jueces también lamenta el retraso en la convocatoria de oposiciones a juez y fiscal y la situación de las instalaciones de los órganos judiciales. El Consejo se compromete a continuar el proceso de fijación de los módulos y cargas de trabajo, consciente del malestar de la Carrera Judicial por el retraso en su establecimiento

Autor:Comunicación Poder Judicial

El Pleno del Consejo General del Poder Judicial ha suscrito una declaración, firmada por 19 de sus veintiún miembros, en la que expresa su preocupación por la pérdida de derechos de los jueces y magistrados en materia de permisos y retribuciones y por la situación de las instalaciones de los órganos judiciales y lamentan el retraso padecido en la convocatoria de oposiciones a las Carreras Judicial y Fiscal.

En la declaración, el órgano de gobierno de los jueces manifiesta su confianza en que, “por parte del Ministerio de Justicia y de las Comunidades Autónomas con competencias en la materia, se atienda con determinación a la citada situación de deficiencia”.

El texto añade que el Consejo, consciente y conocedor del malestar de la Carrera Judicial derivado del retraso en la fijación de los módulos y cargas de trabajo, se compromete a continuar el proceso de establecimiento de los mismos y a continuar instando de las Administraciones la recuperación de los derechos estatutarios perdidos por los jueces y magistrados en los últimos años y la dotación de los medios precisos para el correcto ejercicio de la función jurisdiccional.

El texto íntegro de la declaración, aprobada en la reunión que el Pleno celebró ayer en el Palacio de Justicia de Donostia-San Sebastián con motivo del 20 aniversario del Centro de Documentación Judicial, es el siguiente:

“1. Los Vocales abajo firmantes tienen constancia y conocimiento de la situación de malestar de la Carrera Judicial derivada del retraso en la fijación de las cargas de trabajo, de la situación de las instalaciones de los órganos judiciales y de la pérdida de derechos de los jueces y magistrados en materia de permisos y retribuciones.

2. Muestran su preocupación por dicha situación.

3. Además, lamentan el retraso padecido en la convocatoria de oposiciones de jueces y de fiscales.

4. Esperan que, por parte del Ministerio de Justicia y de las Comunidades Autónomas con competencias en la materia se atienda con determinación a la citada situación de deficiencia.

5. Finalmente, se comprometen a continuar con eficacia y rapidez el proceso de fijación de los módulos y cargas de trabajo de los jueces y magistrados y a continuar decididamente instando de las citadas Administraciones la recuperación de los derechos estatutarios perdidos por los jueces y magistrados en los últimos años y la dotación de los medios precisos para el correcto ejercicio de la función jurisdiccional”.

Suscriben la declaración el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, y los vocales Roser Bach, Mar Cabrejas, Ángeles Carmona, Victoria Cinto, Álvaro Cuesta, Nuria Díaz, Juan Manuel Fernández, Rafael Fernández Valverde, Fernando Grande-Marlaska, Vicente Guilarte, Carmen Llombart, José María Macías, Clara Martínez de Careaga, Juan Martínez Moya, Gerardo Martínez Tristán, Rafael Mozo, Wenceslao Olea y Pilar Sepúlveda.

Los vocales Enrique Lucas y Concepción Sáez no han suscrito el texto porque, aunque consideran que el malestar que se respira en la Carrera Judicial está más que justificado, estiman que el pronunciamiento del Consejo llega tarde y no va acompañado de la necesaria autocrítica que este órgano constitucional debe realizar sobre su propia responsabilidad y pasividad en la generación de la situación que ahora denuncia.

También entienden que la adopción de la declaración no ha estado precedida de un debate en profundidad sobre el conjunto de los problemas que, desde hace años, aquejan a jueces y magistrados, por lo que consideran que la preocupación que el Consejo manifiesta sobre las quejas de estos no va más allá de un mero gesto forzado por las actuales circunstancias en las que sus protestas están adquiriendo gran resonancia ante la opinión pública.

