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28 de abril, 2019
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El Tesoro reduce en 5.000 millones la emisión neta prevista para 2019

27 de abril, 2019

24 de abril de 2019

mineco.gob.es

El Tesoro reduce en 5.000 millones la emisión neta prevista para 2019

Con esta reducción, la emisión neta prevista será de 30.000 millones, la menor desde 2007
La emisión bruta descenderá hasta los 204.526 millones de euros, un 4% inferior a la de 2018
Con el nuevo plan de emisión neta se ha cubierto hasta la fecha el 42,4% del programa de financiación a medio y largo plazo

El Tesoro Público reducirá en 5.000 millones de euros el volumen de emisión neta prevista para 2019. Continúa así la reducción de las necesidades de financiación, que quedarán en 30.000 millones, frente a los 35.000 establecidos a principios de año. La emisión neta prevista para 2019 será la menor desde 2007.

Disminuye también en la misma cantidad la emisión bruta prevista para este año, situándose en 204.526 millones de euros, un 4% inferior a la del pasado año.

Esta reducción es posible gracias a los menores tipos de interés, que están permitiendo reducir el coste de la deuda, la buena marcha de los ingresos y de la evolución de la ejecución presupuestaria, una gestión más eficiente de la Tesorería y el cumplimiento por parte de varias Comunidades Autónomas de los requisitos fiscales y financieros necesarios para acceder a financiación de mercado y recuperar su autonomía financiera.

Se mantiene así la tendencia del pasado año, en el que también se redujo la emisión neta prevista en 5.700 millones, lo que supuso un ahorro de 1.500 millones en el pago de intereses. Una reducción que permitió, no obstante, la amortización anticipada de 8.000 millones del préstamo del MEDE para la recapitalización del sistema financiero, por las mejores condiciones de financiación del Tesoro.

El coste medio de la deuda en circulación se sitúa en mínimos

Hasta la fecha, el Tesoro Público ha colocado títulos por importe de 51.652 millones de euros, lo que, con el nuevo plan de emisiones, representa más del 42% de las emisiones previstas a medio y largo plazo para todo el año.

El coste medio de la deuda en circulación ha seguido reduciéndose en los primeros meses del año, hasta situarse por debajo del 2,4%, constituyendo un nuevo mínimo histórico. Asimismo, el coste medio de las nuevas emisiones también se ha reducido respecto al cierre de 2018, situándose en el 0,6%.

Finalmente, la vida media de la deuda en circulación se mantiene en 7,4 años en 2019, en línea con el alargamiento logrado en 2018.

Demanda récord en las emisiones

En estos primeros meses el Tesoro Público ha emitido dos nuevas referencias de bonos a 10 y 15 años. Ambas han obtenido una demanda récord de un bono soberano en euros, en esos plazos, desde la creación de la moneda única.

Esta elevada demanda pone de manifiesto la confianza de los inversores internacionales en la economía española y refuerza el papel del Tesoro Público del Reino de España como un emisor de referencia.

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El Banco de España notifica 160 requerimientos por defectos en la publicidad

26 de abril, 2019

Banco de España. Eurosistema.
Departamento de Comunicación
bde.es
Nota de prensa
Madrid, 24 de abril de 2019
El Banco de España notifica 160 requerimientos por defectos en la publicidad
de productos bancarios en el primer trimestre de 2019
El Departamento de Conducta de Mercado y Reclamaciones del Banco de España ha notificado 160 requerimientos a las entidades financieras para que rectifiquen su publicidad de productos bancarios en el primer trimestre de 2019. Durante 2018, el número total de este tipo de actuaciones fue de 309.
El requerimiento es una comunicación formal en la que se da un plazo de dos días hábiles a la entidad afectada para que modifique el anuncio o suspenda su difusión. Los motivos más habituales de estas notificaciones giran en torno a la TAE (Tasa Anual Equivalente), bien por discrepancias en su cálculo o por no aparecer en la publicidad de productos de financiación sin intereses pero que incluyen el cobro de comisiones.
El Banco de España tiene entre sus funciones el control de la publicidad de los productos bancarios para que los clientes reciban una información clara, suficiente y objetiva. Para ello, ha reforzado sus mecanismos para monitorizar la publicidad de productos y servicios en redes sociales y nuevos canales digitales de comunicación.
El Banco de España someterá próximamente a audiencia pública una nueva circular sobre publicidad para adecuar la normativa a los cambios que se han ido produciendo en esta actividad desde la aprobación de la vigente, en 2010.

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La CNMC sanciona a 15 empresas por formar varios cárteles para el reparto de concursos públicos de infraestructura ferroviaria de ADIF

25 de abril, 2019

La CNMC sanciona a 15 empresas por formar varios cárteles para el reparto de concursos públicos de infraestructura ferroviaria de ADIF

27 Mar 2019
nota de prensa cnmc.es

◦El importe total de las sanciones impuestas a las 15 empresas declaradas responsables (Cobra, Elecnor, Siemens, Semi, Inabensa, Alstom, Cymi, Isolux, Electren, Comsa, Indra, Neopul, Telice, Eym y Citracc) asciende a 118 millones de euros.
◦Los 14 directivos responsables han sido sancionados con 666.000 euros.
◦La CNMC activa el procedimiento para la prohibición de contratar con la Administración.
◦El procedimiento se inició a partir de la información aportada por Alstom, en el ámbito del Programa de Clemencia.

La CNMC (Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia) ha sancionado a 15 empresas y 14 directivos por repartirse de manera ilícita los concursos públicos convocados por ADIF relacionados con infraestructuras ferroviarias (sistemas de electrificación y electromecánica) para las líneas de tren convencional y alta velocidad. Durante catorce años estas empresas crearon varios cárteles en las licitaciones del AVE y del tren convencional. Por esta razón, se les impone en su conjunto una sanción de 118 millones de euros y a los directivos responsables de tales conductas una sanción en conjunto de 666.000 euros. Además, por primera vez, la CNMC activa el procedimiento para la prohibición de contratar con la Administración por lo que remite la resolución a la Junta Consultiva de Contratación Administrativa. (S/DC/0598/2016)

Estas empresas crearon tres cárteles para falsear la competencia en los concursos públicos:

a.Un cártel para repartirse los concursos para la construcción, suministro, instalación y mantenimiento de sistemas de electrificación de líneas ferroviarias de alta velocidad.

b.Un cártel para manipular los concursos para el mantenimiento de los sistemas de electrificación en líneas de tren convencional.

c. Un cártel para repartirse los concursos públicos y privados para la construcción, suministro, instalación y mantenimiento de equipos electromecánicos en las líneas de alta velocidad.

Cártel para la electrificación del AVE

En el primero de los cárteles, para la electrificación del AVE, los hechos acreditados indican que trece de estas empresas (Cobra, Siemens, Elecnor, Semi, Inabensa, Alstom, Isolux, Cymi, Comsa, Electren, Neopul, Citracc, y Eym) adoptaron acuerdos para el reparto de 24 licitaciones para la construcción y mantenimiento de la electrificación del AVE durante ocho años (desde 2008 hasta 2016). El importe total de los contratos adjudicados al cártel asciende a 837 millones de euros.

Los acuerdos en ese cartel fueron evolucionando a lo largo del tiempo, desde abril de 2008 hasta marzo de 2016, en función de las licitaciones que se iban produciendo y de las empresas que participaban de la estrategia colusoria. Son de destacar los denominados acuerdos MICRO-MACRO, en virtud de los cuales las empresas pactaron el reparto a partes iguales en facturación y margen de varias licitaciones a través de la constitución de diversas Uniones Temporales de Empresas (UTEs). La estrategia consistía en que dichas uniones ‒cuya formación era previamente acordada entre las empresas‒ que fuesen adjudicatarias de los contratos cederían un importe de la producción y margen de beneficio a las no adjudicatarias, que presentarían ofertas de cobertura o acompañamiento no ganadoras para simular concurrencia competitiva en la licitación.

Cártel para la electrificación del tren convencional

El segundo de los cárteles, creado para la electrificación del tren convencional, operó durante 14 años (mayo de 2002 hasta noviembre de 2016). Los hechos acreditados indican que las diez empresas que crearon este cártel (Elecnor, Cobra, Semi, Inabensa, Cymi, Alstom, Electren, Siemens, Telice y Eym) adoptaron acuerdos en relación con, al menos, 239 licitaciones, de las que 173 resultaron finalmente adjudicadas y ganadas por empresas del cártel, con un importe total repartido entre las empresas de 134 millones de euros.

Los primeros hechos que acreditan la existencia de una estrategia colusoria en los concursos en líneas de tren convencional se remontan al año 2002. En ese momento los directivos de las principales empresas del sector suscribieron un acuerdo para repartirse todas las licitaciones que fueran convocadas por RENFE para el mantenimiento de las subestaciones eléctricas en las líneas de tren convencional. El acuerdo, entre otras cuestiones, preveía un método de reparto de las licitaciones mediante un sorteo para establecer el orden de adjudicación de los contratos, al que las empresas denominaron “ranking”.

Las empresas también tenían previstos mecanismos de compensación entre ellas. De esta manera las empresas que no eran adjudicatarias de los contratos se aseguraban un porcentaje de un 6% sobre la cifra de contratación a repartir a partes iguales

Los acuerdos se mantuvieron estables durante todo el tiempo como consecuencia, entre otros motivos, de la facilidad de las empresas para adaptarse a las circunstancias sobrevenidas y a los cambios en las licitaciones realizados por ADIF.

Cártel para la electromecánica del AVE

En el tercer cártel creado para el reparto de concursos públicos y de un concurso privado para la construcción, suministro, instalación y mantenimiento de equipos electromecánicos en las líneas de alta velocidad, durante tres años (2013 a 2015), Alstom e Indra, con independencia de la complementariedad de sus tecnologías que ha justificado la constitución de UTEs acordaron en ocasiones repartos de licitaciones de menor cuantía o complejidad. Para ello, presentaban ambas ofertas, si bien una de ellas era de acompañamiento o de cobertura, con el compromiso de que la eventual empresa adjudicataria subcontrataría a la no adjudicataria. En 2015 se sumó a tales prácticas, Elecnor.

Estas empresas han adoptado acuerdos para el reparto de, al menos, 7 contratos con un presupuesto de licitación de 84 millones de euros. Es de destacar los acuerdos previos de reparto entre las tres empresas para la subcontratación del proyecto relativo a la red ferroviaria de Noruega denominado FOLLO LINE, que fue adjudicado por un precio de 60 millones de euros.

La CNMC ha activado el procedimiento para la prohibición de contratar con la Administración, por lo que se remite la resolución a la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado a los efectos oportunos. Hay que destacar que la CNMC ha decidido eximir del pago de la multa a Alstom Transporte, a su matriz y directivos en su condición de solicitante de clemencia por un montante total de 8,9 millones de euros (8,8 millones a Alstom más 155.700 euros a sus directivos). Además, por el mismo motivo, se reduce en un 45% la multa correspondiente a Siemens y a su matriz (queda en 9,24 millones de euros).

La investigación de los cárteles y del fraude en la contratación pública son prioridades de la actuación de la CNMC, dada la especial gravedad de sus consecuencias sobre los consumidores y sobre el correcto funcionamiento de los mercados. Para ello, cuenta con un buzón de colaboración ciudadana.

La CNMC cuenta con el Programa de Clemencia, mediante el que la empresa y/o el directivo que haya participado en un cártel pueden aportar información sobre el mismo, escrita o verbalmente en la sede de la CNMC a cambio de la exención total (o a una reducción) de la multa que le correspondería.

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Análisis del software preinstalado en dispositivos Android y riesgos para la privacidad de los usuarios

24 de abril, 2019

Análisis del software preinstalado en dispositivos Android y riesgos para la privacidad de los usuarios

aepd.es

El Instituto IMDEA Networks y la Universidad Carlos III de Madrid han realizado un estudio que abarca más de 82.000 apps preinstaladas en más de 1.700 dispositivos fabricados por 214 marcas
Revela la existencia de un complejo sistema de desarrolladores y acuerdos comerciales en el que las apps preinstaladas disponen de permisos privilegiados y sin posibilidad de que un usuario medio pueda desinstalarlas
Se han identificado más de 1.200 compañías en las apps preinstaladas y más de 11.000 librerías en las que una gran parte de ellas está relacionada con la publicidad y monitorización online con fines comerciales
La AEPD, que contribuye a la difusión del estudio por el impacto masivo de los resultados en la privacidad de los ciudadanos, presentará los resultados ante el Comité Europeo de Protección de Datos

(Madrid, 18 de marzo de 2019). El Instituto IMDEA Networks y la Universidad Carlos III de Madrid han publicado el artículo que presentarán en el 41th IEEE Symposium on Security and Privacy titulado An Analysis of Pre-installed Android Software , al que la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) contribuye con su difusión debido al impacto masivo que los resultados del mismo tienen en la privacidad y la protección de los datos personales de los ciudadanos.

El estudio, que abarca más de 82.000 apps preinstaladas en más de 1.700 dispositivos Android fabricados por 214 marcas, tiene entre sus objetivos identificar los agentes presentes en el software preinstalado en Android y que utilizan el acceso privilegiado a recursos del sistema para la obtención de datos personales de usuarios; revelar los acuerdos comerciales entre vendedores de dispositivos Android y terceros, incluyendo organizaciones especializadas en la monitorización y rastreo de usuarios y en proporcionar publicidad en Internet; detectar y analizar vulnerabilidades y otras prácticas opacas y analizar la trasparencia en la información proporcionada al usuario.

Del estudio se desprende, por un lado, que el modelo de permisos del sistema operativo Android y de sus apps permite que un gran número de actores puedan monitorizar y obtener información personal de los usuarios a nivel del sistema operativo y, por otro, que el usuario final desconoce la presencia de estos actores en sus terminales Android y las implicaciones que dichas prácticas tienen sobre su privacidad. Además, la presencia de este software con privilegios de sistema dificulta su eliminación sin ser un usuario experto.

En cuanto a los resultados, pueden destacarse los siguientes:
Aparte de los permisos estándar definidos en Android y bajo control del usuario, los investigadores han identificado más de 4.845 permisos propietarios o personalizados por los intervinientes en la fabricación de los terminales. Este tipo de permisos permite que apps publicadas en Google Play eludan el modelo de permisos de Android para acceder a datos del usuario sin requerir su consentimiento al instalar una nueva app.
En cuanto a las apps preinstaladas en los dispositivos, se han identificado más de 1.200 compañías, así como la presencia de más de 11.000 librerías de terceros (SDKs) incluidas en la mismas. Gran parte de las librerías están relacionadas con servicios de publicidad y monitorización online con fines comerciales.
Las apps preinstaladas se ejecutan con permisos privilegiados y sin posibilidad, en la mayoría de los casos, de ser desinstaladas del sistema.
Un análisis exhaustivo del comportamiento del 50% de las apps identificadas revela que una fracción importante de las mismas presenta comportamientos potencialmente maliciosos o no deseados, como muestras de malware, troyanos genéricos o software preinstalado que facilitaría prácticas fraudulentas.
En relación con la información ofrecida al iniciar un nuevo terminal, se pone de manifiesto un déficit de transparencia de las apps y del propio sistema operativo Android al mostrar al usuario una relación de permisos distinta de la real, limitando su capacidad de decisión para gestionar su información personal.

Actuaciones de la AEPD

La AEPD va a presentar este estudio y sus conclusiones en los subgrupos de trabajo del Comité Europeo de Protección de Datos (CEPD), organismo de la Unión Europea del que forma parte la Agencia junto a otras autoridades europeas de protección de datos y el Supervisor Europeo. El CEPD tiene entre sus funciones promover la cooperación entre las autoridades de protección de datos.

La Agencia incluye en el eje 2 de su Plan estratégico (Innovación y protección de datos) el establecimiento de canales de colaboración con grupos de investigación, la industria y los desarrolladores con el objetivo de fomentar la confianza en la economía digital en línea con lo previsto en el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD). El estudio publicado hoy contribuye a facilitar que fabricantes, desarrolladores y distribuidores de productos y servicios apliquen los principios de Privacidad por Defecto y desde el Diseño establecidos en el RGPD con el objeto de salvaguardar los derechos y libertades de las personas. La difusión del estudio realizado por IMDEA Network y la Universidad Carlos III forma parte de esas acciones, sin perjuicio de las posibles acciones que pudieran derivarse de los poderes y el marco de coherencia que establece el RGPD.

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Directorio de notarios de la Unión Europea

23 de abril, 2019

https://notaries-directory.eu/

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La AEPD y Adigital presentan las novedades de la Lista Robinson para promover la protección de los datos de los ciudadanos

22 de abril, 2019

La AEPD y Adigital presentan las novedades de la Lista Robinson para promover la protección de los datos de los ciudadanos

aepd.es

A partir de ahora, el servicio de exclusión publicitaria permitirá a los ciudadanos limitar la recepción de publicidad por sectores
Para las empresas, ofrece un nuevo sistema de consulta más fácil de utilizar y más seguro, sin coste para pymes y autónomos hasta los 30.000 registros al año

Madrid, 8 de abril de 2019​.- La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) y la Asociación Española de la Economía Digital (Adigital) han presentado hoy las novedades de la Lista Robinson, el servicio de exclusión publicitaria creado por Adigital para proteger los datos personales de los ciudadanos y facilitar a las empresas el cumplimiento del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD)y la nueva Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales (LOPDGDD).

Durante la presentación, se han abordado los supuestos y condiciones en los que la normativa establece como obligatoria y necesaria la consulta de los sistemas de exclusión publicitaria para las empresas. Así lo establecela nueva LOPDGDD en su artículo 23: las empresas que pretenden realizar comunicaciones de mercadotecnia directa deben consultar los sistemas de exclusión publicitaria previamente, excluyendo así de sus comunicaciones losdatos de los afectados que hubieran manifestado su oposición o negativa a las mismas. No será necesario realizar la consulta cuando el afectado haya prestado su consentimiento expreso a la empresa en cuestión para recibirla comunicación.

Evitar la recepción de publicidad no deseada es uno de los temas que se plantean con mayor frecuencia ante la Agencia, y uno de los derechos más relevantes para ello es el ejercicio del derecho de oposición. Por ello, la página web de la AEPD dispone de un espacio específico en el que se ofrecen recomendaciones sobre los pasos que se pueden dar para dejar de recibirla. “La AEPD promueve que los ciudadanos se inscriban en la ListaRobinson ya que permite no tener que oponerse a la recepción de publicidad no deseada caso por caso sino inscribirse en un sistema y seleccionar, con un solo acto, todos los canales por los que no desea recibir publicidad, ademásde las novedades específicas que se presentan hoy”, ha afirmado durante la presentación la directora de la AEPD, Mar España.

Novedades para empresas y ciudadanía

Durante la presentación Adigital ha hecho un repaso de las principales novedades técnicas y de funcionamiento del Servicio de Lista Robinson.

Si bien Adigital ya introdujo el año pasado su nueva plataforma web -con una interfaz más moderna, sencilla y accesible para los usuarios-, la organización introduce ahora una nueva funcionalidad: la posibilidad deque los ciudadanos limiten la recepción de publicidad de forma gratuita no solo por canales (teléfono, SMS, email o postal), como ya ocurría, sino también por sectores publicitarios. A esto se une un nuevo serviciode gestión de reclamaciones de los usuarios.

En lo que se refiere a las empresas, los cambios tienen que ver con el sistema de consulta de la Lista Robinson. A través de una nueva API, esta se vuelve más sencilla y eficaz, algo que beneficia sobre todo a las pymes y micropymes.Además, el proceso de cifrado y pseudonimización de datos mejorado la hace más segura.

“Hemos introducido estas nuevas soluciones pensando en todas las empresas, especialmente en las pymes, que son las que suelen tener menos recursos y encontrar más dificultades para ajustarse a la normativa”, ha explicado JoséLuis Zimmermann, director general de Adigital durante la presentación. “En este caso, hemos desarrollado una herramienta que les permite tratar y normalizar los datos de los clientes a los que quieren dirigir sus comunicacionespublicitarias para agilizar la consulta de la Lista Robinson”. De este modo, el Servicio de Lista Robinson indica fácil y rápidamente a quién puede y no puede enviar su publicidad sin tener que realizar costososdesarrollos externos o inversiones económicas. De hecho, el servicio no tiene coste para pymes y autónomos hasta 30.000 registros consultados al año.

25 años al servicio de la protección de datos

La Lista Robinson, que nació en 1993 como una herramienta de autorregulación que permitía a los usuarios oponerse al envío de publicidad, ya cuenta con más de 850.000 registrados. Las últimas cifrasde Adigital, determinan que en 2017 se dieron de alta casi 60.000 usuarios, mientras que en 2018 se superaron los 250.000, un 400% más que en el año anterior.

“Adigital tiene la vocación de impulsar y facilitar el desarrollo de la economía digital en nuestro país para lo que existe un pilar fundamental: la confianza, en las empresas y en la tecnología, por parte dela ciudadanía”, ha asegurado Zimmermann. “En sus más de 25 años de historia, la Lista Robinson ha probado su eficacia, con cada vez más personas y organizaciones que recurren a ella. De ahí sunecesidad de actualización constante y adaptación a las nuevas realidades en las que se integra”.

No hay más que recordar que empezó como una iniciativa de autorregulación que permitía a los usuarios oponerse al envío de publicidad por correo postal. En 2009, evolucionó para incluir nuevas opcionesde oposición a recibir publicidad por teléfono (llamadas, SMS e email). La actualización que comenzó en 2018 para adaptarla a la nueva normativa de protección de datos ha resultado en una nueva plataformaonline multidispositivo que garantiza la confidencialidad, integridad, disponibilidad y resiliencia permanente del Servicio.

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Alfa y Omega

21 de abril, 2019
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El CGPJ y la Oficina Española de Patentes y Marcas acuerdan optimizar la base de datos de jurisprudencia especializada en propiedad industrial e intelectual

20 de abril, 2019

Lunes, 15 de abril de 2019 poderjudicial.es

El CGPJ y la Oficina Española de Patentes y Marcas acuerdan optimizar la base de datos de jurisprudencia especializada en propiedad industrial e intelectual

El presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial y el director de la OEPM firman un convenio de colaboración. Entre los objetivos del acuerdo, agilizar el acceso telemático de los juzgados y tribunales a documentos de utilidad para la tramitación de los procedimientos judiciales.

Autor:Comunicación Poder Judicial

El presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, y el director de la Oficina Española de Patentes y Marcas O.A. (OEPM), José Antonio Gil Celedonio, han firmado un convenio de colaboración que permitirá optimizar la actualización de la base de datos de jurisprudencia especializada en materia de propiedad industrial e intelectual; contribuirá a agilizar el acceso de Juzgados y Tribunales a documentos públicos generados por la Oficina y proporcionará mecanismos de cooperación en materia de formación en las materias profesionales comunes.

La OEPM es un organismo autónomo adscrito al Ministerio de Industria, Comercio y Turismo entre cuyas competencias están la actividad administrativa del Estado en materia de propiedad industrial y el desarrollo de actuaciones destinadas a la sensibilización, promoción y uso de la propiedad industrial en los diferentes sectores de la actividad productiva. La Oficina asume también la función de certificar o autenticar los documentos pertenecientes a los expedientes que tramita y que sean solicitados por Juzgados y Tribunales.

Por su parte, al CGPJ corresponde, entre otras funciones, cuidar de la publicación oficial de las sentencias de los distintos órganos judiciales, siendo el CENDOJ el órgano técnico encargado de la selección, tratamiento, difusión y publicación de información jurídica legislativa, jurisprudencial y doctrinal. Asimismo, gestiona la plataforma Punto Neutro Judicial (PNJ), que permite la interoperabilidad entre la Administración de Justicia y otras administraciones públicas con el fin de agilizar el acceso a la información necesaria en el desarrollo de los procedimientos judiciales y agilizar así la tramitación de los mismos.

El incremento de las vulneraciones de derechos relacionados con la propiedad industrial y el creciente interés de la Unión Europea, y en general de toda la comunidad internacional, en asegurar un adecuado respeto y observancia de la propiedad industrial ha hecho que las comunicaciones entre la OEPM y la Administración de Justicia sea constante y venga manteniendo desde hace años una tendencia al alza.

El objeto del convenio se divide en tres bloques:

En primer lugar, la colaboración en el ámbito de la “alimentación y utilización” de la base de datos de jurisprudencia de la OEPM con el doble objetivo de poner su contenido a disposición del público y del personal de la propia Oficina con competencias para la resolución de expedientes de propiedad industrial.

El segundo de los objetivos es colaborar en la remisión al Punto Neutro Judicial de documentos públicos judiciales y documentos generados por la OEPM que puedan tener trascendencia en la tramitación de procedimientos judiciales, todo ello con la finalidad de agilizar las comunicaciones y eliminar el uso del papel. En este ámbito, se pretende consolidar el sistema mediante el cual los órganos judiciales obtienen información registral sobre los expedientes de Propiedad Industrial.

Por último, la firma del convenio tiene como finalidad articular la colaboración entre el CGPJ y la OEPM en el ámbito de la formación y el perfeccionamiento de los miembros de la Carrera Judicial y del personal de la Oficina en las materias profesionales comunes. La formación incluirá temas relacionados con la propiedad industrial diferenciando las actividades en función de que vayan dirigidas a especialistas, no especialistas o jueces de instrucción y de lo Penal.

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Viernes Santo

19 de abril, 2019
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El TSJ de Castilla y León reconoce a una familia el derecho a renovar su título de familia numerosa aun cuando uno de los hijos ha cumplido 25 años

18 de abril, 2019

Viernes, 12 de abril de 2019 poderjudicial.es

El TSJ de Castilla y León reconoce a una familia el derecho a renovar su título de familia numerosa aun cuando uno de los hijos ha cumplido 25 años

Se trata del primer pronunciamiento del TSJ, que sigue la línea jurisprudencial inaugurada por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, avalada por el Tribunal Supremo en una reciente sentencia de marzo

Autor:Comunicación Poder Judicial

Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, con sede en Valladolid, ha reconocido a una familia de Salamanca el derecho a renovar el título de familia numerosa aun cuando uno de los tres hijos del matrimonio ha cumplido los 25 años.

La Sala estima así el recurso interpuesto por la familia contra la sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo 1 de Valladolid del pasado mes de mayo y anula sendas resoluciones dictadas por la Gerencia de Servicios Sociales de la Junta, que en 2017 denegó a los solicitantes la renovación del título de familia numerosa en 2014, cuando la hija mayor cumplió 25 años, la mediana, 23 y la pequeña, 16.

La sentencia considera que la interpretación del artículo 6.2 de la Ley 40/2003, de protección a las Familias Numerosas, debe efectuarse desde la dimensión constitucional de la protección a las familias y a los hijos, con arreglo a los artículos 39 y 53.3 de la Constitución y teniendo en cuenta el principio de no discriminación entre los hermanos. El Tribunal hace hincapié en el espíritu y finalidad de la Ley 26/2015, de 28 de julio que modifica el sistema de protección a la infancia y a la adolescencia puestos de manifiesto en su preámbulo e incide en la necesidad de considerar la realidad social que evidencia la escasa natalidad y el problema demográfico existente, circunstancias que exigen, desde la perspectiva del interés general, esta protección.

Se trata del primer pronunciamiento del TSJ, que sigue la línea jurisprudencial inaugurada por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, avalada por el Tribunal Supremo en una reciente sentencia de marzo.

En la misma, el TS resalta que “la interpretación de las normas jurídicas ha de atender, no sólo al sentido propio de sus palabras sino a la realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas y fundamentalmente a su espíritu y finalidad”.

La Sala de lo Contencioso de Valladolid, en una sentencia de la que ha sido ponente la magistrada Ana María Victoria Martínez Olalla, reproduce los argumentos recogidos por el Supremo, según los cuales “la discriminación entre los hermanos, minorada desde luego si el título sigue en vigor mientras al menos uno de ellos reúna las condiciones requeridas en el artículo 3 de la Ley 40/2003, se evita, en mayor medida, incluso con plenitud, si todos los hermanos que contribuyeron a la obtención para la familia de la ‘categoría especial’ siguen disfrutando en ella de los mismos beneficios que disfrutó el primero de ellos”.

Consulta la Resolución .

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¿Para qué puede ser útil al ciudadano el registro de Delegados de Protección de Datos?

17 de abril, 2019

¿Para qué puede ser útil al ciudadano el registro de Delegados de Protección de Datos? aepd.es

Su objetivo es facilitar a los ciudadanos el acceso a las empresas u organismos para todas aquellas cuestiones y reclamaciones que tengan que ver con la protección de sus datos.

Supongamos que una persona quiere oponerse a que una empresa continúe enviándole publicidad. ¿Qué debe hacer, dónde debe dirigirse? En esta infografía te contamos los pasos básicos que debes dar si no quieres seguir recibiendo publicidad. Pero, cuando se trata de dirigirse a la empresa u organismo que está tratando tus datos para ejercer los derechosque establece la normativa de protección de datos o para plantearle una queja o una reclamación, ¿a quién debes dirigirte? Al Delegado de Protección de Datos (DPD) si tiene obligación de designarloo, si no la tiene, si voluntariamente lo ha designado. Para localizarlo, puede resultar de gran utilidad el Registro de Delegados de Protección de Datos ya que, con sólo conocer el organismo o empresa a la que quieras dirigirte, te ofrece la información necesaria para que puedas ponerte en contacto con él.

El Delegado de Protección de Datos es una figura clave para ayudar a las organizaciones y empresas a cumplir con el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), además de ser su interlocutor con los ciudadanos en todas las cuestiones relacionadas con la protección de datos, incluyendo las reclamaciones. Conforme al RGPD, contar con un delegado de protección de datos es obligatorio para organismosy autoridades públicas, así como para aquellas entidades que realicen tratamientos de datos que requieran una observación sistemática a gran escala o tratamientos masivos de categorías especiales de datosy, en todo caso, para las entidades recogidas en el artículo 34.1 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales. Además, las empresasque no están obligadas a tener un DPD pueden también designarlo voluntariamente.

El Reglamento General de Protección de Datos recoge que los responsables o encargados del tratamiento deben publicar los datos de contacto de los DPD y comunicar esa designación a la autoridad de control correspondiente, en estecaso, a la Agencia Española de Protección de Datos. En la actualidad, casi 25.000 responsables (tanto organismos públicos como entidades privadas) han notificado a la Agencia los datos de contacto de su Delegado de Protección de Datos.

El Registro de Delegados de Protección de Datos, que se actualiza diariamente, se encuentra disponible para todas aquellas personas que estén interesadas en conocer los datos de contacto del DPD de una empresa o institución.Te recordamos que para ejercitar tus derechos o presentar una reclamación ante una entidad puedes buscar el contacto introduciendo el nombre o NIF de la organización.

Consulta DPD .