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El Tribunal Supremo confirma la nulidad del plan de 2014 para construir 1.200 viviendas más en Valdebebas (Madrid)

2 de julio, 2017

Lunes, 26 de junio de 2017  poderjudicial.es

El Tribunal Supremo confirma la nulidad del plan de 2014 para construir 1.200 viviendas más en Valdebebas (Madrid)

Inicialmente se había previsto la construcción de un centro comercial

Autor:Comunicación Poder Judicial

La Sala III, de lo Contencioso-Administrativo, del Tribunal Supremo ha confirmado la nulidad del Plan Especial aprobado por el Pleno del Ayuntamiento de Madrid el 20 de octubre de 2014 que preveía la construcción de 1.200 viviendas en tres parcelas del parque de Valdebebas en las que inicialmente se había planeado la ubicación de un centro comercial.

El Supremo rechaza los recursos tanto del Ayuntamiento de Madrid como de la Junta de Compensación Parque de Valdebebas contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que anuló el citado acuerdo municipal de 2014 al estimar parcialmente el recurso de la Asociación para la Promoción del Urbanismo Responsable.

El motivo de la anulación del Plan es que no se justificó por el Ayuntamiento. El Supremo, de acuerdo con el TSJ de Madrid, destaca que la Memoria del Plan explica el por qué ya no resultaba viable el destino terciario/comercial previsto en el Plan General para las parcelas expresadas, “pero desconocemos qué razones existen para reconducir la situación hacía un incremento poblacional, que, como hemos expuesto, se produce en un entorno -vinculado a la infraestructura aeroportuaria del Aeropuerto de Barajas- y que, en consecuencia, podría ser un entorno poco proclive a tal incremento poblacional”.

La sentencia subraya que “lo realmente significativo es la ausencia de motivación de tal aumento (de viviendas) -respecto de lo que antes era un uso comercial-, teniendo, sobre todo, en cuenta la vinculación, a este destino, de la infraestructura aeroportuaria”.

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El Tribunal Supremo inadmite un recurso conjunto contra 16 ‘swaps’ de Banco Santander por no superar ninguno los 600.000 euros

1 de julio, 2017

Viernes, 30 de junio de 2017  poderjudicial.es

El Tribunal Supremo inadmite un recurso conjunto contra 16 ‘swaps’ de Banco Santander por no superar ninguno los 600.000 euros

La demanda inicial acumuló acciones correspondientes a 26 personas físicas y jurídicas

Autor:Comunicación Poder Judicial

La sentencia del Pleno de la Sala Primera del Tribunal Supremo ha desestimado la demanda de 26 personas, físicas y jurídicas, sobre nulidad de swaps suscritos con el Banco de Santander.

La demanda acumuló las acciones correspondientes a 24 sociedades y dos personas físicas y en ella se pretendía, con carácter principal, la nulidad de los contratos por error-vicio en el consentimiento, falta de objeto y falta de causa. De forma subsidiaria se ejercitaban otras acciones de resolución y responsabilidad contractual.

La sentencia del Supremo, cuyo ponente ha sido el magistrado Francisco Javier Arroyo Fiestas, analiza las reglas de determinación de la cuantía de la demanda en los casos de acumulación de acciones. En la regla general, cuando las acciones acumuladas no provienen del mismo título, la cuantía viene determinada por la acción de mayor valor, mientras que en la excepción a esa regla general se produce la acumulación de cuantías por equiparación a la acumulación subjetiva de acciones procedentes del mismo título.

Tras enumerar las resoluciones de la sala que han aplicado la regla general y la excepción, considera que en este caso las acciones acumuladas no provienen del mismo título, dado que hay tantos contratos de swap –de distinta naturaleza- como litigantes y las circunstancias fácticas y jurídicas son muy diversas.