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Un símbolo de Europa en llamas

16 de abril, 2019
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LA AIReF estima que las CCLL replicarán el superávit del 0,5% del PIB en 2019 y que las CCAA convergerán al equilibrio presupuestario

15 de abril, 2019

11/04/2019
airef.es
LA AIReF estima que las CCLL replicarán el superávit del 0,5% del PIB en 2019 y que las CCAA convergerán al equilibrio presupuestario
• La AIReF considera factible que las Comunidades Autónomas cumplan el objetivo de déficit del 0,1% del PIB. Sin embargo, en 2 Comunidades, Región de Murcia y Comunitat Valenciana, aprecia riesgo muy elevado de incumplimiento, con desviaciones de alrededor de un punto de PIB
• La AIReF realizará un seguimiento particular de la Comunitat Valenciana que tendrá que corregir la evolución prevista de sus gastos, situada muy por encima de la tasa de referencia de la regla de gasto y del crecimiento del PIB nominal
• La AIReF considera muy probable el cumplimiento del objetivo de estabilidad de las Corporaciones Locales en 2019 y estima que este subsector puede replicar el superávit del 0,5% del PIB
• A falta de un cierre definitivo, en 2018 todas las grandes CCLL cumplirían el objetivo de estabilidad y regla de gasto salvo el Ayuntamiento de Vigo, que incumpliría ambos; y los de Barcelona, L’Hospitalet y Sevilla, que incumplirían la regla de gasto. En 2019, la AIReF estima cumplimiento del objetivo de estabilidad en todas ellas y no puede pronunciarse sobre regla de gasto, ya que el marco vigente exime a las CCLL de la obligación de comunicación de su cálculo en las fases preventivas del ciclo presupuestario
• La AIReF mantiene la evaluación de 24 Ayuntamientos con problemas de sostenibilidad en el medio plazo, aunque aprecia mejoras en Gandía, Totana, Los Palacios y Villafranca e Isla Cristina que, de confirmarse, permitirán mejorar su calificación a futuro
La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) publicó hoy los Informes Complementarios de Evaluación Individual de los Presupuestos Iniciales para 2019 de las Comunidades Autónomas (CCAA) y Corporaciones Locales (CCLL), en los que se analiza la situación particular de cada comunidad y la de las CCLL objeto de seguimiento individual por parte de esta institución. En el informe publicado el pasado día 4 de abril, la AIReF señaló que las CCAA, en términos agregados, continúan convergiendo al equilibrio presupuestario. Con una ligera mejora respecto al informe de enero, la AIReF sigue considerando factible el cumplimiento del objetivo de estabilidad del -0,1% del PIB para las CCAA en 2019. Hoy se han publicado las fichas individuales de las CCAA, que complementan esta valoración de conjunto. En el ámbito local, la AIReF consideró muy probable el cumplimiento del objetivo de estabilidad de 2019, estimando que este subsector puede replicar el superávit del 0,5% del PIB, aunque con una ligera disminución sobre el observado en 2018. En el informe que hoy se ha publicado, se detalla el comportamiento de las 54 CCLL que, en este momento, son objeto de seguimiento individual.
La AIReF ha publicado las fichas individuales de las comunidades autónomas, en las que detalla la situación concreta de cada región. En el Informe sobre los Presupuestos Iniciales de las Administraciones Públicas 2019, la institución ya consideró factible el cumplimiento del objetivo de estabilidad conjunto del -0,1% del PIB, con un escenario central que se mantiene en el -0,2% estimado en el informe anterior bajo el supuesto de un escenario de financiación en línea con el previsto en dicho informe.
Según la AIReF, esta invariabilidad es consecuencia de que las previsiones autonómicas para 2019 no recogen cambios sustanciales respecto a los proyectos y líneas de presupuestos y de que la mejora en el cierre de 2018 solo se traslada en parte a 2019, quedando además anulada en una porción significativa por otros factores.
Por CCAA, se mantienen, con cierta mejora, las conclusiones de los informes de líneas en la mayor parte de las CCAA en relación con la probabilidad de cumplimiento del objetivo de estabilidad. No hay cambios salvo en Asturias, Extremadura, Navarra y País Vasco, que mejoran su calificación; y en La Rioja, que empeora. Por otro lado, se emite el primer pronunciamiento sobre el cumplimiento de las reglas fiscales para 2019 en la Comunidad Valenciana, que no pudo informarse en líneas por falta de información en plazo.
De la evaluación de los documentos presupuestarios autonómicos, la AIReF concluye que Aragón, Extremadura, Castilla-La Mancha, Región de Murcia y Comunitat Valenciana presentan riesgo de incumplimiento del objetivo de estabilidad, siendo este riesgo especialmente acusado en el caso de las dos últimas comunidades. Por ello, la AIReF recomienda al MINHAC una evaluación de estas comunidades autónomas de cara a la fijación de los objetivos fiscales que han de aprobarse en la segunda mitad del año para el periodo 2020-2022.
No obstante, las medidas previstas por la Comunitat Valenciana en su presupuesto, llevan a un crecimiento del gasto muy por encima de lo permitido por la regla de gasto y a un déficit que podría resultar superior al registrado en 2018. Por ello, la AIReF formula recomendaciones a la Comunitat Valenciana y al MINHAC dirigidas a la convergencia de esta comunidad hacia los objetivos y reglas fiscales, que serán objeto de seguimiento particular por parte de esta institución.
En términos de probabilidad, el objetivo de déficit del 0,1% del PIB es “muy probable” Canarias, Navarra y País Vasco; “probable” para Asturias, Galicia y Comunidad de Madrid; “factible” para Andalucía, Islas Baleares, Cantabria, Castilla y León, Cataluña y La Rioja; improbable para Aragón, Extremadura y Castilla-La Mancha; y muy improbable para Región de Murcia y Comunitat Valenciana.
Superávit del 0,5% en las CCLL
En el caso de las Corporaciones Locales, la AIReF vuelve a considerar muy probable el cumplimiento del objetivo de estabilidad en 2019 en el informe complementario que publica hoy, y estima que este subsector puede replicar el superávit del 0,5% del PIB. Este superávit permitiría cumplir la regla de gasto a fin de 2019, si bien de manera muy ajustada. No obstante, la institución señala que existen incertidumbres que podrían afectar al cumplimiento de esta regla, derivadas del impacto que en 2019 pueda tener la realización de inversiones financieramente sostenibles (IFS), dado que, aunque la autorización para su realización se aprobó el 30 del pasado mes, su implementación se verá condicionada por el posible retraso en la constitución de los nuevos gobiernos locales que salgan de las próximas elecciones.
Como en anteriores ocasiones, este Informe Complementario incorpora la evaluación individual de 24 Corporaciones Locales: los 16 ayuntamientos con población superior a 250.000 habitantes, 3 Diputaciones Provinciales, 1 Cabildo y 1 Consejo insular y las 3 Diputaciones Forales del País Vasco. De acuerdo con los datos disponibles, la AIReF no aprecia riesgo de que los presupuestos de estas CCLL pudieran llevar al incumplimiento del objetivo de equilibrio en ninguna de las 24 unidades analizadas. De hecho, sus previsiones son de un superávit conjunto de en torno a 1.500 millones de euros, en línea con el cierre de 2018.
Respecto a la regla de gasto en 2019, la AIReF no puede pronunciarse por falta de información en la medida en que, como se ha señalado en anteriores informes, el marco vigente exime a las CCLL de la obligación de comunicación de su cálculo en las fases iniciales del ciclo presupuestario, disponiendo de datos solo en aquellos casos en los que hay un Plan económico-financiero en vigor (PEF). En este sentido, la AIReF ha podido constatar que los ayuntamientos de Gijón y Valencia mantienen la situación, indicada en el anterior informe de la AIReF, de no aprobación de un PEF a pesar de haber vencido ampliamente el plazo legal para ello. Sí dispone de los datos provisionales de cierre de 2018 y, según esta información, solo los Ayuntamientos de Barcelona, L’Hospitalet de Llobregat, Sevilla y Vigo incumplirían la regla de gasto el pasado año.
El Informe Complementario incluye también la evaluación de los ayuntamientos mayores de 20.000 habitantes con mayores problemas de sostenibilidad en el medio plazo, que habían sido seleccionados al inicio de ciclo presupuestario. En este sentido, la AIReF estima que no se han registrado, en general, cambios en la calificación de la situación de riesgo de los 24 ayuntamientos seleccionados, si bien, en los ayuntamientos de Gandía, Totana, Los Palacios y Villafranca e Isla Cristina, se aprecian mejoras en su capacidad de retorno que, de confirmarse en el cierre definitivo, permitirían mejorar su calificación futura.

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El Ejecutivo destinará más de 456 millones de euros para impulsar el crecimiento, la internacionalización y el ahorro energético de las pequeñas y medianas empresas.

14 de abril, 2019

El Ejecutivo destinará más de 456 millones de euros para impulsar el crecimiento, la internacionalización y el ahorro energético de las pequeñas y medianas empresas.
​El Consejo de Ministros ha aprobado el Marco Estratégico en Política Pyme 2030 Pequeña y Mediana Empresa, un sector que engloba al 99% del tejido empresarial y representa casi el 62% del Valor Añadido Bruto -cifra superior a la media europea-, y el 66,5% del empleo empresarial total.
La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, ha explicado que el objetivo de esta medida es «mejorar la capacidad competitiva de las pequeñas y medianas empresas» para que afronten con éxito retos como la digitalización, la sostenibilidad y la internacionalización, y contribuir a su crecimiento.
Maroto ha señalado que «España es un país de PYMES» porque nueve de cada diez empresas lo son, y, además, la mitad de ellas son micropymes. La mayoría (73,82%) se concentra en el sector servicios y en tres comunidades autónomas (Cataluña, Madrid y Andalucía), lo que les resta competitividad. Esta situación, según ha expuesto la ministra, supone un desafío para el crecimiento económico porque las empresas tan pequeñas y tan atomizadas tienen más dificultades para atraer talento, acceder a financiación, invertir en innovación y exportar.
Propuestas de actuación

Pool Moncloa/JM Cuadrado
El marco aprobado propone siete palancas -emprendimiento, gestión empresarial y talento; marco regulatorio; financiación; innovación y digitalización; sostenibilidad e internacionalización- y contempla 50 líneas de actuación.
La ministra ha resaltado que es necesario crear un entorno favorable para que se creen empresas, así como profesionalizar a los gestores empresariales para atraer y retener el talento. Además, hay que crear un marco regulatorio que elimine las trabas para el crecimiento y la consolidación de las empresas.
En cuanto a la financiación, Maroto ha avanzado que el marco propone seguir avanzando en instrumentos alternativos al crédito bancario y en dotarnos de mejores mecanismos para reducir la morosidad: implantar un régimen sancionador o un sistema arbitral de morosidad y promover códigos de buenas prácticas.
Reyes Maroto ha afirmado que la innovación y la digitalización tienen que acompañar a las pymes, así como la sostenibilidad, necesaria para seguir creciendo y generando empleo. «Es necesario avanzar en la transición hacia una economía baja en carbono. También aprovechar los elementos que nos da la economía circular e incorporar algunos elementos que tienen que ver con el cálculo de la huella de carbono y elaborar planes para la reducción de emisiones», ha dicho.
Respecto a la internacionalización, la ministra ha manifestado que supone creación de riqueza y empleo, por lo que hay que poner a disposición de las empresas los instrumentos financieros adecuados a sus necesidades.
El Consejo Estatal de la PYME será el órgano de seguimiento de este marco.
Acompañamiento financiero a las pymes
El Ejecutivo ha aprobado un total de 456,1 millones de euros para impulsar el crecimiento, la internacionalización y el ahorro energético de las pymes.
La ministra ha anticipado que la Empresa Nacional de Innovación gestionará tres líneas de préstamos participativos: Línea Pymes, Línea de Empresas de Base Tecnológica y Líneas Jóvenes Emprendedores, que suman 98,5 millones de euros. Se estima que impulsarán proyectos innovadores con una inversión inducida de 220 millones de euros y un impacto de 1.600 empleos directos.
Además, el Gobierno también ha creado la línea FIEM-Pyme, dotada con 50 millones de euros y orientada a proyectos de internacionalización de menos de tres millones de euros. Y también ha destinado 307,6 millones de euros para mejorar la eficiencia energética y reducir el consumo de energía final en pequeñas y medianas empresas y grandes empresas del sector industrial.
Reyes Maroto ha concretado que las ayudas se destinarán a la tecnología en equipos y procesos industriales y a la implantación de sistemas de gestión energética que «nos van a permitir avanzar en el gran desafío de combatir el cambio climático y preservar nuestro medio natural alineándolos de nuevo con la Agenda 2030».

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Más unidades judiciales y fiscales para la Administración de Justicia

13 de abril, 2019

Más unidades judiciales y fiscales para la Administración de Justicia

Dolores Delgado durante la rueda de prensa posterior al Consejo de MinistrosPool Moncloa/JM CuadradoEl Consejo de Ministros ha aprobado dos Reales Decretos para la creación de 75 nuevas unidades judiciales y 80 plazas para la plantilla orgánica del Ministerio Fiscal.

La ministra de Justicia, Dolores Delgado, ha explicado que las nuevas unidades judiciales se distribuirán por todas las comunidades autónomas conforme a criterios «organizativos y de necesidades reales» acordados tras un proceso de diálogo constante con el Consejo General de Poder Judicial (CGPJ) y asociaciones y corporaciones judiciales.

En concreto, se crean 22 plazas de magistrado en órganos colegiados y 21 juzgados de primera instancia, 8 de primera instancia e instrucción (mixtos), 6 de lo penal, 11 de lo social, 4 de lo mercantil y un juzgado decano. En la Comunidad Valenciana se ponen en funcionamiento dos juzgados pendientes desde 2011 y se crea la Sección de Apelación Penal en la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia.

Respecto a las 80 plazas para fiscales, Delgado ha resaltado las destinadas a la lucha contra la corrupción. La Fiscalía Especial Anticorrupción y contra la Criminalidad Organizada tendrá nueve fiscales más, «absolutamente necesarios por el volumen de trabajo» y «para garantizar la estabilidad de la plantilla», mientras que se dota de una plaza más al Tribunal de Cuentas.

La ministra también ha destacado, dentro del compromiso de la justicia con «los derechos de los más vulnerables», la creación de la figura del Fiscal de Sala coordinador de los servicios especializados en la protección de las personas con discapacidad y atención a los mayores.

Delgado se ha referido al hecho de que en la base de la pirámide judicial hay más mujeres que hombres, pero no así en la cúpula, debido a «un cuello de botella a la hora de los ascensos». Por ello, ha señalado, se han creado más plazas intermedias que de base en el Ministerio Fiscal «para permitir el acceso paulatino de las mujeres a plazas de categoría superior».

Estrategia de modernización de la Justicia

El Consejo de Ministros ha autorizado dos contratos, por valor de 164 millones de euros, para desarrollar, hasta el año 2022, parte de la Estrategia para la Modernización de la Administración de Justicia.

El primer contrato es un encargo a la empresa pública INECO, dependiente del Ministerio de Fomento, para el apoyo a la Justicia Electrónica, la gestión del centro de desarrollo y la transformación digital de sedes judiciales. El segundo permitirá dar continuidad operativa a los servicios de Justicia Digital, Fiscalía Digital y el resto de sistemas que dan apoyo a las oficinas judiciales, fiscales, registros civiles, Institutos de Medicina Legal y el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses.

Además, hasta la fecha se han renovado más de 8.000 ordenadores y entregado 2.600 tabletas en centros judiciales, se ha procedido a la digitalización de las salas de vistas para renovar sus sistemas de grabación y se han implantado sistemas de textualización de las declaraciones, que subtitulan las imágenes de forma automática.

Para explicar la importancia de estas medidas de modernización, la ministra ha puesto como ejemplo un dato extraído del informe realizado por el Ministerio tras visitar más de 30 oficinas judiciales y fiscales: «Hemos determinado un ahorro de 550 horas de trabajo solamente con la reducción del tiempo de arranque de los ordenadores».

Dolores Delgado ha concluido que es necesario contar con «herramientas informáticas adecuadas» para que los profesionales puedan desarrollar su trabajo y se ofrezca un servicio de calidad que permita superar a la ciudadanía «una cierta desafección» por la justicia.

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La CNMV y el Colegio de Registradores de España firman un convenio de colaboración sobre acceso a información del registro de la propiedad y mercantil

12 de abril, 2019

La CNMV y el Colegio de Registradores de España firman un convenio de colaboración sobre acceso a información del registro de la propiedad y mercantil
10 de abril de 2019 cnmv.es
Permitirá a la CNMV conocer la titularidad real de las entidades inscritas en el Registro
La decana del Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España, Mª Emilia Adán García y el presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Sebastián Albella, han firmado hoy un convenio de colaboración relativo al acceso del supervisor a información del Registro de la Propiedad y Mercantil en el desarrollo de sus funciones de supervisión, incluida información sobre la titularidad real de entidades inscritas en los citados registros mercantiles.
Los nuevos modelos de presentación de las cuentas anuales en el Registro Mercantil incluyen la obligación de declarar el titular real de la sociedad.
Con el Convenio firmado hoy, el Colegio de Registradores pondrá a disposición de la CNMV un servicio que le permitirá acceder de modo ágil y eficiente a:

  • los titulares reales de una sociedad,
  • las sociedades de las que una persona física es titular real,
  • las sociedades que aparecen en la cadena de control de un titular real,
  • y a consultas individuales al Registro On Line del Colegio de Registradores
    Para la coordinación y desarrollo de este Convenio se creará un Comité de Coordinación y Seguimiento.
    El convenio tendrá una vigencia de cuatro años, que podrá prorrogarse por otro periodo de igual duración.
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España se adhiere a la iniciativa de la Comisión Europea para impulsar la igualdad de género en el ámbito digital

11 de abril, 2019

09 de abril de 2019

mineco.gob.es

España se adhiere a la iniciativa de la Comisión Europea para impulsar la igualdad de género en el ámbito digital

En el marco de la celebración del “Digital Day” los Estados Miembros ratifican su compromiso de trabajar conjuntamente con las instituciones, empresas y sociedad civil para lograr una mayor igualdad y participación de las mujeres en los ámbitos de la economía y la tecnología digital.

España ha suscrito la declaración impulsada por la Comisión Europea para fomentar la igualdad de género e incrementar la presencia de mujeres en la economía y la sociedad digital.

Con ocasión de la celebración del “Digital Day” los Estados Miembros han ratificado su compromiso para poner en marcha políticas y trabajar de forma conjunta con instituciones, empresas y sociedad civil para impulsar la presencia de mujeres en los ámbitos digitales, de la ciencia y la tecnología.