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El notario es responsable civil si no avisa de cargas fiscales

30 de junio, 2017

El notario es responsable civil si no avisa de cargas fiscales
Xavier Gil Pecharromán
29/06/2017 – eleconomista.es
El notario no cumple de manera diligente con sus obligaciones si no advierte expresamente a los compradores de una vivienda de la existencia de cargas fiscales sobre el inmueble y de los aplazamientos del pago de la deuda que puedan existir y que consten en una nota registral que haya solicitado el propio fedatario.
Así lo establece una sentencia de la Audiencia de Santander, de 23 de febrero de 2017, que determina que el hecho de que el notario no deje constancia de las afecciones fiscales al tiempo de autorizar la escritura de compraventa ocasiona un grave perjuicio a los compradores”.
El ponente, el magistrado Fernández Díez, justifica que no puede negarse un nexo de causalidad entre la conducta de omitir las cargas y el detrimento patrimonial que sufre el comprador que ha de pagar. Por ello, la sentencia confirma que la responsabilidad civil debe circunscribirse a las cargas que figuraban en la nota registral, “sin que las causadas por escrituras posteriores fuesen conocidas por la notaria demandada”.
De esta forma, la Audiencia Provincial de Cantabria ha confirmado la condena al pago de una indemnización de 43.436 euros a una notaria por no informar durante una compraventa de la existencia de cargas fiscales que pesaban sobre unas fincas que fueron adquiridas por los ahora demandantes.
En una sentencia que aún no es firme, puesto que la notaria ha recurrido ante el Tribunal Supremo, el órgano de apelación respalda la resolución del Juzgado de Primera Instancia nº 5 de Santander que estimó parcialmente la demanda de los compradores.
El magistrado de Instancia no estimó totalmente la demanda por considerar que la notaria es responsable de no advertir de las cargas que sí aparecían en la nota registral que ella misma había solicitado para preparar la operación de compraventa, pero no de otras responsabilidades de pago que no figuraban en el documento.
En este sentido también se pronuncia la Audiencia. El ponente constata la “efectiva responsabilidad civil” de la notaria, por cuanto en las escrituras de compraventa “omitió y no informó” de las cargas por afección fiscal que pesaban sobre las fincas adquiridas.
Afirma que “las partes que acuden a la notaría, especialmente el comprador, confían en que el notario les informará adecuadamente de las cargas que pesan sobre el inmueble objeto de compraventa”.
El magistrado recuerda la sentencia del Tribunal Supremo, de 14 de mayo de 2008, que la obligación de asesorar consiste en una actividad de comunicación, dimana de la condición profesional del notario y resulta ínsita en su función como fedatario público. La obligación de tramitar consiste en una actividad de gestión, no es específica de dicha profesión y requiere un encargo concreto.
La relación jurídica con las personas que reclaman los servicios notariales es de un arrendamiento de tal clase -Artículo 1544 del Código Civil (CC)-, al que le son de aplicación los artículos 1101 y 1104 del CC. Por su parte, el artículo 146 del Reglamento Notarial (NR) señala que: “El notario responderá civilmente de los daños y perjuicios ocasionados con su actuación cuando sean debidos a dolo, culpa o ignorancia inexcusable. Si pudieren repararse, en todo o en parte, autorizando una nueva escritura el notario lo hará a su costa, y no vendrá éste obligado a indemnizar sino los demás daños y perjuicios ocasionados”.

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El Centro de Documentación Judicial cumple 20 años

29 de junio, 2017

Miércoles, 28 de junio de 2017  poderjudicial.es

El Centro de Documentación Judicial cumple 20 años

El Pleno del Consejo General del Poder Judicial celebrará mañana su reunión mensual en la sede del CENDOJ en San Sebastián, donde también tendrá lugar un acto conmemorativo del aniversario. El CENDOJ publica la jurisprudencia de todos los tribunales colegiados españoles y la difunde gratuitamente a la ciudadanía a través de la web www.poderjudicial.es. Además, ofrece a la Carrera Judicial un fondo documental con resoluciones analizadas, edita publicaciones con el material originado en la actividad formativa de jueces y magistrados y atiende sus consultas de información jurídica

Autor:Comunicación Poder Judicial

El Pleno del Consejo General del Poder Judicial se reunirá este jueves a las 10:30 horas en el Palacio de Justicia de Donostia-San Sebastián, sede del Centro de Documentación Judicial (CENDOJ), que cumple ahora 20 años de su entrada en funcionamiento. A las 12:30 horas, y también con motivo del aniversario, se celebrará en el mismo lugar un acto conmemorativo en el que intervendrán el director del centro, Iñaki Vicuña; la consejera de Trabajo y Justicia del Gobierno vasco, María Jesús Carmen San José; y el presidente del Tribunal Supremo y del CGPJ, Carlos Lesmes.

Fue en junio de 1997 cuando un equipo de doce personas –un director, dos letrados, una técnico de administración general, dos documentalistas, tres auxiliares, dos informáticos y un ordenanza- puso en marcha el CENDOJ, creado por el Consejo General del Poder Judicial para satisfacer la necesidad de los miembros de la Carrera Judicial de recibir información legislativa, jurisprudencial y doctrinal permanentemente actualizada.

Dos décadas después, el CENDOJ se ha convertido en el centro tecnológico del CGPJ encargado de la gestión del conocimiento judicial y ofrece sus servicios no solo a jueces y magistrados, sino a toda la sociedad, poniendo a su disposición la jurisprudencia de los tribunales colegiados españoles a través de una base de datos de acceso público y gratuito que contiene más de 6 millones de resoluciones.

El Centro de Documentación Judicial tiene su sede en el Palacio de Justicia de Donostia-San Sebastián, que comparte con la Audiencia Provincial de Gipuzkoa, gracias al convenio firmado en 1996 por el CGPJ y el Gobierno vasco, que cedió gratuitamente parte de las dependencias del edificio para la instalación del centro por un periodo de 50 años prorrogables.

La difusión de la jurisprudencia: del papel al ‘smartphone’

Cuando el CENDOJ se puso en marcha, el CGPJ aún publicaba la jurisprudencia en volúmenes de papel, lo que dificultaba enormemente las consultas. Una de las primeras tareas desarrolladas en el centro fue la recopilación e introducción de sentencias en un formato electrónico de fácil utilización, lo que permitió que el 1 de abril de 1998 se distribuyera a todos los jueces y magistrados en activo el primer CD-rom con jurisprudencia.

El siguiente objetivo fue conseguir que esa información estuviera en internet y fuera accesible para todos: la primera base de datos de jurisprudencia de acceso público se pudo consultar libre y gratuitamente el 26 de junio de 2006. Ese día se pusieron a disposición de los ciudadanos un total de 1.150.000 sentencias

Hoy la base de datos, que puede consultarse en el apartado “Acceso público a la jurisprudencia” de la web www.poderjudicial.es, contiene más de 6 millones de resoluciones, a las que hay que añadir las 188.889 del fondo histórico del Tribunal Supremo (1852-1978). España fue el primer Estado europeo en difundir su jurisprudencia en abierto a los ciudadanos y es también el que mayor número de resoluciones pone a su disposición.

El CENDOJ sigue trabajando día a día para difundir toda la documentación jurídica útil para la tarea de los jueces y para que los ciudadanos conozcan de primera mano cómo se aplica la Justicia en España, adaptando sus servicios a la constante evolución tecnológica: el 2 de octubre de 2012, por ejemplo, presentó la aplicación que permite consultar la jurisprudencia desde los teléfonos móviles (smartphones) o las tabletas.

Análisis jurídico

Entre los servicios exclusivos para los miembros de la Carrera Judicial destaca el Fondo Documental CENDOJ, una base de datos que se ofrece en el entorno restringido a jueces y magistrados de la web y que contiene cerca de 300.000 resoluciones analizadas.

Realizado por miembros del Gabinete Técnico del Tribunal Supremo o por magistrados de la Audiencia Nacional, los Tribunales Superiores de Justicia y las Audiencias Provinciales, el análisis las resoluciones incluye un resumen de las mismas, la apreciación de su relevancia basándose en criterios documentales normalizados, la calificación del fallo, la determinación de las cuestiones planteadas, la clasificación conforme al Tesauro de Jurisprudencia del CENDOJ –que contiene más de 22.000 términos- y el establecimiento de vínculos con otras fuentes de información de índole jurisprudencial, legislativa y de publicaciones del CGPJ.