15% de empleos TIC ocupados por mujeres

En la actualidad únicamente el 15% de los empleos relacionados con las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) están ocupados por mujeres, brecha que afecta a todos los niveles de la economía digital. Las razones son diversas, encontrándose entre las principales los prejuicios de género y los roles tradicionalmente asignados a uno y otro género.

Para avanzar y lograr una mayor participación de las mujeres en estas áreas de actividad, los Estados Miembros se comprometen a promulgar una estrategia nacional intersectorial destinada a aumentar la igualdad de género en el mundo digital, con especial énfasis en la educación y la cualificación, garantizando un entorno laboral favorable y la igualdad de oportunidades.

Asimismo, se trabajará en colaboración con los medios de comunicación para transmitir una imagen positiva de las mujeres en el entorno digital, con el fin de combatir estereotipos. Se establecerá el “Día de las Niñas y las Mujeres en las TIC” en toda Europa, con el objetivo de aumentar la visibilidad y el conocimiento de las profesiones relacionadas con la Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas (STEM) e impulsar su estudio entre las niñas y mujeres.

Entre los compromisos suscritos se encuentran también el fomento y promoción de una cultura de trabajo no discriminatoria, el avance en la composición equilibrada de hombres y mujeres en organismos nacionales y europeos, juntas y comités que se ocupan de asuntos digitales siempre que sea posible y el seguimiento continuo de la evolución de la participación real de las mujeres en la economía digital.

En línea con esta actuación, el Ministerio de Economía y Empresa publicó recientemente el Libro Blanco de las mujeres en el ámbito tecnológico, dirigido a dar visibilidad y analizar la brecha que existe entre hombres y mujeres en ese sector para servir de guía a los poderes públicos a la hora de proponer medidas efectivas para abordar las desigualdades

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El Protector del Inversor atendió 13.250 peticiones de información

10 de abril, 2019

El Protector del Inversor atendió 13.250 peticiones de información

bolsamadrid.es

Informe Anual 2018
•Las consultas, que llegaron en un 90% de particulares, se centraron en el precio mínimo de cotización de los valores y en la OPA de Abertis

La Oficina del Protector del Inversor de la Bolsa de Madrid gestionó 13.250 solicitudes de información en 2018, un 2,3% más que las peticiones atendidas el año anterior. El 90% de las consultas fueron realizadas por inversores particulares. A ello contribuye que los departamentos de accionistas de las cotizadas, la CNMV, el Banco de España y las organizaciones de consumidores suelen remitir a los inversores a esta oficina, por considerarla una vía rápida y neutral para resolver sus dudas sobre el mercado de valores.

El número de reclamaciones recibidas por la Oficina descendió en 2018 y también disminuyó el grado de conflictividad en cuanto al fondo de las cuestiones planteadas.

La variación del precio mínimo de cotización de los valores de la Bolsa, que pasó de 0,01 euros a 0,0001 euros, centró una parte importante de las solicitudes de información. Junto a esta medida se establecía, para aquellos valores con una cotización inferior a 0,01 euros, un requisito de contratación por lotes de títulos. Es decir, si esos valores no se pueden agrupar en lotes no se pueden negociar.

También se recibieron muchas consultas con motivo de la OPA de exclusión de Abertis. Carlos Fernández, Protector del Inversor de la Bolsa de Madrid, considera que en estos casos deben reforzarse los canales de información con los minoristas. “Las entidades depositarias deben activar los mecanismos necesarios para asegurarse de que los inversores particulares conocen las condiciones e implicaciones de la operación”.

Puedes acceder al Informe completo en el siguiente enlace:

https://www.bolsasymercados.es/esp/Sala-Comunicacion/Documento-Interes/20190401/INFORME_ANUAL_2018_Protector_Inversor.pdf/Informe_anual_2018_del_Protector_del_Inversor

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Reguladas las condiciones del autoconsumo de energía eléctrica

9 de abril, 2019

Consejo de Ministros

5 abril 2019 lamoncloa.gob.es

Transición Ecológica

Reguladas las condiciones del autoconsumo de energía eléctrica

El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto por el que se regulan las condiciones administrativas, técnicas y económicas del autoconsumo en España. Esta norma completa el marco regulatorio sobre esta cuestión, impulsado por el Real Decreto-ley 15/2018 por el que se derogó el denominado impuesto al sol, y aporta certidumbre y seguridad a los usuarios. Entre otras medidas, el Real Decreto habilita la figura del autoconsumo colectivo, que fomentará esta fórmula en las comunidades de propietarios o en polígonos industriales; reduce los trámites administrativos, especialmente en el caso de los pequeños autoconsumidores, y establece un mecanismo simplificado de compensación de la energía autoproducida y no consumida.

El Real Decreto hace viable el autoconsumo en España, permitiendo posibilidades de implementación que, hasta el momento, no estaban contempladas. Tal y como señala la exposición de motivos del Real Decreto, el impulso del autoconsumo tendrá un «efecto positivo sobre la economía general, sobre el sistema eléctrico y energético y sobre los consumidores».

Entre otras cuestiones, la extensión de esta fórmula fomentará la actividad económica y el empleo local, por su carácter distribuido; favorecerá la electrificación de la economía, permitiendo a España cumplir con sus obligaciones en materia de lucha contra el cambio climático; ofrecerá una alternativa a los ciudadanos, que puede ser más ventajosa económicamente que el consumo de energía tradicional; y permitirá la entrada de nuevos actores, y de la propia ciudadanía, en el sistema eléctrico.

El Real Decreto clasifica y define las distintas clases de autoconsumo. Hasta el momento, solo existía una posibilidad, el autoconsumo individual conectado a una red interior.

Con la nueva norma, se consagra la figura del autoconsumo colectivo, de tal forma que varios consumidores puedan asociarse a una misma planta de generación, hecho que impulsará el autoconsumo en comunidades de propietarios o entre empresas o industrias ubicadas en una misma localización.

Además, se define el concepto de «instalación de producción próxima a las de consumo y asociada a las mismas». Con esta figura, se permite realizar el autoconsumo tanto con instalaciones de generación situadas en la misma vivienda -única posibilidad contemplada hasta la fecha-, como en otras que estén ubicadas en las proximidades. Así, por ejemplo, se podrán instalar placas fotovoltaicas en edificios contiguos que tengan mejor orientación, siempre que haya acuerdo entre las partes.

Compensación de excedentes

Otra de las novedades del Real Decreto es la implantación de un mecanismo simplificado de compensación de excedentes, esto es, de aquella energía generada por instalaciones de autoconsumo y que el usuario no consume instantáneamente.

Hasta el momento, si el autoconsumidor quería obtener una compensación por esta energía que se inyecta en la red, debía constituirse jurídicamente como productor de energía, realizando los trámites y declaraciones fiscales que la ley exige. Con el Real Decreto aprobado hoy, la comercializadora de energía compensará al usuario por la energía excedentaria en cada factura mensual.

Este mecanismo es aplicable para aquellas instalaciones con una potencia no superior a 100 kilovatios (kW) y siempre que produzcan electricidad a partir de energía de origen renovable.

La compensación económica puede llegar hasta el 100% de la energía consumida por el usuario en ese mes.

Por otro lado, y en el caso del autoconsumo colectivo, el Real Decreto también abre la puerta a que un consumidor pueda aprovechar los excedentes de su vecino y coparticipe de autoconsumo, si éste no está consumiendo su parte proporcional de energía.

Con el objeto de impulsar el desarrollo del autoconsumo y ofrecer facilidades a la ciudadanía, la norma abre la posibilidad de que todas las comercializadoras puedan ofrecer servicios de autoconsumo renovable. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, que ha validado esta medida, supervisará la evolución del mercado y, en caso de que surjan problemas de competencia, podrá proponer al Gobierno el establecimiento de restricciones a determinadas compañías.

Simplificación administrativa

El Real Decreto reduce los trámites administrativos para todos los usuarios. En el caso del pequeño autoconsumidor (instalaciones de hasta 15kW o de hasta 100kW, en caso de autoconsumo sin excedentes), se reducen a una única gestión: notificar la instalación de una planta de producción eléctrica en su correspondiente comunidad o ciudad autónoma. El registro estatal se nutrirá de la información remitida por las administraciones autonómicas. Además, para las instalaciones de menos de 100kW en baja tensión, las administraciones recabarán información a partir de los datos del certificado electrotécnico de la instalación.

Asimismo, se articula un procedimiento para que sea el distribuidor quien modifique el contrato de acceso de los pequeños consumidores que realicen autoconsumo y éste solo tenga que manifestar su consentimiento.

De igual modo, se simplifican drásticamente las configuraciones de medida para que, en la mayoría de los casos, baste con un solo contador en el punto frontera con la red de distribución, lo cual supone una reducción de costes.

En el caso de autoconsumo colectivo, también será necesario medir la energía generada con otro equipo para hacer el «reparto de energía» entre los consumidores participantes.

Desde el punto de vista de la seguridad industrial, se modifica el reglamento electrotécnico de baja tensión para regular los dispositivos antivertidos y los kits autoenchufables, garantizando que el desarrollo del autoconsumo es compatible con la protección de las personas y equipos.

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El déficit de las AAPP se reduce hasta el 2,63% del PIB en 2018 y permite salir a España del Déficit Excesivo de la UE

8 de abril, 2019

Ministerio de Hacienda
Gabinete de prensa – hacienda.gob.es
Cierre 2018
El déficit público de las AAPP se reduce hasta el 2,63% del PIB en 2018 y permite salir a España del Procedimiento de Déficit Excesivo de la UE
España reduce su déficit público un 10,4% en 2018, pasando del 3,03% del PIB al 2,63%, lo que garantiza al país abandonar el brazo correctivo de la UE en el que se encontraba desde 2009
El Estado reduce su déficit un 12,9% y registra un superávit primario de 7.400 millones, mientras que los Organismos de la Administración Central elevan un 58,38% su saldo positivo
El déficit de las CCAA se reduce un 33,6%, pasando del 0,36% del PIB en 2017 al 0,23% de PIB en 2018. Quince CCAA cumplen el objetivo, de las cuales cinco cierran el ejercicio con superávit
Las CCLL registran superávit por séptimo año consecutivo, que alcanza el 0,52% de PIB
El déficit de la Seguridad Social se reduce al 1,41% del PIB y mejora las previsiones iniciales gracias al crecimiento de las cotizaciones sociales y a los resultados del Plan Director por un Trabajo Digno
El Gobierno aprueba un decreto que permite a las Corporaciones Locales y a las Comunidades Autónomas reinvertir el superávit de 2018 durante este año
29 de marzo de 2019.- El conjunto de las Administraciones Públicas cerró el ejercicio 2018 con un déficit del 2,63% del PIB, frente al 3,03% de 2017. De esta forma, el déficit de 2018 se ha reducido un 10,36% al pasar de 35.395 millones en 2017 a 31.727 millones de euros un año después. Una reducción que garantiza a España salir del Procedimiento de Déficit Excesivo, proceso en el que lleva inmerso el país desde 2009. Además, si se incluye la ayuda financiera, que asciende a 78 millones, el déficit se sitúa en el mismo 2,63% del PIB.
Esta disminución del déficit se produce por un incremento de los ingresos de un 6%, un ritmo superior al aumento de un 4,7% de los gastos.
Además, el déficit primario -descontando los intereses- se reduce un 75,5% al pasar de los 6.086 millones de 2017 a 1.490 millones en 2018. Este déficit primario equivale al 0,12% del PIB, frente al 0,52% de 2017.
Los recursos no financieros en 2018 se han situado en 468.836 millones, que representa un 38,80% del PIB. Esto supone un aumento del 6%, consecuencia de la mejora de los recursos impositivos y de las cotizaciones sociales, que se han incrementado un 4,9%, hasta los 150.114 millones.
Por su parte, el gasto público en 2018 ha registrado un aumento del 4,7% hasta los 500.641 millones. Una cifra que representa el 41,44% del PIB, 0,45 puntos porcentuales más que el gasto del año anterior. En cuanto a las rúbricas que presentan en 2018 un mayor nivel de gasto, cabe mencionar la remuneración de asalariados, el consumo intermedio o las prestaciones sociales distintas de las trasferencias sociales en especie.
Administración Central
La Administración Central, que incluye al Estado y sus Organismos Autónomos, ha recortado su déficit, excluyendo la ayuda financiera, del 1,85% del PIB en 2017 hasta el 1,5% en 2018, siendo el subsector que más ha reducido el déficit en este periodo

El déficit del Estado se ha situado en el 1,62% del PIB, registrando una reducción de 0,3 puntos de PIB. Esta evolución se debe a que los ingresos no financieros han crecido un 8% hasta alcanzar los 200.811 millones, fundamentalmente por el incremento de los ingresos impositivos en un 7,4%, frente al gasto no financiero que ha crecido un 5,7% hasta los 220.340 millones.
Por segundo año consecutivo el Estado ha registrado superávit primario, que asciende en 2018 a 7.400 millones (0,61% del PIB), es decir, un 85,8% superior al registrado en 2017.
Los recursos impositivos, que suponen el 85% del total, se han incrementado un 7,4% (11.780 millones más que en 2017).
Todas las figuras impositivas mejoran, destacando los aumentos, en términos de contabilidad nacional, del 11,2% del IRPF, el 10,2% del Impuesto sobre Sociedades y el 5,9% del IVA.
Las transferencias recibidas de otras Administraciones Públicas han superado en un 15,5% a las del año anterior, principalmente por las recibidas del sistema de financiación de las Comunidades Autónomas.
El resto de los recursos, por importe de 9.946 millones, aumentan un 17,3% debido fundamentalmente a los mayores dividendos ingresados por el Banco de España y ENAIRE y a los mayores fondos recibidos de la UE incluidos en las ayudas a la inversión.
En el ámbito de los gastos destaca el incremento de las transferencias a otras administraciones públicas, que crecen un 3,4%. Entre otras partidas que aumentan se encuentran: la aportación por recursos propios de la UE: IVA y RNB, que ha sido un 27,6% superior al año anterior; el gasto en intereses, que ha aumentado un 2%; las prestaciones sociales distintas a las transferencias sociales en especie, que han crecido un 4,9% y la remuneración de asalariados, que se eleva un 2,7% (recogiendo el efecto del incremento salarial del 1,75%, frente al 1% en 2017, y la mejora retributiva correspondiente al acuerdo de equiparación salarial de la Policía Nacional y de la Guardia Civil con los cuerpos autonómicos, con un gasto aproximado de 283 millones).
La formación bruta de capital fijo, que incluye la Responsabilidad Patrimonial de la Administración (RPA) en el caso de la reversión al Estado de determinadas autopistas de peaje, con un valor de mercado estimado de 686 millones, crece un 31,4%,
Por último, las otras transferencias de capital, junto a las ayudas a la inversión, presentan un aumento del 124%, que se explica, por los 1.114 millones correspondiente a la parte de la RPA que no se ha registrado como inversión y por los 622 millones derivados de la exención de la prestación por maternidad. Dentro de la ayuda a la inversión destaca la mayor aportación a ADIF-Alta Velocidad y el aumento del 36,7% en las transferencias a empresas privadas y al exterior.
Las partidas que disminuyen han sido los consumos intermedios, que caen un 1,3%; la cooperación internacional corriente, que se reduce un 3,5%; y las subvenciones a los productos que se han reducido un 0,7% (incluye el gasto para la cobertura del déficit eléctrico que ha sido un 3,4% inferior a 2017).