Documentación, publicaciones y bibliotecas

La actividad editorial del CENDOJ se centra fundamentalmente en la difusión en soporte digital del material originado en las actividades formativas de jueces y magistrados.

Además, el centro atiende cada año más de mil consultas de información jurídica, en su mayoría de jueces y magistrados, de las que más del 60 por ciento se contestan en el mismo día o en un plazo de 24 horas. Las consultas sobre doctrina suponen casi la mitad del total, seguidas por las relativas a jurisprudencia.

Por último, gestiona la red de bibliotecas judiciales, formada por las tres del CGPJ –ubicadas en su sede central, en la Escuela Judicial de Barcelona y en el propio CENDOJ- y las más de cien bibliotecas distribuidas por los diferentes órganos judiciales españoles.

Entornos web

El CENDOJ gestiona y mantiene el portal web público y privado www.poderjudicial.es, la vía a través de la que se accede a la mayor parte de los servicios prestados por el centro. La parte restringida para uso de los miembros de la Carrera Judicial constituye una herramienta de trabajo imprescindible y una plataforma para publicar y crear contenidos de interés profesional, que jueces y magistrados pueden compartir.

En su parte pública se muestra información de las instituciones judiciales, acercándolas así a la ciudadanía, se da acceso gratuito a la jurisprudencia y se proporciona una serie de servicios que pueden ser utilizados online, como las herramientas de cálculo de indemnizaciones por extinción de contrato de trabajo o de pensiones alimenticias. La información institucional se muestra en castellano, catalán, gallego, euskera, inglés y francés.

La web, que en 2016 recibió casi cinco millones y medio de visitas, también da acceso a los Portales de Transparencia del CGPJ, del Tribunal Supremo, de la Audiencia Nacional y de los 17 Tribunales Superiores de Justicia, en los que se difunden todos los aspectos contemplados en la Ley 19/2013, los acordados mediante convenio con Transparencia Internacional y otros que el órgano de gobierno de los jueces ha querido reflejar voluntariamente.

Conmemoración del 20 aniversario

Con motivo del 20 aniversario del CENDOJ, el Pleno del Consejo General del Poder Judicial celebrará mañana en San Sebastián su reunión ordinaria correspondiente al mes de junio.

A continuación tendrá lugar un acto conmemorativo durante el que intervendrán el director del CENDOJ, Iñaki Vicuña; la consejera de Trabajo y Justicia del Gobierno vasco, María Jesús Carmen San José; y el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes. El acto se cerrará con la actuación del Orfeón Donostiarra.

Los asistentes recibirán un libro editado por la Oficina de Comunicación del CGPJ en el que se relata la historia del CENDOJ y se explica su funcionamiento y funciones. La publicación será distribuida también a los medios de comunicación, a los cargos gubernativos del Poder Judicial, a los analistas que colaboran con el CENDOJ y a los trabajadores del centro.

Por último, el CENDOJ ha aprovechado su 20 aniversario para renovar su web en el portal www.poderjudicial.es y dar el salto a las redes sociales, con el estreno de una cuenta en Twitter -@CENDOJ- desde la que desde hoy se difundirán sus actividades a la Carrera Judicial y a la ciudadanía en general.

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El Gobierno aprueba un nuevo régimen jurídico para fortalecer las cooperativas de crédito

28 de junio, 2017

23 de junio de 2017
mineco.gob.es
El Gobierno aprueba un nuevo régimen jurídico para fortalecer las cooperativas de crédito
Las entidades podrán crear Mecanismos Institucionales de Protección, una fórmula de consolidación y autoprotección
El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto-Ley de medidas urgentes en materia financiera cuyo objetivo es reformar el régimen jurídico de las cooperativas de crédito. El sector  supone el 6% del sistema crediticio y tiene una gran relevancia en la financiación de agentes económicos de menor tamaño del sector agrario, industrial y profesional, tales como pymes, autónomos o emprendedores. Con esta norma, se favorecen los procesos que contribuyan al fortalecimiento y a aumentar la resistencia de estas entidades, en concreto, mediante la constitución de los denominados Mecanismos Institucionales de Protección (MIP). Se completa así el ciclo de las reformas del sistema financiero que el Gobierno inició en 2012 y que han permitido al sector contribuir a la recuperación de la economía española.

La norma reconoce a las cooperativas de crédito la posibilidad de constituir un MIP como mecanismo concebido para la mutua autoprotección y que puede ser de dos tipos, reforzado o normativo. Los MIP reforzados mutualizan al 100% los beneficios y riesgos y cuentan con una entidad cabecera que dirige prácticamente la totalidad de las decisiones del grupo (tiene consideración de grupo consolidable). Los MIP normativos no tienen que mutualizar al 100% los beneficios y riesgos y se caracterizan por la constitución de un fondo de garantía privado financiado ex ante por las entidades miembros del grupo que se utilizará para hacer frente a posibles necesidades de recursos propios de las entidades que participan en el MIP.

Se establecen además incentivos para constituir estos MIP. Las entidades que lo integran tienen un perfil de riesgo menor al  aumentar su solvencia, lo que permitirá reducir los requerimientos mínimos de pasivos capaces de absorber pérdidas a efectos de una eventual resolución y las  aportaciones que las entidades integrantes de un MIP deben realizar al Fondo de Garantía de Depósitos.

Adicionalmente, el RD-Ley prevé una serie de medidas para potenciar el buen funcionamiento de los MIP. Así, las operaciones desarrolladas por una cooperativa con las otras entidades integrantes del MIP del que forma parte no computarán a efectos del límite para las operaciones activas con terceros del 50% de los recursos totales, especificado en la Ley de Cooperativas de Crédito. Es decir, las cooperativas de un mismo MIP podrán tener mayores exposiciones entre sí no limitadas.

Además, el fondo de garantía privado tampoco tendrá límites a la hora de invertir en el capital de una de las cooperativas integrantes del MIP. Levantar esta limitación facilita el uso del fondo cuando una entidad participante lo necesite. Sin embargo, se deberá presentar al Banco de España, para su aprobación, un plan de actuación a efectos de garantizar la viabilidad que contenga medidas concretas dirigidas a permitir la desinversión en la cooperativa de crédito, en condiciones adecuadas para todas las entidades integrantes del MIP.

Junto a la reforma del Régimen Jurídico de las Cooperativas de Crédito, este RD-Ley crea una nueva categoría de pasivos que pueden emitir todas las entidades de crédito: crédito ordinario no preferente o deuda senior non-preferred. Se trata de una nueva categoría de instrumentos financieros a efectos regulatorios con el fin de facilitar el cumplimiento del requerimiento mínimo de fondos propios y pasivos admisibles por parte de las entidades. La idea es que este nuevo instrumento tenga un orden de prelación (en caso de resolución o concurso) inferior al resto de créditos ordinarios pero superior a la deuda subordinada.

Se da así de un marco jurídico adecuado a las entidades de crédito que se ven obligadas a empezar a emitir este tipo de pasivos. Tanto a nivel internacional como de la Unión Europea, la regulación sobre resolución bancaria exige a las entidades de crédito y empresas de servicios de inversión contar con un número de pasivos que puedan absorber pérdidas en caso de que se inicie un proceso de resolución, el denominado requerimiento mínimo de fondos propios y pasivos admisibles (MREL).

De acuerdo con la nueva norma, un crédito ordinario sólo podrá ser considerado como no preferente si satisface una serie de requisitos que garantizan que, en caso de resolución, el instrumento tendrá facilidad para absorber pérdidas: haber emitido con plazo de vencimiento efectivo igual o superior a un año; no tener características propias de instrumentos derivados; y que incluyan una cláusula en la que se establezca que tienen una prelación concursal inferior frente al resto de créditos ordinarios.

Asimismo, se modifica la Ley de Mercado de Valores para dar la consideración de instrumentos financieros complejos a estos instrumentos de deuda.

 

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