Los Organismos de la Administración Central registran un superávit de 1.408 millones, frente a los 889 millones del cierre de 2017, lo que supone una mejora del 58,4%.
Fondos de la Seguridad Social
Los Fondos de la Seguridad Social han cerrado el ejercicio con un déficit de 17.088 millones, el 1,41% del PIB, ligeramente inferior al 1,44% registrado en 2017.
Este resultado se debe a un incremento de los recursos no financieros del 4,5%, frente a los gastos, que crecen un 4,2%. Destaca la favorable evolución de las cotizaciones sociales, que se incrementan un 5,4% en el conjunto del subsector (7.116 millones de euros).
Los datos de la Seguridad Social se benefician de los resultados que está dando el Plan Director por un Trabajo Digno 2018, 2019 y 2020 que fue aprobado por el Consejo de Ministros del 27 de julio de 2018.
Por agentes, el Sistema de Seguridad Social mejora su déficit desde el 1,65% del PIB hasta el 1,55%. Esto se debe a que el aumento de los gastos en un 4,6% ha sido inferior al incremento de los ingresos que se sitúa en el 5,8%.
Los ingresos por cotizaciones sociales se han elevado un 5,3%. Por su parte, las transferencias corrientes recibidas del Estado son un 12,6% superiores a las del año anterior, debido fundamentalmente a una transferencia para apoyar el equilibrio financiero de la Seguridad Social por importe de 1.334 millones, sin cuantía equivalente en 2017; las destinadas a complementar las pensiones mínimas aumentan un 1,9%; las destinadas a pensiones no contributivas suben un 2,1% y las destinadas al IMSERSO para gastos de dependencia aumentan un 4,9%.
Por el lado de los gastos, destacan las prestaciones sociales, que han aumentado un 4,7%, y las prestaciones sociales distintas de las transferencias en especie, que crecen un 3,4%.
El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) presenta un saldo positivo de 1.480 millones, equivalente al 0,12% del PIB. Destaca el crecimiento de las cotizaciones sociales en un 5,8%, el cual se ve compensado por el descenso de las transferencias recibidas del Estado, que han pasado de 1.632 millones en 2017 a 55 millones en 2018, como consecuencia de los menores pagos por prestaciones por desempleo derivado de la buena evolución del mercado laboral.
El Fondo de Garantía Salarial (FOGASA) registra un superávit de 166 millones de euros en 2018, frente a los 396 millones del año anterior, motivado también fundamentalmente por el descenso de las transferencias recibidas del Estado, que caen en 283 millones.
Comunidades Autónomas
Las Comunidades Autónomas han reducido en más de un 33% su déficit, hasta el 0,23% del PIB, lo que supone una disminución de 0,13 puntos porcentuales respecto al año anterior.
Prácticamente todas las Comunidades Autónomas han mejorado su saldo respecto al año 2017. De hecho, 15 de ellas han cumplido el objetivo de déficit, cinco de las cuales cierran 2018 con superávit.
Esta evolución se debe a un crecimiento de los ingresos no financieros del 5,2% frente a un aumento de los gastos del 4,3%.
Este resultado está influido por el incremento de los recursos de las comunidades. La recaudación del ITP y AJD aumentó en 842 millones y el incremento de las transferencias netas derivadas del Sistema de Financiación se incrementó en 3.824 millones.
Por el lado de los empleos, destaca la remuneración de asalariados que crece un 3,4%, debido, principalmente y como en el caso del resto de agentes y subsectores, al incremento salarial en 2018 del 1,75%, frente al 1% de 2017, y, en menor medida, al aumento en el número de empleados públicos. Por su parte, el gasto en consumos intermedios ha aumentado un 4% respecto al año anterior y las transferencias sociales en especie han crecido un 2,5%.
Corporaciones Locales
La Administración Local vuelve a registrar superávit por séptimo año consecutivo. Un saldo positivo que asciende a 6.292 millones en 2018. En términos de PIB, el superávit supone el 0,52%, frente al 0,61% del año anterior. Esta evolución se debe a un crecimiento de los empleos no financieros del 2,2%, motivado especialmente por el incremento de las inversiones financieramente sostenibles, frente a los ingresos que crecen un 0,9%.
Como todos los años, estas cifras se notificarán a Eurostat en los plazos fijados por la normativa comunitaria.
Estos datos certifican la salida de España del Procedimiento de Déficit Excesivo en el que lleva inmersa desde 2009, permitiendo la entrada en el brazo preventivo del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, al situarse el déficit público de 2018 holgadamente por debajo del valor de referencia del 3% del PIB.
Asimismo, el Ministerio de Hacienda ha publicado hoy los datos de ejecución presupuestaria hasta el mes de febrero del Estado. El saldo en los dos primeros meses del año se sitúa en el -0,94% del PIB frente al -0,84% registrado un año antes. Los datos están afectados por la devolución del IRPF de las prestaciones por maternidad.
También se ha difundido hoy el dato consolidado de Administraciones Públicas, excluyendo las corporaciones locales. En su conjunto, el déficit de las tres administraciones se sitúa en el 0,43%. La Seguridad Social aumentó su superávit un 4,3% hasta los 1.688 millones. Las comunidades autónomas cerraron el mes de enero con una reducción de su déficit hasta el 0,03%.
Reinversión del superávit
Además, el Consejo de Ministros ha aprobado hoy un Real Decreto-Ley que permite a los Ayuntamientos y a las Comunidades Autónomas destinar el superávit presupuestario de 2018 a inversiones financieramente sostenibles en 2019.
La Ley de Estabilidad recoge que el saldo positivo de las administraciones tiene que ser destinado a amortizar deuda. Sin embargo, contempla una excepción: las denominadas inversiones financieramente sostenibles. Para permitir a los municipios y a las Comunidades Autónomas beneficiarse de esta medida, el Gobierno aprueba este Real Decreto-Ley que habilita a estas entidades a reinvertir su saldo positivo.
Además, la norma también contempla que las entidades locales y las Comunidades Autónomas puedan disponer de más tiempo para desarrollar estas inversiones. En concreto, permite que la ejecución aprobada en 2019 pueda terminar de ejecutarse en 2020.

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El ICO lanza su primera emisión de bonos verdes y se consolida como uno de los principales emisores de bonos sostenibles del mercado europeo

7 de abril, 2019

02 de abril de 2019 mineco.gob.es

El ICO lanza su primera emisión de bonos verdes y se consolida como uno de los principales emisores de bonos sostenibles del mercado europeo

La emisión de 500 millones de euros ha tenido una demanda de más de 3.400 millones
Los fondos se destinarán a financiar proyectos que contribuyan a la protección del medio ambiente y a la lucha contra el cambio climático
El 84% de la emisión ha sido adquirida por inversores internacionales

El Instituto de Crédito Oficial (ICO) ha lanzado su emisión inaugural de bonos verdes por importe de 500 millones de euros. La demanda ha superado los 3.400 millones de euros, lo que pone de manifiesto el interés de los inversores y representa seis veces el importe de la emisión, superando la media habitual de las transacciones del ICO. Este hecho ha permitido que la operación cierre con un spread de 7 puntos básicos sobre la referencia del Tesoro al mismo plazo, el más bajo conseguido por ICO en sus operaciones “benchmark”.

La emisión, dirigida por BNP Paribas, Crédit Agricole CIB, ING y Banco Santander, ofrece un cupón del 0,20% y tiene un plazo de 5 años.

Los fondos se destinarán a financiar proyectos realizados por empresas españolas que contribuyan a la protección del medio ambiente y a la lucha contra el cambio climático. En concreto, según se establece en el programa marco de bonos verdes del ICO, se financiarán proyectos de energías renovables, eficiencia energética, transporte limpio, prevención y control de la contaminación, gestión sostenible de los recursos naturales y usos de la tierra y gestión sostenible del agua. El programa permitirá también la medición del impacto de los proyectos elegibles y su contribución a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, todo ello en el marco de los “Green Bond Principles” emitidos por ICMA.

En la distribución geográfica, hay que señalar que el 84% de los bonos se ha colocado entre inversores extranjeros, destacando entre ellos los de Alemania y Austria (25%) y Benelux (17%). También ha sido notable la participación de cuentas de Asia y Oriente Medio, donde se ha colocado el 16% del papel.

El ICO realizó un roadshow previo a esta emisión, en el que se visitaron 34 inversores en 7 plazas europeas. Muchos de estos inversores internacionales han suscrito la emisión, lo que ha permitido al ICO ampliar su base inversora con nuevas entidades centradas únicamente en la compra de esta clase de bonos.

En la distribución por tipología de inversor destaca la demanda registrada por las gestoras de fondos, que han adquirido el 31% del volumen total de la emisión, seguidas por bancos centrales e instituciones oficiales (28%) y bancos (26%). El resto de la emisión se ha colocado entre aseguradoras y fondos de pensiones.

Asimismo, cabe señalar que el 65% se ha distribuido entre inversores con criterios de inversión medioambientales y sostenibles.

Esta emisión está alineada con los Green Bond Principles de ICMA (International Capital Markets Association) y cuenta con la verificación de Sustainalytics, una de las empresas líderes en análisis de responsabilidad social corporativa.

ICO, emisor de referencia europeo de bonos sostenibles

Con la emisión realizada hoy junto con las cinco emisiones de bonos sociales, por importe de más de 2.550 millones realizadas hasta el momento, el ICO es un emisor de referencia en el sector de bonos sostenibles del mercado europeo. En estas emisiones de bonos sociales el ICO se compromete a financiar los proyectos de empresas localizadas en CCAA con un PIB per cápita inferior a la media española, con el objetivo de promover el crecimiento económico inclusivo y la necesaria mejora de la distribución de la renta.

El banco público afianza con esta nueva emisión su posición dentro de lo que se denomina en los mercados internacionales de capitales “sustainability bonds” o bonos sostenibles. Los fondos de este tipo de emisiones se utilizan para financiar operaciones que generen un impacto social o medioambiental positivo. Con esta emisión el ICO refuerza su posición en un mercado más especializado y centrado en la potenciación de una economía más enfocada al desarrollo sostenible.

Además de ocupar un papel destacado en los mercados financieros sostenibles, el ICO trabaja para impulsar la sostenibilidad como eje vertebrador de su actividad y como parte esencial de las políticas de Responsabilidad Social Empresarial.

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Más de 6.200 aspirantes se presentan al examen de acceso a la abogacía

6 de abril, 2019

Miinisterio de Justicia
Gabinete de comunicación
Nota de prensa – mjusticia.gob.es
La prueba tendrá lugar simultáneamente en ocho sedes
Más de 6.200 aspirantes se presentan mañana al examen de acceso a la abogacía
• El 57,2% son mujeres y se ha incrementado en un 60,3% el número de solicitudes de aspirantes extranjeros respecto a 2018
• Como en anteriores convocatorias, se podrá realizar la evaluación en todas las lenguas cooficiales del Estado
• Se han preparado formatos especiales del examen para personas con visión o movilidad reducida y otras necesidades
5 de abril de 2019.- Mañana sábado, 6 de abril, se celebrará la primera prueba de evaluación de la aptitud profesional para el ejercicio de la abogacía del año 2019, en la que se han inscrito 6.217 aspirantes, de los que el 57,2% son mujeres. Respecto a 2018, ha aumentado en un 60,3% el número de extranjeros que ha solicitado realizar el examen, hasta un total de 346. Como en anteriores convocatorias, los aspirantes tendrán la posibilidad de examinarse en las diferentes lenguas cooficiales del Estado.
Desde la entrada en vigor de la Ley 34/2006, de 30 de octubre, sobre el acceso a las profesiones de abogado y procurador de los tribunales, estos profesionales deben superar esta prueba de aptitud como requisito previo al ejercicio de su actividad. El examen se convoca de forma conjunta por el Ministerio de Justicia y el de Ciencia, Innovación y Universidades.
Se han establecido ocho sedes para la realización del examen debido a la alta participación:
− La Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, en la que realizarán la prueba 936 aspirantes.
− La Universidad de Valencia, en la que se examinarán 619 aspirantes.
− La Universidad del País Vasco en Bilbao, en la que realizarán el examen 279 candidatos.
− El Campus Universitario de Teatinos en Málaga, donde harán la prueba 820 aspirantes.
− La Universidad de Murcia, en la que se examinarán 189 personas.
− La Academia Gallega de Seguridad en A Estrada (Pontevedra), que examinará a 258 candidatos.
− La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, en la que realizarán la prueba 191 candidatos.
− La Universidad Complutense de Madrid, donde se examinarán 2.925 aspirantes.
La evaluación consistirá en una prueba escrita objetiva de contenido teórico-práctico con respuestas múltiples. El examen comenzará a las 10 h. de la mañana (una hora antes en Canarias) y tendrá una duración de cuatro horas.
Los aspirantes deberán contestar a un total de 75 preguntas. Las 50 primeras hacen referencia a materias comunes al ejercicio de la profesión y las 25 restantes están relacionadas con las especialidades de Derecho Civil y Mercantil, Penal, Laboral y Derecho Administrativo y Contencioso-Administrativo, entre las que los candidatos deberán elegir una entre las cuatro opciones posibles.
La calificación final del candidato será el resultado de la media ponderada entre el 70% de la nota obtenida en esta prueba y el 30% de la nota del curso de formación especializada, cuya realización previa es imprescindible para esta evaluación de acceso a la abogacía.

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La Autoridad Macroprudencial celebra su primera reunión

5 de abril, 2019

01 de abril de 2019
mineco.gob.es

La Autoridad Macroprudencial celebra su primera reunión

En esta primera reunión, el Consejo de la Autoridad Macroprudencial Consejo de Estabilidad Financiera (AMCESFI) se ha centrado en analizar el actual contexto macroeconómico, así como los cambios regulatorios en curso a nivel nacional e internacional
Con la creación de la AMCESFI y la dotación de nuevas herramientas a los organismos supervisores, España cuenta con mecanismos de supervisión macroprudenciales similares a los de los principales países europeos

El Consejo de la Autoridad Macroprudencial Consejo de Estabilidad Financiera (AMCESFI) se ha reunido hoy por primera vez, tras su creación por Real Decreto el pasado 1 de marzo. La AMCESFI, integrada por el Ministerio de Economía y Empresa, el Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), es el organismo responsable de evaluar y prevenir posibles riesgos sistémicos para la economía.

En el ejercicio de sus funciones, en esta primera reunión se ha abordado la coyuntura económica y financiera nacional e internacional, centrándose en la evolución del sector financiero.

En este sentido se han analizado los principales indicadores de crédito y se ha debatido sobre los cambios que introducen en el sistema financiero las últimas normativas aprobadas, que impulsan la solvencia y la eficiencia en el sector. Asimismo, se ha repasado la situación de los mercados financieros, incluida la evolución de las carteras de las Instituciones de Inversión Colectiva españolas. Por otro lado, también se ha hecho un seguimiento de los test de estrés realizados por la Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación (EIOPA) a 42 grupos aseguradores europeos, entre ellos dos españoles.

La reunión ha estado presidida por la ministra de Economía y Empresa y en la misma han participado el gobernador del Banco de España, en calidad de vicepresidente, la subgobernadora del Banco de España, el presidente y la vicepresidenta de la CNMV, la secretaria de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa y el director general de Seguros y Fondos de Pensiones.

Esta reunión ha estado precedida del primer encuentro trimestral del Comité Técnico, formado por nueve representantes de los organismos integrantes de la autoridad y presidido por la subgobernadora del Banco de España.

Con la creación de la AMCESFI y la dotación de nuevas herramientas a los organismos supervisores, España cuenta con mecanismos de supervisión macroprudenciales similares a los de los principales países europeos.

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Vuelve la censura a los correos corporativos

4 de abril, 2019

Vista la aclaración efectuada por el Director del SSI se da de baja esta entrada toda vez que ha tenido curso en la rnet

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Abogado General Tanchev: El Tribunal de Justicia debería declarar que España no ha adoptado las disposiciones necesarias para dar cumplimiento a la Directiva sobre los contratos de crédito celebrados con los consumidores para bienes inmuebles de uso residencial

4 de abril, 2019

curia.europa.eu
Tribunal de Justicia de la Unión Europea
Comunicado de prensa n.º 43/19
Luxemburgo, 28 de marzo de 2019
Conclusiones del Abogado General en el asunto C-569/17
Comisión / España
Abogado General Tanchev: El Tribunal de Justicia debería declarar que España no ha adoptado las disposiciones necesarias para dar cumplimiento a la Directiva sobre los contratos de crédito celebrados con los consumidores para bienes inmuebles de uso residencial
España debería ser condenada a pagar una multa coercitiva diaria de unos 106 000 euros hasta que dé cumplimiento a la Directiva
La Comisión ha interpuesto un recurso por incumplimiento contra España por no haber adoptado, antes del 21 de marzo de 2016, las disposiciones necesarias para transponer la Directiva sobre los contratos de crédito celebrados con los consumidores para bienes inmuebles de uso residencial. 1 La Comisión solicita asimismo al Tribunal de Justicia que imponga a España una multa coercitiva diaria de 105 991,60 euros, con efecto a partir de la fecha del pronunciamiento de la sentencia por la que se declare el incumplimiento de la obligación de comunicar a la Comisión las disposiciones de transposición de la Directiva.
Este asunto brinda al Tribunal de Justicia la oportunidad de pronunciarse, por primera vez, sobre el artículo 260 TFUE, apartado 3, introducido por el Tratado de Lisboa, que permite a la Comisión interponer un recurso por incumplimiento ante el Tribunal de Justicia sobre la base de que «un Estado miembro ha incumplido la obligación de informar sobre las medidas de transposición de una directiva adoptada con arreglo a un procedimiento legislativo» y solicitar al Tribunal de Justicia que imponga al mismo tiempo sanciones pecuniarias a dicho Estado miembro.
En sus conclusiones de hoy, el Abogado General Evgeni Tanchev propone al Tribunal de Justicia que declare que España ha incumplido sus obligaciones de informar y que, en consecuencia, imponga una multa coercitiva diaria. El Abogado General defiende asimismo una interpretación amplia acerca de cuándo un Estado miembro «ha incumplido la obligación de informar» sobre las medidas de transposición con arreglo al artículo 260 TFUE, apartado 3, en el sentido de que tal incumplimiento comprende la transposición incompleta o incorrecta.
El Abogado General señala que España no niega haber incumplido la obligación de adoptar las medidas necesarias para transponer dicha Directiva a su Derecho interno y de comunicar tales medidas a la Comisión. Por consiguiente, propone que el Tribunal de Justicia declare que la primera pretensión de la Comisión es fundada.
A continuación, el Abogado General examina el significado del incumplimiento por parte de un Estado miembro de «la obligación de informar» a efectos del artículo 260 TFUE, apartado 3. Tras un análisis de la redacción, la génesis, los objetivos y el contexto de la mencionada disposición, el Abogado General concluye que el artículo 260 TFUE, apartado 3, ha de interpretarse en el sentido de que se refiere al incumplimiento por parte de un Estado miembro de una obligación «sustantiva» de efectuar la transposición, lo que comprende tanto la ausencia absoluta de comunicación de cualquier medida de transposición como la notificación por un Estado miembro de medidas que constituyen una transposición incompleta o incorrecta de la Directiva en cuestión.
Seguidamente, el Abogado General analiza la evaluación de las sanciones pecuniarias en virtud del artículo 260 TFUE, apartado 3. Más concretamente, el Abogado General estima que la Comisión debería poder utilizar el mismo método para calcular las sanciones pecuniarias que ella propone con arreglo a disposiciones similares del TFUE. Asimismo, considera que, sobre la base del artículo 260 TFUE, apartado 3, el Tribunal de Justicia puede imponer el pago de una suma a tanto alzado, así como una multa coercitiva, o una sanción pecuniaria que no haya propuesto la Comisión, dentro del límite al importe de la sanción pecuniaria que establece la referida disposición. A su juicio, ese límite afecta únicamente al importe de la sanción pecuniaria y no restringe la facultad de apreciación del Tribunal de Justicia en cuanto al tipo de sanción pecuniaria que debe imponerse.
En el caso de autos, el Abogado General considera que la imposición de una multa coercitiva es adecuada como medida persuasiva y que procede desestimar la alegación de España de que se trata de una sanción desproporcionada. También recomienda que el Tribunal de Justicia use como fecha de inicio de la duración de la infracción la fecha de referencia que figura en el dictamen motivado. A la luz del límite máximo establecido en el artículo 260 TFUE, apartado 3, el Abogado General propone al Tribunal de Justicia que imponga una multa diaria que ascienda hasta el pleno importe indicado por la Comisión.
NOTA: Las conclusiones del Abogado General no vinculan al Tribunal de Justicia. La función del Abogado General consiste en proponer al Tribunal de Justicia, con absoluta independencia, una solución jurídica al asunto del que se ocupa. Los jueces del Tribunal de Justicia comienzan ahora sus deliberaciones sobre este asunto. La sentencia se dictará en un momento posterior.
NOTA: El recurso por incumplimiento, dirigido contra un Estado miembro que ha incumplido sus obligaciones derivadas del Derecho de la Unión, puede ser interpuesto por la Comisión o por otro Estado miembro. Si el Tribunal de Justicia declara que existe incumplimiento, el Estado miembro de que se trate debe ajustarse a lo dispuesto en la sentencia con la mayor brevedad posible. Si la Comisión considera que el Estado miembro ha incumplido la sentencia, puede interponer un nuevo recurso solicitando que se le impongan sanciones pecuniarias. No obstante, en caso de que no se hayan comunicado a la Comisión las medidas tomadas para la adaptación del Derecho interno a una directiva, el Tribunal de Justicia, a propuesta de la Comisión, podrá imponer sanciones en la primera sentencia.
1 Directiva 2014/17/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de febrero de 2014, sobre los contratos de crédito celebrados con los consumidores para bienes inmuebles de uso residencial y por la que se modifican las Directivas 2008/48/CE y 2013/36/UE y el Reglamento (UE) n.º 1093/2010 (la denominada Directiva sobre créditos hipotecarios) (DO 2014, L 60, p. 34).
Documento no oficial, destinado a los medios de comunicación y que no vincula al Tribunal de Justicia.

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El Tribunal Supremo avala las multas de la CNMC a directivos de empresas que realicen prácticas anticompetitivas

3 de abril, 2019

Lunes, 1 de abril de 2019 – poderjudicial.es

El Tribunal Supremo avala las multas de la CNMC a directivos de empresas que realicen prácticas anticompetitivas

El tribunal añade que la publicación por parte de la CNMC del nombre de la persona física multada no vulnera su derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a su propia imagen

Autor:Comunicación Poder Judicial

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha dictado una sentencia en la que fija como doctrina que la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia (CNMC) puede imponer multas a personal directivo de empresas infractoras de las normas del derecho de la competencia. El tribunal añade que la publicación por parte de la CNMC del nombre de la persona física multada no vulnera su derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a su propia imagen.

La Sala confirma una resolución de la CNMC de 30 de junio de 2016 (expediente Infraestructuras Ferroviarias) que impuso una multa de 6650 euros al vicesecretario del Consejo de Administración de Amurrio Ferrocarril y Equipos, S.A., una de las empresas sancionadas por una infracción única y continuada del artículo 1 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia, y del artículo 101 del Tratado de la Funcionamiento de la Unión Europea. Dicha resolución sancionó a diversas empresas y personas físicas por pactar el reparto del mercado, la fijación de precios y otras condiciones comerciales, así como el intercambio de información comercial sensible en relación con el suministro de desvíos ferroviarios en los procedimientos de contratación convocados por GIF/ADIF durante 15 años, de 1999 a 2014.

La Sala Tercera desestima el recurso planteado por el vicesecretario contra la sentencia de la Audiencia Nacional que ratificó la resolución de la CNMC al haberse acreditado que como cargo directivo de Amurrio intervino en la decisión infractora sancionada (reuniones sobre reparto de mercado y/o acuerdo de precios), por lo que sí cabía exigirle responsabilidad.

En su recurso, solicitaba que se anulara la multa puesto que él no era representante legal de la empresa, no integraba ningún órgano directivo, ni había intervenido en ningún acuerdo societario relacionado con las prácticas sancionadas por la CNMC. Además, cuestionaba que se hubiese publicado su nombre y apellidos en dicha resolución.

La Sala se pregunta si el artículo 63.2 de la Ley de Defensa de la Competencia (LDC) –en relación con el artículo 25 de la CE- permite sancionar a personal directivo unipersonal de la persona jurídica infractora o bien si la previsión normativa únicamente se aplica a los órganos colegiados de administración a los que se refiere el segundo párrafo del precepto.

La conclusión a la que llega el tribunal es que “no lesiona el artículo 25 de la Constitución la previsión normativa contenida en el artículo 63.2 de la LDC en su aplicación a personal directivo unipersonal de la persona jurídica infractora”.

Dicho artículo establece que “…se podrá imponer una multa de hasta 60.000 euros a cada uno de los representantes legales o a las personas que integran los órganos directivos que hayan intervenido en el acuerdo o decisión”. También recoge que quedan excluidas de la sanción “aquellas personas que, formando parte de los órganos colegiados de administración, no hubieran asistido a las reuniones o hubieran votado en contra o salvado su voto”.

La Sala explica en esta sentencia, con ponencia de la magistrada Celsa Pico Lorenzo, que «es certera la interpretación realizada por la sentencia recurrida a la hora de incluir al recurrente, que concurrió con otros sujetos directivos o representantes de otras empresas, a la reunión en que se acordó la práctica vedada por la ley de Defensa de la Competencia y lo hizo en su condición de Vicesecretario del Consejo de Administración, es decir como sujeto componente del órgano directivo de la empresa”.

Así, afirma que “resulta absurdo alegar que no existe un acuerdo del consejo de administración aprobando la práctica colusoria. Parece evidente que no se va a consignar en acta la comisión de un ilícito administrativo de la naturaleza del aquí cuestionado, reparto del mercado a través de la constitución sistemática de una UTE para concurrir y adjudicarse contratos tras acuerdo previo de precios en las licitaciones”.

De esta forma, asegura que la calificación del recurrente como miembro del órgano directivo de la empresa no es contraria al artículo 25.2 de la Constitución Española. En este sentido, indica que “no se evidencia que la empresa en la que se integra el recurrente rechazase que su actividad no hubiera sido no solo encomendada por la misma, sino que fue beneficiada en los procedimientos de contratación convocados por ADIF”.

Publicar el nombre del directivo sancionado no vulnera su intimidad

Por otra parte, la Sala considera que la publicación de la infracción en su totalidad, el de la empresa infractora y el del miembro de la misma que acordó/decidió la práctica colusoria no lesiona el artículo 18 de la CE. Sobre esta cuestión, afirma que “no está en juego el derecho a la intimidad personal garantizado por el artículo 18 de la Constitución pues la conducta desarrollada no ha tenido lugar en el ámbito de la vida privada y buen nombre del recurrente. La sanción impuesta lo ha sido como consecuencia de su conducta profesional voluntariamente desarrollada en una empresa que ha infringido la Ley de Defensa de la Competencia”, subraya la Sala.

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La juez de la Audiencia Nacional abre juicio oral a tres exdirectivos de la Caja de Ahorros del Mediterráneo y a un empresario por la operación con la inmobiliaria Hansa Urbana

2 de abril, 2019

Viernes, 29 de marzo de 2019 poderjudicial.es

La juez de la Audiencia Nacional abre juicio oral a tres exdirectivos de la Caja de Ahorros del Mediterráneo y a un empresario por la operación con la inmobiliaria Hansa Urbana

La magistrada requiere a los cuatro encausados para que, en el plazo de 24 horas, presten una fianza, de forma conjunta y solidaria, de casi 189 millones de euros

Autor:Comunicación Poder Judicial

La juez de la Audiencia Nacional María Tardón ha acordado la apertura de juicio oral contra la exdirectora general de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) M.D.A., los exdirectivos de la entidad D.G.M. y V.S.A. y contra el empresario R.G. en relación con la operación de reestructuración de deuda de la inmobiliaria Hansa Urbana.

En el auto de apertura de juicio oral relativo a esta pieza separada denominada “TIP Reestructuraciones”, la magistrada requiere a los cuatro encausados para que, en el plazo de 24 horas, presten una fianza, de forma conjunta y solidaria, por importe de 188.860.000 euros con el fin de asegurar las presuntas responsabilidades civiles que pudieran imponérseles. . La juez designa como responsable civil subsidiario a las sociedades Hansa Urbana y Management Service SL y responsable civil directo a la Caja de Seguros Reunidos Caser hasta el límite máximo asegurado.

Además, requiere a los tres exdirectivos de la entidad para que, también en el plazo de 24 horas, presten una fianza para asegurar las presuntas responsabilidades pecuniarias de carácter penal a las que pudieran ser condenados, por importe de 192.000 euros, que en el caso del empresario la cantidad es de 96.000 euros.

El auto recoge los escritos de acusación de la Fiscalía y del Fondo de Garantía de Depósitos, que piden penas para los acusados de entre dos y cuatro años de cárcel, y señala a la Sala de lo Penal como el órgano encargado del enjuiciamiento.

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Justicia anuncia que convocará 300 nuevas plazas para jueces y fiscales en la oferta de empleo público de 2019

1 de abril, 2019

Justicia anuncia que convocará 300 nuevas plazas para jueces y fiscales en la oferta de empleo público de 2019

Jueves 28 de marzo de 2019

lamoncloa.gob.es

​El secretario de Estado de Justicia, Manuel Jesús Dolz, ha comunicado que el número de plazas ofertadas ha de ser nuevamente el mismo que el previsto en la Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2018.

​El Ministerio de Justicia informa de que la oferta de empleo público para el ingreso en la carrera judicial y fiscal en 2019 incluirá 300 nuevas plazas que se destinarán a la sustitución paulatina del empleo temporal en ambas carreras y a la cobertura de las necesidades de la Administración de Justicia.

El anuncio lo ha comunicado el secretario de Estado de Justicia, Manuel Jesús Dolz, por carta dirigida al Consejo General del Poder Judicial, la Fiscalía General del Estado y a la Comisión de Selección de las pruebas de acceso al empleo público. En la misma se indica que la oferta para ambas carreras ha de ser nuevamente de 300 plazas, umbral máximo previsto en la Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2018.

Estas plazas podrán convocarse mediante el preceptivo acuerdo de la Comisión de Selección, previa propuesta del Ministerio de Justicia, el Consejo General del Poder Judicial y la Fiscalía General del Estado y una vez que hayan finalizado las pruebas selectivas para el acceso a las carreras judicial y fiscal de 2018 que se están celebrando en la actualidad.

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La CNMV y la Dirección General de la Policía firman un convenio de colaboración contra el fraude financiero

31 de marzo, 2019

La CNMV y la Dirección General de la Policía firman un convenio de colaboración contra el fraude financiero
3 de marzo de 2019 cnmv.es
Se articulan mecanismos concretos de colaboración contra el fraude financiero relacionado con personas o entidades no autorizadas
Se crea una Comisión de Seguimiento para promover la máxima cooperación entre ambas partes
El director general de la Policía Nacional, Francisco Pardo, y el presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Sebastián Albella, han firmado hoy un convenio de colaboración para la persecución del fraude financiero, en particular el relacionado con personas o entidades no autorizadas para prestar servicios de inversión.
El acuerdo establece un marco de colaboración entre ambas instituciones que reforzará su grado de coordinación y que incluye mecanismos concretos de actuación.
Ambas instituciones consideran que en un entorno de creciente desarrollo de las nuevas tecnologías y canales de comunicación digitales es necesario aunar esfuerzos contra las actividades ilegales desarrolladas en el sector financiero. Solo en 2018, la CNMV formuló más de 600 advertencias al público sobre entidades no autorizadas o “chiringuitos financieros”.
El convenio prevé el intercambio de información entre ambas partes. La Dirección General de Policía informará a la CNMV de las entidades o personas físicas no autorizadas que detecte que pudieran estar cometiendo infracciones de normas de ordenación y disciplina de los mercados de valores, así como de la incoación de procedimientos judiciales relacionados con la prestación ilegal de servicios de inversión.
Como Punto de Coordinación por parte de la Dirección General de la Policía actuará la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), que centralizará las investigaciones relacionadas con el objeto del convenio y las solicitudes de información a la CNMV. La UDEF tiene encomendada la investigación y persecución de las actividades delictivas, de ámbito nacional e internacional, en materia económica y fiscal, así como la coordinación operativa y el apoyo técnico a las unidades territoriales.
Está previsto que la CNMV comunique a la UDEF informaciones relativas a indicios o pruebas de fraude financiero cometido por personas no autorizadas para actuar en los mercados de valores, así como consultas y reclamaciones sobre hechos constitutivos de potenciales delitos, tanto a nivel nacional como internacional. También está previsto que la CNMV preste asesoramiento a la UDEF para facilitar sus investigaciones.
Con el fin de promover una adecuada coordinación, se crea una Comisión de Seguimiento integrada por cuatro miembros, dos por parte de la CNMV y dos por parte de la Dirección General de la Policía, y se prevé la posibilidad de grupos de trabajo específicos. Además, se contempla colaborar en el ámbito de la formación.
La CNMV tiene también previsto suscribir en fecha próxima un convenio de colaboración similar con la Dirección General de la Guardia Civil.
Operaciones contra los chiringuitos financieros
En los últimos años se ha venido observando un aumento de los fraudes financieros, especialmente cometidos por parte de organizaciones y grupos criminales que perpetran dichos fraudes mediante los llamados boiler rooms o chiringuitos financieros, tal y como los denomina la Comisión Nacional del Mercado de Valores, consistentes en imitar las actuaciones propias de las empresas de servicios de inversión para cometer estafas u otro tipo de defraudaciones.
La Policía Nacional ha desarrollado varias operaciones contra esta modalidad delictiva, como la denominada FOCUS -desarrollada entre 2017 y 2019-, que supuso la desarticulación del mayor chiringuito financiero detectado a día de hoy en territorio nacional y permitió la detención de 95 implicados que habrían estafado la cuantía de casi 12 millones de euros con más de 700 víctimas. Otro ejemplo es la operación RICO, desarrollada entre 2013 y 2015, en la que se desmanteló un chiringuito financiero de carácter internacional, con base de operaciones en Barcelona, que estaba causando un grave perjuicio a miles de víctimas británicas y estadounidenses, que culminó con la detención de 144 personas (de ellas 84 en España, 50 en Reino Unido, 2 en Estados Unidos y 8 en Serbia) y en la que participaron la Policía Nacional , la City of London Police, la National Crime Agency y la Policía de Tampa. Los arrestados habrían estafado una cuantía que superaría los doscientos millones de libras esterlinas.
El objetivo primordial de estas investigaciones es garantizar la estabilidad económica en todos los ámbitos de la sociedad y en especial en los mercados financieros, donde confluyen los intereses de las grandes empresas con el de los pequeños inversores. Esto ha determinado tanto al Ministerio del Interior (Dirección General de la Policía) como a la Comisión Nacional del Mercado de Valores a sumar esfuerzos en aras a mejorar los resultados obtenidos en la lucha contra los chiringuitos financieros y evitar la quiebra de la confianza en los mercados financieros.

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El vecino que demanda a la comunidad no paga las costas

30 de marzo, 2019

El vecino que demanda a la comunidad no paga las costas
Xavier Gil Pecharromán
25/03/2019 – eleconomista.es
Cuando la comunidad de propietarios se enfrenta judicialmente contra alguno de sus miembros, los desembolsos derivados de litigio no son gastos generales en relación con esta, sino solo respecto del resto de los integrantes de la comunidad de propietarios, según establece el Tribunal Supremo en una sentencia, de 6 de marzo de 2019, que ratifica la doctrina en la emitida el 24 de junio de 2011.

En el presente caso, en la junta general ordinaria celebrada por la comunidad de propietarios el 29 de octubre de 2014, y que impugna el recurrente, se incluyen en las cuentas presentadas como gasto general las minutas del abogado y del procurador que han intervenido en los pleitos presentados por el recurrente contra la comunidad.

Los gastos aprobados en Junta deben tratar al propietario litigante, al que el juez ha dado la razón, como a un tercero
En las dos demandas que planteó no hubo imposición de costas. En la primera demanda, sentencia 25 de junio de 2013 del Juzgado de Primera Instancia n.º 5 de Vitoria, la comunidad se allana y se declaró la nulidad del acuerdo de la junta de la comunidad de 6 de marzo de 2013. Sin imposición de costas.

En la segunda demanda, sentencia 25 de abril de 2014 del Juzgado de Primera Instancia n.º 2 de Vitoria, se estima parcialmente la demanda formulada por el vecino, se condena a la comunidad de propietarios al pago al recurrente a la cantidad de 392,83 euros.

Argumentos del recurso
Al resolver sobre este extremo la sentencia recurrida declara que el demandante como forma parte de la comunidad, debe estar y pasar por lo que la junta de propietarios ha acordado sobre la posición a adoptar respecto a los procesos que afectan a la comunidad y en consecuencia debe contribuir al coste de las decisiones colegiadas adoptadas sobre los mismos, en su parte correspondiente, conforme a los principios rectores de la propiedad horizontal y, concretamente, sobre la contribución a los gastos generales acordados.

El ponente, el magistrado Arroyo Fiestas, explica que si ciertamente son a cargo de todos los integrantes de la comunidad de propietarios, conforme a las respectivas cuotas de todos los que la integran, los gastos judiciales que se produzcan en litigios con terceros, o sea con quienes no vengan integrados en la comunidad correspondiente, no sucede lo mismo cuando, como en el presente caso ocurre, provengan de actividad judicial producida.

Basa esta salvedad en que la razón debe corresponder a los miembros de la comunidad demandantes o demandados, por lo que en tal caso no puede hacerse recaer sobre éstos los que se han generado por la actitud procesal que se estimó judicialmente inadecuada. Entiende el magistrado que lo contrario supondría tanto como hacer recaer, de forma improcedente, las consecuencias económicas de la reclamación u oposición estimada inadecuada sobre aquellos cuyo derecho es reconocido, sin generar por tanto beneficio para la comunidad la reclamación de oposición formulada por ésta. Con esta situación se crearía una situación que hace que, a tal ?n, el propietario que ha obtenido resolución favorable tenga la consideración de tercero en relación a la tan citada comunidad.

La Sala de lo Civil casa parcialmente la sentencia recurrida, en el sentido de que la comunidad no puede cargar al demandante los gastos procesales habidos en los procedimientos celebrados, procediendo, en su caso, la restitución de lo indebidamente cobrado por la Comunidad de Propietarios.

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La Seguridad Social finaliza la colaboración voluntaria de las empresas en la gestión de las bajas laborales

30 de marzo, 2019

La Seguridad Social finaliza la colaboración voluntaria de las empresas en la gestión de las bajas laborales

Jueves 21 de marzo de 2019 lamoncloa.gob.es

Se elimina el procedimiento por el que las empresas asumían directamente el pago de la Incapacidad Temporal y después lo descontaban de las obligaciones de cotización al sistema.

​La Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social (DGOSS), organismo dependiente del Ministerio de Trabajo, ha dictado una resolución que recoge y señala el procedimiento por el que finaliza la colaboración voluntaria de las empresas en la gestión de la Seguridad Social, tal como indicaba el Real Decreto-ley 28/2018 aprobado el pasado mes de diciembre.

De acuerdo con el RD, a partir del 31 de marzo de este año termina la colaboración voluntaria de las empresas en la gestión de las prestaciones económicas por Incapacidad Temporal (IT) derivada de contingencias comunes (enfermedad común y accidente no laboral). La norma establecía un periodo transitorio para que las empresas liquiden esta modalidad y regularicen el pago de las cotizaciones a la Seguridad Social.

La colaboración voluntaria en la gestión consiste en que las empresas asuman las prestaciones económicas de las bajas laborales derivadas de enfermedad común y accidente no laboral de sus trabajadores. Posteriormente, este abono se descuenta de la liquidación mensual de las cotizaciones que la compañía paga a la Seguridad Social.

Periodo transitorio y procedimiento de liquidación

En la Resolución dictada por la DGOSS se fijan la forma y plazos en que se llevará la liquidación de las operaciones relativas a la colaboración y de la responsabilidad del pago de las prestaciones de los procesos de baja que se hayan iniciado con anterioridad al cese de la colaboración y continúen después del mismo.

Durante un periodo transitorio de tres meses, las empresas afectadas deberán efectuar la liquidación de las operaciones ligadas a la colaboración. Para ello deberán remitir a la Seguridad Social el balance económico del ejercicio 2018, detallando la reserva de estabilización acumulada y los excedentes generados así como la cuenta de los ingresos por cotizaciones y de los gastos por la prestación económica por las bajas correspondiente al primer trimestre de 2019.

En este sentido, la Seguridad Social establece que si el resultado arroja un saldo positivo, es decir, el importe de los subsidios que ha abonado por la IT es superior a sus obligaciones de cotización, podrán constituir una provisión de fondos para hacer frente al pago de las prestaciones hasta que finalicen tras el cese de la colaboración.

De esta forma, se evitan los posibles efectos negativos de esta obligación legal de cese en las empresas, dado que la ley establece que será la empresa quien abone el subsidio hasta su extinción a las personas que estén de baja por enfermedad común o accidente no laboral. En este caso, no se descontará de la liquidación de las cotizaciones a la Seguridad Social.

La eliminación de la colaboración voluntaria responde a una recomendación del Tribunal de Cuentas tras evaluar varios informes sobre los resultados de esta colaboración.

Recomendación del Tribunal de Cuentas

El Tribunal de Cuentas, tras evaluar dos informes aprobados en marzo de 2014 y marzo de 2018, formuló a la Seguridad Social la recomendación de derogar esta modalidad de colaboración voluntaria en la gestión, al detectar múltiples problemas e ineficiencias en la gestión de la prestación económica de Incapacidad Temporal por contingencias comunes.

En los informes se aprecia la falta de correspondencia entre el importe de las prestaciones abonadas por IT y el correspondiente a las cotizaciones. Se detecta una sobrevaloración del gasto imputado durante 2015 en torno a los 11,5 millones de euros.

Asimismo, el análisis arroja incumplimientos en la información que deben remitir a la Seguridad Social, así como otras irregularidades. El último informe del Tribunal está referido al ejercicio 2015 y señala que de las 240 empresas que colaboraron voluntariamente en la gestión, cesaron solo 22.

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El «horario de verano» comienza la madrugada del próximo domingo 31 de marzo

29 de marzo, 2019

El «horario de verano» comienza la madrugada del próximo domingo 31 de marzo

Jueves 28 de marzo de 2019 lamoncloa.gob.es

Los relojes se adelantarán una hora y a las 02:00 marcarán las 03:00. El Parlamento Europeo ha decidido posponer al menos hasta el año 2021 el fin del cambio de hora.

La madrugada del próximo domingo 31 de marzo comienza el horario de verano que se prolongará hasta la madrugada del último domingo de octubre en que, en esta ocasión, los relojes se atrasarán una hora.

El comienzo del ‘horario de verano’ se materializa con el adelanto de los relojes una hora, de forma que a las 02:00 horas serán 03:00 horas. Se da así obligado cumplimiento a la Directiva Europea 2000/84/CE que sigue afectando, sin excepción, a todos los estados miembros de la Unión Europea.

Las primeras disposiciones sobre el horario de verano se adoptaron en Europa en 1980 y desde el año 2000, con la mencionada directiva, quedaron establecidas las reglas que marcan su inicio en marzo y su finalización en octubre.

Tras considerar que la propuesta había sido algo prematura, que no se había realizado una valoración adecuada del impacto y que la consulta abierta a la ciudadanía se había llevado a cabo en un periodo de tan solo ocho semanas, en lugar de las 12 habituales, el pasado día 4 de marzo la Comisión de Ministros de Transporte y Turismo del Parlamento Europeo aprobó posponer, al menos hasta el año 2021, la supresión de la Directiva del cambio de horario prevista para el año 2019, asumiendo la propuesta realizada por la Comisión Europea el pasado mes de septiembre.

Para asegurar la coordinación dentro del mercado interior, esta propuesta dejaba margen a los estados miembros para decidir si querían mantener de forma permanente la hora de verano o la de invierno, estableciendo que el último cambio obligatorio al horario de verano debía producirse, precisamente, el próximo domingo 31 de marzo. Por su parte, los estados interesados en permanecer en el horario de invierno deberán realizar el último cambio el 27 de octubre de 2019.

Este plazo ha quedado pospuesto y los diferentes gobiernos dispondrán de un año más para comunicar a la Comisión su decisión, acompañada de un informe completo sobre sus efectos en términos de coordinación, funcionamiento del mercado interior, transporte, operativos, etcétera. Si los informes reflejaran repercusiones negativas, se otorgaría un plazo adicional de 12 meses para la entrada en vigor de la Directiva que se vería retrasada hasta el año 2022.

El cambio de hora suscita un amplio debate entre diversos colectivos sociales. En los últimos años se han realizado diversos informes que han tenido en cuenta no sólo aspectos relacionados con el posible ahorro de energía, sino otras cuestiones relacionadas con la necesidad de armonización de horarios, la seguridad vial, las condiciones de trabajo y sus repercusiones sobre la salud, entre otras. Dichos informes coinciden en señalar que los beneficios del cambio de hora son, en cualquier caso, difusos.

En España, comité de expertos

En agosto de 2018, y a solicitud del Consejo de Ministros, se creó en nuestro país un Comité de Expertos, adscrito a la Secretaría de Estado de Igualdad, del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad, del que forman parte destacados profesionales de todos los sectores involucrados. Su objetivo es analizar los factores a favor y en contra del cambio horario, así como el impacto que tendría la decisión de adoptar de forma permanente una de las dos alternativas horarias.

Los resultados de este análisis serán tenidos en cuenta por el Gobierno para tomar la decisión sobre el huso horario que España deberá adoptar de forma permanente en el año 2021, para la que tratará de buscar el consenso de todos los grupos parlamentarios.

Energía

Tras la publicación de la propuesta de Directiva, la Comisión de Industria, Investigación y Energía del Parlamento Europeo ha realizado un informe elaborado por Sven Schulze, en el que se puntualiza que si bien los cambios estacionales de hora pueden producir ahorros, estos son marginales y no hay certeza de que se obtengan en todos los Estados miembros. Frente a los que obtienen ahorros, están los países que pueden verse afectados por un aumento del consumo de energía.

El informe también indica que puede haber ahorros de energía en iluminación, pero que no es tan obvio que ocurra lo mismo con la calefacción, que podría incluso ver incrementado su consumo. El documento apunta que los resultados son difíciles de interpretar ya que están fuertemente influenciados por factores externos como la geografía, la meteorología o el comportamiento de los usuarios.

En nuestro país, más allá de las estimaciones de ahorro en iluminación de 300 millones de euros que IDAE realizó hace algunos años, no existen informes actualizados ni experiencias contrastadas que nos permitan aseverar que el cambio de hora lleve asociados ahorros energéticos. La realidad es que las nuevas exigencias de eficiencia energética en iluminación, edificación y en los sistemas de climatización, han modificado significativamente los datos que originalmente se utilizaron para calcular los ahorros energéticos.

También en España se reproduce el esquema de los estados europeos en que la ubicación geográfica y la climatología son factores determinantes para que en unas regiones el cambio horario suponga ahorros energéticos y en otras no.

Huso horario

España tiene adoptado el huso UTC/GMT+1 – aunque por nuestra posición geográfica nos correspondería estar en el GMT+0 -, coincidente con la mayor parte de Europa, a excepción de Reino Unido, Irlanda y Portugal, que se mantienen en el UTC/GMT+0. Esta adscripción de huso es la que marca, desde 1940, la «hora oficial» española, adelantada en 60 minutos a la «hora universal».

En la latitud de nuestro país las horas de luz son las mismas, +-10 en invierno y +-14 en verano, pero no amanece o anochece a la misma hora en el este que en el oeste, pudiendo haber más de una hora de diferencia de un extremo al otro. Vigo, por ejemplo, es la ciudad europea en la que más tarde anochece.

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El presidente del TS y del CGPJ considera “inadmisible” afirmar que en España se reprime a representantes políticos por sus opiniones

28 de marzo, 2019

Miércoles, 27 de marzo de 2019 – poderjudicial.es

El presidente del TS y del CGPJ considera “inadmisible” afirmar que en España se reprime a representantes políticos por sus opiniones

Carlos Lesmes dirige una carta al presidente del Senado francés tras la declaración suscrita por 41 miembros de esa cámara en relación con el juicio que se celebra en el Tribunal Supremo

Autor:Comunicación Poder Judicial

El presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, ha remitido hoy al presidente del Senado francés, Gérard Larcher, una carta en respuesta a la declaración suscrita por 41 miembros de esa cámara en relación con la causa especial 20907/2017 que se sigue en el Tribunal Supremo por delitos de rebelión, sedición y otros.

En el escrito, Lesmes señala que la afirmación de que determinados representantes políticos de la Generalitat de Cataluña están sufriendo prisión por razón de las opiniones vertidas en el ejercicio del mandato conferido por los electores “es manifiestamente contraria a la verdad y resulta de todo punto inadmisible al señalar la existencia en España, y más concretamente en el Tribunal Supremo, de una situación de represión de representantes políticos por razón de sus opiniones”.

“Conviene recordar a este respecto que en España existen partidos políticos abiertamente independentistas que vienen concurriendo en los distintos procesos electorales desde hace más de cuarenta años con absoluta libertad y normalidad, sin que jamás se haya abierto un proceso penal contra sus dirigentes, militantes o votantes por razón de sus ideas u opiniones políticas, cuya legitimidad está amparada por la propia Constitución Española”, añade.

El presidente del Poder Judicial recuerda que el alto tribunal únicamente enjuicia “actuaciones atribuidas a los acusados y realizadas en el ejercicio de sus responsabilidades públicas, actos que pudieran ser constitutivos de delito, sin que en ningún caso se estén juzgando sus ideas u opiniones”; afirma que le resulta “especialmente doloroso” tener que recordar a miembros de una institución como el Senado francés que en España “se respetan escrupulosamente los postulados del Estado de Derecho” y asegura que la declaración ha generado “profundo malestar” en el Tribunal Supremo, al constituir “una descalificación de nuestra actuación como jueces y de la propia democracia española en su conjunto, basándose esa descalificación en unos hechos que no se corresponden con la realidad y que son producto de la propaganda y de la desinformación interesada”.

El texto íntegro de la carta es el siguiente:

“Estimado Sr. Presidente del Senado de la República Francesa:

He tenido conocimiento por los medios de comunicación de mi país de la existencia de una declaración suscrita el pasado día 24 de marzo por 41 senadores integrantes de la cámara que V.E. preside, denominada “Pour le respect des libertés et des droits fondamentaux en Catalogne”, en la que entre otras manifestaciones, se afirma que determinados representantes políticos de la Generalitat de Cataluña están sufriendo prisión por razón de las opiniones vertidas en el ejercicio del mandato que les ha sido confiado por sus electores, siendo juzgados por este motivo en el Tribunal Supremo del Reino de España, Tribunal que tengo el honor de presidir.

Esta afirmación, que sirve de fundamento al manifiesto suscrito por los senadores, es manifiestamente contraria a la verdad y resulta de todo punto inadmisible al señalar la existencia en España, y más concretamente en el Tribunal Supremo, de una situación de represión de representantes políticos por razón de sus opiniones políticas.

El Tribunal Supremo, en cumplimiento de su obligación de garante de la legalidad y del Estado de Derecho en nuestro país, está celebrando en estos momentos un proceso en el que únicamente se enjuician determinadas actuaciones atribuidas a los acusados y realizadas en el ejercicio de sus responsabilidades públicas, actos que pudieran ser constitutivos de delito, sin que en ningún caso se estén juzgando sus ideas u opiniones. Conviene recordar a este respecto que en España existen partidos políticos abiertamente independentistas que vienen concurriendo en los distintos procesos electorales desde hace más de cuarenta años con absoluta libertad y normalidad, sin que jamás se haya abierto un proceso penal contra sus dirigentes, militantes o votantes por razón de sus ideas u opiniones políticas, cuya legitimidad está amparada por la propia Constitución Española.

Precisamente por ello, como representante del Poder Judicial de España me resulta especialmente doloroso tener que recordar a personas integrantes de la Institución que usted preside que en nuestro país, miembro de pleno derecho de la Unión Europea desde hace más de treinta años, se respetan escrupulosamente los postulados del Estado de Derecho, muy especialmente en lo que se refiere a los derechos fundamentales y libertades públicas y a la independencia del Poder Judicial.

En las últimas décadas Francia y España han avanzado juntas en la construcción europea, tanto en el ámbito judicial como en otros muchos, con sustento en la existencia de valores compartidos, en la confianza mutua entre sus Instituciones, así como por el mantenimiento de especiales relaciones de afecto, cercanía y colaboración a todos los niveles.

Por esta razón la declaración suscrita por los 41 senadores ha generado profundo malestar en el Tribunal que presido, la más alta instancia judicial de España, al constituir una descalificación de nuestra actuación como jueces y de la propia democracia española en su conjunto, basándose esa descalificación en unos hechos que no se corresponden con la realidad y que son producto de la propaganda y de la desinformación interesada.

Me consta, Sr. Presidente, que, según se ha afirmado posteriormente, la declaración de los 41 senadores lo ha sido a título individual. Y también me consta que ayer mismo, día 26 de marzo, V.E. ha hecho público un comunicado manifestando su plena confianza y apoyo a las autoridades españolas, gesto que le agradecemos profundamente, dada la relevancia de la Institución que preside.

No obstante lo anterior, he estimado procedente dirigirme a V.E. trasladándole estas consideraciones, para su conocimiento y a los efectos que considere pertinentes.

Agradeciendo la atención que estoy convencido que le prestará a este asunto, le hago llegar el testimonio de mi más alta consideración, así como un respetuoso saludo”.

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Planas: La modernización de regadíos es clave para la sostenibilidad y el futuro de nuestra agricultura

27 de marzo, 2019

Planas: La modernización de regadíos es clave para la sostenibilidad y el futuro de nuestra agricultura

Martes 26 de marzo de 2019 – lamoncloa.gob.es

Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha clausurado hoy la XIX Jornada Técnica de la Federación Nacional de Comunidades de Regantes (Fenacore), donde ha subrayado que la modernización de regadíos es una cuestión clave para la sostenibilidad y el futuro de nuestra agricultura.

Para ello, el ministro considera necesario apostar por las nuevas tecnologías, la digitalización y la innovación, como elementos fundamentales para garantizar la viabilidad de futuro del medio rural.

En su intervención, Planas ha destacado que España es el primer país en superficie regada de la Unión Europea, con más de 3,7 millones de hectáreas, lo que supone el 22% de la superficie cultivada y el 67% de la producción vegetal. Cerca del 53% de esta superficie es de riego localizado, lo que sitúa a nuestro país como líder mundial en la implantación de este sistema.

El ministro ha insistido en la importancia del regadío para la agricultura, ya que permite incrementa la producción y el valor añadido, lo que contribuye a mejorar la calidad de vida de los agricultores y a fijar la población en el medio rural.

Para continuar la modernización de los regadíos, el Ministerio apuesta por una política territorial, equilibrada, sostenible y ordenada, en el convencimiento de que el futuro del medio rural pasa por potenciar el triángulo mujeres y jóvenes, innovación y digitalización, y regadío sostenible.

Plan Director de Regadíos

En este ámbito, el Ministerio trabaja en la elaboración de un Plan director de regadíos que priorizará las actuaciones a realizar en el territorio nacional en base a criterios objetivos y que respondan a una planificación equilibrada y sostenible, que genere una mayor cohesión económica y social.

Además de las obras de modernización de regadíos, Planas ha detallado que el Ministerio impulso el uso de las nuevas tecnologías por parte de los regantes, mediante iniciativas como el Sistema de Información Agroclimático para el Regadío (SIAR) y el Centro Nacional de Tecnología de Regadío (CENTER)

Y en el ámbito europeo, España defiende que la Política Agrícola Común apueste por los sistemas modernos y sostenibles de riego y por la gestión del agua.

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El ejercicio de 2018 cerró con 59.377 viviendas libres terminadas

26 de marzo, 2019

Estadísticas de vivienda libre y protegida del Ministerio de Fomento

El ejercicio de 2018 cerró con 59.377 viviendas libres terminadas

Jueves 14 de marzo de 2019

lamoncloa.gob.es          

Durante 2018 se terminaron 59.377 viviendas libres, lo que supone un aumento del 20% respecto a 2017. En el último trimestre de 2018 se finalizaron 14.741 viviendas libres, lo que representa un descenso en tasa intertrimestral del 4,9% y un aumento en tasa interanual del 14,2%.

Así lo recogen las Estadísticas de vivienda libre y protegida hechas públicas hoy por el Ministerio de Fomento.

​Se ha actualizado la serie de viviendas libres iniciadas con datos hasta el primer trimestre de 2018. De enero a marzo de 2018 se iniciaron 18.529 viviendas libres, los que supone aumentos del 5,5% en tasa intertrimestral y del 5% en tasa interanual.

La estimación del número de viviendas libres se obtiene por métodos indirectos a partir de las viviendas contenidas en los proyectos de ejecución visados por los Colegios de Arquitectos.

Viviendas protegidas y rehabilitación.

Durante los últimos tres meses del 2018 se calificaron provisionalmente 3.115 viviendas protegidas, un 35,4% más que en el tercer trimestre de 2018 y un 32% más que en el último trimestre de 2017. Durante 2018 se calificaron provisionalmente 11.860 viviendas protegidas, lo que supone un aumento del 63% respecto a las que se calificaron en 2017.

Entre octubre y diciembre de 2018 se calificaron definitivamente 2.244 viviendas protegidas, lo que supone aumentos del 67,1% en tasa interanual y del 76,4% en tasa intertrimestral. Las viviendas protegidas calificadas definitivamente durante 2018 fueron 5.167, lo que supone un aumento del 5% respecto a las que se calificaron definitivamente en 2017.

En los tres últimos meses del año 2018 hubo 8.104 aprobaciones definitivas de rehabilitación, un 40,6% menos que las registradas en el cuarto trimestre de 2017 y un 56,3% más que las 5.185 aprobaciones definitivas que se produjeron en el tercer trimestre de 2018. Las aprobaciones definitivas durante 2018 fueron 34.820, lo que supone un descenso del 21% respecto a las 43.943 viviendas que se calificaron definitivamente en 2017.

La estadística de vivienda protegida y rehabilitación protegida de vivienda se obtiene a partir de la información que proporcionan los departamentos de las comunidades autónomas encargados de la política de vivienda.

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El TC declara inconstitucional la falta de recurso para impugnar el decreto de los letrados de la administración de justicia cuando se reclaman honorarios de abogados y procuradores por indebidos

25 de marzo, 2019

Tribunal Constitucional
Gabinete del presidente
Oficina de prensa. Nota informativa nº 34/2019 – tribunalconstitucional.es
El TC declara inconstitucional la falta de recurso para impugnar el decreto de los letrados de la administración de justicia cuando se reclaman honorarios de abogados y procuradores por indebidos
El Pleno del Tribunal Constitucional ha decidido por unanimidad declarar la inconstitucionalidad y nulidad del párrafo tercero del art. 34.2 (para procuradores) y del inciso “y tercero” del párrafo segundo y cuarto del art. 35.2 (para los abogados) de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil (LEC), en la redacción dada por la Ley 13/2009, de 3 de noviembre, de reforma de la legislación procesal para la implantación de la nueva oficina judicial. El texto impugnado determina la ausencia de recurso frente al decreto del letrado de la administración de justicia cuando los honorarios de los abogados se discuten por indebidos. Sin embargo, dicho decreto no prejuzgará, ni siquiera parcialmente, la sentencia que pudiere recaer en juicio ordinario ulterior.
La sentencia, cuya ponente ha sido la Magistrada Encarnación Roca, considera que “la exclusión de recurso frente al decreto priva del acceso al control jurisdiccional de una decisión adoptada en el seno de un proceso por un órgano no investido de función jurisdiccional y da lugar al inicio del procedimiento de ejecución, prescindiendo de ese control y excluyendo a la parte de la posibilidad de impugnación contra la decisión del letrado de la administración de justicia”.
La cuestión interna de inconstitucionalidad que se ha planteado por parte del TC afecta al régimen de recursos contra los decretos de la administración de justicia en las reclamaciones de honorarios de abogados regulados en la LEC, en la medida en que su aplicación pueda eventualmente impedir que las decisiones de aquellos letrados sean revisadas por los jueces y tribunales, que son los titulares en exclusiva de la potestad jurisdiccional (art. 117.3 CE).
Por tanto, se trata de determinar si la previsión cuestionada es compatible con el derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión que garantiza el art. 24.1 CE y con el principio de exclusividad de la potestad jurisdiccional recogido en el art. 117.3 CE.
La sentencia explica que dicha actuación “prescinde de control jurisdiccional y se excluye a la parte de la posibilidad de impugnación, pues no es un órgano jurisdiccional el que resuelve sobre la procedencia de los honorarios sino el letrado de la administración de justicia”.
De ahí que la mera posibilidad de impedir que dicho acto no pueda ser objeto de revisión por parte de un juez o tribunal origine una vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva.
El Tribunal concluye señalando que “en tanto el legislador no se pronuncie al respecto, el recurso judicial procedente frente al decreto del letrado de la administración de justicia es el de revisión al que se refiere el art. 454 bis LEC”.
Madrid, 21 de marzo de 2019

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El Banco de España coincide con la previsión de crecimiento del Gobierno para 2019

24 de marzo, 2019

El Banco de España coincide con la previsión de crecimiento del Gobierno para 2019

Miércoles 20 de marzo de 2019 – lamoncloa.gob.es

Tanto el Banco de España como el Ministerio de Economía y Empresa prevén que el PIB crecerá este año un 2,2% en España, por encima de la media comunitaria y de los principales países europeos.

El Banco de España ha publicado sus proyecciones macroeconómicas de la economía española para el periodo 2019-2021. Según sus previsiones, el Producto Interior Bruto (PIB) crecerá en 2019 un 2,2% y en 2020 el 1,9%: «Se mantiene el buen ritmo de avance de la economía española a pesar de la desfavorable evolución del entorno exterior».

La previsión para 2019 es la misma que mantiene el Gobierno y está en línea con las publicadas por todos los organismos nacionales e internacionales, que pronostican que España seguirá creciendo por encima de la media comunitaria y de las principales economías europeas.

El «notable dinamismo» de la economía española que constata el Banco de España ha permitido cerrar 2018 con un crecimiento del 2,5% del PIB. La tasa de crecimiento registrada en el último trimestre, del 0,7%, fue la mayor de todo 2018. En el informe se asegura que «a medio plazo, se prevé la prolongación de la actual fase expansiva de la economía española».

La ministra de Economía y Empresa, Nadia Calviño, ha destacado que estas previsiones confirman la «favorable coyuntura económica española. Nuestro diferencial positivo de crecimiento con respecto a las principales economías de la zona euro se amplió en la última parte de 2018 y, según las previsiones de la Comisión Europea, este diferencial se agrandará aún más en 2019».

Por lo que respecta al déficit público, el Banco de España prevé una reducción desde el 2,7% del PIB en 2018 al 2,5% en 2019. Tal y como ha venido señalado el Gobierno, las medidas de ingresos incluidas en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2019 hubiesen permitido una mayor reducción del déficit y de la deuda pública. En todo caso, la reducción del déficit lograda en 2018 permitirá a España salir esta primavera del brazo correctivo del Pacto de Estabilidad y Crecimiento.

Las proyecciones macroeconómicas del Banco de España prevén que la tasa de paro se situará en el 14,2% de media en 2019 y en el 13,2%, en 2020. En ambos casos, la actualización del Banco de España supone una mejora de una décima respecto de su previsión del pasado mes de diciembre. También mejora en una décima la previsión de creación de empleo.

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El Gobierno culmina la regulación de las cuentas de pago básicas estableciendo la gratuidad para colectivos vulnerables o en riesgo de exclusión

23 de marzo, 2019

22 de marzo de 2019

lamoncloa.gob.es

El Gobierno culmina la regulación de las cuentas de pago básicas estableciendo la gratuidad para colectivos vulnerables o en riesgo de exclusión

Se da así un paso más para impulsar la inclusión social, garantizando el acceso a servicios financieros esenciales
Los beneficiarios podrán acceder a los servicios de las cuentas de pago básicas: tarjeta de pago, acceso a cajero y un número razonable de domiciliaciones y transferencias dentro de la UE
Los criterios que determinan la vulnerabilidad son básicamente los mismos que los empleados para establecer el acceso a la justicia gratuita

El Consejo de Ministros ha aprobado el Real Decreto que regula el acceso gratuito a las cuentas de pago básicas a personas en situación de vulnerabilidad o en riesgo de exclusión social. Se da así un paso más para garantizar la inclusión de estos colectivos y su acceso a servicios financieros que se consideran esenciales para participar en la actividad económica.

Esta norma se incluye dentro del marco europeo de la Directiva de Cuentas de Pago Básicas que, con el fin de alcanzar la plena inclusión financiera, establece el derecho de todo ciudadano a disponer de los servicios de una cuenta de pago básica a un precio razonable.

Las cuentas de pago básicas permiten realizar servicios bancarios como tener domiciliada la nómina, disponer de una tarjeta de débito, realizar retiradas de efectivo en cajeros y transferencias dentro de la Unión Europea. El coste máximo de esta cuenta no podrá ser mayor de 3€ al mes, en línea con el de otros países de europeos, y cubre todos los servicios, con un límite para transferencias y domiciliaciones de 120 operaciones anuales.

Requisitos para la gratuidad

Para completar este marco, el Gobierno establece mediante el Real Decreto adoptado hoy los requisitos para que el colectivo de población más vulnerable pueda acceder a estas cuentas de forma gratuita. Para determinar si se encuentra en situación de vulnerabilidad se evaluará la renta y el número de miembros de la unidad familiar utilizando el Indicador de Rentas de Efectos Múltiples (IPREM). El criterio utilizado es, básicamente, el mismo que el que se emplea para establecer el acceso a la justicia gratuita.

Asimismo, se ha simplificado la certificación de la situación de vulnerabilidad. Bastará con acreditar el número de personas que componen la unidad familiar y el nivel de renta. Se establece también que, ante la imposibilidad de aportar esta documentación, bastará con un informe de los servicios sociales del correspondiente Ayuntamiento.

Las entidades financieras tienen la obligación de informar y ofrecer la apertura de esta cuenta en las condiciones establecidas a las personas que lo soliciten y acrediten su situación.

En el plazo de 12 meses a partir de la entrada en vigor de este Real Decreto, el Ministerio de Economía y Empresa realizará un informe para evaluar el acceso a las cuentas de pago básicas y la definición de situación de especial vulnerabilidad o riesgo de exclusión financiera y, de ser necesario, elaborar propuestas de mejora del marco normativo aplicable.

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